REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 80ª, en miércoles 20 de diciembre de 2006
Extraordinaria
(De 18:3 a 21:32)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrió, además, la señora Ministra de Educación, doña Yasna Provoste Campillay.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 18:3, en presencia de 36 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En la sesión ordinaria de esta tarde quedó pendiente la votación de la iniciativa que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en materia de educación sexual. Pero sucede que no hay quórum suficiente en la Sala para su aprobación.
Por otro lado, en esta sesión extraordinaria se acordó tratar primero el proyecto, en segundo trámite, que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales. Algunos de sus artículos tienen rango de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, para su aprobación se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores, quórum que no se reúne en este momento.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, los Senadores que analizamos la iniciativa esta mañana somos prácticamente los mismos que estamos viendo el otro proyecto de educación en las Comisiones unidas.
En razón de ello, sugiero suspender la sesión por unos minutos, a fin de darnos el tiempo suficiente para concluir la labor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Bien.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 18:9.
--Se reanudó a las 18:47.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Continúa la sesión
MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde votar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Pizarro y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en materia de educación sexual, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4514-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Pizarro y Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2006.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 72ª, en 29 de noviembre de 2006.
Discusión: Sesión 79ª, en 20 de diciembre de 2006 (Queda pendiente su votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Sala acordó, en forma unánime, votar esta iniciativa al comienzo de esta sesión con el propósito de contar con el quórum constitucional necesario.
Hago presente a Sus Señorías que también se acordó por unanimidad agregar en el inciso segundo del artículo 2º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, a continuación de la palabra "educación", la segunda vez que aparece, lo siguiente: ",en todos sus aspectos, incluyendo la educación sexual y afectiva.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general y en particular (29 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron la señora Alvear y los señores Arancibia, Ávila, Chadwick, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
ANTICIPOS DE SUBVENCIONES ESTATALES PARA FINES EDUCACIONALES
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en casos que indica, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, y certificado de la Comisión de Hacienda. Su urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4653-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 71ª, en 28 de noviembre de 2006.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 76ª, en 12 de diciembre de 2006.
Hacienda, sesión 76ª, en 12 de diciembre de 2006.
Gobierno y Educación, unidas (segundo), sesión 79ª, en 20 de diciembre de 2006.
Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 79ª, en 20 de diciembre de 2006.
Discusión:
Sesión 76ª, en 12 de diciembre de 2006 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 12 del mes en curso.
Las Comisiones de Gobierno y de Educación, unidas, dejan constancia en su informe de que los artículos 2º, 4º, 7º, 8º, 9º y 10 no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los señores Senadores presentes, solicite someterlos a discusión y votación.
Los artículos 4º y 7º y el inciso cuarto del artículo 11 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación los votos conformes de 22 señores Senadores.
Las modificaciones efectuadas al proyecto aprobado en general se consignan en el informe que Sus Señorías tienen a la vista y fueron acordadas por unanimidad, salvo dos de ellas que serán puestas en votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas aprobadas por unanimidad deben ser votadas sin debate.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en los mismos términos en que lo hicieron las Comisiones de Gobierno y de Educación, unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Novoa, Ominami y Sabag).
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera y cuarta columnas transcriben las modificaciones propuestas por las Comisiones unidas y el texto que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados todos los artículos que fueron acordados por unanimidad en las Comisiones unidas.
--Se aprueban (32 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En consecuencia, el señor Presidente pondrá en votación los artículos aprobados sólo por mayoría.
En el artículo 6º, se propone suprimir la frase "en virtud de los recursos anticipados de conformidad a los artículos precedentes," y la coma que la antecede.
Esta norma fue aprobada por mayoría de votos, puesto que cinco señores Senadores se pronunciaron a favor y los Honorables señores Orpis y Ruiz-Esquide lo hicieron en contra.
El señor GAZMURI.-
Señor Secretario, usted leyó la norma que figura en la tercera columna, pero en la cuarta aparece el texto final propuesto. ¿Este último es el que está en votación?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Ése es el que quedaría de aprobarse lo sugerido por las Comisiones, señor Senador.
No requiere quórum especial.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la supresión de la frase recién citada.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En seguida, respecto del artículo 11, se propone sustituir en su inciso primero la frase "la disminución de su dotación docente" por "el ajuste de su dotación docente de acuerdo a los artículos 22 y siguientes del D.F.L Nº 1 de 1996, del Ministerio de Educación".
Dicha norma fue aprobada por cinco votos a favor y dos en contra, de los Senadores señores Orpis y Ruiz-Esquide, al igual que en la disposición anterior.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, lo más probable es que mi voto negativo sea con un fundamento distinto al del Senador señor Ruiz-Esquide.
Uno de los grandes problemas que ha presentado la educación son las rigideces con que enfrenta el sistema municipal lo relativo a su administración. Y dentro de esas rigideces evidentemente se encuentra el Estatuto Docente, que ha formado parte del debate público.
Mi impresión es que a través del proyecto lo único que se está haciendo es prolongar las normas del Estatuto Docente. Y si queremos provocar un punto de inflexión, debemos otorgar mayores grados de flexibilidad a la administración municipal.
Eso es, precisamente, lo que no hace el artículo 11 con la modificación propuesta. Porque la norma original no establecía que los ajustes deberían realizarse de acuerdo con el artículo 22 del DFL Nº 1, lo cual daba mayores grados de flexibilidad a los municipios para que pudiesen ajustar sus plantas docentes sin sujetarse a las causales establecidas en el artículo 22.
Por lo tanto, no continuaré avalando el Estatuto Docente de no otorgarse mayores grados de flexibilidad a los municipios.
Desde ese punto de vista, prefiero lo establecido en el artículo 11 original, pues entrega más flexibilidad a la gestión municipal.
Es tan absurdo el problema, señor Presidente, porque el artículo 21 del Estatuto Docente dispone que las plantas docentes deben quedar fijadas el 15 de noviembre, en circunstancias de que los procesos de matrícula en los establecimientos educacionales normalmente finalizan en diciembre o en marzo, cuando ya es imposible ajustar las plantas docentes.
Entonces, aquí estamos perpetuando normas de inflexibilidad que atentan contra la administración, profundizan los déficit y no significan ningún avance en cuanto a la administración municipal.
Por lo tanto, votaré en contra de la norma propuesta.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, es efectivo que, tal como señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, nuestras fundamentaciones son distintas.
Mi voto en contra fue para oponerme a todo aumento o intento de aumentar las flexibilidades existentes hoy, por las condiciones en que estábamos tratando el proyecto.
Considerando que había una iniciativa diferente acordada con los profesores; que se había producido un debate general acerca del tema en la Comisión asesora, de donde seguramente provendrá un proyecto distinto; que en el próximo tiempo una cantidad determinada de iniciativas tratará de buscar la fórmula de resolver la calidad, estructura, financiamiento y forma en que se debe manejar la educación, no me pareció prudente que con el artículo propuesto -por la vía de sustituir una frase, cuya aprobación rechacé- pudiésemos abrir una "ventanita" para entregar, antes de aprobarse todo lo demás, una facultad a los alcaldes que les permitiera -quiérase o no- utilizarla de distinta forma.
En ello ni siquiera alego mala fe, mala disposición o una conducta inadecuada. ¡No! Nada de eso. Sólo consideré la proposición como un mecanismo de salida al problema de algunos profesores, por disminución de horas de clases, que podía significar una colisión con el proyecto que venía después, y se iba a generar un conflicto de inequidad o de discusión posterior.
En segundo lugar, señor Presidente, no me cabe ninguna duda -así lo he planteado siempre, pero no es del caso realizar ahora una discusión general sobre la materia- de que lo que estamos haciendo con esta iniciativa, que fija 31 mil millones de pesos de apoyo a los municipios, es resolver temas puntuales de ahogo financiero, los cuales en este momento se deben solucionar. Pero también hay que dar una salida a los profesores en términos adecuados o consensuados, tal como ocurrió con los proyectos surgidos por acuerdos con el Colegio de Profesores y la Asociación Chilena de Municipalidades, salvo en el problema específico de quién debe financiar el costo de 400 millones de dólares, o sólo la indemnización, que es del orden de 100 mil millones de pesos.
Ésa fue la razón por la cual no quise que se dejaran resquicios.
Creo que la discusión sobre este asunto seguirá cuando tengamos que debatir el marco general y realicemos la evaluación que debemos hacer el próximo año sobre la manera de establecer un cambio en la educación en distintos aspectos que nos permitan contar con un mecanismo estructurado los próximos 10 ó 15 años, para poder avanzar realmente.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, ante todo, quiero hacer un comentario de carácter general.
Este proyecto sobre anticipo de 31 mil millones de pesos a los municipios con cargo a la futura subvención de educación debió haberse tramitado en conjunto, y ojalá en una sola iniciativa, con el que materializa el acuerdo del Colegio de Profesores con el Gobierno.
Ocurre que el proyecto en debate contiene normas acerca de la forma como tendrán que proceder los municipios para ajustar su dotación docente. Y en el referido al acuerdo entre el Gobierno y el Colegio de Profesores hay preceptos en el mismo sentido.
Respecto del caso concreto del artículo 11, me parece bien que se haya incorporado la indicación en cuanto a que el ajuste a la dotación docente tiene que hacerse de acuerdo con el artículo 22 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 1996, del Ministerio de Educación. O sea, debe realizarse en concordancia con la planificación y los instrumentos de ésta, esto es, con la dotación docente que se fija cada año.
Creo que lo contrario sería dejar a los profesores en una situación de total inestabilidad. Y, lo que es aún más grave, probablemente, en muchos casos -no en todos, por supuesto, pero sí en varios- sometidos a una franca discriminación. Y considero que eso no es conveniente.
Por lo demás, el artículo transitorio faculta a los municipios que administren establecimientos educacionales traspasados para que, por una sola vez durante el año 2007, ajusten su dotación docente sin sujeción a los plazos del artículo 22 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº1. Es decir, para el próximo año se podrán establecer nuevas dotaciones docentes en función de las nuevas matrículas y, por consiguiente, proceder a ajustarlas.
Por lo tanto, estimo que está debidamente compensado el requisito sobre la dotación docente contenido en el artículo 11 con la facultad que se otorga a los municipios de no usar ese instrumento durante el año 2007, como establece el artículo transitorio.
Por esa razón, votaré a favor del artículo 11 en los términos propuestos en el texto final.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo destacar que en las Comisiones unidas fue aprobada una indicación que agrega en el inciso segundo del artículo 3º de la iniciativa los literales d) y e), nuevos. En el primero de ellos se exige un informe municipal sobre el origen de la deuda o déficit de la administración correspondiente, precisando si es un desequilibrio económico estructural o transitorio.
En el otro se pide un informe municipal que indique el número de alumnos que han abandonado el sistema público de la comuna correspondiente, en los últimos cinco años.
Hago referencia a lo anterior, señor Presidente, porque nosotros hemos consentido en que este proyecto resulta necesario para el equilibrio de las graves deficiencias que hoy exhibe el sector educación.
Sin embargo -y lo quiero dejar planteado en este debate-, hemos dicho que en el ámbito de educación municipal se requieren muchas modificaciones. En tal sentido, más de un centenar de municipios nada tienen que hacer respecto de la educación pública, toda vez que después de 26 años acumulan un profundo fracaso. Y ya hay varias generaciones de niños que han debido sufrir los efectos de una pésima administración municipal.
Yo planteé, en una indicación que fue declarada inadmisible, que los gobiernos regionales, a través de las corporaciones regionales pertinentes, debieran acceder a la administración de la educación pública cuando los municipios ya no dieran más a raíz de su déficit crónico estructural. Porque en definitiva, inyectemos los recursos que inyectemos, un número importante de municipalidades no podrán superar dicho déficit (en tal sentido, se halla pendiente el debate sobre la evaluación de la municipalización educacional, que ha fracasado en muchas comunas). Por lo tanto, un nuevo proyecto destinado a inyectar a los municipios otros 30 mil millones de pesos para que superen deficiencias estructurales no será suficiente.
Viene una discusión profunda a propósito de la enmienda de la LOCE, donde vamos a abordar las cuestiones esenciales. Aquí estamos resolviendo un problema urgente, para que los municipios puedan solventar una situación insostenible en lo económico y que se encuentra directamente relacionada con la demanda de los profesionales de la Educación. Pero el debate de fondo respecto de la crisis profunda que sufre la Educación, y en particular la municipal, ha quedado pendiente.
Yo espero retomar esa discusión, por cuanto -repito- esto no se resuelve colocando más dinero. Y, además, para el próximo año sería inviable debatir de nuevo acerca de un anticipo de recursos dirigidos a solucionar un problema estructural.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la sustitución (30 votos contra 2 y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Romero, Sabag y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Orpis y Ruiz-Esquide.
No votó, por estar pareado, el señor Muñoz Aburto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios a los profesionales de la Educación que indica, con certificado de las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4726-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 79ª, en 20 de diciembre de 2006.
Informe de Comisión:
Certificado de Comisiones de Educación y Hacienda, unidas, sesión 80ª, en 20 de diciembre de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa y la calificó de "discusión inmediata".
Sus objetivos principales son:
-Crear una Bonificación de Reconocimiento Profesional para los profesionales de la Educación que se desempeñan en los sectores municipal y particular subvencionado, y en establecimientos de educación técnico- profesional.
-Establecer mecanismos para cautelar que los recursos entregados para el pago de la Bonificación Proporcional y del Bono Extraordinario al sector particular subvencionado sean destinados íntegramente a dichos beneficios.
-Consignar un nuevo plan especial de retiro de los profesionales de la Educación.
-Incrementar la Asignación por Desempeño de Excelencia y la Asignación de Excelencia Pedagógica.
-Conceder un bono no imponible ni tributable para los profesionales de la Educación, que se pagará una sola vez en diciembre de este año y en diciembre de 2009, por un monto de 110 mil y 60 mil pesos, según la remuneración bruta percibida.
Las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, aprobaron con enmiendas el proyecto despachado por la Cámara de Diputados, con los votos favorables de los Honorables señores Escalona, García, Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide y Sabag, y los votos en contra de los Senadores señora Matthei y señor Chadwick.
El texto que aquéllas proponen aprobar se transcribe en el certificado emitido por las Comisiones unidas.
El señor GARCÍA.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en cuanto a la relación del proyecto, me interesa que se haga claridad sobre la votación en las Comisiones unidas.
Tengo entendido que todos los Senadores presentes en ellas votamos a favor de la idea de legislar.
El señor SABAG.-
Así es.
El señor GARCÍA.-
Ahora, por lo menos en lo que a mí respecta, no participé en la votación particular. En consecuencia, me gustaría que ello se aclarara. Y me parece que respecto a la idea de legislar no hubo dos votos en contra.
Gracias, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Perdón, Su Señoría. Tal vez no fui claro, pero dije que se aprobó con enmiendas el proyecto que despachó la Cámara de Diputados y que votaron a favor los Senadores que mencioné, y en contra, la Honorable señora Matthei y el Senador señor Chadwick.
