REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 83ª, en miércoles 10 de enero de 2007
Ordinaria
(De 16:22 a 19:33)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia, don Isidro Solís Palma, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 70ª, 77ª, 78ª y 79, ordinarias; 80ª, extraordinaria, y 81ª, ordinaria, en 15 de noviembre, 13, 19 y 20 de diciembre de 2006, y 3 de enero de 2007, respectivamente, que no han sido observadas
.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea un examen único nacional de conocimientos de medicina (boletín 4.361-11).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que responde un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Allamand y Horvath, sobre las medidas adoptadas para impedir la contaminación del lago Ranco.
De la señora Superintendenta de Electricidad y Combustibles, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Frei, en que demandó una solución a los desbordes que se producen en la ribera norte de la laguna Pullinque.
De la señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Naranjo, relativo al cierre de la oficina de la AFP Provida S.A. en la ciudad de Cauquenes.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta la designación de un administrador provisional en establecimientos educacionales subvencionados en casos que señala (boletín Nº 4.503-04).
--Queda para tabla.
Mociones
De la Honorable señora Alvear, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo a fin de fijar un horario de funcionamiento para establecimientos comerciales en las fechas que indica (boletín N° 4.824-13).
De los Honorables señores Muñoz Aburto y Letelier, por medio de la cual inician un proyecto de ley que hace aplicables a supermercados y multitiendas las disposiciones relativas a feriados obligatorios que señala (boletín N° 4.825-13).
--Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Honorables señores Horvath y Gómez, con la que inician un proyecto de ley sobre término de procedimiento de cobro de deudas ante juzgados de policía local en caso que indica (boletín N° 4.826-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Matthei y señor Pérez Varela que extiende el funcionamiento de los juzgados del crimen que señala.
--Se declara inadmisible, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental, al tener relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado.
Moción de los Honorables señores Orpis, Chadwick, Coloma, Pérez Varela y Prokurica que regula la producción y el uso de biocombustibles, concede atribuciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y establece exención tributaria que indica.
--Se declara inadmisible, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en los números 1° y 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política, al incidir en materias tributarias y en atribuciones de un servicio público.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables señores Frei y Naranjo, para modificar el Reglamento del Personal del Senado en lo relativo al sistema de calificaciones y retiro de funcionarios (boletín N° S 933-09).
--Pasa a la Comisión de Régimen Interior.
Del Honorable señor Espina y diversos otros señores Senadores, sobre derechos compensatorios a las importaciones de harina de trigo (boletín N° S 932-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto que prorroga la entrada en vigencia de las leyes Nos 20.022 y 20.087, sobre nueva justicia laboral, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 4.811-13).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor ORPIS.-
Pido la palabra para referirme a un asunto de la Cuenta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, con respecto a la moción que regula la producción y el uso de biocombustibles, que fue declarada inadmisible, solicito que se oficie, en mi nombre, al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Minería y Energía a los efectos de requerir el patrocinio del Ejecutivo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se remitirá el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
PRÓRROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LEYES Nos 20.022 y 20.087, SOBRE NUEVA JUSTICIA LABORAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que prorroga la entrada en vigencia de las leyes Nos 20.022 y 20.087, sobre nueva justicia laboral, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4811-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 82ª, en 9 de enero de 2007.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 83ª, en 10 de enero de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es posponer en un año la entrada en vigencia de las leyes mencionadas por el señor Presidente: la primera, referida a la creación de juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional, y la segunda, a la sustitución del procedimiento laboral. Por tanto, dichos cuerpos legales regirían sólo a contar del 1º de marzo de 2008.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto tanto en general como en particular y le dio su aprobación de igual modo por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Alvear y señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general y particular.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el proyecto que envió el Ejecutivo para prorrogar en un año la entrada en vigencia de los tribunales de la nueva justicia laboral corresponde a una materia que nos provoca un doble sentimiento.
Por una parte, se manifiesta la necesidad de ser responsables de que la nueva justicia laboral, cuando entre en vigencia, tenga un procedimiento adecuado, que evite dificultades como las que ha habido en los juzgados de familia, y disponga de una cantidad suficiente de tribunales y jueces para garantizar a todos los habitantes del territorio nacional que enfrentan conflictos laborales el acceso en condiciones de relativa igualdad.
Además, algunos queremos -fue una de las causas de nuestra demanda por posponer el funcionamiento de tales juzgados- que se implemente una defensoría laboral; esto es, abogados, profesionales especializados, con capacidad para defender y representar a los trabajadores en conflicto ante los nuevos tribunales de justicia.
En cuanto al debate que sostuvimos hoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre el proyecto, el cual fue tramitado con urgencia de "discusión inmediata", debo señalar que surgieron antecedentes de una reunión con los señores Ministros de Justicia y del Trabajo -quienes nos acompañan ahora en la Sala-, en la que los integrantes de aquel órgano les representamos nuestra preocupación por los plazos de implementación de la reforma judicial laboral, esto es, del funcionamiento de los nuevos tribunales del trabajo. En tal sentido, algunos solicitamos que se presentara un proyecto para posponer la ejecución de estas leyes.
Por eso, en primer término, quiero agradecer que se haya acogido la inquietud manifestada por algunos de nosotros. Preferimos que los sistemas entren en funcionamiento cuando las condiciones sean las más adecuadas posible.
Es efectivo -y otros colegas lo representarán en su oportunidad- que existe determinada opinión sobre la reforma inicialmente aprobada. Pero sobre ello no me pronunciaré en este momento.
Sí quiero reiterar que varios Senadores planteamos a la autoridad una petición sobre la necesidad de una prórroga en esta materia. Y agradecemos que haya concordancia de opiniones al respecto. Entre otras acciones, la Honorable señora Alvear presentó un proyecto y quien habla y otros colegas hicimos una presentación formal al Ministerio del Trabajo.
Queremos que, cuando entren en funcionamiento los tribunales de trabajo, exista una nueva institucionalidad de defensoría laboral, financiada con recursos públicos, para dar asesoría legal a los trabajadores.
En este ámbito, estamos tremendamente satisfechos por el acuerdo que nos manifestaran los representantes de los Ministerios de Justicia, del Trabajo y de Hacienda al declarar la voluntad de entregar, a más tardar en marzo próximo -para ser específico, en la primera quincena de ese mes-, una propuesta donde se detalle un sistema de defensoría laboral.
Al respecto -y aquí hablo a título personal, no en nombre de la Comisión-, no quiero que la defensoría laboral sea el pariente pobre de un sistema de asistencia legal ciudadana en el país. Aquélla debiera ser similar a lo implementado para el Ministerio Público: con fiscales y defensores públicos penales adecuadamente financiados, con presencia en todo el territorio nacional y con las condiciones correspondientes.
Nos negamos a que la defensoría laboral -disculpen la forma en que lo digo- sea subsumida en la Corporación de Asistencia Judicial que opera hoy: con deficiencias en infraestructura, con una tremenda discriminación territorial. En verdad, hay sólo cuatro de estas entidades; por tanto, se dan situaciones como la siguiente: los centros de atención ubicados en las Regiones Duodécima y Sexta dependen de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, con todos los inconvenientes que ello implica.
El compromiso del Ejecutivo fue presentar un proyecto sobre defensoría laboral serio, consistente y financiado.
Asimismo, se planteó un aumento del número de tribunales y de jueces, para asegurar una cobertura territorial más adecuada.
La iniciativa aprobada originalmente significaba la creación de 37 a 40 cargos de jueces y de 18 tribunales, pero adolecía de una tremenda deficiencia en cobertura. Por ejemplo, en Calama (Segunda Región) no se contempló ningún tribunal, situación que resulta poco explicable considerando la tremenda actividad económica y minera que se desarrolla en dicha ciudad; y en la Sexta Región se pensó en un solo juez y un tribunal para atender a todas las comunas. Son numerosos los graves problemas de cobertura que se observan en muchas Regiones del país.
Ante ello, se adoptó el compromiso de presentar una propuesta, con parámetros claramente definidos, que establezca dónde se van a ubicar los nuevos tribunales para superar la actual situación y que aspire al objetivo de acercarse por lo menos al doble de la cantidad de juzgados y jueces que existe hoy -si fuese necesario, incluso más-, adoptando en ello los criterios que se presentarán, a más tardar, durante la primera quincena de marzo.
Entendemos que, al reformar el procedimiento laboral y la nueva justicia del trabajo, se busca lograr que el sistema sea satisfactorio para los usuarios. Estamos conscientes de que se ha forjado una tremenda expectativa en torno al proyecto desde el mundo del trabajo, por cuanto habrá un lugar donde representar las dificultades derivadas de la conflictividad laboral. Algunos perciben que en los tribunales ordinarios de justicia existe una notoria subrepresentación de tales problemas. Porque a muchos trabajadores a veces no se les paga el sueldo o se les queda debiendo uno, dos o tres meses, lo que puede significar 150, 200 ó 400 mil pesos. Pero, si acuden a los tribunales de justicia, deberán gastar por lo menos 100 mil pesos y tendrán que perder días de trabajo, involucrándose en juicios que, como ha sucedido hasta ahora, pueden demorar dos años, e incluso tres. Por lo tanto, muchas veces esas personas no recurren a la justicia porque no tienen confianza en que resolverá sus conflictos en forma eficaz.
En virtud de la reforma anunciada, se nos propone prorrogar la puesta en funcionamiento de la nueva justicia laboral. Y concurriremos a aprobarla.
Entendemos que hay una tremenda expectativa y esperamos, por tanto, que se cumplan las tres acciones que se hallan pendientes para que este nuevo sistema entre en vigencia en forma plena y eficaz. En primer lugar, mayor número de tribunales, con más jueces y una distribución distinta de la que actualmente existe. En segundo término, una defensoría laboral eficiente, que no sea el pariente pobre de la justicia; es por esta razón que algunos no queremos que dependa de las actuales corporaciones de asistencia judicial, porque entendemos que ello no genera un sistema como el que estamos pidiendo. Y, por último, una revisión de los procedimientos, sin perjuicio de las acciones administrativas que el Ministerio pueda instruir a los efectos de dotar al personal de un entrenamiento adecuado, no para adquirir conocimientos de los temas laborales, sino para interiorizarse de los cambios procedimentales.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, por unanimidad, acordó prorrogar la entrada en vigencia de las leyes mencionadas y recomienda a la Sala proceder en los mismos términos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, yo también tengo sentimientos encontrados respecto del proyecto, porque siempre es lamentable que se retrase y no entre en funcionamiento una normativa que busca mejorar la calidad de la justicia laboral. Se supone que debiéramos avanzar, pues los principios que inspiran a la reforma -oralidad, inmediatez, transparencia- van en beneficio del nuevo sistema judicial y de los trabajadores. Por lo tanto, ojalá ya estuviera en ejecución, en lugar de tener que postergar la fecha en que está prevista su entrada en vigencia.
Sin embargo, entendemos que se trata de un paso absolutamente necesario. Según la información que manejamos, no cabe la menor duda de que así corresponde proceder.
Pese a que quizá debiera decir esto el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, debo recordar que hace varios meses -me parece que a mediados del año pasado- los integrantes de dicho órgano técnico convocamos a una reunión, presidida por el Honorable señor Gómez, a la cual se invitó a los señores Ministros de Justicia y del Trabajo, a representantes del Poder Judicial, a abogados especializados en la materia, a dirigentes del Colegio de Abogados, para analizar la factibilidad de poner en marcha la legislación en el debido tiempo.
¿Por qué? Porque, luego del colapso que se produjo con la aplicación de los tribunales de familia, debíamos estar muy alertas para que esa situación no se volviera a repetir. La Comisión procedió de igual modo a propósito de la ley sobre responsabilidad penal juvenil, y detectó que, si no se adoptaban a tiempo las medidas necesarias, la aplicación de esa reforma iba a repetir nuevamente el escenario de los tribunales de familia. Por lo tanto, cuando dispusimos de los antecedentes, al interior del órgano técnico abrigamos la absoluta convicción de que era indispensable postergar la determinación tomada.
Para mi sorpresa, sin embargo, en esa oportunidad, que debe de haber sido por los meses de octubre o noviembre -no lo recuerdo exactamente-, las autoridades de Gobierno nos dijeron que consideraban hallarse preparadas para implementar el proyecto.
Deseo consignar que todos los integrantes de la Comisión de Constitución levantamos nuestra voz para expresar que no estábamos de acuerdo, que advertíamos que no existía la suficiente preparación para que la iniciativa tuviera éxito y que, por lo tanto, deslindábamos responsabilidades acerca de las consecuencias negativas que se registraran en la aplicación de la reforma, según se hallaba prevista, no obstante todos los antecedentes que se nos habían dado.
Por ello, cuando supimos que el Ejecutivo había cambiado de parecer y había enviado el texto en estudio, nos pareció que se planteaba una solución conveniente, lamentable por el retraso que significaba para la aplicación de la nueva justicia laboral, pero positiva, al mismo tiempo, porque todo indicaba que la aplicación de la preceptiva se encontraba mal encaminada.
Así que, en ese sentido, por cierto que concurriremos con nuestro apoyo a la idea de legislar, de manera de resolver una prórroga por el tiempo que se está solicitando (un año), período en el cual espero que se puedan materializar todas las adecuaciones e implementaciones que faltan.
Pero quiero distinguir al respecto dos tipos de enmiendas. En el mensaje se señala que el Ejecutivo ha decidido pedir la postergación para "introducir a las leyes respectivas" -estoy leyendo textualmente- "un paquete de modificaciones, tanto procedimentales como de orden orgánico, a fin de simplificar determinados procedimientos". Y se agregan otras consideraciones que ya no tienen que ver con la parte sustantiva o jurídica, sino más bien con dotaciones, nuevos tribunales, etcétera.
Deseo dejar establecido que ése no es el mejor camino, a mi juicio. La verdad es que no participé en las Comisiones correspondientes, en su momento, pero mi impresión es que allí se despachó un trabajo bien hecho. Y no parece conveniente estar cambiando las normas que regirán una materia determinada antes de probarlas, porque las reflexiones teóricas siguen revistiendo tal carácter y lo único que realmente puede ser útil para ver la conveniencia de abocarse a ello es la experiencia, la aplicación práctica.
No digo que las disposiciones dictadas sean perfectas. Es como cuando alguien escribe un libro. Los que hemos pasado por esa experiencia sabemos que uno nunca termina de hacerlo. Y, por tal razón, alguien tiene que quitárnoslo de las manos e imprimirlo, porque, si no, lo volverá a corregir. Lo mismo ocurre con las leyes: siempre se pueden perfeccionar. Pero, si no las ponemos en práctica, nunca sabremos si su diseño es el que corresponde.
Por lo tanto, no juzgo una sana práctica la de estar modificando los textos legales antes de que entren en vigencia y sólo porque el retraso lo permite. Este último se justifica, no por la eventual dificultad en el diseño normativo, sino por la aplicación material: falta de tribunales, de equipamiento, de capacitación de los nuevos jueces y actores. Se trata de problemas de esa naturaleza. O bien, porque se necesita una dotación más adecuada, a tiempo, en fin. Son razones de implementación de la norma. Eso es lo que explica, en mi opinión, la prórroga. Estimo que el aprovechamiento de ese período, además, para introducir cambios sustantivos obedece a una mala concepción.
El tema lo hemos discutido también en relación con la responsabilidad penal juvenil, donde de nuevo mediaría la voluntad para efectuar modificaciones. Y pareciera que en ese ámbito se quiere esperar la aplicación que se registre, para ver si corresponde realizarlas.
Pienso que ello es muy importante, señor Presidente, porque, cuando se postergan normas de esta naturaleza, la opinión pública, con razón, se pregunta por la causa. Y no resultaría justo -más todavía con el antecedente que acabo de referir- que pudiera concluir que la prórroga se debe a un error en el diseño legislativo. Con todas las dificultades e imperfecciones que este último pueda tener, no radica ahí la dificultad: el retraso es producto de la implementación. Y ésta no es responsabilidad del Congreso.
Es importante subrayar lo anterior, porque de lo contrario nunca podremos señalarle al país que estamos haciendo el trabajo razonablemente bien. Nos estamos autoasignando etiquetas de labor mal efectuada, en circunstancias de que no me parece que ésa sea la razón. Estimo relevante destacar ese efecto.
En consecuencia -y resumiendo-, me alegro del retraso, porque no creía que estuviéramos en condiciones de seguir adelante. Cabe reiterar que las razones concurrentes no son de responsabilidad del Congreso, sino producto de un mal diseño o una mala planificación realizada, en su momento, en el nivel del Ejecutivo.
Y no resulta conveniente que el retraso permita modificar el diseño normativo, porque ello hace pensar -repito- que el trabajo está mal hecho. Lo único que permitiría realmente corregir los errores es la aplicación práctica, algo que debe verse una vez que el ordenamiento efectivamente entre en vigor.
He dicho.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Antes de seguir, se darán a conocer tres solicitudes que han llegado a la Mesa.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En primer lugar, el Honorable señor García pide fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre protección de glaciares. Para ese propósito, propone el día 15 de marzo próximo, a las 12.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
--Acordado.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
También ha llegado a la Mesa una solicitud del Senador señor Espina en el sentido de modificar un acuerdo unánime de los Comités adoptado el día de ayer, en cuanto a determinar como plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre bolsas de productos agropecuarios, no hasta el 22 del mes en curso, como se había establecido, sino sólo hasta el día 15.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, ello obedece a una petición mía, porque la semana pasada no tuve la oportunidad de formular indicaciones, por encontrarme en recuperación de una intervención quirúrgica. Como fueron planteadas el día de hoy, no tengo ningún inconveniente en que el plazo se cierre en la fecha que se estime adecuada.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si no existen objeciones, se fijará para tal efecto el 15 de enero, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Y, finalmente, ha llegado una petición para dejar sin efecto el acuerdo tomado ayer por los Comités de que no se realice la hora de Incidentes en la sesión del martes próximo a fin de dedicar ese tiempo al estudio de los aranceles universitarios. Es decir, en esa ocasión habría Incidentes, como en cualquier sesión ordinaria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Lo anterior fue solicitado por la Comisión de Educación, en atención a que tiene citada una reunión a esa misma hora con el Consejo de Rectores y otras organizaciones.
El señor NÚÑEZ.-
Se halla ausente, por desgracia, el señor Presidente de ese órgano técnico, pero entiendo que se propone, al mismo tiempo, que a la semana siguiente...
