Suspensión de anotaciones comerciales

He sido uno de los patrocinantes de la moción que suspende por un plazo de 10 meses la publicación de los antecedentes comerciales de las personas naturales o jurídicas, porque considero absolutamente acertada la idea matriz que inspira su articulado.

Es obvio que quienes han resultado afectados por la catástrofe del 27 de febrero pasado no resulta posible exigirles que den un estricto cumplimiento a sus compromisos comerciales, más aún si han perdido sus industrias o locales comerciales.

Tal como se menciona en el texto del proyecto, no se trata de un perdonazo ni una eliminación de antecedentes comerciales, sino que simplemente una suspensión mediante el bloqueo de la comunicación de los antecedentes por un plazo de 10 meses que, por lo tanto, expirará el 27 de diciembre del presente año, período al término del cual se reinicia el sistema normal de comunicación de morosidades a los registros de datos que contienen dichos antecedentes.

Coincido además en la necesidad de hacer algunas precisiones al texto legal, las que se podrán efectuar mediante las indicaciones pertinentes, de manera que esta suspensión quede acotada a las personas naturales o jurídicas que realmente hayan sido afectadas por la catástrofe ocurrida en una importante porción del territorio nacional, donde habita aproximadamente el 75 por ciento de los habitantes del país y a quienes sufren todavía las consecuencias de la crisis económica.

A modo de ejemplo, en la Región de Valparaíso, cuya sexta circunscripción represento en este hemiciclo, también hubo muchas personas afectadas por el terremoto y posterior tsunami que requieren en forma urgente beneficiarse de esta suspensión en las anotaciones comerciales, como es el caso de gran parte de los habitantes del Archipiélago Juan Fernández y determinados sectores de la provincia de San Antonio.