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  Una fórmula errónea

  Por Alberto Espina, senador por la Región de La Araucanía

1 de septiembre de 2011

ImagenEste proyecto de ley tiene por objeto impedir que existan vinculaciones contractuales, financieras o comerciales entre entidades que involucren a personas que están en la dirección o administración de universidades sin fines de lucro con empresas que puedan tener relaciones comerciales con ellas de distinta naturaleza.

Pero no puedo dejar de mencionar que gran parte de la crisis universitaria obedece a que del millón 50 mil estudiantes que existen en Chile en la educación superior, sea universitaria, técnico-profesional o centro de formación técnica, solo 160 mil de ellos tienen becas; el resto tiene que rascarse con sus propias uñas, lo que significa que más de 850 mil estudiantes tienen hoy día que recurrir a créditos o financiarlo con recursos propios.

Y lo que es peor, en el caso de los que tienen que recurrir a créditos, gracias a las normas que se aprobaron en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, tienen que recurrir a uno carísimo, que es el crédito con aval del Estado con tasas de interés de más del 5% y en UF.

Por lo tanto, lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es lo que no se hizo en los gobiernos de la Concertación, que es intentar fijar un sistema unificado que establezca créditos, a lo más, con un 2% de intereses que permita que solo se pague el 5% del ingreso mensual de un alumno, de tal manera que aquel que entra a trabajar y gana $500 mil, paga $25 mil mensuales y nada más.

Hay un segundo tema que es la legítima ganancia. Y aquí hay una discusión que es muy de fondo, porque para algunos de nosotros realizar un emprendimiento y tener una legítima ganancia es lícito y bueno. Y esta es una diferencia conceptual de fondo.

El Estado de Chile gasta 950 mil millones de pesos al año en subsidios habitacionales que los construyen empresas constructoras. Entrega dos millones de raciones de alimentos diarias a través de la JUNAEB, que las aportan empresas que tienen fines de lucro. Y resulta que ahí es legítimo y es lícito. Y cuando se trata de un sostenedor que tiene un colegio, a ese lo crucificamos.

Del 80% de los colegios particulares subvencionados con fines de lucro se trata de sostenedores que tienen un colegio, con un promedio de 350 alumnos y el 70% son profesores. Apenas les alcanzan sus ingresos para poder subsistir y pagar la inversión que hicieron endeudándose con los bancos. Y a esa gente, que son nada menos que cuatro mil colegios que educan a un millón 250 mil alumnos, queremos nosotros decirles que se vayan para la casa. Esta es la verdad y no es campaña del terror.

Tengo la convicción de que quien lucró indebidamente en una universidad y estaba prohibido, comete delito. Si resulta que la legislación prohíbe que hubiese lucro y alguien, mediante una martingala, a través de sociedades espejo o a través de figuras ilegales, resulta que le sacó plata a la universidad para hacerse rico, violando la ley, eso o es un delito tributario, es un delito de elusión y debe ser sancionado.

Pero atención con estigmatizar a todas las universidades, porque también existen en nuestro país grandes universidades que no lo han hecho y han constituido un tremendo aporte al desarrollo de los estudiantes y son un sector no minoritario y bastante amplio.

La fórmula que emplea este proyecto es mala y creo que se puede solucionar mucho mejor y evitar ese lucro indebido.  Esa será materia que discutiremos nuevamente, porque no vamos a aceptar que haya gente que lucre indebidamente, pero sí vamos a aprobar que los establecimientos educacionales puedan desarrollarse de acuerdo a lo que dice nuestra legislación.

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