REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 33ª, en miércoles 12 de julio de 2006
Ordinaria
(De 16:7 a 19:32)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda, don Andrés Velasco Brañes; de Secretaría General de la Presidencia, doña Paulina Veloso Valenzuela, y de Justicia, don Isidro Solís Palma; la señora Subsecretaria de Educación, doña Pilar Romaguera Gracia, y el señor Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, don Rodrigo González López.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:7, en presencia de 32 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 28ª, ordinaria, en 4 de julio del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 29ª, ordinaria, en 5 de julio del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha dado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley sobre trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios (boletín Nº 2.943-13).
--Se toma conocimiento y se manda remitir el proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la incorporación del servicio de telefonía IP en dicho organismo.
De la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, sobre la Institución del Defensor del Pueblo.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, respecto de la situación previsional de ex trabajadores del PEM y del POJH de la comuna de Lumaco.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de la reglamentación del otorgamiento de bonificaciones forestales.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, referente a la adquisición de un inmueble por el Club Deportivo Pillanlelbún.
Del señor Director de Presupuestos, con el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, sobre la "Provisión Compensación Inversiones Sanitarias" en el Presupuesto de la Región de La Araucanía.
Del señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Escalona, respecto de la instalación de una oficina de ese organismo en la ciudad de Puerto Montt.
Del señor Jefe de Gabinete del señor General Director de Carabineros de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido al aumento de la dotación policial de la comuna de Lautaro.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Oficio reservado
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual remite a esta Corporación el primer informe sobre la situación de las tropas chilenas en Haití, elaborado en conjunto por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
--Queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Corporación.
Informes
De la Comisión deº Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.253, sobre indígenas, con la finalidad de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de indígena diaguita (boletín Nº 3.023-01).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios municipales que indica (boletín Nº 4.064-05).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y Gazmuri, con la que inician un proyecto de ley que establece el Día Nacional del Teatro (boletín Nº 4.337-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Coloma y Pérez Varela, con la que inician un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de la superficie mínima edificada para las viviendas económicas (boletín Nº 4.338-14). --Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
De los Senadores señores Prokurica, Romero, Espina, Horvath y Orpis, con la que inician un proyecto de reforma constitucional sobre el ejercicio de funciones que corresponden a los gobernadores en las provincias que sean asiento de capital regional (boletín Nº 4.339-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De diversos señores Senadores, mediante el cual expresan su preocupación por los hechos de violencia que afectan a los ciudadanos israelíes y palestinos, y proponen solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, en sus pronunciamientos, contribuya a la paz entre dichos pueblos (boletín Nº S 878-12).
De diversos señores Senadores, por el cual proponen solicitar a la Primera Mandataria que se incorpore el factor regional en la determinación de las patologías a garantizar por medio de las Garantías Explícitas en Salud (boletín Nº S 879-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de esta sesión ordinaria, en conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala en el día de ayer.
De diversos señores Senadores, mediante el cual proponen solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de las medidas necesarias para terminar con la deuda previsional que mantiene el Estado con los afiliados a la ex Caja de Empleados Particulares de Magallanes (boletín Nº S 880-12).
De diversos señores Senadores, por medio del cual proponen que se haga llegar un saludo al electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Felipe Calderón, al nuevo Senado y a la nueva Cámara de Diputados y al pueblo mexicano, expresando el reconocimiento por un proceso electoral que los prestigia (boletín Nº S 881-12).
De los Senadores señor Letelier, señora Alvear y señores Bianchi, Escalona, Gómez, Núñez y Ominami, mediante el cual proponen solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que ordene la regularización, en el sector público, de la situación de los funcionarios de planta, a contrata y de quienes prestan servicios a honorarios (boletín Nº S 882-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA.-
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
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El señor ROMERO.-
Senador Presidente, quiero plantear dos asuntos.
El primero dice relación al oficio reservado del señor Canciller, por medio del cual remite a esta Corporación el primer informe sobre la situación de las tropas chilenas en Haití, elaborado en conjunto por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
Se proveyó que quedaba a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Corporación.
Solicito que éste sea enviado a las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, para que, unidas, puedan analizar el primer informe, porque ése fue el acuerdo adoptado cuando se autorizó el envío de tropas a Haití.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá.
--Así se acuerda.
El señor ROMERO.-
El segundo punto, señor Presidente, dice relación a que con otros Honorables colegas pedimos que los proyectos de acuerdo referidos a la situación del Medio Oriente sean retirados del Tiempo de Votaciones de la presente sesión, con el objeto de llegar a un texto refundido que interprete al Senado en su conjunto, y evitar la necesidad de votar por uno u otro.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece al Senado, así se procederá.
--Así se acuerda.
El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, solicito a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para alterar el Orden del Día en el sentido de colocar en segundo lugar el proyecto que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.
Esa iniciativa fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Trabajo y se trata sólo de discutirla y votarla en general. Creo que podríamos avanzar mucho en su estudio con la modificación que sugiero.
Gracias.
El señor MUÑOZ BARRA.-
La bancada que represento apoya la petición, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud.
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, se ha dado cuenta de una moción que presentamos con algunos Honorables colegas para iniciar un proyecto de ley que establece el Día Nacional del Teatro.
Sin poner en duda, naturalmente, la motivación que determinó que ello pasara a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, me parece más lógico que se envíe a la de Educación, cuya competencia incluye los temas culturales. No se trata de discutir sobre el criterio aplicado por el señor Secretario, pero parece más razonable lo segundo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Conforme.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aceptará el cambio propuesto por el Senador señor Escalona.
--Así se acuerda.
MODIFICACIÓN DE DFL. Nº 2, DE 1998, DE EDUCACIÓN, SOBRE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y DE OTROS CUERPOS LEGALES
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica el DFL. Nº 2, de 1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otros cuerpos legales, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3953-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 30ª, en 11 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los principales objetivos de la iniciativa son:
1.-
Equiparar, en el ámbito educativo, las oportunidades de las personas con discapacidad.
2.-
Modificar el marco que reglamenta el sistema educacional aplicado a quienes sufren algún tipo de discapacidad, mediante el incremento de la subvención a la educación especial, el establecimiento de una de carácter permanente y la ampliación del régimen a todos los niveles educativos.
3.-
Incorporar en el sistema nacional de evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados a los docentes de las escuelas especiales.
La Comisión discutió solamente en general el proyecto de ley y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Cantero, Chadwick, Letelier, Navarro y Ruiz-Esquide), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. El texto correspondiente se transcribe en el primer informe.
Cabe tener presente que la iniciativa, cuando llegue el momento de su discusión particular, debe ser informada también por la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que ingresen la señora Pilar Romaguera, Subsecretaria de Educación, y el señor Rodrigo González, Jefe de la División Jurídica del Ministerio.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
En mi condición de Presidente de la Comisión de Educación, quisiera precisar algunos términos en forma muy breve, fuera de la lectura que hizo el señor Secretario de las razones fundamentales del proyecto.
En el articulado existen, básicamente, dos materias. Una de ellas es el aumento sustancial, en algunos aspectos, de la subvención que hoy se entrega a quienes imparten educación a alumnos en una condición especial de aprendizaje.
Y, dentro de lo anterior, una segunda faceta se halla en la discusión acerca de cómo se deben precisar otras subvenciones y agregar algunas a grupos específicos de niños no considerados en lo que el propio texto señala especialmente.
Dicho de otra manera, señor Presidente, y a raíz de lo que escuchamos de las personas que trabajan con los pequeños y de toda la información recogida, se plantea cada vez más una especificidad de lo que debe ser la manera de tratar a algunos educandos que presentan dislexia, o dificultades de lenguaje, o una incapacidad de mayor envergadura, o ciertas variaciones para poder asimilar lo mejor que cabe captar dentro de una clase. Y también, en el mismo orden de ideas, se trata de ver cómo debe discutirse una cuestión de pertinencia respecto de quienes deben enseñar en las condiciones descritas.
Al mismo tiempo, existe otro punto, relacionado con el costo, que no es el mismo para la enseñanza de todos los niños especiales. Y, por ello, la subvención es, de alguna manera, diferenciada. Y, dentro de esa característica, estamos agregando -reitero- algunas otras áreas especiales y subvenciones también más especificadas.
El segundo aspecto de fondo, más allá de la discusión del proyecto mismo, es cómo se debe resolver el asunto desde el punto de vista de la integración o no integración de los niños. Aquí existen dos grandes criterios, que se prestan para un gran debate. Y recibimos opiniones contradictorias al respecto de las personas invitadas.
¿Cuál es la línea central? Ella va cada vez más por la posibilidad de que los alumnos con ciertos déficits de aprendizaje se integren en la enseñanza general de aquellos que no los presentan. Sin embargo, también es verdad que ésa no es una norma general, que no es una medida defendible en todos los casos y que lo más probable es que veamos, en algunas situaciones, la imposibilidad de concretar tal propósito por tratarse de niños que no alcanzan a comprender lo que se enseña, aparte que también se puede generar un efecto distorsionador para los educandos con mayor capacidad de aprendizaje.
Ésas son las materias de fondo, señor Presidente, estimados colegas, que serán analizadas en el segundo informe, es decir, cuando debamos abocarnos a la discusión particular. Y ahí se considerarán reiteradas opciones de cómo enfrentarlas.
Otro punto que debe ser estudiado, asimismo, en forma muy abierta y tranquilizadora para nosotros si queremos realmente hacer un esfuerzo en el área que nos ocupa, es la necesidad de más personal especializado. La pregunta es de qué tipo. Algunos piensan que se requieren más profesores. Se deben intercambiar ideas bastante de fondo, entonces. ¿Se trata sólo de docentes? ¿Y los fonoaudiólogos? ¿Y las parvularias?
Lo anterior es lo que intentamos resolver, más allá de la discusión general, porque creemos que éste es un excelente proyecto para dar una base de discusión más amplia y de fondo.
Sobre esa materia han surgido diferencias entre nosotros y también con quienes nos han ayudado y aportado opiniones. Pero como nos encontramos en la discusión general, sólo deseo mencionar que éstas son las grandes líneas: cómo integramos a estas personas; con qué personal y en qué términos; bajo qué condiciones y porcentajes; en qué áreas no podremos hacerlo. Y todo ello, basados en un concepto de igualdad de oportunidades, que es un asunto discutible. Porque no es posible pedir de la misma manera igualdad de oportunidades para un niño que sufre dificultades de aprendizaje que para uno afectado por una condición distinta.