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Eso lo veremos el martes.
El señor NÚÑEZ.-
Muy bien. Pero la idea...
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la reunión de Comités se determinará la fecha.
El señor NÚÑEZ.-
... es que la Sala pueda discutir el tema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La Comisión tendrá la posibilidad, entonces, de trabajar el martes en la tarde.
Si no existen objeciones, así se acordará.
--Acordado.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Continúa la discusión del proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, la verdad es que, frente a la iniciativa en estudio, con urgencia calificada de "discusión inmediata", la Corporación tiene, en general, dos maneras de abordarla, según mi impresión. Una de ellas es tomarla como una postergación más, de las tantas que hemos visto o de las muchas que hemos debido revisar durante el último tiempo, y hacer referencia, como algunos señores Senadores ¿en ello me ocuparé más adelante-, a los aspectos específicos que tienen que ver con la medida. Ése es un camino.
La otra vía, que es la que quiero sugerir que siga la Corporación, es preguntarse si, en definitiva, esta postergación, de alguna forma, diría, de última hora -estamos a mediados de enero y el proceso legislativo normal en ambas ramas del Congreso se halla virtualmente concluido-, al no ser aceptada por el Senado ni por la Cámara de Diputados, causaría que la justicia laboral enfrentara una situación de enormes y gravísimas repercusiones.
Efectivamente, varios miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social hicimos ver al Gobierno nuestra preocupación por esta materia. De modo que no creo que debamos agradecerle la postergación, pues ella constituye el único camino que existe para evitar un descalabro más en la administración de justicia.
En estos días se ha producido una situación extraordinariamente compleja entre el Gobierno y el Poder Judicial: ha habido un intercambio de notas no usual. Existe un colapso en los tribunales de familia, que nadie discute. Y también tenemos la postergación de la entrada en vigencia de la ley sobre responsabilidad penal juvenil, que fue tratada por el Senado.
Entonces, aquí hay dos caminos: o decimos que este asunto es simplemente puntual, o, por el contrario, asumimos que la postergación propuesta no es más que la secuela o un capítulo más de un patrón.
Cabe señalar que esta reforma se justifica únicamente por una de las herencias del Gobierno del Presidente Lagos, que yo denomino la "ideología del engaño". Y quiero especificar, desde mi punto de vista, en qué consiste.
La ideología del engaño está constituida por, a lo menos, cuatro elementos.
En primer término, dar por materializada ante la ciudadanía una política pública no obstante que su ejecución se postergue en el tiempo. Dicha postergación se hace de dos maneras: sabiendo de antemano que en el plazo indicado será imposible ejecutar realmente la política anunciada, o no realizando en ese plazo ninguna gestión práctica que permita su implementación.
En segundo lugar, la ideología del engaño funciona, por ejemplo, cuando se inauguran anticipadamente obras y proyectos de distinta naturaleza a sabiendas de que aquéllas no están concluidas y de que éstos no cuentan con los elementos mínimos para operar en forma razonable.
En tercer término, la ideología del engaño tiene que ver con una manipulación en el sentido de efectuar anuncios, no en cualquier momento, sino en fechas predeterminadas, para generar específicamente impactos electorales.
Y, por último, la ideología del engaño se consuma al trasladar la responsabilidad política de esos desaciertos al Gobierno siguiente sobre la base de que, si es de la misma coalición, mal pueden las nuevas autoridades hacer claridad respecto de lo ocurrido, porque, de hacerla, inmediatamente se les acusaría de desleales al conglomerado de que forman parte.
Revisemos, señor Presidente, por algunos minutos cómo funciona esta ideología del engaño en los aspectos prácticos a que me estoy refiriendo.
La ley que creó los tribunales de familia fue promulgada en agosto de 2004, para entrar en vigencia en octubre de 2005. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Fue un período de elecciones municipales.
La ley sobre responsabilidad penal juvenil se promulgó en noviembre de 2005 para empezar a regir el año pasado. ¿Qué sucedió en noviembre de 2005? Estábamos en la recta final de las elecciones presidencial y parlamentaria.
La ley sobre nueva justicia laboral fue publicada en enero de 2006, para entrar en vigor, teóricamente, el 1º de marzo de 2007. ¿Cuándo se hizo esa publicación? En el momento más álgido de la segunda vuelta presidencial.
¿Y por qué no revisamos rápidamente cómo funciona la "ideología del engaño" en términos de, por ejemplo, inauguraciones anticipadas?
La línea 4 del Metro fue puesta en operación en circunstancias de que ni siquiera estaba terminada. Y los pasajeros debían bajarse de un tren, tomar un bus, descender de él y subirse a otro tren.
También está el caso de MERVAL, aquí, en la Quinta Región.
La reposición del servicio ferroviario a Puerto Montt partió con una gran inauguración de estaciones, pero el sistema colapsó a los pocos meses. Y ahora funciona, no a media máquina, sino al mínimo.
Además, tenemos lo ocurrido con el Transantiago y con el aeropuerto internacional.
En definitiva, señor Presidente, estamos frente a una secuencia generalizada de este tipo de hechos.
¿Y cómo funciona la ideología del engaño en el caso de las responsabilidades que tienen que asumir los Secretarios de Estado del Gobierno actual? ¿Por qué no preguntamos, por ejemplo, al Ministro señor Bitrán, quien hubo de enfrentar todo tipo de acusaciones por haber tenido el coraje político y técnico de poner fin a un proyecto absolutamente fantasioso, demagógico y desfinanciado, como era el puente sobre el canal de Chacao?
La verdad es que uno llega a condolerse de la ingrata tarea que han tenido, tienen y, seguramente, tendrán hoy en esta Sala los titulares de Justicia y del Trabajo.
En la sesión de la mañana a que hacía referencia el señor Presidente de la Comisión de Trabajo, el señor Ministro de Justicia debió reconocer que esta postergación se solicitaba para evitar repetir la traumática experiencia de los tribunales de familia.
¿En qué consiste, entre otros aspectos, esa traumática experiencia de los tribunales de familia? Dicho Secretario de Estado lo explicó. En un solo detalle: los artífices de esa reforma, quienes no quisieron escuchar absolutamente a nadie -lo recordó el Senador señor Larraín-, instalaron un diseño que partía de la premisa de que habría 185 mil causas de familia con la nueva justicia. ¡Y se presentaron 450 mil! En consecuencia, se produjo el colapso del sistema.
¿Qué situación enfrentamos en esta oportunidad? Estamos ante un problema de extraordinaria gravedad. Ya señalé que, de no conceder la prórroga, simplemente se materializará un nuevo descalabro.
Pero veamos el detalle de lo que hoy día debemos resolver, mediante un procedimiento de "discusión inmediata".
¿Qué dice el proyecto en debate?
Debe tenerse en cuenta que restan dos semanas de sesiones y que, si no se aprueba la prórroga, el 1º de marzo próximo comenzará a regir la reforma.
Se debe introducir un paquete de modificaciones -al menos cuatro-, tanto procedimentales como orgánicas, a dicha reforma.
Primero, simplificar los procedimientos. Porque todos sabemos, particularmente quienes somos abogados, la implicancia que tienen para el funcionamiento global del sistema. Es decir, faltando dos semanas, descubrimos que para que la reforma pueda operar se deben modificar sustantivamente -como señala otra minuta que está en poder de la Comisión- los procedimientos.
En segundo lugar, aumentar la dotación de jueces.
En tercer término, crear nuevos tribunales.
Y, finalmente, para facilitar el empalme, prorrogar la competencia de los actuales tribunales del trabajo.
Señor Presidente, se quedan cortos los Ministros señores Solís, Andrade y Velasco, quienes firman el proyecto. Porque, tal como señaló el señor Presidente de la Comisión de Trabajo, es mucho más lo que se debe hacer si realmente deseamos que la reforma no fracase.
Por tanto, se deben efectuar al menos cuatro acciones.
Primero, revisar -en esto discrepo del Honorable señor Larraín- el diseño completo de la reforma, que se elaboró sobre la base de un estudio histórico de la conflictividad que se producía antes en los tribunales del trabajo. Y aquí ocurrirá exactamente lo mismo que en los de familia: una razonable sobreexpectativa y una demanda que se debe calcular bien, porque la gente va a recurrir mucho más a la justicia.
En consecuencia, la premisa fundamental sobre la que está estructurada, organizada y concebida la reforma hay que repensarla en forma urgente.
Segundo, no solamente tenemos que revisar el número de jueces, sino también el de tribunales, porque existe una competencia geográfica de los del trabajo que parece haber sido arrebatada de una obra de Ionesco. Es absolutamente irracional en muchos aspectos: cómo está construida esa competencia, cómo está organizada y cómo se distribuyen los ámbitos territoriales.
El Senador señor Letelier se refirió en la Comisión a esta materia -algo mencionó también ahora-, y tiene toda la razón. Si queremos que la justicia laboral funcione bien, debemos repensar el mapa completo de la organización de los tribunales laborales, en toda la geografía del país. Eso es lo que hay que hacer.
En tercer lugar, está lo relativo a la Defensoría Laboral. La Senadora señora Alvear ha estado insistiendo en este punto y ha formulado una serie de propuestas extraordinariamente interesantes.
Los Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto, por su parte, han señalado sus puntos de vista. Pero tengo que decir lo siguiente, señor Presidente: lo único cierto hoy en esta materia es que el Gobierno ha señalado que no quiere incorporar esta Defensoría Laboral en la Defensoría Penal, lo que me parece correcto.
Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Fortalecer la actual Corporación? ¿Crear un Defensor distinto? ¿Establecer una fórmula mixta? A dos semanas o a un mes de haber tenido que empezar a regir la reforma, no hay nada de eso definido, absolutamente nada. Y, como se dijo hoy en la Comisión, si se hubiera incurrido en la gigantesca irresponsabilidad de no prorrogarla, el colapso habría sido total. Y una vez que se desfonda una reforma de esta naturaleza en su inauguración, en su instalación, es muy difícil volver atrás y recrear las condiciones para que en definitiva se pueda avanzar.
Pero eso no es todo. No hay nada pensado, específico, concreto, respecto de una cuestión esencial, una de las claves del éxito de la reforma procesal penal: capacitación de los actores de la justicia.
Además, hay un problema práctico: tenemos pocos meses para corregir los procedimientos y, obviamente, éstos son fundamentales para la capacitación.
Entonces, digamos las cosas por su nombre: ésta es una cuestión mayor, de envergadura. Aquí no estamos ante un problema puntual, que diga relación a un aspecto pequeño. Nos encontramos frente a un asunto específico que tiene que ver con la administración de justicia y, lo que es particularmente importante, con una reforma emblemática, como es la de la justicia laboral. La situación es mucho más compleja de lo que se ha querido reconocer.
Termino, señor Presidente, señalando lo siguiente: por las razones que he expuesto, Renovación Nacional y la Alianza van a votar a favor de esta prórroga. No obrar así implicaría hacernos cómplices de un daño aun mucho mayor que aquel que, en la práctica, estamos ad portas de que se produzca. Por eso, tenemos que evitarlo. Pero lo cierto es que -y lo digo con total convicción- esto no se puede considerar como un episodio más; es, simplemente, la secuela de un patrón, de una forma de actuar, de una ideología del engaño, que, desde mi punto de vista, constituye una perversión de lo que es el buen Gobierno y una perversión de lo que es la correcta formulación de políticas públicas. Porque no se puede, de esta forma, hacer políticas públicas correctas.
Y yo siento que, lamentablemente, el mayor legado del Gobierno del Presidente Lagos no sólo va a ser el que se haya instalado lo que algunos denominaron "la ideología de la corrupción", sino también, al parecer, "la ideología del engaño".
El señor LETELIER.-
¡Se le pasó la mano¿!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, en verdad, tanto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como en la de Trabajo y Previsión Social, a las cuales pertenezco, hemos venido analizando este tema -yo diría- desde hace unos cuantos meses. Y el espíritu que he podido apreciar en ambas instancias ha sido constructivo: ver cómo podemos actuar para que la puesta en marcha de los nuevos tribunales laborales sea adecuada.
Señor Presidente, acabamos de tener un grato almuerzo, al que Su Señoría nos invitó, para conocer la política de agricultura del Gobierno. Allí escuché expresiones muy positivas de los Senadores asistentes, de distintas bancadas, respecto de los avances, del diseño, de los objetivos propuestos. Lógicamente, se manifestaron algunas inquietudes que muchos quisimos aportar al señor Ministro del ramo, quien estuvo acompañado por sus asesores.
También he visto la misma disposición de asistir a las reuniones que hemos tenido en los Ministros del Trabajo y de Justicia.
Y en efecto, quiero decir que más o menos a mitad de año, o un poco más, los Ministros sí creían viable que empezara a regir esta reforma. Y así lo consideraban por la concepción de ella, por los términos en que se aprobó en el Parlamento -y deseo recordarlo- y en las fechas en que éste quiso despacharla y no cuando se cree que el ex Presidente Lagos pretendió hacerlo, para que coincidiera con las elecciones. Porque las leyes salen del Congreso y se promulgan después de ser aprobadas acá.
Por tanto, sería del todo absurdo no promulgar iniciativas legales en vísperas o a meses de alguna elección por pensar que ello podría servir como argumento para realizar campañas políticas, y menos para llevar a cabo lo que aquí se ha denominado "la ideología del engaño".
Recordé lo del almuerzo, señor Presidente, porque el mismo espíritu constructivo imperante en él lo pude apreciar en las reuniones que sostuvimos hoy y otros días, donde no importó a qué partido político pertenecíamos, con el fin de contribuir a algo que creímos prudente.
Me encantaría, por el bien de Chile, que en la Sala fuésemos capaces de hablar, de compartir y de aportar al país del mismo modo en que se da el diálogo en las Comisiones: en forma constructiva.
Si queremos que un titular de prensa mañana hable, como se manifestó aquí, de la ideología del engaño, podemos hacerlo. Pero creo que a la nación le importa mucho más y le parece mejor que en el Senado hayamos llegado a la conclusión de que era mejor postergar la reforma laboral, para que empiece a funcionar en forma correcta.
Yo no participé en la discusión de la respectiva iniciativa legal, pues no estaba ni en el Senado ni en el Gobierno cuando ésta se tramitó. Hubo muchas oportunidades en que los Parlamentarios pudieron plantear la necesidad de una defensa laboral. Quizás fue así. Pero, en definitiva, lo que en el Congreso se aprobó fue la creación de los juzgados laborales y que entraran a regir en los términos señalados. Hoy se dijo en la Comisión que, en efecto, se había manifestado la falta de más tribunales. Y ciertamente debemos reconocer que, gracias a Dios y a las políticas llevadas a cabo, las condiciones económicas son mejores en estos momentos, y nos permiten abordar la defensoría laboral.
Señor Presidente, probablemente junto a otros colegas Senadores, soy "culpable" -y un poquito majadera en ello - de la existencia de la defensa laboral. Me parece importante. En ese sentido, incluso hubo diferencias de opinión entre Parlamentarios de la Concertación, aunque hemos llegado a la conclusión de que resulta mejor para el buen funcionamiento de los tribunales laborales el establecimiento de una defensa para los trabajadores. Porque ante las expectativas creadas, no instaurarla se podría transformar en un bumerán. Y por cierto no queremos -y en esto, sin duda, represento a los Senadores de la Democracia Cristiana- que haya frustración en los trabajadores por no poder materializar una legítima expectativa que ellos tienen desde hace tantos años.
Señor Presidente, estuve esta semana en la Central Unitaria de Trabajadores, conversé con su Presidente y directiva. Ellos entendieron de manera perfecta la importancia de incluir la defensa laboral, con el objeto de que los tribunales correspondientes funcionen en forma adecuada.
Las autoridades actuales de los Ministerios del Trabajo y de Justicia estiman que, a lo mejor en aras de pensar esta materia de los tribunales laborales y dado que habrá una postergación (espero que se apruebe aquí y en la Cámara de Diputados), sería conveniente -según han señalado- revisar algunos procedimientos para hacerlos más eficientes. Ese proyecto no lo conocemos.
Pero quiero partir de la buena fe de que lo que están planteando -a la luz de un estudio que considere, no sólo la carga de trabajo de los tribunales, sino también su simplificación- a lo mejor puede ser una buena idea. Y si no lo es, aquí, en el Congreso, podremos modificar, aprobar o rechazar la iniciativa.
Sin embargo, no es el ánimo de los Ministros actuales ni del Gobierno el postergar sólo porque existen razones para enmendar las normas sustantivas. El motivo fundamental es que aquí no hay una defensa laboral. Y, siendo así, la reforma entraría, a mi juicio, con una "pata chueca". Y no es bueno que sea así.
Por eso planteamos nuestra propuesta en una iniciativa legal que, naturalmente y con toda razón, fue rechazada, porque la materia de que trata es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y será éste quien tendrá que resolver sobre el particular.
También se ha recogido la inquietud -me parece espectacular, y constituyó una buena noticia cuando se planteó en su momento, según lo escuché al señor Presidente de la Comisión de Trabajo- de contar con más tribunales laborales. Entonces, tenemos que valorar tal disposición.
Es una muy positiva noticia: más tribunales y más jueces laborales. ¡Es muy bueno!
En mi opinión, constituye una excelente idea -habrá que ver la iniciativa del Ejecutivo- la de aprovechar las actuales corporaciones de asistencia judicial para ampliar la institución ya existente y que la defensa de los trabajadores sea hecha por abogados y no por estudiantes de Derecho. Los postulantes a abogados o los egresados de las respectivas facultades podrán acompañar a los letrados y de esa manera aprender de los procesos laborales, con lo cual habrá un efecto positivo. Porque la falencia de nuestro país consiste en tener pocos profesionales laboralistas. Faltan muchos. De modo que, con una reestructuración completa -inclusive del nombre, como se dijo esta mañana-, podríamos utilizar una institución que, además, ha perdido una carga de trabajo enorme, porque, dada la existencia de una defensa penal, ya no ingresan a esas corporaciones los procesos criminales, que constituían el volumen más importante de su quehacer.
Entonces, por cierto que aprobaremos la prórroga, porque nos importa que la nueva justicia laboral funcione bien. Y si en este plazo es importante introducir modificaciones, ello será mejor para los tribunales laborales y para Chile.
