REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 89ª, en martes 6 de marzo de 2007
Ordinaria
(De 16:16 a 19:39)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE, Y MARIANO RUIZ-ESQUIDE JARA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, la señora Ministra de Defensa Nacional, doña Vivianne Blanlot Soza, y el señor Subsecretario de Guerra, don Gonzalo García Pino.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 86ª, ordinaria, y 87ª, especial, ambas en 23 de enero, y 88ª, ordinaria, en 24 de enero, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diecisiete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero formula observaciones al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión de los menores de edad al empleo y al cumplimiento de la obligación escolar (boletín Nº 3.235-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho de los siguientes asuntos:
1) Proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia (boletín 4.438-07).
2) Proyecto de ley sobre pesca recreativa (boletín N° 3.424-21).
3) Proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, juntas calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Primer Mandatario (boletín Nº 3.937-06).
4) Proyecto de ley sobre división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago (boletín Nº 4.091-07).
5) Proyecto de ley que regula la figura de las personas competentes y crea la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras (boletín Nº 4.065-08).
6) Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India y sus anexos, suscrito en Nueva Delhi, India, el 8 de marzo de 2006 (boletín Nº 4.171-10).
7) Proyecto de ley que establece beneficios para el personal del sector Salud (boletín Nº 4.545-11).
8) Proyecto de ley que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07).
9) Proyecto de ley que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad (boletín 4.722-06).
10) Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo (boletín N° 3.507-13).
11) Proyecto de ley que crea examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín Nº 4.361-11).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero hace presente la urgencia "suma" para el despacho del proyecto de ley que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables (boletín Nº 4.030-04).
Con los catorce siguientes hace presente la urgencia "simple" para el despacho de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines números 3.345-07 y 3.959-07, refundidos).
2) Proyecto de ley que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07).
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo (boletín N° 3.507-13).
4) Proyecto de ley sobre constitución y operación de sociedades de garantía recíproca (boletín N° 3.627-03).
5) Proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, juntas calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Primer Mandatario (boletín Nº 3.937-06).
6) Proyecto que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
7) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago (boletín Nº 4.091-07).
8) Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
9) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías (boletín Nº 4.321-07).
10) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) (boletín Nº 4.363-03).
11) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia. (boletín N° 4.438-07).
12) Proyecto de ley que establece beneficios para el personal del sector Salud (boletín Nº 4.545-11).
13) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (boletín N° 4.627-19).
14) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad (boletín 4.722-06).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política, comunica su ausencia del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del presente año con el fin de asistir a la XIX Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río.
Agrega que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, don Belisario Velasco Baraona.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un régimen simplificado para determinar el impuesto a la renta de los micro y pequeños contribuyentes (pymes) (boletín N° 4.246-03).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y del Ecuador, suscrito en Santiago el 23 de enero de 2006, y el Acuerdo por Cambio de Notas adoptado por las Partes, que corrige el Convenio de Seguridad Social, fechados en Santiago el 25 y 29 de mayo de 2006 (boletín N° 4.734-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero comunica que dio su aprobación al proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 4.438-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la Comisión de Hacienda, en su caso, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Tres de la Excelentísima Corte Suprema, con los que emite su parecer acerca de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley sobre jurisdicción penal militar (boletín N° 4.792-07).
2) Proyecto de ley que impide decretar el sobreseimiento definitivo en caso de muerte del imputado respecto de delitos que no pueden prescribir o amnistiarse (boletín Nº 4.727-07).
3) Proyecto que introduce diversas modificaciones a la ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y a la ley N° 18.290, de Tránsito (boletín N° 2.276-15).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Doce del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto de ley que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere el rango de Ministro de Estado (boletín N° 4.148-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con los cuatro siguientes comunica que acogió a tramitación igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en relación con los siguientes preceptos: artículo 425, inciso cuarto, del Código Procesal Penal; artículo 174 del Código del Trabajo; artículo 61 de la ley N° 18.695, e inciso segundo del artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones, decretándose respecto de cada uno de ellos remitir copia al Senado con el fin de que, en plazo de diez días, presente sus observaciones y acompañe los antecedentes que estime pertinentes.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el sexto envía copia autorizada de la sentencia recaída en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea la Decimoquinta Región de Arica y Parinacota y la provincia del Tamarugal en la Región de Tarapacá (boletín N° 4.048-06).
Con el séptimo remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto de ley que crea la Decimocuarta Región de Los Ríos y la provincia de Ranco en su territorio (boletín N° 4.049-06).
Con los cinco restantes envía copia autorizada de las sentencias dictadas en los autos en que se consideró igual número de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados respecto del artículo 116 del Código Tributario.
--Se toma conocimiento
De la señora Contralora General de la República subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, relativo al informe elaborado por la Contraloría del Maule con motivo de la auditoría realizada en la Dirección del Instituto Nacional de Deportes de la Séptima Región.
Cuatro del señor Contralor General de la República subrogante:
Con el primero responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Bianchi, referido a beneficiarios de becas otorgadas por la Universidad de Magallanes.
Con el segundo da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, sobre concurso de funcionarios en el Servicio de Salud de Antofagasta.
Con el tercero contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Romero, concerniente a aportes efectuados por el Instituto Nacional de Deportes a diversas organizaciones deportivas de la Región de Valparaíso.
Con el último responde un oficio cursado en nombre del Senador señor García, sobre sistema de turnos rotativos de los funcionarios de los servicios de salud.
Dos del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:
Con el primero contesta dos oficios remitidos en nombre del Senador señor Espina, acerca de niveles de tráfico de drogas en villas y poblaciones que indica.
Con el segundo da respuesta a cinco oficios enviados en nombre del Senador señor Espina, en los que solicita información detallada sobre los delitos que indica, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2006.
Del señor Ministro del Interior, mediante el cual contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor García, relativo a la implementación de equipos de comunicación para las juntas de vigilancia de sectores rurales de diversas comunas.
Dos del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, acerca de los mecanismos de solución de controversias a propósito de la creación de una institución universitaria en la República de Ecuador.
Con el segundo contesta un acuerdo adoptado por el Senado sobre destino del legado cultural de Gabriela Mistral.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, con el que da respuesta a un proyecto de acuerdo del Senado relativo a la situación de la libertad de expresión y sus garantías en la República Bolivariana de Venezuela.
Tres de la señora Ministra de Defensa Nacional:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, concerniente al eventual traslado del Regimiento N° 19 "Colchagua" desde la ciudad de San Fernando.
Con el segundo responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, referido a capacitación de conscriptos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
Con el último da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Coloma, acerca de si hay otros funcionarios que puedan tener derecho a la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo otorgada a los funcionarios civiles de Carabineros de Chile.
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero responde un proyecto de acuerdo del Senado mediante el cual se solicitó al Gobierno el envío de una iniciativa de ley que exima del pago de contribuciones a los propietarios que indica.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Orpis, en que solicita al Gobierno considerar los propósitos de una moción referida a la producción y uso de biocombustibles.
De la señora Ministra de Hacienda subrogante, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a cruceros de turismo que visitan nuestro país.
Dos de la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia:
Con el primero responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, referido a la posibilidad de otorgar urgencia a iniciativa legal.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Pérez Varela, acerca de entrega de información relativa a asignación de recursos públicos.
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia subrogante:
Con el primero contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Núñez en que solicita al Gobierno estudiar un proyecto de ley que regule los aspectos ambientales y de salud referidos a la instalación de antenas móviles en sectores urbanos.
Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina mediante el cual solicita el estudio de una moción destinada a proteger el patrimonio fito-zoosanitario nacional.
Tres del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Larraín, referido al mayor costo que pagarán los pequeños y medianos agricultores a consecuencia de la aplicación del decreto supremo N° 147, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Con el segundo da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los elevados costos que por consumo de energía eléctrica deben cancelar los habitantes de Isla Santa María.
Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, referido a exclusión de la empresa que indica del reintegro simplificado de mercancías de la ley N° 18.480.
Seis de la señora Ministra de Educación:
Con el primero responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, sobre problemas materiales que afectan al Liceo Luis Durand Durand, en la comuna de Traiguén.
Con el segundo da respuesta a un oficio despachado en nombre del Senador señor Horvath, referido a deuda histórica del Estado con los docentes del país.
Con el tercero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, concerniente a la situación que afecta a los profesores jubilados de la ciudad de Ovalle.
Con el cuarto responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, referido al sistema de educación aplicado en la Escuela Pedro Aguirre Cerda, de la localidad de Puerto Aguirre.
Con el quinto da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, acerca de la posibilidad de mejorar el equipamiento tecnológico de los alumnos de la Escuela Volcán Llaima, de la comuna de Melipeuco.
Con el último contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la acción que pueden desarrollar establecimientos educacionales de la Undécima Región respecto a la instalación de centrales hidroeléctricas en dicha zona.
De la señora Ministra de Educación subrogante, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, referido a planteamientos en materia de educación del Concejo de la comuna de Traiguén.
Dos del señor Ministro del Trabajo:
Con el primero responde un proyecto de acuerdo aprobado por el Senado en que se solicitó al Gobierno la ratificación del Convenio N° 167 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Seguridad y Salud en la Construcción.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, tocante a la restitución de reajustes a pensionados que indica.
Seis del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a planta de tratamiento con emisario submarino del sector de La Pampilla, en la Región de Coquimbo.
Con el segundo da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Kuschel, sobre rampas de acceso de transbordadores en Chiloé.
Con el tercero contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de pavimentación de la Ruta 9, sector Puente Picana-Cerro Castillo, en la comuna de Torres del Paine.
Con el cuarto responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Coloma, referido a proyectos de agua potable en comuna de Constitución.
Con el quinto contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a construcción de camino costero entre Puerto Cisnes y Queulat.
Con el último responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei en que solicita la dictación del decreto supremo referido al convenio de programación "Plan Ciudad", que beneficia a la Región de Los Lagos.
Once de la señora Ministra de Salud:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath en que solicita la elaboración del reglamento de la ley N° 20.096, que establecería mecanismos de control aplicables a las sustancias que dañan la capa de ozono.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Letelier, relativo a convenios celebrados entre hospitales públicos con centros de hemodiálisis privados.
Con el tercero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Naranjo, sobre elaboración del reglamento de publicidad y consumo de tabaco.
Con el cuarto contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, al cual adhirió el Senador señor Kuschel, acerca de los problemas laborales que afectan a los trabajadores de hospitales de las Regiones Novena y Décima.
Con el quinto da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor García, referido a la creación de un escalafón de conductores de ambulancias en los servicios de salud.
Con el sexto contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, sobre intercambio académico en materia de salud con la República de Cuba.
Con el séptimo responde un proyecto de acuerdo del Senado relativo a la posibilidad de implementar una segunda etapa del programa "Sonrisa de Mujer".
Con el octavo da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, concerniente a los acuerdos de acreditación de productos farmacéuticos celebrados con la República de Cuba.
Con el noveno contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor García, sobre planteamientos de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud.
Con el décimo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor García, relativo a la creación de una bonificación especial para conductores de ambulancias de los servicios de salud.
Con el último da contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor García, acerca del proyecto de Normalización del Hospital de Villarrica.
Dos de la señora Ministra de Salud subrogante:
Con el primero responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Cantero mediante el cual solicita implementar una unidad de cuidados intensivos en la construcción del nuevo hospital de la ciudad de Calama.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Letelier, referido a los proyectos de infraestructura para la red pública de salud de la Sexta Región durante 2007.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei donde solicita la dictación del decreto supremo referido al convenio de programación "Plan Ciudad", que beneficia a Región de Los Lagos.
Del señor Ministro de Agricultura, por el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Vásquez, relativo a los problemas que ha creado la importación del producto "semita proteica".
Tres de la señora Ministra de Agricultura subrogante:
Con el primero da respuesta a un proyecto de acuerdo del Senado en que se solicitó al Gobierno la adopción de un conjunto de medidas para proteger a los productores de trigo y a la industria molinera nacionales.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las medidas adoptadas para impedir la liberación de semillas transgénicas en nuestro país.
Con el último responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de las tarifas fijadas para el ingreso de turistas al Parque Nacional Torres del Paine.
Dos de la señora Ministra de Minería y Energía:
Con el primero da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, referido a concesiones geotérmicas otorgadas.
Con el segundo contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Orpis, en el cual pidió al Gobierno considerar un proyecto de ley relativo a la producción y uso de biocombustibles.
Ocho del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al estudio sobre construcción de un camino costero entre Puerto Cisnes y Queulat.
Con el segundo contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, en que pide suspender instalación de antena de telefonía móvil en comuna de Los Sauces.
Con el tercero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Bianchi, atinente al funcionamiento de planta de revisión técnica en provincia de Tierra del Fuego.
Con el cuarto y el quinto responde dos oficios despachados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a problemas con los transbordadores en la provincia de Palena y en la Undécima Región, y a rebaja en el costo del transporte marítimo desde y hacia dicha Región.
Con el sexto contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, sobre transporte de sustancias peligrosas.
Con el séptimo contesta un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a estudios que llevaron a la adopción del Plan Transantiago.
Con el último da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, mediante el cual solicita medidas para permitir que los vecinos de Villa Trinte, en la comuna de Los Sauces, accedan a las señales de la televisión abierta.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre factibilidad de asignar terrenos fiscales de la ciudad de Linares a la Unión Comunal de Organizaciones sobre la Discapacidad.
De la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por el cual responde un oficio dirigido en nombre de la Senadora señora Alvear, sobre protección de la actividad de los artesanos del país.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada, con el que contesta un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Alvear, acerca de autorizaciones para navegación de naves de turismo en las costas del país.
Del señor Subsecretario del Interior subrogante, mediante el cual responde un oficio despachado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a los proyectos "Comuna Segura" ejecutados durante los años que indica.
Del señor Subsecretario de Relaciones Exteriores subrogante, en que informa la entrada en vigor de Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de problemas de planes de empleo para comuna de Tomé.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo subrogante, por medio del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor García, sobre obras de cuartel de bomberos de la comuna de Loncoche.
Dos del señor Subsecretario de Pesca, con los que da contestación a igual número de oficios despachados en nombre del Senador señor Navarro, referidos a programas de empleo aplicados en las caletas Cocholhue, Lo Rojas, Los Bagres y Coliumo, y a naves de investigación pesquera.
De la señora Subsecretaria de Justicia subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor García, relativo a la Corporación San Cristóbal, de Temuco.
Del señor Subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Bianchi, sobre proyecto de agua potable y alcantarillado en sector Villa Andrea, de comuna de Punta Arenas.
Del señor Subsecretario de Redes Asistenciales, por el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, concerniente a reposición de ambulancias para consultorio general Belarmina Paredes, de comuna de Futrono.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Cantero, acerca de instalación de antena de telefonía celular en la ciudad de Antofagasta.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual da contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, relativo a los procesos judiciales existentes contra la ex Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad".
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, por el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a cruceros de turismo que recalan en puertos nacionales.
Del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Frei, sobre situación previsional de profesores jubilados de la ciudad de Ovalle.
Del señor Director Ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, en cuanto a estudio de impacto ambiental del proyecto "Embalse Puntilla del Viento", en la comuna de Los Andes.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, por el cual contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Frei, relativo a tarifas rebajadas para los adultos mayores en el nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Santiago.
Del señor Director Nacional de Aduanas, por el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand, referido a medidas adoptadas para evitar que se vulneren las bandas de precios aplicadas a la importación de harina.
Del señor Director Nacional de Pesca subrogante, mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, sobre denuncia de exterminio de lobos marinos y extracción ilegal de locos en sector de Bahía Zañartu.
Del señor Superintendente de Casinos de Juego, con el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Ávila, acerca del respaldo financiero de los proyectos de casinos aprobados.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Núñez, relativo a problemas que afectan a usuarios de la empresa Aguas Chañar S.A.
De la señora Directora Ejecutiva del Instituto de Fomento Pesquero, mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, sobre antecedentes técnicos que justifican el aumento de cuotas de captura de la pesquería nacional para el presente año.
Del Director Nacional subrogante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), con el que contesta un acuerdo del Senado referido a programas de capacitación destinados a soldados conscriptos.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores (SENAME), con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ávila, acerca del vínculo laboral de persona que indica.
Del señor Director de Vialidad subrogante, mediante el cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Frei, relativo a la construcción del puente Chapaco, en la comuna de Río Negro.
De la señora Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, con el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Allamand, sobre litigios judiciales que afectarían a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Del señor Director Ejecutivo subrogante de la Corporación Nacional Forestal, por el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor García, concerniente a las demandas de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF.
Del señor Director Nacional subrogante del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre funcionamiento de las estaciones sismográficas instaladas en la Undécima Región.
Del señor Director Ejecutivo subrogante de la Fundación Integra, con el que contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación que afecta al jardín infantil "Hielito Azul", de la comuna de O´Higgins.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte (SECTRA), por el cual responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, sobre estudios efectuados para adoptar el Plan Transantiago.
Seis del señor Secretario General de la Dirección General de Carabineros de Chile:
Con el primero responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de proyecto de reposición de Tenencia de Carabineros de comuna de Florida, en Región del Biobío.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor García, referido al Retén de Carabineros de la comuna de Teodoro Schmidt.
Con el tercero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Ávila, relativo a índice de delitos ocurridos durante 2006.
Con el cuarto responde un oficio despachado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a incremento de la delincuencia en la población Los Conquistadores, de la comuna de Angol.
Con el quinto da contestación a un oficio expedido en nombre del Senador señor García, relativo a la Tenencia de Carabineros de Puesco, en comuna de Curarrehue.
Con el último contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, referido a tráfico y microtráfico de drogas en villas y poblaciones del país.
De la señora Intendenta de La Araucanía, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bianchi, sobre Reserva Forestal Magallanes.
Del señor Intendente de la Región de Los Lagos, con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, relativo a problema que afecta a pequeños propietarios agrícolas de la localidad de Bellavista, en la comuna de San José de la Mariquina.
De la señora Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el que comunica la conformación de salas para el año 2007 e informa que, para el referido período, la Presidencia de dicho tribunal será ejercida por el Ministro señor Cornelio Villarroel Ramírez.
Del señor Contralor Regional de Valparaíso subrogante, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, sobre investigación de los programas del FOSIS en la Región de Valparaíso.
Del señor Fiscal del Ministerio Público de la Región de La Araucanía, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Espina y García, acerca de índice de delitos que se señalan.
Del señor Secretario Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, referido a inquietudes planteadas en Encuentro Intercomunal de Integración de Personas Discapacitadas Carahue-Saavedra.
Del Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región, con el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor García, sobre sistema de agua potable rural de localidad de Bolilche.
Dos del señor Secretario Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía:
Con el primero responde un oficio despachado en nombre del Senador señor García, sobre plaga de ratones que afecta a residentes de localidad de Labranza.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, relativo a práctica de estudiantes de enfermería en Hospital de Angol.
Dos de la señora Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo subrogante de la Región de La Araucanía:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor García, referido a ayudas a familias campesinas para construcción de casetas sanitarias.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor García, sobre programas de mejoramiento de viviendas.
Del señor Secretario Ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, con el que da contestación a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Frei, referido a obras en las escuelas Río Negro y Andrew Jackson, en comuna de Río Negro.
Dos del señor Director del Servicio de Salud de Antofagasta:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, concerniente a nómina de personas que se encuentran en lista de espera para obtener resolución de la COMPIN de la Segunda Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Cantero, sobre pago de licencia médica de persona que indica.
Tres del señor Director de Salud de La Araucanía Sur:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor García, referido a problemas de atención que sufrió una paciente en el Hospital de Puerto Saavedra.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor García, acerca de cierre del Pabellón de Cirugía del Hospital de Nueva Toltén.
Con el tercero da respuesta a un oficio despachado en nombre del Senador señor García, relativo a problemas acaecidos en el Hospital Regional de Temuco.
Del señor Director del SERVIU de la Región de Antofagasta, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, sobre adquisición de terreno por Comité de Vivienda que indica, en comuna de Antofagasta.
Del señor Director del SERVIU de la Región Metropolitana, con el que contesta un oficio dirigido en nombre de la Senadora señora Alvear, relativo a comodato de terreno en población Guatemala, de comuna de El Bosque.
Del señor Director del SERVIU de la Región del Biobío, por medio del cual responde un oficio despachado en nombre del Senador señor Navarro, referido al Programa de Pavimentos Participativos considerado para la comuna de Tomé.
Del señor Director del SERVIU de la Región de La Araucanía, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Honorable Senador señor García, sobre asesoría técnica para la creación de comités habitacionales de la localidad de Labranza.
Del señor Director del Servicio Nacional de Pesca de la Región del Biobío, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la asignación de recursos públicos para proyectos del sector pesquero artesanal.
Del señor Director de CONAF de la Región del Biobío, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, sobre gastos ocasionados con motivo de la extinción de incendios forestales.
Del señor Alcalde de Antofagasta, mediante el cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Cantero, relativo a tramitación de pensiones asistenciales que indica.
Dos del señor Alcalde de Temuco:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor García, sobre permiso de extracción de áridos.
Con el segundo responde un oficio despachado en nombre del Senador señor García, concerniente a subsidio familiar en localidad de Labranza.
Del señor Alcalde subrogante de Cholchol, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, sobre conexión de agua potable y alcantarillado a la sede del Club de Adulto Mayor Renacer.
Del señor Alcalde de Tomé, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, sobre gastos que demandó la extinción de incendios forestales en dicha comuna.
