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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 63ª, en miércoles 18 de octubre de 2006
Ordinaria
(De 16:19 a 18:10)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
Y JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de Gobierno, don Ricardo Lagos Weber, y de Justicia, don Isidro Solís Palma.
Actuó de Secretario el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario, el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 58ª y 59ª, ordinarias, en 4 y 10 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que extiende la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo a funcionarios civiles de Carabineros de Chile (boletín Nº 4.620-02), y con el segundo hace presente, en el carácter de "suma", la urgencia para su despacho.
--Pasa a las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que prestó su aprobación al proyecto que modifica la ley Nº 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 4.250-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el segundo informa que aprobó el proyecto de ley que reduce las tasas del impuesto adicional a la incorporación de conocimiento y tecnología desde el exterior (boletín Nº 4.510-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De la señora Contralora General de la República subrogante, con el que informa respecto de la consulta formulada por el Senador señor Ávila, sobre situación de don Augusto Lobos.
Del señor Ministro de Agricultura, a través del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, referido a la creación de una brigada especial de CONAF.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, acerca de la enajenación de bienes fiscales.
De la señora Superintendenta de Electricidad y Combustibles, con el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Naranjo, respecto de la apertura del embalse Colbún.
Del señor Director del SERVIU de la Quinta Región, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, en cuanto a terrenos de Calle Larga.
Del señor Director del SERVIU de la Novena Región, con el que da respuesta a los oficios enviados en nombre del Senador señor García, atinente a sede de club de adultos mayores de Cholchol.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece como feriado el día 16 de julio, Fiesta de la Virgen del Carmen, en sustitución del feriado correspondiente a Corpus Christi (boletines números 3.379-06 y 3.868-06, refundidos).
--Queda para tabla.
Proyectos de acuerdo
De diversos señores Senadores, sobre financiamiento y subsidio especial para viviendas de adultos mayores (boletín Nº S 915-12).
De los Senadores señor Horvath, señora Matthei y señores Bianchi, Escalona, Gómez, Prokurica, Ruiz-Esquide y Zaldívar, relativo a integración física de la zona austral (boletín Nº S 917-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
De los Senadores señores Horvath, Allamand, Arancibia, Bianchi, Escalona, Larraín y Navarro, respecto de protección y regulación del krill antártico (boletín Nº S 916-12).
--Por acuerdo de Comités, queda para el Tiempo de Votaciones de la presente sesión.
En estos momentos han llegado a la Mesa dos oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley sobre suspensión de plazos de la ley Nº 20.019, que crea sociedades anónimas deportivas (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 4.619-29).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el segundo informa que aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras con ocasión de la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, concerniente a subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales (con urgencia califica de "suma") (boletín Nº 3.953-04).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, solicito autorización para que sesionen simultáneamente con la Sala, primero, la Comisión de Hacienda, a fin de tratar el proyecto -recién llegó de la Cámara de Diputados- relativo a las sociedades anónimas deportivas, que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", y segundo, a partir de las 17:30, la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos.
--Se accede.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido recabar el acuerdo unánime de la Sala para tratar, como si fuera de Fácil Despacho y con informe verbal, el proyecto de ley que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos. Se vio hoy en la Comisión de Hacienda y las posiciones están claras.
He consultado con otros sectores y habría voluntad para proceder en esos términos.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Sin discusión?

El señor LETELIER.- Sin discusión.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No podríamos verlo hasta contar con algún documento. Porque hasta ahora no ha llegado ninguno.
V. ORDEN DEL DÍA



DIVISIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4091-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 8 de agosto de 2006.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 61ª, en 17 de octubre de 2006.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El objetivo principal de la iniciativa es crear en Santiago una nueva Corte de Apelaciones con competencia en materia civil, dejando la actual sólo para conocer causas de naturaleza penal, y disminuir así el rezago de procesos pendientes en dicho tribunal de alzada.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto sólo en general, y aprobó la idea de legislar, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Alvear y señores Gómez, Kuschel y Muñoz Aburto), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Corresponde señalar que los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º -números 1) al 21), 23) al 25), 29) y 31) al 36)-, 6º, 7º y 8º, y los artículos transitorios 1º, 3º, 4º y 6º tienen carácter orgánico constitucional, por lo que se requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
Finalmente, cabe tener presente que la iniciativa, durante su discusión en particular, deberá ser analizada también por la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Honorable señor Gómez.


El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el Senado debe pronunciarse acerca de la idea de legislar sobre el proyecto relativo a división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago, presentado por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados en marzo de este año.
La Comisión de Constitución estudió la iniciativa y propone, por unanimidad, aprobarla en general.
El objeto del proyecto es disminuir el retraso de causas pendientes en la Corte de Apelaciones de Santiago, para lo cual se crea una nueva Corte de Apelaciones con competencia en materia civil, dejando a la actual sólo para conocer causas de naturaleza penal.
La Corte de Apelaciones de Santiago concentra el 40 por ciento de los ingresos de segunda instancia en el país, manejando 55 mil causas al año. La tramitación promedio de una causa penal allí es de 18 a 20 meses. En asuntos civiles el plazo sube a 4 años y más, lo cual, por supuesto, atenta contra una auténtica y oportuna administración de justicia.
Hoy, dicho tribunal se halla compuesto por 31 ministros, funciona en 9 salas y cuenta con 15 abogados integrantes. En la Región Metropolitana funciona, además, la Corte de Apelaciones de San Miguel, que está formada por 19 ministros, cuenta con 6 salas y 9 abogados integrantes, y tramita alrededor de 27 mil causas anuales.
Ambas Cortes atienden un territorio que excede los 6 millones de pobladores y concentran el 58 por ciento de las causas en Cortes de todo el país.
Las principales modificaciones planteadas por el Ejecutivo son las siguientes:
-Crear una nueva Corte de Apelaciones de Santiago con competencia en lo civil, dejando la actual sólo con competencia en lo penal.
-Crear en cada una de las dos Cortes de Santiago una Unidad de Causas, las que dependerán del Presidente de la Corte respectiva y tendrán como función asesorarlo en la administración y fijación de las causas en tabla; en el manejo de fechas y salas para la vista de ellas; en la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas de la Corte, y en las estadísticas.
Este modelo se inspira en el de los administradores de tribunales en el ámbito penal, que permite tener un orden administrativo bastante eficiente.
-Introducir numerosas enmiendas de referencia en el Código Orgánico de Tribunales, para hacerlo concordante con la división por especialidad de la Corte de Santiago, especificando en cada caso si el precepto alude a la Corte Civil, a la Penal o a ambas, según corresponda.
Corte de Apelaciones de Santiago en lo Penal
Tendrá jurisdicción sobre la parte de la Región Metropolitana correspondiente a las provincias de Chacabuco y de Santiago. Estará compuesta por 16 Ministros y se estructurará en 5 salas.
Corte de Apelaciones de Santiago en lo Civil
Tendrá jurisdicción sobre la parte de la Región Metropolitana correspondiente a las provincias de Chacabuco y de Santiago, con exclusión de las comunas de Lo Espejo, San Miguel, San Joaquín, etcétera, que forman parte del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Estará formada por 25 Ministros y se estructurará en 8 salas.
Integración
Para integrar ambas Cortes, el proyecto otorga un derecho de opción a los actuales ministros, quienes podrán escoger entre permanecer en la Corte Civil y pasar a integrar la Penal. Si para determinado cargo hay más interesados que vacantes, preferirán según antigüedad. Este mismo sistema de provisión de cargos se aplicará para todo el resto del personal.
Funcionamiento extraordinario
Se crean 3 salas extraordinarias en la Corte Civil y una en la Penal. Las primeras durarán en funciones 3 años, y la última, uno. Estas salas, integradas asimismo por jueces de primera instancia que actuarán transitoriamente como ministros bajo la figura de la subrogación, tienen por objeto absorber el rezago de causas en el corto y mediano plazos, hasta que la división y especialización entre en régimen de funcionamiento normal. Se trata de 9 cargos transitorios de ministros en la Corte Civil y de 3 en la Penal.
Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales agregadas en la Cámara de Diputados
En la Cámara Baja se modificó el artículo 261 del Código Orgánico de Tribunales para reducir de 12 a 9 horas semanales la posibilidad de los jueces para ejercer la docencia.
Dicho límite se ajusta a los datos empíricos que han proporcionado algunos estudios realizados sobre el particular. La regla general es la incompatibilidad de las funciones judiciales con toda otra actividad remunerada con fondos fiscales o municipales. Una de las excepciones son las horas docentes que se autorizan a los jueces, si bien la incompatibilidad sólo alcanza a las labores desarrolladas en establecimientos que remuneran a sus académicos con recursos públicos.
En la Comisión se manifestó la inconveniencia de que los magistrados desempeñen la docencia en establecimientos privados, bajo la dependencia administrativa y económica de abogados que litigan.
Enseguida, se acota el régimen de permisos contemplado en el artículo 347 del mismo Código, que tradicionalmente se han justificado como días libres para redactar sentencias pendientes, situación que debería cambiar en el sentido de disminuirlos, porque todas las reformas que han dispuesto la oralidad en los procedimientos (procesal penal, de familia y otros) exigen que la sentencia sea dictada en audiencia.
La práctica judicial ha establecido una interpretación que ha extendido los permisos a 3 días por mes, en el caso de los ministros de Corte, y a 3 por bimestre, en el de los jueces. El proyecto los reduce a 3 días por trimestre para los primeros y a 3 por semestre para los segundos.
En la Comisión también se planteó la conveniencia de transparentar esos permisos consignando expresamente en la solicitud y en la resolución que los concede las causas que el juez estudiará, estableciendo algún indicador que permita su control.
En dicho órgano especializado se advirtió sobre la necesidad y urgencia de instaurar normas que aseguren una permanencia mínima de los magistrados en sus cargos cuando son nombrados o trasladados, pues su paso fugaz por ciertas plazas de Regiones deja, en los hechos, sin administración de justicia a la población.
Eso ocurre porque existe la posibilidad de postular a muchos cargos y finalmente los jueces van cambiando casi cada tres meses o a veces en menos tiempo, y las Regiones van quedando sin jueces o sin ministros. Por lo tanto, se pidió fijar ese criterio de permanencia mínima.
En cuanto a costo y financiamiento, el proyecto deberá ser informado por la Comisión de Hacienda en el trámite reglamentario del segundo informe.
Señor Presidente, creo que la iniciativa cuenta con grandes bondades en pro de la aceleración y buena administración de justicia.
Es cuanto puedo informar.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, desde mi perspectiva como Senador por una Región distinta de la Metropolitana -y seguramente de la de quienes representan a otras Regiones-, el proyecto, iniciado por el Ejecutivo y con posterioridad enmendado y adicionado por la Cámara de Diputados, ha perdido su sentido original, cual era intentar poner termino al atochamiento de causas existente en la Corte de Apelaciones de Santiago.
En efecto, el texto primitivo se ha transformado en otro que establece cambios administrativos para todas las Regiones del país, confirmando así la visión centralista que en la actualidad impera en nuestras decisiones, según la cual cada enfermedad que afecta a la Región Metropolitana termina por contagiar a las demás.
Comparto el hecho de que es necesario hacer más expedita la tramitación de las causas, especialmente en Santiago, ya que resulta escandaloso que deban esperar más de dos años para ser vistas y resueltas.
Sin embargo, las razones que originan esos problemas y sus vías de solución no pueden ser las mismas que las existentes en otras Regiones, donde se enfrenta una realidad por completo distinta, tanto en cuanto al funcionamiento de las Cortes de Apelaciones como respecto de los recursos humanos con que ellas cuentan.
Especial preocupación me provocan las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados tendientes a reducir el número de horas que los jueces pueden destinar a la docencia, a redactar fallos y a estudiar jurisprudencia.
Ambas enmiendas están motivadas, sin lugar a dudas, por la realidad existente en la Región Metropolitana, desconociendo la importancia de la labor académica que altos magistrados desarrollan en universidades regionales, las cuales carecen de las posibilidades con que cuenta Santiago en cuanto a disponer de un completo y calificado personal docente. En Regiones, es absolutamente necesario que los jueces tengan tiempo suficiente para impartir la docencia, que enriquece considerablemente la vida universitaria.
De la misma manera, las modificaciones propuestas desconocen la necesidad de los jueces de Regiones de contar con tiempo prudencial para el estudio de las causas, la redacción de sus fallos y efectuar una labor jurisdiccional de primer nivel no apresurada y carente del estudio necesario para resolver según el Derecho y la justicia.
Señor Presidente, en muchas de las intervenciones que he efectuado en esta Sala he denunciado el centralismo que afecta a nuestra organización institucional. Así lo hemos visto en materia de administración de los gobiernos regionales y de las atribuciones de las municipalidades. En esta oportunidad vemos cómo el centralismo afecta también a otro Poder del Estado: el Judicial. Es de esperar que este nuevo foco centralizador, develado gracias a este proyecto, nos haga iniciar el estudio de las reales posibilidades de contar con Cortes de Apelaciones con mayor grado de autonomía, especialmente en cuanto a sus facultades directivas y económicas, a fin de que puedan determinar un funcionamiento más acorde con las realidades específicas de cada una de las Regiones del país.
He dicho.

