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Tributos asociados al petróleo: todos nos vemos afectados

Por Carlos Bianchi, senador por la región de Magallanes

9 de enero de 2015

Imagen foto_00000019Creo que cuando legislamos sobre este reintegro parcial al impuesto específico al petróleo diésel, el Estado tiene que entender que tiene que aplicar una política pública en materia de transporte, fundamentalmente de carga, absolutamente distinta a la que tenemos el día de hoy.

 

Este es un proyecto -y creo que ahí coincidimos muchos- engañoso. Porque, en definitiva, lo que se está haciendo es tratar de que esto pase por unos próximos cuatro años. Así se sigue recaudando más de 2 mil 400 millones de dólares, al generarse acuerdos con los transportistas.

 

Pero éstos tienen una legítima preocupación, porque ven que efectivamente lo que se pretende hacer con esta iniciativa es continuar lo existente, no observan que se quiera trabajar en el beneficio, de manera de negociarlo de una mejor manera.

 

También creo que se segura de manera errónea que esto es un beneficio casi exclusivo para el transporte del rodado mayor, es decir para los camioneros. Creo que se orienta a la ciudadanía, pero el transporte del rodado mayor se lleva la carga. Y si no fuera por estos pocos beneficios, lo más probable que al final los valores de las cargas del transporte serían mayores. Esto si bien puede amortiguar en algo la situación económica de quienes están ligados a la actividad del transporte de carga, en definitiva, aquí existe un beneficio global, general para el país y para, finalmente, los consumidores.

 

La discusión tiene que centrarse en el impuesto específico. Y creo que este debate es engañoso porque se evitar llegar a este punto.

 

Este beneficio se está prorrogando por los próximos cuatro años. Creo que debiera tener una prórroga de un año, y luego debiese sincerarse la discusión: si estamos dispuestos o no a llegar a algún acuerdo final donde, en definitiva, existan reales beneficios para quienes llevan una labor tan importante en el país.

 

En este proyecto se exceptúan, porque no utilizan las carreteras, a las empresas mineras (no pagan impuesto a los combustibles) y las líneas aéreas (por razones obvias). Se dice: “¡Ah, mire! Si este impuesto llega a las empresas mineras, aéreas o navieras, ¡cuidado que va subir todo!”. Esa amenaza ha sido permanente.

 

Pienso que más allá de la utilización de las carreteras, debiera haber una equidad en cuanto al pago de este impuesto a los combustibles.

 

Quiero indicar que la Región de Magallanes que represento, no sufrió el terremoto que originó todo este impuesto, no sufrió los cortes de carreteras, sin embargo lo estamos pagando igual. Y eso debe ser así porque somos un país igualitario.

 

Muchos de estos “beneficios” que hoy día estamos entregando por los próximos cuatro años, quedan en manos de quienes están ligados a esta actividad pero esto se traspasa, finalmente, al usuario.

 

Quiero pedir al Ministro de Hacienda que comprometa una mesa de trabajo para despejar toda duda con respecto a si hay voluntad para avanzar en la materia que tanto afecta a la clase media, al transporte y al país como es el impuesto a los combustibles.

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