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Transparencia en la relación dinero y política

Por Alejandro Navarro, senador por la Región del Bíobío.

24 de mayo de 2013

Imagen foto_00000019El proyecto sobre probidad pública que comenzamos a discutir en este Senado es, a todas luces, una legislación necesaria porque permitirá transparentar y conocer los intereses y patrimonios de quienes llegan al Parlamento.

 

Estamos legislando para que quienes poseen un enorme patrimonio puedan venir al Senado o a la Cámara de Diputados despejados de todo tema que diga relación con la poca transparencia o el origen de sus recursos, y así cautelar que la llegada a este Congreso no sea para aumentar dichos recursos.

 

Por cierto, habrá quienes concurran a este Senado o a la Cámara de Diputados o al Poder Judicial o a la Fiscalía Nacional sin mucho que declarar. Y, por lo tanto, claramente esta es una legislación que se hace para quienes poseen bienes en pequeña, mediana y gran proporción. Y me parece adecuado.

 

No obstante, creo que es una legislación que se vuelve insuficiente en materia de los parlamentarios y en ese sentido es hacia donde debemos enfocar nuestros esfuerzos para perfeccionarla.

 

Por ejemplo, hay una norma que establece que será la Comisión de Ética o de Transparencia la que deberá apercibir y multar a los parlamentarios que no declaren el patrimonio: no me agrada que todo esté constituido en base multas. Vuelvo a esta lógica implacable del dinero. Porque no es lo mismo para un gerente general pagar una multa del tránsito, por cara que esta sea, que para un conductor del transporte público que tiene un sueldo, por cierto, no más allá de los 500 mil pesos.

 

Por lo tanto, el tema de las multas no constituye un disuasivo. Al que tiene plata para pagar multas le está permitido todo, porque no hay ninguna sanción de carácter penal por la no declaración.

 

Al leer el proyecto enviado por el Ejecutivo uno desprende que está bien orientado, porque, por ejemplo, se establecen nuevas regulaciones que permiten incluir en las declaraciones los derechos o acciones que la autoridad o funcionario declarante tenga en sociedades u otras entidades constituidas en el extranjero, lo que me parece muy positivo.

 

No obstante, creo que hay que hacer algunas revisiones, porque también se señala que se deberán declarar las actividades profesionales y económicas, remuneradas o no remuneradas, gremiales o de beneficencia, realizadas durante los últimos doce meses anteriores a la fecha de asunción en el cargo, lo que a mi juicio es un período insuficiente.

Uno debiera tener un período de historia más atrás para saber, efectivamente. Y como no está legislado, uno se puede ir del cargo y no habrá un período de inhabilidad. En cambio, en Estados Unidos hay dos años y el Estado se encarga de la mantención para que la información estratégica de ese funcionario -Superintendente, Ministro- no sea utilizada. Y, por lo tanto, hay dos años de inhabilidades.

 

Esto se lo planteamos a varios gobiernos de la Concertación, pero no hubo posibilidad. Aquí tiene que haber un mecanismo en donde los funcionarios que entren y después salgan tengan un período en el cual no puedan ir a parar a actividades que tengan relación directa, ya sea en calidad de Superintendente o supervisores.

 

También debemos avanzar en la ley del lobby que lleva años en trámite. En Estados Unidos, el lobby es una entidad regulada y Chile pasaría a ser uno de los pocos países del mundo donde recién se va a regular esta actividad. Si en Estados Unidos se hace, es porque la política está intrínsecamente ligada al dinero.

 

Ya lo señalaba: los hombres más ricos de los Estados Unidos copan el Senado de ese país. El que quiere ser senador en los Estados Unidos tiene que primero encargarse de hacerse millonario para poder llegar a ese Senado. Afortunadamente en Chile los que tenemos la posibilidad de sin ser millonario de llegar al Senado es algo que debiéramos resguardar.

 

Es fundamental también que el tema de las donaciones secretas no quede excluido de este debate. El que gasta más debiera perder el cargo. Recuerdo que cuando se discutió el financiamiento público de las campañas presenté una indicación que tuvimos que retirar porque si no lo hacía, se iba a caer el acuerdo. Como contar con financiamiento público a las campañas era un paso importante y yo creo que la democracia y la participación tiene que ser financiada, la retiré, pero anunciamos que presentaríamos un proyecto de ley que elimine las donaciones reservadas o anónimas, secretas, y también que haga perder el cargo a quien gaste más de lo que la ley establece.

 

Por lo tanto, aquí hay un conjunto de propuestas señor Ministro, y yo estoy disponible a votar a favor este proyecto y preparar muchas indicaciones, por cierto, si es que efectivamente tenemos acuerdo sobre un conjunto de otras actividades.

 

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