Una decisión tomada con la gente es siempre una mejor decisión

Numerosas son las réplicas que seguimos sintiendo tras el terremoto del pasado febrero. Ya no se trata sólo de las que se registran en los sismógrafos, sino de las fórmulas para aplicar las políticas públicas y cómo el Estado y los privados están participando en el proceso de reconstrucción del país.

Hemos visto con sorpresa que cuantiosos recursos asignados a diez regiones que no sufrieron la catástrofe con toda su crudeza, están siendo recortados de los presupuestos regionales poniendo en serio riego la continuidad de muchos proyectos emblemáticos comprometidos para diversas zonas del país.

Esto resulta particularmente complejo no sólo porque se trata de decisiones inconsultas, no conversadas y escasamente informadas a las propias autoridades y ciudadanos de regiones, sino porque también revelan un centralismo muy poderoso que puede perjudicar incluso la capacidad de dar empleo de las regiones.

Si bien el gobierno ha avanzado en el diagnóstico de los millonarios daños provocados por el terremoto y los tsunamis que afectaron la zona centro sur del país, resulta evidente la falta un Plan Maestro para la reconstrucción y una fórmula clara para su financiamiento.

No resulta equitativo ni democrático el que se reasignen los recursos sacándolos de regiones del país que no fueron azotadas por la catástrofe, ya que ello equivale simplemente a desvestir a un santo para vestir a otro. Es además, una fórmula facilista de solucionar algo que todos entendemos como un problema país.

Una de las grandes virtudes de la democracia es precisamente el respetar los derechos de los ciudadanos y ello se logra cuando la gente participa, es decir, cuando se toma en cuenta la opinión de los gobiernos regionales, de los municipios, de los actores sociales y de los movimientos ciudadanos por mencionar algunas de las fuerzas vivas de una comunidad de personas.

Los recursos de que dispone el Estado, corrientes y de reserva, así como su capacidad de endeudamiento o cambios impositivos factibles, permiten pensar que Chile tiene más posibilidades en términos financieros y que perfectamente se puede desplegar una estrategia centrada por un lado en reconstruir el país en sus zonas más afectadas y por otro, permitir que siga desarrollándose el resto de las regiones.

Precisamente para discutir fórmulas alternativas de financiamiento, el Senado está disponible y preparado. Estamos conscientes de que la madrugada del 27 de febrero el país cambió y ello obliga no sólo al cambio de la agenda y de las prioridades legislativas, sino a legislar oportuna y eficientemente.

Es necesario entonces hacer la discusión de fondo pero sin olvidar que las formas son importantes en democracia. Una decisión tomada con la gente siempre es una mejor decisión, porque internaliza e involucra a todos en la misión emprendida. Esta será la fórmula para reconstruir también el alma quebrada por el terremoto del verano pasado.