Un evidente conflicto de interés

La vocera de gobierno, señora Cecilia Pérez, manifiesta que “no existe ningún tipo de ilegalidad”, al referirse al artículo de la revista “Qué Pasa” en que se entrega la información que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene un contrato con el conglomerado del retail Cencosud, propietario de Jumbo, Santa Isabel y otros, que le reporta –según se da a conocer en dicha revista- 22 millones de pesos mensuales, por el arrendamiento de un terreno.

El asombro del público ante esta situación radica en su misma existencia, confirmada por la propia ministra aludida en su conferencia, al establecerse este vínculo comercial en la persona de un Jefe de Servicio, cuestionado por la rebaja de una deuda tributaria a la empresa Jhonson, por un valor cercano a los 120 millones de dólares, que gatilla inmediatamente su compra por Cencosud, el mismo actor empresarial que mantiene el contrato con el funcionario Director de Servicio que ha rebajado dicha cantidad de recursos que, a su vez, facilita su compra y absorción por Cencosud y, en consecuencia, la ampliación de activos del conglomerado en más de mil millones de dólares.

Este hecho lesiona el principio de probidad, establecido en el artículo 8º de la Constitución, así como en el artículo 62, números 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración Pública. Así mismo, daña el principio contenido en el artículo 71 del Código de Ética del Colegio de Abogados, al no inhibirse en un asunto en el cual tenía interés. Posiblemente, lo más grave sea que este hecho puede revertir carácter de delito, pues daña al Fisco en más de 60.000 millones de pesos, como lo señalan los artículos 240 y 240 bis del Código Penal. De manera que existe fundamento para insistir con responsabilidad, de acuerdo con nuestra obligación legal y constitucional, que se vulneraría el principio de legalidad que debe regir la conducta y la acción de las autoridades del país.

Es evidente el conflicto de interés. Ese es el tema de fondo, se trata de una conducta éticamente inaceptable.

Ese es el motivo del reclamo de la oposición. La excusa de la señora vocera, en el sentido que la Concertación gobernó, según dijo, más de dos décadas y, por lo tanto, los funcionarios de la administración Piñera no pueden sino provenir del sector privado, es un argumento que asoma como una excusa sin consistencia ni fuerza jurídica. Precisamente, se trata que tales personas hubiesen sido capaces de separar sus propios intereses privados del servicio de bien común, al cual se obliga un funcionario público al adquirir la condición de tal.

El gobierno no puede actuar sobre la base del exclusivo autoelogio de su accionar; también debe hacerse cargo de las situaciones que no tienen sostén ni justificación ante los ojos de la Nación en su conjunto.

Desde mi punto de vista, esta situación que lesiona de manera tan grave la fe pública, es decir, la confianza o descrédito con que ciudadanas y ciudadanos observan y enjuician la acción del Ejecutivo, a través del Director del SII, en materia tan trascendente como la recaudación tributaria, no tiene otra alternativa que no sea la destitución del funcionario afectado. En mi opinión, esa es la decisión que el país espera de parte del Presidente de la República.

Si así ocurriera, millones de chilenos y chilenas respirarían con alivio.