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Terminar con las desigualdades y combatir la discriminación y explotación

Por Isabel Allende, Presidenta del Senado

12 de junio de 2014

Imagen foto_00000002La inclusión es fundamental para la democracia y siempre he considerado que la revitaliza y da cuenta del respeto por los derechos humanos, además que es claramente un signo de un país moderno, integrador e igualitario, indistintamente del origen de cada persona.

 

Por eso, el aporte a la discusión parlamentaria y a las leyes, además del apoyo directo para avanzar en esta materia, mediante un diálogo constante, es fundamental para acercar posiciones y lograr alcanzar la inclusión social, tan necesaria para nuestro país, que está viviendo un proceso histórico que busca terminar con las brechas y las desigualdades.

 

Es por esto, que la semana recién pasada, me reuní con el Grupo de Trabajo Embajadas-ONGs contra la Trata de Personas en la sede del Congreso Nacional. Esta entidad fue creada en 2011, para coordinar los esfuerzos de 33 embajadas, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, interesados en apoyar la prevención de y el combate a la trata de personas en Chile.En la reunión de trabajo se realizaron cuatro presentaciones para entregar una panorámica de la fuerte realidad que está afectando a nuestro país por la Embajada de EEUU, Paicaví, Raíces y Corporación Humanas.

 

En este sentido, declaré con fuerza que este es un tema extremadamente importante. Aquí hay más de 30 organizaciones que pertenecen a organizaciones del mundo civil de diferentes regiones del país, a embajadas, la Organización Internacional para las Migraciones, quienes junto con credos religiosos, están trabajando en este drama humano que es la trata de personas. Esta realidad fundamentalmente afecta a menores de edad, mujeres, y a trabajadores migrantes que son explotados. Aquí hay una explotación no sólo sexual, sino también laboral, además de discriminación racial y violación a los derechos humanos.

 

Es más, tenemos una ley vigente desde 2011, pero no contempla políticas de prevención y reparación, que son extraordinariamente importantes. Al día de hoy, esas son las grandes falencias en nuestra legislación. Por ello es urgente avanzar en esta materia, dado que nuestro país es receptivo de migrantes. Además, estamos inmersos en un proceso de desarrollo, que nos exige un apoyo integral en materias de derechos humanos.

 

A raíz de la conversación sostenida, los integrante del foro, se comprometieron a en entregar un informe sobre la materia para que la Presidenta del Senado lo dé a conocer tanto en el Poder Legislativo, como también al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, acordamos que ellos me presentarán un informe del estado actual de la Trata de Personas, que haré llegar al Gobierno, donde pediré tomar en cuenta estas importantes observaciones que dichas agrupaciones han detectado, gracias a su importante trabajo en estas materias fundamentales. Además enviaré estas indicaciones a mis colegas parlamentarios para que podamos perfeccionar entre el Ejecutivo y el Parlamento nuestra legislación.

 

Paralelamente, es importante recalcar que existe un convenio firmado con seis universidades, que podría permitir hacer un seguimiento detallado de la evolución de la ley, lo que refuerza la transversalidad que debe tener este tema, un tema claramente de país, de Estado.

 

Chile por su estabilidad política y económica, es hoy una nación receptora de inmigrantes, por lo tanto el trato claramente debe ser igualitario para todas y todos quienes habitan en nuestra larga y angosta faja de tierra.

De igual formas, debemos estar a la altura de los desafíos sociales que y evitar con fuerza la trata de personas que afecta a nacionales e inmigrantes, especialmente considerando que los últimos estudios demuestran que nuestra región tiene índices altos en esta materia, y que Chile ha experimentado, también, un recrudecimiento de la situación.

 

La trata de personas es un fenómeno que está muy invisibilizado en nuestro país. Por ello, debemos hacer esfuerzos conjuntos, desde el Parlamento, con el gobierno, y por cierto con los organismos internacionales, embajadas y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en ello.

 

Este es un tema de la mayor trascendencia, ya que debemos preocuparnos que los derechos sean igual para todos quienes viven en nuestro territorio, por lo que trabajaremos intensamente por  mejorar la calidad de las personas que alguna vez se han visto excluidos de nuestra sociedad.

 

Si queremos que este flagelo disminuya y desaparezca, tenemos que apostar a que la inclusión y la generación de oportunidades tanto para las y los connacionales que sufren su efecto, como por cierto a todas y todos los inmigrantes que llegan y seguirán incorporándose a nuestro país.

 

Una sociedad sana y democrática es la que es capaz de incluir a todas y todos. Por lo tanto mi compromiso en esta materia es irrestricto.

 

 

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