De la señora Jueza Presidenta del Juzgado de Familia de Angol, por el que contesta un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Espina y García, referido a información sobre causas conocidas por dicho tribunal en el período que indica.
Del señor Jefe de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual da contestación a un oficio despachado en nombre del Senador señor García, relativo a la creación de la comuna de Lican Ray.
Del señor Presidente de la Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez Occidente de la Región Metropolitana, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Cantero, concerniente al pago de licencia médica que indica.
De la señora Gerenta de División Canales del BancoEstado, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre proceso de selección de cajeros en dicha institución.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece estatuto laboral para los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas (boletín N° 3.014-13).
Nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto que modifica el decreto ley Nº 2.564, de 1979, sobre Aviación Comercial (boletín Nº 3.316-15).
Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de ley sobre información de transferencias de recursos públicos a terceros (boletín Nº 4.697-06).
Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad (con urgencia calificada de "simple") (boletín 4.722-06).
--Quedan para tabla
Moción
De los Senadores señores Letelier, Naranjo y Sabag, que incorpora al dominio municipal los terrenos cedidos para equipamiento (boletín Nº 4.878-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta
.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités, en reunión celebrada el día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto relativo a publicaciones del Código de Minería: hasta el lunes 12 del mes en curso, a las 12, y
2) Suprimir en la Cuenta la lectura de las respuestas a los oficios solicitados en Incidentes a las que no corresponda dar un trámite especial, pero hacerlas constar en la Versión Taquigráfica.
ACUERDO DE COOPERACIÓN CON TURQUÍA SOBRE ENTRENAMIENTO MILITAR, INDUSTRIA DE DEFENSA, TECNOLOGÍA Y CIENCIA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía sobre entrenamiento militar, industria de defensa, tecnología y ciencia", suscrito en Ankara el 19 de abril de 2004, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Defensa Nacional, e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca del quórum de votación de dicha iniciativa.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3919-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 7 de marzo de 2006.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 37ª, en 1 de agosto de 2006.
Hacienda, sesión 37ª, en 1 de agosto de 2006.
Defensa, sesión 84ª, en 16 de enero de 2007.
Constitución, sesión 84ª, en 16 de enero de 2007.
Discusión:
Sesiones 44ª, en 16 de agosto de 2006 (pasa a las Comisiones de Defensa y Constitución); 86ª, en 23 de enero de 2007 (queda pendiente su discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La relación de este proyecto se efectuó en las sesiones de 16 de agosto de 2006 y de 23 de enero del año en curso.
Cabe tener presente que el objetivo principal del Acuerdo de cooperación con Turquía es sentar las bases para el establecimiento inicial de las relaciones entre ese país y Chile en las áreas de entrenamiento militar, tecnología y ciencia.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo tanto en general cuanto en particular por 4 votos a favor (Senadores señores Muñoz Barra, Naranjo, Romero y Sabag) y uno en contra, del Honorable señor Coloma. Este último señor Senador manifestó que en el referido instrumento se establece una cláusula de confidencialidad y secreto con Turquía, por lo que, en su concepto, se requiere quórum especial para aprobar la iniciativa.
La Comisión de Hacienda, pronunciándose sobre la incidencia del Acuerdo en materia presupuestaria y financiera del Estado, aprobó el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Escalona, García, Novoa y Ominami), en los mismos términos en que lo hizo la de Relaciones Exteriores.
En sesión del 16 de agosto de 2006, la Sala acordó que el proyecto de acuerdo fuera informado también por la Comisión de Defensa Nacional, y además, que la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento absolviera una consulta relativa al quórum requerido para su aprobación.
La Comisión de Defensa Nacional, pronunciándose respecto a las materias de su competencia, aprobó el proyecto tanto en general como en particular por 3 votos a favor (Honorables señores Arancibia, Gazmuri y Prokurica) y uno en contra (Senador señor Coloma), en los mismos términos en que lo despachó la de Hacienda. El Honorable señor Coloma reiteró su opinión en orden a que el proyecto de acuerdo debe ser aprobado con quórum calificado, puesto que el artículo VII del Acuerdo regula materias relativas a cláusulas de confidencialidad.
Finalmente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, dando respuesta a la consulta formulada por la Sala, en una primera votación, con el pronunciamiento favorable de los Senadores señora Alvear y señores Letelier y Muñoz Aburto y el contrario de los Honorables señores Larraín y Prokurica, acordó que el proyecto de acuerdo debía ser votado como ley común. Posteriormente, reabierto el debate, se puso de nuevo en votación la consulta, y la Comisión, por tres votos a favor (Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz Aburto) y dos en contra (Honorables señores Kuschel y Larraín), resolvió que la iniciativa debe ser aprobada con quórum de ley común -esto es, por la mayoría de los Senadores presentes-, en atención a que no establece el secreto o reserva de ningún acto o resolución, ni de sus fundamentos, ni de los procedimientos para su adopción
.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Solicito autorización de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Guerra.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, que se encuentra en segundo trámite constitucional, tuvo su origen, por supuesto, en mensaje.
Mediante el Convenio de que se trata, las Partes reafirman su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando el hecho de que la cooperación respecto de diferentes materias militares debe llevarse a cabo sobre la base de los principios de soberanía e igualdad, todo lo cual contribuirá, no sólo a los intereses comunes de ambos países y a su eficiencia económica, sino también a la paz y seguridad mundiales.
Se consigna en el mensaje que el objetivo central del Acuerdo está orientado a sentar las bases para el establecimiento inicial de las relaciones entre ambos países en las áreas de entrenamiento militar, tecnología y ciencia, así como a determinar los medios para una cooperación entre las Partes.
Considera también el mensaje que el Convenio constituye un excelente medio para fortalecer y desarrollar la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas y las de Turquía.
Se plantearon en la Comisión de Relaciones Exteriores dos temas constitucionales, que debo señalar, en mi calidad de Presidente de ella y de Senador informante.
El primero se refiere a si el Convenio, en especial su artículo VII, sobre confidencialidad, podría estar en contradicción con el nuevo artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución, que consagra la regla de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado.
La Comisión, luego de analizar la norma y su historia, descartó tal aprensión, por estimar que se desprende del propio artículo 8º que cualquier excepción al principio de publicidad tiene que reunir dos condiciones copulativas. La primera, que debe establecerse por una ley de quórum calificado, y la segunda, que tal determinación se encuentre ajustada a alguna de las cuatro circunstancias que la citada disposición fundamental menciona taxativamente: que la publicidad afecte "el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.".
Respecto de la primera exigencia, la mayoría de la Comisión estimó que debe entenderse que cumplen estos requisitos los textos legales en vigor sobre materias que, conforme a la Carta, deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, los que seguirán aplicándose, en lo que no sean contrarias a ella, mientras no se dicten las correspondientes normativas, de acuerdo con la disposición cuarta transitoria de la Ley Fundamental.
En el caso en comento, el artículo 13 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, y el artículo 436 del Código de Justicia Militar se encuentran vigentes, de tal manera que la condición señalada se halla cumplida. Se añadió que, por tanto, existen cuerpos legales vigentes aplicables al secreto militar y que hacen excepción al principio de la publicidad.
En cuanto al otro requisito, esto es, el ajuste a una de las cuatro circunstancias mencionadas por el artículo 8º de la Constitución, se indicó que la "confidencialidad" o "información clasificada" a que se refiere el Artículo VII del Convenio es, evidentemente, una materia relativa a "la seguridad de la Nación o el interés nacional", más aún cuando, en la especie, se trata de un instrumento internacional de carácter militar.
El segundo punto planteado en la Comisión se refiere a que el Acuerdo debería ser aprobado con quórum calificado. Esto, porque el número 1) del artículo 54 de la Carta señala que los tratados han de reunir el quórum correspondiente al asunto sobre el cual recaen.
Respecto de este tema, la mayoría de la Comisión concluyó que algunas disposiciones vigentes (las ya mencionadas) consagran la no publicidad, como excepción a la regla general que recoge nuestra Constitución. Por lo tanto, el Convenio no haría más que aplicar una norma ya existente: no crea ni establece nada nuevo.
A mayor abundamiento, el propio Tratado hace una remisión a las preceptivas nacionales, pues dispone que se "respetarán las leyes vigentes sobre materias de seguridad". Obviamente, se refiere a las de cada país. Cada uno debe remitirse a su respectivo ordenamiento.
Al no haber consenso, este último aspecto fue sometido a votación. Los Senadores señores Naranjo y Sabag, así como el que habla, manifestaron que el proyecto no requería ser aprobado con quórum calificado, en tanto que el Honorable señor Coloma se pronunció en sentido contrario. El Senador señor Romero se abstuvo. El Honorable señor Coloma, además, hizo expresa reserva de constitucionalidad.
Puesto en votación el proyecto de acuerdo, fue aprobado en general y en particular por mayoría de votos (cuatro por uno) de los miembros de la Comisión.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Constitución por la controversia que originó el Artículo VII del Acuerdo de Cooperación, denominado "Información Clasificada", que en sus números 1 y 2 establece lo siguiente:
"1.-
Las Partes cumplirán los reglamentos sobre confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus funciones y respetarán las leyes vigentes sobre materias de seguridad.
"2.-
La información rotulada como clasificada por las Partes no podrá ser revelada a los Gobiernos, las compañías o las personas de otros países. La información clasificada sólo podrá ser revelada a terceros con el consentimiento por escrito de las Partes del presente. La información clasificada no podrá ser desclasificada, salvo con el acuerdo de las Partes.".
Luego vienen tres puntos más relativos a la misma situación.
Posición a favor de votar el proyecto de acuerdo
como ley de quórum calificado
En la Comisión de Constitución se registró una posición -correspondiente al voto de minoría- favorable a considerar que el proyecto de acuerdo debía ser votado como ley de quórum calificado.
Se señaló, como argumento, que el Artículo VII del Acuerdo de Cooperación obliga a las Partes a cumplir su normativa interna sobre confidencialidad de la información que obtengan en el desempeño de sus funciones. Dicha norma agrega que la información que las Partes califiquen como clasificada sólo podrá entregarse o transferirse por las vías designadas al efecto en el Acuerdo.
Se indicó que estas disposiciones deben analizarse a la luz de lo que preceptúa el artículo 8º de nuestra Carta Fundamental, que, concretando los principios de probidad y de transparencia, terminó con el secretismo en los actos de la autoridad y de los funcionarios públicos.
Afirman los que postulan la exigencia de un quórum especial que, desde luego, la aprobación misma del Acuerdo es un acto del Estado chileno y que, además, el mencionado Artículo VII instituye el secreto respecto de los actos que efectúen las Partes en ejecución del referido instrumento.
Concluyen de ello que, para satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 8º de la Constitución, vinculado con el número 1) del artículo 54 de ésta, el proyecto que aprueba un convenio internacional que incluye una norma que instaura el secreto, reserva o confidencialidad debe ser aprobado por la mayoría de los Senadores en ejercicio, esto es, con quórum calificado.
Descartan la aplicación, en la especie, de la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental, porque ella da por cumplido el requisito del quórum calificado pero con efecto retroactivo, no hacia el futuro. Observan que esa norma se aplica a las disposiciones de rango legal que establecieron el secreto o reserva antes de la entrada en vigencia del nuevo artículo 8º de la Ley Suprema, lo cual ocurrió el 26 de agosto de 2005.
Posición a favor de votar el proyecto de acuerdo como ley común
La mayoría de la Comisión estimó que el Artículo VII del Acuerdo de Cooperación no establece una regla nueva sobre secreto o reserva y que deba aprobarse con quórum calificado, sino que especifica que las normas nacionales de cada Parte contratante que rigen la materia recibirán plena aplicación en el ámbito del instrumento.
Se sostiene que, tratándose de los asuntos sobre los que versa el Acuerdo, el secreto ya se encuentra establecido en las leyes chilenas. Sobre el particular, el artículo 436 del Código de Justicia Militar dispone lo siguiente:
"Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:
"1.-
Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;
"2.-
Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia;
"3.-
Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley Nº 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y
"4.-
Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales.".
La información a que alude el Artículo VII, señor Presidente, no es un acto o resolución, ni tampoco un procedimiento. La confidencialidad de que se trata no está referida a un dato o antecedente específico y determinado, sino que se menciona con carácter genérico y en vinculación con la normativa interna de las Partes, para indicar que ellas deberán darle cumplimiento. Por lo tanto, la disposición contemplada no establece, a nuestro juicio y al de la mayoría de la Comisión, una reserva o secreto.
Ahora bien, si esa información constituye el fundamento del acto o resolución de una autoridad o funcionario chilenos, cobra plena aplicación lo preceptuado por el artículo 8º de la Carta y reiterado por el artículo 13 de la ley Nº 18.575.
Para que no sea así, el secreto o reserva debe estar consagrado por una ley anterior al 26 de agosto de 2005, fecha de publicación en el Diario Oficial de la ley Nº 20.050, o bien, debe establecerse mediante una ley aprobada por la mayoría de los Diputados y Senadores en ejercicio. El artículo 436 del Código de Justicia Militar es un ejemplo de la primera hipótesis.
Decisión
Ambas tesis coinciden en que la discrepancia es de orden formal y en que las materias contenidas en el instrumento en análisis son de aquellas que dicen relación a la seguridad de la nación o el interés nacional.
La diferencia entre las posiciones surgidas en torno al quórum de aprobación del Acuerdo de Cooperación Militar entre Chile y Turquía se circunscribe a determinar si las disposiciones de su Artículo VII establecen una nueva reserva o secreto de algún acto o resolución de órganos del Estado de Chile, o de sus fundamentos y procedimientos, o bien, no agregan nada a lo ya establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar.
En conclusión, señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por mayoría de tres votos contra dos, considera que el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía debe ser aprobado con quórum de ley común -esto es, por la mayoría de los Senadores presentes-, porque no establece el secreto o reserva de algún acto o resolución de órganos del Estado, ni de sus fundamentos, ni de los procedimientos para su adopción.
Esta materia fue discutida en dos oportunidades en la Comisión de Constitución, habiéndose votado en ambas, y se tomó la decisión recién descrita.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, ésta es la primera ocasión en la que el Congreso definirá el alcance del nuevo artículo 8º de la Carta, respecto de la naturaleza de la publicidad de los actos del Estado. Y lo hará a través de un Acuerdo de Cooperación entre Chile y Turquía sobre entrenamiento militar, industria de defensa, tecnología y ciencia, con relación a lo cual lo sustantivo del debate no estriba en el contenido del tratado mismo -tema que escapa de la preocupación exhibida en las largas discusiones-, sino en la forma constitucional en que deben resolverse los acuerdos que contengan actos secretos por parte de la autoridad.
Ahí radica la cuestión básica, que va más allá del proyecto. Se está construyendo la arquitectura del futuro rol del Parlamento con relación a los actos de Gobierno.
¿Dónde radica el tema de fondo que estamos analizando?
Sus Señorías tienen en sus escritorios el texto del Acuerdo y pueden leer el Artículo VII, sobre Información Clasificada. Dicha norma señala:
"1.-
Las Partes cumplirán los reglamentos sobre confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus funciones y respetarán las leyes vigentes sobre materias de seguridad.
"2.-
La información rotulada como clasificada por las Partes no podrá ser revelada a los Gobiernos, las compañías o las personas de otros países. La información clasificada sólo podrá ser revelada a terceros con el consentimiento por escrito de las Partes del presente. La información clasificada no podrá ser desclasificada," -profundizaré en ello más adelante, pues resulta muy relevante en la discusión- "salvo con el acuerdo de las Partes.".
Adicionalmente, el Tratado consagra que "Dicha información deberá llevar el rótulo de clasificación e indicar el estado de origen.".
Y dispone que "Las responsabilidades de las Partes continuarán con respecto a la prevención de la divulgación de información clasificada y su protección después del término del presente Acuerdo.".
¿Quiénes suscriben el instrumento? Los Gobiernos de Chile y de Turquía.
La primera cosa que debemos entender es que el Gobierno de Chile es, por esencia, quien realiza los actos públicos. Y si se suscribe un convenio como el que nos ocupa debemos tener presente que, para estos efectos, la Parte es, por esencia, el ente público de nuestro país.
¿Cuáles son las consecuencias del Acuerdo, respecto de la normativa chilena? Para el Estado, son de tres tipos.
Primero, cabe consignar el deber de reserva. ¿En qué consiste? En que debe abstenerse de revelar a sus nacionales materias que son objeto del instrumento. O sea, media una advertencia: "Señores, esto es reservado. La información que de ahí se deriva no es pública".
En seguida, le impone, en el número 2 del citado artículo, el deber de confidencialidad respecto de terceros, sean Estados o particulares.
Por lo tanto, en primer lugar tenemos el deber de reserva, que se aplica con relación a los nacionales; luego, el deber de confidencialidad, que dice relación a terceros, según la doctrina en esta materia.
Y, por último, le impide desclasificar la información que se califica como reservada, sin previa autorización del Estado de Turquía.
Lo mismo se aplica al Gobierno turco.
Este último efecto es importante, porque la argumentación entregada por el Presidente de la Comisión de Constitución apuntaba a que si esta circunstancia puede dar origen a un acto, entonces sí se trata de un proyecto que requiere quórum especial. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de que el Estado de Chile no puede desclasificar información por el carácter reservado que impone el Gobierno de Turquía.
Entonces, tenemos un Acuerdo, información clasificada, deber de reserva y deber de confidencialidad.
La pregunta que surge -y sobre esto debemos reflexionar, más allá de la contingencia- es si resulta legítima, al amparo del nuevo artículo 8º de la Carta, la existencia de actos públicos de carácter reservado o secreto. Ésa es la interrogante que dejo planteada en la Sala.
Si uno observa el artículo 8º de la Ley Fundamental, se encontrará con una primera señal en el sentido de que se consagra la publicidad y transparencia de las actuaciones de los órganos del Estado. O sea, todos los actos y resoluciones de éstos -entendemos que su naturaleza, para estos efectos, dice relación al Gobierno- deben someterse a la publicidad. Bajo esta norma uno podría sostener que un Gobierno no puede realizar actos secretos.
Sin embargo, el inciso segundo del mismo artículo permite una excepción. ¿Cuál? Textualmente, dispone que "sólo una ley de quórum calificado" -lo dice la Constitución, no el Senador que habla- "podrá establecer la reserva o secreto" -eso se hace mediante el presente Acuerdo- "de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.".
Entonces, ¿es exceptuable la norma general? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para ello? Tres, según se deduce de lo que he planteado.
El primero de ellos es la reserva legal. Sólo el legislador está habilitado para declarar como secretas o reservadas ciertas actuaciones del Estado. No puede hacerlo ni un Gobierno, ni una Oposición, ni un Parlamento, excluyentemente. Es el único -repito- que posee la facultad legal para declarar secreto un acto del Estado.
Segundo, media un requisito de quórum: se exige la aprobación de una ley de quórum calificado. Ello tiene la lógica de la naturaleza restrictiva de la reserva.
Para información de los estudiosos de la materia, debo señalar que este asunto fue discutido en el Congreso Nacional. Porque el proyecto original del Gobierno, cuando tuvo lugar la modificación de 2005, disponía una ley de quórum simple para establecer el secreto. Y el Parlamento, por iniciativa de la Cámara de Diputados, ratificada en el Senado, acordó, en cambio, la exigencia de una ley de quórum calificado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la reserva o la excepción al principio motor de la publicidad de los actos del Estado requería, no una mayoría circunstancial, sino una ley de quórum especial. O sea, ésta fue una de las materias que el Parlamento cambió para darle mayor formalidad y seriedad a la excepción de la publicidad de los actos de Gobierno.
Y, por último, se demandan causales calificadas. Y se señalan cuatro alternativas.
Entonces, si se quiere suscribir este Acuerdo con una cláusula de reserva, debe comprobarse que se satisfacen las exigencias necesarias.
Ahora bien, la reserva legal se cumple desde la perspectiva de que el Acuerdo se está aprobando como ley. Y la causal calificada se vincula con el hecho de que el Gobierno planteó que el asunto tiene relación con la seguridad y el interés nacionales.
Obviamente, cabe definir cuál es el quórum requerido y si éste se reúne o no. Y aquí nos damos cuenta de que ello no es así, toda vez que se pretende aprobar el proyecto de acuerdo mediante la votación de una ley simple.
¿Qué significa esa votación? Que, para todos los efectos constitucionales, no se cumple el requisito para exceptuar de la publicidad de los actos de Gobierno.
Aquí radica el punto que, desde mi perspectiva, está meridianamente claro: existe un principio de publicidad, propio de un régimen republicano y democrático; sólo pueden contemplarse exclusiones a través de una ley de quórum calificado, y todo ello es garantía sustantiva de los ciudadanos. Y al no respetarse tal condición se vulnera el número 1) del artículo 54 de la Carta, al aprobarse un proyecto de acuerdo con una mayoría distinta de la requerida.
Escuché y leí con atención los argumentos -se trata de discusiones legítimas en el ámbito parlamentario- respecto del porqué no cabe exigir una ley de quórum especial. Ellos son de dos tipos.
El primero apunta a que esta materia se halla dentro del ámbito del Código de Justicia Militar, como lo acaban de manifestar algunos señores Senadores. Y se recuerda que la disposición cuarta transitoria de la Carta, textualmente, dispone: "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales". O sea, se razona en el sentido de que, como existe una ley anterior a 2005 -año en que se publicaron las reformas a la Constitución-, entonces se validaría el quórum de cualquier iniciativa que la modifique, porque así lo dispuso la disposición cuarta transitoria.
Pienso que ello es, objetivamente, un error, porque el propósito de dicha norma -y cualquiera puede leer las actas- fue que las leyes anteriores que contenían secretos no tuvieran que pasar de nuevo por un régimen de ratificación constitucional, sino que se entendían saneadas hacia atrás. Eso estableció claramente el precepto y en ese sentido se entendió.
En consecuencia, pretender, porque fue saneada determinada ley, que todo proyecto que la modifique requiera quórum simple y no calificado implica destruir el artículo 8º de la Carta Fundamental respecto de la publicidad y reserva de los actos de Gobierno. O sea, se acabaría todo, pues al final todo tiene que ver con una legislación anterior. Entonces, es muy fácil decir: "Se modifica el Código de Justicia Militar, pero queda validado por tal o cual motivo, debido a que se aprobó antes de 2005". Objetivamente no entiendo que ello pueda constituir una fórmula de exclusión.
La otra argumentación que se ha dado indica que el artículo 436 del Código de Justicia Militar ya dispone esta reserva tocante a alguna información castrense. Sin embargo, quiero recordar a quienes así lo sostienen -he estudiado el tema- que todo lo relativo a dicho cuerpo legal, en ese aspecto, busca definir los documentos secretos sólo para fijar la competencia de los tribunales militares respecto de los delitos de traición y espionaje. Así lo establece el mencionado Código. No tiene que ver con el secreto propio de un tratado internacional sobre ciencia y tecnología, como es el que se busca con Turquía.
Entonces, se pretende usar un artículo del Código de Justicia Militar, que establece lo que es un documento secreto para determinar si hay delito de traición o de espionaje -que no cabe aplicar en esta materia-, para sanear la falta del quórum calificado que consagra la disposición de la Carta Fundamental que estamos discutiendo.
Por eso, señor Presidente, me parece que sería un error constitucional de esta Sala -tenemos un acuerdo sustantivo en el contenido de fondo- permitir secretos en convenios internacionales sin la exigencia del quórum fijado en el artículo 8º de la Constitución.
Reconozco que he puesto pasión en el análisis de esta materia, cuya discusión se ha extendido quizá más de lo necesario. Llevamos varios meses debatiendo el asunto. Pero se trata de un tema muy importante: ¿Vamos a ejercer un rol para exigir la publicidad de los actos de Gobierno o entregaremos esa tarea a lo que una mayoría circunstancial pueda plantear en determinado momento?
Por lo tanto, solicito a la Mesa que declare que este proyecto de acuerdo debe aprobarse con quórum calificado, que es lo que corresponde. Si así no ocurriere, anuncio que un grupo de Parlamentarios recurriremos al Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 93 de la Carta, para que declare la inconstitucionalidad del proyecto, en función de los artículos 8º y 54, por no haberse cumplido los requisitos para la excepción de la iniciativa en debate.
Señor Presidente, como no sé si Su Señoría someterá a votación el tema del quórum -eso depende de la Mesa-, a todo evento, antes de votar el proyecto de acuerdo pediré su postergación hasta la sesión de mañana, conforme lo dispone el Reglamento. Si bien no hay inconveniente reglamentario en solicitar esto, quiero explicar por qué lo hago.
En el análisis y redacción de este aspecto de fondo, a los efectos del procedimiento para recurrir ante el Tribunal Constitucional, nos hemos encontrado con dos elementos: primero, se debe dejar constancia de cómo uno va a recurrir, que es lo que estamos haciendo ahora mediante la definición de los argumentos, y segundo -esto no ha pasado antes-, se procede según el artículo 93 de la Constitución en lo relativo a los convenios sometidos a la aprobación del Parlamento, como en este caso. Dicha norma dice que el plazo para recurrir es antes de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional.
Acabo de consultar al señor Secretario General cuándo debería salir dicho documento. Y como éste es un organismo eficiente, me respondió que lo más probable es que se envíe hoy mismo. Entonces, ocurriría la curiosa situación de que tengo que dejar constancia de los argumentos, transcribirlos en el formulario correspondiente, para presentarlo en Santiago antes de que llegue la comunicación referida, si se aprueba la iniciativa.
Por ello, la fórmula que me parece más razonable es dar la explicación del caso y pedir la postergación de este asunto para mañana, pues ése es el período que se necesita para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Para ese efecto, pido segunda discusión.
En resumen, señor Presidente, se trata de un tema que va más allá del Convenio entre Chile y Turquía. Tiene que ver con las facultades del Parlamento y con cómo se entienden las obligaciones respecto del secreto de los actos de Gobierno.
Votar el proyecto de acuerdo sin requerir quórum especial, desde mi perspectiva, sentaría un mal precedente para cautelar la publicidad de los actos de Gobierno y validar sus excepciones, las que, como tales, no deben constituirse en reglas generales
.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, la discusión llevada a cabo en la Comisión de Relaciones Exteriores -entiendo que así también ocurrió en la de Constitución- se refirió, más que al contenido, al quórum con que se debe aprobar el Acuerdo de Cooperación entre Chile y Turquía sobre entrenamiento militar, industria de defensa, tecnología y ciencia.
En general, una mayoría bastante grande aprueba lo que el Tratado propone, porque se entiende que va en beneficio de nuestro país al satisfacer necesidades de cooperación del Ministerio de Defensa y de nuestras Fuerzas Armadas.
1.-
En el Senado se ha debatido la relación del Artículo VII del Acuerdo, relativo a la información clasificada, con el artículo 8º de la Constitución, referido a la publicidad de los actos de los órganos del Estado, a los efectos de determinar el quórum con que debe aprobarse el Tratado.
2.-
Sin duda, se trata de una materia opinable, sobre la cual se han hecho varias interpretaciones. Al respecto, me parece importante tener claro qué dice el mencionado Artículo VII:
"INFORMACIÓN CLASIFICADA
"1.-
Las Partes cumplirán los reglamentos sobre confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus funciones y respetarán las leyes vigentes sobre materias de seguridad.
"2.-
La información rotulada como clasificada por las Partes no podrá ser revelada a los Gobiernos, las compañías o las personas de otros países. La información clasificada sólo podrá ser revelada a terceros con el consentimiento por escrito de las Partes del presente [Acuerdo]. La información clasificada no podrá ser desclasificada, salvo con el acuerdo de las Partes.
"3.-
La información clasificada podrá ser transferida sólo por vías intergubernamentales o mediante canales aprobados por las Autoridades de Seguridad Designadas (ASD) de las Partes. Dicha información deberá llevar el rótulo de clasificación e indicar el estado de origen.
"4.-
Las responsabilidades de las Partes continuarán con respecto a la prevención de la divulgación de información clasificada y su protección después del término del presente Acuerdo.".
En síntesis, el numeral 1 se remite a la legislación y reglamentación interna de cada uno de los Estados en lo relativo a la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus funciones o en la implementación del Acuerdo.
El número 2 establece que la información clasificada intercambiada sólo podrá ser revelada a terceros con el consentimiento escrito de las Partes. Esto es de toda lógica. Así se ha operado en los tratados sobre este tipo de materias. Es natural que, producto de la cooperación, se den situaciones en que algún Estado quiera revelar información a terceros, para lo cual, necesariamente, debe solicitar la autorización de la contraparte.
3.-
A su vez, el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política establece lo siguiente: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.".
4.-
Por lo tanto, hay que analizar, en primer término, si la información clasificada sobre materias militares entre Chile y Turquía cabe dentro del concepto de actos o resoluciones de los órganos del Estado de Chile.
A mi juicio, hay que descartar de dicho concepto la información clasificada turca que se transfiera a Chile y que éste se compromete a no revelar, a menos que cuente con el consentimiento escrito de Turquía. Esto es evidente: no son actos de órganos de nuestro Estado los que provienen de Turquía. Esa entrega de información es un acto proveniente del Estado turco y no del chileno. Por lo tanto, aplicar dicha disposición.
Cabría analizar enseguida la situación inversa: la información clasificada chilena que se transfiera al Estado turco. Si ella es de fuente privada, evidentemente no le es aplicable el artículo 8º, que se refiere a "actos de órganos del Estado".
Si, por otro lado, se tratare de información que es producto de la labor conjunta de Chile y Turquía -es decir, del trabajo de cooperación entre las dos Partes en la implementación del Tratado-, que parece ser el objeto esencial de la norma analizada, tampoco le sería aplicable el artículo 8º, porque éste se refiere a los actos de los órganos del Estado de Chile y no a un producto que nace de la cooperación entre dos países.
Si, por el contrario, se tratare de información originada únicamente por un órgano del Estado chileno, sería del caso considerar que la simple entrega a otro Estado de una información como la señalada no califica per se como acto o resolución de los órganos del Estado de Chile, ya que aquélla no está destinada a regular el buen gobierno de la comunidad nacional, sino a cumplir un compromiso alcanzado con un Gobierno extranjero en el marco de una cooperación recíproca.
5.-
Ahora bien, en el evento de que llegara a sostenerse que podría considerarse como "acto de un órgano del Estado", cabría analizar cuál es el régimen jurídico aplicable hoy en Chile a una información clasificada de carácter militar que se transfiere a otro Estado.
a) Aquí es donde resulta pertinente referirse -ya lo han hecho algunos Honorables colegas- al artículo 436 del Código de Justicia Militar, que califica como documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas. Huelga decir que la información clasificada originada por un órgano del Estado de Chile en el marco del Acuerdo se inscribe claramente en la norma recién referida.
Esa disposición del Código de Justicia Militar, para estos efectos, debe entenderse cumpliendo el requisito del artículo 8º relativo a que el secreto tiene que establecerse en virtud de una ley de quórum calificado, según lo señala la Disposición Cuarta Transitoria de la Carta Fundamental, que dice: "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.".
b) A mayor abundamiento, aun cuando la disposición anterior no existiese, igual podría recurrirse al artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, norma que debe entenderse tal como la anterior, en el sentido de que cumple con el quórum requerido y que faculta al Jefe de Servicio a no revelar una información secreta, argumentando que se afecta la seguridad de la nación o el interés nacional. Obviamente, puede estimarse que la divulgación no autorizada de una información clasificada en materia militar afecta la seguridad de la nación o el interés nacional.
6.-
En conclusión, señor Presidente, la única hipótesis de eventual aplicación del artículo 8º de la Constitución se referiría a información clasificada proveniente del Estado chileno y transferida a Turquía -ya hemos establecido claramente que en el caso inverso dicha aplicación no procede-, información que ya tiene el carácter de secreto en virtud de las disposiciones legales vigentes, mediante las cuales se cumple para estos efectos con la exigencia constitucional de tratarse de leyes de quórum calificado.
7.-
Por lo tanto, a mi juicio, la aprobación de este instrumento requiere quórum simple y no quórum calificado, puesto que a este Acuerdo no le es aplicable el artículo 8º, por no constituir la información intercambiada actos o resoluciones de los órganos del Estado de Chile.
Ahora bien, incluso en el caso de que se le diera una interpretación amplia a la expresión "actos del Estado de Chile", incluyendo en ella la información proveniente únicamente de órganos del Estado de Chile que se transfiere a Turquía, tampoco sería necesario aprobar este proyecto de acuerdocon por quórum calificado, dado que en tal caso no están establecidos como secretos determinados actos de órganos del Estado chileno, pues sólo se les reafirma un carácter que ya poseen, en virtud de lo dispuesto en la legislación aplicable.
Señor Presidente, esta discusión ha sido larga y, sin duda, interesante, pero no debiera modificar el criterio de que este tipo de acuerdos (en materia de confidencialidad o de información clasificada, y en la forma como cada Estado los implementa y resguarda sus intereses o el producto de un trabajo conjunto) deben ser votados con quórum simple. Y ésa es la opinión que hemos expresado también en la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, la verdad es que este asunto ha sido bastante discutido en varias Comisiones del Senado.
Mi impresión es que respecto de las cuestiones sustantivas no ha habido desacuerdo, por lo menos hasta ahora. Con "cuestiones sustantivas" me refiero, fundamentalmente, a dos cosas.
La primera es la utilidad de firmar este Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa. Chile tiene convenios de este tipo con muchos países. En Turquía existe un régimen democrático con el que tenemos relaciones normales; por eso, es completamente razonable suscribir dicho Tratado. Además, es útil desde el punto de vista de requerimientos prácticos y concretos de la Defensa Nacional.
Y la segunda es que -y nadie está en desacuerdo con ello- en los ámbitos de defensa y seguridad hay determinados asuntos que caen bajo la norma de la reserva. Eso se halla establecido de manera clara en la reforma constitucional que hicimos sobre la transparencia de los actos de la Administración. O sea, nadie discute que respecto de la Defensa Nacional existen informaciones que están sujetas al régimen de reserva, lo que se contempla explícitamente en la Constitución. En esto no se añade nada nuevo. Y es razonable también que, si se genera información secreta en la cooperación entre dos países, aquélla se restrinja a esos Estados y no sea entregada a terceros, sean gobiernos, instituciones o empresas.
Lo anterior no significa, por ejemplo -como me ha consultado un señor Senador-, que los órganos del Estado chileno no puedan conocer esas informaciones. De hecho, cada vez que el Congreso Nacional, y particularmente las Comisiones encargadas de los temas de defensa, ha requerido información secreta, ella ha sido entregada, con apego a las normas de reserva que tiene el Parlamento para funcionar, como son las sesiones secretas.
Por tanto, no hay aquí un debate acerca de cuestiones sustantivas, sino, básicamente, sobre el procedimiento y la técnica legislativa y constitucional empleados a efectos de determinar cuál es el quórum requerido. Ése es el punto que nos ha tenido ocupados. Y, en términos prácticos, no sé cómo se va a resolver el asunto, porque cuando votemos la iniciativa lo más probable es que se alcancen ambos quórums: el calificado, que según una versión sería el necesario, y obviamente, también el simple, que es el que sostenemos la mayoría.
Ésta es una discusión muy interesante, en la que se ha puesto mucha pasión; pero en el proyecto de acuerdo de que se trata no tiene efectos prácticos. Sí los tendría en tanto se marca un precedente, pues en otras iniciativas similares podría no alcanzarse el mismo grado de acuerdo en los asuntos sustantivos.
El señor LARRAÍN.-
Eso es.
El señor GAZMURI.-
Porque aquí estamos discutiendo un tema donde, por lo menos hasta ahora, nadie se ha opuesto. Puede que alguien piense que es inadecuado firmar un Convenio de cooperación militar con Turquía -eso sería una diferencia sobre el contenido- o que sería mejor que instrumentos como éste no contemplaran elementos de reserva. Pero nadie ha planteado eso todavía.
Ahora, para que conste en el registro de esta discusión, quiero decir que reafirma la opinión que di en la Comisión de Relaciones Exteriores el informe de mayoría de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, órgano técnico al que resolvimos pedirle que estudiara la controversia, en el sentido de que en el país ya hay legislación que establece la reserva en cuestiones que tienen que ver con la Defensa Nacional. Eso ya está, ya existe.
El señor COLOMA.-
Se pide un quórum...
El señor GAZMURI.-
Y, por tanto, estamos amparándonos en esa legislación, esto tiene obviamente, a mi juicio, trámite y quórum de ley simple.
Creo que estamos realizando este debate sólo para la historia de la ley, pues tendremos que volver a él si surge alguna diferencia sustantiva sobre la materia. Además, no veo cómo se pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad respecto de un proyecto de acuerdo que será aprobado, seguramente, con la votación necesaria.
Por ello, considero que la discusión es apasionante pero poco práctica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, resulta por lo menos curioso que el único interés que suscita el Acuerdo en comento, desde el punto de vista de la discusión, se refiera a materias estrictamente formales. El contenido pasa por completo inadvertido.
Algunos no somos especialistas en esta materia. Quienes han tenido la suerte de participar en el debate de la Comisión respectiva quizás sepan explicar las razones de fondo que motivan al Gobierno y, específicamente, a las Fuerzas Armadas a celebrar un Tratado de esta naturaleza con Turquía.
En los antecedentes se lee que las ventajas que se podrían conseguir mediante este Convenio radican, por una parte, en que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener entrenamiento en el desierto de ese país, como si el nuestro fuera pequeño; y por otra, en que los pilotos de la FACH tengan la posibilidad de entrenarse en los F-16.
Pues bien, nosotros hemos adquirido esa clase de aviones en Estados Unidos, con un costo extraordinariamente alto. Y se supone que quien los provee debe estar en condiciones de brindar el entrenamiento respectivo. Además, no vislumbro elemento alguno que permita suponer que dicho país negará a Chile la asesoría necesaria para operar tales aeronaves.
La verdad es que hemos firmado tratados de libre comercio; que las políticas que sigue nuestro país son de pleno agrado de Estados Unidos, y que ya nos hemos convertido en el niño mimado de la región. Entonces, tampoco percibo que por ese lado pudieran existir incertidumbres.
Ahora, si este Tratado se justificara en función de relaciones públicas internacionales de nuestras Fuerzas Armadas, quizás sería más comprensible. O, por último, en una línea de intercambio turístico. Pero me resulta francamente difícil de asimilar que se den ventajas objetivas en este tipo de acuerdos con Turquía.
Además, ¿cuáles son las consideraciones técnicas o profesionales que han movido a impulsar un convenio de esta naturaleza? Me gustaría mucho oír una explicación al respecto.
Mientras no tenga una convicción plena en la dirección que indico, creo difícil que pueda votar a favor de un acuerdo de esta índole.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero hacer un alcance respecto de la última intervención.
En verdad, el debate de fondo sobre este Tratado lo tuvimos algunas sesiones atrás. Y no es ésa la discusión que estamos realizando, sino la referente a la naturaleza de este proyecto de acuerdo para los efectos de definir el quórum con que debe ser aprobado.
El señor COLOMA.-
Claro.
El señor LARRAÍN.-
El contenido, el fondo del Tratado, ya se debatió. Por eso estamos realizando una discusión jurídica que a algunos les podrá parecer trivial, pero que no lo es. Me parece que se trata de una definición bastante sustantiva. Y a eso me referiré en forma muy breve, pues deseo enfatizar solamente un punto.
Cuando se incorporó a nuestra legislación el principio de publicidad y transparencia de los actos y resoluciones de los órganos estatales, se dio un paso que implicó un avance muy significativo. Se recogió en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado mediante una indicación que presentamos en su minuto, y constituyó, por ello, un paso adelante en la transparencia a que todos aspiramos para el país.
No obstante, ese legítimo orgullo de haber aprobado tal legislación tocó fondo muy luego. Ello, porque las excepciones que permitían la reserva, secreto o confidencialidad se podían establecer por reglamento: no por consideraciones generales, ni mucho menos por una ley, sino por la vía de un reglamento. Y el país pudo ver cómo, por distintas razones, se dictaron infinidad de decretos a través de los cuales se determinaba que una parte muy importante de los distintos servicios públicos poseía información reservada o secreta. Se llegó a tal extremo que, al final, la excepción se convirtió en regla general.
Por tal motivo, cuando se discutió la reforma a la Carta Fundamental, formulamos una indicación para corregir ese problema y establecer tal principio a nivel constitucional; y muy particularmente, para que las excepciones a él se determinaran mediante una ley. Incluso, antes de que dicha reforma fuese aprobada por el Congreso y promulgada como norma básica de la República, junto con el Senador señor Gazmuri presentamos una iniciativa legal a fin de garantizar el acceso a la información pública, corrigiendo la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado e impidiendo que a través de los reglamentos se burlara el principio de publicidad y transparencia. Solo entonces habremos instaurado de verdad en Chile la transparencia, porque hemos reservado a la ley -en la reforma constitucional se precisó que fuera de quórum calificado y no simple; es decir, se exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras- la protección y la definición de cuándo los conceptos que allí se consignan -como la seguridad nacional o los derechos de las personas- pueden ser considerados reservados o secretos.
Por lo tanto, logramos dar un paso adelante cualitativo para asegurar que el principio de transparencia se hiciera realidad; y hemos entregado al legislador la responsabilidad de hacerse cargo, mediante un quórum elevado, cuando ese principio o norma se puede vulnerar.
Por eso, esta larga batalla que hemos estado dando para asegurar la transparencia en el país -y probablemente tiene que seguir avanzando en muchos ámbitos para terminar con el secretismo que ha sido tradición, no digo de éste, sino, en general, de muchos Gobiernos a lo largo de décadas- ha logrado disipar el problema.
No me parece que en la tramitación de un tratado, por muy menor que parezca su contenido específico, se pretenda vulnerar lo alcanzado después de una larga discusión jurídica que logramos ganar todos cuando instauramos en la Constitución que la reserva o secreto se establecerá sólo mediante ley de quórum calificado, y olvidemos dicha discusión y aprobemos un acuerdo con cualquier mayoría. Porque no parece relevante en este caso la entrega de información confidencial que en él se garantiza.
Eso lo estimo esencial. Por ello hemos puesto tanto énfasis en la materia.
No se trata de cuestionar este tipo de acuerdos -por lo menos estas bancadas han aprobado su contenido específico siempre, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado-; pero no podemos dar el paso mientras no tengamos garantizado el quórum. De lo contrario, estaríamos rompiendo lo que nos ha costado construir después de muchos años: que el principio de transparencia se respete, sea real, y que las excepciones se determinen mediante leyes de quórum calificado.
Si un convenio internacional establece entrega de información confidencial -como dice la Constitución, los tratados deben ser aprobados según las materias de que trata- y contiene asuntos de ley orgánica constitucional, requiere, según el artículo 66 de la Carta, el quórum correspondiente. Pero, si se refiere a cuestiones de quórum calificado, debe aprobarse con esta mayoría.
