REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 354ª

Sesión 46ª, en miércoles 30 de agosto de 2006

Especial

(De 12:20 a 14:9)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,

Y HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL

SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,

Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Alvear Valenzuela, Soledad

--Arancibia Reyes, Jorge

--Ávila Contreras, Nelson

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Chadwick Piñera, Andrés

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Espina Otero, Alberto

--Flores Labra, Fernando

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--Gazmuri Mujica, Jaime

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Horvath Kiss, Antonio

--Kuschel Silva, Carlos

--Larraín Fernández, Hernán

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Longueira Montes, Pablo

--Matthei Fornet, Evelyn

--Muñoz Aburto, Pedro

--Muñoz Barra, Roberto

--Navarro Brain, Alejandro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Ominami Pascual, Carlos

--Orpis Bouchón, Jaime

--Pérez Varela, Victor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Romero Pizarro, Sergio

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Vásquez Úbeda, Guillermo

--Zaldívar Larraín, Adolfo

Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes; del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade Lara, y Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz Pollmann. Asisten, asimismo, la Subsecretaria de Previsión Social, señora Lissete García Bustamante y la Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, señora Solange Berstein Jáuregui.

Actuaron de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Secretario subrogante, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 12:20, en presencia de 19 señores Senadores.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. ORDEN DEL DÍA

SISTEMA PREVISIONAL

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La presente sesión ha sido convocada para debatir sobre el sistema previsional.

Ofrezco la palabra.

El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, Su Señoría.

El señor GARCÍA.- Deseo consultar qué Ministros fueron invitados.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El de Hacienda y el de Trabajo y Previsión Social, a los que se suman la señora Solange Berstein Jáuregui, Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones, y el señor Mario Marcel, quien se excusó de asistir.

Solicito la autorización de la Sala para que ingrese la señora Lissette García Bustamante, Subsecretaria de Previsión Social.

--Se accede.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, lo primero que deseo expresar es que me alegro de que podamos celebrar esta sesión especial, dado que luego del informe que la Comisión Marcel entregó a la Presidenta de la República el Ejecutivo se halla en el proceso de elaboración del proyecto de ley que pronto veremos en el Congreso Nacional. Por ende, estamos en el momento preciso para formular algunas observaciones o puntualizaciones, de modo que cabe agradecer la presencia de los señores Ministros y la señora Subsecretaria.

Pienso que en Chile enfrentamos hoy un gran desafío. La Presidenta Bachelet ha señalado que la reforma del sistema previsional es la realización por la cual espera que sea recordado su Gobierno.

Dicho esquema tiene un vicio de origen por el contexto político en que se puso en marcha. Los 16 años de Gobiernos democráticos, incluidos dos encabezados por democratacristianos, han ido gradualmente perfeccionando el modelo, y lo que ahora corresponde implementar es la más profunda reforma en 25 años, para hacerlo más justo, inclusivo y eficiente.

¿Qué entendemos por sistema previsional? Un conjunto de subsistemas, al que algunos han denominado "pilares": un primer pilar solidario, administrado por el Estado; un segundo pilar de capitalización, administrado en su fase de acumulación por las administradoras de fondos de pensiones, pero que en la fase de desacumulación es manejado principalmente por compañías de seguros de vida; un tercer pilar de ahorro previsional voluntario; un cuarto pilar que es el sistema administrado por el Instituto de Normalización Previsional, y un quinto pilar constituido por el subsistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El desafío, entonces, es reformular la combinación de estos pilares, con el objetivo de entregar más y mejores pensiones a los adultos mayores y corregir las inequidades y fortalecer el carácter inclusivo y solidario que debe tener el esquema de protección social que está gradualmente siendo diseñado.

El sistema presenta falencias. La principal de ellas es que la estructura de su pilar solidario no es apropiada para la realidad del mercado del trabajo: muchos chilenos no alcanzan los requisitos para la pensión mínima, y la asistencial no cuenta con todos los recursos necesarios. Persisten beneficios discriminatorios palpables por la nueva realidad de las familias: más mujeres trabajan, más mujeres son jefas de hogar, más mujeres dirigen hogares monoparentales. No existe un reconocimiento al rol social de la maternidad.

Asimismo, existe una creciente concentración del manejo de los ahorros previsionales, y las comisiones pagadas por los afiliados, sin duda, pueden ser menores que las actuales.

Esto refleja un problema de organización industrial que es necesario corregir.

El gobierno corporativo del sistema no condice con el grado de avance de nuestra democracia.

Finalmente, en el ámbito financiero, el régimen de inversiones está pensado para un sistema atrasado que es preciso modernizar para maximizar la rentabilidad, además de darle nuevas herramientas al sector financiero para que aporte al desarrollo productivo, dentro de la estrategia pro equidad en que estamos comprometidos los democratacristianos.

Muchos de los problemas del sistema previsional se originan en el mercado del trabajo. Es necesario adaptar el primero al mercado laboral real en Chile: densidades de cotización menores que las esperadas, gran rotación laboral, alta incidencia del trabajo independiente, fuertes discriminaciones contra la mujer, elevados índices de desempleo juvenil.

Sin embargo, la sola adaptación no será suficiente, pues también es crucial asumir más adelante una agenda laboral que disminuya el desempleo, mejore la calidad de los empleos y permita incrementar los salarios.

Las reformas previsionales son complejas y no siempre pueden ser aprobadas en su integridad. Muchos países han debido congelar sus procesos por la incapacidad para armar los consensos necesarios. Esto ocurrió durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva, quien propuso una reforma al sistema antiguo que, lamentablemente, no prosperó.

El país identifica a la Democracia Cristiana con la capacidad de darle gobernabilidad a Chile. Eso significa proponer cambios de fondo, viables y eficaces para solucionar los problemas de nuestros conciudadanos. Nuestro partido se la jugará para que, hacia el final del Gobierno de la Presidenta Bachelet y para coronar su éxito, se cuente con un nuevo sistema previsional.

Explicitaré, señor Presidente, las propuestas y medidas en que hemos estado trabajando con miras a dicho objetivo.

Primero, pensión básica universal. Creemos que ésta es la principal medida de la reforma. Aspiramos a que tal beneficio, definido como un piso a partir del cual cada persona agrega a su ahorro individual aportes decrecientes del Estado, en función de la capacidad de autofinanciar pensiones mayores con un determinado tope, sea realidad apenas se apruebe la ley. Los dos parámetros mencionados por la Comisión Presidencial: un piso de 75 mil pesos y un tope de pensión autofinanciada de 200 mil pesos, deben alcanzarse, como máximo, para el Bicentenario.

Segundo, daño previsional. Dada la realidad de los trabajadores públicos actuales y la necesidad objetiva de que muchos de ellos jubilen, entre otras cosas para dar espacio en la planta a fin de que se pueda regularizar la situación de las personas que hoy no cotizan, se requiere viabilizar la propuesta del ex Presidente Lagos e incrementar el monto del bono.

Tercero, trabajadores independientes. El camino más razonable combina una larga transición, que comienza con la voluntariedad inducida, sigue con una incorporación gradual de la obligatoriedad y termina con la equiparidad completa con los trabajadores dependientes.

Existen tres etapas sancionadas por ley:

-Hasta el año cinco, mecanismo voluntario por defecto. Es decir, proposición de una cotización a la persona y que ésta deba manifestar explícitamente lo contrario en la declaración anual de impuestos o en el pago de patente. Se sugiere una cotización por el equivalente de doce ingresos mínimos, pero con cobertura de la Ley sobre Accidentes del Trabajo, del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y de la Asignación Familiar.

-Entre los años cinco y diez, proponemos un incremento gradual de la cotización, en razón de dos por ciento al año. Se accede a los beneficios del punto anterior en proporción a las contribuciones.

-Desde el año diez, obligatoriedad total.

Cuarto, competencia entre las administradoras de fondos de pensiones.

En cuanto a la licitación, estimamos necesario crear un mecanismo más ambicioso de licitación de grupos de afiliados que mezcle voluntariedad, inducción y selección de los trabajadores jóvenes. Conviene que contemple que el trabajador puede desafiliarse de la administradora que gane la licitación, la cual debe ser por precio. Y el mecanismo ha de ser compatible con estándares elevados de excelencia y seguridad en las inversiones.

Con relación a la subcontratación de funciones, creemos que ella se debe permitir a las administradoras respecto de proveedores externos, de modo que puedan ser competitivas en tamaños menores.

Y respecto a la entrada de nuevos actores, es preciso, junto a la creación del mecanismo de licitación de afiliados, una constante preocupación por el control de los conflictos de interés, con una política explícita de evitar la mayor concentración del mercado financiero y con el objetivo de salvaguardar la naturaleza del bien previsional.

En el mismo sentido, otra interrogante que debemos solucionar es la creación o no de una administradora estatal. Si permitimos la entrada de los bancos en ese terreno, también deberemos definir si se abre o no al BancoEstado la posibilidad de crear una administradora de fondos de pensiones.

Quinto, las comisiones. La estructura de precios en el sector previsional debe ser extremadamente simple. Así, estamos por eliminar la comisión fija, que, además, se cobra del saldo individual. Ésta es regresiva, y varias administradoras, a lo largo de la historia, no han recurrido a ella.

Sexto, bono de maternidad y por cotizaciones tempranas para jóvenes. Proponemos que dichos bonos se incorporen a la cuenta individual, no como lo planteó la Comisión Presidencial. Deberán estar exentos de cobro por administración.

Séptimo, participación de los trabajadores. Estimamos necesario crear un Consejo de Afiliados al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones y tomar como referencia el Comité de Usuarios del Seguro de Cesantía, tanto respecto del número total de miembros (7) como de sus atribuciones. Se sugiere que cada una de las tres centrales sindicales con mayor representatividad entre los afiliados al sistema de administradoras de fondos de pensiones designe un representante, a los que se agregarán cuatro nombrados por el Primer Mandatario, uno de los cuales -un académico de prestigio- sería su Presidente.

Octavo, elección de directorios en las empresas en las que las administradoras invierten el ahorro de los trabajadores. Planteamos que los fondos de pensiones sigan eligiendo directores en las empresas en que poseen acciones, pero que no sea la administradora la que los designe. Una empresa de recursos humanos licitada buscará los mejores en nombre de los fondos de pensiones. La administradora podrá pronunciarse sobre la idoneidad de la persona.

Noveno, régimen de inversión de las administradoras de fondos de pensiones. Proponemos modernizar la forma como esas entidades efectúan sus inversiones y mejorar el plano de control de riesgos. Sujeto a ello, el límite de inversión en el extranjero puede ser incrementado. Sin embargo, dado el tamaño de los fondos, es crucial crear nuevos vehículos para que las administradoras puedan financiar más actividades, en particular en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

La Central de Garantías Recíprocas facilitará, mediante la constitución de sociedades de giro exclusivo para administrar garantías, que las empresas puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento. La iniciativa se encuentra en el Senado y requiere que se le imprima renovado apoyo político.

Pensamos que deben existir bonos de bajo grado de inversión. Las pymes normalmente tienen una vida económica corta. Muchas de ellas no llegan más lejos por problemas de financiamiento. Por ello, sus eventuales títulos de deuda no son grado de inversión, y, por lo tanto, no son "aefepeables". La idea es que se permita a las administradoras de fondos de pensiones comprar e invertir en cuotas de fondos de inversión, que, a su vez, inviertan en este tipo de bonos o directamente en bonos con clasificación de riesgo inferior a grado de inversión.

Nos parece que ésta es una más de las medidas que debemos fortalecer para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Con relación a la securitización y el factoring, las administradoras deben poder adquirir bonos emitidos directamente o a través de fondos de inversión que les permitan financiar crédito comercial. Esto requiere modificar aspectos de la legislación bancaria, para favorecer este tipo de operaciones.

Finalmente, sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden. El Gobierno estudia una reforma que incluye una modificación de la carrera militar. Planteamos lo imperativo que resulta que el tema esté incluido en su agenda y que al menos se aclare que se abordará la situación durante la tramitación de la reforma previsional, lo que debe incluir la eliminación de privilegios lógicamente innecesarios hoy día y la racionalización del gasto.

No se trata de que dicho proyecto se envíe en conjunto con la reforma al sistema civil, pero sí que se aclare cuándo se va a presentar.

Me parece que tenemos en las manos un asunto de gran trascendencia y que en 10 ó 20 años más se mirará lo que hemos hecho, por lo que se nos juzgará. Debemos actuar con grandeza y con propuestas claras y precisas de lo que queremos para Chile en una materia tan sensible como es el sistema previsional.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, considero que la decisión adoptada por el Gobierno en el sentido de hacer de la reforma previsional la reforma fundamental -quizás la esencial en el período- es totalmente acertada.

Llevamos 16 años de transición a la democracia y 25 años de funcionamiento del sistema. Y por primera vez se ha abierto una discusión sobre las cuestiones más sustantivas involucradas en éste.

No me cabe la menor duda de que el debate sobre la reforma previsional presenta muchas complejidades técnicas, requiere muchos conocimientos, ofrece muchas aristas; pero, finalmente, también es político, en el sentido más amplio de la palabra, y tiene que ver con un modelo de sociedad.

En definitiva, de lo que se trata es de saber si corresponde tener un sistema en donde se refleje simplemente la historia laboral de cada persona o uno que incorpore también un componente solidario importante. Claramente, quiero decir que soy partidario de la segunda opción.

No me parece correcto, decente, humano, un país donde lo que hace el sistema previsional es simplemente reflejar la historia laboral individual. Para muchas personas, independientemente de su voluntad, ello refleja bajas remuneraciones, precariedades, y, por tanto, acumulación de muchas lagunas previsionales. No creo que sea justo que alguien que ya ha tenido una historia laboral difícil termine condenado a una vejez indigna, llena de privaciones.

Desde ese punto de vista, estimo que, esencialmente, éste es un debate sobre un modelo de sociedad: si existe la posibilidad de incorporar un componente solidario que corrija la historia laboral de las personas, o si cada cual tendrá que valerse por sus propias uñas.

Considero importante, sobre esa base, lo realizado por la Comisión Asesora Presidencial, dirigida por Mario Marcel. Cuando uno revisa el informe y sus distintos anexos, no puede menos que reconocer que contienen una acumulación de material muy relevante para fundamentar la discusión.

Espero -quizás ésta es mi primera petición- que el o los proyectos correspondientes lleguen lo antes posible al Parlamento.

Las discusiones sobre reforma previsional son siempre complejas, señor Presidente. Creo que se debe ser realista, en el sentido de que habrá un debate que va demorar mucho. No conozco ningún Parlamento que se haya abocado a una reforma previsional importante y que la hubiese resuelto con éxito en breve lapso. Los tiempos -para decirlo con mucha franqueza- se miden más bien en años que en meses. Y, por ende, mientras antes lleguen los proyectos, tanto mejor, porque, aunque no tengamos iniciativa en este campo, una cosa es cómo ingresan al Congreso y otra distinta cómo salen.

Respecto de esta materia, al término de mi intervención, me referiré a algunas propuestas. Pero quiero hacer un comentario crítico al informe en cuanto a un punto que a mí me parece bastante básico, que dice relación al diagnóstico.

Yo, francamente, no entiendo -o lo que entiendo no me gusta- una afirmación muy fundamental hecha en el informe cuando se señala que el actual sistema previsional, de capitalización individual, no se encuentra en crisis.

Si uno se ubica en la perspectiva de un sistema destinado a alimentar el mercado de capitales, estoy de acuerdo. Pero me parece que ésa no es la óptica.

Es efectivo que tenemos un sistema que hoy día ha acumulado cerca de 80 mil millones de dólares, que financia una cantidad importante de grandes sociedades y que permite que el 30 por ciento de éstas cuente con un número significativo de inversiones en el exterior.

Pero yo me pregunto si ésa es la óptica para analizar el sistema. Creo que no. Pienso que éste debe ser examinado desde la perspectiva de la seguridad social y no esencialmente desde la del mercado de capitales.

Desde ese punto de vista, el sistema presenta una cantidad muy grande de problemas, que son más o menos conocidos. Y los repetiré muy rápidamente.

Primero: más del 40 por ciento de la población activa del país está fuera del sistema.

Segundo: de entre los que pertenecen a él, a alrededor del 50 por ciento no le alcanza para obtener la pensión mínima.

Tercero: sus costos de administración son altos, pues más del 20 por ciento de lo que cotizamos sirve para financiar las administradoras; no redunda en beneficios previsionales.

Cuarto: se podría decir que es caro, pero que es barato para el Estado. Y eso no es cierto, porque también hay un alto costo fiscal.

Sumando las distintas cosas que están involucradas en el sistema previsional chileno, sumando los costos previsionales ¿costo fiscal- de los sistemas que imperan en el país, tenemos que año a año en el Presupuesto de la nación hay que financiar más de 5 puntos del producto, cerca de 6, para pensiones asistenciales, la garantía de la pensión mínima y, a su vez, el déficit previsional de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, es un sistema de alto costo fiscal.

Quinto: se ha dicho que es extremadamente machista, por cuanto ocho de cada diez mujeres se encuentran fuera de él.

Sexto: al revés de lo que se expresó, cada vez resulta menos competitivo. Hubo en algún momento más de veinte administradoras de fondos de pensiones, pero hoy día sólo tres concentran el 80 por ciento de la cartera de afiliados.

¡No me digan que se trata de un sistema altamente competitivo!

Por último, el sistema también se ha prestado para que, con cierto sesgo ideológico, se generen mecanismos de mayor concentración del poder económico en manos de unos pocos, que es un gran problema de la economía y de la sociedad chilenas.

Considero que, desde la perspectiva de la seguridad social, un sistema que tiene esos problemas se encuentra en una profunda crisis y requiere una modificación de gran envergadura.

Por eso, no me parece pertinente la afirmación de la Comisión Asesora en el sentido de que el sistema no está en crisis. Yo creo que, desde el punto de vista de la seguridad social, sí se halla en crisis y necesita un cambio muy profundo.

En relación con las modificaciones que se proponen, deseo manifestar lo siguiente.

A mi juicio, el aspecto más fundamental que se plantea es el relativo a la pensión básica universal. Estimo que es una buena propuesta. En este sentido, comparto lo señalado aquí y lo expresado por la Senadora señora Alvear en cuanto a que debemos hacer todos los esfuerzos para que tal beneficio pueda comenzar a pagarse en la perspectiva del Bicentenario, antes del término del período gubernamental de la actual Presidenta. Sostener que va a haber una pensión básica universal con la condición de que por razones de financiamiento comenzará a pagarse el año 2025, francamente, es desnaturalizar por completo todo el esfuerzo que se está haciendo.

Y quiero decirlo con total claridad: que se establezca la pensión básica universal, pero que ella se pueda pagar durante este período gubernamental, haciendo todo lo necesario -creo que hay que revisar bien los números- para ver cómo se garantiza su entrega.

Por otro lado, creo fundamental generar más competencia en el sistema, para lo cual es necesario incorporar otros actores, con los debidos resguardos. Están los bancos y las compañías de seguros, y me parece muy importante la participación de un actor público.

Sobre el particular, quiero manifestar algo sin ambigüedades. Si el día de mañana el BancoEstado, que tiene ocho millones de cuentas de ahorro y sucursales en todos los rincones del país, puede operar como administradora de fondos previsionales, yo no sólo estaría de acuerdo con ello, sino que ese mismo día me cambiaría de administradora. Pienso que serían muchos los chilenos dispuestos a tener una administradora en la que hubiera menos señoritas promotoras y minifaldas, pero mayores beneficios.

El señor LARRAÍN.- ¡No haga discriminación de género, señor Senador¿!

El señor OMINAMI.- Estoy convencido de eso: de que una institución como el BancoEstado puede hacer un aporte muy importante al mejoramiento de la competencia y de la eficacia del sistema.

De otro lado, me parece también correcto el planteamiento de separar funciones. Esto se hace en otros países. Una cosa es la recolección de recursos y otra distinta la administración de ellos.

En tal sentido, estimo que debería haber el máximo de competencia en todo lo relacionado con la administración de los fondos. El modelo sueco es así. Pero podría haber algo bastante más barato y eficiente en materia de recolección de recursos.

Señor Presidente, un tema importante que, a mi juicio, no está suficientemente bien abordado en el informe dice relación a los incentivos para los trabajadores independientes. Al respecto, quiero decir lo siguiente. Si no me equivoco en los números, hoy día el ahorro previsional voluntario representa un costo fiscal del orden de 200 millones de dólares al año. Ésa es la magnitud de la franquicia tributaria que se entrega para ese tipo de ahorro.

¿A quién favorece? A nosotros. Probablemente, todos los que estamos aquí tenemos ahorro previsional voluntario.

El señor ÁVILA.- ¡No¿!

El señor OMINAMI.- O, mejor dicho, buena parte de los presentes hacemos ahorro previsional voluntario, porque es una franquicia en extremo generosa. Reitero: el APV significa un costo fiscal de aproximadamente 200 millones de dólares al año.

En mi opinión, es evidente que se requiere algo -no exactamente el mismo sistema de ahorro previsional voluntario, porque la gente pobre no paga impuesto a la renta- que tenga un costo fiscal semejante para promover el ahorro previsional de los trabajadores independientes. Por ejemplo, mediante la vía del ingreso de los bancos, serían factibles mecanismos que permitieran transformar las cuentas de ahorro voluntario en cuentas de ahorro previsional, mediando un incentivo de costo fiscal, como ocurre en la actualidad.

También creo que es necesario resolver lo relacionado con la participación de los trabajadores. Que quede claro: los fondos no son de las administradoras, sino de todos los chilenos. Desde ese punto de vista, me parece que se deben generar elementos de participación para los afiliados y establecer procedimientos de transparencia, particularmente en la designación de los directores de las AFP. No es admisible que ellos sean nombrados mediante sistemas no estipulados con claridad. Señor Presidente, hace mucho tiempo que vengo proponiendo la constitución de un registro; vale decir, que se establezca que para ser director de una administradora de fondos previsionales se debe cumplir con determinados requisitos de idoneidad y de competencia técnica. Así, las AFP necesariamente deberían elegir a sus directores de ese registro. Si una escoge a un director con un sesgo ideológico, allá ella. Pero que no se diga que no tenían otras opciones.

Considero perfectamente posible constituir ese registro, el cual daría más transparencia al sistema.

Se han hecho algunas proposiciones sobre la materia. Pero extendería en exceso mi intervención si entrara a analizar el conjunto de las que están dando vueltas. Lo más importante en esto es que la pensión básica universal se comience a pagar antes del año 2010.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, más que hacer una crítica al actual sistema o a la proposición de la Comisión Marcel, queríamos plantear algunas dudas y preocupaciones, que quizás todavía no tienen respuesta, pero respecto de las cuales podemos conversar antes del envío del proyecto de ley pertinente.

Se habla de una pensión universal, y a todos nos suena estupendamente bien que pueda existir. Pero en el cuadro siguiente deseo dar algunos ejemplos.

En él se plantea el caso de un matrimonio con una remuneración mínima y donde sólo trabaja uno de los cónyuges. Su ingreso bruto es de 135 mil pesos, siendo el líquido de 108 mil, porque las cotizaciones suman 27 mil pesos. Las pensiones que obtendrían sin nunca haber cotizado serían de 75 mil cada uno. O sea, la pareja percibiría 150 mil pesos.

En cambio, si el marido cotiza, su pensión sería de 133 mil pesos -en seguida informaré cómo se llega a esa cifra-, que, sumados a los 75 mil de su cónyuge, alcanzan a 208 mil pesos. Los 133 mil corresponden al 70 por ciento de la remuneración (en el supuesto de que se ha cotizado durante toda la vida laboral y se recibe una pensión cercana al 70 por ciento, es decir, 94 mil pesos), más lo que resulta de restar a 75 mil el producto de 0,376 por 94 mil. Ésa es la fórmula que aparece en el informe de la Comisión Marcel. Entonces, la pensión completa de la familia en este caso sería de 208 mil pesos.

Hay varios elementos que llaman la atención.

En primer lugar, si ninguno de los dos cónyuges cotizara, como pensionados percibirían más que cuando se encontraban en servicio activo. Primera cosa rara. En efecto, se les darían 150 mil pesos; o sea, 50 por ciento más de lo que ganan en términos líquidos. Pero, si cotizan, obtienen sólo 58 mil pesos más.

Entonces, la pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿Alguien estaría dispuesto a que le descuenten como cotización 27 mil pesos todos los meses, de por vida, para obtener ese adicional? Recordemos que, como indigente, al no cotizar, una persona tiene acceso gratuito a la salud. O sea, no sólo ahorra 27 mil pesos, sino también cualquier costo de copago en FONASA.

Si sucede eso, el único incentivo de los trabajadores con contrato de trabajo será la indemnización por años de servicio, porque mi impresión es que no les va a interesar la cotización. No les atraerá que les quiten 27 mil pesos todos los meses para recibir un pequeño adicional. Pero, además, ese monto tendrán que integrarlo durante la época en que menos ganan, que es la activa. Porque, en la pasiva, ambos perciben su pensión y, por lo tanto, los ingresos del hogar aumentan. En consecuencia, son más pobres cuando él se encuentra activo. Y en esa época le van a descontar el 20 por ciento para darle después, si llega vivo, una pensión.

Nos preocupa en este caso que eso pueda dar origen a diversos grados de informalidad en el mercado laboral. En este momento, generalmente, el trabajador solicita el contrato de trabajo. Con esto puede suceder que pida que por favor no le coticen, con lo cual se pasará a la informalidad total, con todos los problemas que eso conlleva, como el no pago de impuestos, etcétera.

En el caso 2, tenemos que en el matrimonio A ambos obtienen salario mínimo. Por otra parte, en el matrimonio B, uno de los cónyuges trabaja y gana 270 mil pesos brutos. El ingreso líquido del hogar del caso A es de 216 mil pesos, equivalente al 80 por ciento del salario mínimo, sumados ambos sueldos. La entrada líquida del hogar B también es de 216 mil, que corresponden al 80 por ciento del salario bruto de 270 mil pesos.

Las pensiones del caso A serían de 94 mil pesos -que habíamos visto en el ejemplo anterior- multiplicadas por 2, más un subsidio de 39 mil 600 pesos, también multiplicado por 2. Es decir, llegamos a un monto total de 267 mil pesos. En el caso B, la pensión sería de 267 mil 900 pesos, o sea, prácticamente igual a las otras. Pero, ¡ojo!: el subsidio del primer caso suma 79 mil pesos, y el del B, 78 mil, cantidad muy cercana a los 79 mil.

Sin embargo, ¿Sus Señorías estiman comparable la situación de dos personas que se sacan la mugre, trabajando para ganar el salario mínimo, a la de un señor casado que trabaja sólo él y que percibe el doble del salario mínimo? ¿Piensan que es la misma? ¿Creen, de verdad, que merecen el mismo subsidio estatal?

Considero que una trabajadora que gana el salario mínimo hace un esfuerzo enorme. Y me parece raro que el hogar de una mujer cuyo marido percibe el doble que el otro caso reciba un subsidio al final exactamente equivalente. Yo por lo menos pienso que una persona que gana el salario mínimo probablemente tiene menos educación, menores oportunidades y más problemas y que, por lo tanto, debiera recibir más del Estado que otra que, en el fondo, nunca hizo el esfuerzo de trabajar y cuyo marido podía acceder a un sueldo más alto.

En el número 3, el caso A corresponde a un trabajador soltero que gana el mínimo, y el B, a una pareja en que, pese a que trabaja uno solo, percibe 500 mil pesos, permaneciendo todavía en el tercer quintil; es decir, en el 60 por ciento más pobre de la población.

La pensión del caso A, del trabajador soltero, está constituida por los 94 mil pesos de los que hemos hablado -que es el 70 por ciento del salario mínimo-, más, en esta hipótesis, un subsidio de 39 mil 600 pesos. Si se aplica la fórmula, llegamos a un total de 133 mil pesos.

La pensión B es de 425 mil pesos, suma que resulta de los 350 mil pesos que percibiría el hombre como pensión de la AFP, más los 75 mil de la mujer, que nunca ha cotizado.

Entonces, a un trabajador que siempre ha ganado el mínimo el Estado le entrega un subsidio de 39 mil 600 pesos; y, en cambio, el señor que percibía 500 mil pesos, termina con un subsidio de 75 mil. Yo no sé si eso les parece razonable a los señores Senadores. A nosotros, no. Estimamos que un subsidio de 75 mil pesos a la señora de alguien con un sueldo de 500 mil pesos es bastante fuerte. Más todavía si se compara con el que recibiría el trabajador que obtiene el salario mínimo, después de haberse sacrificado durante toda su vida laboral.

Hago presente a Sus Señorías que en los supuestos examinados he aplicado estrictamente la fórmula contenida en el informe de la Comisión Marcel. Y no estoy haciendo críticas, ni señalando que ello sea inaceptable. Sólo queremos mostrar que la pensión universal tiene sus complejidades. Hay que analizarla. Es necesario precisar si se otorga a nivel de hogar o a nivel individual. Todas estas distorsiones se acabarían si el subsidio fuera a nivel de hogar, pues muchas de ellas se producen porque, en el fondo, una persona que nunca ha trabajado recibe un subsidio de 75 mil pesos.

Creo que efectivamente resulta atractiva la idea de que toda persona, por el solo hecho de cumplir 65 años y estar en uno de los primeros tres quintiles, pueda tener una pensión universal. Pero pienso que debiéramos debatir cuánto queremos premiar el esfuerzo del trabajo remunerado y el pago de cotizaciones.

Nos parece que no es el mismo caso el de una persona que ha integrado la fuerza de trabajo y ha realizado un esfuerzo, que el de otra que no lo ha hecho. La mujer que trabaja realiza una labor doble, pues cuando llega a su casa debe seguir con otras tareas. Veamos, por ejemplo, el caso de la cónyuge abandonada por su marido: tiene un trabajo casi triple.

Y entonces, ¡cómo no vamos a realizar un mayor esfuerzo para premiar a aquellos que han trabajado y cotizado!

Quizás debería existir una pensión base más alta para quien ha hecho el esfuerzo de cotizar versus alguien que siempre se quedó en la casa. ¿Queremos dar a una persona que no ha cotizado y pertenece al primer quintil el mismo subsidio que se otorga a otra que tampoco efectuó cotizaciones, pero que se encuentra en el tercer quintil? ¿Deseamos, en verdad, entregar a una dueña de casa que se halla en el primer quintil el mismo beneficio (75 mil pesos de base) que se concede a otra que está en el tercer quintil? ¿Nos parece eso algo justo, equitativo, desde el punto de vista del financiamiento del Estado?

El otro asunto que deseamos plantear dice relación al tema de más impuestos o de financiamiento a que el Senador señor Ominami nuevamente se ha referido aquí en cuanto a que el sistema se halla muy quebrado.

Las cifras -también figuran en el Informe- señalan que el déficit del sistema de pensiones en Chile se redujo de 4,88 por ciento del producto interno bruto, en 1990, a 2,8 por ciento, en 2006. Disminuyó en dos puntos del PIB.

Ello significa que el Fisco dejó de gastar casi 2 mil 200 millones de dólares por concepto de reducción del déficit.

Ahora, este 2,8 por ciento menos en gasto se desglosa como sigue: el déficit operacional del antiguo sistema bajó de 3,3 por ciento a 1,96; los bonos de reconocimiento, de 1,28 por ciento del PIB a 0,4; las pensiones asistenciales siguen en 0,35 por ciento, y las pensiones mínimas pasaron de 0 a 0,06 por ciento del PIB.

Por lo tanto, vamos despejando mitos.

Se redujo el déficit, la cantidad de plata que se debe poner, lo cual ha significado un ahorro desde 1990.

El déficit para el sistema de pensiones proyectado por la Comisión Marcel, en el fondo, muestra una baja anual sostenida de 0,1 por ciento del PIB. O sea, todos los años va disminuyendo en ese porcentaje. En 2005 el Fisco ahorró por ese concepto 105 millones de dólares. Este año lo va a hacer en aproximadamente 110 millones de dólares. Y a eso habría que sumar el aumento del IVA (600 millones de dólares) que se produjo el presente año y el incremento de la recaudación por crecimiento económico que alcanza a 750 millones de dólares adicionales. Entonces uno se pregunta: ¿necesitamos tanto que haya más impuestos?

Muchas veces en la bancada socialista hablan del aporte del empleador.

Supongamos que el sueldo es la barra que figura en el costado del gráfico. El hecho de que sea un aporte del empleador o un aporte del trabajador, desde el punto de vista económico resulta irrelevante. Porque, en ambos casos, el costo del empleador abarca la parte roja más la amarilla, y lo que recibe el trabajador es sólo la roja.

El que a la parte amarilla la denominemos aporte del trabajador o aporte del empleador, en términos prácticos, da lo mismo. Se trata de plata que debe poner este último y que no recibe aquél. Por lo tanto, constituye una especie de gravamen. En realidad es un impuesto al trabajo. Mientras más alta la tasa de cotización, más caro resulta contratar a un trabajador para una misma remuneración líquida.

El tema es ¿en verdad queremos establecer un impuesto al trabajo cuando enfrentamos un nivel de cesantía que sencillamente no cede?

En cuanto a la cotización obligatoria para independientes, creo que debemos diferenciar los tipos. Hay independientes pudientes que pagan impuestos; ahí resulta muy fácil retener.

Sin embargo, pregunto: ¿qué haremos con los otros? ¿Los obligaremos a cotizar? ¿Cómo? ¿Le quitaremos, por ejemplo, la licencia de conducir a un taxista? O sea, si éste no paga su cotización ¿no va a poder salir a trabajar? Si un pescador artesanal no entera su cotización, ¿no podrá laborar?

El Honorable señor Ominami manifestó que un 40 por ciento de trabajadores no está en el sistema. Y esos son los casos.

¿Cuál será el incentivo para que coticen si, en el fondo, apenas les alcanza para comer o para reponer su taxi? Ellos igual van a seguir afuera, a menos que el Estado esté dispuesto a pagarles la previsión.

Quiero despejar los mitos.

Los trabajadores independientes que van a empezar a cotizar con este sistema son sólo aquéllos pocos que pagan impuestos, y que hoy no imponen. Pero los pescadores artesanales, los pirquineros, los pequeños mineros, por ejemplo; es decir, la mayoría de la gente que trabaja por cuenta propia, van a seguir sin pagar. Y, por lo tanto, nada cambiará de manera significativa.

Finalmente, quiero referirme a la relación entre previsión y trabajo.

Una de las cosas que me preocupa del Informe Marcel es que da por sentado que ha cambiado el mercado del trabajo en Chile -en el fondo, hoy existen menos contratos indefinidos, más lagunas previsionales- y que, por lo mismo, hay que tener un sistema distinto.

Yo sólo quiero señalar que la forma en que funciona el mercado laboral es responsabilidad tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

Quiero hablarles de un estudio realizado por Mohamad Hammour y Ricardo Caballero donde se describe el caso de Francia.

A partir de 1968, en dicho país se redujeron las horas de trabajo de 45 a 39, se aumentaron las semanas de vacaciones de tres a cinco, se pusieron trabas al despido, aumentaron los salarios reales, se restringieron los empleos temporales y se reforzaron los sindicatos.

¿Les parece conocido?

¡Es levemente parecido a lo que hemos hecho en Chile¿!

Quiero comentarles que en Francia, tal como se lee en el cuadro, el proceso tuvo dos fases.

En la década de los setenta -inmediatamente después de que se aplicaron las medidas- crecieron rápidamente los salarios; las tasas de desempleo aumentaban pero seguían siendo bastante bajas; hubo un incremento en la participación del trabajo en el ingreso nacional, es decir, creció la "torta" que se llevaban los trabajadores a casa.

Pero en la década de los ochenta, el desempleo llegaba al 12 por ciento; disminuyó el crecimiento de los salarios reales y la participación de la "torta" del ingreso que se llevaban los trabajadores a casa fue menor que la del año 68; o sea, antes de las reformas.

En este cuadro podemos apreciar la evolución del desempleo en Francia.

Fíjense que las medidas se tomaron el año 69. ¡Y miren cuánto demoró para llegar a tasas altas¿!

Por eso nosotros decimos que las reformas laborales producen desempleo -pero viene gente acá a sostener: "No, tomamos los resguardos, no habrá ningún desempleo"-, porque las medidas económicas tienen rezagos, sus efectos muchas veces se dejan sentir una década después de haberlas tomado.

Con respecto a la evolución de las remuneraciones en el país galo, en el gráfico se muestra la tasa de crecimiento, donde la línea punteada es cero; o sea, si la variable está pegada ahí, interpretamos que no hay crecimiento ni disminución de los salarios reales.

Observen que al principio, cuando recién se aplicaron las medidas, las tasas de crecimiento de los salarios eran muy altas, pero después ya se empezaron a "pegar" a la línea cero.

El presente gráfico muestra la participación del trabajo en el ingreso nacional de Francia.

Se toman las medidas y, al inicio, crece la parte de la "torta" que se llevan los trabajadores a casa; pero después baja de 68 por ciento a 60.

Pero lo peor de todo es lo que pasa con la tasa de retorno del capital, tal como vemos en el gráfico: al principio baja, claramente, y después termina siendo mayor que antes.

Entonces, por desgracia, en lo referido a la protección de los trabajadores, habitualmente hay dos etapas.

En la primera, el capital por lo general está invertido, inmóvil; las fábricas están instaladas y no pueden alterarse sus procesos de producción específicos. Por ello, cuando se adoptan estas medidas pro trabajadores no aumenta el desempleo, pero sí el porcentaje del producto que recibe el trabajo, pues sigue el mismo número de operarios, reciben más salario, laboran menos y, por lo tanto, se llevan una mayor parte de la "torta".

¿Pero qué sucede en la segunda etapa?

Se invierte más en tecnología -que es lo que está pasando en Chile- y se automatizan procesos; se disminuye la producción de bienes que usan mucha mano de obra y, al final, el capital emigra hacia países con mercados laborales más flexibles.

¿Chile ha sido realmente inmune, como todo el mundo cree, a las reformas laborales aprobadas durante la década pasada y a los aumentos en el salario mínimo?

En este cuadro se observa la evolución del empleo, su tasa de variación anual; es decir, el aumento del empleo en porcentaje.

¡Me da la impresión, yo no sé si a ustedes también, de que tiene una inclinación hacia abajo¿!, ¿o no?

Se aprecian variaciones, pero si uno tuviera que sacar la media, tiene una clara tendencia hacia abajo.

Entonces, debo decir que no me parece adecuado diseñar un sistema previsional sobre la base de aceptar que existe un mercado laboral espantosamente malo.

Por lo general, los trabajadores no poseen ninguna capacidad de negociación, tienen contratos definidos de corto plazo, se producen tremendas rotaciones y existen altas tasas. Pero eso lo hemos creado nosotros con nuestras propias leyes.

Por lo tanto, el tema es si queremos seguir con un mercado laboral cada vez más precario y dar cada vez mayores subsidios a la gente cuando jubile, o si más bien deseamos contar con un mercado laboral digno, en donde las personas puedan tener un trabajo de largo plazo, una remuneración decente y mayor estabilidad en el empleo. Eso depende de la legislación que nosotros dictemos.

En verdad, eso es lo que quería señalar -me ha pedido en este instante una interrupción el Senador señor Larraín-, pero mi impresión es que hay muchos temas que conversar y ojalá se produzca una apertura de nuestras mentes para tratar de hacer una reforma laboral que realmente beneficie a los trabajadores y el empleo y no los perjudique.

Muchas gracias.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo aprovechar este debate para plantear un problema adicional, que ya ha sido recogido por la Cámara de Diputados y que me parece que también debe ser motivo de nuestra reflexión.

Se trata de la situación que se le está produciendo a un grupo bastante amplio de trabajadores que durante la década de los 70 y de los 80 se desempeñaron en su calidad de cesantes en los programas de empleo mínimo y en los programas para jefes de hogar, conocidos como el PEM y el POJH. Son personas que en su minuto nunca tuvieron un reconocimiento previsional, ya que no se les efectuaron cotizaciones, a diferencia de los que hoy laboran en los planes de emergencia establecidos por el Gobierno, a quienes se les efectúan cotizaciones previsionales por lo que se les paga, independiente de que sea poco, pero por lo menos eso les permite mantener continuidad previsional. Ello provocó que un grupo importante de trabajadores también experimentara un daño previsional.

Cuando analizamos cómo arreglar los problemas que se están suscitando, creo que aquí hay un número relevante de gente que perteneció a esos programas que funcionaron entre los años 1974 y 1988 -hasta donde tengo entendido- que también deberían ser objeto de un reconocimiento previsional.

Estas personas atraviesan por dificultades, ya que muchas se encuentran en edad de jubilar y les falta completar el número de meses que se requiere como mínimo para hacerlo, en el caso de quienes se hallan en el sistema antiguo y, en el de los que se trasladaron a las AFP, por carecer de cotizaciones, los montos son muy bajos para lograr una jubilación adecuada, en circunstancias de que trabajaron una parte del tiempo, pero nunca se les enteraron las cotizaciones correspondientes.

Por eso, creo que ésta es una materia que deberíamos incorporar en nuestras reflexiones. La Cámara de Diputados acordó solicitar a la Presidenta de la República que mediante un proyecto de ley se efectúe un reconocimiento previsional por los años trabajados a quienes se desempeñaron en esos programas y se les incluyan también las respectivas asignaciones familiares.

Éste es un tema que yo quiero poner sobre la mesa. Y si lo estiman conveniente, podemos elaborar un proyecto de acuerdo, porque nos parece que es una causa justa, que debemos hacernos eco de ella y pronunciarnos sobre el particular.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, en el mes de marzo fuimos alertados por un estudio de la Dirección de Presupuestos donde se advierte que el sistema previsional chileno generará al Estado una deuda que alcanzará a 4.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Este dato reflejaba que los problemas que enfrenta el actual sistema de capitalización individual son muchos más agudos y graves que los recurrentemente mencionados y conocidos por todos los aquí presentes.

Me refiero a la cobertura, a los costos de administración del sistema, a la rentabilidad de los recursos, a la necesidad de contar con un pilar solidario más fuerte y a las graves desigualdades que provoca el modelo con relación al género y grupos más vulnerables, como es el caso de los jóvenes y de los trabajadores temporales, constituidos fundamentalmente por mujeres.

En ese mismo estudio, se indica que, de acuerdo con la Encuesta de Protección Social que realizó el Ministerio del Trabajo el 2002, la densidad de las pensiones sólo alcanza al 52,4 por ciento, mientras que cuando se implementó el modelo se aseguró que éste llegaría a cubrir a alrededor del 90 por ciento. En materia de densidad, se aprecian importantes diferencias según edad, sexo, grupo educacional y categoría educacional.

Todos estos antecedentes vuelven fundamental discutir, no sólo la previsión en Chile, sino que el sistema de seguridad social que posee hoy nuestro país.

Se ha comentado la necesidad de reformar el sistema de AFP. Por cierto, el modelo exhibe actualmente logros y rentabilidades. Pero, ¿cuánto de ello no ha sido a costa de las cotizaciones de los propios trabajadores? Y esto no lo menciono sólo por aquellos más pobres y vulnerables, sino que esta realidad afecta duramente a un porcentaje importante de la población: me refiero a nuestra clase media.

Señor Presidente, hay casos en que la comisión cobrada por una AFP -la más barata de todas- alcanza a 20 por ciento de la cotización mensual que se hace en el sistema. Las respuestas de las AFP es la siguiente: "Yo, señor, le entrego a usted una rentabilidad que le compensa esta comisión". Pero la verdad es que el cobro del 20 por ciento del total de la cotización mensual que hace la AFP demuestra claramente lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que prácticamente no existe competencia entre las administradoras de fondos de pensiones.

Esto es un punto extraordinariamente grave que se debe solucionar por la vía de una regulación o de un mayor acceso de agentes al sistema, de tal modo que la competencia se produzca en términos reales.

Como se ha dicho, tanto bancos como compañías de seguros podrían entrar para facilitar la competencia, con el fin de llegar a un sistema en el que efectivamente no se produzcan casos como los ocurridos anteriormente: que las rentabilidades anuales de los fondos han sido negativas, pero las utilidades de las AFP han sido positivas.

A mi juicio, no podemos separar el destino de los fondos de pensiones de la situación económica y financiera y de las utilidades de las respectivas administradoras de fondos de pensiones.

Creo que aquí hay un aspecto que, a mi entender, tanto en las alternativas propuestas por el Consejo Asesor como en las políticas que diseñará el Ejecutivo debieran ser parte de una atención más profunda.

Una reforma previsional no es sólo dar solución urgente a los quintiles más necesitados, sino que debe ser inclusiva, especialmente para las trabajadoras y trabajadores que forman parte de nuestros grupos económicos activos. Porque, tal como lo indica el propio informe del Consejo, la jubilación, la previsión y en general un sistema de seguridad social son materias en que es conveniente anticiparse a los problemas antes que esperar que ellos se transformen en asuntos urgentes y aún más graves.

En tal sentido, quiero señalar que me parece que el establecimiento de un pilar solidario debe ser parte necesaria de una reforma al sistema de previsión social.

Pero aquí hay una cuestión que quizás no se ha tocado o no se ha analizado en la debida forma. Los distintos fondos de pensiones de cada AFP están formados por las cotizaciones de cada uno de los trabajadores, provengan éstas de quienes obtienen el ingreso mínimo o de quienes cotizan sobre el tope de 60 unidades de fomento. Pero, en definitiva, la acumulación permite -estamos hablando hoy de 80 mil millones de dólares acumulados en el sistema- que tales entidades negocien rentabilidades para los fondos de pensiones importantes. Y eso es efectivo.

De hecho, en la recuperación actual que se ha producido, entiendo que los fondos de pensiones asignados a la categoría A han logrado rentabilidades del orden de 8 a 10 por ciento anual.

¿Qué implica eso? Que existe una relación directa entre quien gana más y quien obtiene el porcentaje directamente proporcional, pues, además de percibir la cotización que le permite su propio ingreso, obtiene rentabilidades que mejoran sustancialmente su pensión. En cambio, al trabajador que cotiza sobre el mínimo, que tiene una baja participación en las utilidades y que además le cobran una comisión fija¿

La señora MATTHEI.- Pero la participación es porcentual, señor Senador.

El señor VÁSQUEZ.- Por supuesto. Es porcentual.

¿Pero no podría, señora Senadora, terminar siendo una fórmula adecuada, considerando que la acumulación masiva de fondos puede llegar a ser un mecanismo correcto para lograr mejores rentabilidades, que tuviéramos también un pilar solidario al interior de las AFP?

No estoy hablando de que los fondos de capitalización sean repartidos, sino de buscar un sistema solidario al interior de los excedentes o utilidades que producen los fondos de pensiones, en vez de la rentabilidad directa.

Eso posibilitaría la existencia de un pilar sobre la base, no sólo de lo que el Estado puede realizar, sino también de un mecanismo en que haya cierta solidaridad al interior de cada fondo de pensión.

Se trata de una fórmula exploratoria. Sé que no le va a gustar a todo el mundo. Cada uno va a decir: "Yo cotizo sobre lo que corresponda". Pero hoy no podemos gravar sólo al Estado con un pilar solidario que perfectamente podría ser efectivo en los términos en que las AFP están llevando la administración de los fondos.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, resulta claro que estamos ante un informe que ha logrado articular un conjunto de propuestas relativamente ordenadas, todas las cuales, como es natural, tienen sus aristas, sus interrogantes, sus cuestionamientos.

Creo, sí, que debemos rescatar algunos conceptos esenciales y que no he advertido con nitidez en este debate.

En primer lugar, el nuevo sistema, de capitalización individual, es clara y abiertamente superior al antiguo, de reparto, que constituyó una muy mala experiencia, pues colocó a una mayor cantidad de jubilados y a un menor número de aportantes en un régimen con el que prácticamente el 60 por ciento de los ancianos quedaron sin pensión y hubo un déficit fiscal insostenible de hasta 20 por ciento del PIB, el cual, de existir hoy, colocaría a Chile en un riesgo país de insolvencia crónica.

Entonces, el primer hecho que debemos destacar es que, en el informe, nadie ha cuestionado el sistema de capitalización individual, que, como cualquier otro, admite perfeccionamientos.

Desde esa perspectiva, si se rescata que las opciones y soluciones propuestas pasan por el sistema de capitalización individual y por su organización e institucionalidad vigente, no cabe la menor duda de que hemos de apartar ciertos conceptos.

Por ejemplo, hay aspectos referentes al mercado del trabajo, a los cambios de la estructura de la familia, a la incorporación relativa de la mujer, a la mayor ponderación de los independientes. Esas materias no forman parte del sistema previsional, no están dentro del giro de las AFP; son muy fundamentales e importantes, pero no se hallan dentro de esa definición.

Además, habría que enfatizar un aspecto que me parece muy relevante aclarar. Dentro del conjunto de propuestas ordenadas, ninguna hace referencia, bajo ningún respecto, a que exista una crisis financiera o un conflicto de probidad. Y ése es un punto que, sin duda, habla bien en lo conceptual de un mecanismo como el que hoy día estamos analizando.

Analizar lo inverso sería entrar al sistema anterior, de reparto, en que hubo una enorme cantidad de escandaleras derivadas de la inversión de los fondos. Es muy probable que muchos de los señores Senadores no las recuerden, porque -afortunadamente- forman parte del pasado del país. Y, además, Sus Señorías son muy jóvenes.

Entonces, descarto la hipótesis de una crisis sistémica de las AFP. No existe tal crisis.

Se reconocen los aportes del pilar de capitalización a la solución del problema de las pensiones y al desarrollo económico, cosa no menor. Los ochenta y tantos mil millones de dólares constituyen, sin duda, un fuerte respaldo al desenvolvimiento económico del país.

Naturalmente, existen debilidades, las que se encuentran planteadas: cobertura menor a la esperada; densidad promedio de 54 por ciento. Se asume una debilidad en los programas de prevención de la pobreza en vejez. Se reafirma una reducida competencia y concentración.

Ahora, el incremento de la competencia vía licitación exclusivamente por precios, a mi entender, abre una interrogante. No somos contrarios a que se incorporen nuevos actores al sistema, siempre que participen en igualdad de condiciones; porque si lo hicieran con ventaja, obviamente, se estaría distorsionando la competencia.

En pocas palabras, éste es un debate necesario, un debate que se inicia. Creo que no es el momento de entrar a él. Hay que esperar los proyectos que enviará el Ejecutivo para, una vez recibidos, efectuar un estudio más fino respecto de la manera en que se recogen y articulan las propuestas de la Comisión Marcel.

He tratado de referirme sólo a puntos esenciales, porque dentro de mi bancada hay otros señores Senadores que desean intervenir.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, comparto la idea central de un mejoramiento del actual sistema previsional. Todos deseamos que los fondos de pensiones tengan mayor rentabilidad. Existen estudios que indican que en la medida que ella fuera más alta -y hay cosas que podemos hacer para lograrlo- nuestros trabajadores podrían mejorar significativamente sus pensiones. Se habla de 30 a 40 por ciento.

Todos queremos también que el sistema alcance mayor cobertura. Qué duda cabe de que hoy más de un millón de trabajadores independientes -según algunos, un millón quinientos mil- no poseen ningún tipo de cobertura previsional. Y aquí la pregunta válida es la que hacía la Senadora señora Matthei: ¿cómo vamos a obligarlos a cotizar? En lo personal, pienso que deberíamos realizar un esfuerzo para que todos cotizaran.

Y, asimismo, todos deseamos que el sistema tenga costos menores, principalmente por la vía de introducir mayor competencia en el sistema.

Ahora, respecto de esos buenos propósitos, debemos esperar el proyecto de reforma previsional que enviará el Ejecutivo. Y seguramente vamos a tener en la Cámara de Diputados y en el Senado una discusión que, por mucho que nos apuremos, no será breve; en consecuencia, varias de las soluciones no se darán en el plazo inmediato.

En materia de rentabilidad, por ejemplo, me preocupa que las AFP están topadas en sus posibilidades de invertir en el extranjero; y lo están desde hace aproximadamente un año. La industria lo ha señalado una, dos, tres veces, y sin embargo no existe respuesta. Pero en este caso no pierde la industria, sino los fondos de pensiones de nuestros trabajadores, porque, al no haber la opción de alcanzar una rentabilidad más alta, obviamente se termina perjudicando el nivel de sus pensiones.

Se ha señalado que esta materia va a ser tratada en la reforma previsional. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo deberemos seguir esperando por una medida que bien podríamos adoptar ahora para favorecer -repito-, no a la industria, sino a los trabajadores?

Hay otro punto que la Comisión Marcel no abordó y que me parece escandaloso. Sobre él tuvimos oportunidad de conversar y discutir en la Sala hace un par de semanas. Me refiero al daño previsional, y concretamente, al bono de 50 mil pesos para trabajadores a los que durante parte importante de su vida previsional, perteneciendo al sector público, laborando para el Estado de Chile, se les cotizaba sólo por un tercio de sus remuneraciones; o sea, únicamente por lo que, de acuerdo con la ley, constituía su sueldo base. Y, cuando se les otorgaban reajustes, muchas veces se hacía por la vía del bono, de alguna bonificación, sin incrementar su remuneración base, para aumentar el líquido. Pero eso, obviamente, les provocaba un tremendo daño previsional.

Estamos a la espera de que el Ejecutivo responda qué ocurrirá con el proyecto de ley que establece un bono universal -universal en cuanto a las personas determinadas en la iniciativa pertinente- de 50 mil pesos, que por supuesto beneficia a quienes se encuentran muy cercanos a la pensión mínima, pero que representa una tremenda diferencia, con respecto a sus remuneraciones líquidas, para la gran cantidad de trabajadores que se hallan en el orden de los 400 a 500 mil pesos. Tal situación impide que esta gente jubile, con lo cual se generan problemas en educación, en salud; no es factible el reemplazo por gente más joven, provocándose un verdadero tapón en la Administración Pública, con una serie de efectos que incluso nosotros no logramos dimensionar en su completa magnitud.

Se habla, señor Presidente, de mejorar el sistema previsional. Está bien. Esperemos el proyecto que enviará el Gobierno. Sobre él hay mucha expectativa. Fue "la gran reforma" prometida por la Presidenta Michelle Bachelet durante su campaña. Aguardemos esa iniciativa.

Pero en cuanto al daño previsional de los funcionarios públicos, entreguemos las soluciones ahora, no más tarde. Demostremos que nuestra preocupación por el problema previsional del conjunto de la sociedad chilena es real y no sigamos dilatando en el tiempo una medida que está en nuestras manos adoptar hoy día. De lo contrario, a uno le pueden surgir dudas acerca de si una conducta de este tipo obedece a fines políticos en el sentido de desprestigiar el nuevo sistema previsional. Porque, curiosamente, se lo critica mucho, pero no nos hacemos cargo de todos los problemas que dejó y que presenta el antiguo sistema. El daño previsional a los funcionarios públicos es uno de ellos, y su solución reviste urgencia. Por eso, llamo al Ejecutivo a resolverlo pronto, en lo posible dentro del presente año.

He dicho.

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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por varios señores Senadores, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República realizar todos los esfuerzos para asegurar la conectividad del territorio nacional en la zona austral, uniendo así la provincia de Palena y las Regiones de Aisén y Magallanes al resto de Chile.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.

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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, sin perjuicio -y lo decía el Senador señor Ominami- de que en esta reforma hay un conjunto grande de complejidades técnicas que deberemos analizar -y cada una en su mérito-, es indudable que, para dimensionar la magnitud o el tipo de enmiendas que es indispensable introducir, existe un punto de partida, el cual tiene que ver básicamente con la evaluación del sistema implementado en Chile durante los últimos 23 años.

Si se considera que se trata de un sistema previsional que en lo fundamental ha funcionado y que requiere modificaciones en el margen, ello determinará un tipo de reforma. Si, como yo pienso, después de 23 años de aplicación se concluye que, en lo esencial, no resuelve los problemas previsionales que el país enfrenta, se debe hacer una reforma muy sustantiva.

Y ése, a mi juicio, es un elemento básico del diagnóstico.

Convengo también en que, en tal aspecto, la Comisión que preside el señor Marcel es bastante contradictoria, porque, al afirmar que no hay crisis y al mismo tiempo proponer modificaciones muy de fondo, no se hace cargo del elemento central.

Se ha repetido aquí cuáles son los a lo menos seis aspectos en que el sistema no funciona.

Primero: elevados costos fiscales, más allá de lo que se presupuso. Efectivamente, tienden a disminuir en el margen.

Segundo: altísimos costos de administración. El 20 por ciento que pagan los trabajadores por la administración del sistema no tiene explicación racional.

Tercero: déficit de cobertura.

Cuarto: baja densidad de cotización.

Quinto: bajos niveles de prestaciones.

El dato de 2004 es duro: la tasa de reemplazo fue de 48 por ciento. Eso revela una alta ineficacia, una elevada ineficiencia.

Y sexto: el elemento que discrimina contra las mujeres y que obviamente, por su propia definición, reproduce las desigualdades que se registran en la vida laboral.

Esta crítica no es al sistema en sí, porque él está hecho precisamente para ser el espejo de la realidad laboral de los trabajadores y, por tanto, disminuir las desigualdades.

En consecuencia, el juicio que se haga sobre el sistema que tenemos deberá ser central, porque, en mi opinión, se requieren modificaciones de fondo.

¿Cuál es la principal, como concepto? Introducir un mecanismo donde el llamado "pilar solidario" sea un factor básico del sistema previsional chileno.

Ésa es una reforma de fondo, porque se trata de otro concepto. Tenemos que transitar de un sistema en que la previsión es una cuestión que depende básicamente de los aportes de los trabajadores a un sistema mixto donde la sociedad garantiza un nivel mínimo de prestaciones previsionales, lo cual se añade al esfuerzo de ahorro que realicen los trabajadores y, asimismo -a mi juicio-, al aporte que hagan los empleadores.

Ése es todo el tema conceptual. Y ése es el aporte importante que en tal sentido hace la ya referida Comisión.

Aquí no estamos discutiendo asuntos en el margen -por cierto, también es necesario debatirlos-: cómo se administran los fondos; cómo se generan los directorios; cómo participan los trabajadores, quienes son los dueños. Está bien; eso hay que hacerlo. Pero lo esencial es introducir una enmienda de fondo. Vamos de un sistema de pensiones, basado sólo en el aporte individual, a uno distinto, que es mixto. Ése es el punto. Cambiamos de capítulo. Cambiamos la colección. Cambiamos el libro. Quedarán algunos capítulos del libro anterior. Pero modificamos completamente el concepto de la previsión.

En tal sentido, sostengo que hay que efectuar en Chile una reforma cuyo eje central sea dar por terminado el concepto, inventado en 1981, de que la previsión social es un asunto que depende sólo del esfuerzo individual de los trabajadores y trabajadoras. En esa perspectiva, se trata de una reforma sustantiva, no en el margen, sino en el corazón del asunto.

Si convenimos en ello, es evidente que hay un conjunto de asuntos que será indispensable discutir. Pero yo creo que es básico ponerse de acuerdo en el concepto.

Y nuestra diferencia con la reforma de Piñera, de 1981 -ya lleva veintitantos años-, radica en el concepto que estaba detrás de ella. Pero eso no significa una defensa a ultranza del sistema anterior, que, junto con ser solidario, tenía muchos aspectos de administración y una cantidad inmensa de regímenes distintos.

Cuando uno objeta el corazón, el meollo de la reforma de Piñera, no es argumento razonable adjudicar a la crítica el propósito de la defensa irrestricta del sistema que había antes. No se sigue una cosa de la otra. Lo único que hemos afirmado -y en eso sí hemos sido consistentes durante los últimos 30 años- es que consideramos que un sistema previsional que se basa sólo en el esfuerzo individual de los trabajadores es un sistema que no funciona como tal. Y en una sociedad como ésta, menos. Éste reproduce desigualdades y, en un mercado del trabajo como el nuestro, inequidades muy fuertes.

Por lo tanto, la pensión universal mínima parece un gran avance.

La Senadora señora Matthei tiene razón en un punto. Debemos establecer fórmulas para que la garantía solidaria mínima no sea completamente contradictoria con el incentivo al esfuerzo del ahorro individual. Ése es un tema que debemos analizar y estudiar a fondo.

¿Vamos a adoptar el criterio de que la pensión es un derecho de las familias o de las personas? No es un asunto simple. En la tradición se entiende que es un derecho de las personas. Yo tiendo a pensar que es así. Además, ignoro cómo aplicar el otro criterio en una sociedad donde la gente prácticamente ya no se casa. Sólo el 48 por ciento de los chilenos y chilenas en edad de convivir se unen en matrimonio.

En fin, discutamos la materia. Es posible hacer correcciones. Pero partir del principio de que habrá un derecho universal garantizado es establecer un elemento muy sustantivo.

Son muchas las cuestiones técnicas por revisar.

Sin duda, la administración del sistema es un tema central, porque resulta muy caro y es de costo de los trabajadores. Nadie ha sostenido lo contrario. El modelo lleva 23 años de vigencia y la competencia funciona poco, pues el sistema, más bien, se tiende a concentrar.

Tenemos que ver cómo resolver lo relativo a la administración.

Yo no veo cuál es la razón para que Chile sea el único país del mundo que carece de un aporte patronal al sistema previsional. Se me podrá decir que no importa mucho, porque es el costo del trabajo. Yo entiendo ese argumento. Pero éste no opera de esa manera en la realidad. Es el mismo planteamiento que se entrega para no fijar salario mínimo y el mismo que está detrás de la idea de que lo único razonable en el mercado del trabajo es la desregulación.

Sobre el particular, nuevamente tenemos una diferencia de concepto, como la hubo respecto del sistema que inventó el señor José Piñera hace 23 años.

Deseo plantear dos temas, pues entiendo que me queda poco tiempo.

En primer lugar, la idea de que hemos regulado el mercado del trabajo durante la transición no resiste análisis. Chile tiene uno de los sistemas más desregulados del mundo. En todos los ránquines de flexibilidad laboral, Chile aparece en los primeros lugares.

El fortalecimiento de los movimientos sindicales en nuestro país ha sido cero en los últimos 18 años. La negociación colectiva disminuye. La única área en la que hoy día hay un poquito más de derechos es en la inamovilidad de los dirigentes sindicales. Pero los números de fortalecimiento del movimiento sindical son cero.

Entonces, decir que el problema radica en la inflexibilidad del mercado del trabajo no resiste, en serio, la menor comparación internacional.

El único indicador que se eleva a un grado medio o alto a nivel mundial es el del costo del despido, que es el pago de la indemnización por años de servicios, que afecta a los trabajadores con contrato permanente.

De esto no se habla nunca...

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor GAZMURI.- Con esto concluyo, señor Presidente.

Toda la ideología -porque ya es sólo eso- que nos llama a la flexibilización permanente del sistema laboral (libertad de contrato, flexibilidad en el contrato) no tiene razón en la realidad. El único aspecto que sí está en un índice medio es el costo del despido.

Sin embargo, de ese tema nunca se habla.

Cuando uno pregunta a los señores del empresariado: "¿Qué quieren?", ellos hablan sobre el trabajo de las mujeres, de los jóvenes, que aquí, que allá¿ ¡Pamplinas! ¡Si aquí se puede contratar trabajadores de distintísimas maneras!

Si se trata de bajar el costo del despido, entonces discutamos ese punto. Y hagámoslo junto con el seguro de desempleo y el régimen previsional.

En consecuencia, llamo a transparentar el debate. Porque muchos amigos empresarios me dicen esto en privado, pero nunca aparece en los titulares de los diarios. No señalan: "Lo que queremos finalmente es disminuir el costo del despido". Ésa es una discusión que se puede hacer racionalmente. No comparto la idea con el precario sistema laboral que tenemos. Pero, en fin, analicémosla.

Hagamos debates de verdad y no entremos a discusiones con demasiado sesgo ideológico.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Al Comité Renovación Nacional le quedan ocho minutos.

Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, deseo intervenir brevemente, considerando el tiempo de que dispongo, para referirme a lo que podríamos llamar "las amenazas", "los enemigos", "los peligros" de un informe de esta naturaleza, que, en general, ha sido elogiado, porque se trata de un esfuerzo extraordinario.

Francamente, el ejercicio democrático, el desarrollo técnico y el resultado del trabajo que ha efectuado la Comisión Marcel son verdaderamente un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Y destaco un pequeño detalle: es un informe muy bien redactado, cosa que habitualmente no ocurre con otros trabajos de este tipo.

Yo he identificado muy rápidamente siete amenazas o peligros que pueden acosar este informe en el futuro.

El primero apunta a que de alguna manera renazca en Chile el diagnóstico catastrofista que existía sobre la situación previsional. Y la verdad es que este peligro no es menor, porque durante la campaña presidencial anterior éste se exacerbó hasta el límite.

Tengo en mi poder una declaración de la Presidenta de la República del día 13 de enero del presente año, donde textualmente dice lo siguiente: "El modelo previsional chileno está en crisis". Sin embargo, algunos meses después el informe de la Comisión Marcel afirma que el régimen de capitalización individual "no está en crisis"...

El señor OMINAMI- Por eso criticamos el informe, señor Senador.

El señor ALLAMAND.- De manera que con un intervalo de seis meses tenemos una diferencia.

Además, me parece muy importante ver de qué manera el propio informe aborda este problema. En él se señala claramente que para reformar el sistema no es necesario que esté en crisis, en muchos aspectos basta con someterlo a exigencias mayores.

Sería un ejercicio de transparencia muy notable que todos los sectores políticos manifestaran en forma nítida y abierta cuál es su opinión respecto del informe. Porque, al escuchar al Honorable señor Gazmuri, me quedo con la clara percepción de que a él no le gusta, que no le satisface, que de alguna manera le incomoda. Ésa es una posición extraordinariamente legítima.

Su Señoría ha expresado en esta sesión algunos de sus puntos de vista. Por tanto, sería muy importante, para los efectos de la transparencia y del orden del debate, que los distintos sectores políticos manifestaran con claridad qué opinan del informe.

A mi juicio, eso sería bastante significativo.

Ahora bien, por qué importa el diagnóstico. Por una razón muy simple: porque -y esto es de Perogrullo-, si uno se equivoca en el diagnóstico, no acertará con las soluciones. Si se dice que el sistema está en crisis, entonces la orientación de las reformas coherentemente irá en determinada dirección. A la inversa, si se admite que el sistema no se halla en crisis, estaremos hablando de otra dimensión o magnitud de estas modificaciones.

Ése es un primer tema, que resulta esencial despejar.

En segundo lugar -y algo de esto se ha dicho-, estimo correcto no volver a vincular la reforma previsional a la reforma tributaria, como si se tratara de un eslabón absolutamente insoslayable. Éste es otro mérito muy importante del informe.

El informe de la Comisión Marcel indica que sus propuestas no requieren modificaciones tributarias. Podrá estudiarse si el país en su conjunto precisa o no de tales enmiendas. Ése será un debate abierto. Pero el informe claramente señala que las reformas propuestas no necesitan una modificación tributaria para los efectos de su implementación.

En tercer término, pienso que sería equivocado -y quizás ésta es la única falencia que uno puede encontrar en un trabajo de tanta categoría- no abordar la que sí es una vinculación extraordinariamente intensa: la que se da entre reforma previsional y reforma de los mercados laborales.

Con toda franqueza -y lo digo sin ninguna ironía-, pienso que el Gobierno haría muy bien en dar un nuevo cometido a la Comisión Marcel o a otra comisión, dirigida quizá por el propio Mario Marcel, para que ahora se ocupara de las reformas a las normas del trabajo in extenso. Creo que el resultado sería extraordinariamente coherente. El gran mérito o parte del mérito de dicho órgano es que abordó el tema previsional en su integridad.

Digamos las cosas como son: un sistema que no se basa exclusivamente en la capitalización individual posee, como es obvio, una vinculación muy estrecha con el régimen laboral. De alguna manera, reforma previsional y reforma laboral deberían ser, en ese aspecto, casi dos caras de la misma medalla.

Entonces, en vez de tener tanta enmienda inorgánica o -iba a decir "inconstitucional", pero no lo voy a hacer- desarticulada en esta materia, habría que complementar un trabajo macizo como el que estamos comentando para abordar precisamente este aspecto. Lo señalo como una sugerencia.

Para terminar, me voy a referir en forma sucinta a temas muy específicos.

Primero, considero que constituye una amenaza el mal empalme -ya mencionado aquí- entre lo que podríamos llamar "el pilar solidario" y "el pilar contributivo". Creo que ahí el juego de los incentivos del sistema es algo que se debe cuidar en forma muy atenta.

Tampoco hay que perder de vista que en este ámbito se requieren nuevos umbrales de exigencia. La industria de las AFP tiene que funcionar hacia el futuro con un nivel de exigencia distinto en términos de transparencia, competencia y rentabilidad. Ésta es una trilogía insoslayable en cuanto a cómo debe desarrollarse el sector hacia adelante.

Por último, también me parece importante que bajo ninguna circunstancia el informe pierda consistencia. Su mérito -y así se señala en su propio texto- es que posee consistencia. ¿Y qué significa eso? Que se trata de un conjunto de propuestas armónicas y coherentes a partir de ciertos principios. En consecuencia, si se desmembra o balcaniza a la hora de la presentación de los correspondientes proyectos legislativos, en la práctica se le hará un flaco favor.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El siguiente inscrito es el Senador señor Bianchi, quien al parecer no haría uso de la palabra.

El señor BIANCHI.- Si se me concedieran dos minutos adicionales, señor Presidente, no tendría problema.

¿Es posible?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, Su Señoría.

El señor BIANCHI.- Perfecto.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Antes de que comience su intervención, señor Senador, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Larraín asuma como Presidente accidental, ya que debo ausentarme por algunos minutos.

Acordado.

--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Larraín, en calidad de Presidente accidental.

El señor LARRAÍN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, nuestro país ha estado cruzado por un intenso debate referente a las demandas que la seguridad social enfrentará en las próximas décadas, sobre todo para determinar con cuáles herramientas institucionales y operativas vamos a dar una respuesta al desafío de garantizar a todos y cada uno de los chilenos una vida de calidad mínima cuando terminen su vida laboral.

El modelo económico de mercado implementado por nuestro país ha mostrado en forma creciente una debilidad para generar empleos, en cantidad y en calidad, que ayuden a una capitalización adecuada de los fondos previsionales. Claramente, es ésta la razón principal del bajo nivel de fondos que acumula la mayoría de los cotizantes, a los cuales ni siquiera les alcanzará, desgraciadamente, para poder financiar una pensión mínima cuando llegue la edad de su retiro, dado que las lagunas que se producen por la inestabilidad laboral inciden de modo determinante en la acumulación de los fondos. Un ejemplo de ello son los programas pro empleo, que se mantienen por un par de meses, sin pago de imposiciones, sin el resguardo para salud, etcétera.

Lamentablemente, y de manera adicional, constatamos que las señales que el Estado envía en materia de preocupación previsional no se condicen con su discurso respecto de la responsabilidad que los empleadores deben asumir en orden a cumplir con la ley que los obliga al pago de cotizaciones. Ello, porque muchas de las contrataciones que se realizan con fondos públicos, a través de planes de empleo especiales o bien mediante servicios prestados a honorarios al Estado, quedan sin enterar los respectivos fondos al ahorro previsional, lo cual perjudica el futuro retiro de las personas que se hallan en tal situación.

En cuanto a las sugerencias efectuadas en el informe elaborado por la Comisión convocada por el Gobierno, pienso que establecer la obligación de cotizar a quienes perciben ingresos en calidad de independientes significa agregar una carga adicional a tales entradas, las cuales, en un alto porcentaje, presentan la particularidad de ser variables. Por consiguiente, a diferencia de los trabajadores que tienen una relación laboral de dependencia y, por ende, una seguridad en sus remuneraciones futuras, los cotizantes independientes requieren disponer del máximo de sus ingresos para disminuir la incertidumbre, por la vía de planificar de mejor manera sus necesidades futuras.

Finalmente, señor Presidente -para no explayarme más en esta materia-, quisiera hacer una sugerencia que podría servir tanto a las personas que trabajan en forma independiente como a quienes cotizan regularmente en el sistema, consistente en darles la oportunidad de utilizar, por una sola vez, un porcentaje de los fondos acumulados en sus cuentas para orientarlo, ya en el orden productivo, ya para la compra de una vivienda, con la condición de enterarlo de nuevo en el largo plazo. Ello permitiría que quien quedara cesante en algún momento y no tuviera acceso al crédito -debido al sistema DICOM o a otras instancias- dispusiera de la opción de efectuar un retiro de sus fondos para poder enfrentar su situación de manera productiva.

Gracias.

El señor LARRAÍN (Presidente accidental).- Corresponde hacer uso de la palabra al Senador señor Muñoz Barra, quien, conforme a la distribución de los tiempos, cuenta con 9 minutos.

Para que Su Señoría pueda intervenir durante ese lapso -además, es posible que alguna de las autoridades asistentes también desee referirse al tema en análisis-, propongo prorrogar la hora de término de esta sesión hasta que todos los interesados hayan hablado.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, sólo voy a abordar algunos aspectos generales.

Evidentemente, esta sesión es muy importante. Y felicito a quienes la provocaron, pues hemos escuchado análisis bastante serios y técnicos que, si bien pueden diferir en sus concepciones, apuntan a la idea de mejorar el sistema previsional chileno.

No obstante subrayar la relevancia de esta reunión, quiero señalar que el trabajo que aquí hemos estado realizando a lo mejor puede resultar un poco estéril, porque es evidente que quien debe indicar la ruta en esta materia es el Ejecutivo. Constitucionalmente, él es el que posee las atribuciones en el tema que hoy nos convoca. Por supuesto, una vez que se haya presentado el respectivo proyecto de ley los representantes de los partidos políticos podremos afinar la puntería en cuanto a cómo tratar de mejorarlo.

Mientras ello no ocurra, sólo tendremos la oportunidad de efectuar una especie de catarsis y de referirnos a los problemas que sufren quienes hoy, tras un largo proceso de entrega al desarrollo del país, perciben pensiones que no les permiten, a veces, solventar los costos de vida más elementales.

Cuando se habla de los retirados o jubilados, nunca debemos perder de vista que todos vamos a llegar a esa condición, después de haber contribuido, de un modo u otro, al desarrollo del país en las diferentes áreas y de acuerdo con las capacidades de cada cual.

Por lo anterior, espero que la sensibilidad manifestada por la Presidenta de la República en esta materia, expresada en la constitución de la Comisión Marcel, se concrete a la mayor brevedad, a fin de que los actuales y futuros pensionados de Chile tengan una hoja de ruta sobre la cual puedan comenzar a planificar su futuro.

No es ninguna novedad -lo sabemos todos los que estamos presentes en esta sesión- que miles de trabajadores han sobrepasado la edad de 65 años y no se atreven a retirarse porque, al consultar el monto de la pensión con que se irían al descanso -entre comillas-, se encuentran con señales verdaderamente paupérrimas, que les provocan, incuestionablemente, ira y desengaño.

De ahí, entonces, que en todas las actividades del desarrollo del país haya gente que está cansada, desesperada por acogerse a retiro, pero sin poder hacerlo por la razón que todos conocemos: los bajos montos de las pensiones que otorga el sistema previsional.

Cuando la iniciativa aludida se convierta en ley, pienso que terminarán la discriminación y la situación doble, lo que deriva hoy del sistema del Instituto de Normalización Previsional y del de administradoras de fondos de pensiones. En virtud de esos regímenes, personas con los mismos años de servicio y que realizan idénticas labores se encuentran, en el momento de lograr el beneficio de la jubilación, con que en el último de ellos se irán con 40 ó 50 por ciento menos que el sueldo en actividad, máximo alcanzado después de toda una vida de trabajo, y en el primero, con casi ciento por ciento.

Me han dicho que, en el futuro, cuando los actuales imponentes de las administradoras completen 20 ó 25 años de imposiciones, obtendrán una pensión muy parecida a la del INP. No tengo claridad sobre el punto. Ojalá que alguien más versado me proporcionara información al respecto.

Hoy día existe una realidad que no podemos obviar. Mucha gente, desesperadamente, dice: "Quiero volver al sistema del INP; me quiero salir de la AFP". La ley permite trasladarse de una administradora de fondos de pensiones a otra, pero no desde una de ellas al INP. Y eso es una injusticia.

Hace poco asistí a la asunción del mando del Presidente de la República del Perú, Alan García, quien en su discurso anunció, entre otras medidas, que iba a dictar una ley para posibilitar que los imponentes del sistema privado volvieran al sistema público. Tal anuncio nos llegó muy al alma a los Parlamentarios que estábamos ahí, porque constituye una aspiración común en los sectores de trabajadores de nuestro país.

Concuerdo con lo expresado por un señor Senador de Oposición en cuanto a que las AFP deben propender a una mayor transparencia. Hoy día no son populares y -digamos las cosas como son- no son queridas. Son, incluso, rechazadas por la gran mayoría de los chilenos. Porque esas instituciones, que administran una cantidad inmensa de recursos que por ley les aportan los trabajadores, no cuentan con la presencia o participación de éstos en sus directorios.

Por lo tanto, existe una tremenda distancia entre el pragmatismo de las AFP y lo que podrían plantear los representantes del dinero que se empoza en ellas.

Ahora, un señor Senador hablaba del éxito, de los méritos de la capitalización individual. Yo tengo alguna diferencia acerca del punto. ¿Por qué? Porque en Chile -no se halla presente el Ministro de Hacienda para que aclare el dato, pues he recibido dos distintos- 70 por ciento de los trabajadores percibe una renta promedio de 320 mil pesos. En una oportunidad señalé que era de 360 mil, pero el anterior Ministro, señor Eyzaguirre, me corrigió manifestando que alcanzaba a 320 mil.

Entonces, en un sistema de ahorro previsional donde se registra una cantidad tan baja como la referida resulta imposible que la acumulación de aportes vaya a permitir, en un momento dado, obtener una pensión digna, que se acerque en alguna medida al sueldo percibido en actividad.

Si el sistema de capitalización individual es tan positivo, ¿por qué razón muchos de los acogidos a retiro -a propósito de lo que planteé acerca de la desigualdad en los sueldos promedio-, cuando se les acaban los dineros del ahorro previsional, deben recibir la pensión mínima garantizada por el Estado?

La señora MATTHEI.- Yo puedo contestar.

¿Me concede una interrupción, Su Señoría?

El señor MUÑOZ BARRA.- Con todo agrado.

El señor LARRAÍN (Presidente accidental).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Lo que sucede es que en el nuevo sistema previsional, al igual que en el antiguo, se requieren 20 años de cotizaciones para tener derecho a una pensión mínima. Sin embargo, si una persona registra menos tiempo o menos de mil 40 semanas, en el INP no tiene derecho a nada. En cambio, en las AFP le devuelven sus fondos. No se trata de una pensión; es, sencillamente, una devolución.

En ese sentido, el nuevo sistema es mucho más justo que el antiguo, porque la gente recupera, al menos, lo que cotizó, más la rentabilidad pertinente.

Pero a nadie que tenga derecho a pensión en el antiguo sistema se le puede acabar la plata como en el nuevo. El caso planteado por Su Señoría, de que a alguien se le pueden terminar los fondos, corresponde a quien no enteró 20 años de cotizaciones. En el antiguo sistema no hubiera tenido derecho a nada -ni a un solo peso-; en el nuevo, por lo menos le devuelven su dinero.

No obstante, quiero señalar lo siguiente: cumplidos los 20 años de imposiciones, a ninguna persona le quitan la pensión en la mitad: ésta es de por vida para ella y para el cónyuge.

Gracias.

El señor MUÑOZ BARRA.- Agradezco su información.

El señor LARRAÍN (Presidente accidental).- Recupera la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, un señor Senador se refirió a un problema que dice relación a dos planes de empleo que existieron anteriormente: el PEM y el POJH.

Quisiera que el Ejecutivo fuera lo suficientemente claro sobre la materia. Porque en todo Chile se nos acercan hombres y mujeres para inquirir qué beneficios les corresponden por haber trabajado en ellos, donde no contaron con ningún sistema previsional.

¿Y por qué digo que se debe ser claro? Porque ya se están creando grupos, compuestos por equis integrantes, en los que algunos han descubierto una forma de encontrar trabajo. En efecto, se conforman conglomerados grandes -creo que entre 250 mil y 300 mil trabajadores se desempeñaron en el PEM o el POJH- y se anuncia que se conseguirá un beneficio: dinero o algún tipo de pensión. Y se van cobrando las "famosas" cuotas.

En cierta ocasión consulté a autoridades del Ministerio del Trabajo y me informaron que no había nada al respecto. De modo que debería darse una señal, para evitar que a gente en condiciones tan desmedradas más encima se la estafe.

Concuerdo con la necesidad de enfrentar el daño previsional, mencionado por un Honorable colega. Efectivamente, el Estado fue un muy mal patrón, porque descontaba 40 por ciento, como mínimo, de la remuneración de los trabajadores, de manera que cuando éstos pasaron al sistema de administradoras de fondos de pensiones el "pozo" era muy pequeño. Espero, entonces, que de una vez por todas se haga claridad sobre el bono de 50 mil pesos, por el cual nos preguntan todos los días.

Antes de concluir, deseo recordarles a las autoridades presentes que, como indicó la Senadora señora Matthei, los hombres que no registran mil 40 semanas y las mujeres que no reúnen 540 -o algo así-,¿

La señora MATTHEI.- Son mil 40 semanas por igual.

El señor MUÑOZ BARRA.- ... contándose, sí, con 600 ó 700 semanas, no reciben absolutamente nada. Me refiero al sistema previsional antiguo, porque, según se dijo recién, en el nuevo tiene lugar una devolución.

Entonces, a esa gente debería otorgársele una pensión parcial o una cantidad reajustada, porque hubo un momento en que cotizó sumas muy pequeñas, ínfimas, en escudos, y una conversión importante a pesos resulta imposible.

Nos hemos encontrado con muchas personas que cuentan con 600, 650, 700 semanas de imposiciones y no tienen ningún derecho, porque no alcanzan la base que se exige para esos efectos.

Insisto en la conveniencia de que el Gobierno despeje la interrogante en que nos encontramos y mande de una vez por todas el proyecto, para que aquí veamos de qué manera se puede corregir, o bien, aceptar, si viene en la medida en que deseamos.

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente accidental).- Como las autoridades presentes no van a hacer uso de la palabra y se cumplió el objetivo perseguido, se levanta la sesión.

--Se levantó a las 14:9.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción