Una sociedad más inclusiva

Me alegra mucho que el proyecto que contiene una serie de medidas contra la discriminación se vaya a transformar en Ley de la República. Este es un trabajo que tardó siete años en aprobarse, que costó mucho sacar adelante y que algunos olvidaron durante un tiempo. Sin embargo, hoy fuimos capaces de generar un proyecto que es un tremendo avance para construir una sociedad más inclusiva, más justa, más solidaria y en donde ningún chileno sentirá que lo discriminan por algún motivo arbitrario.

Cuando la iniciativa señala casos en los cuales se puede producir discriminación lo hace con carácter enunciativo y no taxativo. De manera que un reclamo ante cualquier caso de discriminación arbitraria, tendrá que ser acogido por los tribunales correspondientes.

Y a mi me parece muy bien que se hagan en forma enunciativa, porque el origen de este proyecto es que cuando se recurría a un recurso de protección, los mismos tribunales desechaban muchos de estos casos en que realmente existía discriminación arbitraria, señalando que no estaba dentro de las hipótesis de lo que es romper el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución.

Y creo, además, que es una señal educativa potente donde se diga con claridad que en Chile no se puede discriminar en razón de la raza, de la etnia, de la nacionalidad, de la situación económica, el idioma, la ideología, la opinión política, la religión, la creencia, la sindicación, la participación en organizaciones gremiales, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad, entre otros.

Pero además, provocan un gran cambio cultural. Porque Chile es un país, donde la discriminación sigue presente. Y se discrimina a las minorías. Nosotros tenemos minorías que sólo hace unos años han podido develar, por ejemplo, su condición sexual. Y han tenido que pasar años sin poder realmente expresar, decir y hacer lo que ellos, dentro de lo que se espera en una sociedad normal y que se regula por normas de bien común, puede hacerse sin temor a que alguien lo ofenda, lo humille, tenga una represalia, lo discrimine o le impida desarrollarse como una persona libre.

Esta iniciativa legal tiene como propósito generar posibilidades o instancias para que un ciudadano que se sienta discriminado arbitrariamente pueda recurrir a la justicia y decirle a un Poder del Estado: "Ampárame, protégeme, suspenda la medida, restablezca el imperio de la ley, no permita que yo sea discriminado en un acto abusivo".

Y, por lo tanto, considero que uno de los artículos más importantes de este proyecto es el que establece que: "corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución (...) los tratados internacionales ratificados" y vigentes en Chile.

Le doy una enorme importancia, porque esto significa que el Estado de Chile asume el compromiso, sin complejos, de educar a la sociedad chilena en que la discriminación arbitraria no tiene lugar en un país democrático, amplio e inclusivo. Y hay que decirlo sin complejos.

Y nadie está dotado de ese poder divino para señalar que una persona tiene una raza determinada, una nacionalidad, un color político o una orientación sexual.

Siento que estamos haciendo como sociedad un avance extraordinariamente importante en el ámbito legislativo, pero sobre todo en el ámbito cultural, porque las sociedades sanas, las que progresan, no son las que tienen edificios más altos; son las que tienen un espíritu, que tienen principios, que tienen un sentido de inclusividad, que les da una identidad, que pueden realmente permitir que los ciudadanos de ese país, cualquiera sea su origen, puedan desarrollarse en libertad y tener realmente posibilidades de salir adelante con su propio esfuerzo.

Esta iniciativa recoge en el 95 por ciento todo lo que hicimos en el Senado. Y en esto, junto a mi activa participación, va mi reconocimiento a los parlamentarios con los cuales trabajamos en conjunto para sacar este proyecto: el ex senador y actual ministro Andrés Chadwick, a la senadora Soledad Alvear, a los senadores Hernán Larraín y Patricio Walker.

Quisiera hacer una especial referencia a una agravante que establecimos y que no solo va a tener efectos penales, sino que también culturales, donde se señala que se va a agravar la pena de aquel que comete un delito, o participa en él, "motivado por la ideología, opinión política, religión o creencia de la víctima; la razón, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca".

No es lo mismo, siendo un delito gravísimo, matar a una persona en una riña o en un robo, que por cierto es un acto criminal y cobarde, que agregarle además hacerlo en razón de su condición sexual, de su raza, de su nacionalidad, de su creencia política o de su creencia religiosa. Esas pandillas o bandas que andan atemorizando a personas por su condición sexual o por su creencia política tienen que tener claro que la sociedad chilena no va a tener contemplaciones respecto de las conductas que ellos realicen. Y eso es bueno para una sociedad que quiere realmente dar la posibilidad de protección y, que acoge y congrega a todos los quienes vivimos en ella.