Eso es lo que estamos proponiendo y postulando. ¿Por qué? Porque el Tratado, en su artículo VII, establece la Información Clasificada, la confidencialidad de esa información y la forma como ésta se entrega. Incluso señala cuándo se puede revelar y cuándo no. La regula, y lo hace bien.
Tampoco estamos objetando el artículo VII. Lo que decimos es que éste dispone la existencia de información reservada o secreta y la forma como ésta se entrega en un intercambio entre ambos Estados. Y lo entendemos dentro de los intereses de la seguridad nacional, y por eso valoramos y aprobamos esta determinación en lo sustantivo.
Pero no podemos pensar que ésta no sea una información de aquéllas reguladas en el artículo 8º de la Carta Fundamental. Porque, entonces, nos estaríamos haciendo trampa en el "Solitario".
¿Para qué establecimos este principio de transparencia? ¿Para qué esta batalla por lograr en la Constitución la prohibición a través de una ley de excepción que permita abrir espacios a la reserva o secreto de una norma, cuando aquí lo estamos realizando? ¿Queremos borrar con el codo lo que escribimos con la mano ayer?
No logro comprender qué estamos haciendo. Entiendo que en el Congreso y en el Senado hay completo consenso en la necesidad de que haya transparencia, y que estamos todos de acuerdo en que las materias consideradas secretas o reservadas se establezcan por una ley de quórum calificado. No hay discusión sobre ello. También lo estamos en que, además, cualquier norma que contenga materias con estos contenidos -como un tratado- tenga que ser aprobada con tal quórum.
¿Cuál es el problema, entonces, de fijar el precedente? Nosotros hemos sido los autores de esta norma. Ésta no se originó en el Ejecutivo. Fue producto de la discusión parlamentaria. Recuerdo a Sus Señorías que la reforma constitucional fue iniciada en dos proyectos, uno emanado de Senadores de la Alianza, y otro, de algunos de la Concertación. Ambos se referían a la búsqueda del principio de transparencia.
Por lo tanto, si estamos de acuerdo en lo sustantivo, ¿cómo no establecer el precedente en esta primera oportunidad que tenemos para hacerlo? De lo contrario, vamos a abrir de nuevo una ventana o sombra de dudas respecto de nuestra voluntad real sobre la transparencia.
No estamos cuestionando el fondo, sino una cosa que nos parece importante: fijar, cada vez que podamos, hasta cambiar de frentón esta cultura del secretismo -que de alguna manera podría quedar amparada-, el criterio de quórum calificado, como corresponde en términos constitucionales.
Me parece que de esa dimensión es el debate que estamos teniendo. No es menor.
No queremos obstaculizar las actuaciones de la Cancillería. Nos damos cuenta de que ésta cada vez entra en mayores contactos e intercambios y tiene que suscribir distintos tipos de acuerdos. Tampoco pretendemos que todos tengan que pasar por el Parlamento, sino sólo los que deben ser objeto de ley.
Pero, cuando se trata de cuestiones que tengan carácter reservado o secreto, ahí sí queremos ser inflexibles. De lo contrario, habremos establecido solamente para la galería este principio de transparencia, porque nosotros mismos no lo estamos respetando.
Es todo lo que queremos, señor Presidente. Es lo que, extendida y detalladamente, ha analizado y planteado el Senador señor Coloma y que nosotros queremos reafirmar.
En la Comisión de Constitución así lo establecimos. Y por eso hemos pedido que definamos que se trata de una materia de quórum calificado. Porque nos parece la oportunidad de dar testimonio de que sobre ella vamos a tener un criterio restrictivo. Porque así es como se establecen las excepciones. Éstas no se pueden interpretar en forma genérica, porque, entonces, dejan de tener ese carácter. Se tienen que interpretar de manera restrictiva. Y, por lo tanto, el criterio restrictivo hace que, cuando haya dudas, se aplique en forma excluyente.
Por eso insistimos: ésta tiene que ser considerada materia de quórum calificado, para respetar el principio que nos ha costado mucho establecer. Hoy día se halla en la Constitución -estamos orgullosos de eso-, y no corresponde que en la primera oportunidad hagamos sombra respecto de lo que fue difícil de conseguir.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora BLANLOT (Ministra de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, en forma muy sucinta, quiero recordar que, en efecto, éste es un Acuerdo que tiene gran importancia para el sector de la Defensa Nacional.
En primer lugar -solamente abordaré un par de puntos que me parecen importantes-, ¿por qué Turquía? Porque, en la forma como organiza su defensa, ese país tiene ciertas similitudes con el nuestro. Es la más próxima al Medio Oriente de todas las naciones afiliadas a la OTAN. Ha llevado a cabo una defensa robusta, en materia terrestre, que a nosotros nos interesa por lo que voy a decir a continuación. También está desarrollando su Fuerza Aérea más o menos en la forma como nosotros queremos hacer con la nuestra.
Por eso Turquía.
¿Qué es lo que más nos interesa? Lo que más nos interesa es la cooperación en cuanto a la industria de la defensa. ¿Por qué razón? Porque el nivel tecnológico de Turquía, sus necesidades de suplementar repuestos y partes y las formas de mantenimiento de sus propios materiales son muy similares a los nuestros. Pero tienen una industria de la defensa muchísimo más evolucionada. Y nos ofrecen, a través de este Acuerdo, la posibilidad de desarrollar nuestra propia industria a niveles superiores a los que tenemos hoy día, colaborando en proyectos conjuntos.
Ése es un tema prioritario para nosotros.
Hay otras razones, pero no las quiero enumerar aquí. Porque hago fe de que, a pesar de que durante varios meses sólo se ha discutido el tema formal, todo el Senado está convencido de que éste sí es un Tratado prioritario para nosotros.
No soy abogado, y por lo mismo quizás tengo menos argumentos jurídicos. Pero durante la discusión he escuchado atentamente cuáles se dan a favor y cuáles en contra.
Sigo entendiendo que el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución se refiere básicamente a la exigencia de transparencia en los actos de los órganos del Estado. Y asimismo dice que se podrá establecer la reserva o secreto de la información sólo mediante una ley de quórum calificado.
¿Por qué es importante la palabra "establecer"? Porque en este Acuerdo no se está determinando la reserva o secreto de alguna información que no sea ya considerada reservada o secreta en la propia legislación vigente hoy día en el Estado chileno. Por lo tanto, no se está adjudicando la característica de reservada o secreta a ninguna información que no lo sea actualmente. Entonces, respecto del Acuerdo en sí mismo, no hay razón alguna para que sea votado con un quórum diferente al correspondiente a una ley simple.
Si uno revisa el detalle sobre qué tipo de información proveniente de Turquía debe respetarse cuando este Tratado se implemente, puede advertir que probablemente alguna sea reservada y otra no. La información reservada o secreta chilena tiene tal carácter según la legislación actual. Aquí no se va a crear nueva información ni se atribuirá la condición de secreta o reservada a ninguna que hoy día no lo sea.
Entonces, me parece que tenemos un proyecto que permitiría llevar adelante un Acuerdo importante para la Defensa Nacional, que fue firmado por los dos países en 2004, que entró a discusión parlamentaria en 2005, y estamos en 2007 sin que nos sea factible decir al Estado turco que nuestro Congreso lo ha ratificado y que podemos seguir adelante
.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, considero que éste es un asunto en que las exposiciones pueden parecer formales y donde quizá no le hayamos puesto un acento particular a la cuestión de fondo.
Quiero iniciar estas breves palabras señalando que yo sí le doy mucha importancia a un Tratado con Turquía, porque creo que las condiciones y características de ese país y del nuestro permiten perfectamente cierta homologación de situaciones y planteamientos, en materia de Defensa, que difícilmente se pueden encontrar en otras naciones.
Sin embargo, más allá de esa coincidencia con la señora Ministra de Defensa -que expreso formalmente-, en mi opinión, tenemos un principio muy fundamental que observar por encima del asunto de fondo, que es el Tratado mismo. Esta solemnidad, esta formalidad -o como queramos denominarla-, reviste mucha importancia.
Y siento que este debate, en alguna medida, pone en duda un principio al que nosotros como Senado nos hemos adscrito desde hace un tiempo.
Creo que el principio de la publicidad de los actos y las resoluciones de los organismos del Estado no sólo ha de ser apoyado y respaldado, sino que debemos ser muy coherentes y consecuentes con su aplicación, particularmente en la Cámara Alta.
Me parece que el tema de fondo puede ser subsanado una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie de una u otra forma. Si acoge los planteamientos que se formulen en la reserva de constitucionalidad anunciada por el Senador señor Coloma, deberíamos comprometernos a buscar una salida rápida, un fast track -o como quieran llamarlo-, para resolver la cuestión de fondo y salir adelante. Si no fuese así, no existiría ningún problema porque en la práctica estaríamos frente a un Tratado respecto del cual dicho organismo no habría objetado ni acogido esa reserva.
En todo caso, considero que debemos ser muy coherentes con lo que hemos hecho en esta Corporación. El artículo 8º de la Constitución Política nació en el seno de la Cámara Alta, razón por la cual debemos defender una posición que en cierta forma nos ha generado una imagen frente a la opinión pública. Hace ya mucho tiempo que hemos dado el ejemplo como Senado: terminamos con las sesiones secretas y fuimos los de mayor avanzada en estas materias.
Por lo tanto, no me gustaría que, por el hecho de demorarnos quizás un poquito más, dejáramos de lado aquel principio.
Estimo que éste es un asunto jurídico y no un tema de fondo relacionado con el Tratado mismo. Y, desde esa perspectiva, respaldo la posición planteada en términos de hacer una reserva de constitucionalidad, porque me parece que debemos predicar con el ejemplo. Si no actuáramos así, simplemente tendríamos que estar dando una serie de explicaciones, que lo único que harían serían debilitar un principio muy caro y bastante querido, a lo menos, por la gran mayoría del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como se ha dicho en la Sala, tal vez estas materias, en particular las relativas a la Defensa, no son de la especialización de todos los Senadores. Pero la verdad es que éste es un buen espacio para poder comentar e incursionar en las razones por las cuales se debe aprobar el Tratado que nos ocupa en el Parlamento.
El señor Subsecretario nos informó en la Comisión de Hacienda que existen 52 acuerdos de cooperación en el ámbito de la Defensa, de los cuales muy pocos corresponden a la esfera legislativa; es decir, no requieren la aprobación del Parlamento. Entonces, la pregunta que uno se hace es por qué este instrumento internacional necesita la aprobación del Congreso. Particularmente, por el secreto de la confidencialidad a que alude el artículo 8º de la Constitución.
Frente a eso, quiero hacer la siguiente reflexión. Presenté un proyecto de ley ¿del cual no he tenido respuesta por parte del Ministerio de Defensa- con respecto al necesario conocimiento del Senado de la República sobre adquisición de material bélico. Digo esto por la extorsión llevada a cabo por Estados Unidos en torno a las exigencias relacionadas con la ratificación del TPI. O sea, si Chile ratifica el Tratado Penal Internacional para perseguir a los dictadores, a los genocidas del mundo, no hay cooperación militar. Es decir, nuestro país, después que le compra aviones F-16 por un valor de 600 millones de dólares, descubre que no los puede utilizar, tal como ocurrió con Venezuela.
Por lo tanto, la primera explicación que debe darse es por qué Chile suscribió un acuerdo con el país del Norte que le impide utilizar aviones adquiridos legítimamente y que fueron pagados conforme a convenios internacionales y cash. Y ahora queremos entrenar a nuestros pilotos en aviones turcos. Es decir, estamos frente a una clara, en mi opinión, negligencia, a una política cara, dado que después de haber comprado los aviones nos pusieron condiciones. Y al parecer dichos aparatos fueron muy costosos, pues no sólo hubo que equiparlos, sino que evidentemente no tenemos acuerdo con Estados Unidos para su mantención y el entrenamiento de pilotos.
En ese sentido, la pregunta que uno se hace es por qué vamos a suscribir un Convenio de esta naturaleza en el ámbito de la Defensa donde claramente habrá un subsidio, ya que los principales acuerdos de Turquía son con Estados Unidos. El material de dicho país proviene de la industria bélica norteamericana.
Ése es el punto.
Por lo tanto, se trata de un by-pass. Es decir, vamos a generar un acuerdo con Turquía, ya que otros elementos nos impiden que lo celebremos con los norteamericanos.
La Ministra ha planteado que se eligió Turquía porque es el país más próximo al Medio Oriente; pero también es el que más kurdos ha masacrado, porque la política exterior que ha tenido con las minorías étnicas ha sido de exterminio. Y la verdad es que Turquía no cuenta con mucho prestigio en dicha región. Muy por el contrario, es visto como un gran adversario, como un socio absolutamente incondicional de Estados Unidos, el cual ha incursionado en el Medio Oriente con el efecto devastador que todos conocemos. O sea, engañó al mundo entero.
El señor Bush lo que hace es mentir a todo el orbe, a su propio país, para poder invadir. Actuó en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas y, sin duda, de la posición muy valiente del Presidente Lagos, quien dijo que no lo acompañábamos en la invasión -que violó todos los acuerdos internacionales- de un país que no tenía armas de destrucción masiva.
En consecuencia, el Tratado con Turquía es, a mi juicio, un acuerdo indirecto con Estados Unidos. Y se desarrollará en una zona álgida en materia bélica y en donde yo no quisiera tener pilotos chilenos entrenándose.
Si hemos comprado aviones a Holanda, señora Ministra, ¿por qué no entrenamos a nuestros pilotos en Holanda? Si hemos comprado aviones a Estados Unidos, entrenémoslos con los norteamericanos. ¿Por qué ir a Turquía?
¡Ése es el principio básico de la transparencia!
La Ministra ha señalado que se desarrollarán aspectos y proyectos conjuntos.
En las decisiones militares hay también una decisión política. O sea, ella no es sólo técnica, en orden a que sea más barato, más rentable, sino también política de la alianza estratégica que tenemos.
Por lo tanto, en este aspecto demando la capacidad del Senado de debatir políticamente nuestras alianzas internacionales en materia de Defensa. Y si hay que hacerlo en sesión secreta, celebremos una sesión de ese carácter. Pero la verdad es que no ha habido una explicación plausible para comprender por qué la Cámara Alta no toma una decisión cuando adquirimos armamento, por ejemplo. Sin embargo, ahora se nos pide pronunciarnos para que las distintas unidades bélicas que compramos sin la decisión del Senado puedan contar con entrenamiento y mantención.
¡Eso es lo que nos están solicitando!
Los F-16 fueron adquiridos sin el apoyo de la Cámara Alta, sin consultar a esta Corporación. Y ahora se nos dice que se debe entrenar a los pilotos y que para eso se requiere nuestra autorización. Me parece que ésa es una incoherencia en las facultades del Senado que debe ser salvada.
Sin duda, esto huele a que se pretende entrenar a nuestros pilotos en Turquía frente al impedimento que pudiere surgir -lo dice claramente el informe-, porque así se abre una perspectiva de entrenamiento en caso de complicarse el apoyo de Estados Unidos en esa área, es decir, el respaldo estratégico militar a los F-16.
Ciertamente, aquello es una opción. Pero yo también deseo que la Cámara Alta pueda decidir sobre la adquisición de material bélico. Porque en definitiva aspiro a que mi país se prepare para combatir la pobreza y para generar condiciones de mayor productividad de desarrollo en lugar de comprar armamentos.
Ése es un tema que tenemos que debatir.
Felicito que la señora Ministra haya dicho que abordará el tema de la ley especial de las Fuerzas Armadas en materia de financiamiento. Pero me parece que esta Corporación debe discutir con más profundidad asuntos como éste y, en particular, efectuar un debate político de este tipo de acuerdos.
Por otro lado, el Honorable señor Larraín y todos los Senadores que han intervenido se refirieron a lo relacionado con los quórums, al tema de la transparencia. Los felicito por ello. Pero, para serles franco, no logro comprender cuando la Derecha dice estar de acuerdo, como también la inmensa mayoría de la Concertación, y, sin embargo, se hace un debate teórico respecto de una norma constitucional de quórum, sobre un concepto en el que todos coincidimos: debe existir la mayor transparencia y el menor secretismo.
En consecuencia, uno tiende a pensar qué hay detrás de ello, del gran debate.
En definitiva, si la Derecha votará a favor de este Tratado, al igual que la Concertación, y todos estamos de acuerdo en que no debe existir secretismo, ¿por qué nos empantanamos en lo tocante al quórum? A mi juicio, como aquí se ha dicho, esto puede dar paso a que otro tipo de normativas puedan sentar precedentes.
En materia de adquisición bélica o militar, yo quiero transparencia y no secretos. Si es preciso hacerlo en sesión secreta, que se declare secreta. Pero no deseo que se nos pidan aprobaciones sobre temas que implican recursos del país y opciones estratégicas en materia militar sin que el Senado los conozca.
Señor Presidente, me gustaría que la señora Ministra respondiera algunas de las inquietudes que he planteado, a fin de poder resolver y votar. En todo caso, tengo tomada mi decisión: me pronunciaré en contra del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora BLANLOT (Ministra de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, sólo deseo comentar que creo que, con el correr de los próximos meses, se verá muy concretamente que éste es quizá el Gobierno de la Concertación que más trabajo habrá hecho en materia de transparencia en el área de Defensa, a través de las discusiones que queremos realizar respecto de la ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas, acerca del nuevo Ministerio de Defensa, etcétera. Por lo tanto, no considero que sea necesario sacar a la pizarra ni a este Gobierno ni a este Ministerio para demostrar el apego a la transparencia.
En cuanto a la aparente incoherencia de haber comprado material en Estados Unidos y pretender que necesitamos hacer ejercicios militares también con Turquía, quiero decir que el Estado chileno posee acuerdos en materias de Defensa con 57 países. En consecuencia, se trata de un amplio espectro, que no tiene que ver necesariamente con las coyunturas ni con las posiciones políticas de un momento, sino con la forma en que las naciones tratan de cooperar en aspectos relativos a la Defensa en el mundo entero.
Respecto del tema específico que nos ocupa, si contamos con un material que también es utilizado por un país que posee más similitudes con nosotros que Estados Unidos u Holanda, resulta de todo sentido querer interactuar con dicha nación, porque las experiencias probablemente van a ser más educativas desde los puntos de vista del entrenamiento que reciben nuestros pilotos y de cómo adaptar la tecnología a nuestros propios medios. Entonces, aquí no hay incoherencia.
Sólo quiero plantearle al señor Senador que nosotros estamos dispuestos a hacer las discusiones que se estimen convenientes acerca de los temas de Defensa. Existe la mayor disponibilidad. Pero no me parece que la transparencia en el gasto militar sea lo que se tiene que debatir ahora.
Insisto en que hay un acuerdo firmado con Turquía desde hace más de dos años, y quisiéramos cumplir con él.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, está claro que aquí se mezclan varias discusiones.
Comparto por completo el hecho de que constituye una anomalía de nuestro sistema democrático el que el Congreso Nacional no apruebe un asunto tan importante como lo es toda la política de adquisiciones militares. Y en tal sentido, tenemos el compromiso del Gobierno de presentar un proyecto que sustituya el actual mecanismo de adquisiciones militares, que es la llamada "Ley Reservada del Cobre".
Yo estoy de acuerdo con dicho argumento. Durante muchos años hemos venido insistiendo en ello. Ha sido una plataforma permanente, por lo menos de los Senadores de estas bancadas, y mía de manera muy particular, el sostener que constituye una completa anomalía democrática el que la decisión fundamental en Defensa, que son las adquisiciones (pues eso determina muchas cosas: el nivel de armamento, de fuerza, de tecnología, el porcentaje de gastos, etcétera), que es una decisión estratégica, se convierta prácticamente en una de carácter técnico y no político, toda vez que, además, el gasto está determinado por test. Ésa es una discusión evidente.
Creo que el país está maduro, pues escucho muchas opiniones, no sólo en el Gobierno, sino también en la Oposición, en orden a que debemos corregir esta anomalía existente durante 16 años de transición democrática, pues el elemento fundamental -si bien no el único- de decisión presupuestaria en las Fuerzas Armadas es básicamente el nivel de adquisiciones militares, porque ello determina muchas de las otras variables. Éste es un punto claro.
En segundo término, en una política amplia de relaciones de cooperación militar, me parece razonable que también tengamos convenios de cooperación con Turquía.
Podrá haber opiniones sobre la política exterior de dicho país, como es factible que existan respecto de muchas de las otras naciones con las que tenemos convenios militares. Pero una política amplia permite contar con la mayor autonomía posible en esta materia, en un mundo donde no es fácil tenerla. Porque finalmente, desde el punto de vista tecnológico, hay sólo dos abastecedores sustantivos, que son los Estados Unidos y Rusia, pues respecto de los otros países existe un juego de patentes y de asuntos donde las industrias militares de Occidente, por ejemplo, están todas de alguna u otra manera vinculadas a los Estados Unidos. Entonces, uno compra un avión sueco, pero resulta que el motor es americano. En fin, creo que es útil una política amplia.
El último tema que nos puede complicar bastante la vida -yo trataría de buscar una fórmula para que no suceda- dice relación con la llamada cuestión procedimental.
Aun cuando me parece razonable el argumento dado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, es, sin duda, discutible.
Además, todos estamos de acuerdo en la transparencia.
Vamos a aprobar el proyecto, salvo que quienes deseen discutir lo relativo al quórum lo voten en contra, porque es la única manera que tienen para llegar al Tribunal Constitucional.
