Una política transparente, sana y sujeta a escrutinio

Luego de 10 años de tramitación, el Congreso Nacional despachó la ley que regula las actividades del lobby ante el sector público, dando respuesta a un tema que ha sido largamente debatido y esperado. Es una noticia sin duda positiva y que viene a reforzar los grandes logros e índices que muestra Chile en materia de probidad y transparencia.

Cabe recordar que el primer esfuerzo por contar con una legislación que regulara el lobby fue iniciativa del Gobierno del ex Presidente Ricardo lagos y que se continuó trabajando durante el mandato de la Presidenta Bachelet. Fue parte de la agenda que buscaba modernizar la labor del Estado y que ante la constante falta de acuerdo sobre el alcance de las regulaciones, derivó en su extensa tramitación.

Sin duda que la legislación que ha salido del Congreso es perfectible y son varias las voces que alientan a incluir medidas adicionales. Por el momento, las autoridades del Ejecutivo, gobiernos regionales, senadores y diputados, así como funcionarios de los organismos autónomos del Estado, estaremos obligados a informar de las reuniones con personas o empresas que representen intereses particulares.

El Consejo para la Transparencia va manejar un registro centralizado que será de consulta público de cualquier persona que quiera saber acerca de las actividades que llevan a cabo los lobistas ante las autoridades del Estado.

Este esfuerzo es consistente con el prestigio de nuestro país en materia de probidad. Hay que recordar que en el índice de percepción de la corrupción 2013 que publica Transparencia Internacional, Chile ocupa el número 22 del mundo entre 177 países. Esto es relevante si consideramos que el índice muestra que el 70% de los países tiene “serios problemas” de sobornos entre los aparatos públicos.

Además, esto contradice de manera palmaria esta “percepción” de que la política en Chile no es limpia o que hay grandes bolsones de corrupción, muchas veces alimentadas por vocerías populistas que incluso se mostraron en la pasada campaña electoral. En Chile la política es transparente, es sana y siempre está sujeta al escrutinio de la ciudadanía, la prensa y los controles que el propio Estado ha fijado.

Si bien aún falta avanzar en el reglamento de la ley, es relevante el hecho de que nuestro país sigue mejorando sus estándares de transparencia, probidad y combate a las malas artes en el quehacer político y económico. Este capital hay que cuidarlo y trabajar para potenciar cada acción que nos ponga al nivel de los países desarrollados; al ser miembros de la OCDE no sólo estamos obligados a contar con este tipo de reglamentaciones, sino que además hay que poner en práctica más allá de la mera letra de la ley, todas las acciones en pos de esa mayor transparencia y probidad.

Esto se traduce necesariamente en un mayor prestigio de las instituciones republicanas, pero ese prestigio necesariamente debe descansar en todo el sistema. Lo más fácil es apuntar sólo al sector público, pero lo cierto es que las empresas, los empresarios y los gremios, tiene un rol demasiado importante como para no exigir el mismo estándar ético que se le demanda al sector público. La ley del lobby es un avance y es al mismo tiempo un desafío para todos, sin distingos, que nos pone a la altura de las exigencias que el mundo pide en materia de transparencia y probidad.