De acuerdo al cronograma establecido se debatieron aquellos ministerios y servicios que recibieron menos indicaciones y en la jornada de esta tarde se espera el tratamiento de las partidas de Interior y Salud.
Contraloría, Servel, Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Poder Judicial, Minería, Bienes Nacionales, Energía, Presidencia, Congreso Nacional, Economía y Hacienda fueron los primeros ministerios y servicios despachados esta jornada, por la Sala del Senado, en el marco del segundo trámite del proyecto de ley de presupuestos 2025.
En primer término, se aprobaron las partidas de Contraloría y Servel; así como todas las normas del articulado del proyecto que no recibieron indicaciones ni peticiones de votación separada.
Luego se despacharon con algunas indicaciones de información y de reposición de recursos, las partidas de: Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Poder Judicial, Minería y Energía.
En el debate del erario del Poder Judicial se aprobó por 20 votos contra 11, una indicación de la senadora Luz Ebensperger que establece que “no se podrá destinar recursos para la realización de concursos, competencias o procesos que impliquen la evaluación, ponderación o comparación de sentencias judiciales. Esta prohibición aplica independientemente del criterio, metodología o propósito de análisis que se pretenda emplear para valorar, clasificar o categorizar las decisiones judiciales".
"No obstante, esta restricción no se extiende a los procesos de análisis o unificación de jurisprudencia que tengan como finalidad la creación de bases de datos o buscadores jurisprudenciales con fines académicos”.
Al respecto, la senadora Claudia Pascual realizó reserva de constitucionalidad por considerar que esta norma incide en las funciones de ese poder del Estado.
En tanto, en la partida de Bienes Nacionales se aprobó también una indicación impulsada por el senador Juan Castro en orden a rebajar a mil pesos el programa de regularización del bien raíz asociada a la regularización de títulos de dominio de pueblos indígenas. Al respecto, se desarrolló un debate respecto a las evaluaciones que ha recibido este programa.
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PRESIDENCIA
En la partida de la Presidencia de la República, que fue aprobada por unanimidad de los presentes, el Senado mantuvo varias de las indicaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, entre ellas, una que exige la realización de un test de drogas semestralmente para el Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios.
El Ejecutivo presentó una indicación para suprimir dicha medida, argumentando que debe ser regulada por una ley de carácter permanente. La propuesta fue rechazada con 12 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones y el Ejecutivo anunció reserva de constitucionalidad, sin perjuicio de anunciar que evaluará una ley permanente sobre la materia.
Otra de las propuestas que se mantuvo en el Senado fue una glosa aprobada en la Cámara de Diputados que busca que no se le pueda exigir al personal de apoyo de la Presidencia la realización de jornadas de trabajo que pongan en riesgo su salud. El Ejecutivo quería suprimir dicha glosa señalando que existe legislación laboral sobre la materia que está vigente, pero la Sala rechazó la supresión con 14 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención.
La Sala también rechazó suprimir una glosa aprobada en la Cámara Baja que dispone que las encuestas, estudios y sondeos de opinión financiados con cargo a la Presidencia deberán ser remitidos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y ambas cámaras del Congreso Nacional dentro de los cinco días siguientes a su recepción.
Los senadores aprobaron suprimir una glosa que buscaba que las personas contratadas tuvieran calidad de agentes públicos, incluida la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de sus funciones.
CONGRESO
La partida del Congreso Nacional fue ratificada por unanimidad y se aprobaron dos indicaciones de información y otras dos para suprimir glosas que habían sido incorporadas en la Cámara de Diputados, una de ellas que buscaba priorizar la adopción de medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal de apoyo, que fue considerada de atribución propia del Ejecutivo.
ECONOMÍA
En la partida del Ministerio de Economía se pidió votar separadamente los recursos del Sercotec los que fueron rechazados, principalmente por la evaluación que hicieron los senadores respecto de los programas para apoyar la reconstrucción y reparación de las pymes afectadas por el estallido social.
La Sala aprobó una indicación del Ejecutivo que señala que ese ministerio en conjunto con el gobierno regional del Biobío, realizará acciones del plan de fortalecimiento industrial que tengan por objeto disminuir el impacto laboral y productivo de corto plazo producto del cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
En este punto se dio un intenso debate respecto de la necesidad de contar con estrategias de desarrollo regionales que permitan impulsar la economía local.
Un punto que generó debate y que motivó la presentación de una indicación del Ejecutivo dice relación con los recursos para la Oficina de Grandes Proyectos que había experimentado una baja de recursos. Por ello, el Ejecutivo propuso disminuir 506 millones de pesos que estaban en la secretaría ejecutiva de desarrollo productivo sostenible y se traspasaron a la Oficina de Grandes Proyectos que busca incentivar y apoyar la inversión.
HACIENDA
La partida del Ministerio de Hacienda se aprobó con algunos cambios, pues la Sala eliminó unas glosas aprobadas en la Cámara de Diputados y que decían relación con informar sobre el fondo de diagnóstico y tratamientos de alto costo (lo que ya está considerado en la legislación vigente).
La Sala rechazó dos indicaciones que buscaban reducir los montos asociados a las funciones críticas, ante lo cual se planteó la necesidad de ver cómo se están realizando tales asignaciones y velar por su correcta ejecución.
Uno de los temas que se aprobó y respecto del cual el Ejecutivo anunció reserva de constitucionalidad, es una glosa que señala que durante el 2025 los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal podrán solicitar que el avalúo fiscal de sus propiedades sea cero pesos. El ministro Marcel indicó que dicha disposición es atribución exclusiva del Ejecutivo al tratarse de tributos.
