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  Un impulso al desarrollo

  Por Eugenio Tuma, senador por La Araucanía

9 de diciembre de 2010

ImagenEl decreto ley N° 701 sobre fomento forestal es uno de los cuerpos legales que ha tenido una mayor incidencia en el desarrollo de la reforestación en Chile y, por supuesto, de importantes sectores que en un momento determinado de su actividad productiva lo hacían fundamentalmente en faenas agrícolas, más que forestales.

 

Sin embargo, también debo reconocer que este instrumento ha permitido que se despueble gran parte de los sectores rurales en función de ocupar importantes áreas y hectáreas para la reforestación. Y ello implica que no queda nadie en el sector, que se cierran las escuelas, que se despuebla hacia los sectores urbanos y hay una gran migración campo ciudad que tiene que ver naturalmente con el decreto ley N° 701.

 

Si bien ese instrumento legal ha sido una herramienta tremendamente poderosa para el desarrollo de la reforestación y la exportación de madera y la industria forestal, también ha sido muy  negativo para el despoblamiento del sector rural. En ese sentido, creo que el Estado está en deuda con políticas públicas que tengan que ver de mejor manera cómo se reinsertan a los sectores que han emigrado a la ciudad producto precisamente de la reforestación.

 

Respecto de las comunidades indígenas, el proyecto que modifica este cuerpo legal trae una novedad puesto que permite que éstas cuando han adquirido terrenos que han sido beneficiados con el decreto ley N° 701, no sigan gravadas con su terreno producto de esta adquisición y puedan  dedicarla a faenas agrícolas o postular nuevamente a un subsidio forestal.

 

No obstante, el mayor problema que veo en esta renovación más no está en el decreto sino que en la falta de fiscalización respecto del cumplimiento de normas que se aplican en el mundo agrícola, que tiene que ver fundamentalmente con el uso del recurso para subsidio de suelos degradados, pues aún utilizando dicho subsidio se utiliza después el beneficio del decreto 701, lo que significa que se reforestan las mismas hectáreas que han sido destinadas a usar un subsidio para mejorar los suelos.  No se entiende cómo estamos reforestando sectores agrícolas; no se entiende cómo dejamos de fiscalizar para que no se conviertan suelos agrícolas en suelos forestales, porque eso tiene que ver con mayor razón aún en el despoblamiento de las poblaciones rurales.

 

Por otra parte, la zona de exclusión en el evento de las plantaciones de pinos y eucaliptos no se está respetando, no hay ninguna fiscalización; las fuentes de agua de muchas comunidades mapuches, indígenas y no indígenas, se están agotando.

 

Por eso creo que esta renovación tiene que tener alguna obligatoriedad respecto de cómo hacemos y damos certeza de que vamos a respetar las zonas de exclusión para los efectos de no afectar las reservas de agua dulce.

 

La explotación forestal conlleva un deterioro de los caminos. Y para ello es indispensable establecer un mecanismo que cuando se hace una cosecha forestal, la explotación se haga con autorización de vialidad.

 

Ahí tenemos un tema que no hemos sido capaces de resolver de cómo los altos costos que estamos pagando todas comunidades por el deterioro de los caminos porque no existe una normativa que impida que especialmente en los meses de invierno cuando los caminos están tremendamente húmedos o barrosos, tengan necesariamente que pasar la explotación forestal por allí. Creo que hay que poner algunos reglamentos y algunas condiciones.

                 

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