El señor NOVOA.-
No.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
No me refiero a la votación en general, sino a las enmiendas.
El señor SABAG.-
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad: 7 votos contra 0.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Perfecto.
La señora MATTHEI.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, esto es lo que sucede cuando en una Comisión nos obligan a despachar en una hora un proyecto de 15 artículos permanentes y 5 transitorios.
¡Nunca en mi vida he visto un violentamiento mayor hacia el Senado que el que acaba de ocurrir hoy en las Comisiones unidas!
Es una falta de respeto brutal a la Cámara Alta el hecho de que se nos haya obligado a votar -reitero- 15 normas permanentes y 5 transitorias en una hora.
Debo señalar que la mayoría de los Senadores no sabían lo que estaban votando.
Aquí tampoco el señor Secretario sabe lo que está relatando. Y no tiene cómo saberlo, porque no hay informe escrito y nadie conoce lo que pasó en las Comisiones unidas.
¡Es una vergüenza lo que pasó hoy en el Senado!
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor GARCÍA.-
¿Está ofreciendo la palabra para referirse al fondo del proyecto, señor Presidente? ¿Ésa es la idea?
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, este proyecto se inscribe en un proceso prolongado pero continuo de mejoramiento de las remuneraciones y de las condiciones de trabajo de los profesionales de la Educación en Chile.
Estos mejoramientos se han convenido con los actores involucrados. La iniciativa en debate cuenta con pleno respaldo del Colegio de Profesores, que representa a la gran mayoría de los profesionales de la Educación en nuestro país.
Se trata de un acuerdo con vigencia de cuatro años, lo cual constituye una expresión de confianza en la estabilidad económica, política y social de Chile, y, por cierto, de confianza mutua entre las partes.
Es un paso muy importante en el sentido de reafirmar la tendencia a asociar las retribuciones de los docentes a incentivos colectivos e individuales vinculados con la calidad de los desempeños profesionales, como una estrategia central para avanzar en la calidad de la educación.
El proyecto que hemos discutido en el Senado, en primer lugar, pone énfasis en materia de reconocimiento de un justo derecho que los profesores perdieron décadas atrás: la Bonificación de Reconocimiento Profesional, que tiene un componente de asignación de título y uno por mención, que se van incorporando gradualmente, hasta llegar en régimen al año 2010.
Mediante esta iniciativa se incrementa la Asignación por Desempeño de Excelencia; es decir, se premia el esfuerzo colectivo de los profesionales de los establecimientos municipales y particulares subvencionados, y se incorpora también a aquellos de los técnico-profesionales del decreto ley Nº 3.166.
Por otro lado, se refuerza la evaluación docente, pero asimismo se flexibiliza la obligación de evaluarse en el caso de los profesionales de la Educación a quienes les queden menos de tres años para jubilar.
Se incrementan las asignaciones variables de desempeño individual y se establece por primera vez un bono especial, adicional, para todos los profesores que completen el ciclo de la evaluación docente y que se inscriban y rindan efectivamente la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos.
Reitero que un esfuerzo importante -y así ha sido reconocido por la gran diversidad existente en el Colegio de Profesores- se relaciona con el bono de reconocimiento a la profesión, al que tendrán derecho todos los profesionales de la Educación que se desempeñen en el sector particular subvencionado y que se hayan titulado en carreras de al menos ocho semestres académicos y 3 mil 200 horas presenciales.
Además, el proyecto en debate se hace cargo del severo problema del envejecimiento del cuerpo docente, al que las distintas iniciativas legales aprobadas durante los últimos años no han dado la solución que todos esperamos.
Este proyecto conecta en forma directa con la iniciativa que Sus Señorías estudiaron recién (la referida al anticipo de la subvención estatal para los municipios), porque nos permite, a partir de los recursos aprobados, más otros adicionales que aporta el Estado, hacer realidad un plan especial de retiro voluntario que prevé una etapa transitoria de dos años, dentro de la cual los profesionales de la Educación podrán manifestar voluntariamente su deseo de acogerse a retiro con una bonificación extraordinaria, pagada por una sola vez, que ciertamente será más alta para quienes se acojan al beneficio en forma voluntaria.
Señor Presidente, a grandes rasgos, en eso consiste el proyecto que da cuenta de cada uno de los acuerdos alcanzados entre el magisterio y el Ministerio de Educación. Y -como lo hemos señalado- tiene antecedentes y alcances que nos permiten señalar con mucha fuerza y claridad que en la negociación de esta oportunidad, así como en las anteriores, su centro y propósito ha sido el que las reformas en materia de calidad de la educación deben ser hechas con nuestros profesores, con apoyo de ellos.
Por eso, el conjunto de incentivos individuales y colectivos que se incrementan mediante esta iniciativa de ley, donde se crea una nueva Bonificación de Reconocimiento Profesional y asimismo nos hacemos cargo del envejecimiento del cuerpo docente, constituyen un propósito que nos anima en un año en que la educación ha estado en el centro del debate público.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI- Señor Presidente, complementando la presentación que la señora Ministra de Educación hizo del proyecto, debo señalar que se trata de una inyección muy importante de recursos en materia de financiamiento municipal y de la educación municipalizada propiamente tal.
De acuerdo con el informe financiero entregado por la Dirección de Presupuestos, para el 2007 se contempla un total de 45 mil 687 millones de pesos, que se transfieren por concepto de la Bonificación de Reconocimiento Profesional; de la Asignación por Desempeño de Excelencia; de la Asignación de Desempeño Individual; de la Asignación de Excelencia Pedagógica; de la Asignación de Desempeño Directivo; del bono a todos los profesionales de la Educación, y del bono para el Plan Especial de Retiro.
En régimen, el año 2010 el desembolso financiero total estimado por la Dirección de Presupuestos corresponderá a 76 mil 393 millones de pesos.
Quiero agregar que en la discusión habida en las Comisiones unidas se repuso el artículo 4º transitorio, rechazado por la Cámara de Diputados.
En todo caso, la nueva redacción de dicho precepto, el cual fue repuesto mediante una indicación del Ejecutivo, establece en el inciso segundo que "Para los efectos del pago de la diferencia entre lo que corresponde pagar al sostenedor municipal" -estoy hablando del plan de egreso de profesores- "de acuerdo al inciso anterior y los montos de la bonificación por retiro señalados en los artículos 2º y 3º transitorios de esta ley, el Fisco otorgará a los sostenedores del sector municipal un aporte extraordinario equivalente a dicha diferencia.".
Y lo más importante de destacar es lo siguiente: en el Senado, y en general en el Congreso Nacional, hay una preocupación por el problema del desfinanciamiento municipal.
También me parece fundamental dejar consignado que en la disposición repuesta por las Comisiones unidas se establece que "los descuentos a la subvención de escolaridad, por aplicación de esta u otras leyes, no podrán exceder" -en caso alguno- "en su conjunto, para una misma municipalidad o corporación municipal, de un 3% del monto de la subvención que tenga derecho a percibir en el mes de enero del año respectivo en que se otorga el anticipo.". Es decir, existe un techo bajo, de 3 por ciento del total de la subvención, que es el máximo descuento a que puede quedar sometida una municipalidad por concepto de la devolución de los dineros destinados a financiar el beneficio.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, este proyecto contiene materias en que por supuesto estamos de acuerdo y otras en las cuales no lo estamos.
Y por eso respaldo las palabras de la Senadora señora Matthei en el sentido de que una iniciativa de esta envergadura no puede ser tramitada en una hora.
Aquí se contienen normas que ni siquiera hemos alcanzado a leer. Sin embargo, ya fueron votadas en las Comisiones unidas y serán sometidas al pronunciamiento de esta Sala dentro de algunos minutos.
Eso no es serio respecto del Senado; no es serio respecto del Ejecutivo, ni mucho menos es serio respecto de los profesores, de la educación municipalizada y, por cierto, de los municipios.
Ante una materia como ésta, deberíamos haber contado con el tiempo suficiente para escuchar a todos los actores involucrados. Nosotros, como Comisiones unidas, no oímos ni al Colegio de Profesores ni a la Asociación Chilena de Municipalidades.
¡Así no se puede legislar!
Solicitamos que se quitara la urgencia y que viéramos y despacháramos el proyecto en la primera semana de enero. Lamentablemente, no hubo disposición ni voluntad para que así se actuara.
¿En qué estamos de acuerdo, señor Presidente?
Por ejemplo, en la Bonificación de Reconocimiento Profesional consagrada en el artículo 1º, que, a nuestro entender, será en definitiva un mejoramiento de remuneraciones asociado a que los profesores tengan, no sólo titulo para ejercer la docencia, sino además mención en distintas especialidades.
Eso me parece positivo.
Sin embargo, dicha bonificación se otorga disminuyendo dos que ya existen.
Entonces, no entiendo bien si el resultado neto va a favorecer a los profesores o será igual a cero.
Yo confío en que sea favorable para ellos y signifique un mejoramiento de sus rentas.
Estoy por completo de acuerdo con la bonificación que se dispone como incentivo a la renuncia voluntaria. Ello significa que, si los profesores que cumplen los requisitos de edad para jubilar -60 años las damas, 65 los varones- se acogen al sistema de retiro voluntario, van a recibir una bonificación de 11 millones 135 mil pesos en el caso de jornadas de hasta 33 horas; 12 millones 772 mil pesos en el de jornadas de entre 34 y 39 horas, y 14 millones 410 mil pesos en el de jornadas de entre 40 y 44 horas.
En el fondo, ello significa mejorar las indemnizaciones, que tienen tope de 11 meses, a fin de que los profesores que cumplan requisitos de edad para jubilar lo hagan en mejores condiciones.
Sin embargo, esta medida se aplica dentro de lo que se llama "Plan de Retiro". Se estima que 8 mil profesores cumplen los requisitos de edad para jubilar. Y ese Plan, con los valores que he señalado, tendrá un costo de 106 mil millones de pesos, de los cuales el Fisco (el Estado, la caja central) pone sólo 35 mil millones. Los 71 mil millones restantes deberán ser colocados por los municipios.
Cómo, hemos preguntado. Fácil: mediante anticipos de las subvenciones educacionales. O sea, deuda, la cual se sumaría a la autorizada hace un rato por 31 mil millones de pesos y a la que, conforme al artículo 11 del proyecto de ley anterior, se faculta contraer a las municipalidades con cargo a las mismas subvenciones educacionales. De esta manera, estamos reventando a los municipios, pues los obligamos a asumir el grueso del costo del plan de retiro.
Al respecto, cabe recordar que, a propósito de la Ley de Rentas II, se estableció un protocolo de acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades en virtud del cual adoptamos el compromiso de no despachar nunca más una norma que les significara asumir nuevas cargas sin estar ellas debidamente financiadas.
Financiarlas con deuda, señor Presidente, estimados colegas, no es financiarlas. Financiarlas con deuda es hacer que los municipios sigan en una espiral de desfinanciamiento, que simplemente les causará, a ellos, a los profesores y a los funcionarios de la educación, muy malas consecuencias.
De los 71 mil millones de pesos mencionados, 8 mil millones se hallan contemplados dentro de los 31 mil millones autorizados en el proyecto aprobado hace un rato. Por tanto, las municipalidades deberán endeudarse en otros 63 mil millones de pesos con cargo a los anticipos de subvenciones.
Para el Gobierno central resulta muy fácil llegar a acuerdo de esa manera con el Colegio de Profesores. No me opongo a que se sumen voluntades, pero no a costa de que sean los municipios los que paguen, los que tengan que financiar tales acuerdos, sin tener ninguna participación ni ser consultados.
Por eso -repito-, ésta no es la forma seria, correcta y prudente de legislar sobre la materia.
Entiendo que el plan de retiro sea una necesidad de Estado. Pero, entonces, lo lógico y razonable sería que todo eso lo financiara el Fisco: que desde el nivel central se entregue a las municipalidades los recursos indispensables para pagar las indemnizaciones mejoradas, tal como lo prevé la presente iniciativa.
Por ello, señor Presidente, nosotros no podemos aprobar normas que impliquen endeudar aún más a los municipios. Es dejarlos en situación de insolvencia.
Se sostiene que por esta vía van a disminuir sus planillas de remuneraciones. Pero, a mi juicio, eso es bastante relativo. Si hay que sustituir a un profesor de Matemáticas, de Inglés, de Ciencias, no tengo muy claro que al reemplazante se le pague, necesariamente, una remuneración menor. Sé que el Estatuto Docente así lo establece. No obstante, la pregunta es si hay suficientes profesionales en tales asignaturas dispuestos a trabajar por un sueldo de ese monto. Estimo que en algunas áreas los profesores son tan escasos -en la de Matemáticas, por ejemplo- que simplemente habrá que pagar la remuneración de mercado y no la que fija el Estatuto Docente.
Por eso, es muy dudoso que la renuncia y posterior jubilación de profesores que cumplan los requisitos de edad -60 ó 65 años, según corresponda- vayan a significar, necesariamente, disminución en las planillas de remuneraciones. Yo no lo creo así, no lo tengo tan claro.
Por lo tanto, hipotecar las finanzas municipales y el financiamiento de la propia educación municipal, por la vía de anticipar subvenciones, cuando lo que en verdad queremos es dar un salto en la calidad de la educación, no parece la forma correcta de solucionar el problema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, la intervención del Senador señor García me ahorra bastante lo que deseo señalar.
En primer lugar, en nombre de nuestras bancadas, celebramos enormemente el hecho de que se haya llegado a acuerdo con el Colegio de Profesores para los efectos de elevar las remuneraciones y los beneficios del magisterio; que ello constituya un aporte a la mejor calidad docente y de la educación en general, y también que se haya establecido un plan de retiro que permita la renovación del cuerpo de profesores.
Nos alegra profundamente que eso se haya logrado.
Sin embargo, igual que el Honorable señor García, respaldo las palabras de la Senadora señora Matthei. Un proyecto de esta naturaleza y envergadura, orientado a uno de los objetivos centrales a los cuales el país se encuentra abocado, como es el mejoramiento de las condiciones y de la calidad de nuestro sistema educativo, no puede ser discutido en 45 minutos y con "discusión inmediata", como lo dispuso el Gobierno. Y no tan solo por una defensa corporativa de la dignidad del Senado y de la necesidad de estudiar los temas con seriedad y responsabilidad -para que los Honorables señores Escalona y Gazmuri al menos tengan la posibilidad de leer el texto en su integridad, aunque, como están conversando, parece que lo conocen de antemano-, sino también porque muchas veces -esta Corporación lo ha experimentado en oportunidades anteriores- los acuerdos a que se arriba con las distintas entidades gremiales no se reflejan con toda fidelidad y exactitud en los respectivos proyectos de ley. Por eso éstos requieren un estudio más serio y con mayor tiempo.
No basta con que la señora Ministra nos diga: "Se llegó a acuerdo con el Colegio de Profesores".