El señor PROKURICA.- Pido la palabra.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, señor Senador.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, con relación al proyecto que nos ocupa, hay un aspecto que también tiene que ver con la mejor forma de impartir justicia y que afecta en especial a las Regiones. Se lo planteé al señor Ministro en dos oportunidades, y me informó que está preparando una solución al problema.
Quiero denunciar lo que se ha transformado en un verdadero "turismo judicial" en Regiones. Existen tribunales por donde pasan hasta cinco jueces titulares en un año. Eso significa que hay procesos en los cuales ya nadie sabe con quién entenderse: los inicia uno y otros tres los van fallando con posterioridad. Es algo que debemos abordar a la brevedad.
Entiendo -y me gustaría que el señor Ministro nos informara al respecto- que existe una propuesta del Ejecutivo sobre la materia. Pero la realidad en Regiones es que hay magistrados que duran uno o dos meses en sus puestos, y luego postulan a nuevos cargos. O sea, aquéllos se han transformado en verdaderos trampolines de la carrera judicial.
No estoy en contra de que los jueces asciendan, se perfeccionen y puedan tener mejores destinaciones, pero me parece que su nombramiento en determinado lugar es para impartir justicia de calidad. Es muy difícil que en un tribunal por el que pasan cinco magistrados en un año ello pueda ocurrir.
Por eso, pido al señor Ministro de Justicia abordar el tema -ya lo hicimos en la Comisión de Constitución-, a fin de que podamos tener a la brevedad una normativa que ponga fin al "turismo judicial", que termina afectando especialmente a la gente más modesta y de lugares más alejados.
He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, sólo quiero mencionar, a propósito de la intervención del Senador señor Bianchi, que los Parlamentarios que representamos a Regiones esperamos que esta situación mejore. El punto central es que, como señalé en el informe, en la Región Metropolitana existe un porcentaje altísimo de causas que demoran años en tramitarse.
Por lo tanto, resulta indispensable iniciar un proceso de especialización -lo manifestó el propio señor Ministro de Justicia en la Comisión-, y así poder mirar hacia el futuro con una visión de lo que sucede en el ámbito regional.
No hay duda de que, desde el punto de vista de la carga de trabajo y de los atrasos en las Cortes, existe una situación inadmisible en la Región Metropolitana, donde viven alrededor de seis millones de personas, evento que esperamos mejore en el futuro.
En relación con lo planteado por el Senador señor Prokurica, se trata de un aspecto que se discutió en la Comisión -entiendo que Su Señoría se encontraba presente cuando ello ocurrió- y se vio la gravedad del hecho de que ciertos jueces postulan a distintos cargos, permaneciendo menos de tres meses en cada lugar. En localidades apartadas, como Taltal y otras, cuesta mucho contar con magistrados, pues postulan sólo para lo que indicó el Honorable colega, transformándose esas zonas en un trampolín para ascender dentro del Poder Judicial.
En consecuencia, se torna indispensable establecer el criterio -seguramente así lo señalará el propio señor Ministro- de que la postulación a un cargo será por determinado tiempo, esto es, que si va a ir a una zona apartada de Chile, deberá permanecer ahí al menos por el período señalado en la postulación.
He dicho.

El señor SABAG.- ¿Me permite una moción de orden, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor SABAG.- ¿Es posible abrir la votación?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No hay quórum suficiente para tomar acuerdo en tal sentido.
Se procederá a llamar a los señores Senadores que están en Comisiones, pues habrá que pronunciarse respecto de cuatro materias, dos de las cuales tienen "suma" urgencia.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero respaldar con entusiasmo esta iniciativa, que permite la división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En primer lugar, soy profundamente partidaria de que ello ocurra pues, a mayor especialización, más eficiencia y mayor cantidad de fallos, lo cual facilita que los procesos se lleven adelante en forma más expedita.
En segundo término, hago mía la inquietud planteada en la Comisión, la misma que ha sido motivo de algunas intervenciones esta tarde en la Sala. Me refiero a la permanencia de los jueces en los lugares donde postulan y se les nombra durante un período de al menos dos años.
No me parece responsable que alguien concurse en una comuna y a los dos meses esté pidiendo el traslado o integrando otra terna para cumplir responsabilidades en una distinta, que sea cabeza de Región, o se entusiasme con irse a Santiago.
En este sentido, considero indispensable que quienes postulan al Poder Judicial permanezcan un mínimo de dos años en los cargos, a fin de cumplir en forma eficiente su tarea.
Como ello no está regulado, me parece propicia la ocasión para plantearlo al señor Ministro de Justicia, a objeto de que evalúe la tramitación de una iniciativa legal en tal sentido.
Un tercer ámbito respecto del cual me gustaría hacer una observación se relaciona con la cantidad de horas que los magistrados pueden impartir docencia.
En efecto -lo señaló con mucha autoridad en la Comisión el señor Presidente del Colegio de Abogados, mostrando antecedentes-, hay ministros que enseñan en varias universidades; algunos son directores de departamento y hay hasta rectores de esas casas de estudio, quienes, en definitiva, pasan muy poco tiempo en el tribunal.
Esas pocas experiencias -naturalmente son la minoría- hacen que exista una mala evaluación del Poder Judicial, lo cual considero grave para los efectos de generar instituciones sólidas.
En relación con este punto, hay dos cosas que estimo relevantes: la primera es igualar para los jueces el número de horas que el personal de la Administración Pública puede destinar a la docencia, conforme al Estatuto Administrativo, y que sean compatibles con el horario de funcionamiento de la respectiva sala. Me parece de toda justicia que rija para los magistrados la misma norma del referido cuerpo legal, que contempla nueve horas, y no el horario que señala este proyecto, modificado por la Cámara de Diputados.
Lo segundo que considero clave, señor Presidente, dice relación al hecho de que en la propia Corte Suprema debiera existir justificación y transparencia a este respecto. Ello fue recogido con entusiasmo por su Presidente, porque a veces no se pueden integrar las salas y no hay clara conciencia del motivo.
Me parece perfectamente bien que un ministro imparta docencia en horas distintas de las de funcionamiento de la sala que integra, y estimo del todo prudente que se conozca esa situación.
El Presidente del Máximo Tribunal, en aras de la transparencia, se allanó absolutamente a lo anterior. De ahí que valoro este proyecto de ley.
En lo referente a los tres puntos mencionados, creo que uno de ellos debe ser necesariamente materia de iniciativa legal. Respecto de los otros dos, presentaré indicaciones en el momento oportuno.
Gracias, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, la situación de jueces que postulan a un cargo y sólo permanecen un par de meses en él para después volver a postular tiene varias aristas.
En mi Región, las comunas de La Serena y de Coquimbo son contiguas. En ellas se desarrolla igual carga de trabajo y, sin embargo, la primera es asiento de corte; no así la segunda. Por lo tanto, se produce una tremenda injusticia, porque magistrados con la misma cantidad de trabajo y similares responsabilidades perciben una remuneración sustancialmente diferente.
Por eso, es obvio que quienes llegan a Coquimbo están a la espera de que se produzca alguna vacante en La Serena para postular al cargo. Es humano y razonable.
El problema no radica en los jueces, sino en lo mal que hemos diseñado el sistema. A mi juicio, que se pague igual remuneración a quienes desarrollan funciones similares es sensato; pero eso no se da en el ámbito judicial.
Por otra parte, no sólo cuesta encontrar magistrados para Taltal, Illapel o Salamanca; también es difícil hallar médicos y cualquier otro tipo de profesionales para que cumplan funciones, por ejemplo, en los municipios. Ése es un asunto que debemos abordar. No creo que la solución sea obligarlos a quedarse dos años en el lugar. Porque ¿cómo es posible hacerlo con un médico o determinado profesional que quiera irse al sector privado?
Es obvio que si alguien se va a Illapel no dispondrá de colegios como los existentes en La Serena o en Santiago; tampoco, de la misma atención de salud; ni habrá cines, ni teatros, ni librerías donde comprar un buen libro.
Ciertamente, existe un aspecto de calidad de vida que nunca se toma en cuenta. Y si queremos atraer a personas idóneas a las comunas más pequeñas, es necesario revisar en forma global el sistema de remuneraciones del sector público, como de hecho ocurre en la empresa privada. En efecto, si una minera como Los Pelambres, por ejemplo, desea que su gerente general viva en Illapel, deberá pagarle bastante más que si lo obliga a permanecer en Santiago.
Eso es algo que debemos enfrentar. Porque, al final, los jueces empezarán a pedir permisos o encontrarán la forma de abandonar sus funciones.
Sin duda, existe una mayor dificultad para vivir en ciudades como las mencionadas. Y eso tenemos que reconocerlo.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con restringir a nueve las horas de docencia -me parecen suficientes-, pero no con limitar el tiempo que los jueces dedican a preparar los fallos. Es posible apreciar que en determinados casos ellos tienen una cantidad de trabajo impresionante. Asimismo, se sabe perfectamente bien que en la noche o los fines de semana se abocan a redactar sentencias. Porque, si éstas no son claras, después pueden ser objeto de numerosos reclamos.
De otro lado, hemos sabido de magistrados que piden a abogados que no son jueces la redacción de los fallos.
Es obvio que existe un problema sobre el particular. Y así como a los profesores se les da tiempo para preparar sus clases y corregir pruebas, a los jueces también debe otorgárseles tiempo suficiente para redactar sentencias.
Mi idea es sólo llamar la atención acerca de que la vida de los ministros, en algunos casos, es muy injusta. Ello es evidente en La Serena y Coquimbo. Y lo hablé días atrás con el señor Ministro de Justicia. En Ovalle ocurre lo mismo: cuentan prácticamente con iguales obligaciones, pero ganan muchísimo menos y, además, tienen peor calidad de vida.
Gracias, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.

--Se aprueba en general el proyecto; se deja constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronunciaron favorablemente 24 señores Senadores, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 30 de octubre, a las 12.




ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE ROBERTO MATTA ECHAURREN


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en memoria del artista don Roberto Matta Echaurren.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3225-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
En tercer trámite, sesión 61ª, en 17 de octubre de 2006.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 45ª, en 19 de abril de 2005.
Discusión:
Sesiones 50ª, en 10 de mayo de 2005 (se aprueba en general); 1ª, en 7 de junio de 2005 (se aprueba en particular).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- Cabe señalar que esta iniciativa se originó en el Senado por mensaje del Ejecutivo y que, en el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara de Diputados le introdujo dos enmiendas. Ellas consisten en agregar al artículo 1º una frase final, tendiente a señalar que el monumento deberá guardar el espíritu de Roberto Matta expresado en su obra y a establecer que los recursos obtenidos por erogaciones, en caso de no ejecutarse la obra, solamente serán aplicados a objetivos culturales.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado donde se consignan las mencionadas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión las modificaciones de la Cámara de Diputados.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas.

El señor LETELIER.- Sí, señor Presidente.

--Se aprueban unánimemente y el proyecto queda despachado en este trámite.




SUPRESIÓN DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES SOBRE CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN RADIAL


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Núñez, Escalona, Letelier y Navarro, que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en cuanto a la publicación de las resoluciones que asignan concesiones de radiodifusión radial, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4299-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Núñez, Escalona, Letelier y Navarro).
En primer trámite, sesión 29ª, en 5 de julio de 2006.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 61ª, en 17 de octubre de 2006.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El objetivo principal de la iniciativa es suprimir la obligación de publicar en el Diario Oficial el extracto de la resolución ministerial que asigna la correspondiente concesión, toda vez que es excesivamente onerosa para pequeños y medianos radiodifusores, en especial de Regiones, y, por otro lado, no cumple en forma cabal con el propósito de publicidad para garantizar los eventuales derechos de terceros.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió esta iniciativa sólo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Horvath, Novoa y Sabag. Su texto se consigna en la parte pertinente del informe.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, esta iniciativa de artículo único es muy simple. No obstante, la Comisión de Transportes sólo aprobó la idea de legislar, pero al mismo tiempo acordó solicitar un plazo para presentar indicaciones. Y explico por qué.
El proyecto pretende eliminar la publicación en el Diario Oficial de las resoluciones que asignan concesiones, trámite que debe realizarse de manera conjunta en un medio local. Ello, fundamentalmente, por el costo que ambas publicaciones representan, en especial para los pequeños radioemisores.
Durante la discusión general concluimos que era conveniente, en todo caso, establecer la obligación de hacer tales publicaciones en la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que no sólo las personas de la Región respectiva tomen conocimiento del otorgamiento de la concesión, sino que también exista una difusión mayor de la resolución.
El Gobierno está de acuerdo en enviar esa indicación, Por lo tanto, solicitamos que se abra un breve plazo con el propósito de recibirla. Así, junto con abaratar los costos de dichas publicaciones, se mantendrá una adecuada difusión de ellas.
En consecuencia, pedimos que se apruebe en general el proyecto y que se fije plazo para presentar indicaciones, el que podría ser hasta el lunes 30 de octubre.
Gracias.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.

--Se aprueba en general el proyecto y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 30 de octubre, a las 12.




ELIMINACIÓN DE BENEFICIO PARA NAVES DE TRANSPORTE MARÍTIMO EN PUERTO DE ARICA


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que elimina beneficio para naves de transporte marítimo en el Puerto de Arica, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4424-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 56ª, en 3 de octubre de 2006.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 61ª, en 17 de octubre de 2006.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El objetivo principal de la iniciativa es derogar el artículo 34 de la ley Nº 19.420, que permite el cabotaje de naves extranjeras en el puerto de Arica, y el artículo 2º de la ley Nº 19.478, el cual interpreta el mencionado artículo 34. En consecuencia, en el puerto de Arica, al igual que en el resto del país, el cabotaje quedaría reservado a las naves chilenas.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto en general y en particular y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Horvath, Muñoz Barra, Novoa, Orpis y Pizarro) en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. Su texto se transcribe en el informe correspondiente.
Asimismo, la Comisión acordó proponer al señor Presidente que la iniciativa sea discutida en general y en particular a la vez, por ser de artículo único.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.


El señor NOVOA.- Señor Presidente, este proyecto fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Transportes debido, fundamentalmente, a los problemas que ha generado en el norte la norma legal que permite el cabotaje por naves extranjeras.
El propósito original de esa disposición era dar un beneficio a la zona, de manera de paliar en algo su lejanía del centro del país y generar condiciones para un mejor desarrollo. Pero, con el transcurso del tiempo se ha visto que más que un beneficio ha significado un problema, porque hay un sector muy grande de transportistas, que viven, tienen actividades en la Región y están enfrentando una competencia, no sé si desleal, pero por lo menos muy difícil, con respecto al cabotaje. En efecto, el cabotaje entre Arica e Iquique, que podría ser realizado por camiones, lo hacen, muchas veces, naves extranjeras que se aprovechan de este beneficio, en perjuicio de quienes se dedican al transporte terrestre.
Por eso, la Comisión, atendiendo además al hecho de obedecer a un compromiso adoptado entre las autoridades de Gobierno, las autoridades regionales, los Parlamentarios de la Región y el sector transporte, resolvió aprobar por unanimidad el proyecto y pide al Senado que adopte el mismo criterio.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala,¿

El señor ARANCIBIA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, deseo hacer un comentario respecto al tema.
Al leer el informe de la Comisión me percaté de que en él aparece el interés claro y nítido de potenciar un agente económico, como es el transporte terrestre, frente a la alternativa que ofrece el cabotaje.
Quiero hacer un aporte técnico a la Sala: el transporte marítimo o cabotaje pasa a ser eficiente, efectivo y económicamente rentable a partir de una cierta distancia. Y si se practica, por ejemplo -como ha dicho aquí un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, entre Iquique y Arica, resulta lo más antieconómico e inconveniente que exista. Por lo tanto, a nadie se le ocurriría transportar carga por mar entre esos dos puertos. Se piensa que el cabotaje pasa a ser eficiente y conveniente en una distancia sobre 600 millas, pero depende mucho del medio que se emplee.
Así las cosas, me cuesta entender que le haga una competencia desleal al flete de camiones en esos espacios tan cortos. En todo caso, si así fuese, me parece que, como se planteaba ayer, estamos perdiendo el foco del debate, pues lo que más interesa aquí es la conveniencia de los ariqueños, para los cuales se dictó esa ley, y que sus cargas y las cosas que ellos mandan o reciben tengan el menor costo, no favoreciendo una actividad económica específica como la del transporte terrestre.
En mi opinión, lamentablemente, se perdió el punto de referencia. Porque el propósito de la ley original era favorecer a los ariqueños en su conjunto y no a los camioneros que operan en Arica.
Señor Presidente, hecho este planteamiento, anuncio que no voy a apoyar la iniciativa, porque no me parece que esté bien analizada.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, como ha señalado el Senador señor Arancibia, el asunto tiene varias aristas.
En primer lugar, la regla general en materia de transporte marítimo en Chile es la reserva de carga; es decir, que solamente las naves con bandera chilena pueden realizar el cabotaje. Se estableció una excepción en la Ley Arica, que permitió a los buques de bandera extranjera desarrollar esa labor. De tal manera que aquí, si uno quisiera operar conforme al principio de reciprocidad, lo lógico sería no permitir esa excepción y reservar esa actividad a la marina mercante. Eso como primer punto.
En segundo término, ¿por qué se concedió este beneficio a Arica? Porque se suponía que la ciudad se iba a reactivar. Por eso se buscó que los productos que salieran desde tal ciudad hacia el resto del país se pudiesen transportar de manera menos onerosa o más barata. Eso no se produjo. Arica lleva prácticamente ocho años con dos dígitos de cesantía.
El Senador señor Arancibia tiene toda la razón: la gran ventaja del libre cabotaje surge en distancias largas; eso es evidente. Pero, desgraciadamente, en este caso ha operado respecto de las cortas. Y el grueso del transporte de libre cabotaje ha tenido lugar entre Arica e Iquique, e, incluso, containers vacíos son llevados a través de naves de estas características.
Por eso, señor Presidente, el comercio marítimo de corta distancia ha afectado a un gremio importante, el de transporte terrestre. Y, dada la cesantía que tiene la ciudad y conscientes de que el libre cabotaje no ha tenido grandes beneficios, lo que debemos hacer es simplemente retrotraer la situación, eliminar la excepción y volver a la regla general en materia de transporte marítimo.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, podríamos aprobar el proyecto con el voto en contra del Senador señor Arancibia.

El señor FLORES.- ¿Me permite, señor Presidente? Tratándose de Arica, deseo manifestar mi posición.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FLORES.- Estoy de acuerdo con la Comisión. Simplemente quiero señalar que éste es un caso donde la racionalidad económica pura, a la que con razón aludió el Senador señor Arancibia, no se cumple en la realidad.
Por otro lado, desde un punto de vista estratégico, el país debe vigilar por que Arica funcione y tenga empleo.
A mí no me gusta esto, pero hay que hacerlo. Por tanto, voy a votar a favor.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto, con el voto en contra del Senador señor Arancibia.
--Se aprueba en general y en particular.




CONCESIÓN DE BONO EXTRAORDINARIO A EXONERADOS POLÍTICOS DE SECTOR PÚBLICO Y DE EMPRESAS AUTÓNOMAS DEL ESTADO


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Conforme a lo acordado por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4395-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 16 de agosto de 2006.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2006.
Hacienda, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2006.
Certificado de la Comisión de Trabajo, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2006.
Discusión:
Sesión 56ª, en 3 de octubre de 2006 (se aprueba en general).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- Se ha repartido a los señores Senadores el texto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y un certificado del siguiente tenor:
"Certifico que en sesión del día de hoy, 18 de octubre de 2006, la Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó en particular el proyecto de ley que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica (Boletín Nº 4395-05).
"La única indicación presentada al proyecto, recaída en su artículo 4º, fue rechazada por 3 votos en contra de los Honorables Senadores señora Alvear y señores Letelier y Muñoz Aburto, y 2 abstenciones de los Honorables Senadores señores Allamand y Longueira.".
En consecuencia, al no haber indicaciones renovadas, correspondería dar por despachada la iniciativa en particular, salvo que algún señor Senador pida discusión.


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala,¿

La señora MATTHEI.- ¿Me permite, señor Presidente? Se presentó una indicación a este proyecto.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Fue rechazada.

La señora MATTHEI.- ¿La vamos a votar?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No, señora Senadora; la Comisión la rechazó por 3 votos en contra y 2 abstenciones.

La señora MATTHEI.- Entonces, el proyecto ya se aprobó en otra sesión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se aprobó en general, y ahora, al no renovarse la indicación, se entendería aprobado también en particular.
--Reglamentariamente, queda aprobado en particular el proyecto.
--(Aplausos en tribunas).


El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, tengo una duda procesal.
Dado que finalmente no hubo indicación, ¿cómo se entiende la aprobación en particular? ¿Con la misma votación que hubo cuando se despachó en general? ¿O se registra otra? ¿Cómo procede la votación en particular, desde el punto de vista técnico? ¿O no la hubo?

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- Señor Senador, el proyecto se da por aprobado reglamentariamente, con el quórum constitucional correspondiente y sin registrar los votos, pues no hubo votación nominal.

El señor LONGUEIRA.- Pero se debe votar cuando no se ha presentado indicación?

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- No se efectúa votación, porque el proyecto queda reglamentariamente aprobado, salvo que en su momento se haya renovado indicación, lo que en este caso no sucedió.

El señor LONGUEIRA.- Pero no queda registro de nuestro pronunciamiento favorable en la votación particular.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- No, señor Senador.
El señor NARANJO.- Simplemente, se da por aprobado.


MODIFICACIÓN DE DFL N° 2, DE 1998, DE EDUCACIÓN, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y DE OTROS CUERPOS LEGALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde pronunciarse acerca del informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3953-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 58ª, en 4 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 30ª, en 11 de julio de 2006.
Educación (segundo), sesión 50ª, en 6 de septiembre de 2006.
Hacienda, sesión 50ª, en 6 de septiembre de 2006.
Mixta, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2006.
Discusión:
Sesiones 33ª, en 12 de julio de 2006 (se aprueba en general); 55ª, en 13 de septiembre de 2006 (se aprueba en particular).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- La controversia se originó en el rechazo por la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de una de las modificaciones del Senado. Dicha enmienda especificó que se considerarían, entre otras discapacidades, como Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio los déficits atencionales y los trastornos específicos del lenguaje y aprendizaje, disponiendo que, al dictarse el reglamento correspondiente, debería escucharse a los expertos en las áreas pertinentes.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver la divergencia entre ambas Corporaciones, la que fue acordada por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cantero, Chadwick y Ruiz-Esquide, y Diputados señora Tohá y señores Becker, Kats, Montes y Silber. Ella consiste en sustituir el inciso segundo, nuevo, de la letra c) del número 2 del artículo 1º, especificando que se entenderá por Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio aquéllas no permanentes que requieran los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente, y estableciendo que el reglamento considerará, entre otras discapacidades, los déficits atencionales y las alteraciones específicas del lenguaje y aprendizaje.
Finalmente, cabe señalar que la Cámara de Diputados aprobó la proposición de la Comisión Mixta en sesión celebrada el día de hoy.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, las dificultades respecto de la primera parte de la discusión del proyecto, a las que hizo mención el Secretario, quedan salvadas con el texto sugerido.
Se trataba básicamente de tres elementos.
El primero, definir las Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio.
El segundo, garantizar que aquéllas se encontrarán dentro de las que van a recibir las ayudas, apoyos, etcétera.
Y el tercero, asegurar que quede claramente establecido que el reglamento fijará, en el marco de una larga discusión, quiénes serán los expertos habilitados para que se pueda recurrir a ellos cuando sea necesario precisar la enfermedad y atender los reclamos que hubiere.
Por último, se deja absolutamente claro -y por eso se dice "Con todo"- que "el Reglamento considerará entre otras discapacidades los déficit atencionales y los trastornos específicos del lenguaje y aprendizaje", tema planteado por muchísimas personas, en cuanto al temor de que no existiera seguridad de subvención en el caso de tales enfermedades.
En la Comisión hubo un largo debate. No fue fácil llegar al consenso requerido. Al final, hubo unanimidad.
Como Presidente de la Comisión Mixta, agradezco mucho a los integrantes de la de Educación la lucidez de sus planteamientos.
Por lo expuesto, propongo aprobar de inmediato la proposición.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cabe señalar que durante la tramitación del proyecto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hubo oportunidad de escuchar a todas las instituciones vinculadas con escuelas de lenguaje, y asimismo a apoderados y estudiantes, en materia de déficit atencional y trastornos específicos del lenguaje.
Creo que el espíritu que ha animado a la Comisión de Educación -y también al proceso del debate- es el establecimiento de condiciones y criterios, no para excluir arbitrariamente y dejar fuera de la atención que debe brindar el Estado a niños con problemas, sino para regular una situación problemática y establecer una fiscalización adecuada.
El texto propuesto fija pautas para que efectivamente el déficit atencional y, en particular, los trastornos de lenguaje puedan tener la fiscalización y comprensión adecuadas. Pero quedó pendiente de discusión el determinar si efectivamente los trastornos de ese tipo son discapacidades permanentes o transitorias.
Lo importante es que con la definición sugerida tenemos reglas claras, especialmente para el diagnóstico y para que los estudiantes con problemas reciban la atención y subvención apropiadas.
Por eso, vamos a apoyar la proposición de la Comisión Mixta, la que fue consensuada después de un extenso debate.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión Mixta.
--Se aprueba.




SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS


El señor NARANJO (Vicepresidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que suspende plazos de la ley Nº 20.019, que crea sociedades anónimas deportivas, con informe verbal de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4619-29) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2006.
Informe de Comisión:
Hacienda (verbal), sesión 63ª, en 18 de octubre de 2006.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El objetivo principal de la iniciativa es suspender los plazos establecidos en la ley Nº 20.019 para que las organizaciones deportivas declaradas en estado de quiebra se transformen en sociedades anónimas deportivas y suscriban el convenio de pago con la Tesorería General de la República, mientras existan recursos judiciales pendientes en contra de la resolución que declaró la quiebra.
Las organizaciones deportivas deben haber sido declaradas en estado de quiebra con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 20.019, esto es, después del 7 de mayo de 2005 y antes del 7 de noviembre de 2006.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros de la Comisión, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami para informar la iniciativa.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, hace poco tiempo el Congreso Nacional despachó el proyecto que posteriormente se convirtió en la ley Nº 20.019, la cual entregó un plazo adicional para que los clubes deportivos pudieran transformarse en sociedades anónimas deportivas y, por esa vía, acogerse a los beneficios legales establecidos para este tipo de instituciones.
Ahora bien, después de la entrada en vigencia de la prórroga del plazo para celebrar el convenio de pago con la Tesorería General de la República -si no me equivoco, vence el 7 de noviembre-, a lo menos un club fue declarado en estado de quiebra, lo cual provocó la cesación de pagos de la fallida y el paso de su administración a un síndico.
Concretamente, me refiero ¿es sabido por todos- al Club de la Universidad de Chile.
Lo que busca el proyecto es evitar la desaparición de dicho Club -o de otro que pudiera estar en la misma situación-, porque objetivamente no está en condiciones, a raíz de ciertas circunstancias, de constituirse como corporación o sociedad anónima deportiva, en los plazos establecidos en la ley Nº 20.019.
Desde ese punto de vista, la iniciativa persigue un triple propósito.
En primer lugar, suspende los plazos para transformarse en sociedad o corporación hasta que quede ejecutoriada la resolución que haya acogido o desechado la solicitud de quiebra.
Dicha norma permitirá que los clubes que se encuentren en tal situación, puedan seguir participando en el torneo, mientras continúa el estado de quiebra. De otra manera, ello no podría garantizarse.
En segundo término, el proyecto suspende el plazo de término para la suscripción del convenio de pago con la Tesorería, y permite que, una vez ejecutoriada la resolución que haya acogido o desechado la solicitud de quiebra, los clubes afectados por esta causa sobreviniente puedan suscribir un convenio de pago en las mismas condiciones que los demás clubes de fútbol. Desde este punto de vista, no existe ningún privilegio adicional, sino simplemente una prórroga de plazo para evitar que la institución desaparezca.
Junto con ello, se perfeccionan algunas normas de la ley Nº 20.019, que permiten un adecuado análisis por parte del Servicio de Tesorerías de los convenios de pago que se suscribirán con las instituciones deportivas. Además, se modifica la fecha de pago de las cuotas que origina el convenio, adecuándola a la normativa contable generalmente aceptada y a los procedimientos de control y fiscalización de los balances a los cuales deberán acogerse estas instituciones.
Desde esa perspectiva, se trata de una normativa que favorece al conjunto de los clubes y no a una institución específica.
Sobre la base de esos antecedentes, que fueron expuestos por el Ministro Secretario General de Gobierno, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto por la unanimidad de sus integrantes.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- ¿Quiere pedir votación?

El señor RUIZ-ESQUIDE.- No, señor Presidente.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, no voy a solicitar votación, sino que simplemente me abstendré, porque entiendo que hay suficientes votos para la aprobación del proyecto. Y quiero dar a conocer las razones.
Primero, yo no voté cuando se trató el proyecto anterior, porque consideré que rompe mucho de lo que entiendo como la alegría del fútbol, y las experiencias posteriores a su dictación como ley han sido bastante tristes, según lo hemos visto en otros casos.
Segundo, observo el esmero del país entero en financiar clubes que han demostrado tener una espantosamente mala administración, y
Tercero, porque el esfuerzo que realizan otras actividades no condice con la diferencia de aportes que se les otorgan.
Por otra parte, el proyecto en debate tiene un nombre específico, se trata del Club de la Universidad de Chile, y no voy a reclamar irónicamente que sus partidarios se abstengan, porque ése no es el caso. Pero, francamente, pienso que lo que pasa en el fútbol profesional no merece un apoyo de esta índole ni que hagamos un esfuerzo por generar colectividades administradas por sociedades de cualquier naturaleza que, a la larga, reciben un cúmulo de denuncias acerca de la falta de probidad con que se manejan.
Me parece lamentable. Por eso, me voy a abstener.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se dejará constancia de su abstención, Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, deseo acreditar la calidad de la administración del síndico de quiebras, señor José Manuel Edwards, porque ello se ha puesto en duda acá. Además, siento que la ausencia del Honorable señor Espina hace mucha fuerza en los Senadores de Renovación Nacional.
Por lo tanto, y en homenaje a él, vamos a votar a favor.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- El síndico no está en discusión.

El señor NAVARRO.- Pido la palabra.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me gustaría preguntar al señor Ministro o al Senador señor Ominami si el resto de los clubes ha contado con los mismos plazos y condiciones.
Lo señalo en el caso particular del Club Lota Schwager, que está a punto de ascender a Primera División y tenía problemas en su presentación. Y la verdad es que ha hecho un gran esfuerzo, pese a su precariedad económica, no sólo para ganar e ir puntero, sino también para superarse administrativamente.
Antes de votar a favor del proyecto, deseo que se garantice, por una parte, que todos los clubes que están en proceso de quiebra alcancen a inscribirse, y por otra, que habrá apoyo de la DIGEDER y de los organismos gubernativos pertinentes. Ello, para evitar la aprobación de una iniciativa que suspende los plazos para unos y no para otros.
Con ese alcance, estoy disponible para aprobar la iniciativa.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, deseo formular una consulta al señor Senador que rindió el informe: ¿esto tiene un costo financiero para el Estado o es una realidad inevitable contemplada en las arcas fiscales?

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, yo diría que tiene un efecto financiero positivo, porque si el Club Deportivo Universidad de Chile simplemente desaparece, no habrá ninguna posibilidad de que pague la deuda que hoy mantiene con la Tesorería. Recordemos que lo esencial de los pasivos de dicho Club se halla relacionado con el Fisco.
Para la tranquilidad de la Sala -quizás respondiendo a la observación del Senador señor Ruiz-Esquide-, no estamos otorgando beneficios adicionales, sino creando las condiciones para que el Club Deportivo Universidad de Chile pueda entrar en un marco jurídico ordenado, como el de las sociedades anónimas deportivas, y se garantice su mejor gestión.
En cuanto a la pregunta del Senador señor Longueira, creo que los efectos -reitero- van a ser más bien positivos.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, es algo complejo que el Senador informante sea de la "U" -Su Señoría tiene mucho optimismo-, porque, de continuar una administración como la que había, podría representar un mayor costo para el Fisco.
Pero, aun siendo colocolino, también voy a votar a favor.

El señor OMINAMI.- En todo caso, hay que dejar consignado que dos eminentes colocolinos miembros de la Comisión de Hacienda del Senado votaron a favor de este proyecto.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Lo importante es que no se expresen en esta Sala las diversidades en el ámbito futbolístico.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, yo, como colocolino, voy a hacer un gesto al "chuncho" votando a favor.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, creo que una de las gracias de los Parlamentos es tener sensibilidad con respecto a la forma como ocurren las cosas en los distintos ámbitos.
Recuerdo que hace algún tiempo, a propósito de las concesiones en que Blanco y Negro estaba involucrado, hubo un espacio de este Congreso para darle un tiempo adicional. Me parece que ello fue sabio, pues hoy día el club Colo Colo no sólo es exitoso futbolísticamente, sino que además se ha ordenado, ha pagado impuestos y ha sido capaz de convertirse en una institución muy distinta de la que era antes del aumento del plazo.
Entonces, creo que, con la misma reciprocidad, quienes tenemos gustos distintos y corazón azulado debemos instar a usar el talento y el buen criterio que siempre ha prevalecido en el Senado para otorgar el plazo adicional que se plantea, en la convicción de que, desde el punto de vista fiscal -concuerdo con el Senador informante-, ello va a ser positivo y, asimismo, abrirá un espacio para mejorar el fútbol chileno.
Discrepo, sí, del colega que anunció su abstención, pues si algo ha demostrado utilidad es la creación de las sociedades anónimas deportivas. En efecto, hoy día vemos cómo Colo Colo, específicamente, ha sido muy exitoso. Y ojalá marque un camino susceptible de ser seguido por otros clubes.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto, con la abstención del Senador señor Ruiz-Esquide.
--Así se acuerda.


El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro Secretario General de Gobierno).- Señor Presidente, sólo quiero despejar la inquietud del Honorable señor Navarro.
Todos los clubes de primera y segunda divisiones, salvo Universidad de Chile, están al día y en conversaciones con la Tesorería General de la República. Asimismo, se hallan estudiando la forma que van a adoptar para organizarse deportivamente.
De otra parte, la ley en proyecto -con nombre y apellido, como señaló alguien- es para Universidad de Chile. Lo que pasa es que, si por algún motivo se va a la tercera división, los clubes más pequeños se quedarán sin un "borderó" que les significa dos meses de sueldos. Entonces, desde ese punto de vista, hay una intención general.
Por último, respecto del apoyo que puedan dar los colocolinos u otros aficionados, me parece fantástico, porque ¡los gallos ganan en la cancha y no por secretaría¿!
VI. TIEMPO DE VOTACIONES



RECONOCIMIENTO A LABOR DE VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD Y SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE SUS ARCHIVOS. PROYECTO DE ACUERDO

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables Senadores señores Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez, Navarro y Ominami para reconocer la labor de la Vicaría de la Solidaridad y conservar sus archivos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 910-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 60ª, en 11 de octubre de 2006.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El presente proyecto de acuerdo tiene los siguientes objetivos.
En primer lugar, reconocer la importante labor desarrollada por la Vicaría de la Solidaridad en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Y en segundo término, solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de las medidas necesarias para la conservación de los archivos de dicha institución.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.


RECONOCIMIENTO A PROCESO DE PAZ PARA EL PUEBLO VASCO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, iniciado por diversos señores Senadores, para reconocer el proceso de paz que lleva adelante el pueblo vasco.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 911-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 60ª, en 11 de octubre de 2006.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- La finalidad del presente proyecto de acuerdo es reconocer la voluntad e iniciativa de impulsar el proceso tendiente a poner término a la violencia y la división, e instalar un escenario de paz que permita el ejercicio de las libertades políticas del pueblo vasco.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- No hay intervenciones, porque estamos en el Tiempo de Votaciones.
Si le parece a la Sala se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, solicito que, en nombre del Senado, se oficie al Embajador de España en Chile, al Presidente del Gobierno Vasco y a la Presidenta del Parlamento Vasco, como representantes de la comunidad Vasca.
Muchas gracias.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en nombre de la Corporación, en los términos solicitados por el señor Senador.
--Así se acuerda.


SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. PROYECTO DE ACUERDO

El señor NARANJO (Vicepresidente).- En seguida, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Naranjo, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto y Núñez, sobre creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 913-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 61ª, en 17 de octubre de 2006.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El proyecto de acuerdo tiene como objetivo solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que analice la posibilidad de enviar a tramitación legislativa una iniciativa sobre creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en atención al crecimiento explosivo de los diversos servicios que otorgan las compañías de telecomunicaciones, requiriéndose el adecuado control y fiscalización por parte del Estado.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.


PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE KRILL ANTÁRTICO.
PROYECTO DE ACUERDO.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Horvath, Allamand, Arancibia, Bianchi, Escalona, Larraín y Navarro, sobre protección y regulación de krill antártico.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 916-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 63ª, en 18 de octubre de 2006.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- El objetivo del proyecto de acuerdo es proponer al Gobierno que en la próxima reunión, y en otras que se realicen con posterioridad, de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos se promueva activamente la incorporación del krill antártico entre las especies protegidas y sometidas a regulación.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor ALLIENDE (Secretario subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores ALLAMAND y ESPINA:
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, solicitándole INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE REFORMA PROCESAL PENAL EN REGIONES METROPOLITANA Y DÉCIMA.
Del señor CANTERO:
A la señora Intendenta de la Segunda Región, pidiéndole antecedentes acerca de EMPRESAS MINERAS Y HOTELES QUE DECLARAN CAPITAL NEGATIVO Y PAGAN PATENTE COMERCIAL ORDINARIA, y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, comunicándole INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES POR CODELCO NORTE (ambos de la Segunda Región).
Del señor CHADWICK:
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole informar sobre ESTADO DE AVANCE DE SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE CONVENTO VIEJO (Sexta Región).
Del señor COLOMA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole que informe en cuanto a PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA SECTORES PELLINES Y LAS CAÑAS y a DIVERSAS OBRAS VIALES EN COMUNA DE CONSTITUCIÓN; y a la señora Ministra de Bienes Nacionales, pidiéndole antecedentes respecto de REGULARIZACIONES DE TÍTULOS EN SECTORES ALTO LO MORAN, LOS AROMOS Y PAPALILLO, DE CONSTITUCIÓN.
Del señor ESPINA:
A la señora Ministra de Educación y a los señores Alcalde y Concejales de Curacautín, referentes a MOTIVOS DE CADUCIDAD DE CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CORPORACIÓN PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL DE NOVENA REGIÓN.
A los señores Ministro de Obras Públicas, Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y Alcaldes y Concejales de Angol y Collipulli, solicitándoles REPARACIÓN DE CANAL DE REGADÍO EN LOCALIDAD DE SANTA ELENA, COMUNA DE ANGOL.
A los señores Alcalde y Concejales de Vilcún y Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región, requiriéndoles INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA DE ACCESO DE TEMUCO A RUTA CINCO SUR.
Del señor FREI (don Eduardo):
A los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura, demandándoles INCREMENTO DE FONDOS PARA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, GESTIÓN E INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES Y EMPRENDIMIENTO. Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole DEROGACIÓN DE INCISO FINAL DE NÚMERO 1 DE ARTÍCULO 42 DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA. Al señor Ministro de Justicia, referente a PERSEGUIDOS POLÍTICOS DE TERCERA EDAD QUE CUMPLEN CONDENAS EN MALAS CONDICIONES. A la señora Ministra de Salud, exponiéndole DIFÍCIL SITUACIÓN DE HOSPITAL SANTA ELISA, DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, y planteándole FALTA DE RECURSOS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE HOSPITAL DE PANGUIPULLI. Al señor Subsecretario de Pesca, solicitándole informar en cuanto a IMPACTO DE NORMATIVAS RELATIVAS A CREACIÓN DE NUEVAS REGIONES EN RÉGIMEN DE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA. Y al señor Subsecretario de Redes de Asistenciales del Ministerio de Salud, haciéndole presente la necesidad de POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO.
Del señor GARCÍA:
Al señor Contralor General de la República, solicitándole determinar EVENTUALES IRREGULARIDADES EN CONADI; a la señora Ministra de Educación, referente a RED REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS "REDAMIGAS", DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y a la señora Directora Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile, sobre COMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN ENTREGADA EN OFICIO ORD. Nº 4006/6990/4006.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura, pidiéndoles incorporar en la Ley de Presupuestos NIVELACIÓN DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES DE CONAF. A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, planteándole la posibilidad de INCLUSIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PUNTAJE A SUBSIDIOS HABITACIONALES. A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y a los señores Director Nacional del SERVIU, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y Director del SERVIU de la Undécima Región, pidiéndoles analizar factores que ameritan MEJORAMIENTO DE MONTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES EN REGIONES EXTREMAS.
Del señor NARANJO:
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, solicitándole INFORMACIÓN SOBRE COBRO AL USUARIO POR MENSAJES EN BUZÓN DE VOZ, y requiriéndole INVESTIGACIÓN RESPECTO A CALIDAD DE SERVICIO DE EMPRESA VTR CABLE.
De los señores NÚÑEZ y OMINAMI:
A la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, acerca de VACÍO DE LEY DE BASES DEL MEDIO AMBIENTE EN CUANTO A DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
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El señor NARANJO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me referiré a diversas materias.


POLÍTICAS PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCERES CERVICOUTERINO, MAMARIO Y PROSTÁTICO. OFICIOS
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Salud a fin de que nos informe respecto de las estadísticas de los cánceres cervicouterino y mamario, Región por Región, con sus respectivos costos. Asimismo, pido que la Secretaría de Estado del ramo nos dé a conocer cuáles son los mecanismos innovadores que permiten hacer llegar, a través de los consultorios, los exámenes en forma más directa a las mujeres de los sectores de más bajos recursos.
También es necesario saber cuál es la política que se está empleando y si existen procedimientos de carácter móvil para asistir a los sectores más apartados del país, de tal manera de facilitar el examen de cánceres cervicouterino y de mamas.
Está claro que la progresión de ese tipo de cánceres y el costo de su medicación obligan al Estado -en especial, al Fondo Nacional de Salud- a mantener un serio programa de prevención.
Por eso, requiero además información sobre los costos del tratamiento de ambos cánceres, en cualquiera de sus etapas, versus su prevención, a fin de contar con una estimación de lo que le cuestan al país.
Debo hacer hincapié en que la existencia de una política de prevención sobre esta materia puede resultar muy efectiva, no sólo para ahorrar dineros, sino también para prevenir y anticipar muertes.
Del mismo modo, también quiero insistir sobre la prevención del cáncer de próstata, cuya tasa de crecimiento supera en casi cien por ciento a los cánceres cervicouterino y de mamas.
Los costos asociados a este tipo de cáncer, que se presenta de manera progresiva en varones a partir de los 45 años y con certeza a los 55, duplican lo que se gasta en combatir los cánceres cervicouterino y de mamas.
Hasta ahora la posibilidad de llevar a cabo exámenes masivos, especialmente a nivel de consultorios, con un costo razonable no se ha concretado. Existe una negativa a realizárselo por razones culturales, pero también por falta de acceso a la información.
Considero que sobre esta materia deben incorporarse recursos -y así lo vamos a hacer ver- en el Presupuesto de Salud de este año.
Por lo tanto, solicito una vez más que se proporcionen las estadísticas a que hice alusión y, en especial, que se lleven a cabo programas de prevención masiva. Sobre el particular, demando mayor agresividad del Ministerio de Salud en cuanto al empleo de políticas innovadoras.
El examen rectal para prevenir el cáncer de próstata enfrenta severas dificultades de carácter cultural. Los varones son reacios a someterse a él. Ésa es la cuestión.
Sin embargo, en los clubes del adulto mayor de la Octava Región del Biobío, particularmente en Coronel, San Pedro, Concepción y Talcahuano, hemos analizado este asunto y los resultados han sido claros. La inmensa mayoría de los adultos mayores de 60 años no se efectuaron ningún tipo de examen preventivo y los que se lo hicieron lo deben a las sugerencias de sus esposas. En todo caso, hay que tener presente que no existe una adecuada información ni una campaña organizada.
Si hoy el cáncer de próstata representa uno de los índices de mortalidad más altos en varones mayores de 60 años, nada explica que no se realice una campaña preventiva ni se invierta en exámenes que puedan estar al alcance de la mayoría de la población.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON CONJUNTO HABITACIONAL "SAN PEDRO DE LA COSTA". OFICIOS
Por otra parte, solicito que se oficie a la ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz y al Ministerio de Defensa Nacional respecto de la urgente necesidad de construir una comisaría en el conjunto habitacional San Pedro de la Costa, en sus etapas uno, dos y tres.
Dentro del ranking de las veinte comunas que presentan mayor tasa de denuncias por actos delictuales, San Antonio, San Pedro de la Paz y Providencia tienen la mayor cantidad de habitantes por policía. Es decir, existe un crecimiento de la población y un estancamiento del número de efectivos policiales por persona.
Debo señalar que el Alcalde de San Pedro de la Paz, señor Jaime Soto, en conversación con autoridades del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, aceptó con alegría, de común acuerdo y con el amplio beneplácito del concejo, recibir a 14 mil personas provenientes de diversas comunas de la Octava Región, para llevar adelante el Programa "San Pedro de la Costa". Tres mil 600 familias se instalaron y demandaron consultorios de salud; escuelas y seguridad ciudadana.
Por eso, en el ámbito del cumplimiento de los acuerdos, solicito también de la Intendencia Regional un detallado análisis de los compromisos contraídos por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Educación, y por Carabineros, dado que la única que ha cumplido ciento por ciento ha sido la Municipalidad de San Pedro de la Paz.
Dicho municipio no cuenta con los fondos necesarios para llevar adelante planes adicionales. No obstante que se les han entregado responsabilidades, no se les han asignado más recursos.
San Pedro de la Paz, durante el segundo semestre de 2006, tuvo 892 denuncias. Tiene una dotación de 73 carabineros, lo que representa una cifra de mil 643 habitantes por cada efectivo policial, en circunstancias de que la cifra que se considera adecuada no puede superar los 400 ó 500 habitantes. Por eso, debieran cumplirse todos los compromisos contraídos por los diversos Ministerios que he señalado.
Los dirigentes vecinales de San Pedro de la Costa, en sus tres etapas, han demandado dicho cumplimiento. Existe una profunda preocupación por el problema delictual, al que, si bien la incidencia a la fecha es pequeña, se debe -todos coincidimos al respecto- poner atajo a la brevedad.
Asimismo, se han comprometido, a través del SENCE y del Ministerio del Trabajo, programas que apuntan a superar el gran desempleo existente allí. La situación no es fácil para las diversas familias llegadas de otras comunas, porque, aunque el cambio es a una vivienda dinámica sin deuda de gran calidad -de ello se encuentran muy agradecidos-, ello las ha desarraigado territorialmente de sus fuentes originales de trabajo.
Por lo tanto, los programas de empleo y, particularmente, el incentivo a la creación de nuevas empresas con un rol activo del municipio son necesarios.
Del mismo modo -insisto-, el Ministerio de Educación debe construir pronto las escuelas necesarias, para brindar atención a los miles de niños que han llegado a la comuna de San Pedro de la Paz.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme el Reglamento.


INCONVENIENCIA DE MAYORES CARGOS PÚBLICOS A CONTRATA Y A HONORARIOS. OFICIOS
Señor Presidente, también quiero solicitar que se oficie al Ministerio del Trabajo, en general, y al Ministro Secretario General de Gobierno, en especial -si se coincide en que es la autoridad política la que debe dar respuesta-, sobre la situación que abordaré.
Muchos de los programas de aumento de plantas que contempla el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación -por ejemplo, en lo que respecta a la creación de las agencias de desarrollo regional que se radicarán en la CORFO- consideran el incremento de personal, pero a contrata y a honorarios.
Anuncio que el debate va a ser fuerte, porque no es admisible aumentar la dotación del Estado manteniendo personal a contrata y a honorarios.
Si de verdad queremos remediar esa situación, de aquí en adelante deberemos pasar esos personales a la planta permanente, para no generar problemas gravísimos a numerosos profesionales que llevan cinco, diez, quince años a contrata o a honorarios en muchos servicios públicos sin gozar de los derechos a previsión y a indemnización que garantiza la contratación definitiva.
Por eso, reitero mi petición de oficios a los Ministerios señalados.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


NECESIDAD DE FISCALIZACIÓN RADICAL EN TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. OFICIOS
El señor NAVARRO. Señor Presidente, hemos tomado conocimiento de que hoy hubo una emergencia química en Copiapó¿

El señor PROKURICA.- En Tierra Amarilla.

El señor NAVARRO.- ¿por derrame de ácido sulfúrico desde un camión.
De acuerdo con las primeras informaciones, la situación estaría controlada, pero no se sabe si existen víctimas a raíz de lo letal de ese producto, que es de gran toxicidad. El chofer fue traslado al Hospital Regional de Copiapó. Se investigan las razones del accidente, que se registró a las 7 de la mañana, a 10 kilómetros de Tierra Amarilla, en una ruta agrícola.
Los organismos pertinentes, tanto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles como la CONAMA y los entes que han autorizado el transporte de ácido sulfúrico vía terrestre, deberán efectuar las indagaciones que permitan determinar claramente las causas del accidente e imponer las sanciones del caso.
Hace aproximadamente un mes hubo en esa zona un descarrilamiento ferroviario que también derivó en el derrame de ácido sulfúrico desde los contenedores.
Lo anterior, a propósito de que se ha presentado en la CONAMA de la Octava Región una declaración de impacto ambiental de FEPASA (empresa ligada a Ferrocarriles del Estado) para solicitar autorización a los efectos de trasladar ácido sulfúrico a través de 42 comunas, desde la Quinta a la Octava Regiones. Se trata de una declaración que excluye a la ciudadanía y margina a 42 municipios, a sus concejos, de la posibilidad de conocer los detalles y exigir medidas de seguridad y mitigación ante eventuales accidentes.
Hubo quienes nos llamaron "alarmistas" por nuestra preocupación en esta materia. Pues bien, lo acontecido en la Tercera Región, tanto en el accidente ferroviario como en el vial, indica claramente que las normativas correspondientes deben cumplirse.
Por lo tanto, pido que se oficie a la CONAMA Biobío, a la CONAMA nacional y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para que informen sobre las condiciones en que ocurrió el nuevo accidente; y a la SIAT de Carabineros, para que envíe un informe detallado en cuanto a la forma de mejorar la fiscalización y las condiciones de seguridad. Esto, dado que existe temor, pánico, en muchos de los lugares de las 42 comunas por donde va a pasar el tren que efectuará el referido traslado.
La única medida es mayor participación, más democracia, que la gente tenga conocimiento de lo que se va a hacer. Porque lo más probable es que el proyecto se apruebe. Pero no queremos que, mediante un artilugio de declaración de impacto que la prohíbe, se eluda la participación ciudadana. Tiene que mediar, entonces, un estudio de impacto ambiental.
Solicito lo anterior en virtud de un hecho concreto: un accidente sucedido horas atrás.
Entregamos una carta a la Presidenta de la República con los alcaldes de Til Til, de Estación Central y de Quinta Normal, tres de las comunas por donde habrá tránsito ferroviario con ácido sulfúrico.
Por último, una reflexión.
Con el Senador señor Horvath presentamos un proyecto tendiente a que el estudio de impacto ambiental no sea burlado con el mecanismo de dejar fuera, por ejemplo, el de impacto vial, seccionando ambos estudios. Todo debe estar integrado.
En tal sentido, espero una respuesta fehaciente de la CONAMA y de los organismos y servicios públicos fiscalizadores que tengan que ver con el transporte de sustancias químicas peligrosas, como el ácido sulfúrico.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Honorable señor Ruiz-Esquide me pidió cederle cinco minutos del tiempo del Comité Socialista, lo que hago muy gratamente.


El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias, Su Señoría.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide, quien dispone además del tiempo que le cedió el Honorable señor Navarro.


CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DE APORTE CHILENO A LUCHA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE Y PANDEMIAS

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, hace algunos días el Senado aprobó por estrecha mayoría el proyecto que autoriza a la Presidenta de la República para aportar 5 millones de dólares a la lucha, a través de las Naciones Unidas, contra el hambre y las enfermedades más graves, como el sida, la malaria y la tuberculosis.
Más allá del resultado, fue relevante también la argumentación, tanto en un sentido cuanto en otro. Como bien lo reflejó mi votación, me pronuncié a favor. Y el debate habido me lleva a algunas consideraciones, en las que están envueltos asuntos económicos, de bien nacional, de la solidaridad internacional y de los deberes políticos de los parlamentarios.
El gran problema fue cómo debe entender Chile su quehacer nacional e internacional en cuanto parte de un mundo globalizado y simultáneamente solidario, al decir de los discursos de los últimos 15 años. Eso significa, al tenor de lo expresado, que ambos conceptos deben ser vistos en sus alcances económico y moral, en su misión interna y en su dimensión comparativa con el resto de los países.
Lo anterior requiere ver el mundo de hoy, más amplio y cercano, con más derechos para todos y oportunidades equitativas.
Según mi personal apreciación, en un mundo así planteado, los chilenos, tan lejanos, tenemos directrices que debemos conciliar.
La primera es que somos hermanos, no por un discurso religioso o humanístico, sino por uno real y biológicamente comprobado.
El gran proyecto EVA, de las Naciones Unidas, que sigue las migraciones del ser humano desde su población en la Tierra, a través del estudio genético, demuestra que somos estrictamente hermanos y que en el hecho no existe diferencia entre un alacalufe, un nórdico de Europa y un centroafricano. La vieja concepción tan racista de que "todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros" es genéticamente falsa, se destruye en la era del genoma y sólo constituye un sustento artificial para defender el egoísmo de aquellos que se restan a la solidaridad por razones raciales o simplemente por políticas circunstanciales.
La segunda directriz es que, por consiguiente, para quienes tenemos una concepción humanista -que la creo en cada uno de los integrantes del Senado- y, más aún, católica universal, el prójimo no es ya sólo el cercano, sino todo aquel que habita el planeta. Lo católico es lo universal y la concepción planetaria de Teilhard de Chardin se nos presenta como irrebatible a la hora de analizar nuestras conductas y deberes.
La consecuencia moral radica en que mi obligación ética como ser humano es igual para con todos. Así fue siempre en la historia de los siglos cristianos, como lo fue también -por desgracia- la pérdida de esa comunidad para dar origen al absolutismo chovinista, que degeneró en las luchas nacionalistas, el liberalismo individualista y su respuesta de lucha de clases, como contrapeso.
La tercera directriz tiene una doble dimensión.
En primer lugar, la solidaridad, la cual es gratuita, no busca el interés del pago, no genera dudas, no espera recompensa y es universal. Luego, no sólo constituye obligación de algunos Estados, sino de todos ellos, y también, de todos y cada uno de los que forman las comunidades, en la medida de sus posibilidades.
Este planteamiento puede sonar extraño, atípico o estulto en un mundo donde el eje de las conductas es tener y no ser. Este asumir como legítimo lo que no es legítimo ni moral, que no es moderno y ni siquiera eficiente para la propia economía, en un exceso sin límites, es el origen de buena parte de los males del orbe y de los ciudadanos.
Nuestro mundo crece, pero no se desarrolla humanamente. Cada vez somos más ricos pero más dependientes de una esperanza de la mayoría que lleva a índices siniestros: mientras más riqueza y peor distribución, mayores depresiones.
Chile, por desgracia, no escapa a esa regla, pues nos educamos para la riqueza cada vez mayor, pero más lejana y, por ende, obsesionante, hedonista, pero destructora de la auténtica felicidad. Además, termina siendo fratricida, porque nos obliga a la competencia para esos efectos. Aun en el mayor pragmatismo, la economía cae porque disminuye el poder de compra.
La segunda dimensión dice relación al resguardo del bien individual o nacional, parte esencial también de la vieja conciliación entre el bien individual y el bien común que debemos administrar como Gobierno y Parlamento en cuanto somos autoridad.
Sé que hay un conflicto de convicciones acerca de cuál debe primar. En nuestra opción, los derechos naturales a la vida, a la salud, a la libertad, a la educación, a la vivienda, a la seguridad y al respeto están por encima del colectivo social, porque se hallan adscritos a la persona trascendente.
Los otros derechos individuales deben ser respetados, pero sujetos al bien común. La propiedad privada y el derecho a incrementar la riqueza también han de ser protegidos por la ley. Sin embargo, la riqueza excesiva, la usura y el anatocismo legalizado en los hechos son éticamente inaceptables.
Si he señalado que somos un solo hombre y una sola mujer en el mundo, ¿debo aplicar con la misma fuerza esa solidaridad o tenemos nosotros una mayor obligación para con Chile y los chilenos? Con franqueza, sí. La tenemos en cuanto nuestro deber de autoridad conlleva esta precisa responsabilidad.
Como parlamentarios, Chile y nuestros electores son "nuestras circunstancias", al decir de Ortega y Gasset.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿podemos conciliar ambos deberes? Yo creo que sí, porque las normas morales y las del ejercicio del poder exigen el criterio para distinguir entre la obligación particular y la general y el recto uso de nuestras posibilidades, a la luz de la capacidad del país para resolver los problemas nacionales, junto con ayudar a quienes necesitan nuestro apoyo porque están peor aún que nosotros.
El respeto a nuestra gente que no tiene otra ayuda ha de ser conciliado con el respeto al mundo más pobre que nosotros, que también es responsabilidad de otros países.
Es necesaria la sabiduría para resolver entre la obligación solidaria universal y la obligación más cercana aplicada con criterio y buen juicio, esencia del arte de gobernar. Es lo que hace el Gobierno al destinar una mínima fracción de lo que invierte en nuestros compatriotas, en el más grande presupuesto social de la historia de Chile.
Por eso debe respaldarse -y así lo hicimos- dicho proyecto. Porque estamos progresando con esa política y porque la ayuda a las Naciones Unidas es mínima en comparación con nuestro presupuesto. Los cinco millones de dólares significan 0,02 por ciento de los diez billones de pesos aplicados al gasto social.
Desde el punto de vista económico, estamos avanzando a pasos agigantados, a la luz de todos los parámetros macroeconómicos. Chile camina lenta pero decididamente a ser un país con mayor equidad social, más allá de la mala distribución de la riqueza, a la que me referiré.
Por lo tanto, es ético participar en esa cruzada. El que otros no lo hagan no nos excusa de nuestro deber solidario.
Otra de las discusiones se refiere a si la solidaridad debe ser mirada como un mecanismo de prestigio internacional.
Reconozco que es un punto válido para Chile. Hemos ganado prestigio por nuestro orden económico, por el crecimiento del comercio internacional, por nuestra palabra respetada y respetable. Hemos logrado superar la penosa dicotomía de ser objeto de presiones de una o de varias potencias. Pero también debo decir que me duele que sea necesario hacerlo en esta perspectiva, porque así el aporte chileno pierde la pureza del valor solidario y pasa a ser, desde el ángulo moralista, una suerte de "acto imperfecto" de ayuda internacional, por la intencionalidad con que algunos lo plantean.
Lo último del debate -apenas fue tratado- se refiere a cómo se paga o debe pagarse el apoyo en cuestión. ¿Es solamente un asunto de gobierno o es un asunto de la sociedad? Planteado de otra manera: en el estado actual de la economía y de la distribución de la riqueza en Chile, ¿se justifica rechazar el proyecto sólo por "las necesidades de la gente humilde" aún no satisfechas? o ¿es una manera de algunos sectores con mayor poder financiero de eludir el deber no cumplido de los grandes ingresos en un país que tiene tributos bajos, en comparación con otras naciones del mundo, y -peor todavía- mal distribuidos? Dicho de otra forma, ¿puede hacerse este alegato en contra de nuestro aporte sin mencionar dicho aspecto? Creo que no, y por eso lo traigo a colación.
Chile tiene una economía estable gracias, sobre todo, al trabajo de los empresarios productivos -debo reconocer que no lo siento así respecto de los sectores puramente financieros-; a la estabilidad política generada por un Gobierno y un Parlamento serios, y al sacrificio de sus trabajadores manuales e intelectuales, quienes han aceptado, en la primera fase de la reconciliación democrática, recibir la parte minoritaria del ingreso nacional.
En este vistazo hay hechos y cifras que nos interpelan al pensar que todo es responsabilidad del Estado y que el sector privado no tiene responsabilidad, y donde pareciera que la llamada "responsabilidad social de la empresa" -que reconozco como una idea central en los cambios de los parámetros de comportamiento del capital- es más bien un simple rótulo para salvar la conciencia bajo el expediente del pago suficiente a través de los impuestos.
Bastan las cifras ya conocidas:
-Chile tiene un bajo índice de tributación, comparado con países de similar crecimiento; y por ello somos la sociedad con más injusta distribución del ingreso en América Latina.
-El 10 por ciento de los chilenos poseen 47 por ciento de las riquezas nacionales.
-Las utilidades de las grandes empresas suben de 30 a 40 por ciento anual, con una inflación y un aumento de salarios que no superan el 5 por ciento.
-Las exportaciones de dinero chileno superan los dos mil millones de dólares a países de menor seguridad y similar utilidad.
-La generación de empresas secundarias en las grandes explotaciones de riquezas naturales es mínima, a pesar de las garantías excepcionales que se otorgan en algunas áreas. De generarse más, subiría nuestra equidad y se crearía trabajo.
-Más de cinco mil chilenos ganan sobre 5 millones de pesos líquidos mensuales -según las informaciones recogidas-, que deben compararse con un salario mínimo de 150 mil pesos. Es decir, en proporción de 1:33; de un mes a casi 3 años.
Pero cuando se extreman las cifras a las realidades más verdaderas e impactantes, vemos que algunos chilenos -al tenor de sus propias palabras- declaran un patrimonio cercano a los mil millones de dólares, que conservadoramente, colocados a una tasa de 0,4 por ciento mensual en cualquier banco, generan una renta de 2 mil 125 millones de pesos mensuales.
Si se compara esa cifra con el sueldo mínimo, de 150 mil pesos, la relación es de 1 a 14 mil 166; o sea, casi 1.180 años.
¡Ni la más fecunda imaginación permite una diferencia tan brutal, y a mi juicio inmoral, pues debemos remontarnos 57 generaciones y más allá del anterior milenio!
Por ello, acudir a la justicia distributiva para reclamar la acción del Estado sin reconocer la obligación del mundo privado en esos niveles me parece inconsecuente, pues implica desconocer la visualización de la economía al servicio de la persona humana.
Dicho en una pregunta final: ¿Es legítima esa ganancia o se trata sólo de una mezcla de usura disfrazada y de anatocismo legal llevado a cabo usando distintas fórmulas que lo encubren? Todo -insisto-, en un bajo promedio de tributos. Porque las informaciones económicas demuestran que Chile no figura entre las naciones con más alta tributación, ni siquiera de América Latina.
Un análisis del alegato reciente abre cifras, hechos y requerimientos que dejan al desnudo el capitalismo salvaje de nuestra economía y la carencia absoluta de equidad.
Un punto como el discutido en el Senado tiene otras dimensiones que están en el debate diario del país.
Dicho con claridad, las cifras evidencian que el modelo capitalista que nos rige no resiste más y debe ser corregido.
A veces -debo reconocer- produce una ternura casi malsana ver a las grandes instituciones financieras preocupadas de los pobres desde los mil años que separan sus ingresos de los de aquellos que sufren esas diferencias.
Por ello, tal vez sea el momento de pedir a mis colegas del Senado y al Gobierno que, junto con implementar otras medidas que hemos planteado de manera reiterada, hagamos la gran reforma tributaria que requerimos, que sea justa en cuanto a lo que se gana y en un adecuado nivel económico.
Así lo esperamos.
He dicho.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- El Comité Mixto no hará uso de su tiempo.
El turno siguiente corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.


DEFICIENCIA EN DESEMPEÑO DE ABOGADOS DE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO EN COQUIMBO. OFICIOS

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, ayer se efectuó la audiencia de preparación del juicio oral en Coquimbo, a raíz de la denuncia que presenté contra el Alcalde de esa ciudad, Pedro Velásquez, por fraude al Fisco por más de 350 millones de pesos.
En dicha instancia, el juez de garantía rechazó la petición del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a adoptar medidas cautelares sobre los bienes del alcalde a fin de asegurar, en caso de que se constate el fraude, que efectivamente ese dinero se restituya a la Municipalidad.
Lo que llama la atención es que ese magistrado no aceptó la solicitud, básicamente, porque la presentación del Consejo contenía errores de forma inexcusables tratándose de abogados que representan a esa institución. De hecho, no se explicitó el avalúo de los bienes sobre los cuales se pretendía constituir medidas precautorias.
Por ello, obviamente, la petición tiene que ser rechazada. Porque si el daño fuera, por ejemplo, de 200, no cabría solicitar una medida cautelar respecto de mil. Debe existir proporcionalidad entre el perjuicio y el valor del bien sobre el cual ha de recaer la medida.
En su presentación, los abogados del Consejo de Defensa del Estado no mencionaron las cifras relativas al avalúo de los bienes del alcalde. Tampoco explicitaron qué peligro implicaba la demora en resolver sobre las medidas precautorias.
Esos requisitos son tan evidentes y elementales en una presentación de este tipo que, sencillamente, uno no entiende por qué no se cumplieron.
Señor Presidente, hay otra demanda similar, en la que de alguna manera hemos estado interviniendo pues nos hicimos parte, por un hecho ocurrido en la provincia de Choapa, hace cinco años. Me refiero a la denuncia contra el ex Gobernador Julio Rojos, por desvío de fondos del Programa de Generación de Empleos (PGE) para pagar a activistas que trabajaron en la campaña de la Diputada Adriana Muñoz. Las diligencias se encuentran en sus fases finales y en las próximas semanas se efectuará el juicio oral.
Nuestro abogado siempre ha tenido la impresión de que los profesionales del Consejo de Defensa del Estado -los mismos de Coquimbo-, parecen más bien defensores del imputado que acusadores.
En el caso del Alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez, se ha señalado -no me consta- que esos profesionales, o uno de ellos -no lo tengo claro-, se pasean "como Pedro por su casa" por la oficina del abogado defensor, Ramiro Moya. Constantemente se los ve juntos.
Señor Presidente, solicito que se envíe copia de mi intervención al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Carlos Mackenney, para que tome conocimiento de esta situación.
En la Cuarta Región existe una muy mala impresión respecto de la calidad de los referidos abogados. No hay antecedentes de que hayan intervenido en juicios importantes de manera acertada; de que realizaran diligencias valiosas o de que estén al tanto de las investigaciones. En la querella contra el Alcalde de Coquimbo, es notorio que ni siquiera se acercaron al señor fiscal para enterarse en detalle de las acusaciones. Además -como dije-, fueron tan elementales las fallas en la presentación que hicieron, que a uno le da pábulo para pensar mal.
Por eso, ayer en la prensa señalé que iba a pedir la remoción de esos abogados, lo que materializo mediante esta intervención aquí en la Sala.
El Consejo de Defensa del Estado es un organismo de mucho prestigio y debe mantener esa calidad, no solamente en Santiago, sino también en las Regiones. A mi juicio, los profesionales que representan a este organismo en la Cuarta Región no contribuyen a mantener en alto ese prestigio, como debieran hacerlo.
Finalmente, señor Presidente, solicito que también se mande copia de esta intervención al Presidente del Colegio de Abogados.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, adhiero a esos oficios.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Prokurica.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el turno del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.


FALLO DE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE PROBLEMAS DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. OFICIOS

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, esta semana -y gracias a la presentación del ex Diputado Arturo Longton- la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por violar el derecho al acceso a la información pública contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte constató las prácticas estatales de reserva al señalar que "los funcionarios públicos no responden efectivamente a las solicitudes de información". Por ello, no sólo obliga al Estado a entregar la información requerida por las víctimas, sino que además ordena realizar cambios normativos y suprimir las prácticas de los órganos estatales que violen esta garantía. Al respecto, señala que "Chile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado".
Señor Presidente, la verdad es que en nuestro país ha habido un rico debate sobre este tema. De hecho, aprobamos una reforma constitucional donde se dispone que todos los actos y resoluciones del Estado son públicos, excepto los relativos a algunas materias, cuyo carácter privado o secreto deberá establecerse mediante una ley de quórum calificado.
Sin embargo, a pesar de tales disposiciones, todo sigue igual o casi igual. Daré sólo algunas cifras.
En esta Corporación, los Senadores habitualmente amenazamos con no dejar entrar a la Sala a los Subsecretarios y a los asesores de los Ministros, como única forma de presionar para que nos contesten los oficios.
En el periodo de enero a mayo de 2005, de 362 oficios enviados, 45,4 por ciento fueron contestados; o sea, sólo 164. Entre junio de 2005 y enero de 2006, se enviaron 594 oficios y se respondieron solamente 267, o sea, 44,95 por ciento.
No dispongo de la información hasta el momento actual, señor Presidente. Pero puedo decir, en lo que a mi caso se refiere, que hace tres meses -¡tres meses!-, junto al Diputado señor René Aedo, le pedí personalmente al Presidente Ejecutivo de CODELCO que me proporcionara el informe de una empresa australiana sobre la base del cual se tomó la decisión de cerrar la División El Salvador. ¡Hoy -y lo digo con gran irritación, porque le debo respeto a mi cargo de Senador- me ha respondido mandando un resumen ejecutivo del texto!
Deseo consignar que entiendo los informes completos. No es necesario que me envíen resúmenes.
¡Me encuentro cansado de estar rogando a empresas del Estado cuyos titulares -el Presidente Ejecutivo de CODELCO, el Presidente de BancoEstado, el de Televisión Nacional- siguen manteniendo demandas de mera certeza! ¡Hasta cuándo seguimos "lavándonos la cabeza" de que somos un país transparente, en circunstancias de que no es así! ¡Aprobamos reformas constitucionales, aprobamos leyes, y nadie las cumple¿!
Por mi parte, me opondré a que entren a la Sala los subsecretarios. ¡Y ahora sí que lo cumpliré! Ya le advertí a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional, quien se hallaba aquí, que no quería hacerla pasar un mal rato.
¡Pero lo que he expuesto no lo aceptaré, señor Presidente! ¡Hasta cuándo¿! ¡Se trata de la Región que represento! Le he pedido al funcionario que tenemos a cargo de CODELCO -¡es un funcionario!-, a su Presidente Ejecutivo, que nos entregue una información básica. ¡No existe transparencia para ello!
¡Y varias de estas empresas, que integran en sus directorios a ministros de Estado, mantienen todavía en los tribunales demandas de mera certeza, para no entregar antecedentes!
Por suerte, la Corte Interamericana ignora lo sucedido, porque aún no lo hemos presentado; pero, francamente, estamos haciendo el ridículo frente al mundo con un país que sigue guardando secretos respecto de cosas que no lo ameritan.
Me he impuesto en los medios de comunicación de que el Ministro señor Lagos Weber, a quien acabo de hacerle presente el mismo asunto, afirma que aquí "no hay secretismo", "que desde el 98 a la fecha -oportunidad en que Marcel Claude y Arturo Longton hicieron la presentación- ha habido una serie de cambios a la legislación para facilitar el acceso a la información. Entre ellos, la ley de probidad" y otras más. Insistió en que "el acceso a la información está garantizado constitucionalmente.".
¡Parece que esa garantía no rige para el Senado de la República ni para la Cámara de Diputados, a la que le corresponde, de acuerdo con la Carta, la facultad fiscalizadora!
Quiero formular sólo una reflexión, señor Presidente. ¿Por qué no se aplica el mismo criterio a los contribuyentes cuando el Servicio de Impuestos Internos les pide una información? ¿O el Ministro mencionado u otros le señalarán a alguno de ellos: "No mande los antecedentes, porque después veremos"?
Por el respeto de esta Institución, más allá de los colores políticos, señor Presidente, le pido a usted, que se halla en este minuto dirigiendo la sesión, que les haga llegar nuestra preocupación a los ministros de Estado, para no tener que recurrir a los tribunales internacionales a fin de que se conteste a un Senador por qué están cerrando la División El Salvador completa y existe tan poca transparencia.
Solicito que se remita mi intervención al Ministro señor Lagos Weber y se le advierta que no mande más subsecretarios a esta Corporación, porque no dejaré que entren al Hemiciclo. ¿Por qué? Porque estoy cansado de esperar que me envíen una respuesta como corresponde. No necesito que después de tres meses me despachen el resumen de un informe.
Al señor Arellano le quiero expresar que entiendo los textos completos y que si contienen algún tema que no puede dar a conocer públicamente debe plantearlo con el carácter de reservado: leeré el documento respectivo en la oficina del señor Secretario.
¡Pero, por favor, cumplan con la ley! ¡Se trata de funcionarios públicos a los que hemos nombrado para que administren nuestras empresas, no la de ellos! ¡Porque pareciera que se han adueñado, no sólo de la información, sino de las empresas completas!
Gracias.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se enviará su intervención, señor Senador, como lo ha pedido.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Deseo que al oficio pertinente se agregue también mi nombre, señor Presidente, aun cuando no comparto -y que quede así establecido- las interpelaciones formuladas, que son ajenas al tema mismo. Pero quiero que se cumpla con la ley y con el respeto por esta Corporación, cualesquiera que sean el Gobierno y el Senador de que se trate.
Eso es todo.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- ¿Usted también adhiere, Honorable señor Navarro?

El señor NAVARRO.- En el mismo y exacto sentido de las expresiones de quien me acaba de anteceder en el uso de la palabra.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Prokurica, conforme al Reglamento, con las adhesiones de los Senadores señores Ruiz-Esquide y Navarro.

El señor NARANJO (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:10.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción