Un acuerdo social más que político

El reciente anuncio del Gobierno en materia de educación encierra varias dudas ante un tema demasiado estratégico para el desarrollo social del país. Una reforma que aparece con mucha parafernalia comunicacional y pocos contenidos es muy compleja de analizar. Los primeros indicios que la opinión pública, los parlamentarios y los alcaldes hemos tenido, apuntan a que se trata de una reforma que tiene un énfasis en la forma y no en el fondo.

La educación es esencial para que el país crezca, se desarrolle y aporte al crecimiento de la población. El problema es que se supone que esto debiera ser una política de Estado y no una interpretación que la coalición de Gobierno le da a uno de los debates más arduos que ha tenido la sociedad chilena en los últimos años. Insisto: la educación debiera ser objeto de un acuerdo social más que político y para ello el Gobierno no debe intentar imponer una visión unilateral de las cosas, sino escucharlos a todos.

Son valorables algunos anuncios, pero calificar esta lista de medidas como una "revolución", es francamente una exageración ante la opinión pública.

La educación es cohesión social, es la preservación de la cultura y forma de vida de un país, es construcción de una historia común, es generación de promoción social y de innumerables otros beneficios sociales y culturales.

Lo que insistentemente vemos en las medidas de Gobierno, es que prevalecen otros conceptos, los económicos. ¡Si Chile no es una empresa! No queremos medir los resultados de nuestros alumnos en términos de rentabilidad; queremos que nuestros estudiantes, en especial los que tienen menos acceso a la riqueza material, tengan opción de acceder a una riqueza más duradera y sólida: una educación que los haga ciudadanos concientes, responsables, críticos y participativos. ¿Quién puede temerle a esto?

La Concertación, y por supuesto la Democracia Cristiana, está disponible para abordar un debate serio, largo, INCLUSIVO e informado sobre lo mejor para la educación pública y privada que se imparte en Chile. Hay que escuchar por sobre todo a la comunidad académica y educativa, ya que un paso en falso en esta materia podría llevarnos a consecuencias nefastas e indeseables para un país que busca su desarrollo. La igualdad es clave y, dado que este es un Gobierno que representa a una coalición política que brega por una menor regulación estatal en todos los frentes, es justo que la Concertación demande igualdad.

Esa es la diferencia entre una política de Estado y una visión economicista. Con preocupación hemos visto cómo los grandes empresarios demandaron en ENADE el fin de las "excesivas regulaciones del Estado" en los distintos ámbitos de la producción. Digo con preocupación, pues aún permanecen en nuestras retinas los 33 mineros atrapados, el accidente de un bus interprovincial o los abusos de algunos sectores económicos con sus clientes donde la mirada económica pareciera ser una de las causales que se antepone a la igualdad tan esquiva para Chile. Lo mismo vale para la educación.