Temeraria imprudencia: nombrar Director de Gendarmería a ex integrante de organismo represor

Por Camilo Escalona, senador por la Región de Los Lagos

Estamos siendo testigos de la forma en que el Ejecutivo ha rebajado los estándares públicos para determinadas decisiones políticas.

El ejemplo mas claro es el del Director de Gendarmería. ¿Cómo pudo llegar a ese alto cargo una persona que fue parte de un mecanismo terrible de violación de los derechos humanos como fue la DICOMCAR, el organismo que tenía la máxima dirección de Carabineros para perseguir y ejecutar a los opositores políticos de la época?

Nadie ha desconocido que  el  ex general de Carabineros, Iván Andrusco, fue parte de ese organismo tenebroso. Y ningún senador podría desconocer que en esa entidad se establecieron lazos de complicidad y pactos de silencio. Y, en consecuencia, efectivamente, hay una diferencia en el estándar, entre una persona que nunca jamás participó de esos organismos represivos, cuya convicción de vida le llevó a rechazar cualquier involucramiento institucional o no institucional en crímenes de esa naturaleza, con la persona que no tuvo ni el coraje ni la valentía para rechazarlos y que sí fue parte de esos aparatos represivos.

¡Hay una diferencia! Hay una diferencia política y moral. 

Efectivamente, luego de las declaraciones del actual Director de Gendarmería -entonces oficial de Carabineros-, cuando fue interrogado, los tribunales, los jueces, haciendo uso de su libre discernimiento, no lograron llegar al convencimiento de que él estaba involucrado de manera directa en los crímenes. Sin embargo, fue interrogado por ser parte de los aparatos represivos que sí cometieron esos crímenes.

De manera que nosotros, los socialistas,  no estamos diciendo que el Estado lo tiene que condenar. Lo que sí pensamos,  es que el Director de Gendarmería de Chile no tiene que haber formado parte de esos organismos represivos; que  sobre el Director de Gendarmería de Chile no tendría que caer ningún tipo de sospecha; que no tendría que tener ningún tipo de involucramiento; que no tendría por qué ser parte de ningún posible -comprobado muchas veces a lo largo de estos años- pacto de silencio para encubrir las responsabilidades en los hechos atroces de las violaciones a los derechos humanos que conmocionaron al país y que estremecieron la conciencia universal.

Estamos rechazando, criticando, la decisión política que el Gobierno ha tomado. No estamos hablando de una condena del Estado. No es el Estado en general. No es un ente vago, impersonal el que ha tomado la decisión. Quien ha tomado la decisión son autoridades públicas con nombre y apellido: el Presidente de la República y el Ministro de Justicia, que estimamos nosotros han cometido una temeraria imprudencia al nombrar, en una decisión política, ni más ni menos que en la Dirección de Gendarmería,  a una persona que formó parte de los aparatos represivos de la dictadura, que se disolvió al ser sorprendida, ni más ni menos que como ejecutora del triple degollamiento de tres profesionales militantes del Partido Comunista.

¡Ese es el hecho! ¡Ese es el punto!

Si en el oficialismo  estiman que eso no es razón para una decisión política de esa naturaleza, ¡allá ustedes! Nosotros pensamos distinto.

Si ustedes piensan que efectivamente una persona que participó de ese tipo de organismos puede ser Director de Gendarmería, muy bien. ¡Allá ustedes! Nosotros pensamos que no.

No volvamos al pasado. Recuerdo que - fue motivo de ásperas discusiones y estuvo también dentro del conjunto de entretelones que rodearon la crisis institucional del año 73 el hecho que, de manera equivocada, las fuerzas políticas de la época hacían intervención en los temas internos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Incluso los constitucionalistas del 80 cambiaron la disposición constitucional que establecía que el ascenso de Coroneles a Generales se hacía  con el beneplácito del Senado de la República, precisamente porque se hacía mal uso de esa atribución constitucional y servía para meter mano en temas internos de los institutos armados.

Hoy día, en cambio,  los Gobiernos democráticos no tienen ningún tipo de información respecto de los organismos uniformados, excepto la que ellos le entregan, excepto la que la propia máxima jerarquía institucional le entrega al Gobierno democrático.

De modo, que en estas materias hay que ser sumamente claros: si un máximo Director institucional decide no entregar una información al Gobierno democrático no la entrega, por una razón muy simple: porque en el actual ordenamiento institucional, al cual nosotros hemos ayudado decisivamente, hemos rechazado cualquier intromisión e interferencia en el funcionamiento autónomo de los organismos uniformados. No hay ningún tipo de aparato de inteligencia del Gobierno civil que le pueda entregar una información distinta a la que el propio jefe institucional debe entregar.

Así que aquí hay una responsabilidad compartida. La derecha no puede eludir la responsabilidad diciendo que los gobiernos de Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet promovieron a Andrusco, porque también hay una responsabilidad de los máximos jefes institucionales que propusieron el ascenso de esta persona.

Y en esto seamos claros.

Es bueno para la democracia que sea así; es bueno que no haya intromisión del Gobierno civil ni del Parlamento de turno en las máximas destinaciones de las jerarquías institucionales; es bueno que sea así, porque aleja a las Fuerzas Armadas y a los uniformados de la contingencia política. Pero también exige de las máximas jerarquías institucionales una primerísima responsabilidad, porque el gobierno civil depende finalmente, exclusivamente de la información que recibe de parte de esas máximas jerarquías institucionales.

De manera que hoy día nosotros, con los antecedentes que disponemos y con la información que hoy día podemos disponer, cuando estas personas ya están fuera de las instituciones efectivamente podemos perfectamente coincidir con ustedes. ¡Y nos hacemos cargo de ellos, fíjense! ¡Y lo podemos reconocer hidalgamente frente al país que una persona que formó parte de la DICOMCAR, que fue citada a declarar y que el juez no se formó convicción de su responsabilidad y por eso no siguió el proceso adelante, que una persona de esas características no debió haber llegado a  ser General de Carabineros de Chile!

Me he formado esa convicción y estoy dispuesto a reconocer el error de nuestro Gobierno. Pero también -¡por favor! el gobierno también debe reconocer los suyos. ¡Si hay tanto oficial general de las Fuerzas Armadas que podría tener esa responsabilidad! ¡Hay tanto abogado, hay tanto profesional en Chile que podría ejercer esa responsabilidad con las mismas condiciones y -estoy seguro- que en muchísimas mejores condiciones que el aludido!

Y, entonces, por qué obcecarse en mantener esa designación que, a todas luces, produce o reabre un debate de una etapa que nosotros pensamos teníamos una visión común respecto del daño que tales violaciones a los derechos humanos le produjeron al alma nacional.