Sesión 29ª, Ordinaria, en miércoles 17 de junio de 2015

PIDEN INCORPORAR EN EL GES OPERACIÓN INTRAUTERINA DE ESPINA BÍFIDA

Se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Carolina Goic, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Lily Pérez, Ena Von Baer, Andrés Allamand, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Alejandro García-Huidobro, José García, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Carlos Montes, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a la Presidenta de la República que considere incorporar en el Plan de Garantías Explícitas de Salud la operación intrauterina de espina bífida y asegurar su cobertura en el sistema público y privado de salud. (Boletín N° S 1.812-12)

Se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Antonio Horvath, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Lily Pérez, Jacqueline Van Rysselberghe, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alejandro García-Huidobro, José García, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Iván Moreira, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a la Presidenta de la República que se adopten las medidas para que en el seno de la Junta de Aeronáutica Civil se elabore una política pública de fomento y desarrollo de la aviación general sin fines de lucro y, asimismo, remita una iniciativa legal que fije un marco regulatorio de esta actividad. (Boletín N° S 1.813-12)

Se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Francisco Chahuán, Adriana Muñoz, Lily Pérez, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Andrés Allamand, Carlos Bianchi, Alejandro García-Huidobro, Alejandro Guillier, Antonio Horvath, Iván Moreira, Jaime Orpis, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker, con el que solicitan a la Presidenta de la República que se adopten las medidas oportunas en el sistema de salud para otorgar la mayor cobertura a la inmunización contra el virus sincicial en los bebés prematuros. (Boletín N° S 1.814-12) 

Se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Manuel José Ossandón, Isabel Allende, Lily Pérez, Jacqueline Van Rysselberghe, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Alejandro García-Huidobro, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Alejandro Navarro, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros y Eugenio Tuma, con el que solicitan a la Presidenta de la República que considere adoptar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para introducir mejoras sustanciales al sistema de instituciones de salud previsional. (Boletín N° S 1.815-12)

Se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Comisión de Valores y Seguros. (Boletín Nº 9.015-05)

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto adecuar la institucionalidad nacional que regula el mercado de valores y seguros a las transformaciones experimentadas por el sector a nivel mundial, en las últimas décadas, las que plantean desafíos relevantes en relación a la estructura de regulación y supervisión financiera existente, para lo cual se transforma la organización institucional de gobierno unipersonal de la Superintendencia de Valores y Seguros en  una Comisión de Valores y Seguros con estructura colegiada, manteniendo la condición  de servicio público descentralizado y especializado.

Contenido del proyecto:

- Transforma la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en una Comisión de Valores y Seguros (CVS), servicio público descentralizado y especializado con personalidad jurídica y patrimonio propio, regido por un gobierno corporativo colegiado conformado por 5 integrantes, que constituirán el Consejo encargado de la dirección y administración superior de dicho organismo.

- La Comisión será considerada para todos los efectos la sucesora y continuadora legal de la Superintendencia, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones.

- El Presidente del Consejo será nombrado por el Presidente de la República, con dedicación exclusiva y permanencia en el cargo por el período por el que se extienda el mandato presidencial.

- Los restantes miembros serán elegidos por el Primer Mandatario, con acuerdo de los 4/7 de los Senadores en ejercicio, podrán realizar otras actividades en que no hayan conflictos de interés y permanecerían en el cargo por un período de 6 años, mediante una designación escalonada cada 3 años. Permite la reelección del Presidente y de los miembros del Consejo solamente por un nuevo período.

- Regula los conflictos de intereses e inhabilidades aplicables a todos los comisionados, así como las causales de cesación en el cargo que les son aplicables.

- Otorga mayores facultades normativas a la Comisión de Valores y Seguros que facilitarán una adecuación más expedita de la regulación financiera, acorde con las urgencias de los tiempos y los requerimientos para el desarrollo del mercado y su contribución al crecimiento del país.

- Entrega a la Comisión la función de proponer al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, las normas legales y reglamentarias necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento del mercado de valores y seguros, así como el cumplimiento de parte de las entidades fiscalizadas de la normativa que las rige.

- Establece un sistema integrado de evaluación de impacto regulatorio, que permita mejorar la calidad normativa, exigiéndose que las normas que dicte la Comisión dispongan de estudios previos, definiendo los aspectos que deberán incluir.

- Mejora el proceso administrativo sancionatorio, dando mayores garantías de objetividad e imparcialidad a los fiscalizados.

- Separa los roles investigativos de los sancionatorios, disponiendo que corresponderá al Consejo la aplicación de sanciones, sin intervenir de modo alguno en la investigación de las infracciones y el levantamiento de cargos, lo que se entrega a una unidad especializada que se crea, bajo la responsabilidad de un Fiscal, con el objeto de contribuir a resguardar adecuadamente el debido proceso y a garantizar imparcialidad.

- Fortalece la capacidad de investigación y sanción de infracciones a las leyes de mercado de valores y seguros sujetas a la fiscalización de la Comisión, para lo cual se le confieren facultades explicitas para requerir acceso a información sobre operaciones bancarias de personas determinadas, en el marco de los procesos que inicie.

Intervinieron los senadores Juan Antonio Coloma, Felipe Harboe, Carlos Montes, Andrés Zaldívar, Eugenio Tuma, José García, Alejandro Navarro y el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 26 de junio próximo.

Por Unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. (Boletín N° 6.829-01)

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto regular las obligaciones que tiene Chile como Estado Parte de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), en especial, la prevención, fiscalización y sanción de las conductas que contravengan dicho instrumento internacional, mediante su incorporación a la legislación nacional.  Lo anterior, con la finalidad de situar a nuestro país en el más alto estatus a nivel internacional, pasando de la categoría 2, en que se encuentra actualmente, a integrar la categoría 1 de cumplimiento de la legislación sobre la materia.

Contenido del proyecto:

- Para dar cumplimiento a la normativa CITES, el proyecto introduce diversas adecuaciones a la legislación nacional, estableciendo, entre otros, las funciones y atribuciones que tendrán las autoridades administrativas, científicas y las de observancia. 

- Serán autoridades administrativas, el Ministro de Agricultura; el SAG; el Servicio Nacional de Pesca y,  la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Las autoridades científicas serán designadas por decreto supremo de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, o de Agricultura, según corresponda, de acuerdo a sus competencias, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, encargando a un reglamento establecer las condiciones que se requieren para tal nombramiento y el procedimiento para su selección.

- Las autoridades de observancia, serán Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas.

- Establece la regla estricta que sólo se permitirá el comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres cuando se cumplan las condiciones establecidas en la Convención en relación con cada uno de sus Apéndices.

- Obliga al poseedor o tenedor de especímenes CITES a acreditar su legítimo origen y/o procedencia.

- Consagra un régimen de infracciones y sanciones para quienes introduzcan al territorio nacional o extraigan de él especies incluidas en los Apéndices de la CITES.

- Dispone el destino que se le dará a los distintos especímenes, partes o productos derivados de las especies a que se refiere la CITES en caso de incautación o comiso y tipifica el delito por el comercio ilegal de las mismas.

- Crea los registros de comercio de los especímenes de las variedades incluidas en los Apéndices I, II y III de la Convención, a cargo de las Autoridades Administrativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Intervinieron los senadores Felipe Harboe, Iván Moreira, Rabindranath Quinteros, Antonio Horvath, José García, Alfonso De Urresti y Alejandro Navarro.

En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión, para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 6 de julio próximo.

Se aprobó en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal. (Boletín N° 9.152-07)

El proyecto de ley, iniciado en Moción de los Senadores Alberto Espina y José García, tiene por objeto impedir que el aprovechamiento injustificado de los medios que la ley otorga a los imputados para garantizarles el acceso a una debida defensa, se traduzca en una herramienta de dilación indebida de los procedimientos judiciales a través de subterfugios, acciones u omisiones que apunten claramente a debilitar la acción de la justicia y obtener la impunidad del delito que se pretende juzgar.

Contenido del proyecto:

- La facultad que el Código Procesal Penal otorga al juez de garantía, que cautela los derechos del imputado para suspender el procedimiento en su contra, deberá operar por el “menor tiempo posible”.

 - Con el objeto de limitar al máximo la dilación de las audiencias, acción que afecta gravemente el derecho del imputado a un juzgamiento en un tiempo razonable, se otorga al Ministerio Público o al abogado querellante, la posibilidad de probar que la situación que alega el imputado para solicitar la suspensión del procedimiento no proviene de una infracción real de garantías, sino de una maniobra abiertamente dilatoria.

- Sanciona al defensor que no asistiere o abandonare la audiencia injustificadamente con la suspensión del ejercicio de la profesión, por un plazo de entre 15 a 60 días.

- Obliga al tribunal a subsanar, en forma inmediata, la falta de comparecencia del fiscal, debiendo poner este hecho en conocimiento del fiscal regional respectivo para que determine su responsabilidad. 

- En caso que no compareciera del defensor, el tribunal deberá  declarar el abandono de la defensa, designar al imputado uno de oficio y, disponer la suspensión de la audiencia por un plazo que no exceda de cinco días, a objeto de permitir que el defensor designado se interiorice del caso.

Intervinieron los senadores Alfonso de Urresti, Alberto Espina, Juan Antonio Coloma, José García, Felipe Harboe y Hernán Larraín.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

Por unanimidad se aprobó en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima de acceso a Internet. (Boletín N° 8.584-15)

El proyecto de ley, iniciado en Moción de los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana y del ex Senador Gonzalo Uriarte, tiene por objeto establecer la obligación para las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet a través de conectividad fija o de conectividad móvil, de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, de acuerdo a lo ofrecido en sus planes comerciales.

Contenido del proyecto:

- Exige a todos los prestadores de servicios de Internet, contar con una concesión de servicio público otorgada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

- Obliga a las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones, que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet, a garantizar un porcentaje mínimo de la velocidad de acceso ofrecido en sus distintos planes comerciales.

- En los contratos entre un proveedor de acceso a Internet y un usuario, deberá quedar establecida cuál será la velocidad de acceso, tanto de las conexiones nacionales como de las internacionales.

- Además, las concesionarias deberán  poner a disposición de los usuarios un sistema de medición de dichas velocidades.

- Los proveedores de acceso a Internet deberán cumplir con los niveles de calidad de servicio, metodología y periodicidad de las mediciones, los valores mínimos y demás características técnicas que permitan comercializar servicios de acceso a Internet bajo la denominación de banda ancha, de acuerdo a las normas que sobre la materia establezca el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

- Encarga efectuar las mediciones de calidad del servicio a un organismo técnico independiente, designado mediante licitación pública, en la forma y cumpliendo las condiciones que se establecen en la iniciativa.

- Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones de efectuar sus propias mediciones, en cumplimiento de sus funciones.

Intervinieron los senadores Jaime Orpis, Manuel José Ossandón, Guido Girardi, Felipe Harboe, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

EL SENADOR ALEJANDRO NAVARRO dio lectura a una carta que le hiciera llegar la señora Ximena Muñoz Cañas, profesora jubilada de Concepción, en la que expone sobre la dramática situación que vive a consecuencia de la paupérrima pensión que recibe, respecto de lo cual, el Senador planteó su convicción que el sistema de AFPs debe ser cambiado de raíz, no siendo suficiente a estas alturas, la sola creación de una AFP estatal.  Solicitó oficiar a distintas autoridades a fin que se considere lo expuesto.

Sobre el mismo tema, expresó su satisfacción porque el Ministerio Público acogió la denuncia que interpuso, a fin que se investiguen las eventuales responsabilidades penales, así como las posibles infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, en las que se habría incurrido en el proceso de creación y fusión de las AFPs Cuprum y Argentum. En especial, se refirió a las presiones indebidas que habría sufrido el ex Superintendente de Pensiones, Álvaro Gallego, quien acusó haber sido “desbancado por los poderes fácticos”, producto de su oposición a la creación de la AFP Argentum.  Asimismo, apuntó a la responsabilidad que le cabría a la actual Superintendenta de Pensiones en todo este proceso de fusión. Finalizó solicitando se remita copia de su intervención a diversas autoridades.