Sesión 3ª, Ordinaria, en miércoles 18 de marzo de 2015

CAMBIOS EN PRESIDENCIAS DE COMISIONES

Se dio cuenta que las siguientes Comisiones eligieron a los Senadores que se indican, como sus nuevos Presidentes:

- Comisión de Agricultura, al Senador Felipe Harboe Bascuñán.

- Comisión de Defensa Nacional, al Senador Alejandro Guillier Álvarez.

- Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, al Senador Jaime Quintana Leal.

- Comisión de Relaciones Exteriores, al Senador Francisco Chahuán Chahuán.

- Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, al Senador Guido Girardi Lavín.

- Comisión de Economía, al Senador Eugenio Tuma Zedan.

- Comisión de Hacienda, al Senador Andrés Zaldívar Larraín.

- Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, al Senador Alberto Espina Otero.

- Comisión de Minería y Energía, al Senador Alejandro García-Huidobro Sanfuentes.

- Comisión de Salud, al Senador Fulvio Rossi Ciocca.

- Comisión de Trabajo y Previsión Social, al Senador Juan Pablo Letelier Morel.

- Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, a la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe Herrera.

PERFECCIONA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE TRATO AL USUARIO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Sin debate y por unanimidad, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes N°s 20.645 y 20.646 relativas a la asignación asociada al mejoramiento de la calidad del trato al usuario de establecimientos de salud. (Boletín N° 9.931-11) Con urgencia calificada de “Discusión inmediata”.

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto perfeccionar el proceso de evaluación del trato a los usuarios de los establecimientos salud, que permite a sus trabajadores tener derecho a percibir la asignación del mismo nombre.

Proyecto de ley:

- Homologa el proceso de evaluación del trato a los usuarios de los establecimientos municipales de atención primaria de salud con los dependientes de los Servicios de Salud.

- Aumenta el nivel mínimo de satisfacción usuaria que deben alcanzar los establecimientos para tener derecho a percibir la asignación del 60% al 65%.

- Instaura un mecanismo de actualización de los recursos que se disponen para el otorgamiento de la asignación en los establecimientos de atención primaria de salud municipal, ante aumentos de dotación debidamente justificados.

- Permite considerar causas externas objetivas que eximan de la evaluación en un año específico a determinados establecimientos, cuando exista una situación de alerta sanitaria declarada y, cuando en el establecimiento se produzcan hechos fortuitos o imprevistos derivados de catástrofes, daños graves en su infraestructura, y actos de violencia u acciones terroristas que impidan o alteren gravemente su capacidad para atender a los usuarios. En estos casos, los funcionarios tendrán derecho a la asignación recibida el año anterior.

- Crea un comité técnico que estará encargado de efectuar una propuesta para el perfeccionamiento periódico de las encuestas que se apliquen.

- Incorpora  en forma permanente, como beneficiarios de la asignación de mejoramiento de trato a los usuarios para los Servicios de Salud, al personal titular de cargos de la planta de directivos de carrera de los Servicios de Salud, que no perciban asignación profesional ni la asignación especial por estar en posesión de un título de nivel técnico.

- Concede un bono de $50.230, que se pagará por una sola vez, a los funcionarios de los establecimientos municipales de atención primaria de salud y de las entidades administradoras de salud municipal, siempre que hayan percibido en el año 2014 la asignación asociada al mejoramiento de la calidad del trato al usuario y se encuentren en servicio a la fecha de pago de este bono.

Intervino para agradecer la aprobación de esta iniciativa, la Ministra de Salud, Carmen Castillo.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

REVOCA NACIONALIDAD CHILENA AL SACERDOTE JOHN REILLY

Por unanimidad, se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que revoca la nacionalidad chilena otorgada, por especial gracia, al señor John Joseph Reilly, en virtud de la ley N° 20.311. (Boletín Nº 9.717-17) Con urgencia calificada de “Suma”.

El proyecto de ley iniciado en Moción de los senadores Alfonso De Urresti y Rabindranath Quinteros, tiene por finalidad dar una señal de que en Chile no se permite el abuso sexual contra menores de edad, luego que el sacerdote John Joseph Reilly fuera sentenciado por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una menor.

Contenido del proyecto:

- Revoca la nacionalidad chilena, concedida por especial gracia, al sacerdote irlandés John Joseph Reilly, otorgada en virtud de la ley N° 20.311.

Intervinieron, respecto de este proyecto de ley y del que viene a continuación, que fueron debatidos en conjunto, los senadores Rabindranath Quinteros, Alfonso de Urresti, Jaime Quintana, Lily Pérez y Alejandro Navarro.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

REVOCA NACIONALIDAD CHILENA AL SACERDOTE JOHN REILLY

Por unanimidad, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que revoca la nacionalidad chilena concedida por especial gracia al sacerdote irlandés John Joseph Reilly. (Boletines Nºs 9.718-06 y 9.719-06, refundidos) Con urgencia calificada de “Suma”.

El proyecto de ley, iniciado en sendas Mociones de la Cámara de Diputados, tiene por objeto revocar la nacionalidad chilena por gracia otorgada al sacerdote John Joseph Reilly, toda vez que las consideraciones tomadas en cuenta al momento de otorgársele tal alto honor, han sido desautorizadas por la realidad actual, ya que ha sido condenado por abusos sexuales reiterados en contra de una menor de edad.

Contenido del proyecto

- Revoca la nacionalidad chilena, concedida por especial gracia, al sacerdote irlandés John Joseph Reilly, otorgada en virtud de la ley N° 20.311.

Intervinieron, respecto de este proyecto de ley y del anterior, los que fueron debatidos en conjunto, los senadores Rabindranath Quinteros, Alfonso de Urresti, Jaime Quintana, Lily Pérez y Alejandro Navarro.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación.

SUSTITUYE LEY ANTITERRORISTA

Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sustituye el texto de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social. (Boletín N° 9.669-07)

El proyecto de ley, iniciado en Moción de los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand, Francisco Chahuán, José García y Baldo Prokurica, tiene por objeto actualizar y perfeccionar la ley antiterroristas, incorporando definiciones claras y sanciones que resulten adecuadas para los delitos terroristas; adecuándola a los estándares internacionales, de manera de establecer métodos investigativos que sean apropiados para la pronta detección de cualquier tipo de atentado terrorista, así como para la desarticulación y neutralización de las organizaciones ilícitas terroristas y el control sobre actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo.

Se hace presente que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estudió esta moción en conjunto con el proyecto de ley iniciado en Mensaje de la Presidenta de la República, sobre la misma materia, y que se reseña en el punto siguiente (Boletín N° 9.692-07)

Contenido del proyecto:

- Establece una nueva definición de conducta terrorista, donde además de la finalidad de causar temor y la de arrancar resoluciones de la autoridad, se agregan la de desestabilizar el orden constitucional democrático; la existencia de un plan premeditado para dañar a un grupo determinado de personas; la utilización de medios que produzcan daño indiscriminado, como las armas nucleares o biológicas y, la utilización de explosivos capaces de afectar la vida o integridad física de un número indeterminado de personas.

- Los siguientes delitos comunes, serán considerados base para la calificación de conductas terrorista: 1. homicidio; 2. lesiones (castrar, mutilar, herir, golpear o maltratar de obra a otro); 3. secuestro y sustracción de menores; 4. incendio y estragos; 5. contra la salud pública (envenenar o infectar comestibles, aguas u otras bebidas destinados al consumo público y  diseminar gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad); 6. atentar contra la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas; 7. apoderarse o atentar en contra de vehículos de transporte o de carga; 8. envío de cartas o encomiendas explosivas; 9. colocar, enviar, activar, arrojar, detonar, disparar o hacer explosionar bombas o artefactos explosivos, incendiarios, tóxicos, corrosivos o infecciosos; y 10. asociación ilícita cuando tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse como terroristas;

- Se introducen diversas modificaciones relativas a la jurisdicción y al procedimiento, incorporando un capítulo completo que regula y amplía las actuaciones del Ministerio Público en la investigación de estos delitos, manteniendo siempre un adecuado control judicial para aquellas medidas que puedan afectar derechos o libertades de las personas.

- Se agregan medidas cautelares especiales como el arraigo nacional y cautelares reales que permitan evitar la consecución del objetivo terrorista o la fuga de los imputados.

- Introduce la figura de los agentes encubiertos e informantes, definiendo al primero como el funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictuales con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación.

- Informante es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la preparación o comisión de un delito o de sus partícipes.

- Incorpora las técnicas de entregas vigiladas y las transacciones de armamentos y explosivos destinados a la perpetración de atentados terrorista, de forma tal que se pueda individualizar a las personas que participen en la ejecución de tales hechos, conocer sus planes y determinar sus responsabilidades.

- Se incorporan normas sobre cooperación y asistencia internacional destinadas al éxito de las investigaciones sobre los delitos terroristas, de acuerdo con lo pactado en convenciones o tratados internacionales suscritos por Chile.

- Modifica otras leyes, tipificando en distintos cuerpos legales todas las conductas base del terrorismo, las cuales reciben una sanción con independencia de su calificación terrorista.

Intervinieron los senadores Felipe Harboe, Alberto Espina, Iván Moreira, Hernán Larraín y Alejandro Navarro.

En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Comisión para segundo informe.

REEMPLAZA LEY ANTITERRORISTA

Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal. (Boletín N° 9.692-07)

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto sustituir la ley “antiterrorista”, N° 18.314, de 1984, de manera de superar las falencias políticas y jurídicas que ésta presenta y dotar al país de un marco regulatorio adecuado, legítimo y democrático que, además, dé cuenta de las formas que este fenómeno asume actualmente y que capitalice, desde el punto de vista normativo, los avances y reconocimientos alcanzados en esta materia en el seno de la comunidad internacional.

Proyecto de ley:

- Sustituye la ley N° 18.314, incorporándose todas las reglas procesales al Código Procesal Penal.

- Define la “asociación criminal terrorista” como aquélla que tiene por finalidad la perpetración de hechos constitutivos de los siguientes crímenes: secuestro; sustracción de menores; aplicación de apremios ilegítimos por funcionarios públicos; envenenamiento de alimentos y bebidas; diseminación de gérmenes patógenos; homicidio; castración; lesiones graves; alzamiento contra el Gobierno constituido o provocación de una guerra civil; colocación de artefactos explosivos e incendiarios.

- Lo anterior, siempre que se perpetren con la finalidad de socavar o destruir el orden institucional democrático, alterar gravemente el orden público, imponer exigencias a la autoridad política,  arrancar decisiones de ésta o infundir temor generalizado en la población de pérdida o privación de sus derechos fundamentales.

- También considera una asociación criminal terrorista a aquella que tenga por finalidad cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio.

- Establece sanciones a los distintos integrantes de este tipo de asociación, así como también a quien participe en su financiamiento directo e indirecto.

- Se exceptúan de las sanciones establecidas para el delito de asociación criminal terrorista a los adolescentes, a quienes se les aplicará la normativa de responsabilidad penal juvenil (Ley N° 20.084).

- Las investigaciones a que dieren lugar los delitos de asociación criminal terrorista o financiación del terrorismo se iniciarán por querella del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de oficio y por las reglas generales.

- En materia procesal penal, amplía el plazo de investigación a tres años; contempla reglas especiales para la intervención telefónica y las medidas intrusivas;  establece la figura de los agentes encubiertos y reveladores;  permite entregas vigiladas de especies ilegales con la autorización previa del juez y se  amplía el plazo de detención y el lapso máximo para formalizar al detenido.

 - Define al agente encubierto como el funcionario policial que oculta su identidad oficial y se introduce en las organizaciones delictivas con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación.

- Al agente revelador lo describe como el funcionario policial que simula requerir de otro la ejecución de una conducta delictiva con el propósito de lograr la concreción de los propósitos delictivos de éste.

- Incorpora un Título al Código Procesal Penal destinado a establecer medidas de investigación respecto de la criminalidad compleja u organizada. Ello con la finalidad de agrupar las medidas especiales comunes para la investigación de delitos de mayor complejidad y disminuir la dispersión normativa hoy existente en la materia.

Intervinieron los senadores Felipe Harboe, Alberto Espina, Iván Moreira, Hernán Larraín y Alejandro Navarro.

En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a la Comisión para segundo informe.

INCIDENTES

El senador Alejandro Navarro solicitó oficiar a diversas autoridades a fin que informen sobre los antecedentes que han permitido la reapertura de la central termoeléctrica “Bocamina II”, en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío. En especial solicita se informe sobre la forma en que se ha dado cumplimiento a las exigencias que la Corte de Apelaciones de Concepción impuso para la reanudación de su funcionamiento; si se han pagado las multas aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente; sobre el excesivo plazo otorgado a la empresa para la instalación de filtros en los ductos de captura de miles de metros cúbicos de agua de mar; la investigación pendiente que hay por delito ambiental, y el plan de recuperación ambiental pendiente para Coronel, haciendo énfasis en el riesgo que esto significa en la calidad de vida de la población de la zona, el deterioro ambiental, así como para la biomasa sin que existan medidas de mitigación ambiental ni social.

En otro sentido, pidió oficiar a diversos organismos para que informen sobre las políticas públicas que se están implementando y aplicando para abordar la crisis de sequía que sufre la Región del Biobío con el detalle de las políticas de inversión en los últimos diez años y las propuestas que el Ejecutivo incorporará en el presupuesto del año 2016 para enfrentar esta crisis.

El senador Jaime Quintana solicitó se oficie a las autoridades que individualizó, para que se entregue información sobre las medidas que se tomarán para abordar la grave situación de sequía que enfrenta la Región de la Araucanía y otras regiones del país y que afecta directamente a la agricultura en sus cultivos hortícolas, frutícolas y de granos, así como también a la ganadería y la calidad de vida de los habitantes. Pide que se involucren otros organismos de Estado, dado que con la  actual institucionalidad no se podrá resolver esta situación.

El senador Alfonso De Urresti pidió enviar oficios a diversos organismos para que proporcionen un detalle del programa de inversiones existentes relativo a caletas pesqueras en la Región de los Ríos, muelles fluviales y lacustres. Asimismo, señaló que, para poder llevar a cabo todos estos programas es fundamental reforzar el personal de la Dirección de Obras Portuarias, por lo que solicitó información sobre el presupuesto de este organismo y de su dotación de personal para poder proponer en la Ley de Presupuestos de este año mejoras, si es que correspondieran.