Yo digo que debemos transparentar la discusión, tal cual sostiene el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
¡Sí!
El señor GAZMURI.-
Su Señoría ha dicho: "Si no hay consenso sobre el tema del quórum, como queremos que ello se resuelva en el Tribunal Constitucional, votaremos en contra de un proyecto respecto del cual estamos de acuerdo".
Ahora, lo anterior no me parece un asunto muy sensato.
Por qué no buscamos una fórmula que nos permita aprobar aquello en lo que estamos todos de acuerdo y luego vemos cómo resolver el otro asunto. De no ser así, vamos a confundir las cosas; vamos a quedar todos en una posición incómoda, y los Senadores de Oposición tendrán que votar en contra de una materia con la que están conformes para obtener otro propósito.
El Senador ORPIS.-
¡Pero si es inconstitucional!
El señor GAZMURI.-
No, porque estamos votando un proyecto de ley¿
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¡Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos!
El señor GAZMURI.-
En lo personal -así lo hemos discutido en la bancada-, no encuentro que se trate de una discusión que revista una trascendencia muy grande.
En el fondo, estamos diciendo que aquí hay una ley marco...
El señor LARRAÍN.-
¡Votémoslo con el quórum especial!
El señor PROKURICA.-
¡Que quede establecido que es de quórum calificado!
El señor LARRAÍN.-
¡Hagámoslo bien!
El señor NAVARRO.-
¡Qué culpa tienen los turcos de los problemas ideológicos de la Derecha!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Los Senadores que deseen hacer uso de la palabra tienen que solicitarla.
De este modo no vamos a llegar a ninguna parte.
El señor GAZMURI.-
Efectivamente -termino con esto-, contamos con un informe de la Comisión, pero también debemos respetar nuestras instancias.
Resolvimos que lo relativo al quórum debía ser discutido en la Comisión de Constitución, la cual emitió un informe. Y no podemos, sin ningún debate, decirle a la mayoría de los miembros del referido órgano técnico que dicho documento no vale nada.
Una solución podría ser remitir nuevamente el tema de los quórums -no me refiero al Tratado- a la Comisión para intentar llegar a un acuerdo y no sentar un mal precedente. Ésa me parece una salida razonable.
La Comisión emitió un informe aprobado por tres votos contra dos y resulta difícil decir: "Mire, la mayoría de la Comisión hizo un análisis completamente distinto". Acordar eso en la Sala, sin debatirlo con sus integrantes, me parece que atenta contra nuestras propias instituciones.
En consecuencia, si hay acuerdo aprobemos el Tratado y enviemos de nuevo el tema general -que no es particular- suscitado en esta discusión respecto de los quórums establecidos en las leyes vinculadas al artículo 8º de la Carta Fundamental. Remitámoslo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y pidámosle que elabore un segundo informe. Luego vemos cómo seguimos hacia adelante.
Ésa sería mi proposición, señor Presidente
.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El Senador señor Coloma había pedido aplazar la votación.
El señor COLOMA.-
¿Señor Presidente, puedo hacer uso de la palabra?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, dentro de la sensatez que plantea el Senador Gazmuri uno también debe ser coherente con los planteamientos.
Hemos sostenido que no podemos votar a favor de un proyecto que exhibe un grado de inconstitucionalidad.
Ése es el tema de fondo, porque no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación.
Lo que proponemos es que la Sala determine -ella es soberana al efecto- que la materia que nos ocupa es de quórum calificado y, por tanto, tiene que ser votada con apego a él.
Eso indica el sentido común a la hora de definir las cosas en forma adecuada. En caso contrario, señor Presidente, he solicitado el aplazamiento pertinente.
No sé si hay unanimidad o voluntad para votar con dicho quórum. De ser así, solucionaríamos el tema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No vamos a emplear toda la sesión en ese punto. Por tanto, sugiero aceptar la solicitud de aplazar la discusión para mañana.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Queda para segunda discusión?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señor Senador, el Honorable señor Coloma ha solicitado aplazar temporalmente la consideración del asunto, de acuerdo con el artículo 131, número 1, del Reglamento del Senado. Por lo mismo, hay que fijar un plazo, que el señor Presidente lo ha establecido hasta la sesión ordinaria siguiente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien.
--Queda aplazada la discusión del proyecto de acuerdo hasta la sesión ordinaria siguiente.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA CON INDONESIA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El proyecto signado en la tabla con el número 2 correría la misma suerte.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿El relativo al Acuerdo con Indonesia?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, Su Señoría.
Por lo tanto, lo conectamos con el anterior y aplazamos su discusión.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿También hasta mañana?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hasta la sesión ordinaria siguiente.
--Así se acuerda.
)---------(
--Los antecedentes sobre el proyecto (3918-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 7 de marzo de 2006.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 5 de septiembre de 2006.
MODIFICACIONES A FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4363-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 59ª, en 10 de octubre de 2006.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 84ª, en 16 de enero de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es ampliar la capacidad operativa del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios y perfeccionar su funcionamiento.
La Comisión de Economía discutió en general y en particular el proyecto y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Flores, Kuschel, Pizarro y Vásquez.
En cuanto a la discusión particular, dicho órgano técnico efectuó una enmienda al texto que despachó la Cámara de Diputados, la que contó con el voto favorable de los Senadores señora Matthei y señores Kuschel, Pizarro y Vásquez, y el voto en contra del Honorable señor Flores.
El texto que se propone aprobar figura en la parte pertinente del informe.
Cabe señalar que durante el estudio del segundo informe el proyecto deberá ser analizado también por la Comisión de Hacienda.
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, quiero destacar la importancia que reviste esta iniciativa en el apoyo a la pequeña empresa.
Como todos sabemos, el FOGAPE es un fondo para pequeños empresarios; tiene carácter estatal; fue creado por ley; su administración se halla a cargo del BancoEstado, y se encuentra destinado a garantizar un porcentaje de los créditos otorgados por instituciones financieras, públicas y privadas, a pequeños empresarios elegibles.
Las pequeñas empresas normalmente no cuentan con las garantías suficientes a los efectos de obtener financiamiento de capital de trabajo para llevar adelante sus proyectos de inversión o desarrollo.
En el trabajo realizado por la Comisión de Economía en conjunto con el Gobierno se ha evidenciado claramente la voluntad de respaldar todo cuanto coadyuve al fomento, desenvolvimiento y protección de la pequeña empresa.
Ésa es la razón por la cual otros proyectos similares -por ejemplo, el relativo a sociedades de garantía recíproca, que también se encuentra en tramitación- apuntan a generar condiciones o dar facilidades para un mejor acceso al financiamiento.
¿Cuál es el problema planteado? ¿Por qué se busca introducir las modificaciones propuestas?
De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, el Fondo se ha utilizado de manera creciente en el tiempo, beneficiando cada día a mayor número de pequeños empresarios. Sin embargo, la autorización establecida en la ley ya está prácticamente en el límite máximo; vale decir, el Fondo no puede seguir otorgando garantías. Por lo tanto, resulta indispensable aumentar su capacidad con el objeto de que, desde el punto de vista legal, el BancoEstado pueda garantizar porcentajes de créditos mayores que los actuales.
Hoy día existe autorización legal para alcanzar un nivel máximo de endeudamiento garantizado por el Fondo, equivalente a 10 veces su patrimonio. Según la información entregada por el señor Marcelo Tokman, del Ministerio de Hacienda, el nivel actual es de 9,3 veces, lo que implica reducir las posibilidades de acceso de nuevos empresarios.
En términos simples, el proyecto busca generar mayor disponibilidad del FOGAPE para que el BancoEstado pueda seguir beneficiando a los pequeños empresarios a través de la concesión de garantías para sus financiamientos. Las cantidades respectivas se consignan en unidades de fomento.
Ahora bien, durante la discusión particular se produjo una votación dividida -no en cuanto al fondo del asunto, pero sí sobre un punto importante- en la norma de la Cámara de Diputados que encomienda al Administrador establecer las condiciones de ingreso para los pequeños empresarios o exportadores que hayan sido beneficiados en licitaciones anteriores con financiamientos garantizados por el Fondo. Lo preceptuado en esa disposición significa en la práctica que quienes ya recibieron el beneficio no tengan posibilidades de acceder a él nuevamente.
El punto generó debate, y en la votación particular fue rechazado por la mayoría de los miembros de la Comisión. La Senadora señora Matthei y los Senadores Kuschel, Vásquez y quien habla votamos en contra por considerarlo una traba, una discriminación que no corresponde y que provoca más daño que beneficio a los pequeños empresarios.
Otro aspecto relevante es la homologación de requisitos. No se hace distingo entre pequeños empresarios agrícolas y no agrícolas, situación que genera una diferenciación que no nos pareció adecuada.
En definitiva, señor Presidente, el proyecto va claramente en ayuda de los pequeños empresarios, ya que perfecciona uno de los instrumentos a los cuales hoy día pueden acceder.
Tal vez algunos podríamos haber planteado un mayor aumento o más facilidades. Pero el no aprobar el proyecto significaría dejar la situación tal como está, con un FOGAPE casi agotado, sin capacidad de entregar garantías a los pequeños empresarios. Y ello, indudablemente, sería negativo para el sector.
Ésa es la razón por la cual aprobamos por unanimidad la idea de legislar. Y en la votación particular sólo desechamos, por mayoría, la norma aludida.
He dicho.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Fue aprobado en general y en particular?
El señor PIZARRO.-
Sí.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra¿
El señor PIZARRO.-
Perdón, señor Presidente, pero, a propósito de la consulta formulada por el Honorable señor Vásquez, cabe manifestar que la iniciativa consta de artículo único y que, tal como informó el señor Secretario, la Comisión la analizó y aprobó tanto en general cuanto en particular. Por eso¿
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Debe ser informada también por la Comisión de Hacienda, señor Senador.
El señor PIZARRO.- Está bien
.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
¿Concluyó, Su Señoría?
El señor PIZARRO.-
Sí, señor Presidente.
El señor SABAG.-
Pido la palabra.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag; a continuación, la Senadora señora Matthei, y posteriormente, el Honorable señor Zaldívar.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, este proyecto, enviado por el Ejecutivo, introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
Es indudable que el FOGAPE ha sido de gran utilidad para los pequeños y medianos empresarios. Y por ese motivo el Gobierno propone un aumento -muy bajo, desde mi punto de vista: sólo 10 millones de dólares- del capital que lo conforma.
En las condiciones actuales, se ha llegado a prestar 9,3 veces el patrimonio del Fondo.
Según conversábamos recién con el Senador señor Zaldívar -Su Señoría ha sido un gran batallador y defensor de los derechos de los pequeños y medianos empresarios, sobre todo durante la discusión del proyecto de la hoy Ley de Simplificación Tributaria-, conforme a la normativa vigente, los beneficios se otorgan a quienes registran un nivel de ventas anuales de hasta 95 millones de pesos. Ahora, se plantea homologar respecto de los pequeños agricultores y pequeños empresarios industriales, y aumentar esa cifra hasta 25 mil UF, es decir, a cuatrocientos y tantos millones de pesos en ventas.
Habría sido muy bueno considerar tal incremento también en la simplificación tributaria. En la definición de pequeño empresario se establecen aquellos límites de ventas. Sin embargo, el señor Ministro no accedió a modificar en la otra parte.
En todo caso, considero que todas las propuestas que se nos hacen mejoran fuertemente el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
Por eso, vamos a aprobar la idea de legislar. El proyecto debe volver a la Comisión de Economía para que se le formulen las correspondientes indicaciones. Y deberá ir asimismo a la de Hacienda, donde pediremos que el señor Ministro del ramo no destine sólo 10 millones de dólares para aumentar el Fondo, sino que haya un incremento considerable, a fin de que el FOGAPE esté realmente al servicio de los empresarios más pequeños y más necesitados.
No cabe ninguna duda de que hoy el país crece fuertemente. Empero, la riqueza se está concentrando de manera excesiva en pocos empresarios. Y esto, a la larga, es peligroso. Si no damos un apoyo sostenido y generoso a los pequeños y medianos empresarios, se producirá la situación inversa: sólo muy pocos lo van a tener todo y los de abajo ni siquiera van a poder dar ocupación a la gente.
¡Los pequeños y medianos empresarios otorgan casi 80 por ciento de los puestos de trabajo en el país!
El señor MUÑOZ BARRA.-
¡Qué duda cabe!
El señor SABAG.-
Por eso, debemos apoyarlos.
El proyecto de Mercado de Capitales II, con la orientación que le dimos, algo va ayudar. Luego llegará el de Mercado de Capitales III. Pero aquí tenemos una iniciativa de orden práctico. Espero que esta tarde la aprobemos en general y que en las próximas instancias podamos, entre todos, convencer a Hacienda, y particularmente al Ministro, para que el aumento planteado no sea sólo de 10 millones de dólares, sino que se duplique el capital, de 60 millones, previsto originalmente.
En consecuencia, se trata de un buen proyecto. El Fondo ha tenido un gran resultado para la pequeña y mediana empresas, y ojalá que pueda seguir en esa misma senda, pero con un capital mucho mayor.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, en esta Sala, en algún minuto, todos nos hemos quejado del poco acceso al crédito que tienen los pequeños y microempresarios. Y ello se debe a varios factores.
En primer lugar, cuando un banco o cualquier institución financiera debe realizar un análisis sobre una empresa para ver si le concede o no un préstamo, tiene que pagar a un profesional a los efectos de que estudie todos los antecedentes. Y eso le cuesta prácticamente lo mismo si se trata de una empresa grande o de una pequeña. Hay un valor monetario fijo para el análisis de créditos. Pero si él se aplica sobre el monto del préstamo a conceder, el porcentaje del costo es mucho más alto para las operaciones chicas.
En consecuencia, las tasas de interés suben enormemente cuando se trata de créditos otorgados a pequeños empresarios. O sea, el valor del estudio para determinar si el peticionario es elegible o no para el préstamo incide muy fuertemente en términos porcentuales cuando el monto de éste es bajo. Y por eso, en general, la tasa de interés para las empresas pequeñas es bastante más alta que para las grandes.
A eso se suma otro problema. El riesgo de las empresas pequeñas es mucho mayor que el de las grandes: cuentan con menos profesionales, no tienen cómo estudiar los mercados; en fin, una serie de dificultades motivan que, por desgracia, el riesgo de aquéllas sea bastante mayor, lo cual también aumenta fuertemente la tasa de interés.
Ahora, como en Chile existe una tasa máxima convencional, en numerosos casos el costo del crédito para las pequeñas y las microempresas es tan alto que quedan fuera de mercado. No se les puede cobrar lo que realmente cuesta la tasa de interés, porque quedan al margen de la tasa máxima convencional.
Es por ello que muchas personas y pequeñas empresas, desgraciadamente, deben recurrir en último término a financieras informales -hemos visto casos muy tristes-, con todo el problema que ello significa: falta de fiscalización, actuaciones de una frescura increíble, etcétera. En el fondo, las financieras informales les roban a las pequeñas empresas, a la gente de escasos recursos. ¡Ésa es la verdad!
Por eso, nos interesa sobremanera que las empresas pequeñas y las microempresas puedan acceder a un crédito formal, otorgado por una institución financiera y supervisado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y para eso hay que ver cómo se puede disminuir el costo de aquél en términos de tasas de interés.
Una forma es ésta: dar al banco o institución financiera una garantía sobre el préstamo concedido. Y ello tiene un valor inmenso, porque permite a numerosas empresas que de otra manera estarían condenadas a recurrir a financieras informales conseguir tasas de interés mucho más razonables -igualmente, muy altas- que las cobradas por aquéllas.
Por eso, vamos a apoyar el incremento planteado respecto al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
En el fondo, hay mucho más demanda por créditos con garantía del FOGAPE que recursos disponibles para otorgar ésta. Y por eso en la Comisión aprobamos el aumento de su patrimonio.
Pero la iniciativa en estudio, además de posibilitar la existencia de más dinero disponible en dicho Fondo, introduce algunas novedades importantes.
En primer lugar, se empareja el criterio conforme al cual se determina quién es pequeño empresario en el sector agrícola y en el no agrícola. Hoy los empresarios agrícolas están muy castigados, porque se les fija un límite de ventas anuales mucho mayor que el de los no agrícolas para considerarlos pequeños empresarios, con lo cual se veda su acceso al FOGAPE. De ese modo, una persona con cierto volumen de ventas puede ser pequeño empresario si es no agrícola, pero no así si es agrícola. En tal sentido, ahora se empareja el límite: 25 mil UF para ambos sectores.
Creo que ésa es una gran noticia -¡una gran noticia!- para los pequeños empresarios agrícolas.
En segundo término, se flexibiliza el tipo de operaciones financieras que se pueden garantizar. Antes eran sólo créditos, pero con el proyecto en estudio se amplían a leasing financiero y otro tipo de operaciones bastante comunes en nuestro actual ordenamiento financiero.
Así que esta iniciativa es razonable desde todo punto de vista: otorgamiento de más recursos para ayudar a mayor cantidad de gente; preocupación por ser más justo con los empresarios agrícolas, y ampliación del tipo de operaciones financieras susceptibles de este tipo de garantía estatal.
Nos gustaría, sí, que se proporcionaran mayores recursos que los previstos. En todo caso, estimo que podremos presionar en tal sentido durante el trámite que viene. Pero, por de pronto, la iniciativa -insisto- es razonable y va en la dirección correcta. Por eso, la votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, no hace muchos días se discutió un proyecto de ley al que, con otros señores Senadores, presentamos una indicación destinada a posibilitar que los contribuyentes pequeños -microempresarios, por cierto- tributasen sólo sobre las utilidades retiradas y a elevar el monto, de 92 millones de pesos, a 420 millones.
Esa indicación, que formulamos con los Honorables señores Vásquez, Bianchi, Novoa y Ruiz-Esquide, fue declarada inadmisible por el señor Ministro de Hacienda, quien, por supuesto, tenía facultades para hacerlo.
Sin embargo, al momento de pronunciarnos sobre el proyecto que debatimos esta tarde, observo cierta contradicción, pues los guarismos que se dan respecto de los pequeños y microempresarios son similares a los que nosotros habíamos planteado para otorgarles una franquicia tributaria que les permitiera capitalizarse y, por consiguiente, competir. Porque ése es su problema. Es decir, se trataba de que, en una relación cada vez más competitiva, incluso por la globalización, pudieran participar, entrar siquiera en escena, pararse en la cancha.
El criterio utilizado para el Fondo de Garantía es el de no exhibir ventas anuales superiores a 25 mil unidades de fomento. O sea, estamos hablando de 400 a 420 millones de pesos.
Y ahí es donde uno ve la contradicción.
Hoy quiero dejar constancia de que cuando la indicación fue presentada hubo un Senador -lamentablemente, no se encuentra ahora en la Sala- que se permitió hablar de incongruencia e inconsecuencia de mi parte, porque, según él, me habría apartado de los lineamientos centrales que informan la coalición de Gobierno a la cual pertenezco.
Pues bien, creo que a muy corto andar ha quedado demostrado todo lo contrario.
Si queremos ser coherentes, si queremos ser consecuentes, si queremos entender lo que está pasando en Chile, si realmente queremos trabajar para que el país no crezca sólo a 3 ó 4 por ciento -y, si se le quita el cobre, para que no siga prácticamente marcando el paso-, debemos darnos cuenta de que se debe impulsar y facilitar el que los cientos de miles de pequeños empresarios, que contribuyen a formar la mayor fuerza de trabajo de nuestra economía, tengan posibilidades de trabajar, de hacer, de participar.
Y esto es lo que hoy quiero dejar claramente planteado con ocasión del debate de la presente iniciativa, en la cual veo que no sólo no existe consecuencia, sino tampoco claridad. No se sabe para dónde se va.
Porque, además, como muy bien dijo el Senador señor Sabag, no se puede decir que la medida en análisis es suficiente. Entregar hoy 10 millones de dólares para desarrollar una actividad que otrora significó de 25 a 30 por ciento del producto geográfico bruto me hace preguntarme, francamente, quién es incoherente, quién es inconsecuente, quién sabe hacia dónde debe caminar el país.
Por cierto, señor Presidente, voy a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto. Espero que, cuando sea estudiado por la Comisión de Hacienda, ese criterio de "tanta generosidad" se traduzca en unos milloncitos más para el sector. Pero, sinceramente, lo que hoy quiero dejar en claro es que así no sólo no vamos a resolver el problema de los micro, pequeños y medianos empresarios, sino que, adicionalmente, con esa forma de entender y enfrentar las dificultades no vamos a resolver los problemas del país.
Hoy, Chile requiere y exige claridad; entender que el desarrollo debe cifrarse, no únicamente en las grandes empresas, sino también en todos los que quieren emprender y desarrollar; comprender que una auténtica economía social de mercado necesita la participación de muchos y no de pocos; que la posibilidad de crear, de emprender, de desarrollar, debe ser el verbo rector de toda la sociedad y no sólo de unos cuantos.
Y respecto de quienes hoy creen que están interpretando bien el modelo, quiero decir claramente que o no lo entienden, o no lo sienten, o no se dan cuenta de la realidad nacional.
No obstante, señor Presidente, y abrigando todavía la ilusión de que el proyecto sea corregido como corresponde, voy a votarlo a favor, esperando que en un futuro no lejano estas ideas, que son sensatas y de sentido común, se hagan realidad, para que todos los chilenos puedan tener un destino mejor.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite una interrupción?
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa
.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Senadora.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, apoyo la opinión del Honorable señor Zaldívar en el sentido de que el proyecto de verdad significa muy poco dinero. Y el Gobierno está consciente de ello y de que no alcanza. Tan es así, que en el texto original venía una disposición que facultaba al Administrador para establecer, con acuerdo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, condiciones de ingreso para los pequeños empresarios o exportadores ya beneficiados en licitaciones anteriores con financiamientos garantizados por el Fondo. La idea, en definitiva, era dejar fuera de futuras licitaciones a quienes ya hubiesen accedido a la garantía, para favorecer la incorporación de gente nueva.
Ésa es la más clara prueba de que el Gobierno está consciente de que los recursos no alcanzan para todos los que realmente los necesitan. En momentos en que el país está nadando en dinero, en que hay muchos excedentes disponibles, 10 millones de dólares de verdad parecen un chiste, una miseria, principalmente para un sector que realmente lo está pasando mal.
Nosotros votamos a favor en la Comisión, porque igual la iniciativa apunta en la dirección correcta, aun cuando en ningún caso entrega una cantidad razonable, aceptable. Sin embargo, me alegro de que, al parecer, en distintas bancadas exista disposición para unirse y pedir mucho más dinero destinado al FOGAPE.
Gracias.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Puede continuar con su intervención el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que lo importante es que haya conciencia de lo que no se está haciendo. Y, sobre todo, deseo insistir en la forma como se está pretendiendo llevar esto adelante, la cual no resiste un análisis no sólo aquí, en el Senado, sino en cualquier parte de nuestro país.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Hago presente a la Sala que quedan seis minutos para el término del Orden del Día y que tres señores Senadores se hallan inscritos para intervenir (los Honorables señores Novoa, Bianchi y Navarro), a quienes se suma ahora el Senador señor Ruiz-Esquide.
Si no mediaran objeciones, podríamos dar cinco minutos a cada uno y luego votar, porque entiendo que se registra coincidencia para aprobar la iniciativa.
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, le pediré que abra la votación después de mi intervención, porque voy a plantear también una cuestión reglamentaria.
Quiero destacar que estamos ante un proyecto importante. Se habla mucho de la pequeña y mediana empresa, pero es poco lo que en definitiva se hace por ella.
Ahora bien, la iniciativa constituye un paso en la dirección correcta. Tiene varios aspectos positivos que paso a detallar.
En primer lugar, se establece la posibilidad de garantizar distintas operaciones de financiamiento y no sólo préstamos. Eso es muy relevante, dada la variedad de mecanismos de financiamiento existentes.
Segundo: se autoriza un aporte fiscal de 10 millones de dólares. Ya se ha manifestado que ojalá que pueda ser incrementado, pero igual es un elemento significativo que se incluye.
Un tercer punto importante es que se suprime la discriminación entre el pequeño empresario, en general, y el pequeño empresario agrícola. Para mí, la necesidad de la eliminación es algo evidente. ¿Por qué los pequeños y los medianos empresarios agrícolas van a tener un trato distinto de los demás?
El cuarto aspecto trascendente es que se podrán garantizar operaciones en moneda extranjera. Y es incuestionable que esto debe ser así, porque lo que interesa es que las pequeñas y las medianas empresas puedan abrirse al exterior.
Una quinta modificación relevante es el establecimiento de un leverage. Vale decir, el Fondo podrá garantizar más que su patrimonio: tantas veces más como lo determine la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El sexto punto importante es que se autoriza al Fondo para celebrar convenios, contratar con instituciones y cobrar comisiones, a fin de que vaya generando una actividad que en el largo plazo sea sustentable. Igualmente, podrá convenir y pagar comisiones por reafianzamientos o seguros. O sea, se le da una mayor flexibilidad para intervenir en el mercado financiero y poder traspasar sus riesgos, por ejemplo, a entidades aseguradoras.
Esas seis modificaciones significativas, más una cantidad de otras enmiendas que contiene el proyecto, se deberían votar en general y en particular a la vez, curiosamente, por recomendación de la Comisión de Economía. ¿Por qué? Porque el texto dice: "Artículo único", luego de lo cual modifica una cantidad de normas de la ley vigente.
Me parece que es facultad del señor Presidente determinar si la iniciativa se vota en esa forma o sólo en general. Por mi parte, entiendo que solamente se puso en discusión la idea de legislar, lo que estimo correcto.
Debiéramos ser muy cuidadosos cuando, bajo el epígrafe de "Artículo único", se introduce una cantidad enorme de modificaciones. Nuestras Comisiones no deberían considerar esos proyectos sobre la base de tal expresión, como es el caso del que ahora tratamos, que contiene seis materias importantes y un gran número de modificaciones a la ley del FOGAPE.
Por considerar que el señor Presidente ha determinado que la votación es en general, anuncio mi voto favorable a la iniciativa. Y espero que en el próximo trámite legislativo en esta Corporación podamos lograr que el Ejecutivo envíe una indicación tendiente a aumentar el aporte de diez millones de dólares, porque destinar a este tipo de actividades recursos que hoy día el Estado posee en abundancia es lo mejor que se puede hacer con tales excedentes.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
La Mesa ya había advertido lo que observa Su Señoría, por lo que precisó que la discusión del proyecto es sólo en general.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en primer lugar, lamento que ningún representante del Ejecutivo esté presente en la Sala, porque estamos tratando un tema en el cual tenemos -creo- dos coincidencias fundamentales.
La primera de ellas es que resulta absolutamente necesario apoyar y ayudar a la micro y mediana empresa.
La segunda dice relación a pedir al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, que aumente mucho más la cantidad de dinero que debiera respaldar a tan importante sector productivo, el cual -como ya se ha dicho- da empleo a más de 80 u 85 por ciento de los trabajadores chilenos.
Deseo manifestar mi complacencia por el proyecto en debate, insistiendo en que los dineros asignados no serán suficientes, con toda seguridad, tal como lo ha manifestado el Senador señor Zaldívar.
Y debo recordar a la banca que en los últimos años ha ganado más plata que nunca. Se ha hecho millonaria a costa de gente empeñosa como los pequeños y medianos empresarios, cuyo negocio, cuando fracasa -por las razones que también se han consignado en la Sala-, muchas veces hace caer a toda la familia. Se trata de grupos familiares que trabajan, que desean sacar adelante un proyecto productivo y que no cuentan con un crédito blando, oportuno, a diferencia del que años atrás la banca privada sí pudo obtener. Ignoro si al día de hoy ésta ha saldado su deuda con el país. Esos pequeños y medianos empresarios son castigados con tasas inabordables, lo que provoca la quiebra de muchos de ellos.
Por ello, felicito la presentación de la iniciativa, pero reitero que me parece absolutamente necesario solicitar al Ejecutivo que disponga mucho más dinero para la pequeña y mediana empresa.
Por último, señor Presidente, me atrevo a pedir una distribución mucho más equitativa para los pequeños y medianos empresarios de Regiones.
En consecuencia, votaré a favor.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como se ha dicho, la ausencia de representantes del Ministerio de Hacienda en la Sala da cuenta de que, por el monto involucrado, ha habido incapacidad para dar la cara. Porque siempre están presentes en la discusión de proyectos que financian y apoyan al gran empresariado o colaboran con éste. Lamento la inasistencia del señor Ministro y de la señora Subsecretaria. Los conocemos. Pienso que tienen voluntad. Pero me parece que debieron haber venido.
Considero que ésa es una pésima señal para la CONUPIA y para todos los pequeños empresarios, porque, al momento de debatir sobre la insuficiencia del Fondo, creo que una demostración de respeto básico es que esas autoridades estén presentes.
En seguida, el informe de la Comisión de Economía no consigna la presencia de los pequeños empresarios en el debate. No sé si acudieron. El texto sólo refleja la asistencia de representantes del Ministerio de Hacienda (el Coordinador General de los Asesores de dicha Cartera, el asesor del Ministro y la asesora jurídica); del Ministro de Economía, señor Alejandro Ferreiro; del BancoEstado (Jefe del FOGAPE, señor Alessandro Bozzo, y Administrador del Fondo, señor Cristian Aylwin Jolfre). No estuvo presente en la discusión el Ministro de Hacienda, ni tampoco dirigentes de los pequeños empresarios.
Me gustaría saber si es posible que nos digan el motivo de la ausencia. El informe debiera dar a conocer la opinión de los beneficiarios. ¡Eso es escuchar a la ciudadanía! ¡Porque, si no, los proyectos se hacen a ciegas!
Quiero que en los informes de los proyectos mediante los cuales vamos a beneficiar a los pequeños empresarios aparezca cuál es su opinión. La verdad es que quienes no participamos en la Comisión no podemos enterarnos de si el proyecto contó con sus observaciones, con sus propuestas, ni de si fueron escuchados.
Por mi parte, he conversado con Iván Vuskovic en innumerables oportunidades. Ellos han reclamado. Si no habían sido escuchados, ésta era una buena oportunidad para hacerlo. Lamentablemente, no ha sucedido así.
Ahora bien, el asunto que nos ocupa constituye una responsabilidad de la Concertación. O sea, la entrega de diez millones de dólares -cifra absolutamente insuficiente- es de nuestra responsabilidad: del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del Partido Por la Democracia, del Partido Radical. No es responsabilidad de la Oposición.
Y debemos clarificar el discurso, porque éste no es coherente con la práctica. En efecto, la Presidenta de la República, el Ministro de Hacienda y todos los parlamentarios de la Concertación hemos venido repitiendo que se debe apoyar a los pequeños empresarios. ¡Y a la hora de resolver en esa dirección, aprobamos una iniciativa que asigna diez millones de dólares!
Acabamos de discutir el proyecto que aprueba un Acuerdo con Turquía. Chile adquirió -y ustedes lo saben muy bien, señores Senadores- aviones F-16 en 600 millones de dólares. ¡Sesenta millones de dólares cada aparato! ¡Formar un piloto de guerra le cuesta al país 6 millones de dólares! Y cuando se trata de solucionar el problema de los pequeños empresarios, parecemos alegrarnos por una cifra de diez millones de dólares.
Demando coherencia tratándose del Gobierno al cual apoyo. Pienso que requeríamos una explicación del Ministro de Hacienda respecto del monto asignado, porque cuando el cobre -usted lo sabe muy bien, señor Presidente- ha generado las mayores utilidades en la historia de CODELCO: ¡nueve mil 600 millones de dólares!, una migaja de 10 millones de dólares para los pequeños empresarios es absolutamente insuficiente.
¿Y cuál es la controversia? Se refiere a algo que también nos sucede con el ingreso mínimo: cuando discrepamos acerca de su monto, la única manera de manifestarlo es votando en contra. Pero, si lo hacemos, no sube. Hoy día ocurre lo mismo. Porque yo, con gusto, hubiera rechazado el proyecto, pues lo considero ofensivo. Pero como representa un aumento, sin duda, es preciso votarlo a favor. Diez millones de dólares constituyen una contribución, desde luego, mas resultan absolutamente insuficientes.
Reclamo de las bancadas de la Concertación una mayor coherencia en el tema. ¡No nos hagamos los lesos! Aquí pudimos haber hecho algo mayor. Pero la verdad es que parece que el señor Ministro de Hacienda sólo entiende de negociación forzosa o, más bien dicho, a las patadas. ¡Cada vez que un Senador, ya sea de Oposición o de Gobierno, va a las patadas, algo obtiene! Pero da la impresión de que en esta oportunidad nadie pegó patadas por los pequeños empresarios, porque el Fondo no subió su puntería.
Espero que en el próximo trámite legislativo haya ocasión, como lo ha planteado la Honorable señora Matthei -y concuerdo plenamente con ello-, de reestudiar el tema. Y cabe solicitar formalmente al Ministerio de Hacienda que se aproveche la oportunidad de la dictación de una ley de la República para poder realizar una contribución más efectiva a un sistema que, por lo demás, ha sido exitoso.
Creo que la señora Senadora manifiesta su opinión por la importancia de los pequeños empresarios, pero la Derecha ha exhibido, a veces, una disposición diferente. Por ejemplo, cabe citar el caso de otros organismos del Estado que han mostrado gestiones de crédito desastrosas, como el Ministerio de Agricultura y otras Secretarías de Estado que han ofrecido créditos y cuyos resultados han sido una pésima experiencia.
Pero éste es un proceso exitoso, bien gestionado. Por lo tanto, siento que hay garantía para que siga aplicándose bien. Como he explicado, se trata de un sistema que funciona en forma adecuada; los informes dicen que resulta positivo y que es una gran contribución al país. Sin embargo, se le asigna un monto muy reducido.
Voto a favor, con las observaciones que he señalado.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide para fundar el voto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, hemos señalado hasta la saciedad la necesidad de que el sector microempresarial tenga una situación razonablemente digna para hacer sus negocios y generar todo lo relativo a empleo, riqueza, etcétera.
A los democratacristianos presentes en esta Sala nos asisten cuatro razones básicas sobre el particular.
En primer lugar, desde nuestra perspectiva, es la única forma de romper el modelo económico que genera la concentración salvaje existente hoy en el país.
En segundo término, en el sector de los microempresarios es donde hay mayor posibilidad de producir empleos con la misma cantidad de dinero.
En tercer lugar, desde el punto de vista sociológico, el proyecto representa un aporte directo a la denominada "clase media" y, dentro de ésta, a los sectores con menores ingresos.
Y, finalmente, esto es parte de nuestra tarea política desde hace muchos años. Por lo tanto, esta materia no es nueva para nosotros.
Lo que sí es nuevo -lamento tener que decirlo, porque somos Senadores de Gobierno; pero esto no nos incapacita para criticar aquello que nos parece inadecuado- y nos llama la atención es la desidia con que trata estos temas el Gobierno de la Concertación, que preside la señora Bachelet y cuya política económica llevan adelante los Ministros de Hacienda y de Economía.
Con el Honorable señor Zaldívar y otros señores Senadores planteamos una indicación en esta línea -no es del caso precisarla-, en el sentido de gravar sólo las utilidades retiradas. Entregamos a los señores Ministros de Economía y de Hacienda una larga presentación, de aproximadamente catorce puntos, que decía relación a la forma como debía procederse en este ámbito.
El Titular de Hacienda, que es un caballero, nos recibió con mucho aprecio -al igual que el de Economía-; miró nuestro documento, y tuvo un segundo de reflexión. Seguramente, ese documento se convirtió después en un avioncito que fue a dar al lugar donde se depositan los desechos.
Por lo tanto, sugiero que, en mi nombre por lo menos -y creo que en el de mi bancada, y tal vez también en el de señores Senadores de otros sectores-, se haga un proyecto de acuerdo, en la oportunidad que corresponda y sumando todo lo planteado hasta ahora sobre el particular, para solicitar a la Presidenta de la República que este asunto se aborde como corresponde.
Si no se procede así, honestamente pienso que las bancadas deberían hacer un esfuerzo y pedirle una audiencia para hacer presentes nuestras inquietudes. Esta materia no es menor.
Por otra parte, una observación anecdótica: 600 millones de dólares son para el 85 por ciento de los empleos de Chile. Ello, si hubiera 600 mil microempresarios y les diéramos mil dólares a cada uno, con lo cual se nos acabaría el Fondo. Por lo tanto, estamos hablando de una miaja, como se dice habitualmente en el mejor idioma español.
Finalmente -no quiero agotar la paciencia de Sus Señorías-, agradezco que me hayan permitido intervenir, aunque fuera unos minutos, para coincidir en este asunto con otros señores Senadores. Porque éste es un tema de país y no sólo de determinada conducta partidaria. Pienso que estamos equivocando el camino si no estudiamos la situación a fondo.
Tengo entendido que aquí están comprendidos todos los microempresarios, de cualquier rubro, fundamentalmente del sector agrícola, que es el área económica donde se producen los mayores problemas de la zona central y, también, de la precordillera y la costa
.
El señor VÁSQUEZ.-
Pido la palabra para fundamentar mi voto.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, deseo hacer una aclaración en el sentido de que no se debe confundir un fondo de garantía con un fondo de préstamo. El primero se halla destinado a cubrir los créditos que no son pagados. Por lo tanto, los 10 millones de dólares no son para ser repartidos a razón de mil dólares por cada pequeño empresario.
Cuando en la Comisión hablamos del FOGAPE, teníamos clara conciencia de que, dependiendo del nivel de riesgo que asumiera el BancoEstado al dar las garantías, se podría llegar a préstamos de 90, 100, 120 ó 150 millones de dólares. Tal razón explica que parezca menor el monto propuesto.
Con todo, estoy de acuerdo en aumentar el Fondo. Voy a participar absolutamente en tal objetivo. Sin embargo, no quiero que quede la sensación de que se trata de un fondo de préstamo: es un fondo de garantía.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos).
Votaron los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, entiendo que se acordó enviar la iniciativa a la Comisión de Hacienda.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Debe volver a la Comisión informante. Y, efectivamente, también irá a la de Hacienda.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
¿Hay acuerdo en fijar como plazo para indicaciones el 19 de marzo, a las 12?
--Así se acuerda.
MEDIDAS CONTRA NARCOTRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo, suscrito por los Senadores señores Cantero, Navarro, Orpis y Ruiz-Esquide, mediante el cual se solicita a la Presidenta de la República que adopte una serie de medidas para contrarrestar el tráfico y el consumo de drogas en el país.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 941-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 88ª, en 24 de enero de 2007.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En dicho proyecto se pide que el Senado realice una sesión especial, que tenga carácter reservado para la entrega de antecedentes específicos sobre el tema y sea pública para su tratamiento general. Asimismo, se propone que se constituya una Comisión especial que se dedique al estudio del problema del narcotráfico y del consumo de drogas.
En la reunión de Comités celebrada el día de hoy se acordó que, si el proyecto de acuerdo fuese aprobado, se le otorgara un plazo de tres meses a la Comisión especial para emitir su informe y se facultara a los Comités para proponer al señor Presidente los nombres de sus cinco integrantes.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba por unanimidad.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero:
A la señora Ministra de Planificación, solicitándole diversos ANTECEDENTES SOBRE BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Del señor ÁVILA:
A la señora Ministra de Planificación, requiriéndole INFORMACIÓN DE BENEFICIARIA DE BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Justicia, pidiéndole CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN RESPECTO DE IDENTIDAD DE PERSONAS, y a los señores Alcaldes y Concejales de Angol, Collipulli, Traiguén, Renaico, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Victoria, Curacautín, Melipeuco, Lonquimay, Galvarino, Vilcún, Perquenco y Lautaro, referentes a NÓMINA Y UBICACIÓN DE PUENTES, RUTAS Y CAMINOS PÚBLICOS EN MAL ESTADO Y NÚMERO DE AFECTADOS EN SECTOR NORTE DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior, a la señora Directora Nacional de ONEMI y al señor Intendente de la Undécima Región, en cuanto a MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA ANTE ACTIVIDAD SÍSMICA VOLCÁNICA EN REGIÓN DE AISÉN; y a los señores Ministro de Obras Públicas y Jefe del Cuerpo Militar de Trabajo y del Comando de Ingenieros del Ejército, solicitándoles antecedentes con relación a OBRAS COMPROMETIDAS EN PRESUPUESTO DE 2007 SOBRE INFRAESTRUCTURA VIAL EN PROVINCIA DE PALENA Y EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole información respecto de OBRAS INCONCLUSAS EN TRAMO TALCA-CHILLÁN DE AUTOPISTA CONCESIONADA RUTA 5 SUR.
)----------------(
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
Antes solicito la autorización de la Sala para que pase a presidir la sesión el Honorable señor Ruiz-Esquide, porque debo asistir a una Comisión.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Ruiz-Esquide, en calidad de Presidente accidental.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA ANTE ACTIVIDAD SÍSMICA VOLCÁNICA EN REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, a partir de este año, en la Región de Aisén se ha empezado a vivir, por primera vez en su historia reciente, un fenómeno sísmico de proporciones. Esto ha generado en los habitantes, por falta de una cultura relacionada con ese fenómeno, una verdadera preocupación y, en algunos casos, pánico.
El fenómeno sísmico investigado se origina en la formación de un volcán pequeño -la denominación es "volcanes parásitos"- en el sector del fiordo Aisén, a 20 kilómetros al oeste de Puerto Chacabuco.
La verdad es que en la Región de Aisén solamente se conocen dos actividades volcánicas, ambas relacionadas con el Hudson: una en 1971 y la otra justo veinte años después, en 1991, con sismicidad alta y una cantidad de ceniza que dio la vuelta al planeta.
Los hechos que motivan mi intervención han puesto en evidencia la precariedad de la red sísmica existente en nuestro país. En Aisén había solamente un sismógrafo, producto de un convenio científico entre la Universidad de Chile y Francia. Magallanes, por su parte, carece de red sísmica, de acuerdo con la información oficial. Si uno no cuenta con al menos dos sismógrafos, no puede saber dónde está el epicentro. Por lo tanto, tomar medidas de emergencia mínima en estos casos resulta prácticamente imposible.
En consecuencia, señor Presidente, solicito a la Directora Nacional de ONEMI y al señor Ministro del Interior que se implemente una red de medición geosísmica mínima en cada Región. Como señalaba, Aisén tiene un instrumento y Magallanes figura con ninguno.
También, en el caso específico de la Undécima Región, pido que se dé a conocer el plan de emergencia en sus distintas fases, en particular el relativo a la comuna de Aisén, que es la más afectada, así como la preparación que se va a tener en lo futuro en Regiones como ésta con respecto a la actividad sísmica, a la cual sí está acostumbrado -por así decirlo- el resto de los habitantes del territorio nacional entre Arica y Puerto Montt.
Asimismo, solicito que se disponga el financiamiento necesario no solamente para la instalación de esta red geosísmica mínima, sino también, en el caso de Aisén, para la obtención, mediante satélites, de datos geodésicos y de carácter termal, a fin de poder orientar en mejor forma los estudios científicos y las actividades que para estos efectos requiere el sector de emergencia.
Además, hemos detectado en el terreno mismo que la ONEMI no tiene implementadas sedes regionales. Éstas son más bien oficinas o galpones que se utilizan en caso de emergencia y que se encuentran a cargo de un funcionario ad hoc que proviene de distintos servicios, o bien, de la Intendencia. La verdad es que, en un país como el nuestro, que tiene una alta fragilidad, una condición montañosa, con ríos que son fundamentalmente de torrente, que vive un proceso de erosión y desertificación acelerados, y que cuenta con una cadena de volcanes de alta actividad y graves fallas geológicas, resulta indispensable estar en condiciones de enfrentar estas situaciones en lo futuro.
Por eso, con la información solicitada, podríamos entrar a analizar más en detalle el tema presupuestario y, también, la posibilidad de una legislación, sobre todo en lo que se refiere a la ONEMI.
También sería interesante, de paso, conocer las profesiones de las distintas personas que ocupan los cargos de esta Oficina. Porque, al parecer, se podría estar privilegiando más las relaciones públicas y el nexo con la prensa que la profesionalización misma del Servicio a través de geofísicos, sismólogos, geólogos o personas que realmente tengan preparación para estos efectos.
He dicho.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, deseo apoyar y suscribir las expresiones del Senador señor Horvath respecto de la sismicidad en su zona.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Kuschel.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
ATRASO EN OBRAS DE TRAMO PENDIENTE DE CARRETERA AUSTRAL. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, la semana pasada recorrí la zona de Caleta Pichanco desde Caleta Puelche y Hornopirén, y constaté en terreno que no hay ningún avance físico en la construcción de lo que la gente en Chaitén, Futaleufú y Palena llama "el camino a Chile". No hay obras en ejecución.
Al igual que los años pasado y antepasado, hemos oído anuncios de que se van a construir algunos puentes (cinco, en total, desde Hornopirén a Caleta Pichanco), y yo he planteado -y lo reitero- que deben hacerse todos los que sean necesarios, porque ya están construidos los 17 principales: 13 entre Puelche y Hornopirén y 4 de Hornopirén a Caleta Pichanco. A ellos deben sumarse los que hay que hacer desde Chaitén hacia el norte.
Quiero, una vez más, expresar mi molestia por los atrasos.
En este momento están anunciando que van a llamar a licitación para iniciar estas obras en abril. Pero en ese mes tenemos invierno en la zona. "Chaitén" significa "canasto de agua". ¿Y qué se puede hacer en materia de puentes cuando está lloviendo? O sea, vamos a perder un segundo año de trabajo en la terminación de esta carretera.
Yo creo que finalmente la carretera se va a hacer, porque la energía eléctrica en los últimos dos años ha subido 30 por ciento y no hemos tomado una decisión aún respecto de la energía atómica. Entonces, al final se va a construir, pero por necesidad de la gente de Santiago, que quiere electricidad más barata.
Aun así, estimo que estas obras hay que iniciarlas cuanto antes. Se nos dijo que en diciembre del año recién pasado el Comando Militar del Trabajo iba a estar instalado en Puerto Montt y en enero de este año, en Chaitén. Nada de eso ha sucedido. Sólo a fines de febrero empezaron a llegar algunos oficiales a arrendar oficinas, pero en terreno no hay ninguna obra.
Por tanto, una vez más, quiero pedir que se oficie a los Ministerios de Defensa Nacional y de Obras Públicas, a fin de que agilicen los trabajos, para aprovechar las pocas temporadas de verano que le van quedando a este Gobierno, y ejecuten la construcción de todos los puentes y las alcantarillas de una sola vez. Porque -repito- los 17 puentes de envergadura ya están construidos. Y como se forman verdaderas repisas en la piedra -como lo he dicho en otras oportunidades-, es bueno cortar este camino una sola vez y no hacer, como ha anunciado el Ministro de Obras Públicas, primero 5 puentes, después otros 5, en fin. A mi juicio, hay que hacer todas las obras simultáneamente -son de mediana y pequeña envergadura- y lo antes posible.
Es cuanto quería exponer, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Corresponde el turno del Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, me referiré a varias materias.
INVERSIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y ONEMI ANTE EVENTUALIDAD DE TSUNAMI. OFICIOS
En primer lugar, quiero que se oficie al Ministerio del Interior y, en especial, a la Oficina Nacional de Emergencia, pidiéndoles información respecto de los montos de la inversión que están realizando los Gobiernos Regionales y la propia ONEMI en preparación ante la eventualidad de maremotos en toda la zona costera del país, particularmente en las comunas de la Octava Región.
Hay un gran debate respecto a quién le corresponde financiar un proyecto de esta naturaleza, dado que la Ley Orgánica Constitucional faculta a los municipios para operar sólo una vez ocurrido el desastre, no para realizar -según la lectura que hemos hecho- inversiones destinadas a prevenirlo. Eso es responsabilidad del Ministerio del Interior y de las instituciones que tienen el objetivo de resguardar la integridad y la seguridad nacional.
Producto de esta situación, no existe en ninguna de las comunas una delimitación clara, precisa -hay algunos intentos en la de Penco- respecto de la evacuación en caso de tsunami. En ese sentido, los planes de emergencia ante un fenómeno como éste tienen que ser socializados con la comunidad, elaborados por personal altamente especializado.
Los encargados de emergencia de los municipios son básicamente -usted lo sabe, señor Presidente- el responsable de aseo y ornato, a quien en la tarde se le pide que concurra a una reunión para que haga una minuta sobre las tareas de emergencia. No hay representantes de la ONEMI en las municipalidades. Todas las dificultades que enfrentó la Octava Región con los temporales del año pasado -la descoordinación y la falta de velocidad en la respuesta- se debieron a que no existe un financiamiento adecuado para contar con encargados de emergencia en cada uno de los municipios. Esa tarea la cumplen otros dirigentes, sea de Tránsito, sea de la Dirección de Obras. No hay a cargo personas especializadas en la materia.
A mi juicio, la ONEMI requiere una evaluación profunda respecto de los recursos, de su funcionamiento y, sobre todo, de su capacidad de prevención.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministerio del Interior, y en particular a los Gobiernos Regionales de todo el país -porque quiero tener una visión regional-, para saber cuál es el grado de funcionamiento de la ONEMI, el número de funcionarios, su calidad, el tipo de contratos celebrados y el grado de especialización. Esto, a fin de contar con una Oficina Nacional de Emergencia que esté a la altura de los desafíos de un país como el nuestro que se caracteriza por sus desastres naturales.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
IMPLEMENTACIÓN
DE SUBSIDIOS A FAMILIAS AFECTADAS POR
TEMPORALES EN CONCEPCIÓN Y REALIZACIÓN DE OBRAS EN RÍO ANDALIÉN Y OTROS CAUCES. OFICIOS
Solicito además, señor Presidente, que se pida a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo un detallado informe de la implementación de los subsidios para las miles de personas que en cientos de lugares de la Octava Región, como Chiguayante, La Greda, Valle Nonguén, Palomares, Villa Universitaria, Isla Andalién, sufrieron inundación. Fueron miles y miles las familias que en el interior de sus casas el agua alcanzó entre un metro veinte y un metro ochenta. Lo perdieron todo.
El Gobierno resolvió entregar subsidios que llegan casi al millón de pesos. Sin embargo, éstos se encuentran mediatizados a través de empresas consultoras. Existe un grave reclamo, que ha enfrentado con bastante eficiencia el Director del SERVIU de la Octava Región, Jaime Arévalo. Pero subsisten todavía diversas preocupaciones en muchos de los beneficiarios. Hay gente que no ha sido incluida. Eventualmente, se van a requerir más recursos.
Pido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo -no al SERVIU, porque la dirección regional de ese organismo sabe exactamente lo que requiere- que disponga los recursos del caso para satisfacer la totalidad de las necesidades de los afectados por los temporales del año pasado, que afectaron a la Región que represento.
Asimismo, solicito al Ministerio de Obras Públicas un informe completo del tipo de obras que se realizan en el río Andalién, el estero Palomar y el estero Nonguén, dado que -como es de su conocimiento, señor Presidente-, por ejemplo, la Universidad del Biobío perdió más de 2 mil millones de pesos: se dañaron todos los computadores y su biblioteca quedó afectada casi en 60 ciento.
Los trabajos deben hacerse en verano. Y se ha pedido agilidad e inversión inmediata, pero no para reparación; es decir, no gastar en paliar el daño causado, sino en prevención. Por eso, queremos saber exactamente cuánto se ha desembolsado y si el monto comprometido, que ascendía a más de 18 mil millones de pesos, se está ejecutando dentro de los plazos señalados. Hay inquietud en los dirigentes y preocupación en el gobierno regional. En consecuencia, deseo que se garantice que los plazos se van a cumplir.
Por otro lado, señor Presidente, y respecto de los mismos temporales del año pasado, que en el cerro La Pólvora costaron la vida a tres personas, quiero manifestar que se necesita una revisión, en particular de lo ocurrido con los fallecidos y el tipo de apoyo que el Estado ha brindado a sus familias. En este caso, hay responsabilidades. Se han hecho presentaciones judiciales en el caso del cerro La Pólvora, que dicen relación al rol del Municipio de Concepción y de Bomberos y, en especial, a la prevención que debe existir a nivel regional cada vez que suceda un evento catastrófico, en particular de tipo pluviométrico.
Dichas familias se hayan prácticamente abandonadas. Los tribunales podrán determinar responsabilidades, pero no necesariamente van a resolver el problema económico en que ellas quedaron.
Por lo tanto, solicito a la señora Intendenta de la Octava Región, doña María Soledad Tohá, una revisión de los apoyos brindados a las víctimas de los temporales, en especial a las del cerro La Pólvora, en Concepción.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
RESEÑA SOBRE DEFICIENCIAS DE PLAN TRANSANTIAGO. OFICIOS
Si me permite, señor Presidente, deseo realizar una breve reseña de un asunto que preocupa a miles y miles de santiaguinos, pero que para los Senadores de Regiones tiene una clara connotación.
Biovías II, en la Octava Región, constituye, en menor escala, una copia exacta del Transantiago: sistema de licitación, operadores troncales, alimentadores, funcionamiento de un administrador financiero del transporte -el famoso AFT- y la combinación metro-bus, que en el caso del Biovías II es el tren que une a las comunas de Hualqui y Talcahuano.
En tal sentido, las deficiencias presentadas por el Transantiago obedecen en forma clara a una crónica de un fracaso anunciado.
Cuando los Senadores de Regiones nos preocupamos del grave riesgo en que está el trasporte público en la Capital, lo hacemos porque nos anticipamos e impedimos la implementación del Biovías II en la Octava Región. De haberse puesto en marcha este plan, hubiera sido un desastre, porque las mismas carencias que se observan en el Transantiago se habrían repetido allá.
Estamos aprendiendo una dura lección, que tiene angustiadas a millones de personas, ya que el 70 por ciento de los santiaguinos viaja a pie, en metro, en bus. Se trata de gente que carece de automóvil. Y digámoslo francamente: hasta ahora, los más beneficiados con el Transantiago, sin duda, son los automovilistas, que hoy se desplazan con tranquilidad por las calles, con poco ruido y menor riesgo.
Lo sucedido con este plan de transporte constituye un hecho gravísimo, porque hay un importante incumplimiento de contrato.
Junto con el Senador señor Ávila, presentamos los antecedentes a la Contraloría General de la República; y advertimos que el contrato firmado por el Ministerio de Transportes y el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) contiene irregularidades, específicamente las referidas a las sucesivas modificaciones realizadas a éste y a la falta de revisión acuciosa del cambio contractual cada vez que se otorgó más plazo.
La Fundación Chile, en marzo de 2006, elaboró un completo informe sobre las fallas del sistema. Anticipó su fracaso, porque la tecnología utilizada no daba cuenta de los tiempos cronológicos para la implementación del software de gestión de flota. En este caso, las alternativas técnicas recaían en Siemens y en TIMM.
Pero más allá de eso, Sonda -responsable tecnológico y participante con el 9 por ciento del capital de la administración financiera- emprendió un difícil y largo camino, que no concluirá ni en abril -como lo señaló el Ministro del Interior-, ni en diciembre de 2007, ni en el 2008.
Toda la experiencia internacional señala claramente que la ejecución de un software que soportará 14 a 15 millones de transacciones diarias tiene un enorme grado de complejidad. Y lo hecho por Sonda es de una gran irresponsabilidad.
He demandado la intervención del Estado. Porque cuando se delega en un área una función esencial como es la del transporte, en mi opinión y en la de muchos, ella no puede quedar sólo en manos de administradores privados. Es como si les entregáramos a éstos totalmente la salud o la educación.
El transporte público es un derecho humano, un servicio del cual el Estado no puede estar ausente. Si no hay transporte, tampoco habrá acceso a la educación ni a la salud. Por lo tanto, es un derecho fundamental que garantiza otros.
Y, en este sentido, tengo la certeza de que los informes que recibe el Gobierno, y particularmente el Ministerio de Transportes, son engañosos: mienten a la autoridad pública. Porque, claramente, el administrador financiero -en particular el administrador tecnológico, que posee 9 por ciento del capital- sabía que no iba a poder cumplir con el software determinado.
Hemos sido un poquito el hazmerreír del mundo. Cuando las empresas tecnológicas de Francia, Italia y España concurrieron a Chile y presentaron los antecedentes al entonces Ministro de Transportes, Javier Etcheberry, y éste les señaló que tenían determinado plazo para cumplir la tarea, se tomaban la cabeza a dos manos y trataban de explicarle que ésta no era una labor de un año, sino de varios.
¿Y qué hace Sonda? Tratar de contactar y contratar servicios experimentados; pero luego opta por el camino propio. O sea, construir el software y no hacer el contrato.
Entonces, vamos a tener de cabeza a los santiaguinos por largos meses, porque este problema no se resolverá con aumento de carros ni con ampliación en los horarios del Metro, sino con la intervención decidida del Estado para canalizar, ordenar y administrar secuencialmente a los administradores privados.
Esto es una amarga gestión y un gran fracaso en lo relativo a la garantía que el sector privado pretende dar siempre en el ámbito de la construcción de nueva tecnología o desarrollo productivo.
Aquí claramente ha quedado en evidencia que no sólo el Estado ha fallado, sino también los particulares. El primero, por firmar bases de licitación y contractuales que le impiden hoy actuar, porque la gente no quiere ni boleta de garantía ni multa.
Por lo demás, Sonda ya le cobró a Siemens una boleta por 26 millones de dólares y no ha perdido un peso. Y a los operadores también se les hacen efectivas las boletas de garantía. Pero la gente sigue viajando apretada, caminando y, lo que es peor, pagando por un servicio que no cuenta con todos los adelantos tecnológicos que debería ofrecer.
El Transantiago no es sólo el validador. Lo que se ha hecho es una solución de parche. Se han puesto validadores a la subida de los buses. El contrato establecía colocar posicionadores satelitales, a fin de saber la ubicación del bus cada 30 segundos, y el contacto directo del conductor con un mecanismo para imponerse de cuántas personas viajan en cada minuto, y así determinar la frecuencia. Por lo tanto, el sistema funciona cuando se conoce cómo va el bus y cuántos pasajeros lleva. Del mismo modo, los vehículos debían contar con un botón de pánico, la pantalla informativa y particularmente con un sistema para precisar el número de usuarios.
Hoy el Transantiago funciona a ciegas. El AFT no lo confiesa, pero desconoce cuántos pasajeros transporta, porque las transacciones no son recogidas de manera sistemática y en línea, y la repartición de los ingresos y el pago a los operadores nacionales e internacionales se harán con mecanismos no consignados en las bases.
Viene un alza de los pasajes del transporte público en Chile, y la nueva amenaza para los usuarios del Transantiago son los mayores costos de aquél. No hay país en el mundo donde el transporte no sea subsidiado. Hoy los chilenos están pagando por tal concepto más que los parisinos -tienen un ingreso per cápita muy superior al nuestro- y más que italianos y españoles.
En este sentido, es inevitable el alza del Transantiago. El sistema con los buses amarillos funcionaba con 380 pesos, repartidos entre el dueño del vehículo y uno de los conductores, que trabajaba de 12 a 14 horas. Hoy, esa misma cantidad tiene que ser repartida entre un administrador financiero -incluye cinco bancos: Falabella, Santander-Santiago, Estado, de Chile y de Crédito e Inversiones-, los operadores nacionales y extranjeros, a lo cual debe sumarse el conjunto de prestaciones de garantías que deben ser depositadas para asegurar la solvencia del servicio.
La verdad es que los pesos no son chicles. Los 380 no se estiran. No se sostiene el sistema. Lo ha dicho Joaquín Lavín, sin señalar claramente, en mi opinión, las responsabilidades de su desfinanciamiento. Porque aquí hay responsabilidad del Estado, pero también del sector privado.
Por lo tanto, el pasaje va a subir. Y estamos viviendo nuevamente la "crónica de un alza anunciada", similar a la "de un fracaso anunciado". Aquí no es admisible pretender subsidiar luego a los operadores privados, porque se repetiría un modelo que yo cuestiono y respecto del cual tengo observaciones, que es el sistema aplicado en Educación, en donde a un sostenedor se le asigna una cantidad importante de recursos, pero sin garantía de que los utilice para lo que queremos.
Si el subsidio va a financiar la gestión de flota de los operadores privados, no garantizamos ni un buen servicio -que no lo están dando-, ni que la gente viaje de manera más cómoda o que no tenga que desembolsar más de su bolsillo.
Se ha dicho que el sistema funcionará hasta agosto. Es decir, que lo relativo a los 90 minutos para que el pasajero haga efectiva la combinación del bus troncal a un clon del Metro alternativo de acercamiento, pagando sólo 380 pesos, regirá sólo hasta el mencionado mes. Desde ya anuncio que ese plazo debe ser extendido. Si no es así, habrá cobro adicional. Cuando un trabajador paga 380 pesos por subir a un bus de pasajeros y una cantidad igual por otro abordaje, en circunstancias de que antes lo hacía una sola vez, en el hecho implica un aumento de ciento por ciento en el transporte. De eso estamos hablando.
En ese sentido, he pedido formalmente al Gobierno que este asunto sea incorporado tempranamente al debate, toda vez que resulta inevitable lo que viene. Si ello no ocurre, lo que tendremos será un sistema con características de privado, pero solventado sólo por la gracia del Estado con un financiamiento directo.
Señor Presidente, queremos establecer en todo el proceso que presentamos a la Contraloría General de la República si efectivamente la evaluación de la tecnología implementada contó con los informes técnicos adecuados y con la aprobación correspondiente en este tipo de contratos, lo cual, por cierto, debe realizarse a la luz de la jurisdicción del órgano contralor. Tengo la duda. Ojalá yo no esté en lo cierto, pero la angustia me dice que uno no se equivoca. En definitiva, muchas de las modificaciones contractuales sobrepasaron la legalidad en cuanto al aumento del plazo y al uso de una tecnología no probada, por ejemplo.
Quiero conocer el informe técnico que indique por qué se usó tecnología Siemens -que no estaba implementada en el país ni tampoco en el resto del mundo- por un conjunto de operadores sin experiencia.
¡Qué tienen que hacer los bancos en el transporte público! Su experticia, su know-how, está en otro ámbito. Lo señaló claramente uno de los operadores franceses, cuestión que recogió el Director Internacional de CONNEX, Jean Louis Soulas. Se dijo a los operadores internacionales de transporte que iba a haber una operación dirigida para que los expertos del mundo pudieran operar en Chile. Ello permitió que cualquier empresario -como ocurre hoy día en el sector Educación-, ingresara al negocio, con toda la dignidad que merecen los que venden carne, leche, pan. Y así lo hicieron los bancos.
¡Qué experiencia tiene Falabella en transporte público! ¡Cuál el BancoEstado!
La señora MATTHEI-. ¡Qué experiencia tiene el Ministro¿!
El señor NAVARRO.-
¡Correcto! ¡Qué experiencia tenían los que estaban a cargo del sistema!
Pero pienso que habríamos cautelado en mejor forma la situación con contratos que permitieran a operadores experimentados ponerse al servicio de un plan revolucionario con la teoría del big bang.
Es un tema que no queremos plantear hoy día como una manera de entorpecer el funcionamiento del Transantiago. Yo quiero que él sea moderno y eficiente. Y lo estoy apoyando. Pero la verdad es que las evaluaciones -por ejemplo, la de las tarifas-, las estamos haciendo con tiempo. La relativa al big bang de por qué se hace este cambio tan brutal, que afecta no sólo el aspecto económico, sino el cultural de la gente, tendremos que hacerla.
He pensado, a veces -hace mucho tiempo que perdí la ingenuidad en política-, en quién se beneficia y quién paga los costos con todo esto. Lo referente a lo segundo está claro: los está pagando el Gobierno, y particularmente el ex Presidente Lagos.
No quiero señalar a quienes tenían la obligación tecnológica del funcionamiento del sistema, sean de Gobierno o de Oposición. Lo que está claro es que son de Oposición. Apoyaron a Piñera. Pero no creo que Andrés Navarro -lo digo sinceramente- esté en una operación tan compleja como ésa. ¡No! Él es un empresario.
Sin embargo, las consecuencias están a la vista. Y el costo lo está pagando el ex Presidente Lagos, quien, por cierto, pudo haber cometido errores¿
La señora MATTHEI.-
¡Muchos errores¿!
El señor NAVARRO.-
¿ que, por supuesto, también pagará la Concertación; y fuertemente, porque este problema no se va a resolver en el corto plazo.
En definitiva, tenemos un costo político. Es decir, los errores los cometen los empresarios privados, pero la cara la da el Gobierno, el cual paga, además de los políticos, los económicos. Ése es el sistema de la base de licitación.
La señora MATTHEI.-
¡No!
El señor NAVARRO.-
Claramente, aquí hay suma cero en el aspecto político para el Gobierno. ¡Sólo costos!
Yo creo que el Transantiago, en un mediano plazo, va a funcionar. Retrospectivamente diremos que era lo que había que hacer. Pero podríamos haberlo hecho mucho mejor -es mi reflexión-, porque estábamos advertidos de los problemas. Sabíamos a ciencia cierta que los operadores no eran expertos y que se desechó a los que lo eran.
La información que presentamos a la Contraloría señala que las ofertas francesas o mexicanas bordeaban los 45 millones de euros (54 millones de dólares), respecto de la implementación tecnológica de 5 mil 300 buses.
La propuesta que apareció a página completa en el diario "El Mercurio" el año pasado era de 390 millones de dólares. Pido a la Contraloría General de la República que nos diga cuál es el contexto en que se fundamenta ese monto, en circunstancias claras de que los oferentes, que tienen funcionando el sistema en Roma, en Berlín, en París, hicieron propuestas por un monto muy inferior. Hay una cuestión que tiene que ser aclarada, por la sanidad y transparencia de un sistema que todos queremos que resulte, y al cual apostamos.
La Presidenta ha dicho hoy: "Pongo en juego mi popularidad para que el Transantiago funcione". Yo creo que ella está jugando por que esto funcione, pues afecta a la gente; a los que les dijimos que íbamos a resolverles el problema; a la señora Juanita, a quien, por lo demás, no consultamos si lo quería y sobre la forma de hacerlo. Quedó tirada en todos los sectores periféricos poblacionales, donde la red o malla no funcionó.
Hoy día están volviendo los buses amarillos, señor Presidente. Los están pintando verdes y se está subsidiando un sistema que no logró resolver lo implementado.
Vamos a aceptarlo, por cierto, porque nos interesa la gente. Pero, si hubo una licitación para el sector privado, por un monto establecido y con cierto nivel de requisitos, vamos a exigir que se cumpla. Y no con multas, porque si la gente paga 380 pesos por un tipo de servicio y se la transporta achoclonada, con dificultad, claramente debe recibir un beneficio, atendido el no cumplimiento de lo contratado por el Estado.
En este sentido, pido que se envíe un oficio solicitando una copia del informe de la Fundación Chile. ¿Por qué me interesa? Porque respecto del sistema AFT, con los mismos operadores, se estuvo conversando con los empresarios de la Octava Región, a los cuales les ofrecieron la fórmula que hoy día ha fracasado en Santiago. Y la verdad es que, por suerte, junto con el Diputado Ortiz hicimos un esfuerzo para disuadir al Gobierno de que, mientras el Plan no se probase en Santiago, no lo implementara en Concepción.
Sin embargo, como me interesa que resulte el Transantiago y que luego haya en Regiones una versión ya saneada, con la lección aprendida acerca de lo que significa la modernización del transporte público, quiero imponerme del informe de la Fundación Chile y saber qué procedimiento hubo, quién lo evaluó y quién lo recibió.
Sé que el Senado no posee facultades fiscalizadoras. Sólo queremos una copia del documento. Tengo claro que esa función corresponde a la Cámara de Diputados. Pero nos interesa especialmente conocer los detalles, por la transparencia debida en una materia de alta sensibilidad para millones de santiaguinos y de preocupación para otros millones de ciudadanos en Regiones.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, la próxima semana el Senado podrá debatir con mayor profundidad todo lo referente al Transantiago y a la decisión política del Gobierno de la Concertación para moldear todo lo que es el transporte en la Capital, que deja en evidencia que ha sido, a lo menos, mal llevada.
Ahora, antes de proceder a mi intervención y en relación con uno de los oficios que el Senador señor Navarro pidió enviar al Ministerio de Vivienda, requiriendo un detallado informe respecto de la implementación de subsidios para las personas cuyas viviendas fueron dañadas por los temporales durante el 2006, quiero solicitar -si Su Señoría lo tiene a bien-, que dicha información se amplíe a toda la Región y no se circunscriba a las localidades o comunidades que mencionó.
El señor NAVARRO.-
Por cierto, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Así se procederá, señor Senador.
CRECIMIENTO DEL PAÍS Y DE CADA REGIÓN DURANTE 2006. OFICIOS
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, deseo referirme a una muy mala noticia que le fue confirmada a la Región del Biobío algunos días atrás: las cifras sobre el crecimiento del país y de cada una de las regiones, dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Dicha información nos señala que el crecimiento de Chile es mediocre, de sólo 4,4 ó 4,5 por ciento. Esto, sin duda, a pesar del conjunto de condiciones más favorables que ha experimentado la economía nacional en el último tiempo, indica un avance lento, insuficiente y que verdaderamente no resuelve los problemas de fondo de los chilenos.
Pero, junto con ese porcentaje a nivel nacional, se dieron a conocer los correspondientes a las distintas regiones del país.
La Octava Región experimentó un crecimiento de 2,2 por ciento durante el año 2006, ubicándose en el décimo lugar. Es decir, presenta una performance no sólo mediocre, sino claramente inaceptable, por las potencialidades que ella exhibe.
Esa cifra lo único que hace es mantener los empleos precarios; los altos niveles de desempleo; las bajas remuneraciones; la falta de expectativas; la nula capacidad de la pequeña y mediana empresas de poder subsistir, progresar y tener un proyecto de futuro.
Aquel porcentaje lo único que hace es repartir algo de riqueza a las grandes inversiones, toda vez que el propio Instituto Nacional de Estadísticas da cuenta de que el 2,2 por ciento es producto de las inversiones vinculadas a las papeleras de la provincia del Biobío y de algunas inversiones significativas en el gran Concepción. Sin embargo, esa cifra demuestra que los sectores medios y de bajos ingresos de la población no tienen ninguna expectativa.
La situación es más preocupante cuando uno se entera de que la inversión que soporta ese nivel de crecimiento ha concluido en nuestra Región. Porque ya no está la inversión en las papeleras; no hay mayores inversiones en los ámbitos pesqueros o industriales, y existe la sensación de que -por lo menos, en la provincia del Biobío y en el gran Concepción- la inversión en los nuevos casinos es la que brindará una posibilidad de crecimiento.
Es decir, las perspectivas para el año 2007 son incluso peores que las del 2006.
Conviene precisar que el INE reconoce que en el último trimestre del 2006 el crecimiento de la Región fue negativo: menos 1,7 por ciento. Por lo tanto, el año 2007 se nos viene encima con dificultades aun mayores. Y quién las paga: los sectores medios y de bajos ingresos de nuestra Región; no el gran capital, no los grandes empresarios, los cuales pueden permitirse un nivel de crecimiento importante incluso con cifras bajas.
En consecuencia, pido que se requiera a la Intendenta regional una respuesta de lo que vamos a hacer en la Región no sólo en los próximos años, sino también en los meses siguientes.
Si uno revisa la prensa regional a posteriori de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas, observa que no ha habido ninguna intervención de la autoridad de Gobierno en la Región -¡ni una sola!- que dé a conocer las razones por las cuales nos vemos enfrentados en la Octava Región, a pesar de sus potenciales, a una situación -yo diría- casi cercana a lo miserable, a algo que nadie habría podido precisar ni conforme a los peores vaticinios.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Intendenta regional para que dé una explicación al Senado sobre lo planteado y diga cómo están funcionando los programas de desarrollo en nuestra Región.
En el discurso de la Presidenta de la República del 21 de mayo del 2006 se anunció la creación de agencias de desarrollo. Queremos saber cómo se encuentran constituidas ellas en las distintas provincias de la Octava Región y qué programas y políticas están llevando a cabo.
Deseamos conocer la visión de la Intendenta, del Gobierno regional, sobre cómo enfrentar una situación de esta naturaleza. Tan simple como eso: de qué manera podremos superar en la Región un asunto que es verdaderamente preocupante, no sólo por el daño que se produce a miles y miles de personas, sino porque además ello tiende a repetirse durante el año 2007.
En ese mismo contexto, sin duda que la inversión pública juega un rol fundamental. Aunque no es algo definitivo, resulta primordial en las pretensiones de una Región que desea progresar. Y nos llama mucho la atención -manifestamos nuestra preocupación por ello- que, por ejemplo en materia de infraestructura, básicamente en vialidad, la Región cuente para el 2007 con 50 mil millones de pesos de inversión. Sin embargo, el 70 por ciento de ese gasto será para financiar proyectos de arrastre, es decir, proyectos nuevos en materia de infraestructura, tan necesaria para generar una política de desarrollo. En verdad, eso es mínimo.
La provincia del Biobío -que usted también conoce, señor Presidente- tiene programado para el año 2007 sólo la pavimentación de 12 kilómetros del camino Los Ángeles-Santa Clara como inversión nueva en lo que respecta a vialidad.
Eso da perfecta cuenta de las falencias que exhibe la Región para enfrentar los desafíos que ya no sólo nos depara el futuro, sino que nos está cuestionando el presente, en el que claramente existen faltas de expectativas.
En ese sentido, y teniendo en cuenta a la vez las políticas de desarrollo e innovación que pueden llevar a cabo la Región y el Gobierno -por eso solicito oficiar a la Intendenta regional-, resulta pertinente recabar la opinión de ella sobre estas materias, las que, a nuestro juicio, son fundamentales en cuanto a inversión. El objetivo es que pueda detallar con claridad al Senado la inversión pública que se realizará en cada una de las provincias de la Región en las distintas áreas: infraestructura, educación, etcétera. Es decir, el conjunto de la inversión pública.
Sólo en esa medida, con una información acotada, es posible decir en qué se podrá colaborar y cómo contribuir para que la situación que está viviendo hoy día la Octava Región logre ser superada.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DURANTE 2006. OFICIO
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, deseo referirme a un segundo orden de materias, que se encuentra bastante vinculado a lo anterior.
Uno de los temas del desarrollo es, sin duda, lo relativo al asunto inmobiliario, a la construcción de viviendas, a la posibilidad de que las personas accedan a una vivienda digna. Pero no existe una información muy clara sobre lo que está pasando. Por eso, solicitaré antecedentes a nivel nacional.
La opinión pública tiene mucho conocimiento de lo que está ocurriendo y hay bastante información en ese sentido.
Nosotros como representantes de la ciudadanía hemos sido permanentemente invitados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a ceremonias en las cuales se entregan subsidios. Pero esta entrega es sólo una expectativa para obtener una vivienda. ¿Cuándo el subsidio se transforma en vivienda? Cuando él es pagado.
Por lo tanto, pido que se oficie a la titular de esa Cartera para que proporcione información respecto del año 2006; esto es, cuántos subsidios se entregaron por región y comuna y cuántos fueron pagados. De esa manera tendremos verdaderamente una noción de la cantidad de viviendas que se adjudican con financiamiento público para satisfacer las necesidades de vastos sectores de nuestra población.
La información que estoy pidiendo a nivel nacional nos permitirá ver también cuál es el esfuerzo que como país estamos haciendo para reducir el déficit habitacional.
No nos debemos quedar sólo con la información de los subsidios concedidos -estoy cierto que el año 2006 superaron los 100 mil-, sino que es importante saber cuántos efectivamente fueron pagados. Esto nos indicará el número de viviendas que se han entregado a las familias chilenas.
He dicho, señor Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Pérez Pérez, conforme al Reglamento.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
CRITERIOS DISÍMILES SOBRE OTORGAMIENTO DELIBERTAD PROVISIONAL. OFICIO
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, la libertad provisional es un derecho garantizado por la Constitución en nuestro país, el cual presenta una excepción: cuando el imputado es considerado un peligro para la sociedad. En ese caso se le puede privar de la libertad en las etapas de investigación del ilícito.
Muchas veces aparecen en las noticias personas acusadas de haber cometido delitos muy graves -generalmente, con violencia-, y sin embargo, son dejadas en libertad.
Hay muchos reclamos de parte de la ciudadanía que percibe que se dan demasiadas garantías a los imputados a costa de la seguridad y tranquilidad de las víctimas y de la sociedad.
Cuántas veces uno ha visto rabia, impotencia, en la ciudadanía porque a una persona la sorprenden cometiendo un delito gravísimo, con violencia, y no obstante a los pocos días se la deja en libertad mientras se desarrolla la investigación y se la lleva al juicio oral.
Como todos saben el domingo recién pasado fui a ver al hijo de una amiga que se encuentra privado de libertad porque en su auto se encontraron 20 gramos de marihuana.
No voy a referirme al caso de Paul Morrison, no debo ni quiero hacerlo, porque está en manos de la justicia y nosotros, como legisladores, nada tenemos que hacer al respecto.
Eso sí, debo reconocer que me llamó la atención que a él se lo considerara un peligro para la sociedad en circunstancias de que tengo en mi retina y en mis oídos hechos gravísimos que, sin embargo, no fueron considerados como tales.
Por lo tanto, a raíz de este caso en particular me surgió la preocupación acerca de si existe algún tipo de criterio uniforme a lo largo de los distintos juzgados de garantía y las diversas cortes de apelaciones, sobre cuáles son las características, ya sea del delito o de la persona, que pueden significar que esta última sea considerada o no como un peligro para la sociedad. Es decir, si es que hay algún criterio relativamente homogéneo o se deja al discernimiento del juez, a la arbitrariedad total.
Me preocupa el hecho de que al parecer no existe ningún tipo de criterio general y, en el fondo, se deja a la ponderación del juez.
Si fuese cierta mi percepción, en el sentido de que no hay ningún criterio común, de que éstos son sumamente dispares -porque al parecer la ley es muy vaga en esta materia y en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no vale, no se toma en cuenta, por lo que el juez tiene amplísimas facultades al respecto-, me preocupa que la ciudadanía no lo considere como parte de las facultades de un magistrado, sino como una falla de la justicia, o sea, como una injusticia.
El hecho de que la gente vea que en casos relativamente menores la persona queda privada de libertad y en otros que son gravísimos se la honra con el derecho a la libertad provisional, al final, contribuye a una mala imagen del sistema judicial, aunque no sea culpa de los jueces, porque teniendo las facultades ellos las pueden aplicar.
Pero la gente no tiene por qué entender esto. En el fondo lo que ella percibe es una injusticia: en casos gravísimos a la persona se la honra con el derecho a la libertad provisional, y en aquellos que son aparentemente menos grave se la deja en la cárcel.
Entonces, señor Presidente, dado que tengo la inquietud de que al parecer existiría un criterio muy dispar, lo primero que hay que hacer es investigar mediante estadísticas, estudio de casos, si efectivamente es así a través de los diversos juzgados de garantía y cortes de apelaciones.
En este momento estoy viendo cómo contratar estudiantes de Derecho a fin de que constaten en distintas cortes de apelaciones, caso a caso, cuáles han sido los criterios, ya sea para conceder la libertad o para declarar a una persona como peligro para la sociedad. Ello, a fin de verificar si existe coherencia en esta materia dentro de una misma corte de apelaciones y también si la hay entre ellas.
A la vez, quiero que se envíe un oficio al señor Ministro de Justicia a fin de que remita un análisis, por juzgado de garantía y por corte de apelaciones, de todos los casos en que se ha solicitado libertad provisional durante los últimos seis meses. Deseo que en este listado se señale cuál es el delito que se imputa a la persona, si ésta tiene antecedentes penales o no y si se la declaró o no como peligro para la sociedad. Sé que este análisis existe en el Poder Judicial, básicamente en la Corporación Administrativa Judicial. Por lo tanto, me imagino que el señor Ministro podrá solicitarla.
Señor Presidente, creo que esto resulta de la máxima importancia. Porque, si llegásemos a constatar que en efecto los criterios son muy dispares, pienso que tendríamos que conversar con la Corte Suprema para estudiar la manera de homologar un criterio. Insisto, la gente considera que ante un mismo delito debiera haber una sanción similar. Pero cuando uno ve que a quienes son sorprendidos con 250 ó 500 gramos de cocaína se les deja libres y a una persona por tener 20 gramos de marihuana en su auto se la priva de libertad ya por un mes, uno percibe que existe tal disparidad de criterio que al final corremos el peligro de que el sistema sea considerado tremendamente injusto.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la Senadora señora Matthei, conforme al Reglamento.
CRÍTICAS A FUNCIONAMIENTO DE PLAN TRANSANTIAGO
Señor Presidente, también quiero intervenir respecto del Transantiago.
Ya en enero pedí un listado completo de todos los estudios realizados para implementar dicho plan de transporte: cómo se había licitado; a quiénes se les otorgaron esas licitaciones; si ello fue por licitación o por trato directo; quién había sido la contraparte, ya sea en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Obras Públicas o en SECTRA.
Acá pueden existir efectivamente fallas graves en la empresa privada. Concuerdo absolutamente con el Senador señor Navarro en que la administración del sistema significaba tener posicionadores satelitales, saber cuál era la frecuencia, constatar cuántos pasajeros iban en cada bus, en resumen, ordenar las frecuencias para dar un servicio de transporte razonable. Y nada de eso se ha cumplido, no existe.
Pero también ha habido fallas increíbles en la ingeniería del sistema. Y eso es culpa de quienes hicieron ya sea los estudios de demanda, de origen y destino o de ingeniería. Y también constituye una falla increíble del Ministerio de Transportes y de SECTRA, de quien haya sido la contraparte técnica.
Cuando se quiere establecer un sistema de buses alimentadores y troncales en una ciudad, lo primero que se tiene que ver es si existen vías troncales. Y resulta que en Santiago no las hay. Entonces, cómo desean implementar dicho sistema de transporte cuando no se cuenta con vías expeditas, troncales, exclusivas. ¡El modelo está equivocado en su origen! ¡Es completamente malo! Si tal situación hubiese existido en el diseño de un puente, éste ya se habría caído. ¡Esto es inaceptable, señor Presidente! ¡Inaceptable!
Las condiciones indignas, asquerosas, a las que se está sometiendo en este momento a gran parte de la población de Santiago se deben a que en los estudios pertinentes hubo fallas que no comete ni siquiera un alumno de segundo año de Ingeniería.
¡Cómo es posible que se instalen buses troncales cuando no existen vías troncales!
Podría haberlas en Santiago. Pero para ello habría sido indispensable invertir. Tanto al Ministerio de Transportes como al de Obras Públicas se les advirtió, una y otra vez, sobre la necesidad de efectuar tal inversión, que ascendía, aproximadamente, a 200 millones de dólares. Pero el Gobierno pasado se negó.
Todavía es factible construirlas. Se puede hacer vías expeditas; cerrar dos pistas de la Alameda en cada sentido; evitar el giro a la derecha de los vehículos particulares que circulan por esa avenida, en fin. Es factible hacer muchas cosas. Pero todo ello debió ocurrir antes de implementar el sistema.
De otro lado, cuando se precisan muchos transbordos, como los del Plan Transantiago -porque así fue diseñado: con transbordos; y por eso contempló buses alimentadores y troncales-, lo lógico es que se realicen en el menor tiempo posible. Y eso significa que los usuarios adquieran el pasaje antes de abordar el bus, de tal manera que cuando éste llegue todo el mundo ya haya pagado, se abran las puertas y por todas ellas baje y suba gente, como en el Metro.
Pero no: ¡los validadores de pago fueron instalados en el interior de los vehículos¿! Entonces, los pasajeros deben subir en fila india por una sola puerta, con la consiguiente demora cuando alguien olvidó la tarjeta, o cuando ésta no funciona, o cuando ya no queda plata en ella. Y todo eso, mientras los demás permanecen en la cola esperando.
Señor Presidente, las fallas descritas son tan obvias, elementales y graves que yo quisiera saber quiénes son los responsables.
En consecuencia, sería interesante conocer cuánto costaron los estudios técnicos y quiénes los elaboraron; cuántos viajes se llevaron a cabo para informarse sobre los distintos sistemas de transporte público existentes, quiénes los efectuaron y qué aprendieron. Porque se gastaron miles de millones de pesos en diversos estudios, todos los cuales estuvieron mal hechos desde su concepción.
Y lo peor es que tanto al Gobierno anterior como al actual se les advirtió, una y otra vez, que el Plan Transantiago adolecía de tales fallas, que los santiaguinos están pagando hoy con tiempo y, en algunos casos, a costa de su dignidad. En los reportajes se observa cómo manosean a las mujeres; cómo las madres trabajadoras que deben llevar a sus guaguas a la guardería no pueden subir a los buses o, si logran hacerlo, tienen que andar con ellas colgando.
Repito: ¡eso es inaceptable!
Señor Presidente, sé que se me acabó el tiempo.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Así es, señora Senadora.
La señora MATTHEI.-
Por tanto, concluyo reiterando que en el funcionamiento del Transantiago existen fallas inadmisibles de la empresa privada. Pero la principal es atribuible a quienes diseñaron el sistema, a los que participaron en la ingeniería y a aquellos que implementaron esta modalidad de transporte a sabiendas de que los estudios pertinentes adolecían de errores estructurales.
He dicho
.
El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:39.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción