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Urge una solución institucional para la crisis en la Universidad del Mar

Por Pedro Muñoz, senador por la Región de Magallanes

14 de diciembre de 2012

Imagen foto_00000012El caso de la Universidad del Mar es un paradigma de cómo hacer las cosas mal, cómo vulnerar la ley, cómo simular acciones e instituciones, cómo transformar un buen fin en algo ilícito.

 

Un paradigma del fracaso del Estado para fiscalizar adecuadamente y sancionar a tiempo, aun habiendo señales claras, como el caso de las carreras brujas denunciado hace unos años. Digo esto con conocimiento de causa, porque incluso fui amenazado de querellas por los ejecutivos de este plantel cuando dije que la carrera de criminalística era una especie de estafa para las familias. Un paradigma de la tolerancia y liberalismo extremo del modelo educacional chileno.

 

El problema de la Universidad del Mar, y también de otras, era un secreto a voces. A muchos nos pareció raro que una Universidad creciera en forma tan acelerada. A muchos nos pareció raro que su modelo de negocios fuera esencialmente financiero, basado en los créditos internos. A muchos nos parecía discutible su solvencia académica.

 

Y las señales eran claras. Recuérdese cómo Southern Cross desistió de ingresar a la propiedad. Sin embargo, poco o nada se hizo por indagar.

 

Primó el libre mercado, primó el ideologismo neoliberal, primó la libertad de enseñanza y tantos otros conceptos que de poco sirven a la hora de buscar una solución para estos miles de estudiantes, docentes y funcionarios. Y primaron, porque en muchos casos la Universidad del Mar vino a llenar un vacío académico, carreras que no se impartían, sedes en ciudades que no contaban con educación superior, horarios adecuados para trabajadores, menores costos, crédito propio.

 

En Magallanes, todo ello es efectivo. La Universidad del Mar creció como la espuma. Surgió de la nada. Al poco tiempo, aprovechando la carencia de opciones académicas propias de una región extrema, ya contaba con un con un buen número de carreras; siguió aumentando su oferta, amplió sus dependencias e incluso, a través de la inmobiliaria paralela Valparenas, entre cuyos de sus integrantes se encontraba el ex Gobernador Pablo Zúñiga, de Valparaíso, construyó un moderno edificio. Era el chiche de la ciudad, pero todo se derrumbó como un castillo de arena.

 

Hace rato ya que esta Universidad registraba problemas. En junio de 2010, en la sede Punta Arenas empezaron los retrasos en los pagos al personal, lo que se buscó corregir con una curiosa fórmula, los pagos bimensuales o parcializados durante el semestre. La creciente morosidad de los alumnos y las dificultades de liquidez se hacían evidentes y también las acciones anómalas. Hoy la situación es de un colapso general.

 

Es urgente buscar una solución institucional para la crisis generada en la Universidad del Mar. Lo obrado por el Ministerio de Educación, al proponer el cierre de la entidad, es tardío e insuficiente.

 

A mi juicio, la solución a esta problemática pasa por diseñar un plan de contingencia que combine dos medidas. Por una parte, una gestión decidida del Estado para impulsar la reubicación de alumnos en los casos que ello sea posible, manteniendo los créditos y ayudas estudiantiles, promoviendo flexibilidad académica para ajustar las mallas curriculares, cuando sea necesario, y facilitando a la realización de trámites de traslado y obtención de certificados y concentraciones de notas.

 

Por otro lado, debe impulsarse un cierre programado, bajo la tuición del Estado, que permita a quienes deseen continuar sus estudios hacerlo. Esto es especialmente importante para sedes como Punta Arenas, en que muchas de las carreras no se imparten en otros establecimientos de la Región, o que no se imparten en los mismos horarios o al mismo valor.

 

Ello es imprescindible, también, para el personal académico y administrativo, que requiere que se regularicen sus ingresos y se salden sus deudas.

 

Si es necesario posibilitar dicha medida a través de una modificación legal, ello debe implementarse a la brevedad. Estamos disponibles para una enmienda que autorice al Estado intervenir planteles en crisis.

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