Un ajuste insuficiente

No hay tema más complejo que la educación y cuando el Gobierno planteó que iba a hacer una reforma tributaria para la educación, nosotros sostuvimos siempre que esta iniciativa no tenía relación con la educación directamente y que era simplemente un ajuste tributario, que lo que hacía era permitir aumentar impuestos y rebajar impuestos.  Eso es lo que criticamos siempre y estábamos convencidos que para que la educación tenga un cambio profundo, hay que hacer reformas educacionales de fondo y hay que agregar los recursos que se necesitan para realmente hacer una reforma tributaria.

Por supuesto, entiendo que este no es nuestro Gobierno; entiendo y comprendo que es imposible, a lo mejor, ir en esa línea tan profunda, pero tampoco puedo entender que seamos tan decididos a decir que lo que se ha acordado es un gran acuerdo.

La verdad es que si uno mira el resultado final y mira lo que dicen los titulares, dicen: "La reforma tributaria bajará impuestos a 1.527.244 personas quienes ganan hasta 2 millones y pagarán 20 por ciento". Eso significa que los que ganan $ 600 mil van a tener una rebaja de $ 31  mil. Los que ganan $800 mil, van a tener una rebaja de $ 127 mil pesos. ¿Dónde está la rebaja grande? Está en los que ganan sobre $5 millones, que van a tener $873 mil pesos, y los que ganan de $ 6 millones hacia arriba (es decir, nosotros), un millón 44 mil pesos. ¡Esa es la realidad!

Para qué decimos que esta es una reforma que favorece grandemente a la clase media, cuando en realidad lo que se hace es rebajar un poco impuestos y que, en definitiva, no son sumas que favorezcan tan directamente a la clase media. Por lo demás, esta franquicia favorece al 19% de los chilenos o de los contribuyentes, pero hay un 40%, que son más de 500 mil familias, que llevan a sus hijos a los colegios públicos y que no tributan. Y, por lo tanto, no van a tener derecho a ningún beneficio: no va a poder descontar ni van a recibir ningún peso. Y esa es ya una tremenda discriminación.

Por lo tanto, tenemos esta rebaja o reforma o ajuste tributario, que afecta a un porcentaje menor de la población.

Luego, se habla de que hemos logrado un fondo de 4 mil millones para financiar a la educación pública. ¡No! Son 4 mil millones que van a ser reservados, de acuerdo a los planes que se han establecido en el proyecto, pero que son para la educación en general.

Aquí no hay un destino de la educación pública, como nosotros quisiéramos, que es que la educación pública tenga la calidad, los recursos y la fuerza necesaria para igualarse a la educación privada. Es decir, hemos aprobado un fondo de 4 mil millones, cuyo monto de uso van a ser 200 millones de dólares o ciento y tantos millones de dólares, pero que no está destinado a la educación pública, sino que en general a la educación. Y por lo tanto, se van a generar las diferencias que, a mi juicio, no son las correctas.

Del mismo modo, se dice que con este proyecto hemos logrado 44 mil millones para el programa FAGEM (Fondo de Apoyo a Gestión Educación Municipal), pero de acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Educación se señala que existen dudas respecto a la continuidad del programa, pues en término de análisis de resultados a nivel de eficiencia y de uso de recursos financieros se "demuestra una evaluación con muchísimas debilidades y notorias deficiencias".

¿Qué pasó finalmente? Un proyecto que era para la educación termina con una promesa de incorporar lo que se llama "la factura electrónica" para obtener 400 millones de pesos. Termina incorporado con un beneficio a los taxis colectivos y al transporte escolar, lo que, en definitiva, induce probablemente a llegar al acuerdo.

Pero, como los temas no se resuelven por ese tipo de situaciones, sino por cuál es la convicción que tiene uno respecto de la educación y del sistema educativo, este proyecto no va destinado a lo que nosotros esperamos, que es un cambio profundo del sistema educacional.

Al revés, fortalece el sistema educacional que hoy día existe, que, en nuestra opinión, es un sistema equivocado. Está mal estructurado; no corresponde a lo que significa que el Estado se haga cargo de un sistema educacional, sino que simplemente establece criterios de distribución de recursos, que están mal focalizados.

Bajo esa lógica me parece que el "acuerdo" no es suficiente, ni tampoco nos permite pensar que es favorable para la educación pública.

No es tan fácil que nosotros vamos a hacer cambios profundos porque se nos ocurra, sino que vamos a hacer cambios profundos si realmente tenemos coherencia y tenemos lógica en los planteamientos que hacemos.

No aprobé esta reforma porque no me parece suficiente y además porque no se han cumplido ciertos compromisos que el propio Gobierno se comprometió a realizar. De hecho, el Ministro Joaquín Lavín se comprometió a enviar un proyecto de ley al Congreso antes del 30 septiembre del 2011, en el cual mejoraba la administración de la educación pública abordando la institucionalidad y financiamiento, estableciendo fórmulas alternativas de la administración municipal. Se presentó, y ahí está en la Cámara de Diputados perdido.

El propio Ministro se comprometió a estudiar cambios en el financiamiento para mejorar la calidad de la educación preescolar. Tampoco se ha presentado. Y también se comprometió a nombrar una secretaría ejecutiva técnico-profesional, que tampoco se ha hecho.

Los proyectos de fondo que tendríamos que estar discutiendo no tienen que ver con este proyectito ni con este ajuste tributario.