Un mayor acercamiento con la ciudadanía

En el mes en que cumplimos 204 años de la creación del Congreso Nacional, damos inicio a este ejercicio republicano con el firme propósito de generar un mayor acercamiento con  la ciudadanía, lo que en parte se obtiene entregándole información para que ésta se sienta partícipe de nuestra labor. Buscamos, además, fortalecer la confianza de los ciudadanos   en   los   parlamentarios   que   han   elegido   para   representarlos,   objetivo alcanzable solo en la medida que se establezcan canales de información y mecanismos de acercamiento que faciliten el control respecto de  las instituciones.

El acto de rendir cuenta permitirá robustecer nuestro Estado de Derecho pues favorece el desarrollo de un sistema equilibrado, indispensable para asegurar la  regulación recíproca entre las autoridades y la necesaria limitación del poder. A partir de hoy, los presidentes de los tres Poderes del Estado, rinden cuenta al país.

Este acto tiene lugar gracias a que prácticamente la unanimidad de los parlamentarios concurrieron a aprobar la reforma constitucional presentada, entre otros, por los actuales senadores Andrés Zaldívar y Hernán Larraín, que establece la obligación de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de rendir todos los años, en el mes de julio, una Cuenta Pública ante el Congreso Pleno.

Agradezco a todos los senadores y diputados por su apoyo al proyecto, en particular al Presidente de la Cámara de Diputados por su decidido compromiso con esta iniciativa.

La primera Cuenta del Congreso se desarrolla en un contexto muy particular. Seamos claros. Somos testigos de la crisis de confianza que hoy afecta a la política, a las grandes empresas y a las instituciones en general. Conocemos el diagnóstico y la magnitud del problema que enfrentamos. Sin embargo, como parlamentarios no podemos quedarnos solo en el diagnóstico. Si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Es la hora de actuar, de aprovechar esta crisis de confianza como una oportunidad; una oportunidad para contar lo que hacemos, una oportunidad para enmendar aquello que tengamos que corregir; una oportunidad para intentar lograr empatía con las demandas de la ciudadanía y, hay que decirlo, una oportunidad para hacer cambios importantes.

Para evitar destinar el escaso tiempo de esta cuenta a entregar los distintos indicadores sobre nuestro trabajo legislativo, hemos preferido presentar los datos más relevantes en la exposición gráfica que acabamos de ver.

Por ello, me permito plantear algunas reflexiones que espero ayuden a asumir lo que está ocurriendo y a definir un conjunto de propuestas colectivas hacia el futuro.

Todos los estudios serios demuestran que el fenómeno de la desconfianza va más allá de la política y afecta a diversos ámbitos de la vida nacional. Hoy, el 87% de los chilenos no confía en otros chilenos, lo que se traduce en el índice de confianza interpersonal más bajo de los últimos 27 años. Esto se aprecia desde los espacios microsociales: en el deterioro de las relaciones comunitarias, en la inseguridad de los barrios y en  la distancia con los vecinos, hasta la desconfianza en las instituciones democráticas. Asimismo,  la baja valoración del trabajo del Parlamento no nace este último tiempo por los casos de irregularidades que han impactado al país y que por cierto, generan legítima y comprensible indignación ciudadana, sino que ha sido un fenómeno que se ha mantenido de manera persistente y constante durante los últimos 17 años.

Oímos con frecuencia sobre el carácter universal de la desconfianza en la política. Basta mirar más allá de nuestras fronteras para advertir que con diversas manifestaciones y probablemente con distinta intensidad,   gran parte de las sociedades democráticas del mundo conviven con la desconfianza a la política, y se preguntan cómo enfrentar este problema. De hecho, este será el tema principal que abordaremos en el II Encuentro Interamericano de Presidentes de Parlamentos  que se desarrollará en Santiago, los días

6 y 7 de agosto.

La ciudadanía tiene mucho que decir; tiene opinión, siente desencanto, pero también tiene esperanza en Chile. En este escenario de cambio, los actores políticos debemos desarrollar una actitud de escucha: este es un tiempo de oír. ES NUESTRO TIEMPO DE OIR.

Estamos en un período de reconfiguración de la relación de la ciudadanía con la política y los actores políticos debemos poner oídos a lo que la comunidad nos quiere decir.

Tengo la convicción que estamos frente a una enorme oportunidad de hacer las cosas bien, particularmente considerando que el último año, este Parlamento fue capaz de poner fin al Sistema  Binominal reemplazándolo por uno Proporcional, el cual, permitirá reducir los cuestionamientos sobre la adecuada representatividad de nuestro Congreso.

No nos equivoquemos. Los ciudadanos critican, pero también valoran. ¿Qué es lo que valoran? Reitero la idea de escuchar, ya que en el sentido común de las personas encontramos mucha sensatez. La gente sigue pensando que se puede cambiar su realidad a través de las leyes, se moviliza para que se genere una nueva ley (como se demostró con la Ley Ricarte Soto, con el Acuerdo de Unión Civil y con tantas otras).   Este Congreso Nacional es el espacio donde se pueden (y deben) conectar esas expectativas, esas esperanzas, con el trabajo del mundo político, teniendo siempre presente una mirada de Bien Común.

Cómo olvidar las palabras de Cecilia Rovaretti cuando en el acto de promulgación de la ley Ricarte Soto hace un reconocimiento al trabajo del Parlamento, diciendo que nuestra labor resultó fundamental para mejorar el proyecto de ley y dar respuesta a miles de chilenos  que  sufren  enfermedades  poco  frecuentes.  Recuerdo  haber  escuchado  ese mismo tipo de declaraciones a los representantes de las organizaciones que participaron en el proceso de aprobación del proyecto que dio origen al Acuerdo de Unión Civil. Estos ejemplos, demuestran que cuando el Parlamento cumple con su obligación de legislar escuchando a la  ciudadanía y pensando en el bien común, su trabajo es valorado.  Solo este  último  año  más  de  10.000  personas participaron de nuestra labor  legislativa de variadas maneras.

Junto a ello, hay que señalar que más de 100.000 personas se animaron a votar en el espacio “Senador Virtual”, y la plataforma “Ley Chile” de la Biblioteca del Congreso cuenta con  más  de  20  millones  de  páginas  visitadas,  lo  que  nos  habla  del  interés  de  los ciudadanos por participar en los debates públicos y acceder a la legislación nacional.

Mención especial merece la comisión Desafíos del Futuro del Senado que durante los últimos años se ha ido consolidando como un espacio de reflexión de altísimo nivel en materias de desarrollo científico y tecnológico, convocando a destacados intelectuales a nivel  mundial,  incluyendo  a  varios  premios  Nobel,  y  haciendo  partícipes  a  miles  de chilenas y chilenos en sus foros y debates.

Por lo tanto, aquí tenemos una primera lección que sacar. Con apertura, acogida y transparencia podemos ayudar a reducir la distancia que  las personas sienten en relación al Parlamento. Tenemos el gran desafío de mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía.

En esta línea, junto a la Cámara de Diputados vamos a  implementar una serie de medidas para mejorar las actuales   formas de comunicación del Congreso. Vamos a potenciar el trabajo del Centro de Extensión del Senado, de la Comisión Futuro, del Canal del Senado, y nuestra inserción en las redes sociales, reitero, no sólo para comunicar mejor, sino muy especialmente para oír de mejor manera a la ciudadanía.

Además, reimpulsaremos el torneo Delibera, destinado a permitir que los estudiantes secundarios de las regiones de nuestro país, puedan experimentar como protagonistas la función de legisladores, en la lógica de promover decididamente la educación cívica.  Se trata, en suma, de fortalecer no sólo la democracia representativa sin binominal, sino también la democracia participativa donde tenemos un déficit que resolver.

De igual modo, queremos modernizar y optimizar el proceso de tramitación legislativa. Por ello, en el mes de agosto,   junto a la Cámara de Diputados, convocaremos a una comisión de académicos y juristas de reconocida trayectoria para que en un plazo de tres meses nos entreguen un conjunto de propuestas destinadas a  modernizar el proceso de generación de las leyes, incorporando nuevos mecanismos de participación ciudadana.

En el mismo tenor, El Senado ha iniciado un proceso de modernización de sus servicios administrativos, en particular, de revisión de sus plantas de personal, las que datan del año 1994. Desde esa fecha se han generado importantes cambios en su estructura administrativa, como consecuencia de la incorporación de nuevas funciones y tareas.

Próximamente contaremos con una propuesta de reestructuración que será conocida y luego concordada con las propuestas que desarrollan la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Con ello, buscamos garantizar mejor los derechos y deberes de nuestros funcionarios y profesionalizar y tecnificar su labor.

Hemos vivido tiempos complejos. Reconozco que muchas veces no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía esperaba de nosotros. En el campo político y empresarial se han evidenciado prácticas que estamos decididos a erradicar. Lo que ayer era tolerado, hoy ya no es aceptado. Las exigencias en materia de probidad y transparencia hoy son mucho mayores que en el pasado. Es la hora de pasar de los lamentos a la acción.

Como Senado de la República, entregamos a la Señora Presidenta de la República y a la Comisión Engel, un proyecto de acuerdo aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Cámara Alta, que contiene un conjunto de 20 propuestas elaboradas transversalmente, y cuyo objetivo general fue solicitar el patrocinio del Ejecutivo  en una serie de proyectos, a fin de construir una mejor institucionalidad en esta materia.

Nobleza obliga. Debo reconocer que prácticamente la totalidad de estas proposiciones fueron acogidas por el Ejecutivo, lo que nos permite estar dedicados al análisis y tramitación de estas iniciativas.

Hoy  en  este  Congreso,  se  debate  más  de  una  veintena  de  proyectos  que  buscan robustecer nuestro sistema democrático, a través del mejoramiento de los estándares de probidad y transparencia.

Una de las medidas novedosas propuestas en este mandato y que ya se encuentra en pleno funcionamiento, fue la conformación de la  Comisión de Probidad y Transparencia del Senado, a objeto de agilizar la aprobación de los proyectos que regulan esta materia. Esta comisión junto a las de Gobierno y de Constitución, han realizado un trabajo sistemático y riguroso, lo que nos ha permitido aprobar iniciativas muy relevantes. Una de ellas, es la que establece el Principio de Probidad en la Función Pública, que aumenta el número de autoridades obligadas a realizar declaraciones de intereses y patrimonio y que regula de manera mucho más rigurosa los conflictos de interés, además del fideicomiso ciego y la enajenación de activos.

Asimismo,  la  unanimidad  de  los senadores  aprobamos la  Reforma Constitucional que establece la sanción de pérdida del cargo a los parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros   regionales   que   infrinjan   gravemente   la   ley   electoral   en   materia   de transparencia y límite de gastos en campaña.

Lo anterior no será posible si no contamos con un Servicio Electoral dotado de autonomía, mayores   atribuciones   y   recursos   para   ejercer   una   efectiva   fiscalización.   Estamos trabajando para que esta entidad despliegue sus nuevas competencias en las próximas elecciones generales.

Gracias  a  su  aprobación  en  la  Cámara  de  Diputados,  nos  abocaremos  al  estudio  y despacho del proyecto de ley de Fortalecimiento de la Democracia, que entre otras cosas, limita los gastos de campaña, elimina la posibilidad de entregar aportes reservados y de empresas a las campañas electorales, de modo tal de poner fin a la relación inapropiada que existe entre dinero y política, estableciendo estándares muchísimo más altos en materia de probidad y transparencia. Seguiremos coordinándonos con los Jefes de bancada,  los presidentes  de  comisión,  el  Presidente  de  la  Cámara de Diputados  y  el Gobierno para cumplir -una vez terminada nuestra gestión como mesas de este Congreso- con la meta de aprobar todas estas iniciativas.

Hoy tenemos la posibilidad histórica de realizar cambios de fondo. Si somos capaces de estar a la altura del desafío y hacemos las cosas bien, como estoy convencido que va a ocurrir, estas reformas pueden tener un impacto tan profundo como el que tuvo para nuestra democracia, la instauración de la cédula única en 1958.

Junto a la aprobación de estas iniciativas, promoveremos tal como lo acordamos con los jefes de bancada y en la comisión bicameral de ética y transparencia, un conjunto de reformas constitucionales, legales y reglamentarias, que van a complementar y reforzar las iniciativas en trámite. Algunas de éstas surgieron, luego de varias reuniones de trabajo que sostuvimos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre “Fortalecimiento  de  la  Ética  y  Transparencia  en  el  Congreso  Nacional”  y  el  Grupo Bicameral de Transparencia.

Una de ellas busca fortalecer el trabajo de las comisiones de ética del Congreso Nacional. Crearemos una   Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria, que tendrá como misión  apoyar el trabajo de las comisiones de ambas cámaras y a su vez cumplir tareas específicas.

A modo de ejemplo, podrá cruzar la información contenida en las declaraciones de intereses de los parlamentarios con las materias de los proyectos de ley que se votan, para que las comisiones de ética adviertan oportunamente a los parlamentarios de su obligación de abstenerse en determinadas votaciones por posibles conflictos de interés.

Esta medida apunta a que la Comisión de Ética, (que  cada día tiene más tareas que cumplir, sea por la aplicación de la Ley de lobby, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o por los casos que está conociendo), cumpla un rol más activo a la hora de prevenir y sancionar conductas parlamentarias.

Asimismo ampliaremos y endureceremos las sanciones que puede aplicar la Comisión de Ética del Senado frente a conductas que merezcan un reproche ético. Esta propuesta, que está contenida en el proyecto de acuerdo señalado, recoge los modelos que han sido más exitosos y eficaces en la regulación de los conflictos de intereses, como es el caso de las legislaciones del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Del mismo modo, reforzaremos los Sistemas de Auditoría interna y externa para mejorar la capacidad efectiva en la gestión administrativa de esta Corporación y apoyaremos el fortalecimiento del trabajo del Comité de Auditoría Parlamentaria para que pueda cautelar de manera eficaz el adecuado uso de las asignaciones existentes para llevar a cabo el trabajo parlamentario.

No olvidemos que somos uno de los pocos países en el mundo en que los parlamentarios no  se autoasignan  o  fijan las asignaciones parlamentarias,  las que, por lo demás, no constituyen remuneración. Existe el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, de carácter autónomo,   compuesto solo por personas ajenas al Congreso Nacional, de reconocido prestigio, que tiene como función regular el monto, destino y los criterios de uso de los recursos destinados al ejercicio de la función parlamentaria. Esperamos, para evitar algunos problemas que se han generado en el pasado,  que dicho Consejo ejerza sus atribuciones  y  obligaciones  a  cabalidad,  cautelando  siempre  (recalco,  siempre)   el adecuado uso de estas asignaciones. Hace algunas semanas, junto al Presidente de la Cámara de Diputados, le solicitamos restringir el uso de las asignaciones en períodos electorales.

Reitero,  la  regulación  de  las  asignaciones  parlamentarias  corresponde  al  ámbito  de atribuciones privativo del Consejo de Asignaciones Parlamentarias,  y no del Parlamento. En  otras  materias,  vamos  a  establecer  con  carácter  permanente  la  incorporación  de ambas  ramas  del  Congreso  al  sistema  de  ChileCompras,  para    no  depender  de  la autorización que año a año se solicita y se otorga a través de la Ley de presupuesto.

No obstante presentar un promedio de asistencia superior al 95%, reforzaremos el deber que tienen los senadores de concurrir a las sesiones de sala, estableciendo la aplicación de multas en casos de inasistencias injustificadas.

Además, elaboraremos nuevas reglas sobre publicidad en el ámbito de comisiones, homologando las normas con la Cámara de Diputados en materias de actas de las sesiones e informes de comisión, basadas al principio de publicidad y transparencia.

¿Qué pretendemos con esto? Que el contenido de las actas de comisión sea publicado a la brevedad, sin tener que esperar que sea conocido por la Sala del Senado, de modo tal que los ciudadanos puedan tener acceso oportuno a los debates que se llevan a cabo y las decisiones que se adoptan en las comisiones. Complementariamente, trabajaremos en la generación de las condiciones adecuadas para que a contar de la próxima legislatura las sesiones de comisión del Senado sean transmitidas por streaming y sus actas sean publicadas en plazos conocidos. Respecto de los informes evacuados por la Biblioteca del Congreso, estableceremos por la vía reglamentaria un plazo para que su contenido sea de conocimiento público.

También esperamos consagrar a nivel constitucional y legal, la dedicación exclusiva para los cargos de senador y diputado, con la sola excepción de la administración de ciertos bienes y el ejercicio de la docencia o de la profesión en forma gratuita.

Estamos  convencidos que los parlamentarios deben dedicarse en un 100% a la labor legislativa y de representación, como ocurre   en el caso de la gran mayoría de los senadores y diputados.

Señoras y señores senadores y diputados:

Si hacemos los cambios que el país exige, vamos a tener una oportunidad inmejorable para recuperar la confianza de la ciudadanía. Sabemos que no es fácil. Por lo mismo, se requiere, decisión, coraje, acciones concretas, perseverancia y mucha consistencia.

Pero debo decirlo con claridad, cualquier esfuerzo que se haga, por valioso que sea, será vano si algunos integrantes de nuestras propias instituciones privilegian sus agendas particulares  por  sobre  la  acción  colectiva.  Quienes  lanzan  acusaciones  de  manera genérica, irresponsable y gratuita sólo generan daño y  desprestigio. Por ese camino, no existe ninguna posibilidad de recuperar las confianzas.

Este es el tiempo de la acción comunitaria, Chile requiere de servidores públicos que estén dispuestos a actuar con generosidad y altura de miras, que antepongan siempre el interés general del país, por sobre cualquier interés individual.

En definitiva, Chile requiere líderes responsables, constructivos, que entiendan que en política debemos pensar en las consecuencias de nuestras acciones en el mediano y largo plazo por sobre cualquier “ganancia” pequeña en lo inmediato.

Tengo la convicción que la mayoría de los senadores y diputados de nuestro país son personas honestas, que actúan con auténtica vocación de servicio y que, más allá de las virtudes y defectos que todos los seres humanos tenemos, se dedican con esmero y generosidad a construir un Chile mejor. En efecto, es innegable que el Congreso Nacional ha contribuido, en los últimos 25 años, de manera sustantiva a la inserción de nuestro país en el ámbito internacional, a la superación de la pobreza, al respeto por los derechos fundamentales y al fortalecimiento de la democracia.

La política es un quehacer noble y necesario siempre que esté sustentado en valores éticos  compartidos  que aporten  al  bien  común.  El  Parlamento  es  una  institución imprescindible en un sistema democrático, pues representa al pueblo en sus distintas opciones y aspiraciones. Valoramos la democracia representativa como el sistema que permite asegurar principios fundamentales como la libertad, los derechos ciudadanos, la justicia  social  y  el  ejercicio  del  poder  sujeto  a  reglas  que  aseguren  el  triunfo  de  las mayorías y el respeto a las minorías.