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Universidades Regionales y Descentralización

Por Antonio Hovath, senador por la región de Aysén

14 de julio de 2017

Imagen foto_00000002Tras la reunión de trabajo que sostuvo la Agrupación de Universidades Regionales AUR, con una significativa presencia de rectores, junto a la Presidenta de la República y la Ministra de Educación en La Moneda donde se trataron los principales temas y acuerdos alcanzados en el seminario de Descentralización y  Educación Superior en el país se destacó el rol que potencialmente pueden cumplir las universidades, en cada una de las regiones de Chile.

 

Las conclusiones y propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización se sintetizan en 5 grandes ejes: descentralización política y legitimidad del poder; descentralización administrativa de competencias;  descentralización fiscal y económica y asignación de recursos; fortalecimiento de capacidad regional y local y participación ciudadana y control democrático.  Se reconocen cuatro agentes principales de desarrollo territorial: la sociedad civil organizada; el sector productivo; el aparato estatal y las instituciones de educación superior. 

 

Las universidades regionales cumplen su misión en contextos muy complejos. Éstas concentran en gran proporción estudiantes vulnerables, talentosos y con mayores brechas académicas, con ello se practica la inclusión social.

 

El financiamiento que reciben no cubren los costos de ofrecer docencia de calidad en regiones con baja población y matrícula y mayores costos por estudiantes en carreras prioritarias para las regiones pero con baja demanda, dificultad para retener y atraer docentes calificados para impulsar ciencia, tecnología e innovación en regiones, la integración de grupos socio-territoriales y la dificultad de conformar comunidades científicas relevantes. Los indicadores de calidad, mecanismos vigentes y el financiamiento enfatizan en la comparación y competencias entre universidades que se desenvuelven en contextos diversos y desiguales.

 

La propuesta establece en que la gobernanza debe considerar una efectiva participación de representantes de regiones y la institucionalidad tener presencia en todas ellas. Para esto, se requieren políticas de largo plazo y un adecuado respaldo presupuestario y la correspondiente desagregación territorial.

 

El aporte estatal a la docencia tiene que orientarse para fortalecer las capacidades de las instituciones regionales y ofrecer una educación superior de calidad, que integre la generación de conocimientos y vinculación con el medio.

 

Las reformas tienen que considerar un aporte basal regional, que permita a las instituciones compensar en cada caso, los mayores costos que tienen la docencia, investigación y extensión en regiones.

 

En este sentido se dan tres oportunidades legislativas: Incorporar a las universidades en el traspaso de competencias a las regiones para la elaboración de planes de desarrollo regional; definir su rol en las reformas a la educación superior y con motivo de la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, no dejarlas comprimidas a 4 macrozonas que pretende el proyecto.

 

En los debates presidenciales poco se ha comprometido con el proceso descentralizador. Por ello, es conveniente dejar esto en la ley, de manera que no dependa de la autoridad nacional o regional de turno.

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