En ese contexto, quiero señalar también la importancia de definir el número de juzgados laborales no sólo pensando en las ciudades o comunas en que faltan. Debemos ser capaces de hacer una simulación. Y para ello existen fórmulas matemáticas que permiten comparar la carga de trabajo en el antiguo sistema y en el nuevo. Ello con el objeto de determinar en forma eficiente dónde deberán estar los tribunales laborales.
Si lo podemos hacer ahora porque disponemos de tiempo, bienvenido sea.
Termino reiterando nuestro apoyo a la prórroga y señalando muy de corazón que me duele bastante la descalificación hecha a quienes hemos optado por el servicio público. Me afecta sobremanera que el Senado en particular y el Congreso Nacional en su conjunto sean los más desprestigiados, porque eso le hace pésimo a Chile.
Con toda razón la Oposición puede cumplir su tarea. Pero me habría gustado mucho más que quedasen en la historia de la ley las intervenciones habidas esta mañana en la Comisión de Trabajo. Incluso, allí fueron más críticos algunos colegas de la Concertación. Sin embargo, eso se dio en un ánimo distinto, y nadie habló en ningún momento de una "ideología del engaño".
Esas descalificaciones nos hacen mal a todos. Porque las leyes cuya entrada en vigencia hoy prorrogamos fueron aprobadas por el Congreso Nacional. Y con antelación se podría haber pensado -no sólo por el Ejecutivo, sino también por los parlamentarios de ambas Cámaras- que era importante una defensa especializada, pero no se hizo.
Entonces, aquí no hay una ideología del engaño. Ahora es necesaria la postergación. Y creo -insisto- que debemos actuar con altura de miras, pensando siempre en que lo que decimos irá repercutiendo permanentemente en la opinión pública en cuanto a lo que piensa del Parlamento, institución fundamental de la democracia.
Anuncio mi voto a favor de la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, Honorables colegas, me ha llamado profundamente la atención el debate.
No deja uno de sorprenderse cuando va aprendiendo una nueva terminología. Y, así como en días pasados nos enteramos a través de los medios de comunicación de una "ideología de la corrupción", ahora se da a conocer en este Hemiciclo la existencia de una "ideología del engaño".
Quiero contribuir a esta especie de festival de acuñación de términos y hablar de la "ideología del olvido". Porque, si hoy día señalamos la necesidad de más tribunales laborales y de un nuevo sistema procesal laboral, se debe a que en la década del 80 los trabajadores perdieron el derecho a la defensa. En esa época no había juzgados del trabajo, pues los existentes fueron suprimidos. Se cometió toda clase de abusos y se produjo la vulneración más grande de los derechos laborales.
En aquella década había más de 30 juzgados del trabajo en Chile. Con posterioridad, en 1981, se logra crear 20 a lo largo del país. Sin embargo, ciudades y Regiones importantes quedaron sin tribunales laborales.
Deseo llamar la atención de Sus Señorías y parafrasear al Senador Allamand con la "ideología del olvido". Porque si este país hubiera seguido avanzando como lo hacía en la década del 70, no hablaríamos ahora de tener 37 ó 40 juzgados del trabajo; tal vez ya habría 100. Y, evidentemente, tendríamos mayor respeto en las relaciones laborales.
Porque hay algo que aquí no se ha dicho: la cultura del acatamiento a las normas laborales se perdió. Y los Gobiernos de la Concertación, con sus dos reformas, han tratado de imponer en forma coercitiva que a los trabajadores se les respeten sus derechos.
Eso no ocurría en décadas anteriores. Los trabajadores fueron luchando para lograr esa meta. Lo han hecho, y han tenido el respaldo de nuestros Gobiernos.
Ahora, complementando lo dicho por la Senadora señora Alvear, quiero señalar que, sin duda, esta mañana en la Comisión de Trabajo tuvimos un fructífero diálogo. Incluso, los Senadores de la Concertación fuimos los más duros con el Ministro del ramo.
Yo sigo pensando que la reforma del sistema debió haber entrado en vigencia a partir del 1º de marzo.
Después de dos evaluaciones realizadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -fui allí el único Senador que estuvo en contra de la prórroga-, y de una hecha con posterioridad por la de Trabajo, y, frente a la entrega de diversos antecedentes y a experiencias que nos hacían dudar en cuanto a que la instalación de esa institucionalidad podía presentar problemas y a que fuera lo óptimo que desean los Ministerios del Trabajo, de Hacienda y de Justicia, nos abrimos a la posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia de este nuevo sistema.
El hecho de que se diga, por ejemplo, que habrá más jueces y tribunales laborales es, a mi juicio, un tremendo avance. En la Cámara de Diputados no pudimos conseguir que se aumentara el número de unos ni de otros. Por eso, en este momento hay 37 juzgados del trabajo.
Asimismo, el que se señale, por parte del Ministro de Justicia, que en la instalación de dichos tribunales no se va a tomar en cuenta la conflictividad sino la ubicación geográfica, territorial, constituye un importante compromiso y un gran paso.
No sería fácil explicar, por ejemplo, a los habitantes de Coihaique, Aisén, Chiloé, Ancud, Quellón o Castro que no contarán con un tribunal laboral. Sin embargo, debido a los anuncios que hizo ese Secretario de Estado, tengo plena confianza en que, conforme a los estudios que se están realizando, algunas de dichas ciudades dispondrán de ese tipo de juzgados, para beneplácito, alegría y defensa de los derechos de los trabajadores.
Por último, señor Presidente, deseo señalar que apoyo con gusto la prórroga por un año de la entrada en vigor del nuevo sistema, a pesar de que mis opiniones de esta mañana fueron bastante críticas hacia los representantes del Ejecutivo. Pero creo que vale la pena esperar, a fin de disponer de una institucionalidad laboral operativa.
Con el colega Letelier planteamos al Ministro del Trabajo la necesidad de crear una institucionalidad que podría llamarse "defensoría laboral", con el objeto de que los trabajadores sean defendidos en forma correcta. Por eso, hoy día me ha llamado profundamente la atención que el Senador Allamand haya tratado de obtener dividendos políticos baratos después de haberse comprometido con nosotros a proponer al Ejecutivo una institucionalidad distinta a la de las corporaciones de asistencia judicial, que podría ser una corporación de defensa ciudadana -como él mismo lo señaló-, donde haya fiscales para defender o atender los asuntos relacionados con la familia, los laborales y otras materias que se considere pertinente incluir.
En todo caso, los integrantes de la Comisión de Trabajo estamos abiertos a seguir laborando en pro de los trabajadores y de esta nueva institucionalidad, como, asimismo, a reconocer los aportes de Senadores de la Alianza, pero también a criticarlos cuando ellos tengan un doble discurso: uno en ese órgano técnico y otro diferente en el Hemiciclo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor SOLÍS (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, al escuchar determinadas intervenciones pareciera que estuviésemos hablando en la luna, como si nadie hubiera participado en la tramitación de los cuerpos legales en comento; como si estas instituciones salieran de la nada y nos sorprendieran a todos nosotros, buenos ciudadanos, con sus aciertos o sus desaciertos. Pero la verdad es que estamos tratando un proyecto que dice relación a dos leyes ya dictadas: las números 20.022 y 20.087.
¿Cuál es el sentido de la iniciativa? Retrasar la puesta en marcha de la judicatura laboral. Ello, porque hemos asumido transparentemente, ante el Congreso y el país, que, a la luz de la experiencia relacionada con la Ley sobre Tribunales de Familia, no estamos en condiciones de garantizar que ambas normativas, aprobadas hace ya largo tiempo, puedan entrar en funcionamiento (una, en lo que corresponde, y la otra, en su totalidad) con los recursos y procedimientos fijados en ellas y cumplir en forma ideal sus objetivos.
Hemos hecho una revisión crítica de la reforma que nos ocupa. Y quiero rescatar el sentido que tiene la colaboración de los dos Poderes colegisladores, los cuales se hacen responsables de sus propias iniciativas y resultados. Esto significa que las normativas pactadas conjuntamente y que deben regir como instituciones de la República fueron revisadas por todos. Por lo tanto, lo que hemos hecho a partir de la Ley sobre Tribunales de Familia no ha sido concentrarnos en buscar la culpabilidad de nadie, sino en encontrar soluciones a los problemas de nuestro país.
A raíz de la entrada en vigencia de la ley recién citada -y esto hay que decirlo con claridad-, Chile se ha embarcado en un cambio de sus sistemas judiciales absolutamente paradigmático. De los viejos sistemas de enjuiciamiento -escriturados, inquisitoriales, privados, secretos-, pasamos hoy día a uno en el que priman la publicidad, la oralidad, la intermediación, la continuidad, la transparencia, que son las antípodas de aquéllos.
En 11 años hemos transformado todo nuestro sistema de enjuiciamiento. Esto va mucho más allá de la dictación de una ley. Implica generar un cambio cultural que alcanza a todos los intervinientes en el proceso: no sólo a los jueces y a los abogados, sino también a los ciudadanos que concurren a los tribunales para saber la forma de acercarse a la justicia, la manera de plantear sus necesidades y cómo resolver sus conflictos.
Por lo tanto -digámoslo con sinceridad y transparencia ante la ciudadanía-, éstas son instituciones cuya instalación en el tiempo será mucho más dificultosa que la dictación de una ley.
No se debe olvidar que una de las grandes garantías de la reforma procesal penal -ésta se pudo aplicar porque era de procedimiento- fue que ella se instaló en el país de modo gradual y demoró diez años en entrar en vigencia en todo el territorio nacional. En el camino, el Ejecutivo y el Congreso tuvieron que suspender en dos ocasiones su aplicación en la Región Metropolitana, por cuanto ambos Poderes Públicos evaluaron, de modo por entero responsable, que no existían las condiciones de madurez del sistema para enfrentar en ella el desafío que implicaba la reforma.
En consecuencia, si alguna vez, como fuerzas políticas responsables, como actores intervinientes en el proceso, fuimos capaces, con madurez, de valorar la necesidad de instalar una reforma, ¿por qué hoy día se transforman el debate y la calidad del diálogo entre esos dos Poderes del Estado?
Reitero: no estamos buscando responsables. La reforma relacionada con la familia se calculó -y esto no es algo que el Ejecutivo haya efectuado de manera arbitraria, sino con los organismos técnicos, las universidades que se contrataron- sobre la base de una carga de trabajo que alcanzaba a 180 mil demandas el primer año. Éste es un antecedente que proporcioné en la mañana en la Comisión y que ahora ha repetido el Senador Allamand.
¿Qué fue lo que pasó, señor Presidente? No tenemos respuesta, ni siquiera sociológica, para explicar la conflictividad familiar que estaba subyacente en la sociedad chilena y que nadie conocía. Porque, cuando introdujimos instituciones nuevas, como la violencia intrafamiliar, nadie sabía -porque no es factible adivinarlo- cuál era el grado de los conflictos que llegarían a los tribunales. Y se produjo una explosión de demandas: de 180 mil aumentaron a 450 mil.
¿Qué ocurrió? Colapsó el sistema. Y hemos debido enfrentar el problema, como Gobierno -también pedimos colaboración al Congreso para enfrentarlo como Estado-, a través de una reformulación completa de la justicia familiar.
¿Qué aprendimos con eso? En la instalación de esa reforma nos dimos cuenta de la tremenda incidencia que tienen los procedimientos que se diseñan respecto de las cargas finales de trabajo. Por ejemplo -porque también podríamos buscar culpables-, en este Senado hubo parlamentarios que, lisa y llanamente, lucharon hasta el final, de manera denodada, para eliminar la mediación como una institución obligatoria. En el proyecto del Ejecutivo tenía esta calidad, pero aquí se la transformó en voluntaria.
¿Qué pasó? Fracasó. Se calculaba que el 20 por ciento de las causas que entraran por los tribunales de familia irían a mediación. Si esa estimación se hubiera cumplido, habrían ido 90 mil. Sin embargo, informo a esta Honorable Corporación que hasta hoy han ido 9 mil.
Entonces, ¿deberíamos razonar que aquellos que en la discusión en el Congreso tuvieron una idea bien intencionada son los culpables del colapso de los tribunales de familia?
¿Alguien podía adivinar con exactitud lo que pasaría con una institución que no se conocía; que era absolutamente nueva; que diseñaba un procedimiento que de una u otra manera íbamos a instalar en conjunto todos los chilenos?
Señor Presidente, debemos buscar soluciones. No podemos empezar a perseguir culpabilidades, porque ése es un trabajo estéril, un diálogo inútil.
El Gobierno ha reconocido, merced a la visión crítica que nos proveyó la instalación de la legislación de familia, que aquí hay algunos elementos centrales.
Lo primero, que este tipo de procedimientos genera una demanda explosiva que actualmente no es factible calcular.
Y la experiencia internacional enseña.
En España, la reforma laboral se calculó por carga de trabajo. El Estado puso el doble de jueces que los indicados por dicho cómputo, pero la reforma igual colapsó en su instalación.
Señor Presidente, tal vez en un año más -no lo sabemos con precisión, porque nadie es adivino-, con la reforma en funciones, tengamos otra vez que hacer modificaciones. Y ésa será la respuesta correcta del Estado. ¡La respuesta correcta de un Estado responsable, que asume los problemas, los enfrenta y los soluciona!
Entonces, como Ejecutivo, hoy queremos explicar, con toda tranquilidad, cuál es el sentido del proyecto: suspender la entrada en vigencia de las leyes señaladas, para mejorarlas.
Y eso lo decimos con todas sus letras. Porque aquí existe un gran esfuerzo estatal.
En primer lugar, hemos anunciado que esa suspensión trae consigo un paquete de reformas procedimentales, las que están estructuradas -no es un trabajo que se haya hecho de la noche a la mañana- en una iniciativa que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados y que llevamos meses estudiando con el Ministerio del Trabajo.
Se trata de un proyecto integral de reformas laborales que tiene dos objetivos, dos nortes: uno, que asegure un procedimiento expedito; y dos, que tal sistema impida la conflictividad artificial.
Por ejemplo -y lo puedo comunicar en esta Sala-, nos dimos cuenta de que, en el diseño original, el procedimiento tutelar, que es un mecanismo nuevo y cuya carga de trabajo hoy no es posible calcular, y el procedimiento ordinario no eran contradictorios, sino sucesivos. O sea, un abogado podía recurrir por una causa, primero, mediante el procedimiento tutelar y perder ese juicio integralmente, y de inmediato, reabrirlo a través del método ordinario. Y ello nos obligaba a calcular el doble de carga de trabajo en tribunales.
Ése era un efecto indeseado, que no tenía relación con una correcta administración de justicia. Por tanto, en el proyecto estamos estableciendo que tales procedimientos son contradictorios.
Y, así, muchas de las normas están destinadas a eliminar la carga artificial de trabajo de los juzgados, en la búsqueda de asegurar una correcta, oportuna y eficiente administración de justicia.
En segundo término, necesitamos más tribunales. ¡Por cierto que se requiere mayor número de tribunales! La distribución de ellos en el país no posibilita que todos los chilenos tengan acceso igualitario a la justicia laboral. Porque, como dijo el Senador señor Letelier, no resulta aceptable que la gente del sur de la Sexta Región -de Rengo, de La Estrella, de Litueche-, que debe acudir al juzgado de Rancagua, sienta que su acceso a él es idéntico al de los ciudadanos de dicha ciudad y de San Francisco de Mostazal, que lo tienen al lado.
Eso, desde el punto de vista de la ecuanimidad frente a la justicia, no es correcto.
Por consiguiente, urge crear más tribunales. El Gobierno compromete su palabra en que el proyecto definitivo va a establecer un mayor número de ellos.
También precisamos más jueces.
Los tribunales contemplados en la ley revisten el carácter de laborales desde el punto de vista técnico del Ministerio de Justicia, pero no tienen la cantidad de jueces suficiente. Nos comprometemos, también, a ampliar las plazas de magistrados.
En tercer lugar se encuentra algo que se ha mencionado mucho: la defensoría laboral.
¿Se puede decir hoy que los Senadores de la Oposición que no plantearon en su momento la necesidad de crear un sistema de defensoría laboral son culpables por el hecho de que tal materia no se haya consignado en el proyecto? No, señor Presidente. Fue una inadvertencia común. Y nosotros no vamos a empezar a buscar culpables o a discutir quién olvidó el punto. Constatamos que hay una falencia en el acceso a la justicia y trataremos de solucionarla.
El Ejecutivo asume el compromiso de crear una institución que permita a los trabajadores asistir a la conflictividad laboral debidamente asesorados por abogados.
En cuarto término, hemos decidido que la mantención de los tribunales que en la actualidad ven causas del trabajo se amplíe de 6 a 18 meses, para hacer un empalme entre el viejo sistema y el nuevo, de manera que el cambio sea más tranquilo, más eficiente y menos traumático. Así, la mochila de las causas antiguas terminará concentrada en el mecanismo que se va a extinguir en 18 meses y no en 6.
Ahora, quiero contestar algunas afirmaciones que se han hecho durante el debate.
El Senador señor Larraín manifestó que el retraso en el proceso de instalación de esta reforma se debía a una demora en su implementación.
Debo expresar, con todas sus letras, que eso no es efectivo. La reforma consideraba la existencia de 40 jueces en 18 tribunales. Al día de hoy se han nombrado 33. Y el que falten 7 responde a que no han ingresado las ternas pertinentes del Poder Judicial. Pero, claramente, al 1º de marzo iban a estar nombrados todos los magistrados. Las instalaciones correspondientes se encuentran listas.
Por lo tanto, si se trataba de que la reforma entrara en funciones el 1º de marzo, lo estipulado en ella se podía efectuar.
La pregunta que se hace el Ejecutivo -y la formulé en la Comisión esta mañana- es si todos los Poderes del Estado, conscientes de que el inicio de esta reforma va a ser tan traumático como el de la de los tribunales de familia, iban a ser tan poco responsables como para ingresar así en régimen, o si valía más la pena enfrentar el problema y exponer hoy, de frente a la verdad, que resulta mejor suspender la entrada en vigor de las leyes indicadas a fin de mejorarlas.
Es decir, que todos los Poderes del Estado, responsablemente, den juntos la cara para resolver un problema que afecta a Chile.
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, en el ejercicio de los cargos públicos que me ha tocado desempeñar, he intentado siempre tener una actitud responsable y no decir cosas "al voleo" al señalar situaciones que a mí me parecen inaceptables e impresentables.
Fui Ministro de Justicia por tres años en el Gobierno del Presidente Lagos. ¡Nunca recibí alguna instrucción del Primer Mandatario para realizar actos o actividades que no tuvieran un correlato final! Los Parlamentarios presentes, tanto de estas bancadas como muchos de la Oposición, saben que así fue y que trabajamos duramente para que las cosas resultaran bien.
En consecuencia, no considero aceptable que el Senador Allamand afirme que somos responsables de una ideología del engaño. Porque, a lo menos en mi caso, al encontrarnos en los pasillos, siempre lo saludo y converso con él, y no culpo a nadie, directa o indirectamente, de situaciones como la que ahora nos ocupa.
Señor Presidente, en mi calidad de Senador, fui el primero -basta mirar los diarios- en hacer notar al Gobierno que la entrada en vigencia de la ley sobre responsabilidad penal juvenil no iba a ser posible, por la forma en que se hallaba implementada o estructurada. Y con relación a los tribunales laborales hice exactamente lo mismo, por responsabilidad, porque estimo que es la manera como nosotros debemos actuar.
Entonces, no resulta justo que se diga que, en definitiva, aquí se han establecido una serie de normas y de leyes que se han configurado en forma tal que se incorporen en períodos determinados y especiales.
Hay hechos gravísimos que han sido denunciados y respecto de los cuales se han entablado los respectivos procesos, como los acaecidos en CHILEDEPORTES y otros. ¡Qué no hemos dicho y discutido acerca de ellos!
Pero no se debe elucubrar y decir que lo ocurrido en la materia que nos ocupa implicaría un engaño. Y menos en mi caso personal, en que fui Ministro del Presidente Lagos y precisamente de Justicia.
Deseo rectificar esa afirmación y expresar, con claridad, lo siguiente.
Como Ministro de Justicia, participé en una primera reunión, donde, con el Jefe del Estado; el Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; el titular del Trabajo, Ricardo Solari, y personeros de la CUT, analizamos y establecimos la necesidad de crear este sistema. Y ello fue el año 2001.
Desgraciadamente, hubo atrasos y, tal vez, algunos estudios equivocados.
En eso rescato, por ejemplo, lo que dijo el Senador señor Allamand respecto de una serie de puntos que me parecen sumamente razonables en cuanto a que, si el Gobierno no estructura un proyecto suficientemente claro como para tener tribunales y defensorías laborales útiles y aptas para resolver los problemas de los trabajadores, habrá un elemento de discusión real.
Pero -insisto-, habiendo sido Ministro de Justicia del Presidente Lagos por tres años, no considero justo que se sostenga que se trató de un acto inserto en un sistema basado en la ideología del engaño.
No me parece justo eso -lo digo claramente y en presencia del Senador señor Allamand-, porque, de todas maneras, el trabajo serio que realizamos en el Ministerio de Justicia durante esos años es refrendado y reconocido por los propios parlamentarios de la Oposición. Nunca tuve problemas con ninguno de ellos cuando discutimos, analizamos y llevamos a cabo grandes proyectos en beneficio del país.
Por desgracia, en las materias de que se trata han existido dificultades. Y el Ejecutivo y el señor Ministro de Justicia han sido los primeros en reconocer y aceptar que es necesario suspender la entrada en vigor de las leyes pertinentes.
En determinado momento, el Gobierno pensó que había que seguir adelante con ellas. Empero, ello habría constituido un craso error, pues, finalmente, los afectados habrían sido los trabajadores.
Digo esto porque estimo indispensable mantener las formas amistosas de funcionamiento entre nosotros. Podemos tener diferencias, pero normales y sin agresiones, pues éstas no se avienen con la relación política y de amistad que hemos tenido por años.
En esta materia, señor Presidente, considero necesario establecer reformas de fondo. Los tribunales del trabajo, de la manera como están planteados, no van a funcionar. Por lo tanto, es imprescindible aprobar las normas sobre prórroga propuestas.
Por otra parte, también resulta indispensable que el Gobierno tenga presente que hay zonas del país -fundamentalmente las aisladas, que enfrentan grandes problemas laborales- para las que no se prevén tribunales especializados. Es el caso de Calama, en la zona norte. Pero hay otros sectores de Chile respecto de los cuales se necesita un mejor análisis a fin de que, en definitiva, lo que ha sido un proyecto importantísimo en materia de tribunales laborales tenga el efecto positivo que se requiere.
Otro aspecto que se ha tocado es el de los tribunales de familia. El proyecto respectivo -a la sazón, la Senadora señora Alvear era Ministra de Justicia; luego asumí yo como tal- venía de los tiempos en que usted era Jefe del Estado, señor Presidente. Se hicieron los estudios; se debatió, y, dentro de determinado período, la normativa entró en vigencia. Pero, como dijo el señor Ministro de Justicia hace un instante, las cargas de trabajo que se tuvieron en vista en aquella época eran distintas de las existentes en la actualidad.
Es importante que el Gobierno haya resuelto incorporar nuevos elementos y recursos para resolver la situación. Pero creo que la ciudadanía nos va premiar si somos capaces de asumir y solucionar los problemas a tiempo, pues ello, finalmente nos va a favorecer a todos: tanto a la Alianza por Chile como a la Concertación.
Porque lo que la gente espera es el trabajo conjunto; que resolvamos las dificultades de común acuerdo, y que, en definitiva, podamos contar con tribunales labores y de familia, con normas sobre responsabilidad penal juvenil en plena aplicación, con tribunales tributarios (el proyecto pertinente se encuentra en la Comisión de Constitución, y esperamos sacarlo adelante en un futuro cercano) y con tantas modificaciones que requiere nuestra legislación.
¡Eso es lo que la gente premia finalmente: que seamos capaces de hacer las cosas en conjunto y que resolvamos los problemas de una vez por todas!
Ahora, hemos enfrentado una dificultad con el Poder Judicial a raíz de que en la Comisión de Constitución, sobre la base de indicaciones de parlamentarios, adoptamos algunas decisiones que afectan el funcionamiento y el trabajo de los jueces. Pero se trata de un debate que debemos realizar.
¿Quién ha dicho que el Poder Judicial no debe tener normas legales para funcionar?
Podemos estar equivocados en las horas, en los minutos, en los tiempos y en otras cosas que es factible discutir. Pero los tribunales de justicia son un Poder del Estado y deben cumplir normas conocidas por todos.
Ese debate es el que habremos de enfrentar como consecuencia de la determinación de la Comisión de Constitución del Senado en el sentido de fijar en seis horas, como mínimo, la permanencia en el despacho. Un señor Ministro ha manifestado que se siente ofendido por la fijación de horarios planteada. Pero eso es absurdo, pues aquello está en la ley, está en el Código Orgánico de Tribunales, está en el Código de Procedimiento Penal; y se establecen 44 horas de trabajo para los jueces de garantía.
Esos son debates que deberemos efectuar, porque con ello se mejora el funcionamiento de la administración de justicia, que es lo que estamos haciendo hoy al aprobar las prórrogas que prevé la iniciativa en debate. Y no me cabe duda de que los miembros de nuestra Comisión de Trabajo habrán exigido al Gobierno que presente una propuesta razonablemente buena para el desarrollo de los tribunales laborales.
Por último, quiero señalar -y lo planteo a la Sala- que los proyectos de esta naturaleza deben pasar por la Comisión de Constitución. La iniciativa pertinente, sin perjuicio de su trámite a la Comisión de Trabajo, también debiera ir a la de Constitución, por decir relación a los tribunales. Se trata de proyectos que inciden en el Poder Judicial y que requieren una visión a veces distinta. Por eso hay Comisiones diferentes en el Senado. Y no me estoy refiriendo a la iniciativa mediante la cual se plantea prorrogar las dos leyes en cuestión, sino a aquella que las modificará.
Por lo tanto, solicito a la Sala que, al momento de tomar conocimiento de las normas que cambian el sistema, se considere la posibilidad de que el proyecto pase por las Comisiones de Trabajo y de Constitución, porque la mirada de ambas permitirá evitar lo que dijo aquí un señor Senador en cuanto a aquellos lugares para los cuales no se consideró la existencia de tribunales del trabajo.
Señor Presidente, he formulado las expresiones precedentes con respeto, como siempre he procedido al plantear mis puntos de vista. No busco polemizar con nadie, sino tan sólo poner las cosas en el lugar que me parece correcto.
He dicho.
El señor ALLAMAND.-
Quiero plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, diversos señores Senadores me han aludido personalmente en el curso de sus intervenciones. Por lo tanto, conforme al Reglamento, le solicito que al final de las exposiciones me dé la oportunidad de hacerme cargo de algunas observaciones
.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, el proyecto sometido a discusión es bastante simple. Y si ha generado mucha polémica, pienso que en gran medida ello se debe a la expectativa que de alguna forma se había creado por la puesta en marcha de los tribunales laborales a partir del 1° de marzo próximo.
Concurriremos con nuestros votos a aprobarlo, por distintas razones. La más importante -y tal vez debiera ser la única-, porque no hay otra opción. Sería bastante irresponsable no hacerlo, teniendo todos la convicción más absoluta de que existe un cúmulo de dudas muy grandes en torno a la instalación de dichos tribunales. Por más que se sostenga que es factible ponerlos en funcionamiento, es obvio que ello puede generar una situación equivalente a la vivida en el caso de los tribunales de familia.
Me parece fundamental que hagamos una buena legislación en materia de tribunales laborales. Es esencial que los trabajadores sientan que la puesta en marcha del nuevo sistema, establecido en dos leyes cuya entrada en vigor se prorroga por un año, se hace bien desde el comienzo.
Al respecto, queda meridianamente claro -la Comisión de Trabajo entregó los antecedentes del caso- que no están dadas las condiciones para que los tribunales en comento funcionen bien, por varias razones.
En primer lugar, es evidente que fue del todo insuficiente el número de tribunales laborales establecido en la ley Nº 20.022, que diseñó tanto los nuevos juzgados como el número de magistrados para cada uno de ellos.
Tampoco se prevé -se ha señalado en reiteradas ocasiones- la existencia de defensorías laborales que permitan a los trabajadores contar con abogados y les evite verse en situación desmedrada y desigual -ocurre en muchos casos- ante un empleador que, al tener los recursos necesarios, dispone de una buena defensa jurídica.
Por tanto, debe crearse el instrumento de la defensoría laboral.
Al efecto, algunos han pensado en las corporaciones de asistencia judicial. Pero, hallándose tan desprestigiadas estas instituciones, habría que revisar si son el lugar más adecuado.
En todo caso, todos tenemos conciencia de que debe existir una buena defensoría laboral y de que hay que introducir modificaciones a los procedimientos establecidos en la ley Nº 20.087, respecto de la cual también se ha solicitado prorrogar la entrada en vigor a los efectos de reformarla.
Considero que, para resolver los proyectos de ley pertinentes, hay que pensar en el país. A Chile no le conviene poner en marcha un sistema de juzgados laborales que, a todas luces, ha generado una expectativa. Y tampoco se puede diseñar la estructura de los tribunales y de magistrados en función de la historia de la conflictividad en el ámbito del trabajo, porque a lo mejor en muchos lugares dicha conflictividad no se ha manifestado por no existir acceso a la justicia laboral. Por eso, debe haber un ingrediente territorial que permita una buena cobertura y un buen acceso a los juzgados.
Por lo tanto, las modificaciones son importantes.
En la Comisión hoy día discutimos intensamente (algunos fueron más críticos en ella; otros lo son aquí, en la Sala). Y la verdad es que había una visión muy crítica respecto de la prórroga. Porque obviamente, si se plantea un aplazamiento, es debido a que algo se hizo mal -¡qué duda cabe!- o a que algo se evaluó mal. Y en esta oportunidad se desea aprovechar la experiencia recogida en el caso de los tribunales de familia.
Quiero recordar, de otra parte, algo que me tocó vivir como Presidente de la UDI.
En determinado momento, el Presidente Lagos me llamó para plantearme la prórroga por un semestre de la puesta en marcha en la Región Metropolitana del nuevo sistema procesal penal. Hubo mucha polémica en cuanto a hacerlo o no. Nosotros pusimos la exigencia de contar con una comisión de expertos en materia penal que evaluara cómo se había implementado el sistema en las distintas Regiones donde ya se encontraba funcionando. Finalmente, se aplazó por un semestre y se estableció la comisión que sugerimos, la cual, para perfeccionar el procedimiento penal, llegó a muy buenas conclusiones, que se incorporaron posteriormente en la tramitación legislativa. Y pienso que todos estamos claros en que se ha ido implementando en forma adecuada un cambio sustancial en el sistema penal chileno.
En mi opinión, debemos proceder de igual manera con los tribunales laborales. Y es por ello que en la Comisión planteé -no tuve mucha acogida- una prórroga por seis meses. Porque la gran crítica de parlamentarios de la Concertación y también de la Alianza era que el Ejecutivo, sabiendo que el aplazamiento debía tener lugar, podía haber entregado hoy en ese órgano técnico información más clara sobre qué estaba haciendo, qué decían los estudios, qué nos iban a proponer en definitiva. Pero como eso no llegó, discutimos largamente si aceptábamos o no la prórroga o si votábamos la próxima semana, a la espera de nuevos antecedentes. Al final, todos concordamos en aprobar el aplazamiento, para que haya una buena instalación de los juzgados laborales, con el compromiso de que la Comisión trabajará junto al Ejecutivo todos los temas abordados: conceptos que se van a establecer para determinar el número de tribunales a lo largo del país, cantidad de jueces en cada uno de ellos, forma como abordaremos lo relativo a la defensoría laboral y cambios a los procedimientos que estipulan las dos leyes en comento.
Por lo tanto, votaremos favorablemente la propuesta del Ejecutivo, que mediante dos artículos plantea prorrogar en un año la puesta en marcha tanto de los tribunales laborales cuanto de los procedimientos aprobados en ambos cuerpos legales.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, visualizo una gran contradicción en la línea argumental que han seguido los parlamentarios de la Concertación.
Recuerdo que hace unas semanas vi por televisión, leí en la prensa o escuché en las radios a Senadores de Gobierno que se quejaban amargamente porque la Alianza había resuelto recurrir a los tribunales de justicia frente a las confesiones sobre gastos reservados hechas por altos personeros de la Concertación, al caso de los planes de empleo que hoy día se ventila judicialmente y a la situación de CHILEDEPORTES; y sostenían que lo que correspondía era efectuar un debate político sobre esos asuntos y no entrar en la vía judicial, que no conducía a la solución.
En su momento puntualizamos que la vía judicial se utiliza cuando uno se encuentra ante hechos que revisten caracteres de delito, como son, en nuestro concepto, los que señalamos, los cuales están siendo investigados por los tribunales para determinar si tienen o no tal naturaleza. Y agregamos que, frente a las confesiones de miembros importantes de la Concertación, no podíamos dejar de actuar, porque ello, obviamente, significaba incumplir nuestro deber como integrantes de una Oposición responsable que desea la aclaración de tales hechos.
Sin embargo, cuando ahora el Senador señor Allamand toma el camino de hacer efectivas las responsabilidades políticas de la Concertación, se le acusa de romper las reglas del juego de la lealtad democrática dentro de la Cámara Alta.
Señor Presidente, yo considero que eso es lo incalificable e inaceptable. Porque lo dicho por el Honorable señor Allamand es la verdad. Y deseo -hasta hace pocos instantes se encontraba presente en la Sala el señor Ministro de Justicia- poner ejemplos.
Me correspondió presidir la Comisión de Constitución cuando se estudiaron los proyectos relativos a tribunales de familia y a responsabilidad penal juvenil.
En tal virtud, puedo sostener que no es cierto que al discutirse la iniciativa pertinente no se haya planteado que los tribunales de familia iban a colapsar.
La mayoría de los miembros de ese organismo le manifestó al Ministro de Justicia de aquel entonces -no era el actual Senador señor Gómez- que el sistema iba a colapsar absolutamente; que los cálculos indicaban que el número de tribunales era por completo insuficiente; que los análisis realizados señalaban que las cargas de trabajo consideradas eran distintas de las reales; que era aconsejable poner en marcha la reforma de manera gradual. Y la respuesta siempre fue la misma: que los estudios existentes eran claros y categóricos; que se cubría toda la conflictividad que la nueva legislación podía suscitar; que iba a quedar nítidamente establecido que constituía un error nuestro el sostener que debía implementarse la reforma de modo gradual, y que el diseñado era el mecanismo idóneo para resolver a tiempo materias tan sensibles como las pensiones de alimentos, las tuiciones, la violencia intrafamiliar.
A poco andar, el sistema colapsa. Pero nadie responde políticamente frente a la mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar y va a un tribunal donde le fijan un comparendo para dos meses después.
Al dictarse la ley correspondiente, nadie responde por eso. No lo hace el Ministro de Justicia de la época, ni tampoco los otros Secretarios de Estado del Gobierno de Ricardo Lagos.
¡De eso se trata el ejercicio de la responsabilidad política, que es parte de las reglas del juego de la democracia!
Nadie responde cuando una persona interpone una demanda de tuición y transcurren 8, 9 ó 10 meses para el comparendo.
Y se expresa que la crisis se habría producido porque nosotros no quisimos que la mediación fuera obligatoria.
Quiero recordar al señor Ministro que lo único dicho sobre esa materia fue que, tratándose de violencia intrafamiliar, no era razonable la mediación; que, por la experiencia que el propio Ejecutivo nos había transmitido, resultaba difícil pedir a una mujer golpeada todos los días que fuera a mediar con su marido.
Entonces, cuando un Gobierno expresa al país y al Parlamento que puede garantizar que los tribunales de familia funcionarán en forma eficiente, yo pregunto: ¿dice la verdad o está engañando a la opinión pública?
De la ley sobre responsabilidad penal juvenil, ¡mejor ni hablar!
¿Quién responde por los más de 25 mil jóvenes que hoy día, si la normativa pertinente hubiera estado en vigor, podrían hallarse en tratamiento de rehabilitación por consumo de alcohol o de drogas? ¡Ése es el aspecto más importante de aquella ley, el cual se materializa a través de la denominada "libertad especial asistida", que prevé la participación de monitores designados especialmente al efecto!
Le preguntamos al Ministro de Justicia de la época -y esto lo saben los actuales miembros de la Comisión de Constitución- si iban a estar habilitados los recintos para la internación de jóvenes en sistema semicerrado o cerrado; si iba a encontrarse en funcionamiento la capacitación de monitores para que los jóvenes pudieran salir de la droga y el alcoholismo; si iba a estar en marcha toda la preparación y capacitación de los fiscales y los defensores. Y se nos juró, señor Presidente, se nos garantizó que así iba a ser.
Como Presidente de la Comisión de Constitución, me tocó estar presente en el anuncio de las reformas en La Moneda. Fue en un período electoral y, no obstante ello, fuimos y dijimos que se trataba de normativas posibles de cumplir. Sin embargo, el nuevo Ministro de Justicia se encontró con que esas dos leyes emblemáticas, proclamadas con bombos y platillos, se habían elaborado sobre la base de información absolutamente engañosa entregada al Parlamento. Porque no era un problema de cálculo estimativo. Los miembros de la Comisión pidieron al Ministro de la época y a otros representantes del Gobierno precisar si los cambios eran factibles o no para no generar falsas expectativas. Y se nos respondió que sí, que lo podían garantizar. Pero, cuando en marzo recibimos los estudios, nos dimos cuenta de que todo eso no era verdad, que los informes de los organismos encargados señalaban que los cuerpos legales no podrían ponerse en marcha.
Entonces, señor Presidente, ¿quién asume la responsabilidad política de eso?
No se quiere que la política termine en los tribunales y me parece bastante razonable que así sea, porque la política es el debate, la discusión. Ello, salvo que se esté en presencia de un hecho delictual, que no es la regla general. Pero resulta que, cuando un Senador busca determinar una responsabilidad política, se lo acusa de estar rompiendo las reglas de la lealtad. ¡Si lo que ha hecho el Honorable señor Allamand es decir la verdad! Aquí hubo una decisión política sistemática de dictar leyes a sabiendas de que ellas no podrían entrar en vigencia ni funcionar bien en el momento que correspondía. Y los cinco miembros de la Comisión de Constitución -dos de los cuales pertenecen a la Concertación- son testigos contestes, en los hechos y en las circunstancias, de que en su momento se plantearon gravísimas aprensiones sobre el tema.
¡Y ahora ocurre que las leyes sobre tribunales laborales son la tercera reforma que no puede entrar en funcionamiento!
Entonces, ¿qué debe hacer la Oposición? ¿Venir acá y decir: "Sí, señores, nos equivocamos todos"? ¡No! Nosotros no nos equivocamos en eso; fueron las autoridades de Gobierno, que tenían el deber de prever y prevenir tales circunstancias. En política no es justo que al final, cuando los errores son del Gobierno, se hable de "política de Estado" y, cuando se trata de criticar a la Oposición, a pesar de lo que ésta ayuda, se diga: "Son las reglas del juego de la democracia".
Señor Presidente, aquí ha quedado claro que varias de las iniciativas anunciadas como grandes realizaciones del Gobierno anterior en realidad no han sido tales y se han derrumbado como un castillo de naipes. No todas, por supuesto, pero sí muchas de ellas. Y lo mismo ha acontecido con las medidas dadas a conocer por la actual Administración para desarrollarse durante sus primeros meses de mandato, las que también se han venido abajo al no poder ser implementadas.
Ahora, para que quede constancia en la Versión Taquigráfica, advierto lo siguiente.
Desde hace nueve meses se vienen anunciando acciones en materia de seguridad ciudadana. ¡Nueve meses! La entidad a cargo del tema ha pasado de Ministerio a Subsecretaría a lo menos unas seis veces y no se ha adoptado una sola medida en ese ámbito, salvo -perdón- la de suspender la aplicación de dos programas estrella del Gobierno (Barrio Seguro y Comuna Segura), que fueron un fracaso rotundo.
Eso es lo que se ha efectuado.
Entonces, cuando se hace una crítica política -porque aquí no se trata de críticas personales, sino políticas-, no se puede pretender descalificar al que la realiza sosteniendo que actúa con el propósito de romper las reglas de la sana convivencia dentro del Senado.
Evidentemente, frente a una ley tan importante como la reforma laboral, que todos reconocen que no puede operar de manera adecuada -lo vienen diciendo los expertos desde hace varios meses-, lo razonable es postergarla. Pero alguien tiene que responder, señor Presidente, porque en política se responde.
Alguien debe dar la cara por estas tres leyes, que fueron anunciadas, publicadas y sociabilizadas en la conciencia colectiva de la ciudadanía como grandes avances y que hoy no lo son, pues no pueden entrar a regir.
Obviamente, vamos a tener que votar a favor. Pero -que quede claro, señor Presidente- la responsabilidad política del fracaso de esas leyes no es compartida, es de las autoridades de Gobierno.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, para ser positivo, quiero partir alegrándome por una parte -solamente por una- de lo que ha sido el debate de esta tarde, pues creo que hay otra que es bastante lamentable y a la cual me voy a referir al final de mi intervención.
Considero razonable felicitarse de que hoy el Senado, al parecer por unanimidad, se queje de que no puedan entrar en vigencia los nuevos tribunales del trabajo. Me parece que ésa es una estupenda noticia para el país. No nos olvidemos de que hubo un tiempo -un tiempo largo- en que la discusión no era la que estamos teniendo ahora: si se van a mejorar los procedimientos; qué pasa con los trabajadores de Litueche, que no pueden llegar a Rancagua; si los jueces van a pasar de 30 a 47, o a 60. Porque, simplemente, no hubo debate. Se cerraron los tribunales laborales. Eso fue lo que ocurrió. Y a partir de esa realidad venimos esforzándonos para superarla.
Yo, francamente, también siento el que hoy día tengamos que votar una postergación. Creo que el Honorable señor Longueira hizo una muy buena intervención: entre una mala instalación de algo tan trascendente y una prórroga que todos lamentamos, no me cabe la menor duda de que lo responsable es aprobar esta última. Pienso que es, finalmente, lo que vamos a hacer todos.
Sin embargo, me parece muy importante que convengamos en lo fundamental que resulta contar con una buena judicatura del trabajo, por cuanto es indudable que algunos de los principales problemas que el país exhibe en esta materia son la tremenda asimetría existente en la relación entre trabajadores y empresarios y el incumplimiento generalizado de la legislación laboral. Soy de los que tienen una visión bastante crítica en este plano. En mi opinión, junto con mejorar las normas, debemos realizar un gran esfuerzo para que ellas se cumplan. No se saca nada con perfeccionar la normativa existente si todos sabemos que se mantiene en un muy alto grado de incumplimiento.
En ese sentido, voy a apoyar cualquier iniciativa que signifique optimizar procedimientos, ampliar el número de jueces. Considero bastante razonable el alegato que aquí se ha hecho en el sentido de que la justicia laboral requiere una defensoría especializada, eficiente, de excelente nivel de competencia y que no sea simplemente un aditamento de las Corporaciones de Asistencia Judicial, las cuales funcionan con muchos inconvenientes. Pienso que esta forma de enfrentar el problema no da cuenta de las enormes dificultades que plantea la situación laboral de nuestro país.
Señor Presidente, dije que me felicitaba de esta parte de la discusión, pero que lamentaba otra.
Yo creo en el ejercicio de las responsabilidades políticas. Constituye algo propio de la democracia. Pero me parece que no lo son la descalificación sistemática y la presunción -he aquí el punto central- de que todo se hace con mala fe. Eso es lo que aquí se ha dicho.
Cuando en un primer momento se habló de una "ideología de la corrupción" y ahora el Senador señor Allamand se refiere a una "ideología del engaño", lo que se está diciendo no es que se cometan errores, que existan problemas, que haya equivocaciones. Eso es consustancial a la actividad humana y serán los electores los que juzgarán si determinado Gobierno incurre en tal número de desaciertos que, naturalmente, conviene cambiarlo por otro. Eso es parte de las reglas de la democracia y es importante que las autoridades asuman su responsabilidad política. Lo que considero que degrada el debate y nos descalifica a todos es la presunción de que siempre se actúa de mala fe. Cuando aquí se habla de una "ideología de la corrupción", se está diciendo que la coalición que ha gobernado el país durante 17 años se ha instalado en un sistema donde el desvío de recursos públicos para corromper a funcionarios y a la gente, y el cohecho son parte de las reglas del juego, armas legítimas de la acción política.
Señor Presidente, nosotros no estamos en política para eso.
Que se nos diga que cometemos errores es admisible en el debate. Pero que integramos sistemas que funcionan de aquella manera me parece que constituye una acusación terriblemente injusta e infundada. Ello se ha vuelto a expresar hoy al señalarse que no es que se hayan cometido errores o realizado malas estimaciones respecto del número de causas -olvidando o subdimensionando la posibilidad de que el sistema pudiera colapsar-, sino que se mintió premeditadamente para los efectos de conseguir un resultado electoral.
Eso es absolutamente falso y, como mencioné, desnaturaliza el debate. No es razonable que cualquier acción sea siempre sobreinterpretada asumiendo como principio de ella la mala fe. Lo niego sistemáticamente, porque, si entráramos en ese debate, ¡por Dios que tendríamos cosas que decirnos!
Uno de los principales malentendidos, quizá paradojas de este proceso de transición, fue justamente lo que ocurrió a finales del Régimen militar, donde muchos de los Senadores que hoy llevan la guaripola en estas acusaciones sin fundamento nos decían que no nos preocupáramos -recuerdo las discusiones en 1989 y el Honorable señor Allamand seguramente también-, que transcurridos los primeros seis meses de la instalación del Parlamento íbamos a contar con los votos de Renovación Nacional para cambiar la Constitución y democratizar a Chile.
Eso fue lo que se nos dijo, y terminamos con un tremendo cheque sin fondos.
Francamente, no creo que eso haya sido una mentira deliberada. No le haré el agravio al Senador señor Allamand de pensar eso. Pero de que fue un cheque sin fondos, lo fue. ¿Y cuánto tiempo transcurrió después? Posteriormente se celebró un Consejo de Renovación Nacional, donde se manifestó que se respaldarían las enmiendas constitucionales. ¿Y en qué terminamos, señor Presidente? En un estancamiento. Nos demoramos doce, trece, catorce años para sacar adelante un conjunto bastante modesto de reformas a la Carta Fundamental.
Reitero: no quiero partir del principio de la mala fe. Simplemente constato que éste es un país de muchas paradojas, porque no deja de serlo el que algunos de los Senadores que en su momento empuñaron con más fuerza las banderas de las reformas constitucionales hayan terminado transformándose en una suerte de Senadores designados por obra y gracia del sistema electoral.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hago presente que restan quince minutos para el término del Orden del Día.
Si le pareciera a la Sala, se abriría la votación y los Senadores inscritos podrán fundar el voto en primer lugar. Si no, tendríamos que citar a otra sesión.
El señor NÚÑEZ.-
Abra la votación.
El señor PÉREZ VARELA.-
Votemos.
El señor LARRAÍN.-
Pido fundar mi voto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien.
Entonces, cerrado el debate.
En votación general y particular.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, deseo referirme muy brevemente a dos o tres puntos.
El primero es que estamos todos de acuerdo en que, por las razones que se han expresado, es imperativo aprobar esta prórroga.
En segundo lugar, la iniciativa merece nuestro apoyo por el tema en sí, cual es, la reforma laboral; la constitución de estos nuevos tribunales; la posibilidad de que los trabajadores tengan relativa seguridad de ser atendidos en sus necesidades, sobre todo considerando la lamentabilísima intencionalidad con que muchos grandes empresarios -ni siquiera los más pequeños- incumplen el sentido de las leyes laborales.
Sin embargo, el debate se desvió a lo que el Honorable señor Ominami se refirió recién. De una discusión sobre una materia precisa, se derivó a una consideración política de otra naturaleza, de lo cual me alegro.
Pero en democracia, el debate tiene límites: el de la seriedad, el de la pertinencia y el del respeto.
Cualquier alianza opositora tiene no sólo el derecho, sino también el deber de cuestionar las obras del Gobierno. Para eso está. Es de su esencia. Es dicho cuestionamiento el que le da la posibilidad de ganar el poder posteriormente, no la tesis bastante absurda de la alternancia por necesidad, por obligación o porque "así es bueno". Ello, por cuanto la alternancia no es otra cosa que pensar que el pueblo no tiene derecho a decidir. Un ejemplo de esto se hizo en Colombia, donde cada tantos años dirigía el país el Partido Conservador y después hacía lo propio el Partido Liberal. Sin embargo, aquí tal situación es un absurdo. ¡Para qué celebrar, entonces, elecciones democráticas!
Además, hay otro límite: ser respetuoso con la realidad concreta a la que se hace referencia y cuidar la forma en que se amonesta en determinado momento a un conjunto de personas.
Desde que salí elegido, he intentado ser el más respetuoso de los Senadores con quienes han sido nuestros adversarios políticos.
El señor PROKURICA.-
Es cierto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Entiendo la política -sobre todo en estos períodos- como un enorme esfuerzo para comprender que la unidad del país no es la unanimidad. Eso es propio de las dictaduras. La democracia significa diversidad y ésta implica respeto para lograr la unidad.
Señor Presidente, lamento mucho -me queda muy poco tiempo y alguna vez tendremos que analizar por qué algunos hablan más y otros menos- que algunos Senadores, a quienes respeto muchísimo -aunque varios hemos tenido la impresión de que estamos en presencia de una versión distinta de la vieja Derecha-, hoy hagan imputaciones que, como Senador, yo no estoy dispuesto a aceptar. Porque aquí se ha hablado de que todos son engañosos, de que hay una "ideología de la corrupción". Y tales palabras implican asumir como conducta personal la premisa: "yo trabajo para la corrupción".
El señor CANTERO.-
Eso lo dijo Schaulsohn.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Sí. Y así se ha dicho aquí. Es lo mismo que si yo señalara: "Los civiles que participaron en tiempos pasados en el Gobierno tenían una ideología de la muerte, buscaban la muerte en la gente.". Fueron circunstancias específicas.
Por eso, señor Presidente, solicito formalmente que tengamos cuidado con lo que decimos. Las palabras mal dichas, excesivas, sobrepasadas en lo que se quiere mencionar son parte del comienzo de decisiones que el pueblo valora de una manera distinta de como uno piensa que van a ser recibidas. Y, en definitiva, así empiezan muchas cosas tristes en el país.
El Gobierno asume su responsabilidad. Quienes pertenecemos a la Concertación asumimos los errores y, al hacerlo, reconocemos el derecho de que, por ellos, el pueblo nos puede castigar. Pero lo que no puedo aceptar, por respeto personal, es que se diga que estamos trabajando por la corrupción, por el engaño, por no querer hacer las cosas.
Ése fue el sentido de lo que se ha manifestado. Si alguien cree que escuché mal, voy a pedir la Versión Taquigráfica del debate de esta tarde.
Señor Presidente, creo que hay que aprobar el proyecto.
Podemos abocarnos al debate político: ustedes piensan que hemos hecho mal las cosas, nosotros pensamos que no. Es un mundo distinto. En salud pasó exactamente lo mismo: creímos que iba a haber 30 a 40 consultas por minuto, y ahora hay 100 a 200.
Otra cosa es señalar al voleo que todos somos ladrones, como se dijo tiempo atrás. ¡Que los hay, los hay! Y nadie en estas bancas va a negar el castigo y la sanción para esas personas. Pero -¡por favor!- también veamos dónde "se cuecen habas" en otras áreas, porque no quiero que en el país se genere la idea de que robar un peso o un millón de dólares es igualmente ilícito. Entendamos que, con este criterio de hacer algunas cosas y ocultar otras, se podría aplicar el viejo y dramático dicho del campo: "El que se roba una gallina es un ladrón; el que se roba un fundo es un caballero, y el que se roba el país es un padre de la patria.".
Entonces, señor Presidente, que no se nos venga a hablar en esa forma, porque ningún Senador -guardo a todos el máximo respeto- tiene derecho a acusarnos de que hemos faltado a la mínima ética en nuestro comportamiento.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, me había negado a intervenir sobre este tema, pero voy a hacerlo. Y el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra reflejó adecuadamente lo que de alguna manera quiero expresar. Porque lo que hemos hecho durante los días recientes en nuestro país, particularmente en la última semana, ha sido utilizar de modo bastante arbitrario el lenguaje.
Las conductas del señor Schaulsohn y del Senador señor Allamand constituyen un uso abusivo del lenguaje. No es admisible que ellos utilicen la palabra "ideología" para referirse a hechos que, al ser calificados de esa manera, involucran a un conjunto muy amplio de personas que podrían formar parte del colectivo que hace uso de la eventual ideología.
Yo no formo parte, estimado colega y amigo, Senador Allamand, ni de la ideología de la corrupción, ni de la ideología del engaño. No engañé al país al pelear por darle democracia para que tuviéramos la posibilidad de discutir. Lo hice de cara a Chile y de cara a la gente, como todos los demócratas de nuestra nación.
Ahora, ¿hemos cometido errores? Sí. Y debemos reconocerlo. Pero de ahí a sostener que formamos parte de una ideología -vale decir, de un conjunto de ideas, de concepciones, de visiones de la vida y del ser humano; ése es el significado de "ideología"- hay una gran distancia. Afirmar eso me parece una gravísima equivocación.
Es probable que se hayan cometido yerros. ¡Sí!
No creo que en un sistema democrático podamos decir: "Mire, a cuatro meses de un proceso electoral, el gobierno de turno debe dejar de hacer tales y cuales cosas, porque serán consideradas como actos meramente propagandísticos, políticos, electorales".
Hace algún tiempo presenté una moción -desgraciadamente, fue rechazada- destinada a impedir la realización de encuestas a lo menos con quince días de anticipación a un proceso eleccionario, por ser altamente probable que puedan ser utilizadas como herramienta político-electoral. Lamentablemente -reitero- no hubo acuerdo en el Senado para aprobar la iniciativa pertinente.
Pero al cuestionar la posibilidad de que un gobierno paralice su capacidad de realización uno o dos meses antes del término de su mandato vamos a estar siempre frente a una situación como la descrita por el Senador señor Allamand.
Sin embargo, ése no es el tema central. Lo que realmente me molesta es, no sólo que a veces nos excedamos en conceptos equivocados, sino también la manera mañosa como durante los últimos días se han utilizado por los medios de prensa tanto la aseveración del señor Schaulsohn como la hecha esta tarde por el distinguido Senador Allamand. Ello me parece extraordinariamente peligroso, por lo que pueda significar.
A mí no me cabe duda de que ninguno de los parlamentarios de la actual Oposición que en su momento apoyaron al Régimen militar era fascista. Por tanto, no me parece justo sostener: "Todos aquellos que participaron en ese Gobierno eran ideológicamente fascistas". ¡No! Porque sabemos perfectamente que hubo una realidad política, cultural, que significó A, B o C y que muchas personas apoyaron honestamente a dicha Administración.
Por consiguiente, utilizar tales conceptos en esa forma nos puede llevar al mismo escenario de la década del 70, cuando ideológicamente se era demócrata o comunista y todos terminamos enfrentados en una discusión de sordos que llevó a este país al desastre.
Por eso, lo mínimo que podemos hacer es emplear adecuadamente las palabras. Porque el mal uso de ellas nos condujo al descalabro. No fueron sólo las luchas callejeras.
Veamos lo que sucedió en Chile durante el tiempo previo al Régimen militar.
En el Parlamento, y particularmente en los seis meses anteriores, discursos como los que estamos haciendo ahora imposibilitaron el diálogo entre nosotros. Entre otras cosas, porque las acusaciones eran de esta naturaleza: "Tú formas parte de la ideología del engaño"; "Tú formas parte de la ideología de la corrupción".
¡Por favor! ¡Yo no voy a aceptar, por mi honorabilidad política, por lo que he hecho por este país -modestamente, como muchos de nosotros-, que alguien que era mi conocido y mi amigo me diga "corrupto"! Porque he formado parte de la actual Administración y me siento orgulloso de ello, y de haber apoyado a todos los Gobiernos de la Concertación, y de haber sido Presidente del Partido Socialista, ¡no toleraré que se me diga "corrupto"!
Pero sucede que ahora también me acusan de haber formado parte de una ideología del engaño.
¡Eso es extraordinariamente grave!. Porque "palabras sacan palabras". Y si nos empezamos a desentender por las palabras, vamos a afectar en forma muy seria las bases de los acuerdos, de los entendimientos elementales que se requieren para que funcione una democracia, donde la Oposición debe hacer lo que le corresponde, y los gobernantes, ser capaces de cumplir su obligación de manera honesta, tal como hemos tratado de hacerlo durante todos estos años.
Por esa razón me he permitido hablar, señor Presidente.
En el fondo, cuando algunos dicen que somos corruptos o nos acusan de que engañamos, la transición chilena -no sólo somos sus actores los integrantes de la Concertación, sino que la hemos construido en entendimiento (muchas veces crítico) con los partidos de la Alianza, que también forman parte de ella y no se hallan ajenos a ese proceso histórico- está terminando de la peor manera posible: entre corruptos y aquellos que engañan.
Y, más allá de los errores que hayamos cometido -incluso, los parlamentarios de la Concertación; y específicamente, los propios socialistas-, la transición debe llenarnos de orgullo a todos los chilenos.
Mas, si alguien escucha este debate, llegará a la conclusión de que la transición chilena no puede estar terminando peor: a un lado, los corruptos, y al otro -se supone- los absolutamente impolutos; unos que engañan y otros dueños de la verdad.
Me parece que eso es extraordinariamente peligroso para el país.
Voto a favor del proyecto
.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, el "centro creativo Schaulsohn-Allamand", dando un rotundo mentís a las teorías de Francis Fukuyama, ha inventado dos nuevas ideologías: la de la corrupción y la del engaño.
Durante el transcurso de este debate ha surgido una tercera: la del olvido.
Para retrucar a aquellos que han utilizado esas figuras, podríamos decir también que hubo una ideología del crimen, una ideología de la tortura. Y así podríamos seguir amonestándonos unos a otros indefinidamente.
Cuando en discusiones de esta naturaleza se utiliza una retórica atractiva con un fin torcido, no se aclaran sino que se confunden los aspectos de fondo.
Estamos en presencia de una discusión muy singular. Quizás sea la más agitada de los últimos tiempos, pero con un resultado insólito: todos aprobaremos unánimemente el contenido del proyecto, que es la postergación de la entrada en vigencia de la nueva justicia laboral.
Entonces, ¿por qué ha surgido esta atmósfera tan extraña? Básicamente, porque la Oposición debe cumplir su rol. No me lamento de que empleen un lenguaje altisonante, muchas veces, y con escasa creatividad, pero, de todos modos, pertinente. Lo extraño -y casi absurdo- sería que, en una circunstancia como ésta, se quedaran mudos o, sencillamente, aplaudiesen con nosotros las iniciativas del Gobierno. Ello, simplemente, no puede ocurrir.
En un intento de centrar las cosas en la dimensión apropiada, creo que es legítimo señalar que, en este caso, el Ejecutivo no está haciendo otra cosa que actuar con la responsabilidad del que tiene a su cargo la conducción del país.
Aquellos que vegetaron durante años con una justicia caduca y nunca se atrevieron a enfrentar una reforma de envergadura encuentran en los inconvenientes de aplicar medidas de esta índole un caldo de cultivo maravilloso para la crítica, por supuesto. Y está bien que la formulen. Porque, sin perjuicio de reconocer que el Gobierno hace lo justo y legítimo, también debemos considerar el hecho de que estas cosas pudieron realizarse mejor.
Y de este debate, en particular, concluyo que lo más relevante es que, aparentemente, el Ejecutivo tomará la decisión de implementar la defensoría pública en el plano laboral. De ello, si en verdad cuenta con el apoyo de la Presidenta Bachelet, no cabe sino felicitarse, porque aquí sí que estamos en presencia de un cambio significativo, que, por cierto, traerá un enorme alivio a la inmensa masa de trabajadores, a la cual se le declaró la guerra por parte de la dictadura. En efecto, entre las medidas más importantes y emblemáticas de esta última se incluyó, simplemente, la liquidación de los tribunales del campo laboral. Es decir, a los trabajadores no sólo les amarraron los brazos, no sólo les desconocieron sus derechos: además, debieron sufrirlo sin siquiera la posibilidad de acceder a los estrados judiciales.
Entonces, una masa laboral atomizada -como lo está-, impedida de ejercer sus derechos, por fin tendrá en el Estado la instancia que la provea de una defensa adecuada cuando sus derechos fundamentales sean sistemáticamente ignorados.
Para finalizar, señor Presidente, vi por ahí que el Honorable señor Allamand, muy solícito, se dirigió a usted para poder responder al final las alusiones de que había sido víctima.
¡Por favor!
Creo que aquí ha de aplicarse el Reglamento en la forma apropiada.
El señor Senador se ha permitido chasquear su látigo en la cara de todos nosotros; ha emitido conceptos altamente agraviantes; se le responde en los términos más mesurados posibles, de acuerdo con su nivel de retórica, y más encima -porque ya, aparentemente, no se le puede ni siquiera rozar con el pétalo de una rosa- pide reivindicarse y hablar al final para, probablemente, insistir en lo mismo y seguir cruzándonos la espalda con su soga acerada. Después nadie podrá responderle, por supuesto.
Pienso que ese absurdo no puede hallarse contenido en el Reglamento, señor Presidente.
De ahí que solicito que, sencillamente, mi Honorable colega se olvide de hacer uso de la palabra y se vaya a su oficina ojalá con su conciencia inquieta por lo que ha sido su actuación de esta tarde.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, me incorporé tarde a la sesión, porque estaba haciendo otras cosas.
Llama la atención el que, en general, los señores Senadores de la Concertación que más han ofendido a la Alianza durante años sean los que hoy rasguen vestiduras por sentirse absolutamente agraviados con palabras que no escuché pero que he leído.
En verdad, si uno revisara los términos con que el Senador señor Ávila y otros oradores han hecho referencia a nosotros, diría que lo planteado por mi Honorable colega Allamand no les llega ni a los talones. Porque, para ofender, ¡por Dios que tiene talento la gente de la Concertación!
Quisiera consignar que la expresión "ideología de la corrupción" no la hemos acuñado nosotros: lo hizo un miembro de sus propias filas, a quien llevaron como candidato a alcalde, nada menos que por la comuna de Santiago. De tal manera que no nos echen a nosotros en cara algo que viene de su mismo sector.
Y si Schaulsohn ha dicho lo que ha dicho, es porque probablemente ha visto adentro cosas que lo han dejado espantado.
Deseo consignar, señor Presidente, que Schaulsohn se encuentra declarando en este momento. Y, aparentemente, está ratificando ante los tribunales de justicia todo lo que ha aseverado a través de los medios de comunicación. Ahí veremos quién tiene la razón: si el Partido Por la Democracia, que lo ha echado de sus filas, o el denunciante, quien finalmente ha preferido hablar de cosas que ha visto y que no le han gustado.
Por otra parte, cuando se inauguró la maqueta del puente sobre el canal de Chacao, en plenas elecciones, el Presidente Lagos sabía fehacientemente que ese proyecto no tenía viabilidad alguna. Se halla total y absolutamente comprobado que conocía el hecho de que el costo era inabordable. Y, por lo tanto, lo que hizo fue justamente engañar a todos los chilotes a fin de tratar de obtener sus votos para la gente de la coalición a la que pertenece. Y fue el Ministro señor Bitrán quien debió dar la cara después para exponer que no existía viabilidad económica alguna. Y de ello se hallan enterados los señores Senadores de enfrente.
Cuando el mismo Presidente inauguró el Transantiago, no había nada de esa iniciativa. Por lo demás, lo que ahora existe es un desastre. Resulta que en estos días acabamos de enterarnos de que el Gobierno deberá otorgar un subsidio de 60 millones de dólares porque -¡fíjense Sus Señorías!- hubo un error en la proyección de demanda. O sea, nos encontramos ante una causal del mismo orden de aquellas por las cuales estamos postergando la reforma en la justicia laboral. ¡Una proyección de demanda mal calculada!
Perdón, ¡pero no hay cómo equivocarse en una proyección de demanda del transporte en Santiago!
Lo que pasa es que eso partió abortado desde un principio, porque al Presidente Lagos se le puso en la cabeza que quería el Transantiago, sabiendo y habiéndole advertido muchos especialistas que ello era un fiasco, un desastre, pues Santiago no tenía las condiciones para un plan de esas características. Pero igual inauguró algo que no existía.
¿Acaso no es eso un engaño?
Ahora, me llama la atención que los señores Senadores de la Concertación que han intervenido se pongan el sayo, como si ellos también hubieran participado del engaño. Porque lo que yo he leído se refiere al Gobierno del Presidente Lagos, y no a Sus Señorías. A lo mejor, cuando se estaba inaugurando la maqueta del puente sobre el canal de Chacao sabían que no tenía viabilidad. No sé. Pero me parece que no conocían esa información, porque la mayoría de ustedes no se hubiese prestado para algo así.
En todo caso, con respecto a la corrupción, ¿cuántas veces en esta misma Sala advertimos que estaba creciendo? ¿Y cuántas veces dijimos que había una total indiferencia de parte de los Senadores y Diputados de la Concertación en esta materia?
Sin embargo, quiero dar a conocer una excepción. Cuando mostré los antecedentes del alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez, al Honorable señor Zaldívar, entonces Presidente de la Democracia Cristiana, lo pasó inmediatamente al Tribunal Supremo de su partido y le suspendieron su militancia sin necesidad de que lo formalizaran, lo acusaran o lo condenaran. Es una excepción notable.
Quiero plantear eso, porque contrasta abiertamente con la actitud que en este momento tienen otras colectividades políticas, las que expulsan a quienes dicen la verdad, pero mantienen, sin realizar investigación alguna, a personas que están gravemente bajo sospecha.
Deseo informar que he conversado con trabajadores respecto del proyecto, y ellos me han manifestado que efectivamente desean una justicia más abierta y, sobre todo, que resuelva más rápido. Porque como nosotros señalamos aquí, se está dando una práctica absolutamente inaceptable: cuando despiden a un trabajador, muchas veces el empleador le ofrece una indemnización por años de servicio muy disminuida, equivalente a 30 ó 40 por ciento del total. Y si no acepta le dice: "Bueno, vamos a juicio", sabiendo que éste puede demorar 3, 4 ó 5 años. Mientras tanto, no tiene con qué vivir.
En consecuencia, todos estamos de acuerdo con que haya una justicia laboral mucho más expedita, pues de otra manera no es justicia.
Por otra parte, he sostenido conversaciones con algunos jueces en lo laboral de mi Región, quienes piensan que la ley tiene gravísimas fallas y que para algunas zonas puede significar un retraso en vez de una mejora en la administración de justicia.
Por eso, solicito al señor Ministro y también a la Comisión de Constitución que escuchen a la Asociación Nacional de Magistrados y, sobre todo, a los jueces que en estos momentos ejercen en tribunales laborales de Regiones, porque tienen graves dudas y duras críticas al proyecto que aquí se aprobó.
De modo que voto a favor, formulando a los señores Senadores de la Concertación la siguiente invitación: si desean que bajemos el tono del lenguaje, primero háganlo ustedes, ya que nosotros hemos sufrido durante años las descalificaciones más horrorosas de su parte.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, en primer lugar, lamento profundamente la postergación de la implementación de los tribunales laborales, porque son esperados con mucha ansiedad.
Decir que la judicatura es ineficiente constituye un halago para la justicia laboral que tenemos. O sea, ésta cumple exactamente lo contrario del fin por el cual fue creada, y constituye la denegación de justicia en el ámbito laboral. Prácticamente no conozco casos de trabajadores que, luego de ser burlados en sus derechos, hayan tenido éxito en los tribunales. Son juicios larguísimos que duran 3, 4 ó 5 años, y al final, consiguen mucho menos de lo que gastan en ese tiempo. En Regiones hay que considerar el costo del transporte para trasladarse al lugar donde se llevan a cabo los alegatos o las reclamaciones. Pero no son atendidos y deben volver a ser citados. En verdad, éste es un desastre completo.
Entonces, comprendo la responsabilidad del Gobierno de postergar algo que iba a funcionar mal. Pero siento que, en ese sentido, él tenía que haberse comprometido más. Soy un crítico respecto de esta situación, y no puedo sino expresar mi objeción al hecho de que estos tribunales no se implementen en la fecha para la cual fueron pensados. Más de algún "chupasangre" se va a sentir aliviado por la postergación de la entrada en vigencia de los tribunales laborales.
Señor Presidente, voy a votar a favor, porque entiendo el sentido del proyecto: hacer bien algo que debió quedar de esa forma desde el comienzo. Pero no me siento contento, ni mucho menos, con esta postergación.
Al mismo tiempo, aprovecho de decir a la Senadora señora Matthei que está profundamente equivocada en lo referente al puente sobre el canal de Chacao. Porque cuando el ex Presidente Lagos fue a la inauguración de la maqueta que señala Su Señoría, el consorcio internacional -que entregó su presupuesto en los primeros días de agosto del año pasado-, como se entiende de mi anterior afirmación, no había presentado el presupuesto definitivo. En ese momento sólo había un contrato con una estimación de costos. Y el Ministerio de Obras Públicas recibió el sobre sellado y lacrado con la propuesta final de financiamiento de la obra en agosto de 2006.
En consecuencia, ése es el tema que debemos tratar de resolver entre nosotros: este juego sucesivo de afirmaciones que van desfigurando por completo la realidad.
Porque, como lo demuestra claramente la encuesta del Centro de Estudios Públicos, se está produciendo el desprestigio definitivo del sistema político. Los partidos son las instituciones peor evaluadas. El 59 por ciento de la población los rechaza, porque -claro- al entregarse parte de la verdad, ésta se desfigura por completo. Y ese juego suma cero.
Entiendo que de este ejercicio sucesivo, lógicamente, al final de cuentas, de aquí a algún tiempo va a surgir cualquier aventurero populista que contará con el respaldo de la población. Porque la democracia opera a largo plazo y sobre bases sólidas y estratégicas cuando existe un sistema de partidos con el prestigio y la credibilidad necesarios para que la sociedad pueda respaldarlos.
Ésa es la dificultad. No se trata de que las acusaciones -la teoría de la corrupción, la del engaño y todas las demás que están surgiendo ahora en un incesante juego de cientistas políticos improvisados- sean una denegación completa de la realidad, porque contienen parte de ella. Porque, efectivamente, en nuestro país hay actos de corrupción, y hay ineficiencia en el Gobierno y en el Estado.
Entonces, éstos son hechos reales, y parte de ellos se presentan como el todo. Y cuando se muestra el todo podrido, ¿por qué la sociedad tendría que seguir confiando en el sistema político del país? ¿Por qué los ciudadanos tendrían que continuar respaldándonos? ¿Por qué aceptar las decisiones de este Congreso? ¿Por qué acatar el día de mañana las resoluciones delicadas que muchas veces adopta el Estado en caso de crisis internacional, de una situación económica grave, de algún descontrol de las finanzas internacionales o ante cualquier evento que ponga en riesgo la autoridad del sistema político?
¡Si los ejemplos no son lejanos, señor Presidente! Es cosa de recordar lo que ocurrió en Argentina a comienzos de esta década con la crisis del "corralito", y todo el costo social que tuvo y el tremendo impacto que causó en la nación vecina.
De manera que aquí se crean frases ingeniosas. Uno puede señalar, como dijo el Senador señor Ávila: "Mire, el comité creativo Schaulsohn-Allamand volvió a inventar un término ingenioso". Y claro, la prensa lo va publicar mañana. Pero esto, al final, es mucho más delicado que simplemente andar creando frases ingeniosas. Es algo que reviste mayor gravedad que inventar la cuña para mañana. Y la sucesión de hechos pasa a constituir una realidad política. Porque eso es de la esencia de la política. Lo otro es lo militar. En lo militar impera la fuerza; en la política, las ideas. ¿Cómo se expresan éstas? Con palabras. Y cuando el juego sucesivo de ellas va constituyendo una realidad política, después no se pueden retirar: se transforman en algo que queda fijo, marcado.
En ese sentido, lo que ha ocurrido con la encuesta CEP es alarmante.
En lo personal, como miembro de la Concertación, podría decir: "¡Qué buena la encuesta: le dio 52 por ciento de apoyo a la Presidenta! ¡Aplausos!", y quedarme tranquilo. Y la encuesta de hoy le otorga 55 por ciento de apoyo. Yo podría pensar: "¿De qué nos preocupamos? ¡Que digan lo que quieran. Total, la Presidenta tiene la mayoría!".
Pero lo otro que deja ver ese sondeo de opinión, la otra cara, es que el sistema político en su conjunto -Gobierno y Oposición- empieza a tener en la población un grado de rechazo enorme, el cual puede afectar la sustentabilidad democrática del país. Y eso -para ser franco- me alarma.
Yo no quiero sacar cuentas alegres. Porque, siguiendo con el razonamiento anterior, podría decir: "No hay para qué preocuparse: igual la Concertación tiene mucho más respaldo que la Alianza. ¿Qué es lo que ha conseguido la Oposición con este juego "suma cero"? Bastante poco. En una encuesta tiene menos del 20 por ciento de apoyo, y en otra, algo más. Con ese respaldo no nos van a ganar la próxima elección presidencial. Que sigan por ese camino. Total, los vamos a derrotar igual".
Pero el problema estriba en que los dirigentes políticos debemos ser capaces de pensar más allá del día a día y más allá de nuestro interés particular: tenemos que ser capaces de pensar desde el punto de vista general. Y, desde esa perspectiva, el deterioro del sistema político por la creación sistemática en la opinión pública de que todo esto constituye un engaño, al final, resulta un bumerán. O equivale, simplemente, a hacer lo del faquir: acostarse en un lecho de brasas, pero lamentablemente, estimados amigos de la Oposición, sin las capacidades de aquél. Y entonces, acostados en ese lecho, todos terminan quemados.
Señor Presidente, lo reitero: a mí me gustaría que esta reforma se implementara a la brevedad. Pero tengo que ser realista.
Por tanto, voto a favor del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, creo que no es difícil entender por qué en las elecciones hay tantos votos nulos y blancos y por qué, legítimamente, van apareciendo líderes en cada una de las Regiones de nuestro país.
He escuchado con el mayor respeto y atención cada una de las intervenciones. Y quiero hacer cuenta de que aquí, frente a nosotros, hay un trabajador cesante que fue despedido injustamente, o al que no se le pagó el sueldo, o a quien no le hicieron las cotizaciones previsionales correspondientes en una empresa durante determinado tiempo. ¿Qué diría ese trabajador después de oír el intercambio de opiniones que ha tenido lugar esta tarde?
El debate de hoy tiene como objetivo el aplazamiento por un año de la puesta en marcha de los tribunales laborales. Ella ha demorado más o menos tres años. Y, a pocas semanas de ser implementada, se pide una prórroga de un año.
Pues bien: esa persona, a la que no se le hizo el pago que le correspondía legítimamente, que está cesante y a la que le ha costado encontrar trabajo, ve que ahora, una vez que se apruebe esta iniciativa, tendrá que esperar a lo menos un año para obtener mayor justicia.
Señor Presidente, lamento profundamente la prórroga por un año. Pero la aceptaré, porque entiendo que hay unanimidad en la propuesta y porque, además, voy a creer en aquello a que hoy en la Comisión -por lo que tengo entendido- se comprometió el Ministro del Trabajo en cuanto a que durante marzo próximo hará entrega de todo cuanto le demandó ese órgano técnico.
Además, quiero pedir a ese Secretario de Estado algo muy especial, que tal vez podría considerar.
Aquí se ha dejado de lado a los más pequeños, a los dueños de las mipymes, quienes a veces contratan uno o dos empleados. Esas personas son tan o más trabajadoras que quienes les sirven. Es probable que tampoco tengan la posibilidad de defensa, porque su nivel de facturación se halla muy por debajo del de una gran empresa, que sí tiene para pagar en la eventualidad de ser demandada por sus trabajadores. Las mipymes y el pequeño comercio establecido en todo el territorio nacional carecen de esa posibilidad.
Por lo tanto, solicito al señor Ministro de Trabajo que, si así lo estima, tenga a bien incorporar la igualdad de defensa para el dueño de una modesta fábrica, para quien tiene un pequeño comercio, para el que contrata uno, dos o tres trabajadores y posee determinado nivel de facturación. Que se les brinde la posibilidad de una defensa gratuita, igual a la de un empleado, porque están en la misma condición laboral.
Creo que el trabajador que se imponga de este debate -de carácter técnico- debe apreciar que quienes legislamos nos encontramos analizando los problemas que de verdad le interesa que la clase política discuta, sin que pasemos horas escuchando de uno y otro lado ataques verbales que en nada contribuyen a lo que él espera: un trabajo digno y que se respeten sus derechos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, como fundamentación de voto, haré tres pequeños comentarios relacionados con algunas expresiones vertidas esta tarde.
En primer término, deseo hacerme cargo brevemente de una imputación que se me efectuó durante el debate, en términos de que yo habría demostrado una suerte de doble estándar en los planteamientos que formulé en la Comisión de Trabajo y en los que expuse en la Sala.
Sólo quiero decir que eso es por completo inexacto. Hace aproximadamente un mes tuvimos una primera sesión con los Ministros del Trabajo y de Justicia. Y fui muy crítico respecto del estado general de la justicia al aludir y expresar en forma específica que estábamos frente a una situación de descalabro.
Por consiguiente, en esto no hay doble estándar de ningún tipo.
En segundo lugar, creo llevar, con algunas interrupciones, alrededor de 35 años en la vida política. Para mí, ésta representa la vocación de mi vida, y a ella he dedicado mis mejores energías.
Sin duda, considero haber tenido algunos aciertos y errores. Pero si de algo me precio es de que, en este tiempo de vida política, jamás he incurrido en una descalificación personal.
Muchas veces tuve que participar en debates duros, en polémicas agrias, con argumentos ácidos. Sin embargo, nunca he incurrido en ataques personales.
Lo que hice hoy, señor Presidente, fue un juicio político.
¿Cuándo se produce una descalificación personal? Cuando, por ejemplo, el Honorable señor Escalona habla de "chupasangre" y me imputa -como ocurrió hace unos meses- que por mi actuación ante el Tribunal Constitucional los "chupasangre" tendrían un retrato mío en sus oficinas. Ésa es una descalificación personal; constituye un insulto.
Cuando el Senador señor Naranjo, a propósito del nombramiento de un Ministro para la Corte Suprema, dijo que los de la Oposición éramos unos hipócritas, también incurrió en una descalificación personal.
Yo no he hecho ninguna descalificación personal, sino un juicio político. Y lo realicé a partir de una convicción.
Fíjense, señores Senadores, que, de los tres proyectos emblemáticos de modernización de la justicia del Presidente Lagos, uno está colapsado y los otros dos se encuentran postergados.
¿Tengo derecho a suponer que esto es una coincidencia? Si no lo es, constituye un patrón. Y ese patrón tiene que ver con una ideología, aunque a algunos les moleste esa palabra. Porque, según el Diccionario de la Lengua Española, "ideología", para estos efectos, es, simplemente, "Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona,", de una colectividad, de un movimiento. Y mi convicción íntima es que lo que hubo durante el Gobierno del Presidente Lagos fue, específicamente, el propósito -como señalé- de inaugurar obras en forma del todo anticipada a sabiendas de que no tenían operatividad.
Entonces, si llego a esa convicción -y ésta es casi una consulta a quienes me han contradicho durante el debate-, ¿cómo la expreso; en qué forma puedo señalarla que no sea exactamente del modo como lo hice?
Yo no dije: "Esta persona", ni mucho menos he pretendido formular una generalización personal. Porque no manifesté, por ejemplo, que todos los Senadores de la Concertación son en definitiva los artífices del engaño, como muchas veces se dice: "Ustedes son unos hipócritas, unos mentirosos, unos ignorantes". Jamás he formulado una crítica de esa índole. Por ello, ningún parlamentario de la Concertación puede sentirse aludido en lo personal por lo que he indicado.
He llegado a la convicción mencionada sobre la base de una situación de hecho que afecta a un Gobierno en el que hubo una forma de actuar. Y, para transmitirla, no tengo otro modo intelectual que rotularla de determinada manera.
Podría haberla denominado "la ideología de la mala fe"; "la ideología de la manipulación electoral", o "la ideología del fraude político". Sin embargo, no lo hice. Por lo tanto, es completamente incorrecto e injusto que se me formule el cargo de haber rebajado el nivel del debate o formulado alguna descalificación personal.
En mis palabras no existió ni un asomo de descalificación personal.
Donde sí podrían encontrarse descalificaciones personales es en expresiones vertidas en estos días por personas distintas de Jorge Schaulsohn. Por ejemplo, cuando Genaro Arriagada sostiene que a los partidos de la Concertación les gustaría estar en servicios públicos que tuvieran Redbanc, o cuando Eugenio Tironi afirma que se sabe que los parlamentarios de Gobierno aprueban leyes a cambio de operadores políticos. ¡Ésas son descalificaciones personales! Y más de alguien podría decir que son insultos.
Yo no he realizado ninguna descalificación personal ni proferido insultos. En rigor, hice lo que propiamente son una crítica y un juicio político. Y -con franqueza-, si tengo la convicción de que en esta materia hubo un patrón de conducta durante el Gobierno del Presidente Lagos, mi obligación como Senador de la República es expresarla de algún modo. Y procedí a hacerlo con el mayor respeto y, sobre todo, sin aludir en forma personal a nadie.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (31 votos a favor y un pareo), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor COLOMA:
A la señora Contralora General de la República, subrogante, requiriéndole detalle de PROYECTOS DE CHILEDEPORTES 2005/2006 Y DE PLANES DE EMPLEO 2001/2006 (todos de Séptima Región).
De los señores ESPINA, ALLAMAND, BIANCHI, CHADWICK, GARCÍA, PÉREZ VARELA, PROKURICA, NOVOA Y ROMERO:
A los señores Fiscal Nacional del Ministerio Público, General Director de Carabineros y Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, pidiéndoles ANTECEDENTES SOBRE VILLAS Y POBLACIONES CON ALTOS ÍNDICES DE DELITOS GRAVES Y TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS (reiteración de oficio).
Del señor FREI:
A los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores; a la Contraloría General de la República, y a la Rectoría de la Universidad de Chile, solicitándoles proporcionar INFORMACIÓN A EXTRANJEROS SOBRE EXIGENCIAS NORMATIVAS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE INGENIERO EN CHILE.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, recabándole gestionar la MATERIALIZACIÓN DE TLC CON CANADÁ ACERCA DE RECIPROCIDAD EN AUTORIZACIONES PARA EJERCICIO LEGAL DE LA INGENIERÍA.
Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole pronunciarse respecto de MANTENCIÓN DE SUBSIDIO A EMPRESAS EXPORTADORAS PARA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICAS FORÁNEAS.
A la señora Ministra de Educación, pidiéndole informar con relación a CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CONCESIÓN DE TÍTULO EN CARRERAS DE INGENIERÍA CONSIGNADAS EN LA "LOCE".
Del señor GARCÍA:
Al señor Director de Presupuestos, demandándole ENVÍO DE ANTECEDENTES ADICIONALES A INFORME FINANCIERO DE PROYECTO QUE SUSTITUYE PENSIÓN ASISTENCIAL POR PENSIÓN SOLIDARIA
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)------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Me referiré a diversas materias, señor Presidente.
COBRO DE PEAJE EN RUTA DE LA MADERA, SECTOR SANTA JUANA, OCTAVA REGIÓN. OFICIOS
Señor Presidente, el país ha conocido la importante alza del peaje llevada a efecto en las vías concesionadas. Esto ha suscitado un legítimo debate público, toda vez que en muchos casos claramente supera las posibilidades de pago de los usuarios y representa un serio atentado contra la economía, en particular la de los sectores sociales más apartados, que son los más afectados.
El Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA A.G., Herman Chadwick, ha sostenido que los cobros los estableció el Gobierno; que las autopistas privadas sólo se han regido por las leyes, y que no corresponde cambiar las reglas del juego.
Al respecto, debo manifestar que un gobernante sabio, cuando ve que una ley no cumple el objetivo de proteger el bien común -no imagino a un gobierno aplicando normativas que contravengan el interés general y faciliten el de unos pocos-, sin duda debe hacerla revisar.
En la comuna de Santa Juana, de la Región del Biobío, el sábado pasado se efectuó una movilización de los camioneros, quienes se "tomaron" la plaza de peaje. Por el hecho de cobrarse allí el peaje más caro de Chile (15 mil pesos a los camiones con carro; 2 mil 800 pesos a los automóviles), sin duda tal reclamo es ampliamente comprensible.
En el tramo Talca-Chillán el peaje subió 4 por ciento; en Santa Juana, 18 por ciento. Y ésta no es una comuna rica, por lo cual los camioneros y pequeños productores han sentido el golpe de esa alza. De modo que vamos a solidarizar con ellos.
Por eso, hablamos con el señor Ministro de Obras Públicas sobre el problema. Y hoy quiero solicitar que se le envíe un oficio a fin de que nos informe cuáles fueron los antecedentes que tuvo a la vista para aplicar la ley y si efectivamente, en el caso específico que señalo, se consideraron los estudios de seguridad de la vía.
La Ruta de la Madera es una de las más inseguras del país. Durante los últimos temporales se cortó en más de 21 puntos, y en múltiples sectores todavía representa un riesgo absoluto transitar por ella.
Por eso no se financia.
Entonces, señor Presidente, pido que el señor Ministro de Obras Públicas recabe del Departamento de Concesiones la información que nos permita determinar cuánto paga el Fisco, en forma adicional, para cumplir con lo pactado en el contrato. Tengo la certeza de que allí se están gastando los mayores recursos del país, porque se trata de una ruta de bajo tránsito y, además, no existe interés en aumentarlo.
Los dirigentes de los camioneros me relataron que, cuando supieron del alza en el peaje -éste, como dije, es caro-, se acercaron a la empresa concesionaria para plantear -el Senador por Los Ángeles señor Pérez Varela lo sabe muy bien- que, por contar ellos con una cantidad superior a los 300 camiones, creían posible llegar a un acuerdo en la tarifa, dado el intenso tráfico que hacían por la ruta. Sin embargo, aquélla les respondió: "Miren, en realidad no nos interesa que transiten. Nosotros tenemos garantizado el ingreso mediante un contrato con el Estado".
Se trata de un sistema perverso. Porque si una autopista concesionada se encuentra respaldada -porque, pese a que no crucen vehículos por sus portales, el Estado paga-, nos hallamos ante un grave problema.
En tal sentido, solicito que se oficie a la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte, SECTRA, con el objeto de que nos proporcione antecedentes, primero, sobre los estudios de seguridad efectuados. Porque uno paga por transitar en una vía cuando ésta es segura y expedita. Y la Ruta de la Madera es extraordinariamente peligrosa, como lo demuestran el gran número de accidentes que allí se han producido y el cuestionamiento que se ha venido haciendo sobre ella.
Asimismo, quiero que el Ministerio de Obras Públicas nos informe cuánto le costaría al Estado congelar temporalmente el alza del peaje más caro de Chile hasta disponer de un estudio de seguridad vial y, sobre todo, de un criterio por el cual se determine si es factible aplicar ese tipo de aumento en la primera concesión vial de Chile: la Ruta de la Madera del sector Santa Juana. Ésta, por ser la primera que se construyó mediante ese sistema, tuvo un costo inicial altísimo, totalmente diferente al de las del resto del país.
El máximo costo que señalo y que hoy oprime a los camioneros de Santa Juana está generando una condición de alta explosividad social. Porque cuando aquéllos detienen su accionar, se daña la totalidad de la economía a escala comunal.
Entonces, se requiere una respuesta de parte del Ministerio de Obras Públicas y de la SECTRA, en especial sobre la medida que esperamos: el congelamiento del alza de aquel peaje.
Señor Presidente, si la Ruta de la Madera no resulta un buen negocio para el Estado, habría que evaluar la posibilidad de que vuelva al sector público, ya que no se usa, pues tiene innumerables curvas y escasas condiciones de seguridad. Y si la concesionaria no la quiere mejorar, tendremos que buscar un nuevo acuerdo para posibilitar que sea un camino expedito. Porque hemos invertido 8 mil millones en el acceso sur al puerto de Coronel, a través de un sector que antes no estaba habilitado.
Por lo tanto, una vez terminadas las obras, la Ruta de la Madera no va tener mayor rendimiento si no se mejora.
Por eso, confío en que las autoridades de Obras Públicas, particularmente las del Departamento de Concesiones, puedan hacer una evaluación de lo que está pasando con ese peaje, como también con el de Chaimávida y, por cierto, con los de la Región Metropolitana, que se hallan sujetos a cobro mediante el sistema de tag. Pero, en especial, pido que se oficie por la situación planteada.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ARANCELES DE REFERENCIA Y COSTO DE CARRERAS UNIVERSITARIAS. OFICIOS
Por otra parte, señor Presidente, quiero solicitar al Ministerio de Educación y al Consejo de Rectores algunas informaciones, y asimismo, hacer una reflexión de carácter político.
No es admisible que la enseñanza superior en Chile no disponga de reglas del juego, ni que lo que se cobra al inicio de cada año, habiendo un arancel de referencia decretado por el Consejo de Rectores en conjunto con el Ministerio de Educación, no contenga un solo elemento relacionado con la estructura de costo de una carrera. Vale decir, tal arancel no guarda relación alguna con el valor de ella, sino con otros indicadores.
Ése es el único servicio para los 600 mil jóvenes que ingresan a las universidades, porque sabrán cuánto pagarán dicho año. Sin embargo, jamás se enteran de cuánto pagarán después, ni de cuál será el costo total de la carrera. Eso constituye un abuso y una discriminación absolutamente inadmisibles.
Por ello, o tenemos claridad acerca del valor final de una carrera, o lo que se está haciendo es poner a la venta un servicio con rehenes del aula, con estudiantes cautivos. Porque en el segundo o tercer año, cuando aumenta el arancel, no pueden dejar la carrera. Y, por lo tanto, se efectúa un alza estructural de aranceles sin darles otra posibilidad.
¿Cuánto vale la carrera de Medicina en la Universidad Católica, comparada con la de Concepción o con la del Desarrollo? Lo ignoramos. Sabemos lo que se cobra cada año, pero no lo que en definitiva cuesta, porque no hay exigencia alguna de proporcionar los valores de manera tal de tener un mercado transparente en la oferta en materia de educación superior.
Cuando se alude al arancel referencial, se dice que existen indicadores académicos para calcularlo. Se considera, primero, la relación entre doctorado y magíster y alumnos de pregrado, con el fin de tener una muestra de los académicos altamente calificados, lo que representa una incidencia de 18 por ciento; segundo, el número de proyectos FONDECYT, con magíster y doctorado, y tercero, la cantidad de publicaciones.
Respecto de la eficiencia docente, también hay indicadores. Se habla de tasa de titulación oportuna, esto es, del porcentaje de estudiantes que ingresa a primer año y que logra titularse en el tiempo previsto para cursar la carrera.
Otro índice es la tasa de retención en el primer año, que muestra el porcentaje de ingreso de alumnos y cuáles se mantienen como estudiantes regulares en el segundo.
Además, hay un indicador académico, que es el número de años de acreditación de la institución, y sirve para determinar el arancel de referencia de cada grupo.
Pero en ninguna parte aparece el costo de la carrera. Esto lo hemos conversado con la Ministra Yasna Provoste y con Julio Castro, del Departamento de Educación Superior del Ministerio del ramo. Efectivamente, los indicadores del arancel de referencia no tienen relación alguna con el costo real de la carrera universitaria a la cual se aplica el cobro con alza indiscriminada: en Arquitectura, 18 por ciento en algunas universidades; 7,6 por ciento en la Universidad de Concepción; 6,4 por ciento en la Universidad del Bío-Bío. La verdad es que se trata de un alza desmesurada para el bolsillo de padres y apoderados, y, más aún, arbitraria.
Cuando uno adquiere una casa, se señalan con claridad la tasa para el pago de dividendos y, particularmente, la de interés. Vale decir, se fijan las tasas y se pacta la obligación. Así uno sabe cuánto costará el inmueble y celebra el contrato conociendo la cifra que terminará por pagar.
Los reajustes e intereses se fijan entre el que brinda el servicio y el que lo adquiere.
En el caso de la educación superior nada se sabe. El próximo año puede haber un 20 por ciento acumulado, y el quinto año, un 30. ¡Ciento por ciento más que el costo original!
¡Ésa es una discrecionalidad que no soporta la educación superior, porque no la soporta el bolsillo de los padres y apoderados ni el de los estudiantes!
Algunos dicen: "Los alumnos no se van a ir". ¡Claro que no, pues son rehenes! ¡En cuarto o quinto año nadie abandonaría una carrera, porque no hay posibilidad de irse!
Ése es un aprovechamiento que debe terminar.
Tengo la sensación de que con los alumnos de pregrado se financian los programas de posgrado. Habrá que verlo. Y ésa es la información que deseo pedir al Consejo de Rectores y a la Ministra de Educación, a fin de delimitar el porqué del alza brutalmente alta de los aranceles del año 2007 y lograr más claridad y transparencia en la administración financiera de un sistema que, además, recibe aporte del Estado.
La argumentación que se hace respecto del arancel referencial apunta a que se deben examinar los indicadores, de modo de contar con un esquema que permita la asignación de recursos fiscales para financiar el crédito solidario a los alumnos, manteniendo la proporcionalidad con los indicadores que he señalado. Pero lo importante es el precio.
Me llama la atención, señor Presidente, que en definitiva se entienda que el funcionamiento del mercado de la educación superior no está sujeto a reglas, lo que consideraríamos abusivo tratándose de otros bienes y servicios.
El SERNAC ha planteado y ganado millonarias demandas en contra de empresas de tarjetas de crédito y ha establecido reglas del juego -ellas se encuentran protegidas por la Ley del Consumidor- que fijan un tope para los intereses y pautas claras cuando existen contratos por prestación de servicios, tendientes a garantizar los derechos de ambas partes.
Al respecto, debo señalar que en el año 2005 la Ministra de Educación, doña María Ariadna Hornkohl, anunció la realización de un estudio sobre aranceles en universidades tradicionales y privadas, para verificar si los aumentos de ellos coincidían con el incremento real del costo de las carreras y si eran superiores al IPC o al reajuste de remuneraciones del sector público. Y, claramente, eran superiores a éstos.
Estamos esperando los resultados de ese cometido.
También sería necesario pedir a la actual Ministra del ramo que efectúe una evaluación sobre el alza de aranceles correspondiente al 2007, ojalá antes de marzo, porque creo que de la revolución "pingüina" vamos a pasar a la revolución universitaria. Si hay tranquilidad en el sector, es porque los estudiantes se encuentran rindiendo los exámenes o están saliendo de vacaciones.
Éste es un tema altamente explosivo en lo social, discrecional y arbitrario. Y si hubiera movilizaciones, ello sería con justa razón, por cuanto todos los sectores sociales de nuestro país pueden manifestarse cuando ven atropellados sus derechos.
Creo que los personeros del Ministerio de Educación y del Consejo de Rectores que se reunirán mañana, jueves 11, en Puerto Montt deberán abocarse al análisis de la materia.
El Senado había acordado convocar a sesión especial para el día 16 de enero próximo. Pero la Comisión de Educación, que preside el Honorable señor Ruiz-Esquide, pidió trasladarla para el 23. Además, se invitó a la señora Ministra, de manera tal de poder evaluar la situación y contar, a lo menos, con la información que permita comprender el alza de los aranceles universitarios.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ENDEUDAMIENTO DE MUNICIPIOS EN EDUCACIÓN Y TRASPASO DE ESTA ÁREA A GOBIERNOS REGIONALES. OFICIOS
Por otra parte, señor Presidente, quiero referirme a un asunto relacionado con el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades: el endeudamiento que tienen los municipios en lo referente a la administración de la enseñanza pública.
Yo soy partidario, no de que la educación municipal vuelva a dicha Secretaría de Estado, sino de que se traspase a los gobiernos regionales. Para ello habría que estudiar la creación de las llamadas "corporaciones regionales de educación pública".
¡La educación municipal ha fracasado!
¡Miles, millones de estudiantes han pagado el costo de tener municipios inoperantes!
En la enseñanza municipal no hay alumnos hijos de Parlamentarios, de Ministros, de Presidentes de la República, de altos ejecutivos y empresarios. ¡No los hay! Todos ellos estudian en la educación privada. Y, en verdad, ésa es una contradicción que debemos enfrentar.
Considero que las municipalidades que han desarrollado una mala gestión en materia de educación deberían traspasar esa área a corporaciones de educación pública, a nivel de gobiernos regionales, y no al Ministerio. Porque, en definitiva, el hecho de consentir ese sistema por más de 26 años, en circunstancias de que su administración ha sido pésima, se ha reflejado en los resultados de la PSU, los cuales han demostrado con claridad la diferencia abismante que existe entre la educación privada y la pública.
Por lo tanto, ha llegado la hora de corregir eso.
Deseo conocer el endeudamiento que presentan los municipios en lo que dice relación a los profesores, al pago de cotizaciones previsionales y, en general, a todo lo atingente a la enseñanza, para saber si el Ministerio de Educación tiene conciencia de cuáles son las comunas donde la administración municipal de ella no se sostiene.
Según nuestros cálculos, son más de 150 las municipalidades que deberían entregar la educación a los gobiernos regionales a través de la creación de la figura de las corporaciones regionales de educación pública. Ésta, por lo demás, es una medida propuesta por la Comisión Asesora Presidencial.
Espero que el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades nos proporcionen los antecedentes que poseen, de tal manera de tener una opinión más informada.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE ENAP FRENTE A LEY DE SUBCONTRATACIÓN. OFICIO
Señor Presidente, quiero pedir información a la Empresa Nacional del Petróleo, que es una empresa del Estado, acerca de la forma en que está dando cumplimiento a la Ley de Subcontratación.
Existe pánico entre quienes laboran desde hace 10, 15 ó 20 años, por ejemplo, en Petrox, filial de la ENAP en la Región del Biobío, debido a los ajustes que se están realizando.
¿Y qué nos dicen? "Quisieron proteger a los trabajadores, y ahora nos están despidiendo"; "Después de 15 años nos van a finiquitar y deberemos firmar nuevos contratos reglamentados por la Ley de Subcontratación".
Todos aprobamos dicha normativa -quien habla; los Senadores Longueira, Matthei, etcétera-, que en esa empresa estatal se está aplicando por la línea derecha de marginar a las personas pese a la antigüedad que tienen en ella, sin ningún proceso que hubiera permitido incorporarlas a la planta. Porque con 15 a 20 años claramente no son empleados ocasionales, ni accidentales, ni a honorarios, sino de planta.
Me extraña y me indigna que las empresas del Estado apliquen ese procedimiento. Y si no hay una respuesta adecuada de los responsables de administrarlas -CORFO, en fin-, tendremos una política muy diferente en el trato con ellas, porque uno espera que el Estado dé el ejemplo. En este caso particular no lo está haciendo, lo que es gravísimo.
Espero que la ENAP, específicamente, informe de manera detallada acerca del procedimiento que emplea para el despido y recontratación de personal con la aplicación de la Ley de Subcontratación, y que el criterio utilizado sea de protección y no de expulsión de los trabajadores.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DEUDA DE DIALIZADOS CON FONASA. OFICIOS
En otro orden de cosas, pido al Ministerio de Salud y, en particular, al FONASA información respecto del monto de la deuda que mantienen con esta última repartición los enfermos que requieren diálisis a lo largo del país. Éstos han contraído con ella deudas voluminosas, que en algunos casos superan los 30 millones de pesos. ¡No pueden pagar! ¡Apenas están sobreviviendo!
Ése es un problema que se debe enfrentar. Porque a la angustia de la diálisis semanal o dos veces a la semana se suman millonarias deudas que los pacientes no están en condiciones de solventar.
Tengo el informe de los dializados de Ñuble, que me hizo llegar don Jorge Del Pozo Pastene, Presidente de la ANEF provincial. Y, en verdad, se trata de un problema que se repite en todo Chile.
Hay que tener las cifras claras. La Ministra de Salud y el FONASA debieran enviarnos el detalle sobre los dializados de todo el país, a fin de buscar una salida y reconocer y sincerar una deuda que jamás podrá ser servida. Eso generará mayor tranquilidad y dará lugar a una política más transparente y justa respecto de un sector de chilenos que, si bien hoy están acogidos a programas muy importantes, mantienen una deuda que no pueden pagar.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DESAPARICIÓN DE IVANNA NATALIA MONTOYA FERNÁNDEZ. OFICIOS
Por otro lado, quiero reiterar al Ministerio del Interior y, en particular, a la Policía de Investigaciones la preocupación que me expuso don Freddy Sandro Montoya González respecto de la desaparición de su hija, Ivanna Natalia Montoya Fernández, RUT 17.432.732-7, nacida en Iquique el 14 de julio de 1990 y desaparecida el 28 de diciembre de 2006.
Sé que se han hecho esfuerzos por parte de las policías. La desesperación de la familia de Ivanna obliga a reanudarlos con mucha más fuerza. Se trata de una situación gravísima. Lo que se ha vivido en Iquique producto de las decenas de mujeres que desaparecieron y fueron asesinadas tiene a aquélla muy afligida.
Por tanto -a requerimiento, por cierto, de los padres-, solicito a la Policía de Investigaciones que informe acerca de los esfuerzos que está llevando a cabo para dar con el paradero de Ivanna Montoya.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
FALTA DE SEÑALES PARA ACCESO A VÍAS ALTERNATIVAS A AUTOPISTAS CONCESIONADAS. OFICIO
Señor Presidente -éste es el último tema que abordaré-, todas las vías concesionadas (lo dijo el Ministro Bitrán) tienen rutas alternativas. Pero éstas no se encuentran señalizadas. O sea, no hay indicaciones para que los usuarios sepan, antes de ingresar a las vías concesionadas, cómo llegar a las alternativas. Se requiere, entonces, una señalización clara, de calidad.
Por lo tanto, solicito al Ministerio de Obras Pública y a la Coordinación General de Concesiones información detallada al respecto.
Ésta es una petición que se nos hace a diario a propósito de la Ley de Concesiones, que establece de forma clara que constituye obligación del Estado proveer alternativas. Y lo expresó el Ministro Bitrán: "El que no quiera pasar por las rutas concesionadas, que lo haga por las alternativas". La pregunta que le formulo al Ministro es dónde están las rutas alternativas. Los usuarios no saben llegar a ellas fácilmente, de manera expedita. No pueden hacer un safari dentro de la ciudad. La señalización de rutas alternativas debe ser precisa y conocida previamente por los usuarios.
Esa información es la que solicito al Ministerio de Obras Públicas y a la Coordinación General de Concesiones. Y ojalá, si la poseen, la puedan hacer pública clara y detalladamente a la brevedad.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
E
l señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Los Comités Demócrata Cristiano, Mixto (Partido por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata e Independiente) no intervendrán.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Longueira.
CUESTIONAMIENTO A LEGALIDAD DE TARIFA DE SATURACIÓN EN VÍAS CONCESIONADAS. OFICIO
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que se nos informe sobre la tarifa de saturación en vías concesionadas, problema que se ha planteado por la prensa y que hemos sufrido todos los usuarios de aquéllas.
A comienzos del año pasado, cuando tomamos conocimiento de que a partir del 1° de enero de 2007 podría aplicarse dicha tarifa, señalé que ella era ilegal e inconstitucional, porque en las bases de licitación -y de ello nos enteramos de manera sorpresiva en abril de 2006- se contemplaban tres cobros.
Y preciso que son tres porque uno lee en la prensa que destacados economistas defienden la legitimidad de que exista una tarifa en horario punta y otra fuera de él, como sucede con la electricidad, donde hay valores distintos para períodos de abundancia y de escasez, para verano e invierno. Pero, obviamente, éstos son precios que se establecen para el buen uso de un recurso escaso.
Sin embargo, la tarifa de saturación, que es la tercera que puede cobrar una concesionaria, no existe -¡no existe!- en ningún otro bien regulado en Chile. Y ella tiene la particularidad de que es un precio nuevo incorporado en las bases de licitación de las vías concesionadas y que se puede aplicar cuando se cumplen diversos requisitos.
Uno, que en el semestre anterior -en este caso, el último de 2006-, durante media hora, los días martes, miércoles y jueves, por cuatro semanas seguidas, en un solo tramo de la vía, exista un promedio menor a 50 kilómetros por hora.
A partir del 1° de enero nos enteramos todos de la aplicación de la tarifa de saturación, que permite triplicar el precio de fuera de punta. Ella es tan absurda que en enero y en febrero, los meses de menor congestión en las vías concesionadas, estamos pagando tres veces la tarifa base porque a lo mejor en agosto último, en un tramo, por treinta minutos, los días martes, miércoles y jueves, durante cuatro semanas seguidas, se cumplió el requisito de una circulación a menos de 50 kilómetros por hora. Y si se mantiene la circulación a tal velocidad, se puede seguir cobrando por el semestre siguiente.
Por lo tanto, se trata de una tarifa absurda, que premia la ineficiencia, premia la congestión. O sea, ella se triplica cuando se presta un servicio en forma inadecuada.
¡No conozco una tarificación igual en ningún otro bien del país!
Por eso, solicito formalmente a través de un oficio -ojalá que sea contestado en un plazo prudente y que una eventual falta de respuesta no me obligue a impedir que los Subsecretarios ingresen a la Sala, como ha ocurrido en otras ocasiones- que el Ministro de Obras Públicas nos informe lo antes posible sobre el lapso, los días, los tramos, las semanas y la velocidad menor a 50 kilómetros por hora que permiten a las concesionarias gozar del privilegio increíble de triplicar las tarifas bases en función del cumplimiento de los requisitos copulativos que explicité.
Sin perjuicio de lo anterior, debo reiterar que la tarifa de saturación -precio que se cobra para que haya gente que no lo pueda pagar y así otros circulen a una velocidad mayor- me parece ilegal.
En 1991 el Ejecutivo presentó un proyecto destinado a la "tarificación vial" sobre la base de la congestión. Y no existe ley al respecto, pues dicha iniciativa fue archivada a raíz de que no se iba a aprobar.
Finalmente, las bases de licitación no pueden sortear algo que no se hizo por ley. De modo que no es válido el argumento que uno lee en la prensa en el sentido de que la tarifa de saturación es legal porque se halla establecida en las bases de licitación y en los contratos firmados por el MOP con las concesionarias.
Por eso, espero que los recursos que presentamos en los tribunales en abril del año pasado a los efectos de impedir el cobro de la tarifa en cuestión se resuelvan lo antes posible, para zanjar el problema. A estas alturas, no veo que haya voluntad política del Ejecutivo para prohibir dicho cobro -y quiero ser muy claro al respecto-, que se encuentra vinculado a la velocidad. De modo que no se trata de un derecho adquirido de la concesionaria. Porque si en una autopista concesionada se circulara siempre a más de 50 kilómetros por hora, nunca podría aplicarse la tarifa de saturación.
Por lo tanto, la legítima rentabilidad de los concesionarios -soy partidario de ella, siempre que la tengan en la justa ecuación- no puede considerar la recaudación derivada del cobro en referencia. Porque si se previó recaudar por concepto de tarifa por saturación vial, quiere decir que las salidas y entradas de las autopistas se diseñaron para generar congestión.
A modo de ejemplo, puedo señalar que basta que en la Costanera Norte tengamos dos salidas como la de la calle La Concepción para que por ese solo tramo concesionado se pueda extender la tarifa de saturación a otros cinco. Porque además, según las bases, ella debe ser la misma en cada sección de la vía concesionada.
En el caso de la Costanera Norte hay tres secciones. Por consiguiente, si en el tramo de La Concepción se cumplen los requisitos de congestión dispuestos en las bases, se aplica la tarificación a todos los tramos restantes, en circunstancias de que, a lo mejor, en algunos de ellos nunca hay congestión. Pero basta que exista en el otro tramo, que está más adelante -la vivimos muchos cuando venimos al Congreso- y que es la salida a la Carretera Cinco Sur o a la Cinco Norte -cuello de botella que genera una congestión de la cual todos hemos sido víctimas-, para hacer factible el cobro de tarifa de saturación en otros seis tramos, cuando es probable que en ellos ésta nunca exista.
Señor Presidente, estimo que los ciudadanos tenemos el legítimo derecho a saber durante cuánto tiempo se cumplieron esos requisitos de congestión vial, en qué días, en qué semanas, a qué velocidad promedio. Esos antecedentes son los que solicito a través del oficio que pedí remitir al señor Ministro de Obras Públicas.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El Comité Renovación Nacional e Independiente no hará uso de su tiempo.
Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:33.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción