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  Un verdadero Royalty

  Por Isabel Allende, senadora por la región de Atacama

18 de junio de 2010

ImagenEn Chile no tenemos un Royalty entendido como precio que se cobra por la propiedad, sino un impuesto específico que grava las utilidades de las empresas. Así, no cobramos el legítimo derecho que emana de la propiedad del recurso no renovable del Cobre, como se hace en gran parte del mundo, partiendo por la OECD a la que acabamos de ingresar.

La propuesta del Gobierno de adecuación del IEM (Impuesto Específico a la Minería) que rechazamos en el Senado lesiona los intereses del país, recaudando recursos adicionales insuficientes, a cambio de beneficios de largo plazo para las grandes mineras privadas. Un verdadero Royalty merece una discusión de mayor profundidad,  con una ley específica  sobre la materia, por su complejidad, y  sus implicancias en el presente y futuro de Chile. No es responsable legislar estas materias utilizando la necesidad de recursos para la reconstrucción como argumento. Los recursos para  esta tarea durante el año 2010 ya están disponibles en el presupuesto nacional y esta legislación particular debe ser discutida en una ley especial.

Celebramos el interés y reconocimiento que ha hecho el gobierno sobre la insuficiencia del aporte que realiza la gran minería privada al país y esperamos su real voluntad y compromiso político para legislar adecuadamente en la materia mediante una ley en 60 o 90 días.

Las utilidades extraordinarias obtenidas por la gran minería en la última década y que todo indica que se mantendrán en los próximos años, bien nos hacen pensar que son lo suficientemente atractivas para concretar el segundo ciclo de inversión, por lo que entregar 8 años más de invariabilidad tributaria no tiene sentido político ni racionalidad económica, simplemente significa hipotecar el futuro del "Sueldo de Chile".

No estamos de acuerdo con  extender una baja de tributos, con una tabla engañosa a cambio de recursos insuficientes y rebajas permanentes de impuestos: la tabla propuesta mantiene en promedio el actual nivel de la tasa en el largo plazo. Por tanto, es legítimo preguntarse cuán conforme estamos con el aporte que hacen las mineras internacionales y si corresponde hacer un ajuste a la tasa que responda a los desafíos que Chile tiene de cara al Bicentenario y al desarrollo.

Le preguntamos al gobierno y al oficialismo: ¿por qué negarse a la posibilidad de cobrar un verdadero royalty a las grandes mineras extranjeras que explotan nuestros recursos una vez concluida la invariabilidad?

Son ellos quienes deben responder a Chile sobre qué intereses defienden. Si los de Chile o los de los grandes capitales extranjeros. Deben explicar por qué están dispuestos a no obtener legítimamente más recursos desde el 2018. ¿Acaso nos podrían asegurar que los US$600 millones por estos dos años serán mayores que los recursos provenientes de un verdadero royalty?

A última hora se prometió destinar un 25% para regiones, una idea que nunca estuvo en el proyecto original. Se trata de 250 millones de dólares en tres años, lo que equivale a  cerca de 5 millones  de dólares anuales para cada una de las regiones del país y no sólo para las mineras. Atacama ha entregado millonarios recursos sin recibir compensaciones por los pasivos ambientales que recibe. Las propuestas hacia las regiones no son claras y no abordan los temas de fondo y prometen recursos insuficientes frente a sus necesidades.

Debemos abrir la oportunidad para discutir una política de Estado en materia de recursos naturales no renovables, establecer y cobrar un verdadero royalty a partir de 2018, no sólo para el cobre sino también para  otros recursos mineros.

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