Y pongo un ejemplo, que la misma Ministra pudo observar hoy en la mañana y del cual el Presidente del Colegio de Profesores -presente en las tribunas- fue testigo en la Comisión de Educación. Me refiero al proyecto recién aprobado, al que tuvimos que introducir importantes modificaciones para que pudiera ser fiel al arreglo alcanzado con dicha entidad gremial. Tales proposiciones fueron planteadas por Senadores de la Alianza, quienes nos percatamos de que la iniciativa contenía disposiciones contradictorias capaces de dejar en la ineficacia, en términos parciales, el acuerdo logrado.
Y si eso ocurrió hoy en la mañana en la Comisión de Educación, me pregunto con qué responsabilidad vamos a despachar en 45 minutos un proyecto que deberíamos haber analizado con detención para que el Colegio de Profesores o la Asociación de Municipalidades hubiera indicado si refleja fielmente el acuerdo alcanzado o en qué forma podríamos perfeccionarlo para que así fuera. Porque -reitero- la situación contraria se dio hoy en la mañana en la Comisión de Educación.
Por lo tanto, por una mínima dignidad al Senado y por un mínimo afán de realizar bien el trabajo, no se puede despachar una iniciativa en 45 minutos.
El Honorable señor García apuntó al problema de fondo.
Nosotros respaldamos la idea de legislar, porque obviamente compartimos los objetivos del proyecto.
Sin embargo, quiero hacer la siguiente reflexión.
Hace no más de 20 minutos -¡no más de 20 minutos!- aprobamos unánimemente una normativa en donde se señala que se registran desequilibrios financieros en las municipalidades ocasionados por el ejercicio de la actividad educacional. Y, en reconocimiento de tal realidad, se autorizaron 31 mil millones de pesos, bajo la modalidad de anticipos de subvenciones, para que los municipios pudieran hacerse cargo en parte de dicho desequilibrio.
Eso, señores Senadores, hace 20 minutos.
Ahora, 20 minutos después, estamos aprobando una iniciativa que obliga a esos cuerpos comunales a financiar más de dos tercios del total del gasto que significan el aumento y los nuevos beneficios al sector docente, otorgándoles un nuevo crédito, esta vez por 71 mil millones de pesos. O sea, mientras por un lado les inyectamos 31 mil millones para enfrentar su déficit, por el otro les damos 71 mil millones para que aumenten su gasto.
Señores Senadores: ¿qué lógica y coherencia tiene eso desde el punto de vista legislativo?
Debemos entender, de una vez por todas -como lo dijo el Senador señor García-, que la estructura municipal se halla completamente sobrepasada en su capacidad financiera para gestionar el sistema educacional. Y tenemos que asumir conceptualmente que la educación pública es responsabilidad del Estado y que los municipios son sus gestores. Cuando fijamos objetivos para mejorar el sistema educacional, debemos actuar como Estado y no como municipio. Por lo tanto, hay que dotar de nuevos recursos a los gestores que actúan en nombre del Estado. De lo contrario, no sólo estaremos aumentando el déficit municipal -y con ello provocando el colapso de ese sistema-, sino también generando una situación en la cual los profesores, una vez más, cuando vayan a los municipios a reclamar sus beneficios y se les diga que no hay recursos, tendrán que recurrir a los tribunales para demandar el pago correspondiente. Así, las municipalidades seguirán acumulando deudas históricas -como ha ocurrido en el pasado-, porque no cuentan con fondos para cubrir lo que nosotros, por ley, les imponemos como carga sin darles las platas necesarias.
Por lo tanto, no les hacemos un favor a los profesores al aprobar proyectos que se van a financiar con recursos municipales cuando éstos no existen o no están disponibles. Y hace 20 minutos autorizamos un crédito para las municipalidades precisamente por esas razones.
Señor Presidente, señores Senadores, reclamo una mínima coherencia para legislar. La iniciativa que nos ocupa tiene que ser financiada con recursos directos del Fisco y no de los municipios.
El segundo motivo para oponernos en particular es la existencia de una norma que vulnera tratados internacionales y convenios de la OIT, pues el artículo 3º transitorio del proyecto establece un mecanismo de jubilación obligatorio.
La jubilación es un derecho de las personas, al que pueden acceder cuando llegan a cierta edad. No es obligatoria; no es imperativa; no es una exigencia. Así lo señalan los convenios de la OIT y distintos tratados internacionales.
Sin embargo, en el artículo 3º transitorio se establece un mecanismo mediante el cual, si un profesor no se jubila voluntariamente accediendo a los beneficios e incentivos que se otorgan, se verá forzado a ello, porque quedarán vacantes las horas que ocupa. Dicha norma lo dice en términos expresos: declarar "la vacancia del total de horas servidas por los profesionales de la educación que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo anterior, no hayan presentado su renuncia voluntaria a la dotación docente". O sea, son obligados. ¿A qué? A jubilar.
Ello vulnera los acuerdos internacionales y los convenios de la OIT. Como Senadores, debiéramos considerar elemento esencial en los ámbitos laboral y previsional que la jubilación es un derecho y no una obligación. De lo contrario, estaríamos afectando los derechos adquiridos básicos en materia previsional de cualquier trabajador chileno, incluidos los profesores.
En resumen, señor Presidente, hemos votado favorablemente la idea de legislar, pero nos oponemos, por una parte, al artículo 4º transitorio -presentado mediante una indicación del Ejecutivo-, al igual como lo hizo la Cámara de Diputados, para que el financiamiento sea directo del Estado y no a través de los municipios, y por otra, al artículo 3º transitorio, porque los derechos previsionales son irrenunciables y el de jubilación no se puede establecer en forma obligatoria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, usted ha sido Presidente de la República y ahora lo es del Senado, de modo que conoce bien los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por lo tanto, en nombre de toda nuestra bancada, le pido que nunca más acepte que un proyecto de esta envergadura sea tratado en una hora. Le aseguro que los Senadores que votamos en las Comisiones unidas de Hacienda y Educación no habíamos leído su texto. No lo conocemos. Y nos obligaron a votar artículos a los cuales ni siquiera se les dio lectura.
Por lo tanto, señor Presidente, en nombre de la Alianza, le solicito que converse esta materia con la Presidenta de la República, para que nunca más se repita una situación tan violenta para la dignidad de este Poder del Estado.
Además, hago presente que, aprovechándose precisamente de que ningún Senador había leído el proyecto, el Ejecutivo entregó información engañosa a los miembros de las Comisiones. Se nos comunicó oficialmente que su texto no contenía ninguna disposición que obligara a jubilar a los profesores. La señora Ministra de Educación y el representante del Ministerio de Hacienda nos aseguraron que no había norma en ese sentido. Sin embargo, el artículo 3º transitorio señala precisamente que se faculta a las municipalidades para declarar la vacancia del total de horas servidas por los profesionales de la Educación que hayan cumplido los requisitos de edad para jubilar.
¡Hasta cuándo hablamos con eufemismos, señor Presidente! ¡Por qué se nos dijo que no se contemplaba la jubilación obligatoria cuando en realidad sí se hacía! ¡Por qué el Ejecutivo, valiéndose de que no habíamos leído el proyecto, nos dio información engañosa adrede!
Cabe señalar que el artículo 2º transitorio establece un bono para incentivar el retiro voluntario. Con eso estamos de acuerdo: que la gente que quiera jubilarse reciba una bonificación de estímulo. Lo curioso es que, acto seguido, si un docente decide no pensionarse todavía, es obligado a ello, pero se le entrega a cambio un bono menor. Es decir, si la persona se va en forma voluntaria, recibe 14 millones 410 mil pesos; sin embargo, si se retira obligadamente, porque alguien declaró la vacancia de su cargo, se le dan sólo 13 millones 450 mil pesos. Es decir, un millón menos.
¡Esto es una vergüenza, señor Presidente! En el fondo, es pasar por encima de la voluntad de las personas de la forma más violenta. Porque si un docente cumple con los requisitos pero manifiesta que no quiere irse aún, después lo obligan a jubilar y, además, se le entrega una bonificación menor.
Por otro lado, cabe destacar que con este proyecto las profesoras se verán enormemente perjudicadas.
La Presidenta de la República señaló el viernes recién pasado que debería haber incentivos para que ojalá las mujeres laboraran hasta los 65 años. Todo el mundo sabe que, si una trabajadora jubila a los 60 años, su pensión será, aproximadamente, 40 por ciento menor que si lo hiciera a los 65. Ello, porque en esos últimos cinco años acumula mayor cantidad de intereses y reajustes, debido a que su saldo de capital es más grande y, también, a que cotiza más tiempo en el fondo de pensiones.
Por eso, nos hemos opuesto a que la jubilación de las mujeres sea obligatoria a partir de los 65 años, pues muchas a los 60 años ya están cesantes. Pero siempre hemos señalado que, si tienen trabajo, les conviene continuar activas hasta los 65, dado que su pensión aumenta en 40 por ciento.
En este proyecto, ¿se las obligará a irse a los 60 años?, ¿no se les dará la oportunidad de esperar hasta los 65, como al hombre?, ¿tendrán que irse con una pensión misérrima y con un bono menor por jubilar en forma obligatoria en vez de hacerlo voluntariamente?
¡Esto, señor Presidente, es un atropello!
Pero sumemos a todo lo anterior el daño previsional. Resulta que muchos profesores quieren pensionarse pero no pueden hacerlo porque sus ingresos serían, más o menos, el 30 por ciento de lo que ganan en forma activa. ¡30 por ciento!
Los Senadores señores Escalona y Letelier saben que llevamos meses discutiendo sobre el daño previsional. Y el Ejecutivo se ha negado a resolver este problema, a pesar de que sí lo solucionó a los trabajadores del antiguo sistema. Pero para los del nuevo se ha opuesto rotundamente.
¿Qué se otorga con esto, señor Presidente? Un bono de 13 millones de pesos. Si éste se divide por la expectativa de vida de una mujer de 60 años, que debe ser como 25 años más, y se lleva a términos mensuales, no son más de 45 mil pesos adicionales. En consecuencia, la mujer va a jubilar con una tercera parte del sueldo más 45 mil pesos. Prácticamente, el bono no significa nada.
Muchos profesores no se acogen a retiro porque no pueden vivir con la pensión asquerosamente baja que les va a llegar. Pero ahora los obligarán a irse suprimiéndoles el cargo.
Eso es lo que propone la Concertación. No sé en qué estaba el Presidente del Colegio de Profesores cuando apoyó tal medida.
Después nos informamos de que el bono no será imponible ni tributable. ¿Alguna vez hemos aprobado para los trabajadores del sector privado algún beneficio en esas condiciones? ¡Incluso por los aguinaldos se debe imponer y tributar!
¡Hasta cuándo seguimos con dineros por los cuales no se impone! El tributo me da lo mismo: es plata que sale de un bolsillo del Estado y le entra por otro. Pero el asunto de la imposición es importante, desde el punto de vista de la futura pensión de los funcionarios.
Por otro lado, se contempla una bonificación de reconocimiento profesional. Imagino que la Presidenta dirá que se trata de un gran bono y que, en el fondo, va a incentivar la calidad de la educación.
Resulta que una cuarta parte de ese bono efectivamente se otorga como estímulo para la especialización -¡una cuarta parte!-, y las restantes tres cuartas partes, sólo por contar con el título de profesor. O sea, por cumplir la ley, ya que ésta dispone que para enseñar en un colegio hay que poseer ese título.
Por lo tanto, el hecho de cumplir con la ley dará derecho a la concesión de un bono de estímulo, de reconocimiento profesional. ¿Por qué no se le denomina "sueldo", lisa y llanamente? ¡Porque eso es!
Nosotros nos alegramos de que les aumenten los sueldos a los profesores -¡ningún problema!-, pero queremos que las cosas se llamen por su nombre. Dejémonos de eufemismos y no hablemos de un bono de reconocimiento profesional que, en definitiva, constituiría un incentivo para la especialización, en circunstancias de que el título se ha exigido siempre.
Además, se afirma que esa bonificación va a redundar en el mejoramiento de la calidad de la educación. Fíjese, señor Presidente, que la cuarta parte del monto que en verdad incentivará la especialización ascenderá a la ¡enorme! cifra de 16 mil pesos mensuales a partir del año 2010.
¡Ése es todo el estímulo para lograr una mejor calidad de la educación que se contempla en el proyecto! ¡Dieciséis mil pesos mensuales a contar del año 2010, porque desde 2007 sólo alcanzará a 4 mil!
Repito: el único estímulo para mejorar la calidad de la educación llega a 4 mil pesos -¡4 mil pesos!- mensuales a partir del próximo año.
A mi juicio, la única razón por la cual el Ejecutivo envió esta iniciativa con "discusión inmediata" radica en que su texto es tan malo¿
El señor ORPIS.-
¡Es una vergüenza!
La señora MATTHEI.-
¿-¡tan malo!- que pretendía que lo votáramos sin leerlo. Porque, si lo hubiéramos hecho, supongo que la mayoría de los señores Senadores de la Concertación hubiesen pedido correcciones o votado en contra.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, para entender bien lo que está pasando es necesario saber con exactitud que hoy, y antes del 31 de diciembre, estos proyectos deben quedar aprobados si queremos que los beneficios para los profesores y las municipalidades se materialicen de la manera más razonable. Y se enviaron tomando en cuenta este imperativo.
En cuanto al rechazo planteado, es preciso tener presentes dos aspectos: primero, el fondo del asunto, y segundo, el procedimiento en esta Corporación.
Quiero manifestar, con honestidad, después de leer ambas iniciativas, las cuales llegaron a la Cámara de Diputados -algunos Senadores nos preocupamos de conocerlas antes, y otros temas los hemos estado analizando desde hace mucho tiempo con el Colegio de Profesores y con los propios municipios-, que nos formamos, dentro de lo posible, una opinión relativamente fundada.
Por eso, desde el punto de vista formal y por el bien superior implícito, que requería satisfacer a las dos partes interesadas, no se puede sostener que en lo ocurrido haya habido un afán de sorprender a los Parlamentarios ni de limitar las funciones del Senado.
En otras oportunidades he sido extremadamente crítico cuando el Gobierno ha intentado actuar sin sujeción a las normas de respeto hacia esta Corporación. Pero me parece que en esta ocasión había que atender, no sólo al procedimiento legislativo, sino también al bien común superior, consistente en resolver el problema de las dos partes involucradas.
El Colegio de Profesores -dirigido por un profesional que, como todo el mundo sabe, hasta el momento ha defendido los intereses de su gremio- no puede ser imputado de ligereza por lo que ha aceptado.
Por lo demás, los docentes jamás han constituido un gremio sumiso en esta materia, al menos a partir de 1990 -antes, sí, tuvieron que aceptar condiciones que no les permitían dar su opinión en forma libre-, y han sido extraordinariamente precisos para defender sus puntos de vista. Y entiendo que, en esta ocasión, en la lógica común de las cosas y no sólo por la vía de una rendija legislativa, les satisface esta fórmula.
En consecuencia, puesto ante lo que ellos consideran que les pertenece, que les resulta pertinente y con lo cual están de acuerdo, me quedo con esa lógica, y no con la de una persona ajena al gremio que diga: "Mire, esto los perjudica".
Aquí cabe aplicar el sentido común y pensar: "El que lleva los zapatos conoce su horma y sabe qué le sirve".
La señora MATTHEI.-
¡Si Su Señoría entendiera el proyecto, sabría que los perjudica!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, usted se halla en conocimiento de que hice una manda en el sentido de que no iba a discutir más ciertas cosas en esos términos, porque juzgo que no corresponde.
Creo en la inteligencia del Colegio de Profesores cuando señala: "Me parece bien".
El señor GAZMURI.-
¿Dijo que se trata de una manda?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Así es.
El señor NÚÑEZ.-
¡Es una manda¿!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Y la estoy cumpliendo.
El señor NARANJO.-
¡Qué santo es Su Señoría!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
En seguida, cuando la Asociación Chilena de Municipalidades afirma que el mayor problema es que estas últimas no pueden pagar los beneficios que deben otorgarse a los profesores, entonces, señor Presidente, entramos en otro terreno: en el de cómo ha de estructurarse la educación municipal.
Aquí se llega al meollo de la cuestión: quién administra los recursos del Estado. En la tesis del Senador señor Chadwick -doy excusas por mencionar su nombre, pues no se halla presente-, lo hace la municipalidad, lo cual es razonable. Se ha observado que esas entidades son Estado. Y, por consiguiente, no se puede aducir que estamos administrando de otro modo.
Pero ahí cabe formular otra pregunta: ¿Cómo puede administrar un Estado frente a un nivel municipal que posee una cantidad de capacidades propias e independencia para actuar?
Es decir, por una parte, ellos quieren administrar el Estado a su manera, con las platas del erario. ¡Okey! Entonces, traslademos la educación municipal a la organización central del Estado, con participación de las propias municipalidades, de los centros de profesores.
Señor Presidente, en vista de que hoy día los alcaldes cierran escuelas cuando les da la gana, he presentado un proyecto para que lo hagan en concordancia, a lo menos, con el nivel educacional. Porque la educación no consiste en abrir una escuela sólo para enseñar cosas, sino en que ella también pase a ser una práctica de integralidad. Y eso tiene que ver con el recurso humano, con las localidades donde se ubica, con lo que significa un establecimiento educacional en un lugar con pocos habitantes.
Y lo digo para justificar el hecho de tener que resolver los asuntos a los cuales nos encontramos abocados, que se plantean con el carácter de una urgencia, pues ésa es la situación en que se hallan los municipios y los profesores.
Cuando se cierra una escuela, se van los profesores. Actualmente lo hacen a discrecionalidad del alcalde. Lo que se pretende con estas iniciativas es ayudar a que eso se resuelva de otro modo.
Entiendo que lo señalado es opinable; pero se trata de mi punto de vista, sencillo, modesto, sin orgullo ni soberbia.
Se cierra, pues, la escuela -la gente se traslada a otra parte, como ocurre en el ámbito forestal- y, curiosamente, un poquito más allá aparece una escuela subvencionada, que muchísimas veces tiene relación directa con el mismo personal que está cerrando la anterior. Esa coincidencia no la creo, porque en este mundo no la hay. Existe toda una orientación que va en una misma línea.
Por razones de necesidad, entonces, nos encontramos discutiendo esta materia.
Pero no es que se quiebre la columna vertebral del financiamiento municipal. Porque las municipalidades, primero, tendrán dinero en porcentaje importante para la gente que se va (ahora lo estaban pagando ellas); segundo, hay un ahorro en la dotación futura, porque aquí no se harán ajustes elevando el número de docentes.
Esta última cuestión es la que más me violenta interiormente. En efecto, aquí nos hallamos ante la tesis de que mientras más se vayan es mejor y de que no importa que quede menos gente, porque, al final de cuentas, hay que buscar el financiamiento, en circunstancias de que lo que se debe hacer es encontrar el modelo educacional para la población rural, para la población de la comuna, con recursos para la acción del Estado, porque ésa es la columna vertebral de la educación en Chile.
Entonces, el modelo de quitar la plata porque no hay alumnos, de modo que los profesores se tienen que ir, es malsano.
Con esta iniciativa, por lo menos, se da una cantidad suficiente para un funcionamiento durante un tiempo, mientras vemos, con toda serenidad, qué hacemos con la educación, con los proyectos que la señora Ministra enviará en los próximos meses, a la luz de las conclusiones del Consejo Asesor y de lo que puedan señalar el Senado y la Cámara de Diputados.
En el mismo proyecto se contiene la flexibilidad con respecto al Estatuto Docente, materia que permanentemente se ha señalado como una de las razones de la mala calidad educacional y del déficit municipal.
En seguida, comparto el hecho de que, no siendo administradores, sino parte del proceso, debemos considerar una luz en general para todos estos criterios. Por eso, vuelvo al punto: no veo aquí atropello al Senado.
Alguien ha dicho acá, y con toda razón: "¡No conocíamos el proyecto!".
En realidad, algunos sí lo conocíamos, por razones distintas, a lo mejor, que no se hallan insertas dentro del procedimiento explícito que establece el Reglamento, en cuanto al plazo de cuatro horas de anticipación, etcétera.
Incluso, en determinado momento tuve la oportunidad de plantear, mientras discutíamos hoy la cuestión en algunas otras instancias, que si no podíamos imponernos bien de las cosas, sesionáramos mañana. Pero se suscitó el problema de que si hacíamos eso el texto no podría volver a la Cámara de Diputados, porque ésta no sesiona¿
El señor NÚÑEZ.-
¡Claro que funciona¿!
El señor NARANJO.-
¡El viernes¿!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Podríamos haber trasnochado y llegar hasta las 8 de la mañana, y así enviar el proyecto a la otra rama del Congreso.
Entiendo las reacciones de todos los señores Senadores. También soy de genio ligero cuando no me parecen bien las cosas. Los comprendo.
Pero acusarnos de que aquí el Gobierno quiere abusar del desconocimiento para imponer una cierta línea argumental, ante lo cual no será posible defenderse, no me parece aceptable, señor Presidente. Porque si hay algo que reconozco en los Senadores de la Alianza es su capacidad intelectual. Lo digo derechamente. Siempre lo he sostenido.
Por mi parte, hago constar la alta consideración que me merece la inteligencia de la señora Senadora y los señores Senadores de la Alianza, de modo que no tienen derecho a manifestar una autoestima tan baja como la que están mostrando en este momento, en cuanto a que no han sido capaces de estudiar la cuestión a tiempo.
Estamos ante una situación bastante difícil. Y hay un asunto -con esto sí que concluyo mi intervención- que debemos analizar. La democracia se lleva en Chile por dos carriles: por los Parlamentos y por los acuerdos directos con las corporaciones que tienen que ver con los temas específicos.
Hace muchos años también se discutía este punto.
¿Qué prevalece? Yo sostengo que el estudio en el Parlamento. Porque, de otra manera, si no se hace así, puede llegar a generarse una tendencia al régimen corporativo, que no corresponde a lo que entiendo por democracia.
Sin embargo, no puedo dejar de entender que los Gobiernos tienen la obligación de reconocer que la participación integra el proceso democrático, sobre la base de los acuerdos bilaterales que luego se ponen en conocimiento del Congreso Nacional.
Ahora, me pueden decir que se trató de media hora o de quince minutos. Sí, lo reconozco. Y también creo que sería bueno que nunca más se planteara una cuestión tan urgente.
Pero aquí estamos como en una urgencia médica. Así de simple. De modo que vuelvo a lo mismo: mi concepción es que las leyes están al servicio del bien superior, siempre y cuando no respondan a una inconstitucionalidad.
Entiendo que esto es algo que debimos hacer para dar satisfacción a lo que nos han pedido los profesores, a la urgencia del problema. Porque incluso se ha dicho que algunos alcaldes pueden ir presos. Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? Creo que procedimos de manera razonable.
Ésta es una materia educacional que, por lo demás, ha estado en el debate en el último tiempo, sin muchas variaciones.
Por lo tanto, vamos a votar que sí.
No nos sentimos agraviados ni que el Ejecutivo nos haya pasado a llevar. Y no porque seamos Gobierno. Porque si mañana la Concertación pierde las elecciones -cosa que espero que no suceda- y el Gobierno de la Alianza, en ese momento, nos falta el respeto, voy a reclamar, pues tengo la autoridad moral para plantearlo, al igual que lo he hecho cuando en mi Gobierno se han producido estas situaciones.
No obstante, aquí debemos reconocer la urgencia.
No hay mala intención en esto. Así lo entiendo. Porque, al parecer -vuelvo a lo que señalé, y no lo digo en broma-, tengo mejor opinión de la capacidad de los Senadores de la Alianza que la que tienen ellos mismos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, por su intermedio quiero reiterar que el ánimo del Ejecutivo ha sido distinto de aquel al cual se ha hecho referencia. Éste es un proyecto que -tal como lo expresó el Senador señor Ruiz-Esquide- más bien forma parte del principio imperante en una sociedad democrática, donde hemos alcanzado los mejores acuerdos entre el Colegio de Profesores y el Ministerio.
Sin embargo, es mi deber aclarar algunos puntos.
Se equivoca la señora Senadora cuando manifiesta que la Bonificación de Reconocimiento Profesional no es imponible, porque ésta, tal como lo establece el inciso cuarto del artículo 2º del proyecto, será imponible, tributable, y se reajustará igual que la unidad de subvención.
La señora MATTHEI.-
¡Me referí a los bonos!
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
También quisiera aclarar la consulta del Senador señor García en el sentido de qué sucederá con la Unidad de Mejoramiento Profesional.
Ésta se va a pagar hasta 2010, de manera de dar un espacio para que los profesionales puedan adscribirse a la Bonificación de Reconocimiento Profesional, que gradualmente va a reemplazar a la Unidad de Mejoramiento Profesional percibida en el sector de la educación municipal y particular subvencionada. Pero también dispone el mismo proyecto que quienes no perciban la Bonificación de Reconocimiento Profesional no podrán experimentar una disminución de sus remuneraciones derivadas de la extinción de la UMP. Además, se establece que van a recibirla los docentes de los sectores municipal y particular subvencionado.
Menciono esto para responder las consultas del Senador señor García.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, en varias oportunidades he dicho que cada dos años esta materia vuelve a la Sala. Ello, porque se produce un déficit en los municipios de equis cantidad de miles de millones de pesos, y los diversos Gobiernos -que he integrado e integro, por supuesto- deben buscar una fórmula legislativa que permita que el proceso continúe, que los alcaldes no vayan presos, que se puedan pagar las imposiciones, el perfeccionamiento profesional, en fin.
Si hoy día apuntáramos que en un año y medio o en dos años más vamos a estar ante un proyecto similar, estoy absolutamente seguro de que ello no constituiría un error de análisis.
Y mucha razón tienen los jóvenes conocidos como los "pingüinos" cuando plantean con mucho énfasis un mejoramiento de la LOCE. Pero también postulan algo en lo que he creído siempre, aunque sea un error de concepción, en el sentido de que la educación pública debe estar donde le corresponde. Como quien dice, "el hijo con el padre". Porque la educación pública, donde estudia el 56 por ciento de los jóvenes chilenos, tiene que hallarse bajo la conducción de un Estado que se haga cargo de la totalidad de los gastos que ella implica y no seguir financiándose -aunque ha sido mejorado por medio de diversas leyes- sobre la base de un pago por asistencia promedio. Es cierto que ha subido, pero la asistencia varía por muchas razones, que no son controladas por los profesores ni, a menudo, siquiera por los propios padres. No voy a entrar a detallar esa circunstancia, pues los señores Senadores y las señoras Senadoras sin duda que lo saben por experiencias personales que han adquirido en sus Regiones.
He sostenido que la educación pública, sin volver a un concepto estatista, debe estar bajo la administración, conducción y responsabilidad integral del Estado, que ha de asumir los costos que ella involucra.
No estoy en contra de la educación particular subvencionada, que se ha ganado ya un derecho. Hoy, el 33 por ciento de los estudiantes chilenos se forma en ella y en la enseñanza pagada. Pero reclamo, sí, la responsabilidad por el 56 por ciento de jóvenes que estudian en la educación municipalizada.
Por lo tanto, creo que el 2007 será también un año de presencia de tales convicciones en los muchachos, quienes han conmovido al país y nos dieron una señal muy firme, muy visionaria y muy responsable, a pesar de su juventud. Y esto, por supuesto, acontece así porque son ellos los que enfrentan en el día a día los problemas, los déficits existentes, que son muy grandes en el sistema municipalizado. Pero no son menores tampoco en el particular subvencionado, donde hemos conocido experiencias catastróficas de cómo algunos empresarios sólo pretenden lucrar de esta actividad más que cooperar de manera responsable con el Estado en un objetivo fundamental, reconocido constitucionalmente, como es el acceso a una educación de buena calidad.
Quiero señalar, además, que comparto -y por ello me he visto sorprendido- el hecho de que a los profesores que no quieran jubilar, cuando cumplan 65 años los hombres y 60 las mujeres, se les reconozca un derecho constitucional, que en la práctica hemos respetado los gobiernos de la Concertación, en términos de que el retiro de una actividad es una decisión personal y, por ende, a ellos les corresponde tomarla. Y, por eso, me duele la redacción del artículo correspondiente, porque la hallo demasiado dura. Conversaré con los dirigentes del Colegio de Profesores, quienes han estado plenamente de acuerdo con este proyecto de ley, para conocer las razones y los fundamentos de ello.
Como dice el viejo refrán, "del lobo un pelo". Esta iniciativa, evidentemente, apunta a mejorar la calidad de la enseñanza. Pero también se orienta a perfeccionar la condición del maestro, que es fundamental en cualquier proceso; incide en las políticas de formación de él en su inicio, porque ya se está haciendo obligatoria la acreditación de las competencias docentes; y, además, asegura la continuidad del perfeccionamiento para que sea constante y no sólo acotado a un período, pues los conocimientos, la educación, la ciencia y la tecnología van progresando prácticamente año tras año, y hay que explicarlos y darlos a conocer para su manejo.
Me llama positivamente la atención, sí, que este acuerdo vaya a tener una vigencia de cuatro años, porque eso me está indicando que lo que he planteado se halla incorporado y que se van a modificar muchas cosas en ese período, o tal vez en menos tiempo.
Respecto de los profesores que deseen retirarse (a los 65 años los hombres y a los 60 las mujeres), quiero decir algo que considero fundamental: un docente de 68 o de 70 años -ni con toda su vocación, ni con todo el deseo que tenga de desempeñarse con eficiencia en un aula frente a 40 jóvenes que se mueven- constituye un atentado al concepto de educación moderna y es también una falta de respeto a sus alumnos, quienes buscan una formación para insertarse después en la vida como personas cultas, a través de diferentes oficios y profesiones.
Pero quiero agregar algo más.
Cuando dije "del lobo un pelo", también quise expresar que me gustaría que se corrigiera la política del Gobierno. No estoy de acuerdo con la educación pública en las condiciones en que se encuentra. Sin embargo, debo reconocer que esta Administración, tan especial, ha entregado increíbles recursos -y en buena hora- a la educación particular subvencionada: miles de millones de pesos para construcción de establecimientos educacionales con el solo compromiso de que permanezcan determinadas décadas en la función educacional.
El Gobierno sigue ayudando, entregando subvenciones. Y, para esta bonificación de retiro, el Estado, por primera vez -me ha llamado la atención-, está financiándola 33 por ciento con dineros fiscales, y el 67 por ciento restante, con recursos derivados del adelanto de la subvención. Por primera vez ¿repito; porque no hay ninguna otra ley anterior- el Estado, para estos efectos, entrega 33 por ciento de dineros fiscales.
Coincido en que el anticipo de subvenciones es como el canje de un cheque porque hoy no hay plata, operación que a los 30 días de nuevo se realiza para poder enterar recursos que no se tienen.
Estoy de acuerdo en que eso no es lo óptimo; pero el Gobierno, en una política realista, de coyuntura, pretende flexibilizar el problema de los municipios.
Además, tengo que destacar en la Sala que, en cuanto a lo que se entregue como anticipo para estos bonos de retiro en establecimientos educacionales, durante casi un año no será necesario hacer ningún reintegro.
Por lo tanto, los municipios van a ahorrar en ese tiempo parte de lo que están recibiendo.
También es importante señalar que, una vez cumplido el plazo, los pagos se harán con un descuento a las subvenciones y no podrán ser superiores al tres por ciento.
Por otra parte, el plazo para pagar el bono de anticipo que se les va a conceder a los municipios es indefinido, de manera de asegurar que nunca excederá ese porcentaje.
Asimismo, es un hecho de la causa que el retiro de profesores con muchos años de servicios va a permitir rebajar las plantas de los educadores, porque en muchos casos no van a ser reemplazados. De modo que se ahorrará por ese concepto. Y si hubiere que reemplazar a los maestros que perciben sueldos más altos, es evidente que los que se contraten recibirán una remuneración menor, pues recién se inician en sus actividades.
De tal forma que pienso que esta iniciativa, aun cuando no me gusta en su totalidad, por lo menos va a dar un respiro a muchas municipalidades, a los alcaldes y al propio sistema, para ver si el 2007 podemos iniciarlo en mejor forma. Ojalá no tengamos una explosión social de los estudiantes, quienes nos están dando una lección sobre cómo revisar el sistema educacional en nuestro país.
Por lo expuesto, vamos a votar a favor del proyecto en la forma como está redactado.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, quiero señalar que votaré afirmativamente la iniciativa.
Lo que más valoro es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Colegio de Profesores, entidad a la cual le asigno la máxima autoridad para defender los intereses del magisterio en el país. En ese sentido, creo que los Senadores de Oposición no son los mejores intérpretes de tales intereses.
En cuanto al tema del financiamiento, es cierto que no hemos tenido el tiempo suficiente como para realizar un debate acabado. Pero seguramente habrá una discusión más amplia sobre la estructura que debiera tener nuestra educación. Creo que ése será el momento de hacer una revisión más a fondo acerca de la gestión educacional en Chile.
Coincido con muchas voces que señalan que estamos en un punto muy crítico, porque efectivamente la gestión municipal -no en todas las comunas, pero sí en su gran mayoría- no garantiza, en mi opinión, que podamos encaminarnos hacia una reforma educacional más de fondo como la que necesita el país.
Por lo tanto, el debate indispensable sobre el tipo de gestión de la Administración Pública que el país requiere está pendiente. Sin duda, hoy estamos resolviendo de manera parcial los aspectos de financiamiento. Pero debemos hacerlo hasta mientras no tengamos un sistema de gestión distinto.
Por ese conjunto de razones y por la urgencia que existe en despachar tanto este proyecto como el anterior, me parece razonable que lo aprobemos, aun cuando no es la forma ideal de legislar.
En todo caso, debo insistir en que tengo mucha confianza en que el diálogo que hubo entre el Ministerio de Educación y el magisterio, así como el acuerdo que se logró, dan garantías de que los derechos fundamentales de los profesores y las exigencias de vincular mejoras salariales al rendimiento magisterial están razonablemente resueltos en el proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, quiero hacer presente que en las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas, manifesté mi molestia porque en un proyecto de tanta importancia como éste, con prácticamente 19 artículos, tuviésemos que legislar en forma tan apresurada, sin siquiera tener la posibilidad de leerlo.
No obstante, comprendo que ha habido un acuerdo muy relevante entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, que contaron con el tiempo necesario para estudiarlo detenidamente, y que después de más de tres meses llegaron a un acuerdo definitivo, lo cual nos alegra. Eso es lo que nos ha dado fuerzas para tratarlo con premura en esta sesión.
Espero que respecto de otros casos no estemos sometidos a la presión de tener que despachar en pocas horas una iniciativa de tanta importancia como ésta.
Por supuesto, la aprobamos en las Comisiones y también lo vamos a hacer en la Sala.
La Cámara de Diputados rechazó el artículo 4º transitorio, fundada principalmente en la defensa de los intereses municipales. En una reunión que sostuvieron ayer o anteayer, los alcaldes expresaron que una de las grandes quejas que tienen es que aprobamos leyes que significan gastos para ellos, pero no se contemplan los recursos o no se encuentran debidamente resueltos los problemas de financiamiento y, generalmente, están obligados a continuar haciendo aportes municipales, que ya sobrepasan los 100 mil millones de pesos al año, y hoy día, de nuevo, se les obliga a continuar efectuándolos.
En todo caso, la preocupación de los señores Diputados y de los alcaldes se halla relacionada con el breve plazo que se les da para empezar a descontar este nuevo aporte a que se refiere el citado precepto, que dice: "El reintegro de los anticipos deberá hacerse a partir del undécimo mes siguiente a aquél en que se otorgue el anticipo, en cuotas iguales y sucesivas, que se descontarán de la subvención de escolaridad antes señalada.".
También aprobamos una nueva indicación del Ejecutivo, debido a que en ella se reitera que todos los anticipos que los municipios puedan recibir estarán siempre sujetos a un límite máximo de 3 por ciento del monto de la subvención que tengan derecho a percibir en el mes de enero del año respectivo en que se otorga el anticipo; es decir, los 31 mil millones de pesos que aprobamos en el proyecto recién despachado.
Respecto de la cantidad que estamos autorizando ahora o de otras que se entreguen a los municipios, en ningún caso se puede descontar más del 3 por ciento de la subvención que les corresponde recibir. Por lo tanto, hay ahí un límite al descuento que el Gobierno puede efectuar.
Por otra parte, creo que debemos revisar a fondo el sistema de servicios traspasados tanto de salud como de educación, porque los déficits que provoca a los municipios son enormes.
Uno comprende que ciertas comunas puedan estar mal gestionadas, mal dirigidas, y que algunas han actuado con mucha politiquería. Por eso fue objetado el artículo 11 hace un rato, porque autorizaba a recibir en forma permanente anticipos para desvincularse de los profesores que se pueden retirar y, en especial, de los funcionarios docentes. Conozco municipios que tienen más empleados no docentes que docentes. ¿En qué cabeza cabe una cosa así? No hay duda de que en ese caso el alcalde está haciendo una muy mala gestión, la que posteriormente se traduce en el desprestigio de todas las municipalidades del país.
Por eso, teniendo presente el amplio acuerdo a que se llegó con el Gobierno, el Colegio de Profesores está completamente de acuerdo con el proyecto que estamos aprobando. Los dirigentes del magisterio conocen la realidad de cada uno de sus integrantes, y si nos han pedido que lo aprobemos en esta forma, es porque están conformes. Eso constituye un gran aliciente para acoger la iniciativa, pero mantenemos nuestra preocupación por que cuanto antes se aborde definitivamente el problema de los servicios traspasados a los municipios, que originan enormes déficits en sus presupuestos.
Voto a favor del proyecto en todas sus partes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, quiero decir algo que me parece vital reafirmar aquí en el Senado: estamos frente a un acuerdo suscrito por el Colegio de Profesores con el Gobierno.
En esa organización gremial no sólo hay sectores que pueden estar vinculados con la Concertación. Entiendo que la dirección nacional, y también las agencias locales, que cada cual conoce en sus respectivas regiones, se hallan absolutamente abiertas a todos los sectores de la vida nacional. Y hemos estado conscientes durante los últimos meses -en particular, a partir del momento en que los jóvenes salieron a las calles por la calidad de la educación- de que enfrentábamos un problema muy serio, en especial, en el sistema de educación municipalizada.
Y no sólo hay dificultades respecto de la calidad de la educación. Tenemos déficits que se arrastran por muchos años, que son muy difíciles de manejar; la mayor parte de los municipios están prácticamente colapsados desde el punto de vista financiero. Carecemos de posibilidades de resolver con facilidad un asunto que viene arrastrándose por mucho tiempo y que nosotros mismos, el Parlamento, no hemos sido capaces de solucionarlo en las múltiples oportunidades en que hemos tenido ocasión de hacer algo para buscar una salida al problema municipal del país.
En consecuencia, no tengo ningún temor de decir que, aun cuando leí su texto sólo hoy en la tarde, el tema de fondo del proyecto lo conocemos todos los Senadores. En otros términos, la mayor parte de nosotros sabe con exactitud cuál es la situación de los colegios municipalizados en nuestras Regiones. Y todos estamos al tanto de que muchos de ellos han perdido matrícula, que mantienen plantas de profesores que obedecen a situaciones del pasado y no de ahora; que muchos educadores no están ejerciendo en las aulas, ya que más bien se encuentran dedicados a tareas administrativas; que varios de ellos, dada su edad, quieren jubilar, pero no pueden hacerlo por algo que entienden a la perfección y que nosotros conocemos muy bien: porque carecen de una ley que les permita acogerse a retiro con un grado mayor de dignidad. Como dije, eso lo sabemos muy bien los Senadores que estamos preocupados de la realidad de la educación en cada una de nuestras Regiones.
Por lo tanto, no debería llamarnos la atención que este proyecto apunte exactamente en ese sentido.
Esta normativa mejora las condiciones de retiro de muchos maestros. El Colegio de Profesores habla de 8 mil 500 profesores que potencialmente estarían en condiciones de acogerse a los entendimientos a que ha arribado el Gobierno con dicha entidad gremial. Todos sabemos, además, que la iniciativa contiene una serie de disposiciones que van a acrecentar la calidad de las remuneraciones de los profesores que queden en el sistema, en fin.
Sin embargo, todo lo anterior no resuelve el problema de fondo: la calidad de la educación. Este tema no se toca ni en el proyecto que acabamos de aprobar ni en el que ahora nos ocupa. Y digámoslo francamente: se trata de un asunto pendiente entre nosotros.
En consecuencia, podríamos pedir al Gobierno que envíe pronto las modificaciones que estime conveniente a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, a fin de abrir realmente el debate de fondo que debemos enfrentar. Porque hablar en este momento de la calidad de la educación, de si sirve o no el sistema municipal a los requerimientos del país, es hacerlo en el aire mientras no tengamos ante nosotros la posibilidad cierta de analizar en profundidad el sistema de educación media en Chile. Y eso no lo estamos haciendo en estos dos proyectos de ley.
Tiene razón el Senador señor Chadwick en el sentido de que en la iniciativa anterior entregamos 31 mil millones de pesos al sistema municipal. Pero todos los alcaldes, tanto los de la Alianza como los de la Concertación, nos estaban pidiendo hace mucho rato algún gesto del Ejecutivo para efectos de que pudieran resolver, a lo menos, los problemas previsionales, los de perfeccionamiento, los de ruralidad, y otras deudas más que el sistema municipal mantenía con los profesores. Hoy, desde hace una o tres horas, los alcaldes cuentan con 31 mil millones de pesos para enfrentar tales compromisos.
En segundo lugar, con esta normativa lo único que resolvemos en forma efectiva es la posibilidad de un retiro más digno para los profesores.
¿Qué queda pendiente, aparte del problema de la educación, que deberíamos enfrentar a través de un proyecto de ley que ojalá se envíe pronto al Parlamento? El financiamiento municipal.
Comparto el hecho de que estamos frente a un sistema municipal colapsado desde el punto de vista financiero. La deuda de éste es enorme, no obstante que ni siquiera hemos hablado de la que mantiene con terceros. No hay municipio en el país que no adeude a sus proveedores; a las empresas relacionadas con el retiro de basura, a las vinculadas con la mantención de jardines, a las que tienen que ver con los servicios en general que entregan los municipios. Están endeudados hasta la pared del frente.
Y eso debemos enfrentarlo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables -no el sistema municipal ni los alcaldes ni los concejales- de que la Ley de Rentas Municipales II no haya rendido lo esperado.
Sobre el particular, tenemos alguna discrepancia con el Gobierno. Éste dice que dicha normativa rindió del orden de 54 mil millones de pesos, y la Asociación Chilena de Municipalidades, no más de 28 mil millones de pesos.
Pero el asunto es de nuestra incumbencia. Porque nosotros planteamos una serie de exenciones en la Ley de Rentas Municipales II, por las cuales dejaron de pagarse muchos impuestos territoriales. Y para que mencionar los 11 mil millones de pesos que dejó de percibir el sistema municipal de nuestro país sólo por el hecho de que el retiro de basura lo están pagando muy pocos chilenos.
Con posterioridad, deberemos enfrentar pronto el análisis de un proyecto de ley, conforme al acuerdo a que llegó el Gobierno con la Asociación Chilena de Municipalidades, en el que tendremos que resolver el problema del artículo 121 de la Constitución. Por primera vez, después de más de 12 años de la reforma constitucional que hiciéramos sobre estas materias, será posible discutir la forma de implementar dicha norma -antes era el artículo 110- para que los alcaldes tengan posibilidades de mejorar las plantas, solucionar aspectos remuneracionales y otros asuntos que la propia disposición constitucional señala.
En consecuencia, eso debiera también resolver algo -no en su totalidad- el déficit estructural del sistema municipal, al que se refirió el Senador señor Navarro.
Sería bueno además tener en cuenta que pronto tendremos la posibilidad de enfrentar lo relativo a la subvención al sistema de salud municipal. El Gobierno ya planteó la posibilidad de introducir en dicha materia un mejoramiento sustancial per cápita, que debiera significar también un aporte mayor para aliviar en algo al sistema municipal.
Pero después de esta discusión, deberíamos hacer presente al Ejecutivo la necesitad de discutir pronto -ojalá a partir de marzo del próximo año- el tema de la calidad de la educación. Eso lo podremos hacer si se presenta un proyecto de ley que dé cuenta de los resultados de la Comisión especial nombrada por la Presidenta de la República, que, más que normar, aportó significativamente al análisis de fondo de la educación chilena y, en particular, de la municipalizada.
Por todas esas razones, señor Presidente, estimo que se trata de un buen proyecto, que aun cuando no lo hayamos visto en el detalle refleja bastante una discusión que ya lleva muchos meses entre nosotros, y entrega la posibilidad cierta de resolver adecuadamente el retiro de 8 mil quinientos profesores del sistema municipal de nuestro país.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, pienso que esta discusión representa un modelo de irresponsabilidad legislativa.
Y quiero ser muy franco al plantearlo, porque en forma reiterada se ha hecho presente por parte de varios Senadores de estas bancadas. Sin embargo, la Ministra de Educación aquí presente todavía no ha explicado por qué es necesaria la discusión inmediata de la iniciativa.
Porque cualquiera persona que entiende el funcionamiento del Derecho en Chile sabe que el proyecto se puede aprobar en enero. Y si la disposición transitoria correspondiente dice que la ley entra a regir el 1º de enero de 2007, perfectamente se puede aprobar el 15 o el 20 de ese mes, o en marzo.
De manera que, desde el punto de vista de la técnica legislativa, no existe ninguna justificación para que una iniciativa de tal envergadura la tengamos que despachar en forma tan precipitada, sin contar con los antecedentes mínimos para hacer nuestro trabajo.
Quisiera saber cuánto tiempo demoró el Ministerio de Educación en llegar a un entendimiento con el Colegio de Profesores. Estoy seguro de que no fueron semanas sino meses de trabajo. Y lograron un acuerdo que, por lo que he podido apreciar y leer en la prensa, es muy bueno, en términos generales.
Entonces, ¿por qué a ambas Cámaras del Congreso se dan tan pocas horas para estudiar y resolver una materia que al Gobierno le costó meses de trabajo?
Me parece que estamos ante una situación de abuso legislativo. Por eso quiero que revisemos esta materia. Espero que la Concertación se sume y haga ejercicio responsable de su mayoría, suspendiendo el debate de este proyecto.
Aquí hay involucrados demasiados asuntos de la mayor importancia que están siendo sobrepasados en forma muy liviana.
La Senadora señora Matthei apuntó a una situación específica: mediante la iniciativa se entregan bonos no imponibles ni tributables. Y la Ministra manifestó que eso no es así. Sin embargo, al leer el proyecto -recién acabo de conseguir el texto escrito, pues antes tuve que mirarlo dificultosamente en la pantalla del computador- observé que la primera disposición transitoria habla de un bono docente, por una sola vez, no imponible ni tributable.
A eso se refería la Honorable señora Matthei. Y yo agrego que los bonos a que se aluden en los artículos 2º y 3º transitorios dicen exactamente lo mismo: "La bonificación precedentemente señalada no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal".
Por lo tanto, hay emolumentos que no son imponibles. Dada la ligereza con que se ven las cosas, obviamente se puede producir esta confusión. Pero estamos aprobando bonos que no son imponibles ni constituyen rentas para los efectos legales.
Como si ello no fuera suficiente, casi todos los señores Senadores que han intervenido han señalado que la educación municipal está en crisis económica. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Aumentando el gasto de los municipios. Esto es una cosa brutalmente irresponsable. ¿Por qué no es de financiamiento fiscal en el cien por ciento? Hasta la fecha, no hay ninguna explicación.
Existen otros puntos quizás iguales o más graves, señor Presidente. Aquí de nuevo se demuestra que el Fisco es un muy mal empleador al desconocer un derecho básico de todas las personas -como muy bien señaló el Honorable señor Chadwick-, porque la jubilación es un derecho. El proyecto otorga a los sostenedores de colegios municipales y particulares subvencionados la atribución para expulsar de sus filas a los profesores por viejos.
Eso es lo que estamos haciendo. Digámoslo con toda crudeza. Y no me parece justo, no sólo porque es inconstitucional y atenta contra la legislación internacional establecida por la OIT, sino porque además es de mal gusto tratar así a la gente mayor que no desea renunciar o que no desea hacerlo en esas condiciones.
Me parece que deberíamos revisarlo. Pero como si ello fuera insuficiente, por lo que yo he podido ver, se comete de nuevo, en forma muy rápida, otro atentado a los trabajadores.
En efecto, aquí estamos coartando la libertad de trabajo a quienes resulten expulsados por esta vía, porque el inciso final del artículo 3º transitorio señala:
"Los profesionales de la educación que cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán incorporarse a una dotación docente de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o las corporaciones municipales".
Es decir, les impedimos la libertad de trabajo a esas personas. Ello tiene sentido cuando se trata de la renuncia voluntaria, como en el caso del artículo 2º transitorio, porque ahí el profesional de la educación se somete a un régimen en forma voluntaria, bajo ciertas condiciones. Pero ello no ocurre cuando a alguien lo expulsan por viejo, porque le otorgan una bonificación inferior y, además, le dicen que no puede seguir desempeñándose en una institución educacional municipal o particular subvencionada regida por estas normas.
En realidad, estamos atentando contra derechos esenciales de los trabajadores, toda vez que se trata de jubilación forzosa y prohibición de trabajo. ¿Eso es lo que queremos aprobar hoy?
Personalmente, me resisto a dar un paso en esa dirección. Me parece que lo responsable sería suspender la discusión del proyecto. Yo le solicito, señor Presidente, que someta a consideración de la Sala la devolución de esta iniciativa al Ejecutivo, a fin de suspender su discusión y verla con calma.
No hay ninguna razón que impida que sigamos debatiendo el proyecto en enero. No sé si vamos a aprobar el cien por ciento, el noventa por ciento -ojalá la mayor cantidad de disposiciones-, pero se habla de cifras de ese orden, y se pueden aplicar exactamente igual a partir del 1º de enero, porque rige el efecto retroactivo de las leyes.
Eso es posible, toda vez que la retroactividad de las leyes está prohibida en la Constitución sólo para las normativas penales o las que puedan afectar los derechos de propiedad. Por lo demás, dicho principio se establece en el Código Civil, de manera que, en este caso, se puede aplicar la retroactividad de la ley.
En tal virtud, podemos estudiar la iniciativa con calma, revisar las vulneraciones a los derechos, a fin de saber si estamos cayendo en alguna situación de inconstitucionalidad. Nótese que no podríamos presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque no tendríamos tiempo para hacerlo.
Entonces, además estamos privándonos de derechos, porque este proyecto tiene urgencia de "discusión inmediata" y seguramente va a ser promulgado en los próximos días.
Para estudiar un recurso de tal naturaleza -repito: es una impresión por lo que uno ha podido leer-, hay que fundamentarse y contratar a abogados especialistas en estas materias. Un recurso de inconstitucionalidad no se presenta de un día para otro.
Por lo tanto, con esta forma de legislar se nos impide también revisar la constitucionalidad de las leyes. Reitero: se nos priva de un derecho.
Señor Presidente, lo justo, lo lógico es que no sigamos discutiendo este asunto, que lo analicemos con calma, con tiempo y que elaboremos una buena legislación. Nada van a perder los profesores, porque las normas -como señalé- pueden tener efecto retroactivo al 1º de enero, de manera que ese aspecto queda completamente resuelto. De ese modo podremos revisar la situación de los municipios. ¿Por qué no oírlos? ¿Por qué no escuchar al Ministro de Hacienda para que nos explique si acaso esta Cartera puede hacerse cargo de los gastos en esta materia?
En definitiva, se trata de poder analizar en forma adecuada el proyecto, de hacer algo bien. ¿Es mucho pedir, señor Presidente? ¿Es mucho pedir que seamos responsables en el ejercicio de nuestras funciones?
Cuando nos dicen que no trabajamos bien, ¡tienen razón! Porque, a veces, en proyectos de menor jerarquía o relevancia, de pocos artículos, demoramos una, dos o tres sesiones; en cambio, aquí, en una materia sustantiva, de gran impacto en el ámbito de la educación, que reviste -y probablemente todos lo compartimos- la primera prioridad en el país, la despachamos en dos minutos, cometiendo errores, pasando a llevar derechos de los trabajadores.
Señor Presidente, reitero mi solicitud para que suspendamos esta discusión y la prosigamos en enero, no obstante la urgencia de "discusión inmediata", porque el Senado no debe tolerar situaciones de irresponsabilidad legislativa.
Yo espero que la mayoría de la Sala no se preste para convertir al Senado en un buzón.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, la verdad es que esta sesión parece casi un rotativo de los antiguos.
Cada vez que se toca el tema de los aportes a las municipalidades por razones de educación, volvemos a caer exactamente en lo mismo. Y lo que no se ha discutido aquí con resolución -así lo hemos dicho en más de una oportunidad- es que el sistema público de educación se halla absolutamente colapsado.
Como señaló un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, hay municipalidades que tienen un paradocente por cada dos profesores; incluso, en algunas el número de paradocentes es muy cercano al de profesores. Tenemos 345 sistemas de educación pública en el país. Este sistema público no soporta más. Pero no soporta más, simplemente, por un ideologismo: de que la educación pública de Chile debe quedar en manos de las municipalidades. Entonces, a partir de ese ideologismo, ¡echemos recursos a sacos sin fondos!
No puedo negar que hay alcaldes capaces y que lo han probado al tener una buena educación en sus comunas. No puedo dejar de reconocer que esos mismos ediles han logrado mantener controlado el sistema de gastos de la educación municipal y que luchan por obtener una buena calidad de la educación.
Pero seamos francos, señor Presidente, la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de las municipalidades, se manejan por la cabeza de una persona: el alcalde. Y los propios concejales reclaman de las carencias del control de la gestión que tienen los alcaldes.
Y sucede que -digamos la verdad- el control de los profesores, de los paradocentes y de la educación en general termina siendo, en una parte importante de las municipalidades pequeñas del país, un buen sistema de control electoral. Y a partir de eso, por supuesto, el ideologismo se transforma en pragmatismo.
No hagamos que los alcaldes pierdan el control de la educación a partir de un estudio real de lo que pasa con ella en Chile.
Excúseme, señor Presidente, por recordar que desde hace mucho tiempo la bancada radical -y yo en lo personal- viene diciendo que este sistema debe terminar. Y me alegro al escuchar cómo poco a poco voces de otras bancadas que antes se manifestaban en una posición contraria se van sumando a la idea de transparentar lo que realmente ocurre.
Yo he sostenido que aquí no hay un mecanismo de estatización para cambiar la gestión hacia un control más fuerte de los que son o se supone que son los especialistas en la materia: las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.
¿Qué alcalde tiene calificación para ser director de los directores de las escuelas, de los directores de los colegios, de los directores -el día de mañana- de los jardines infantiles? ¿Qué alcalde, de los 345, puede enseñarle a un profesor? Seguramente, ni siquiera el 10 por ciento.
Señor Presidente, esto es de nuevo enmascarar el problema real.
Yo voy a votar ahora favorablemente -y lo digo aquí- ¡el último peso de apoyo al sistema de educación municipal! Y lo haré porque hay un acuerdo con el Colegio de Profesores y porque se requiere llevar a cabo lo que se plantea.
El Colegio de Profesores se reunió con la bancada radical, que fue la única capaz de presentar en su momento dos proyectos de ley para terminar con la municipalización de la educación en Chile, sabiendo de antemano que serían declarados inadmisibles por inconstitucionalidad.
Entonces, dejando constancia de que no estamos disponibles para continuar con esta situación -reitero-, ¡hoy votaré afirmativamente el último peso para la educación municipal! Porque, en realidad, no es para ella: es para las municipalidades. Y eso, de una vez por todas, debe entenderse.
Aquí está la señora Ministra de Educación. Le digo formalmente -y mis palabras quedarán en la Versión Taquigráfica- que votaré a favor de este proyecto sabiendo que es de urgencia y de necesidad imperiosas. Pero no habrá más necesidades ni urgencias imperiosas, salvo las de los jóvenes y niños del país, y la necesidad urgente e imperiosa de tener en Chile una educación de buena calidad.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, resulta casi tragicómico escuchar las argumentaciones aquí expuestas.
Porque, sin duda, uno puede ir a los distintos hitos.
En primer término, respecto de la forma de legislar, es evidente que éste no es un procedimiento adecuado. ¡Quién podría justificarlo! Es abusivo. Impone una actitud hegemónica del Gobierno. Y sus parlamentarios actúan de manera permisiva, con una subordinación extrema, al punto que en la discusión inicial del proyecto, esta mañana, no se quería escuchar al Colegio de Profesores ni a la Asociación Chilena de Municipalidades.
Responsablemente, debo decir que fue la Oposición la que se opuso -valga la redundancia- a aquella pretensión y exigió el mínimo ejercicio de la sana doctrina legislativa y, por cierto, los más elementales principios de la democracia: escuchar en forma directa a los actores involucrados, de acuerdo con la larga tradición legislativa de las audiencias públicas.
Por cierto, nadie podrá negar esa realidad...
El señor NÚÑEZ.-
Yo la puedo negar.
El señor CANTERO.-
No fue así.
El señor NÚÑEZ.-
Yo fui quien pidió que estuvieran los representantes del Colegio¿
El señor CANTERO.-
Está equivocado, señor Senador. La proposición la hice yo, formalmente. Lea el acta, Honorable colega.
El señor NÚÑEZ.-
En el acta aparece que yo lo pedí.
El señor CANTERO.-
En todo caso, Su Señoría votó a favor de la proposición que hizo este humilde servidor.
El señor NÚÑEZ.-
¡El señor Senador parece tener un problema de memoria¿!
El señor CANTERO.-
Segunda cuestión, señor Presidente: resulta inaceptable la forma como se ha llevado el procedimiento; y hay que ser muy generoso y paciente para plantear algo en contrario.
Respecto del contenido, sin duda que nadie se opone al mejoramiento de las condiciones de los profesores. ¿Quién podría argumentar en una lógica distinta? Mas aún, todos estamos muy contentos de que el Colegio de Profesores y el Gobierno alcancen coincidencias tan importantes que se traduzcan en proyectos de ley enviados a trámite legislativo al Parlamento.
Ése no es el punto. El punto es que también debe dar una opinión aquel que termina financiando el acuerdo. En dos tercios, él se financia por las municipalidades.
¡Ése es el problema de fondo: sólo 33 por ciento del financiamiento es puesto por el Estado, y los dos tercios restantes, por los municipios!
¿Y cuál es el punto? Que ha sido reconocido por Senadores tanto de Oposición como de Gobierno que los municipios están sobreendeudados por deudas con los profesores, por servicios impagos, por compromisos con terceros y, por cierto, por una deuda cuyo reconocimiento a todos nos avergüenza: la deuda histórica que sigue pendiente y que, al parecer, ni el Colegio de Profesores ni el Gobierno tienen la más mínima disposición de abordar, según escuchamos esta mañana.
En consecuencia, aquí hay un problema de endeudamiento de las municipalidades.
Respecto de este punto, vale la pena recordar que el Parlamento exigió en su momento a un Ministro de Estado, quien hoy día es Senador, que no se siguiera imponiendo por ley cargas adicionales a los municipios sin el correspondiente financiamiento. Ese personero, actual Senador, parece haber olvidado dicho compromiso. Y se vuelve a imponer cargas a las municipalidades sin los recursos indispensables.
Ahora bien, no deja de sorprenderme que, cuando de financiamiento se trata, surge una argumentación que no apunta a la esencia del debate. Se hace un cuestionamiento a la municipalización de la educación. O sea, se pretende responsabilizar a los administradores de algo que, en mi concepto, es responsabilidad evidente de los orientadores de la política nacional, del Ministerio de Educación.
¡El Gobierno no puede imputar la responsabilidad del fracaso educacional a los alcaldes, porque ella es de las Administraciones de la Concertación y sus Ministros!
El señor NAVARRO.-
¡Por favor¿!
El señor CANTERO.-
¿De qué otra manera se podría justificar? ¡Llevamos 17 años de Gobiernos de la Concertación y se pretende seguir imputando la responsabilidad a los alcaldes! ¡Claro: siempre hay que buscar un chivo expiatorio¿!
Eso me llama la atención, señor Presidente, y lo quiero plantear con claridad.
El problema radica en que, producto de una técnica legislativa mala, acelerada, hemos cometido errores muy graves, pues, en gran medida, los 8 mil 500 profesores no podrán acceder a los beneficios, ya que los alcaldes saben que son con cargo a un adelanto de la subvención.
"Pan para hoy, hambre para mañana".
Y algunos parecen olvidar, porque intentan hacer entender a la opinión pública que la responsabilidad de los alcaldes sólo se relaciona con la educación, que los recursos que ellos administran se vinculan únicamente con ese sector. Sin embargo, a esas autoridades también les competen el desarrollo local, la cultura, la recreación, el ornato y otras múltiples materias que pueden verse gravemente afectadas. Una de ellas -la de mayor importancia y quizás la más crítica- es la seguridad ciudadana, que no es posible atender de manera adecuada si permanentemente se desvían hacia otras áreas fondos destinados al ejercicio de facultades en ese ámbito, las principales de los municipios.
Entonces, noto ahí falta de coherencia.
Además -como decía-, no creo que un número muy importante de los 8 mil 500 profesores vaya a acceder al beneficio, pues los alcaldes no estarán dispuestos a aceptar semejante endeudamiento.
Por otro lado, se entrega un bono no imponible que una vez más torna gravosa la proyección de la seguridad de los profesores.
El retiro obligatorio, en tanto, burla o tuerce el espíritu de lo que es la jubilación. Y la Concertación lo establece mediante un procedimiento bastante cuestionable.
En mi opinión, aquí hay un acto de inconsecuencia e incoherencia mayúsculo.
Aún más, a las personas llamadas a retiro se les ocasiona un daño económico -la Senadora señora Matthei ya lo explicó; no voy a entrar en detalles-, por cuanto no sólo se verán obligadas a jubilar, sino que también recibirán bonificaciones de montos inferiores.
Y, por esta falta de principios, se producen sin duda asuntos de constitucionalidad que seguramente, en uso de su derecho, planteará algún Parlamentario.
Me parece que en esta materia hay una cuestión pendiente.
Otro aspecto fundamental es el aumento de la subvención. Deberemos discutirlo en su momento. No podemos seguir asumiendo que a un estudiante le es factible recibir educación de buena calidad con 32 mil pesos.
Eso es iluso, no parece lógico. Y el mejor modelo es precisamente el de la educación particular subvencionada, que por algo está teniendo el éxito que conocemos.
Por otra parte, considero pertinente el aumento del plazo para la amortización de la deuda en el caso de que la iniciativa en debate sea aprobada, como parece que ocurrirá.
En líneas generales, señor Presidente, observo una actitud de incoherencia e inconsecuencia. Por algo seis Diputados de la Concertación que conocen la realidad municipal y tienen experiencia en el ámbito de las comunas, luego de meditar y ponderar adecuadamente las circunstancias, decidieron sumarse a la posición de rechazo en la Cámara Baja.
Creo que ése es el camino más adecuado.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra, lamentando esta improcedente forma de legislar y solicitando al Presidente del Senado que cautele la dignidad del Congreso en los procedimientos y en la relación con el Gobierno.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, si uno fuera a la reflexión de fondo respecto al menoscabo de las funciones del Parlamento y exigiera coherencia en el actuar, tendría que enfrentar la monarquía presidencial imperante e ir al cambio de este presidencialismo extremo, que no da para más.
El Congreso ha vivido la misma situación varias veces. Sin embargo, no sé si la Oposición está dispuesta al debate pertinente, a examinar el régimen presidencial y a buscar un mecanismo de semiparlamentarismo o de semipresidencialismo que equilibre más los Poderes.
Las quejas parecen inconducentes. Como dijo un Senador de Oposición, en política no se llora: se actúa.
En consecuencia, el problema de fondo planteado por la Honorable señora Matthei, su crítica profunda al presidencialismo -la comparto-, requieren medidas de acción.
Si hay un enorme consenso y todos los Senadores se quejan del atropello que significa la "discusión inmediata", que es una facultad presidencial extrema -yo la critiqué mucho en Cámara de Diputados-, analicemos una reforma constitucional que permita un mayor equilibrio entre los Poderes. Porque, si existe aquella facultad, ella va a ser usada de acuerdo con los criterios de Estado que el Presidente -en este caso, la Presidenta- maneje.
Por consiguiente, aquí hay una cuestión de fondo que es responsabilidad de todos. El presidencialismo extremo es responsabilidad del Parlamento, que carece de una fórmula que permita enfrentarlo constitucionalmente. Porque hoy el presidencialismo no se derrota por las armas, sino mediante los votos.
En tal sentido, se hace necesaria una reforma a la Carta Fundamental. Y, en último término, la responsabilidad es nuestra. No le echemos la culpa a la Presidenta de la República por ejercer sus facultades. Autoinflijámonos una derrota, porque, en definitiva, pasa por nosotros ponernos de acuerdo o no.
Un análisis político de fondo requiere esa reflexión. Y siento que la Derecha ha carecido de iniciativa. Porque, a pesar de que lo critica, el presidencialismo de alguna manera le resulta cómodo, pues le posibilita el tipo de oposición fuerte y feroz que hace. De lo contrario, no tendría otra forma.
En segundo lugar, señor Presidente, no he escuchado un solo argumento a favor de la municipalización, que fue hecha por Pinochet en 1980, sin Congreso, y que hoy, después de 26 años, se encuentra definitivamente agotada.
Al respecto, no sólo ha faltado audacia, sino también decisión, porque existen intereses compartidos. Hay mucha gente tanto de Oposición como de la Concertación que tiene colegios. Entonces, nadie quiere reformar la educación particular subvencionada.
Yo no comparto el juicio del Senador señor Cantero sobre el éxito de aquella educación. La mayoría de los establecimientos que se han cerrado pertenece a ese sistema, que tiene privilegios de los cuales no goza la educación municipalizada, aun cuando ésta, como dije, se halla claramente agotada.
Señor Presidente, yo no estoy dispuesto -lo propio dijeron otros Senadores- a botar recursos en un sistema que considero agotado. No sería coherente decir que de nuevo vamos a parchar un modelo que se halla en tal situación. Porque lo han hecho pésimo. Y muchos alcaldes también son responsables.
Pero la responsabilidad es compartida, señor Presidente. Porque si bien existe coincidencia en cuanto a que el sistema no funciona, no conozco ningún proyecto de ley propuesto por la Oposición para corregirlo.
Hay sequía legislativa en la materia. Si existiera voluntad para una modificación de fondo, yo podría decir, por ejemplo: "Firmé el proyecto presentado por el Senador Larraín, o por el Senador Allamand, o por el Senador Chadwick".
El problema estriba en que hemos ideologizado el debate sobre la educación. Eso es lo que está pasando con la LOCE. Claramente, existe una fuerte carga ideológica, al punto de que cualquier propuesta es entendida como un intento de criticar un modelo y, en especial, de criticar posiciones políticas.
En este ámbito, estimados colegas, es evidente que nos ha faltado decisión para enfrentar el problema de fondo.
Por tanto, "no lloremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres", según decían en la antigua Granada.
Aquí, en definitiva, no existe voluntad política para reunir a los líderes de la Oposición y a los de la Concertación, ir a la raíz del asunto y cambiar el sistema. Y siento que las quejas en el Senado tienen una clara finalidad política.
Señor Presidente, todos convenimos en que hay una cuestión esencial: el Colegio de Profesores está de acuerdo. Y su directiva tendrá que dar la cara ante sus miembros y defender este proyecto. Si llegó a un acuerdo, deberán defender sus beneficios y asumir las críticas. Y pienso que un número importante de profesores se va a acoger a sus disposiciones, tal vez no de buena gana, sino como última alternativa.
Espero que el debate que hagamos sobre la reforma profunda de la educación dé lugar a normas que eviten discusiones como ésta y, en particular, permitan que las condiciones de los profesores, elemento central de aquel proceso, sean mejoradas.
Muchos docentes les tienen fobia a las salas de clases. Y están enfermos de verdad. No es que quieran faltar. Las licencias son un elemento fundamental, entonces. Muchos desean salir del sistema, pero no lo hacen. Ahora habrá un incentivo. Algunos estiman que constituye una presión. "Jubilación obligada", ha dicho la Oposición. Pero creo que es un tema que el Colegio de la Orden debe de haber conversado con sus asociados. Esa organización realiza elecciones. De manera que sus líderes se hallan sometidos al escrutinio de sus afiliados. Por lo tanto, son opciones que valoro, porque asumen riesgos y condiciones.
Si esta decisión es rechazada por los profesores, los dirigentes que firmaron este acuerdo no debieran ser reelectos, como ocurre en democracia y en política. De modo que yo veo una cuota de certeza, en el sentido de que están interpretando un beneficio de manera asertiva para sus representados.
No creo que Jorge Pavez busque perjudicar a los profesores, cuando los ha defendido toda la vida. Lo hizo durante la dictadura y lo sigue haciendo ahora en democracia.
Por lo tanto, doy crédito de que este acuerdo contiene elementos positivos, aun cuando es claramente insuficiente. Aquí nadie ha salido a la calle, ni sacado banderas, ni tirado challas para celebrar un proyecto de esta naturaleza. Ello demuestra que es insuficiente. Y espero que lo podamos mejorar en el futuro.
Sin embargo, para muchos profesores ese futuro se hace inalcanzable mientras no haya una negociación para generar una reforma profunda. Algunos han fallecido esperando un beneficio como éste y otros han tenido que jubilar bajo condiciones muy inferiores a las que hoy día se están alcanzando.
Por otro lado, el 75 por ciento del magisterio son mujeres. La Honorable señora Matthei tiene razón. Hay un debate pendiente sobre la jubilación de ellas. Al respecto, la señora Senadora ha propuesto aumentar la edad de las mujeres para pensionarse a los 65 años, aunque sabe que ese planteamiento fue rechazado ampliamente por las trabajadoras,¿
La señora MATTHEI.-
¡Yo no dije eso!
El señor NAVARRO.-
¿ quienes han visto esto, más bien, como un atentado.
El costo de jubilar antes, a los 60 años, no puede ser compensado con que trabajen más, sino con mejores oportunidades de acumulación de fondos durante su vida laboral, porque ellas cumplen funciones que efectivamente los varones no realizan. Y esto ha sido defendido por la CUT.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor NAVARRO.-
Por lo tanto, si nos enfocamos a determinar un régimen de jubilaciones para el profesorado, donde el 70 por ciento o más son mujeres, vamos a tener la oportunidad de debatirlo profundamente. Pero, en ese concepto, no se puede romper la regla general. Todos sabemos que las leyes de carácter social deben ser de aplicación global; por tanto, no puede haber privilegios ni discriminaciones. Este tema es esencial. Pese a que me gustaría que hubiera un privilegio y una discriminación positiva en favor de las profesoras, la Constitución y las leyes lo prohíben.
En tal sentido, el régimen previsional respecto de las docentes del magisterio podrá ser discutido¿
La señora MATTHEI.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor NAVARRO.- Por supuesto, señora Senadora, con la venia de la Mesa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Si el Senador señor Navarro, quien gentilmente me ha dado una interrupción, me hubiese escuchado, habría entendido que todos nosotros estamos a favor de que la edad de jubilación de las mujeres se mantenga en 60 años. Así lo hemos defendido pública y notoriamente.
El tema es que no es aceptable que se pueda echar a una mujer a los 60 años, si ella desea seguir laborando hasta los 65, porque tiene trabajo y busca aumentar su fondo de jubilación en 40 por ciento.
Ése fue exactamente mi argumento. Así está grabado. Le ruego que no lo tergiverse.
El señor NAVARRO.-
Respecto de las interpretaciones, muchas veces en política las cosas no son como son, sino como parece que son. El Senador señor Ominami también fue ampliamente criticado por una propuesta que hizo, la cual, en definitiva, tenía un trasfondo de verdad. Puedo aceptar que efectivamente haya una interpretación sobre la materia, pero el debate se ha planteado en términos de extender el tope para la jubilación de las mujeres a los 65 años. Eso fue lo que se supo.
Por otra parte, lo que estamos haciendo será criticado por muchos alcaldes. Durante bastante tiempo hemos sostenido que aprobar modificaciones que recarguen económicamente a los municipios tiene una incidencia que va más allá del sector particular que se quiere beneficiar.
Los ediles han tenido que ocupar recursos de otros sectores sociales para financiar la educación. O sea, el déficit en educación siempre se paga con cargo a otros fondos sociales, lo cual significa postergar obras. Por eso muchos alcaldes quieren devolver la responsabilidad de la educación. Han señalado que definitivamente las municipalidades no están en condiciones de seguir administrándola, debido al déficit crónico y a las condiciones desiguales que se les imponen frente a la educación particular subvencionada.
En ese sentido, el próximo debate sobre la educación municipalizada debe contemplar un elemento de apoyo para las comunas pobres que no son capaces de realizar una administración adecuada. Si bien La Dehesa, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Concepción, pueden hacerlo, hay municipios a los que les resulta imposible. Y cuando lo intentan, lo hacen mal.
Por lo mismo, las corporaciones regionales de educación pública obedecen a un criterio ampliamente compartido aquí: que los gobiernos regionales tengan mayores atribuciones en áreas estratégicas. ¡Y qué más estratégico que la educación para desarrollar un país y las Regiones! Y aquéllos, que hoy día reciben muchos recursos, poseen todas las condiciones para llevarlas a la práctica.
En consecuencia, aquí hay una materia de fondo que, si bien no figura en el proyecto, debiera abordarse en el debate. Para establecer un criterio claro, cuando criticamos el déficit y la forma de resolverlo, se debe abordar el tema estructural.
Espero que, en la discusión, el amplio consenso respecto del rol del municipio sea acogido, y que en el intento de reformar el sistema educacional municipal no se vea una intencionalidad con carga ideológica respecto de lo creado por un régimen que evita su transformación para impedir la crítica histórica de que ése es un sistema equívoco.
En ese punto, confío en que exista altura de miras para que, al momento de la reforma, pensemos en el futuro de nuestros niños y no en el sistema que implanté y apoyé, o en si fracasó o tuvo éxito.
Hay muchos profesores observando esta discusión; por tanto, el proyecto tiene que corresponder a lo que estamos debatiendo.
Mi única inquietud respecto de la iniciativa es que aprobemos estos beneficios para 8 mil 500 profesores y después no puedan concretarse. Porque el sistema va a operar a través de los municipios, los que deberán destinar recursos. De manera que ellos tienen una responsabilidad enorme. Por lo mismo, espero que el Gobierno, particularmente el Ministerio de Educación, llegue a acuerdos con el sector municipal para que el sistema funcione. Porque, claramente, si los municipios se rebelan o proceden a sacar recursos -para completar el 70 por ciento- de otros fondos sociales para allegarlos a este ámbito, nos vamos a encontrar con un grave problema: se estaría desvistiendo a un santo para vestir a otro.
La única solución que propongo -si así ocurriera- es que se reforme el sistema municipal de educación, pues el Estado no puede seguir financiando un hoyo negro, una caja municipal que, en definitiva, no tiene vuelta.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, dejando en claro estas observaciones.
Cabe tener presente, además, que, en el momento en que estamos discutiendo esto, se producen situaciones como la ocurrida con la Escuela Municipal de Rafael, de la comuna de Tomé, Región del Biobío, que tiene un rendimiento más que adecuado. Se presentó a la SUBDERE y al municipio un proyecto de reposición de dicha escuela. Pero en su evaluación y aprobación se demoraron de 3 a 4 años y, cuando el proyecto ya fue confirmado, la matrícula había bajado de los 500 alumnos originales a 300. Por lo tanto, el proyecto fue observado y se obliga a disminuir su proyección de reposición a 300 alumnos. Es decir, se limita de manera automática el crecimiento de la educación municipalizada. No se restringe en la evaluación respecto de si es positiva o negativa, si es de buena o mala calidad; sólo se limita estructuralmente.
Siento que ése es un asunto muy complejo, pues con tal procedimiento se está sentando un precedente de manera no decidida, sino por vía de los hechos consumados. La educación municipal, que es pública, se halla disminuida frente a otra supuestamente de mejor calidad, como es la particular subvencionada, la cual también es financiada por el Estado.
Algunos señores Senadores han hecho una distinción entre la educación municipalizada y¿
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
¿ la particular subvencionada, que también recibe plata del Fisco. Si la subvención la pagan los municipios, es fondo fiscal, porque el Estado coopera con las municipalidades.
Por eso, votaré a favor de la iniciativa, con las observaciones formuladas, esperando que esto sea lo mejor para los profesores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, la importancia de esta materia en parte justifica la larga discusión que hemos tenido.
Si alguien se preguntara por qué la educación chilena se encuentra en tan mal pie, para obtener una respuesta simplemente tendría que escuchar este debate, atender a la forma en que se ha desarrollado y los temas expuestos, y, sobre todo, fijarse en la manera absolutamente desprolija en que el Ejecutivo ha impulsado una iniciativa legal de esta naturaleza.
Porque, la verdad sea dicha: ¿quién puede estar conforme con la tramitación que se le dio al proyecto, que tiene alcances de gran envergadura? Absolutamente, nadie. Entonces, cuando un asunto de esta relevancia se maneja con tal grado de desprolijidad, las consecuencias están a la vuelta de la esquina.
Señor Presidente, el que se esté debatiendo este proyecto de esta manera y la porfía -yo diría- casi obtusa del Ejecutivo para perseverar en su aprobación son la mejor explicación de por qué la educación chilena se encuentra en una crisis profunda.
Quiero referirme a cuatro aspectos muy cortos. El primero es de procedimiento.
Con todo respeto digo que no puedo entender a los Senadores de la Concertación. Todos ellos, en muchas oportunidades, se han manifestado a favor de los fueros del Senado y han señalado que son particularmente celosos de las atribuciones del Parlamento. Sin embargo, cuando se tramita un proyecto en la forma desprolija en que se está tramitando éste, simplemente no hacen escuchar su voz o incurren en una contradicción que me cuesta entender.
Me encantaría entrar en el debate que plantea el Senador señor Navarro. Pero aquí no se trata de discutir sobre la vigencia del régimen presidencial o acerca del sistema parlamentario.
Para impedir lo que está ocurriendo hoy día, bastaría que algunos de los Honorables miembros de la Concertación hicieran ver que es absolutamente inconveniente aprobar la iniciativa de esta manera. Bastaría que lo insinuaran. Si sólo dijeran que no quieren tratarla así -a matacaballo, sin antecedentes, en forma por completo inapropiada-, se produciría el efecto que se está buscando.
Pero aquí estamos en la incoherencia total: por una parte se sostiene que es necesario defender los fueros del Senado y por otra se es cómplice cuando esas prerrogativas simplemente son aplastadas.
Entonces, la verdad es que no se entiende.
En segundo lugar, no quiero reiterar los argumentos que ya expresaron la Honorable señora Matthei y los Senadores señores Chadwick, Cantero y Larraín, pero lo cierto es que estamos ante un proyecto que tiene imperfecciones de bulto, las cuales se van a expresar cuando la normativa entre en vigor y en aplicación. Ante ello, se puede adoptar una de dos actitudes: o asumir tales errores, que sin duda se podrían perfeccionar, o seguir la política del avestruz y, sencillamente, no querer ver cuáles son.
Hay errores desde el punto de vista de cómo deben ejercerse los derechos previsionales; existen evidentes inequidades; hay problemas de financiamiento que se van a prolongar en el tiempo, en fin. Pero aquí se adopta la política del avestruz. Se trata de no ver nada. Está todo arriba de la mesa, pero nadie quiere hacerse cargo del problema.
En tercer término está el asunto del Colegio de Profesores.
Yo considero perfectamente legítimo que los dirigentes de esa agrupación gremial lleguen a un acuerdo con el Ejecutivo. Pero es igualmente legítimo que el Parlamento lo analice en forma autónoma y tenga un juicio a ese respecto. Podrá haber algunas cosas que estén bien y otras que estén mal. Pero lo que no puede establecerse como doctrina es que, porque existe un acuerdo entre el Ejecutivo y un gremio, eso se transforma automáticamente en ley de la República. Y si el Senado obrara así, renunciaría a lo que es su esencia.
El último punto, señor Presidente, se refiere al planteamiento formulado aquí por el Senador señor Larraín, que deseo reiterar.
¡No existe absolutamente ninguna razón para que este proyecto tenga que ser aprobado hoy día!
A lo más, uno podría pensar que la verdadera urgencia es aquella que se establece en el artículo 1º transitorio, en orden a que un bono de 110 mil pesos, que no es ni imponible ni tributable, sea pagado en el mes de diciembre de 2006 y, curiosamente -nadie lo ha explicado-, también en diciembre de 2009. No se repite ni en el año 2007 ni en el 2008: sólo en 2009.
Toda la mecánica de aplicación de esta iniciativa perfectamente podría cumplirse si ésta se aprobara a fines de enero. No hay ninguna razón conceptual, de ninguna especie, para que el Senado tenga que tramitar el proyecto de esta manera.
Entonces, ¿cuál es la cuestión de fondo? Que la señal que entrega el Ejecutivo es la peor prácticamente iniciando un año en que debemos entrar de lleno en el debate educacional.
Al momento de la votación, cada cual asumirá su responsabilidad y hará lo que considere mejor. Pero que quede claro: durante este debate no ha habido ninguna expresión, de ningún Parlamentario, ni mucho menos de la señora Ministra de Educación, que explique en forma categórica por qué esta iniciativa debe ser aprobada hoy día y no, por ejemplo, en las sesiones que tenemos por delante durante el mes de enero.
Nadie se ha hecho cargo del argumento que formulaba el Senador señor Larraín acerca del efecto retroactivo que pueden tener algunas disposiciones.
Además, señor Presidente, es completamente absurdo que no se advierta que este proyecto genera efectos en el tiempo y en forma prolongada. Aquí no estamos sólo ante una cuestión coyuntural. No se trata de pagar o no pagar un bono, que puede ser muy importante en el mes de diciembre. Lo que estamos haciendo es generar efectos que van a tener alcance durante años. Y todos sabemos que al legislar se establecen rigideces.
Entonces, cada cual hará lo que sea. Ciertamente, en lo que respecta a nosotros, en la Alianza, vamos a votar en contra de todos estos aspectos de financiamiento, que ya fueron rechazados en la Cámara, porque, como ha dicho el Senador señor Cantero, Parlamentarios de la propia Concertación los consideraron absolutamente inapropiados.
Pero que quede claro: esto se está votando sin que exista ninguna razón conceptual que impida un debate a fondo, que es lo que correspondería hacer.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El último inscrito es el Senador señor Arancibia.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, yo sí pretendo ser muy breve.
He escuchado con atención los planteamientos que se han hecho y asumo gran parte de los que han expresado los Senadores de la Alianza.
Me preocupa el déficit de los municipios para poder enfrentar los compromisos que este proyecto conlleva. Se ha dicho que éste va a significar un gravamen máximo de 3 por ciento sobre las subvenciones que se entregan a aquéllos. Pero la verdad es que, dado el déficit que actualmente los aflige, ese 3 por ciento casi no tiene sentido.
Sobre el particular, me gustaría aclarar un punto relativo a la afirmación de un señor Senador, en el sentido de que ésta era la última vez que legislaba para entregarles un peso a los municipios, porque ello iba en contra de lo que, a su juicio, debiera ser el sistema de administración de la educación, que es el gran debate que vamos a tener el próximo año. Pues bien, si ese debate nos lleva a darle satisfacción al señor Senador que no quiere otorgar un peso más a las municipalidades, la administración de la educación va a tener que cambiar. Y, en ese caso, yo no entiendo cómo va a operar la norma que descuenta 3 por ciento sobre la base de lo que vaya a significar el costo de este proyecto. Porque¿
El señor VÁSQUEZ.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor ARANCIBIA.- Por supuesto, con la venia de la Mesa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, sólo quiero señalar al Honorable señor Arancibia que, en mi opinión, todos estos préstamos están claramente a costo perdido. Nunca se van a devolver. De tal modo que, en la práctica, constituyen un aporte a las municipalidades.
La señora MATTHEI.-
No es así, señor Senador.
El señor ORPIS.-
Está equivocado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Sí, podríamos convenir en eso, aun cuando creo que es erróneo. Pero el punto es el siguiente: el descuento está previsto. Ahora, si vamos a cambiar el sistema de administración municipal, no sé a quién le van a descontar el 3 por ciento. Entonces, si no sabemos eso, ¿por qué el Gobierno no lo asigna y lo asume de frentón como gasto? De esa manera nos evitaríamos esta parte del debate.
Dejo planteada esta inquietud, porque la voluntad de un montón de legisladores aquí es cambiar el sistema de administración. En ese caso, si no hay un aporte que el Senador señor Vásquez esté dispuesto a otorgarles nuevamente a las municipalidades, no sé cómo van a poder cumplir con sus compromisos.
Finalmente, porque me comprometí a ser breve, hago sólo una mención al sistema de Gobierno casi monárquico que nos rige. En lo personal, estoy de acuerdo en que esta materia se puede revisar. Y podríamos discutirla largamente. Pero para una modificación de esta naturaleza se requiere la voluntad del "monarca". Y en los últimos 16 años ninguno de los "monarcas" que nos han regido -y, con todo respeto, lo incluyo, señor Presidente- ha querido cambiar esto,¿
El señor GAZMURI.-
¡No lo va a ver nunca¿!
El señor ARANCIBIA.-
¿ pues perdería algunas de sus atribuciones.
Así que no es un problema de iniciativa nuestra, Senador señor Navarro; es del "monarca" mismo.
Muchas gracias.
El señor NAVARRO.-
¡Podemos cambiarlo!
El señor GAZMURI.-
La reforma constitucional es atribución nuestra, señor Senador. Y, en la historia de la Humanidad, nunca verá a un monarca cediendo poderes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ruego evitar los diálogos.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde dar por aprobadas, reglamentariamente, todas las normas acordadas por unanimidad en las Comisiones unidas.
--Se aprueban.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En seguida, es preciso pronunciarse sobre el artículo 3º transitorio, que en las Comisiones unidas fue acogido con los votos de los Honorables señores Escalona, Navarro, Núñez, Ruiz-Esquide, Sabag y Ominami, habiéndose pronunciado en contra los Senadores señora Matthei y señor Chadwick.
El señor LARRAÍN.-
Se refiere a la jubilación forzosa.
La señora MATTHEI.-
Sólo para precisar, señor Presidente, consignaré que la única modificación fue la del artículo 4º transitorio, pero que también se deben votar las disposiciones que no contaron con unanimidad, como es el caso del artículo 3º transitorio.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En efecto, la situación de esa última norma se encuentra establecida en el certificado de las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se procederá a votar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿La Honorable señora Alvear no se encuentra pareada?
La señora ALVEAR.-
He mantenido un pareo con el Senador señor Longueira, pero se realizó un cambio con el Honorable señor Pizarro.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En realidad, no existe constancia de ello en la Secretaría.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 3º transitorio (14 votos contra 13).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Escalona, Frei, Gazmuri, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Romero.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El artículo 4º transitorio fue repuesto en las Comisiones unidas, donde fue objeto de la misma votación que el anterior.
El señor SABAG.-
Que se repita el resultado, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se hará.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Conforme.
El señor PÉREZ VARELA.-
De acuerdo.
--Se aprueba el artículo 4º transitorio con la misma votación registrada respecto del precepto anterior.
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PROVOSTE (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, quiero agradecer, por su intermedio, las expresiones vertidas por los señores Senadores. Todos han valorado el Acuerdo entre el Colegio de Profesores y el Ministerio.
Efectivamente, existían razones para que el proyecto se votara hoy. Los maestros esperan las bonificaciones que en él se consignan. Y la iniciativa que el Senado aprobó sobre anticipos de subvenciones estatales contiene un artículo transitorio que permite hacer los ajustes de dotación suficientes.
Reitero nuestros agradecimientos por el apoyo a los profesores, porque las reformas debemos efectuarlas con ellos. Y destaco el compromiso con la calidad, el cual también se ha evidenciado en esta Sala.
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 36 DE LEY Nº 20.143
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 36 de la ley Nº 20.143, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4737-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 79ª, en 20 de diciembre de 2006.
Informe de Comisión:
Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 80ª, en 20 de diciembre de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo del proyecto es conceder también el bono destinado al personal de los servicios de salud, contemplado en el artículo 36 de la ley que otorgó el reajuste al sector público, a aquellos funcionarios que hubieren tenido ausencias injustificadas entre el 26 de septiembre del año 2006 y la fecha de pago del referido beneficio.
La Comisión aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Ominami y Sabag), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
El señor NOVOA.-
Que se apruebe, señor Presidente.
El señor GARCÍA.-
De acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda terminada su tramitación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 21:32.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción