Sesión 39ª ordinaria, en miércoles 16 de agosto de 2017

La sala del Senado guardó un minuto de silencio, en memoria del ex diputado y ex Presidente de dicha Cámara, don Vicente Sota Barros, fallecido en el día de hoy a los 93 años.

Se aprobó en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. (Boletín Nº 8.149-09 ) Con urgencia calificada de “suma”.

El proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto adecuar las instancias institucionales y normativas que regulan el uso del agua, para garantizar la seguridad hídrica y aplicar una efectiva administración integrada de este recurso, que permita una gestión eficiente, eficaz, sustentable y participativa del recurso.

Contenido del Proyecto de ley:

- Aumenta el campo de fiscalización de la Dirección General de Aguas al reconocerse explícitamente que un cauce de río tiene, no sólo un elemento superficial, sino que también forma parte de él su elemento subterráneo (hasta la “roca madre”), quedando la Dirección automáticamente facultada para fiscalizar cualquier acción de intervención ilegal de un cauce en cualquiera de sus dos niveles.

- Fortalece las herramientas que permitan a la Dirección General de Aguas contar con la información necesaria respecto de la cantidad de agua que se utiliza y en qué se emplea, y así poder generar políticas eficaces para una adecuada administración de los recursos hídricos y fomentar una efectiva operación y gestión de los derechos de aprovechamiento de aguas.

- Se perfecciona la competencia de la Dirección respecto de los cauces, de las aguas de drenajes y subterráneas, particularmente en lo relativo a la medición de los caudales y los niveles de profundidad a la que es posible encontrar agua acumulada y aprovechable en el subsuelo (freáticos); así como en la gestión de la información respecto del uso de este elemento.

- Dispone que son beneficiarios del sistema de drenaje todos aquellos que lo utilizan para desaguar sus predios y de este modo aprovechar las aguas provenientes de los mismos, quienes deberán informar las características del sistema, la ubicación de la captación y el caudal drenado a la Dirección General de Aguas.

- Establece que si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de ellos, mediante resolución fundada.

- Impone a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, sean provisionales o definitivos, concedidos respecto de zonas declaradas de prohibición o bien de restricción, la obligación de instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga al respecto, a la Dirección General de Aguas.

- Dispone que la Dirección de Aguas deberá mantener al día la información contenida en su página web, respecto Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, que forma parte del Catastro Público de Aguas

- Elimina la obligación de los notarios de informar respecto de los contratos que hubieren otorgado, toda vez que la información fehaciente es aquella que consta en los respectivos registros de los Conservadores de Bienes Raíces.

- Determina que los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar a la Dirección General de Aguas, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acto que se realice ante ellos, la información de las inscripciones relativas a los derechos de aprovechamiento de aguas y sus antecedentes.

- La Dirección General de Aguas deberá informar, al menos dos veces al año, a las organizaciones de usuarios respectivas todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que se hayan practicado en el Registro.

- Entrega a las organizaciones de usuarios, el deber de observar el cumplimiento de la prohibición de verter a los canales substancias, basuras, y otros objetos, que alteren la calidad de las aguas, o bien que produzcan obstrucciones en los canales, debiendo denunciar estos hechos a la Municipalidad correspondiente.

- Elimina la autorización judicial para solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando se ordene la paralización y destrucción de obras ilegales, de modo tal de facilitar las labores de fiscalización que ejerce la Dirección.

- Establece como obligación, y ya no una mera facultad, la de la Dirección General de Aguas, de disponer las medidas mitigatorias apropiadas, en todas las resoluciones en las que se autorice la realización de modificaciones o de  nuevas obras en cauces naturales que signifiquen una disminución en la recarga natural de los acuíferos.

- Aumentan las multas por falta de mantención de canales y obras mayores.

- Crea la sanción de caducidad de los derechos de agua en caso de duplicidad de título.

- Incrementa el monto y crea sanciones para algunos casos relacionados con la entrega de información falsa o manifiestamente errónea.

- Reduce a uno solo el número de repartidores de aguas, que se denominará también “juez de río”, que el Directorio de cada asociación de canalistas deberá designar, ampliando los estudios profesionales que se exigen como requisito para su nombramiento.

Intervinieron los senadores Juan Antonio Coloma, Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Jorge Pizarro, Isabel Allende, Francisco Chahuán, Alejandro Navarro, Lily Pérez y el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

 Por unanimidad se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 12 de la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional. (Boletín N° 10.800-15).

El proyecto de ley, iniciado en moción del senador Juan Pablo Letelier, tiene por objeto responder a la alta demanda de conductores profesionales, en particular, respecto del transporte público de pasajeros, existente en nuestro país, mediante la ampliación del ámbito de cobertura de la licencia profesional clase A-2, permitiendo con ello que los conductores puedan acceder a mejores opciones de empleo en dicho rubro.

Contenido del proyecto de ley:

- Amplía el ámbito de conducción de la licencia profesional clase A-2 permitiendo conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas, con capacidad de 10 a 17 asientos, excluido el conductor, o de hasta 32 asientos, siempre y cuando el conductor haya estado en posesión de esta licencia por a lo menos 2 años, y el largo del vehículo a conducir no exceda los 9 metros.

Intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Alejandro García-Huidobro, Ricardo Lagos, Manuel José Ossandón, Lily Pérez, Baldo Prokurica, Carlos Bianchi e Isabel Allende.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

El senador Rabindranath Quinteros, expresó la preocupación manifestada por diversas organizaciones productivas, de distintas regiones del país, respecto de la manera en que se está aplicando la ley N° 20.249 (Ley Lafkenche) la que permite asignar una superficie del borde costero marino a una comunidad indígena o asociación de comunidades indígenas que ejerzan en ese espacio, uno o más usos consuetudinarios, dándoles preferencia a sus solicitudes por sobre otras peticiones que puedan afectar sus intereses y les permite, entre otras medidas, el acceso al borde costero sin necesidad de un pago asociado.

Expresó que una de las principales críticas apunta a que, ni en este ni en otros textos legales sobre materias similares, se han tomado las debidas precauciones respecto de la potencial generación de conflictos como consecuencia de la superposición de diversos tipos de uso del borde costero, en atención a que en esos territorios hoy conviven múltiples actores, desde la pesca artesanal al turismo, pasando por la mitilicultura, la acuicultura, la actividad portuaria y el propio, y también legítimo, interés de los pueblos originarios.

En virtud de ello solicitó oficiar a diversas autoridades con el objeto que informen sobre la conformación de una mesa de trabajo y diálogo, a nivel nacional, que contribuya a perfeccionar la aplicación de la Ley Lafkenche, de modo que, sin afectar bajo ninguna forma los derechos de los pueblos originarios, se permita conciliar los distintos usos del borde costero nacional y avanzar hacia una adecuada implementación práctica de la legislación que crea el espacio costero marino de pueblos originarios.

El senador Alejandro Navarro en relación al debate que se produjo recientemente sobre la prohibición de amamantamiento a una miembro de Carabineros de Chile, se refirió a la importancia vital que la lactancia materna reviste en el proceso de formación cognitiva y de desarrollo de los niños, en razón de lo cual ésta ha sido reconocida en nuestra legislación como un derecho irrenunciable, que asiste a todas las mujeres trabajadoras, con o sin uniforme. Concluyó solicitando oficiar a diversas autoridades de las instituciones uniformadas a fin que informen sobre el cumplimiento de la ley del derecho de amamantar de las madres trabajadoras.

Sobre el mismo tema denunció que hay una importante marca de leche que ha hecho pactos programados en los consultorios, en los hospitales con las madres de amamantamiento para reemplazar la leche materna, lo que es contrario al necesario fomento de la lactancia durante el mayor tiempo posible.

En otro orden de cosas, expresó su rechazo a la visita que, el Vicepresidente de los Estados Unidos, señor Mike Pence, realiza a nuestro país, la cual tendría el propósito de hablar sobre Venezuela, de conspirar sediciosamente para que Chile respalde una acción militar norteamericana en contra de dicha nación.

Finalmente, efectuó un acabado análisis de los diversos actos contrarios al Derecho Internacional cometidos por Israel respecto del pueblo y territorios palestinos, durante los 50 años que acaban de cumplirse desde la ocupación israelita de estos espacios.