Sin regulación no puede haber gratuidad

Desde hace algunas semanas se han intensificado las voces que afirman que comenzar la gratuidad por las universidades del Cruch y los CFT e IP acreditados y sin fines de lucro sería una discriminación a los alumnos provenientes de las familias más vulnerables del país. Sin embargo, a mi juicio el criterio de vulnerabilidad del estudiante no es el único que se debe considerar en la implementación de una política pública tan trascendente para Chile, como lo es otorgar educación gratuita y de calidad.

En primer lugar es relevante aclarar, tal como lo dijo la Presidenta Bachelet en su mensaje del 21 de mayo pasado, que la gratuidad para el 2016 no es la reforma en sí misma, pues aquella será largamente detallada en el proyecto de ley que se debiera presentar en el mes de septiembre. En rigor, este histórico avance social estará incorporado en el presupuesto nacional del próximo año.

Como segundo punto, en esta discusión (a ratos muy ideológica, incluso al interior de la Nueva Mayoría) es fundamental advertir que si el Estado va a realizar un esfuerzo financiero de tal magnitud, es imperativo asegurar un marco regulatorio adecuado para cautelar el buen uso de estos recursos que pertenecen a todos los chilenos y chilenas. En este sentido es de toda lógica pensar en transiciones que permitan regular el sistema de educación superior de manera paralela al aumento de recursos destinados a esta materia.

Respecto al modo de asignación de estos recursos, se han planteado dos posibilidades: mantener el sistema de becas y créditos asignando mayores recursos bajo las actuales condiciones de mercado o avanzar a un sistema donde, mediante la regulación de los aranceles y del crecimiento indiscriminado de la matrícula, el Estado pueda financiar directamente a las instituciones y así sus estudiantes puedan estudiar gratis.

La primera, o sea más becas, se llama subsidio a la demanda y es afín a un Estado subsidiario. La segunda financia la oferta con un Estado que entiende la educación como derecho social.

Entonces ¿por dónde comenzar? 

El punto de partida debe orientar a los estudiantes e instituciones sobre el camino que se tomará. En este sentido lo que el gobierno debiera cautelar es que no existan incoherencias entre la ley de presupuesto que financiará los avances en gratuidad para el 2016 y la ley de reforma a la  educación superior.  El hecho de que el Estado comience la gratuidad con un grupo acotado de instituciones no debiera entenderse como un sinónimo de discriminación a los estudiantes, ya que es deber del Estado financiar planteles debidamente regulados y de buena calidad.

En consecuencia, no es posible, desde ningún punto de vista, financiar planteles que torciendo la ley se las arreglan para lucrar. Adicionalmente, no sería responsable, bajo ningún punto de vista, financiar establecimientos que definen el crecimiento de su matrícula y el precio de sus aranceles mirando al mercado y no en función de los intereses del país y las necesidades de las personas. 

Tal como establece el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, el apoyo a los estudiantes de familias más vulnerables se realizará mediante un “Estado activo tanto en la entrega directa de servicios educativos como en la estricta fiscalización de los oferentes”. Por lo tanto, entregar recursos a instituciones que no estén sometidas a esta fiscalización sería  ir en contra de lo que este programa ha comprometido a la ciudadanía.