Y deseo mencionar dos temas adicionales.
El primero se refiere a que todas las subvenciones y estímulos que se otorgan a los profesores para impartir enseñanza se han considerado siempre como un premio a la excelencia de aquellos que hacen su trabajo muy bien y que debe expresarse en determinado respaldo económico.
Una de las ideas centrales del proyecto radica en que quienes enseñan en escuelas especiales puedan participar en el concurso nacional, porque, desde el punto de vista de la mayoría de los Senadores que participamos en el debate, esa labor requiere más alto estímulo. Es bastante más difícil trabajar en esta área de la educación que con niños cuya capacidad de aprendizaje es mayor.
Por otra parte, deseo aportar una última información, que no viene en el texto del proyecto; es un tema que estudiaremos más a fondo, pues dice relación al punto que nos ocupa.
Hemos llegado a la conclusión en el órgano técnico especializado -donde cada día nos centramos en aspectos tremendamente profundos y bastante importantes para la educación chilena, más allá de las discusiones sobre la calidad de ella en las diversas instancias de trabajo-, de que la salud y la educación se cruzan en un punto determinado. El problema de los niños con dificultades de aprendizaje es de índole sanitaria, lo que esencialmente comprende desde el déficit atencional -que por primera vez se introdujo en las discusiones a raíz de la presencia de los representantes de las instituciones vinculadas a él- hasta cuestiones más graves, que dicen relación a cómo prevenir estas enfermedades. Y simultáneamente aparece el asunto del aprendizaje, que en el mundo actual es más importante.
Dicho claramente, de alguna manera hoy día debemos analizar estos aspectos en forma conjunta. No podemos abordar la educación sin considerar la salud. Y, al revés, no podemos dejar de comprender cómo enseñar a los niños y de qué modo mejorar su condición educacional, incluso desde el punto de vista sanitario.
A propósito de los debates suscitados entre los Senadores que integramos la Comisión, ha surgido la idea de pedirle al señor Ministro de Educación -insisto en que este elemento no forma parte del debate, pero es conveniente tenerlo presente como idea central- la creación, dentro de la Cartera a su cargo, de una instancia mixta. Es decir, un departamento -puede llamarse como se quiera: educación y salud, por ejemplo- que se encargue de esta materia. Porque si consideramos que el 11 por ciento de los niños chilenos padecen alguna forma de déficit, cada vez hay más capacidad de enseñarles mejor.
Entonces, vale la pena generar esta instancia, que se reproduce en otros países donde Educación y Salud funcionan en conjunto y los Parlamentos mantienen la mixtura de tales áreas.
Por último, señor Presidente, solicito al Senado que apruebe el proyecto, ojalá unánimemente, para proseguir su tramitación. Estaríamos muy agradecidos de que Sus Señorías pudieran darnos algunas ideas que aún no hayamos recogido, porque -como dijo un señor Senador- es valioso intervenir de esta manera.
Todos estamos convencidos de que lo señalado en orden a que la educación y la salud son los grandes capitales de los niños, especialmente de los más desposeídos y carentes de medios económicos, justifica que, en el marco general de la discusión sobre la calidad de la educación, el área que atañe al 11 ó 12 por ciento de los niños chilenos sea analizada con mucha profundidad.
Por eso, solicitamos a la Sala que preste su aprobación general al proyecto.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, hace pocas semanas estuvimos reunidos en una sesión especial discutiendo sobre las diversas razones que motivan la actual crisis que enfrenta nuestro sistema educacional municipalizado.
Tan sensible como dicha crisis, pero quizás más silenciosa y dolorosa, es la situación por la que atraviesa la educación de las personas discapacitadas en nuestro país.
El proyecto de ley en debate -que contempla un aumento de la subvención otorgada por el Estado a las instituciones educacionales dedicadas a la educación de personas autistas; de niños con déficits múltiples y discapacidad severa, ya sea visual o auditiva, así como también aquellos que sufren parálisis cerebral o discapacidad intelectual severa con problemas de educación- viene claramente a mejorar las condiciones en que se imparte enseñanza a la población escolar con necesidades educativas especiales, de acuerdo con los requerimientos de ayudas técnicas, de recursos humanos especializados, de materiales didácticos y de infraestructura.
Asimismo, resulta importante ampliar el concepto de la subvención existente por el de "subvención de educación especial", puesto que esta expresión permite incluir los distintos niveles de enseñanza del sistema escolar, como la parvularia, básica, media y de adultos, para de esta forma dejar de limitar dicho beneficio exclusivamente a la educación básica.
Sin perjuicio de lo anterior, es motivo de mi preocupación la situación que enfrentan los discapacitados una vez que dejan de pertenecer al mundo educacional.
Actualmente, en nuestro país una persona con discapacidad puede educarse hasta los 24 años, edad que bajo ciertas excepciones contempladas en el decreto Nº 300, de Educación, de 1994, puede extenderse hasta los 26 años.
Mi cuestionamiento estriba en lo que pasa posteriormente con esas personas. La realidad actual revela que ellas se encuentran excluidas de una verdadera posibilidad de desarrollo profesional. Muchas veces son discriminadas en un mundo cada vez más competitivo, donde la existencia de factores que atentan contra la excelencia productiva significa una absoluta exclusión profesional y laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.
No pretendo con esta aseveración poner en duda la absoluta necesidad de una reforma como la que estamos discutiendo para apoyar la educación de los discapacitados. Pero no debe tranquilizarnos el hecho de hacernos cargo de sólo uno de los aspectos que afectan a estas personas.
Vana sería la educación otorgada si ella estuviera destinada a terminar con estas personas recluidas en sus casas, carentes de una real posibilidad de desarrollo profesional.
Por ello, debe ser parte de nuestra preocupación, en conjunto con la que estamos manifestando a través de la presente iniciativa legal, la implementación de mecanismos que pongan fin a la discriminación laboral que sufren tales personas, como se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, donde un cuatro por ciento de los puestos de trabajo en programas o empleos financiados con recursos del Estado se reservan a los discapacitados. Asimismo, en algunos estados norteamericanos el cinco por ciento de las plazas del servicio público se destinan a los minusválidos.
Otro de los aspectos que resulta necesario abordar dice relación a la enorme injusticia de que una persona con discapacidad es víctima al momento de encontrar un trabajo, el cual generalmente no es estable, por razones lógicas. El Estado le quita su pensión por discapacidad, viéndose posteriormente en la obligación de volver a tramitarla, con el riesgo de perderla para siempre.
Finalmente, anuncio mi voto favorable al proyecto, reiterando que debemos abordar la discapacidad como un tema país, con un criterio de inclusión hacia el mundo minusválido, y reconocer el trabajo de las familias de estas personas, ya que una madre o un padre deben tener dedicación exclusiva por su hijo cuando el grado de discapacidad que padece es severo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, manifiesto mi absoluto respaldo a la iniciativa legal en debate, que corrige algo que está desordenado y diferencia, a través de nuevas definiciones, los componentes de la educación especial.
Sin embargo, debo comenzar con la nota difícil. La ausencia de definiciones claras ha colocado en un mismo nivel a personas que sufren discapacidades auditivas, visuales, disfasia severa, autismo, graves problemas de motricidad, deficiencias mentales, con las relacionadas con un fenómeno nuevo -no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir-, como son las escuelas de lenguaje. Se ha tendido a poner en un mismo plano situaciones que no son iguales.
Lo primero que hace el proyecto es distinguir, por medio de definiciones, las necesidades educativas especiales de carácter transitorio -adonde apuntan, sin duda, las escuelas de lenguaje- y las educativas especiales permanentes. Esto es muy importante porque, si uno observa las estadísticas y conoce ciertas experiencias, se da cuenta de que en materia de escuelas de lenguaje en particular probablemente hay mucho paño que cortar, pues quien determina el ingreso a uno de esos establecimientos -que muestran un crecimiento numérico casi exponencial- muchas veces es la misma persona que debe dar el alta, produciéndose quizás una relación inadecuada. Y ello porque, por regla general -es así en todos los casos, pero diré "por regla general"-, los sostenedores son privados. Que yo sepa, ningún municipio tiene a su cargo un establecimiento educacional especializado en lenguaje.
A juicio de algunos de nosotros, ése es un vacío de la ley que ha permitido abiertamente un abuso -y disculpen quienes se sientan aludidos, porque no todos han procedido de la misma manera- como el determinar que una persona padece un trastorno de lenguaje cuando en verdad no lo tiene, o no dar el alta a alguien que podría incorporarse a la educación normal -entre comillas-. Entonces, la iniciativa diferencia los trastornos transitorios de las necesidades educativas especiales de carácter permanente y establece que el profesional evaluador no podrá tener lazos de consanguinidad con el sostenedor ni depender laboralmente de éste, quien quizás puede estar interesado en que los alumnos permanezcan en su escuela.
En segundo lugar, señor Presidente -esto, indudablemente, representa un tremendo avance, lo que es motivo de gran alegría-, el artículo 9º bis dispone que los establecimientos que atiendan alumnos con discapacidad visual, auditiva, disfasia severa, trastorno autista, deficiencia mental severa o con multidéficit deberán, de acuerdo con sus necesidades educativas especiales, ubicarlos en cursos de no más de 8 personas, y que por ellos podrán percibir -esto es muy importante- un incremento de 4 USE con respecto a la subvención fijada, y de 4,5 USE, si se encuentran adscritos al sistema de jornada escolar completa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER.-
Lo anterior significa que la subvención puede llegar a ser superior a los 160 mil pesos por niño cuando los afecte una discapacidad mayor.
Esto, señor Presidente, constituye un salto cualitativo enorme, consistente, sin duda, con el acuerdo y la ley sobre plena integración de las personas con diferentes habilidades y otras capacidades, pues hasta ahora no se ha dado el respaldo económico necesario a los establecimientos de que se trata para su desarrollo integral. Y es bueno hacer presente también que ninguno de los sostenedores dedicados a la atención de personas con las discapacidades de carácter permanente antes descritas -sean de planteles municipales o particulares subvencionados- persigue fines de lucro. Al menos yo no conozco ni uno. Quienes los administran lo hacen por un profundo compromiso de integración y por un reconocimiento a las distintas capacidades nacionales, tratando de evitar las constantes discriminaciones de nuestra sociedad.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER.-
Por último, señor Presidente, me voy a referir a un tema planteado en la Comisión y al cual aludió el Senador señor Bianchi.
Voy a poner el ejemplo del Pequeño Cottolengo de la Sexta Región -aunque hay otros en los diferentes lugares del país-, que recibe a personas con discapacidad única o múltiple. Muchas veces, por desgracia, las familias de ellas se ausentan, desaparecen, no vuelven. Y son estas instituciones las que se hacen cargo de los menores y las que mantienen, con esfuerzo y según las posibilidades de cada una, diversas clases de talleres.
Sin embargo, hasta ahora la lógica ha sido que la subvención dure hasta que el alumno cumpla 24 años de edad. Esto, sin duda, constituye un problema. Pero, en mi opinión, en la medida en que se fiscalicen bien las escuelas de lenguaje -en ellas, probablemente, el Estado está invirtiendo más allá de las necesidades reales (no estoy en contra, siempre que se justifique, pues muchos conocemos situaciones en que no es indispensable)-, los recursos que se ahorren permitirían a las instituciones que cobijan a personas con discapacidades mayores seguir recibiendo la subvención aun después de que sobrepasen los 24 años. Ello en razón de tratarse de necesidades permanentes. Son casos en que, por desgracia, las familias, o se hallan ausentes, o bien no tienen posibilidad cierta de preocuparse adecuadamente de los hijos o parientes con problemas de esta clase.
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor del proyecto, pues viene a saldar la deuda que la sociedad posee con las personas con capacidades que son diferentes.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hago presente al público que nos acompaña que en el Senado están prohibidas las manifestaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, ésta es una iniciativa muy relevante, porque aborda una situación que siempre ha sido atendida, particularmente en el Senado, de manera singular.
La reforma legal en análisis se refiere a las necesidades educativas especiales transitorias en forma independiente de la educación especial, en circunstancias de que aún no existe consenso científico sobre lo que es una necesidad educativa especial, aun cuando, en todo caso, constituye una discapacidad. Por lo tanto, hacer la diferencia puede implicar que los niños con trastornos transitorios no accedan a los beneficios de la Ley de Discapacidad.
La reforma también permite fraccionar la subvención de acuerdo con la cantidad de horas que requiera un alumno para superar su déficit, en circunstancias de que a veces resulta impracticable pensar que se pueda determinar a priori las horas y el tipo de recursos especializados requeridos para superar los trastornos. Por ejemplo, los del lenguaje, si no son resueltos en los primeros años de escolaridad, pueden acarrear hasta la adultez desórdenes en el discurso narrativo, la lectura, la escritura, problemas de ajuste y adaptación escolar y de autovaloración.
La reforma, por otra parte, estipula que "se entenderá por profesional competente para diagnosticar un trastorno, el idóneo que se encuentre inscrito en la Secretaría de Educación respectiva, siendo inhábil para tal efecto, el sostenedor de una Escuela Especial, y los parientes o personas que tengan intereses en dichas escuelas.".
Se entiende que la anterior es una medida para evitar aprovechamiento y mal uso de las subvenciones. Pero debe agregarse que no cualquier profesional está capacitado para diagnosticar un trastorno específico del lenguaje como necesidad educativa especial, sino que debe ser reconocido por el Ministerio de Salud. En algunos casos, el de Educación no lo considera competente.
Siento que muchas de las ideas incorporadas en el proyecto en análisis debieran ser examinadas de manera cuidadosa, porque, en la medida en que prestemos especial preocupación a las decisiones que se adopten en definitiva durante su debate en particular, van a tener una incidencia esencial en el desarrollo de lo que todos nosotros -sin distinción de sectores- queremos para nuestros niños, y en particular para quienes sufren discapacidad.
Por eso, señor Presidente, respaldo entusiastamente la idea de esta iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que vamos a apoyar el proyecto -qué duda puede caber-, como ya lo hicimos en la Comisión de Educación. Y me sumo a las expresiones de los distintos señores Senadores que han hecho uso de la palabra en cuanto a que es extraordinariamente importante y -agrego- urgente avanzar en su despacho, porque la educación diferencial en Chile, desde hace mucho tiempo, espera los mecanismos de financiamiento y los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad y no más discursos. En la práctica, aquélla requiere apoyo económico concreto para realizar su acción con dignidad y con toda responsabilidad social, lo que es muy importante para miles de niños de nuestro país.
Al respecto, quiero hacer un alcance muy preciso: a mi modo de ver, uno de los puntos más relevantes del proyecto dice relación al aumento de la subvención destinada a la educación diferencial. En la actualidad, especialmente en el ámbito de las discapacidades permanentes, no cuenta con recursos suficientes, pues la subvención no alcanza para entregar una atención de mínima calidad a estos niños. Ésa es la verdad.
Por eso es tan importante la iniciativa en este aspecto, porque es urgente aumentar la subvención para cuidar a quienes tanto lo necesitan.
Señor Presidente, aparte el incremento de la subvención, en el texto se hace una diferenciación en la educación especial. Por un lado están las incapacidades permanentes, y por otro, las transitorias.
En lo que dice relación a las primeras, está perfectamente definido -no ha generado mayor controversia o debate- lo que significan las discapacidades permanentes visual, la auditiva, la disfasia severa, los trastornos autistas y la deficiencia mental severa o con multidéficit. El proyecto las especifica y no hay mayor dificultad al respecto.
En cambio, en cuanto a las discapacidades transitorias, que básicamente tienen que ver con lenguaje, se proponen diversas definiciones de carácter técnico-pedagógico y de salud.
Al mismo tiempo, lo relativo a la diferenciación o gradualidad de la subvención, como también a su control y fiscalización, es tremendamente complejo. Se requiere una definición de aquel tipo muy perfecta, a fin de que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Es necesario contar con medidas de control y fiscalización que garanticen objetividad en su aplicación, para que haya igualdad ante la ley con respecto a otras entidades que generan subvención escolar o que están sujetas a ella.
Esos aspectos deben quedar bien precisados en la ley. Pero la iniciativa deja un margen muy amplio al ámbito reglamentario, lo que el día de mañana puede prestarse para situaciones de discrecionalidad.
¿Qué ha ocurrido? Que, a pesar de tener un grado de acuerdo importante en cuanto a las definiciones para la educación de las personas con discapacidad permanente, no hemos podido lograr -porque se requiere de un trabajo mayor- las precisiones técnicas y jurídicas para la incapacidad transitoria. Y esto ha atrasado mucho la tramitación del proyecto. El 5 de agosto próximo va a cumplir un año en el Congreso Nacional; su despacho tomó mucho tiempo en la Cámara de Diputados, y, al parecer, va a demorar el debate en el Senado.
Ahora bien, deseo proponer a la Presidenta de la República el desglose del proyecto, hacer una separación en él. Porque en todo lo atinente a las definiciones de discapacidad permanente ya hay acuerdo, como también en su reglamentación. Y los establecimientos encargados de tal tipo de discapacidad necesitan urgente el aumento de la subvención que hoy día reciben, a fin de seguir subsistiendo.
Creo que, por el tiempo que nos van a demorar las definiciones más complejas relacionadas con la discapacidad especial transitoria, sería un error seguir demorando la entrega de una mejor subvención a la permanente, pues la requiere con urgencia.
Por eso, señor Presidente, junto con votar favorablemente la idea de legislar, deseo pedir a la Presidenta de la República el desglose del proyecto, para que se avance de inmediato en todo cuanto se refiere a las incapacidades permanentes y éstas puedan recibir a la brevedad el incremento de la subvención. La necesitan ahora y no en algunos meses más. Así podríamos continuar con un trámite normal en lo referente a las escuelas especiales destinadas a atender personas con discapacidades transitorias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, sólo quiero resaltar algunas ideas centrales de la modificación al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, sobre subvenciones a establecimientos educacionales.
En primer término, en mi concepto, debemos destacar y reconocer la iniciativa del Ejecutivo, tendiente a cautelar en forma intensa los derechos de quienes sufren discapacidades y asegurar a éstos una educación de calidad en todos los niveles del sistema educacional chileno.
Porque la discapacidad hoy día no es una limitante ni inhibe a una persona en su desarrollo. Y, en tal sentido, podemos citar múltiples ejemplos, los cuales nos provocan incluso gran emoción cada vez que los comprobamos. ¡Y en buena hora!
Señor Presidente, otra de las ideas centrales de la iniciativa consiste en reconocer que hay diferentes tipos de discapacidades; por supuesto, algunas más delicadas, más sensibles y más profundas que otras. Y, naturalmente, en éstas el presupuesto debe ser más generoso.
Por lo tanto, hace bien el proyecto en reconocer distintas modalidades de subvenciones. Porque ciertas personas necesitan mucho más. Los elementos requeridos para enfrentar sus discapacidades tienen un costo que sin duda, dado el desarrollo tecnológico y científico, se justifica. Pero no siempre el Estado dispone de los recursos a través de sus organismos.
Las diferentes discapacidades planteadas por algunos señores Senadores, como el espectro autista, el multidéficit, la visual, la auditiva, la disfasia severa, requieren los fondos que he señalado, que son muy importantes. Esto es preciso tenerlo muy en cuenta.
Por otra parte, nos llama muy positivamente la atención que el proyecto de ley haya determinado de una vez por todas que existen discapacidades permanentes y transitorias.
Nosotros sabemos que las personas que padecen discapacidad permanente tienen asegurada la subvención para ser tratadas. La definición de permanentes y transitorias, como las dificultades de aprendizaje, el déficit atencional, los trastornos específicos del lenguaje y otras, hace que el esfuerzo técnico, científico y docente apunten en la dirección correcta.
Asimismo, debo señalar que, a pesar de que me han dado razones atendibles, este tipo de educación no está reconocida en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
Se me ha dicho que si ella fuere incorporada en dicho cuerpo legal, tendrían que ser incluidas también aquellas de distinta índole, como la técnico profesional y otras.
Creo que los Gobiernos, a veces, debieran ser tremendamente discriminatorios en positivo. Y, en lo que respecta a las discapacidades, me gustaría mucho que la educación especial estuviera reconocida en la LOCE, porque no me parece conveniente que un sistema educacional tan sensible quede sujeto en muchos aspectos a las acciones públicas de los Gobiernos de turno mediante reglamentos.
Porque -digamos las cosas como son- el edificio institucional de ese tipo educación se ha ido construyendo sobre la base fundamentalmente de reglamentos. En cambio, si estuviera incorporada en la LOCE, como lo están otros niveles de enseñanza, pienso que las políticas serían mucho más estructuradas, de mayor prolongación y tendrían mejores efectos.
Por esa razón, y por muchas otras más que han señalado con gran elocuencia mis colegas, anuncio que los dos Senadores de esta bancada presentes en la Sala, el Honorable señor Girardi y quien habla, votaremos con mucha alegría a favor de esta iniciativa. Por cierto, también está el voto moral del Senador señor Flores, quien se encuentra desempeñando labores propias de su cargo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, tal como se ha señalado, el objeto del proyecto en debate es aumentar la subvención de educación para determinadas discapacidades y perfeccionar las normas que regulan la subvención.
El Gobierno ha sido enfático en señalar que su voluntad es fortalecer y potenciar este ámbito de educación, atendidos la preocupación y reparos que han surgido en distintas instancias vinculadas precisamente a este tipo de enseñanza.
Se busca promover un incremento de la subvención especial para trastornos severos, tales como la discapacidad visual, auditiva, disfasia, etcétera, y otras ya mencionadas. Hoy, en el sistema educacional, la subvención normal por alumno alcanza a 35 mil pesos; la subvención especial con jornada escolar completa (JEC), a 98 mil pesos, y la subvención especial sin jornada escolar completa a 78 mil pesos.
Lo importante es que la iniciativa eleva dichas subvenciones especiales de 78 a 97 mil pesos y de 98 a 157 mil pesos por estudiante, lo cual, por cierto, nos parece muy positivo. Y creemos que esta intencionalidad debiera irse extendiendo a todo el sistema.
Hay, sí, una preocupación.
Algunos objetan la falta de precisión en el proyecto respecto de las discapacidades mentales o de déficit intelectual.
Asimismo, la autoridad ha formulado una observación en cuanto a que se debe regular la certificación o acreditación de tales discapacidades. Porque parece raro que haya habido un incremento demasiado significativo en determinadas áreas que, más que buscar atender efectivamente a niños con discapacidades, se está prestando para ciertos abusos en algunos casos particulares. Por ello, se requiere que exista una debida regulación en esta materia, para no descalificar el sistema en su integralidad, que tanto beneficia a niños y jóvenes con discapacidades en Chile.
Por otro lado, el proyecto regula el sistema nacional de evaluación de desempeño con el objeto de otorgar la bonificación de excelencia a los docentes de las escuelas especiales.
También se persigue extender la atención escolar a los alumnos de enseñanza prebásica y media que se encuentren internados en centros especializados o que estén bajo un tratamiento médico ambulatorio producto de sus patologías. Del mismo modo, se suprime la limitante del plazo de tres meses que actualmente se exige para conceder este beneficio, ampliándose, por ende, a todos los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.
Asimismo, existe un cuestionamiento por parte del Colegio de Fonoaudiólogos, pues señalan que el reglamento puede ser una instancia peligrosa, complicada, toda vez que este tipo de disfuncionalidades o déficit es de difícil regulación y acreditación.
En el ámbito general, hice presente a las autoridades del Ministerio mi preocupación -porque me llama la atención- acerca de la denominación que se da a este tipo de discapacidades: educación especial.
Ello, porque hace pocos días tuve ocasión de conocer una experiencia, también denominada "educación especial", que se refiere no sólo a niños con déficit en su capacidad intelectual (verbal o visual), sino a menores que viven una situación exactamente al revés, esto es, que se hallan sobrecapacitados para estar en el ámbito de una sala de clases. Y pude comprobar, en una feliz experiencia, que esos niños, que exhiben tantas disfuncionalidades dentro del aula, son verdaderos genios cuando los programas educativos son flexibles y responden a sus necesidades, inquietudes y requerimientos, pues el proceso de capacitación es a la inversa.
El carácter especial del sistema educacional no sólo abarca a la discapacidad, sino también a los sobredotados. Y este asunto me parece relevante. Por lo menos, las autoridades del Ministerio de Educación manifestaron su interés al respecto.
Señalo lo anterior, a propósito de un dato que todos los señores Senadores pueden leer en el informe, y que, a mi juicio, no debiera pasar inadvertido.
Se invitó a la Presidenta de la Asociación Nacional de Padres y Amigos de Niños con Déficit Atencional (ANPANDA) y al médico neurólogo representante de dicha entidad. Este último hizo una presentación que estimo francamente sorprendente y en la que pienso que la Comisión de Educación del Senado tendrá que poner particular atención.
Aquél expresó su preocupación por que el tema del déficit atencional no estaba claramente definido e incorporado como una necesidad educativa especial, el cual, por lo demás, resulta difícil certificar. Sin embargo, lo que debe causar inquietud al Senado es que el referido trastorno se diagnostica teniendo como base una clasificación norteamericana que establece los requisitos mínimos para determinar esta enfermedad y que se soluciona -¡ojo!- sólo con la ingesta de neuropsicofármacos.
Ello, en la sociedad chilena, tiene que ver con los hijos del ritalín y de las anfetaminas.
El punto que preocupa es que dicho profesional señala en el informe que en una sala de clases normalmente el 20 por ciento de los alumnos está medicado con ritalín o anfetaminas.
Me parece que esta situación debiera llamar a preocupación en el ámbito del Ministerio de Educación, toda vez que, al ser consultado dicho médico especialista -dato que no se consigna en el informe- respecto de cuál es la media mundial de déficit atencional en una sala de clases, señaló que no sobrepasa el 6 por ciento.
¿Cómo se explica, en consecuencia, la tremenda diferencia existente entre ese 6 por ciento, que es la media mundial, y el 20 por ciento del que se da cuenta en relación con el sistema educacional chileno? Me parece que ese tema debería llamar a reflexión.
Tengo la impresión de que nuestro sistema educacional es el que necesita "ritalín" y "anfetaminas", y no los estudiantes, quienes muchas veces llegan a salas de clases enormemente aburridas, poco proactivas, y que en la actualidad -así lo dice Tony Busan, especialista en procesos cognitivos- se han transformado desde templos del saber hasta en verdaderos templos para dormitar el cerebro. Porque los niños no soportan aulas tan tediosas como las que existen hoy día.
Estimo que ese punto es relevante y debería ser considerado.
Sin perjuicio de lo anterior, señalamos nuestro entusiasmo en orden a brindar apoyo a la educación especial y, en particular, a los niños y adolescentes que padecen déficit de diversa naturaleza. Por ello, Renovación Nacional votará a favor de la iniciativa.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, deseo partir sumándome a las expresiones formuladas en la Sala por los distintos señores Senadores que han intervenido.
Expreso mi inmensa satisfacción por el hecho de votar hoy un proyecto de ley tan importante para Chile, en especial porque se trata de un país que se ha propuesto generar igualdad de oportunidades para todas y para todos. Y sabemos muy bien que hemos avanzado en ese sentido. Hace algunos años los niños con algún tipo de dificultad o enfermedad eran escondidos en sus casas. Felizmente, ello hoy día se ha superado.
La iniciativa en debate constituye un avance, pues se definen las necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Además, se establece que, respecto de los alumnos con tales necesidades, la subvención podrá fraccionarse y pagarse conforme a las horas de atención que efectivamente requiera el estudiante para superar sus déficit, de acuerdo con lo que establecerá un reglamento. Y se aumenta la subvención de educación especial diferencial, lo cual me parece fundamental para llevar adelante los distintos planes de trabajo que se van a emprender en esta dirección.
Deseo destacar que hasta ahora, sin la aprobación de la iniciativa en análisis -espero que se acoja pronto-, sólo existe capacidad para formar a menores con dificultades a nivel de enseñanza básica. Sin embargo, a través de este proyecto, se les considerará en la educación preescolar, básica y media. Esto resulta extraordinariamente importante para completar la formación de niños y jóvenes que se hallan ansiosos de hacer su aporte y contribuir así al desarrollo del país.
Sin embargo, nos quedarán muchas materias pendientes.
En seguida, deseo relatar en forma muy breve una experiencia personal que me correspondió vivir cuando fui Ministra de Justicia de su Gobierno, señor Presidente.
En una oportunidad, de las tantas en que me tocó participar, visité un hogar subvencionado del Servicio Nacional de Menores y estuve con los niños que se encontraban ahí. De repente noté algo raro, y esto se tradujo en que en una habitación se hallaba una mujer de 35 años en silla de ruedas, que fue abandonada cuando tenía un año de edad. Estaba inhabilitada por completo para valerse por sí misma y, naturalmente, exhibía con creces la edad para permanecer en dicho recinto.
Pero la directora de ese hogar, con razón, me dijo: "Qué hago; nunca nadie la ha venido a ver, nunca nadie ha preguntado por ella y yo no puedo dejarla botada en la calle".
Por eso, deseo establecer la necesidad de que nos fijemos otros objetivos. Y para esos efectos deseo valorar muy especialmente el aporte que hace la Asociación de Padres y Amigos de los Autistas¿
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALVEAR.-
¿y, además, la colaboración de los padres y las madres de niños y jóvenes con discapacidad. Ellos realizan con enorme generosidad un esfuerzo permanente por salir adelante.
La mayoría de estas agrupaciones cumplen su labor ad honórem y están conformadas por personas que desean ayudar a una familia donde ha nacido un niño con discapacidad.
En consecuencia, señor Presidente, junto con señalar que apoyaré con entusiasmo esta iniciativa legal -espero que se apruebe en forma unánime y a la brevedad-, llamo la atención sobre las tareas pendientes que nos quedan como sociedad y, al mismo tiempo, hago un reconocimiento a quienes deben realizar el sacrificio mayor para sacar adelante a estos niños y jóvenes.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, por supuesto, votaré a favor de este proyecto de ley porque creo que Chile posee una gran deuda con los discapacitados. Y al aprobar iniciativas como ésta se avanza en la línea correcta, pues se termina con algunos abusos tan propios de nuestra idiosincrasia nacional y que en este caso atentan contra los sectores más vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, he querido intervenir, no para decir lo mismo que manifestaron otros Senadores que me antecedieron, sino para plantear algo que, a mi juicio, es de gran importancia y que constituye la mayor deuda que la sociedad chilena tiene con los discapacitados.
Señor Presidente, ¡para qué estudia un discapacitado! ¡Para qué aprende! ¡Para qué se capacita si en definitiva no tendrá trabajo ni una oportunidad para ganarse la vida en forma digna!
Señalo lo anterior, porque hace un mes presenté un proyecto de ley al Gobierno con el fin de llevar a cabo lo que realizan los países a los cuales les importan realmente los discapacitados. En España, Alemania y en muchas naciones desarrolladas se les destina un porcentaje de cargos en la Administración Pública.
Dicha iniciativa establece algo muy simple: que el 5 por ciento de los empleos estatales que se proveen mediante concurso público sean ocupados por discapacitados. ¿Para qué? Para que los que acuden al colegio, aprenden otro idioma y asisten a la universidad cuenten con una oportunidad al interior del Estado, el cual por ley está llamado a proteger a los más débiles.
¿Cómo es posible, señor Presidente, que el Estado sea el más discriminador en contra de los discapacitados?
En la actualidad hay disposiciones legales que no permiten que un discapacitado entre a la Administración Pública. Sólo algunas instituciones -el Ejército, Carabineros, municipalidades y muchas empresas privadas- les dan espacio.
Ahora bien, ustedes se preguntarán qué pasó con la iniciativa que presenté al Gobierno. Es muy curiosa la respuesta, porque la persona que me la dio es un discapacitado: el Director del Fondo Nacional de la Discapacidad, don Carlos Kaiser, quien me contó su experiencia.
Él estudio en la universidad y, a pesar de tener esposa e hijos, durante años no pudo encontrar trabajo, porque lo discriminaban. Pero el acalde de Algarrobo le brindó una oportunidad. Por eso se hizo conocido y lo nombraron para ocupar el cargo antes mencionado.
En todo caso, su respuesta fue sumamente confusa, señor Presidente. Y el Gobierno no contestó a mi propuesta.
Creo que si realmente queremos preocuparnos de los discapacitados, no sólo debemos elaborar leyes como las hoy día vigentes, sino que tenemos que abrir para ellos una oportunidad en el Estado, que es el llamado per se a proteger a los más débiles.
Por lo tanto, debemos aprobar una norma en tal sentido. Y hago presente a la señora Ministra subrogante y a los demás representantes del Ejecutivo que les enviaré de nuevo dicho proyecto, a fin de que lo estudien, pues la respuesta que recibí fue muy mala.
Creo que un Gobierno como el de ustedes, que dice estar preocupado de los discapacitados, debiera hacerlo en serio, porque el Estado tiene que darles espacios reales, no como ocurre hoy, cuando es el que más los discrimina.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, como probablemente todos los Senadores, he podido conversar con agrupaciones de madres y padres de niños y jóvenes discapacitados, quienes han tenido constancia, tanto acá como en Santiago, para acercarse a los Parlamentarios y hacernos ver el drama que viven todos los días.
En cada una de mis conversaciones he podido palpar que su mayor angustia radica en qué va a suceder con el hijo discapacitado si ellos alguna vez faltan. Ése es el sentimiento que al final permea todo. Esos padres y madres perciben que, mientras están, los miembros de su familia con discapacidad -niños, jóvenes- de alguna manera se encuentran protegidos. Pero siempre persiste la angustia de no saber qué pasará si el día de mañana ellos desaparecen.
Por eso uno entiende perfectamente bien el esfuerzo sobrehumano que realizan tales personas por brindar a sus discapacitados la mejor educación factible, por lograr que esos jóvenes y niños puedan valerse al máximo por sus propios medios. Es cierto que después, por lo general, no se les da una mano en cuanto a opciones de trabajo. Pero ellos tratan de conseguir al menos que sus hijos tengan un mínimo de relación con el mundo.
Por ello, creo que hay que apoyarlas con todo.
De otra parte, comparto la opinión vertida por el Senador señor Letelier en el sentido de que uno percibe que probablemente ha habido un aprovechamiento en las escuelas de lenguaje. En verdad, se trata de discapacidades difíciles de detectar y para cuyo diagnóstico se requiere un especialista. Por lo tanto, resulta muy fácil pasar a un niño por completo normal como si tuviese una limitación de lenguaje. Y como la subvención es mucho más alta, las escuelas especializadas en esa área han surgido como "callampas" por todas partes.
Pienso que jugar con los recursos del Estado para tratar una discapacidad que no existe y en consecuencia, básicamente, lograr un beneficio económico para el sostenedor es del todo inaceptable.
El trastorno de lenguaje existe, señor Presidente, y las consecuencias de no tratarlo a tiempo y bien pueden terminar liquidando la vida de un niño para siempre. El problema radica en resolver cómo y dónde se trata: si en una escuela normal, con profesionales que otorguen el tratamiento en forma paralela, o en un establecimiento especial.
Yo no puedo opinar sobre esa materia, pues no soy especialista. Lo único que sé es que la discusión -como decía el Honorable señor Chadwick- va a ser ardua y, probablemente, larga. Y durante ella tendremos que ver cómo establecemos todos los filtros posibles a fin de que los niños con problemas de aprendizaje y de lenguaje reciban realmente el tratamiento que requieren y al final sean ciudadanos absolutamente plenos. Pero también debemos encontrar la forma de frenar el abuso, que siempre resulta inaceptable, más aún cuando hay dineros fiscales de por medio.
Ahora bien, como existen dos situaciones dramáticamente distintas -por un lado, una discapacidad obvia, terrible, pesada, costosa, respecto de la cual no hay ninguna diferencia entre las bancadas; por otro, una situación muy complicada, que requiere un estudio a fondo, referida básicamente a los trastornos del lenguaje-, quiero respaldar con mucha fuerza el desglose del proyecto en dos y, por ende, el despacho en forma urgente de lo relativo a las discapacidades permanentes, graves, y al aumento de la subvención respectiva.
He estado conversando con padres y madres de discapacitados, y me he enterado de que muchas escuelas se encuentran a punto de cerrar porque, sencillamente, ya no están en condiciones de pagar ni las deudas de agua y luz, ni tampoco las remuneraciones de los profesores. O sea, se hallan a un paso de la quiebra. Y uno ve la angustia de aquellas personas, quienes ¡ya no pueden más!
Y por otra parte podremos darnos tiempo para discutir, con todo el detalle que requiere, lo concerniente a las escuelas de lenguaje, sin¿
Señor Presidente, el Senador señor Letelier me está pidiendo una interrupción, que concedo con la venia de la Mesa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Agradezco a la Honorable señora Matthei y a la Mesa.
Para lograr el objetivo que plantea la señora Senadora es preciso definir las discapacidades transitorias y las permanentes. Sólo a estas últimas se les va a conceder el aumento extraordinario. El desglose no haría necesarias las dos definiciones. Entonces, si se incrementa la subvención, se hace en forma pareja para todos.
Yo entiendo, por ende, que la propuesta de desglose, más que separar las dos definiciones,...
La señora MATTHEI.-
¡No! ¡No es eso!
El señor LETELIER.-
...es dejar pendiente sólo el elemento destinado a calificar quién ingresa a la escuela de lenguaje o quién sale de ella.
Sólo deseaba precisar los conceptos. Y al respecto estamos totalmente de acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Recupera la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, quiero estar muy clara: el aumento sólo puede provenir para los casos graves, permanentes, calificados como tales. En eso hay absoluto acuerdo para un pronto despacho.
El otro aspecto, el de las escuelas de lenguaje, requiere una discusión a fondo. Porque, sin duda, uno no puede primero aumentar la subvención y después discutir qué hace con ella. Es al revés.
Por ello, pido encarecidamente -¡encarecidamente!- al Gobierno que lo referido a las discapacidades graves, permanentes -fueron citadas durante la discusión-, se desglose de este proyecto de ley y sea tratado con urgencia, para aumentar la subvención a un sector que atraviesa por una situación realmente desesperada.
Yo sé que las mamás y papás que se hallan en las tribunas han conversado con muchos de los Parlamentarios aquí presentes. Y también sé que todo el mundo estaría de acuerdo en aprobarlo.
Por ello, le solicito al Ejecutivo -es una materia de su iniciativa exclusiva- que proceda al desglose planteado.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, nada hubiera querido menos que iniciar mi intervención refiriéndome a lo que escuché a un Parlamentario del Gobierno de la Concertación.
Yo fui Subsecretario y Ministro de Justicia en el Gobierno de Su Señoría y Ministro de esa Cartera en la Administración del Presidente Lagos, y, por tanto, no puedo aceptar que se diga tan simplemente que los Gobiernos de la Concertación no se han preocupado del problema de la discapacidad.
Ésta es una materia importante y difícil de abordar. Como todas las cosas en este país, el apoyo a los discapacitados se ha ido desarrollando poco a poco e instalándose lentamente en la sociedad.
Por lo tanto, me parece tremendamente injusta aquella afirmación de un colega Senador, más aún cuando quien dirige hoy día el FONADIS es un discapacitado. Y estoy seguro de que su principal preocupación va a ser trabajar en pos de soluciones; y si la que se ha propuesto es buena, la vamos a apoyar todos
Creo que era indispensable hacer esa aclaración, señor Presidente, porque la discapacidad -repito- es una realidad importante para todos nosotros.
Yo he recorrido diversas zonas y visitado numerosas instituciones que se preocupan de esta situación. En el propio Ministerio de Justicia incorporamos a personas que luego trabajaron con nosotros en el ámbito de la discapacidad. Y allí, además, se maneja parte de las subvenciones del Servicio Nacional de Menores. Por consiguiente, conozco la realidad de esa problemática.
En fin, considero indispensable tener presente la labor que se está haciendo y salir adelante con este proyecto, en vez de buscar culpables o idear fórmulas que puedan generar una situación ventajosa respecto de los demás.
No debiera haber diferencias entre nosotros sobre este particular. Aquí existe una necesidad clara y precisa, y tenemos que satisfacerla con celeridad.
Este proyecto lleva casi un año, señor Presidente, y es preciso buscar fórmulas para responder con prontitud a una demanda que, debido a la insuficiencia de recursos, hacen todas las instituciones y todos aquellos que tienen hogares o establecimientos educacionales para discapacitados.
No sé si la proposición de la Senadora señora Matthei demora o no la iniciativa, pero yo le pediría al Gobierno que le pusiera la urgencia necesaria para que de una vez por todas podamos entregar las subvenciones que se precisan para las tareas de educación y laborales que tienen los discapacitados en general.
Por supuesto, señor Presidente, vamos a votar a favor, con toda nuestra fuerza, y colaboraremos en cuanto sea indispensable para sacar adelante un proyecto que es importantísimo para una parte significativa de los chilenos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, no es mi ánimo alargar la discusión, pues se trata de un proyecto que todos queremos aprobar rápidamente a fin de que ojalá sea ley lo más pronto posible. Sin embargo, debo intervenir porque, si hay algo que nos impacta a los que hemos sido candidatos y usamos en las campañas el trabajo "casa a casa", es cuando nos invitan a entrar en una vivienda y nos encontramos con un menor afectado por una discapacidad permanente.
Y en nuestro país, a mi juicio, ésa es una realidad bastante más oculta aún de lo que suponemos.
Señor Presidente, si bien el proyecto apunta en el sentido correcto, quiero pedir que se envíe un oficio a la señora Presidenta de la República para solicitarle que se estudie la posibilidad de otorgar una subvención destinada a crear internados para quienes se hallan en dicha situación.
La verdad es que a muchas mujeres, especialmente en el mundo popular, de nuestra clase media, se les hace imposible salir al mercado laboral cuando tienen un menor en tales condiciones.
Por eso la diferenciación que establece el proyecto entre discapacitados permanentes y aquellos que tienen problemas de carácter transitorio en el aprendizaje, pues se trata de realidades radicalmente distintas.
Un menor afectado de discapacidad permanente demanda, principalmente de su madre, atención durante las 24 horas del día. Hay muchas mujeres que por desgracia, debido a la destrucción familiar, son abandonadas por su pareja, por su conviviente, por su marido, y deben hacerse cargo de una situación dramática; y cuando ésta incluye la existencia de un hijo en ese estado, se les hace imposible salir al mundo laboral.
Entonces, tenemos que avanzar, no sólo en una subvención diferenciada que haga sustentables económicamente las escuelas respectivas, sino también en la búsqueda de la posibilidad de crear una subvención para que haya internados.
En el mundo rural vemos muchos casos de discapacidad permanente. Y, sin duda, la única posibilidad de acceder a una educación diferencial es la existencia de un hogar o un internado. Creo que es el paso que debe dar nuestra sociedad para incorporar en ella a estos menores o, muchas veces, para sacarlos del ocultamiento en que viven.
En tal sentido, reitero mi solicitud de oficiar a la señora Presidenta de la República a los efectos de que disponga el estudio de un nuevo proyecto de ley -porque no es mi ánimo dilatar el despacho del que hoy debatimos- que establezca una subvención -complementaria de la que ahora se incrementa- destinada a crear instituciones sin fines de lucro o escuelas subvencionadas o municipalizadas que de alguna forma, sea a través de hogares o de internados, faciliten la educación de los menores en comento y, a la vez, permitan que muchas madres de familia salgan al mundo laboral, pues la imposibilidad de hacerlo es uno de los mayores obstáculos que enfrentan en la actualidad.
No tenemos cifras ni estadísticas certeras sobre la magnitud de este problema en el país, señor Presidente.
Ahora bien, si hay algo que a uno lo impacta y emociona de verdad es ver, muchas veces, el grado de solidaridad de los vecinos, de las abuelas, del núcleo familiar, cuando, no obstante sus condiciones de extrema pobreza, se hacen cargo de menores con discapacidad permanente. Obviamente, las personas de nivel socioeconómico más alto tienen los medios para pagar un hogar o a alguien que se haga cargo de su cuidado. Pero esa realidad corresponde a una ínfima parte de la ciudadanía.
Por eso, creo que, tras una buena escuela, debemos dar el paso siguiente: constituir -ojalá a lo largo del país- hogares que, sobre la base de una subvención especial, no sólo entreguen educación, sino que también cobijen en un inmueble a muchos menores con discapacidad permanente, quienes -lo considero importante- deben salir del ocultamiento en que viven.
Entonces, una vez más pido oficiar en mi nombre -y en el de quienes deseen adherir- a la señora Presidenta de la República a los efectos de que se estudie una nueva subvención, distinta, que permita crear hogares o internados para los menores con discapacidad permanente.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se mandará el oficio solicitado por el señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto en términos personales y no como Presidente de la Comisión de Educación.
Sobre el particular, hay tres puntos que deseo mencionar.
El primero de ellos -emana de la iniciativa, ha estado en la discusión de hoy y fue incorporado en el análisis de la Comisión como un tema bastante nuevo- se refiere al déficit atencional, que forma parte del proceso que estamos siguiendo para ver cómo mejoramos el financiamiento y el funcionamiento de los planteles.
Aquí se recordó cierta información que figura en el documento, emanado de la Comisión, que los señores Senadores tienen en sus manos. Para nosotros fue tremendamente impactante conocer el porcentaje tan alto de déficit atencional existente. Y también fue muy impresionante recibir la versión personal de uno de los jóvenes que padecen dicho trastorno, quien hizo un resumen de su vida y señaló cómo ha sido la respuesta de la sociedad frente a su situación.
Se trata, Honorables colegas, de un problema que cada día empieza a verse más frecuentemente, con especial énfasis -y reiteraré lo que señalé en dicho órgano de trabajo- en la relación de las dificultades vinculadas con la salud y las complejidades del desarrollo personal versus su enfrentamiento con el medio.
Ahora bien, hay una contradicción entre el llamado teórico a ser cada más comprensivo con los temas personales de todo el mundo y lo que sucede en cada caso particular, en el sentido de hablar no sólo de enfermedades en forma colectiva sino también de enfermos o de personas, atacando la actitud permanente de, en alguna forma, despreciar la relación personalizada entre la sociedad y tal o cual individuo.
Ése es un primer punto.
En segundo lugar, más allá de lo que hemos discutido hasta la fecha, debo reiterar que quedaron asuntos pendientes en el debate de la Comisión. Algunos de ellos ya fueron mencionados por sus integrantes. Otros deberán ser incorporados. Por ejemplo, la realización de una discusión más cercana entre salud y educación; la creación de instancias para enfrentar estas cuestiones con mayor precisión; el trabajo con los profesores; la búsqueda de la excelencia en términos más aceptables para ellos; eventualmente, una mayor diferenciación entre las discapacidades; aumento más acentuado de la subvención -facultad exclusiva del Ejecutivo- en términos de si son suficientes las cifras que se entregan.
Y el tercer tema se refiere a lo siguiente.
En la Comisión se planteó por el Honorable señor Chadwick -y Su Señoría lo reiteró aquí- y otros Senadores la posibilidad de solicitar al Gobierno que desglose el proyecto en lo meramente económico y dejar para una discusión más amplia las otras materias contenidas en él.
Con franqueza, creo que es una muy buena propuesta desde el punto de vista de entregar pronto ciertos recursos; pero también debo hacer notar que, en mi opinión, es difícil, por la complejidad de la iniciativa, la manera como se está tratando y el interés que existe, hincar el diente en un aspecto que es muchísimo más profundo que lo que se pudiera consignar en el texto mismo.
No es fácil desglosar el proyecto, incluir una serie de subvenciones y quedarnos rigidizados en la discusión posterior.
He conversado con los miembros de la Comisión de Educación Honorables señores Cantero, Chadwick y Núñez -y entiendo que el Senador señor Navarro estaría en igual disposición- y concordamos en que, en vez de efectuar ese desglose y atendido que se trata de un tema que todos tenemos muy presente, quienes deseemos formular indicaciones lo hagamos luego, de aquí al lunes. Porque la Comisión, sobre la base de la palabra de los Senadores que he mencionado, está disponible para analizarlas durante todo el tiempo que sea necesario el martes y miércoles próximos, de modo de evacuar el segundo informe entre jueves y viernes, con el objeto de que la Sala lo discuta el martes siguiente.
De esa manera cumpliríamos dos objetivos: despachar rápido el proyecto y además organizadamente, con una visión holística, sin que se nos confundan los términos y tengamos que estar cambiándolos.
Si bien se trata de materias separadas, se encuentran tan interrelacionadas, sobre todo a la luz de lo que vamos a proponer a la Comisión, que yo solicitaría considerar esa idea, para dar así satisfacción a las proposiciones que han formulado otros señores Senadores. Dado que ella, aparte ser razonable, implica una visión más organizada del tratamiento de la iniciativa, nos parece más lógico comprometernos a eso.
Anuncio mi voto favorable.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, existe unanimidad en las diversas bancadas en cuanto a apoyar el mejoramiento de la subvención educacional para los discapacitados.
Creo que la experiencia de vida con un niño o una niña, con un hijo o una hija con discapacidad es, lejos, una de las más enriquecedoras. Lo que Dios quita por un lado, sin lugar a dudas, lo da por otro. Las personas que se hallan en esa condición nos abren los ojos con respecto a la fragilidad de los seres humanos, y también son una campanazo de alerta frente a cualquier asomo de soberbia o de creerse de alguna forma más cerca de los normales. Desde luego, debemos asumir esta experiencia como sociedad.
En cuanto a las deficiencias que en mayor o menor grado se plantean, es preciso focalizarlas lo mejor posible.
Con respecto a las discapacidades transitorias, las escuelas de lenguaje -según lo denunciado por la prensa en su oportunidad- crecieron en 500 por ciento, debido a la facilidad con que se podían instalar. Pero hay que reconocer que en esta materia están pagando justos por pecadores. He tenido la ocasión de visitar algunas de ellas y he comprobado que cuentan con profesionales verdaderamente acuciosos, hacen bien las cosas y han sorteado todos los procesos de fiscalización.
Por lo tanto, no caigamos en la tentación de pensar que, a causa de una irregularidad -que también se produjo con los sistemas de capacitación, que el SENCE debió fiscalizar en forma oportuna y preventiva-, va a suceder lo mismo con esa clase de establecimientos.
Por esas razones, debemos ver el tema en su conjunto y en un trámite rápido, cuando el proyecto se estudie en particular tanto en la Comisión como en la Sala.
Anticipo que respaldaremos la iniciativa. Pero solicito al Ejecutivo que establezca una subvención de capacitación laboral, para que los jóvenes discapacitados que terminan su período educacional tengan la posibilidad de formar microempresas; cuenten con el estímulo de que serán contratados, y logren desempeñarse en plenitud y con la riqueza que he señalado, en cada una de las instancias de nuestra sociedad.
Aprobaré la iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, de más está decir que votaré a favor del proyecto, porque va a dejar a nuestro país en mejores condiciones en una materia de enorme importancia. Creo que nadie se debería restar a darle su aprobación.
Sí, deseo precisar algo que me parece esencial cuando se aborda una iniciativa de esta naturaleza. Desde un punto de vista conceptual, me parece mal que algunos partan expresando que estamos ante situaciones de inferioridad o -por qué no decirlo- que las personas discapacitadas no se encuentran en igualdad de condiciones que nosotros. Esta manera de enfrentar el problema podría llevarnos a conclusiones absolutamente ajenas a lo que se pretende resolver.
Aquí estamos en presencia de seres humanos tan dignos como todos los demás -esto debe entenderse muy bien-, y es obligación de cada uno de nosotros -no sólo del Gobierno o de la Oposición- tener hacia ellos una actitud que nos dignifique como personas. El problema es a la inversa.
Ahora sucede algo totalmente distinto. Antes, la tendencia respecto de tales personas era a esconderlas, a no mostrarlas, a no asumir la realidad. Esa falsa visión de las cosas puede llevar a situaciones muy delicadas cuando un país no reconoce su calidad de seres humanos a quienes no presentan plena y absoluta normalidad.
Por eso, me gustaría que este concepto quedara esencialmente expresado aquí y que constituyera la razón que nos permita, incluso, avanzar en dos o tres temas señalados por Senadores de la Oposición y que paso a comentar.
La Honorable señora Matthei se ha referido a la angustia que sienten algunos padres cuando piensan qué pasará mañana, cuando ya no estén, con su hijo u otra persona con discapacidad que se encuentre a su cuidado.
Esa angustia no puede quedar entregada sólo a la familia. Debemos encontrar una solución. Creo que la señora Senadora ha puesto el dedo en la llaga. Es necesario encontrar una solución, sobre todo teniendo en cuenta que el país comienza a progresar. Y uno de los síntomas de que está avanzando es que hoy se están abordando estos problemas.
Considero mezquina la acusación que se hace en el sentido de que los Gobiernos de la Concertación no se hayan preocupado de la situación o sólo lo hayan hecho a medias. Éste es un problema que hemos ido madurando como sociedad y hoy lo asume el Gobierno actual. Pudo haber sido otro. Lo importante es enfrentarlo y hacerlo bien.
Sin duda, la Honorable colega de la Oposición ha puesto de manifiesto un tema relevante. Y el Ejecutivo -por cierto, al margen de esta iniciativa- debe proponer una solución, para que en el futuro esos padres no sufran tal angustia ni -menos- la traspasen a sus hijos. Porque, más allá de cualquier cosa que podamos pensar, ellos también comprenden el temor que los embarga.
En segundo lugar, deseo recoger lo planteado por el Honorable señor Longueira. Es efectivo -he sido testigo de ello- que innumerables familias, muchos padres o madres, fundamentalmente, no están en condiciones de allegar los recursos para el cuidado de los niños o jóvenes discapacitados porque no pueden trabajar y se afligen por el hecho de tener que dejarlos solos.
Debería crearse un organismo, o una sección especial dentro de las instituciones existentes, donde puedan permanecer esos muchachos y recibir el debido cuidado. Ello permitiría a sus padres, y en particular a su madre -que es lo más común- trabajar, cumplir y hacer bien las cosas para que tengan una mejor calidad de vida. Hay que analizar el punto que planteó el Honorable señor Longueira y recogerlo -repito: no en este proyecto-, porque es necesario resolverlo.
En tercer término, deseo dejar establecido que, por lo general, ante estas situaciones puede darse la tendencia a medirlas -para justificar algunos subsidios o soluciones por parte del Estado- a través de modalidades que no sean las adecuadas. Y ello sería doblemente grave. Para ese efecto, se debe partir de la realidad en que se encuentran tales personas y no como si estuvieran en un nivel pleno de capacidades. Porque no lo están.
Por lo tanto, sería necesario establecer un sistema de medición especial para estos casos.
El cuarto y último punto es el siguiente.
Si procedemos en la dirección que he delineado, no sólo estaremos cumpliendo una obligación, que por supuesto es importante; además, debemos tener conciencia de que los que más ganaremos seremos nosotros. Porque el cariño, la disposición de la gente con menores capacidades, por ejemplo, de los niños o niñas con síndrome de Down, son de tal magnitud y entrega que cuando uno los recibe se siente mucho más persona y termina agradeciéndole a Dios el poder hacer algo por ellos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, no soy especialista en la materia, pero he seguido con mucha atención el debate y me parece muy interesante el camino que se ha sugerido.
Pienso que hay que tomar en serio la propuesta del Senador señor Chadwick para los efectos de avanzar con mayor eficacia en la solución del problema más grave: el de las discapacidades profundas, permanentes, y no detener su marcha. Porque efectivamente, según la información que tengo de mi Región, existen muchas dificultades en diversos establecimientos, los cuales, por falta de una subvención adecuada, no están funcionando en la forma debida.
En todo caso, estamos disponibles para despachar la iniciativa con la mayor urgencia posible, ya sea por la vía que se ha sugerido o por la actual.
Y deseo aprovechar la ocasión para plantear un asunto vinculado con el que nos ocupa.
En 1994 se dictó la ley Nº 19.284, que estableció normas para la plena integración social de las personas con discapacidad y reguló diversas situaciones. Y en el Título IV se refirió en particular a la equiparación de oportunidades. Entre ellas, dispuso que las nuevas construcciones, ampliaciones, instalaciones, tanto en edificios de propiedad pública como privada, en fin, "así como también las vías públicas y de acceso a medios de transporte público, parques, jardines y plazas, deberán efectuarse de manera que resulten accesibles y utilizables sin dificultad por personas que se desplacen en sillas de ruedas.".
Es decir, esa normativa postulaba que la sociedad, a lo largo de todo el país, adoptara medidas en cada uno de los ámbitos -infraestructura, cultura, informaciones, comunicaciones, educación- para hacer realidad la equiparación de oportunidades.
Sin embargo, según conversaciones que he sostenido con dirigentes regionales, tales disposiciones, a pesar de que los plazos se encuentran vencidos, no se han cumplido, ni siquiera en todos los edificios públicos o privados.
Por lo anterior, para que las leyes se cumplan, sean reales, y en especial para que se alcancen los objetivos de bien social que persiguen en cuanto a dar plena igualdad de oportunidades a las personas que, por distintas razones, no las tienen o no han podido acceder a ellas, solicito que se dirija un oficio -ojalá en nombre del Senado- a la Presidenta de la República pidiéndole que tenga a bien impartir instrucciones a los respectivos Ministerios o a las entidades que correspondan para que esas normas se cumplan. Porque no resulta aceptable dictar leyes que nos hagan sentirnos complacidos por haber aprobado disposiciones con objetivos de bien, pero que en la práctica no se concretan.
Pienso que con ello estaremos avanzando, no sólo en el aspecto educativo, a través de subvenciones, que son necesarias para mejorar la calidad de los esfuerzos que se realizan, sino también en el acatamiento de normas que se hallan vigentes pero que en la práctica no se aplican.
Por lo tanto, solicito que el oficio referido se envíe en nombre de esta Corporación, a fin de asegurar el cumplimiento de la ley que establece la plena integración social de las personas con discapacidad.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si les parece a Sus Señorías, se remitirá el oficio en nombre del Senado.
El señor PROKURICA.-
Sí.
La señora ALVEAR.-
Conforme.
El señor LETELIER.-
Muy bien.
--Así se acuerda, por unanimidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, comparto todos los análisis y discursos que aquí se han hecho respecto de un tema tan relevante como el que estamos tratando. Pero es esencial que la Sala comprenda que nos hallamos ante una situación de carácter urgente.
En Chile existe un sinnúmero de instituciones y de organizaciones destinadas a atender a la gente con discapacidad. Ellas han sido formadas, las más de las veces, por personas que, debido a su amplio sentido social o por ser padres de niños con características especiales, han dedicado sus vidas a promover y realizar educación diferencial. Y la situación actual hace indispensable, necesario, urgente que obtengan las subvenciones que plantea este proyecto de ley.
Ello, porque sin duda estamos hablando de un tipo de enseñanza para determinadas personas, para determinados seres humanos, que no hemos abordado, como sociedad, desde esa perspectiva. De hecho, hoy estamos discutiendo una modificación a la ley sobre subvenciones, vale decir, mirando el problema sólo a través del prisma de cuánto una subvención va a poder contribuir al desarrollo de un proceso de enseñanza indispensable para hombres y mujeres que requieren una educación especial de carácter permanente.
Estoy seguro de que muchas de esas organizaciones e instituciones se encuentran en una situación límite que les impide seguir ejecutando adecuadamente su labor. Además, hay un gran espectro de personas que desean que sus hijos ingresen a ellas. Y, a su vez, tales entidades quieren recibir a esos niños y jóvenes pero no poseen la capacidad para atenderlos en forma apropiada.
Nos hemos reunido con numerosos representantes de dichas instituciones y con profesores, especialistas, profesionales, pero también con padres, y han coincidido en lo señalado.
Pienso que desde esa perspectiva debe evaluarse principalmente la situación: considerar el drama de un padre que no tiene dónde llevar a su hijo; el drama de una familia cuyo entorno se ve afectado por alguna de estas discapacidades permanentes que sufre alguno de los suyos y que, por tanto, requiere una atención global, orgánica, sistemática; y las pocas alternativas existentes a lo largo del país para que la gente pueda contar con esa atención especializada.
Si cada uno de nosotros recorre mentalmente las zonas que representa, podrá contar con los dedos de una mano los lugares donde los grupos familiares que conocemos pueden llevar a sus hijos. Más aún, al conocer la situación de algunos establecimientos de este tipo hemos visto las dificultades que tienen para sostenerse: grupos de voluntariado, padres que abnegadamente tocan puertas para poder llegar a fin de mes y pagar a los profesionales que atienden a sus hijos.
Eso es lo que este proyecto quiere salvar a la brevedad.
Por ello, comparto la propuesta del Senador señor Chadwick de desglosar la iniciativa y pedir al Ejecutivo que califique la urgencia de "suma", porque, a mi juicio, representa una necesidad absolutamente perentoria, imprescindible, esencial, para dar una respuesta a quienes desarrollan esta actividad -la mayoría de las veces de manera voluntaria, con un sentido social y de ayuda a la comunidad verdaderamente impresionante- y a los padres que han debido enfrentar la situación.
Distinto es el caso de las necesidades educativas especiales de carácter transitorio, que define este proyecto de ley, porque respecto de ellas existen legítimas diferencias y contradicciones que, sin duda, tendremos que analizar adecuadamente para resolverlas. Y no estoy seguro de que solamente en una o dos sesiones de la Comisión especializada del Senado podamos superarlas, pues hay una diferencia sustancial con el Ministerio de Educación en lo relacionado con la autonomía de los profesionales que se regirán por esta normativa y la manera en que se desarrollarán los establecimientos de que se trata.
En lo central del caso que nos ocupa (las necesidades educacionales especiales permanentes), creo que tenemos que avanzar, ojalá hoy día, y que el Senado dé una señal absolutamente clara. Porque -reitero- aquí no hablamos de colegios municipales ni de establecimientos públicos, sino, la mayoría de las veces, de recintos nacidos de la generosidad y solidaridad de padres o de personas con criterio social. No estamos refiriéndonos a establecimientos educacionales que haya creado el Estado.
Debemos reconocer -y esto no es culpa del Gobierno o de la Oposición- que, como Estado, como sociedad, en este tipo de educación hemos ido quedando atrás, acompañando iniciativas de carácter privado, reaccionando frente a lo que hacen personas de gran corazón. Y el proyecto sometido a nuestra consideración nos da la gran oportunidad de responder, en parte, a esas organizaciones y personas que se desvelan, que entregan cariño, amor y talento para que niños con dificultades permanentes puedan desarrollar su vida en mejor forma.
No hay duda de que no es la solución definitiva, no es la respuesta global que uno debería dar a gente con las características que he mencionado; pero, sí, en lo que respecta al proceso escolar, me parece que debemos proporcionar una señal contundente, en el sentido de que a la brevedad tales organizaciones puedan contar con una nueva subvención, que les permitirá respirar mejor y solucionar las necesidades que actualmente enfrentan en la vida cotidiana.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos favorables).
Votaron los señores Allamand, Alvear, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Propongo fijar como plazo para presentar indicaciones el lunes 17 de julio, a las 12.
--Así se acuerda.
--(Aplausos en tribunas).
BONO POSLABORAL PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON BAJAS TASAS DE REEMPLAZO DE PENSIONES
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social (Boletín Nº 3975-13).
--Los antecedentes sobre el proyecto (3975-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 2 de noviembre de 2005.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 30ª, en 11 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal de la iniciativa es el otorgamiento de un bono poslaboral a los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, con el propósito de mejorar sus condiciones económicas de vida.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social la discutió sólo en general, y dio su aprobación a la idea de legislar por unanimidad (Senadores señora Alvear y señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto correspondiente se consigna en el respectivo informe.
Cabe tener presente que durante la discusión particular el proyecto deberá ser analizado también por la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, permítame explicar brevemente que la voluntad de la Comisión fue aprobar en general la iniciativa, a la espera de las indicaciones que presentará el Ejecutivo. Después voy a precisar los aspectos respecto de los cuales se solicitó, por consenso, más información e indicación específica.
Este proyecto beneficia a los funcionarios públicos, tanto de los servicios centralizados como de los descentralizados, a los trabajadores municipales y de las universidades públicas. De acuerdo con los antecedentes que se nos entregó, existe un universo potencial de beneficiarios de entre 110 mil y 130 mil personas. Se trata de trabajadores del sector público que cotizan en AFP, quienes, de jubilarse, recibirían una pensión significativamente menor al ingreso que percibían.
El propósito del proyecto no es como se ha indicado resolver el problema previsional, sino otorgar un bono poslaboral de por vida a las personas que cumplan ciertos requisitos. No se trata de una modificación a los derechos previsionales propiamente tales. Esa reforma está pendiente.
Reitero: la iniciativa beneficia sólo a los funcionarios públicos que están en las AFP, porque a ellos, en un período de sus vidas laborales, no se les impuso por el total de sus ingresos, sino por el sueldo base, que obviamente es menor. Además, hubo trabajadores que salieron perjudicados por el bono de reconocimiento que se pagó cuando pasaron al actual sistema de administradoras de fondos de pensiones, que consagró el decreto ley Nº 3.500.
¿Cuál es el alcance del proyecto?
Se establece que tendrán derecho a este bono poslaboral quienes cumplan los siguientes requisitos: pertenecer al sector público; tener la edad exigida para jubilar; contar con determinada tasa de reemplazo de pensiones, y acceder a una pensión de vejez -después me referiré al tema de la base de cálculo- igual o menor a 600 mil pesos en términos líquidos.
¿Cómo se calcula el beneficio? ¿Qué personas podrán obtenerlo? Para ello es necesario determinar un cuociente, el que resulta de dividir el monto mensual de la pensión líquida por las remuneraciones del último año. Sobre este punto, hubo un debate en la Comisión en cuanto a qué elementos permiten definir esta abstracción llamada "tasa de reemplazo", considerando, en particular, el concepto de pensión futura que se establece.
El Senado ha propuesto una base de cálculo, pero la Cámara de Diputados planteó estimar la pensión líquida según el mecanismo de retiro programado. Sobre esta modalidad, se señaló que el monto se calcula sólo para el primer año de retiro.
Dado que este asunto es discutible, la Comisión acordó analizar diferentes opciones. Lo primero es asegurar que el cuociente por definir sea el más conveniente y abarque al mayor número de personas. Dejo constancia de que esto se le planteó al Ejecutivo, por haber discrepancias respecto de cómo estructurar el porcentaje de la tasa de reemplazo.
Por otra parte, el proyecto propone como requisito que los trabajadores tengan una tasa de reemplazo líquida igual o inferior a 55 por ciento. Sobre el particular, se discutió si tal valor era el correcto o no. Este debate quedó abierto en la Comisión, pues se trata de un punto controversial.
Otro aspecto que se planteó, señor Presidente, dice relación a las incompatibilidades indicadas para impetrar el bono. La iniciativa dispone que todos los trabajadores del sector público que perciban una pensión líquida de hasta 600 mil pesos podrán acogerse al beneficio. Sin embargo, establece situaciones distintas según el nivel de ingresos.
Quienes registren un promedio de remuneraciones imponibles de 437 mil 500 pesos o menos -no importa el servicio público al que pertenezcan ni las leyes especiales que los rijan- van a tener derecho, de forma inmediata, al bono poslaboral de 50 mil pesos mensuales de por vida.
Pero no sucede lo mismo con los que perciban un monto mayor y hayan trabajado en un servicio donde se apliquen leyes especiales de retiro. En tal caso, la propuesta determina diferentes períodos de espera para acceder al bono. Ello dependerá del monto de la bonificación por retiro voluntario.
Las normas especiales son la ley Nº 19.882, sobre Nuevo Trato Laboral, que se aplica a los trabajadores afiliados a la ANEF, y otras vinculadas a salud y a educación. Hay cuatro normativas respecto de las cuales se establecen incompatibilidades, pero sólo se mantiene vigente la individualizada precedentemente, pues las otras ya se extinguieron.
Cabe recordar que esta normativa legal dispone para las mujeres diez meses de incentivo al momento del retiro, y para los hombres, nueve, lo que influye en el periodo de espera.
Según el cálculo propuesto en el proyecto, lo máximo que algunos trabajadores tendrían que esperar para recibir el bono de 50 mil pesos son siete años, teóricamente. ¿Cómo opera el cómputo? Por ejemplo, si una persona percibe un bono de 5 millones de pesos al jubilarse -esto es, la bonificación por retiro-, para definir su tiempo de espera se calculará cuántos meses deberían transcurrir hasta que dicha cantidad se acumule, considerando un pago mensual de 50 mil pesos. Se trata de una operación de pago diferido.
Éste ha sido otro tema de discusión fuerte. Se debatió si es adecuado que exista esta incompatibilidad; si el bono por retiro es un derecho adquirido previamente o no. Esta materia es controversial, pues apunta a precisar quiénes acceden a este beneficio.
En resumen, el proyecto señala que la tasa de reemplazo debe ser igual o inferior a 55 por ciento, cifra que se obtiene de un cuociente definido en su articulado. Pero ha habido discusión en cuanto a la incompatibilidad que afecta a algunas personas para acceder al bono propuesto.
Además, se plantea un requisito adicional para tener derecho al beneficio: a los que desempeñen un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme a las normas del Código del Trabajo se les exige la renuncia voluntaria.
Para las personas de planta esto no reviste dificultad, pero sí para quienes están a contrata. Se ha representado a la Comisión que los contratados bajo las disposiciones del referido Código sí pueden verse afectados, por cuanto hay derechos consagrados en él que los trabajadores perderían al presentar la renuncia voluntaria.
Éste constituye otro tema de discusión y, sin duda, será objeto de indicaciones.
En este mismo punto, hay un capítulo abierto respecto de la situación del personal a honorarios. Tal debate excede el ámbito de la ley, porque se supone que toda persona que se encuentre en relación de subordinación y dependencia, sin importar el método de pago, está regida por el Código del Trabajo. Por lo tanto, queda pendiente la pregunta de qué pasa con quienes están en dicho régimen y cumplen los demás requisitos (de edad, de permanencia, de años de cotización, etcétera) para impetrar el beneficio.
Este asunto se discutió en la Comisión, donde, por su carácter controversial, no quisimos avanzar mayormente en él. Decidimos esperar las indicaciones que se formulen.
Señor Presidente, es importante señalar que el proyecto, que nace de la voluntad de todos por concretar esta ayuda, está concebido -digo esto a modo de recordatorio- como un apoyo para los funcionarios públicos que perciben los menores ingresos del aparato estatal.
El beneficio, sin duda, está dirigido primero a ese porcentaje de personas que están en edad de jubilar y que cotizan en el sistema de las AFP. Insisto: está pensado para aquellos funcionarios de menores ingresos.
Esta materia también ha sido tema de discusión por parte de las personas que nos acompañaron.
La filosofía del proyecto es que se trata de un bono poslaboral dirigido en particular, según la estimación entregada, al 60 por ciento de funcionarios públicos afiliados a administradoras de fondos de pensiones. La iniciativa se encuentra orientada al segmento de menores ingresos.
En la Comisión se alzaron voces que plantearon que el bono debería ser más diferenciado respecto de personas con mayores remuneraciones, porque para las vinculadas al Ministerio de Hacienda, por ejemplo -por su rol se hallan en un nivel superior de ingreso y en el momento de acogerse a retiro obtienen una pensión de 590 mil pesos-, 50 mil pesos no representan nada. Pero esta suma adicional importa una diferencia muy grande en quienes laboran en el sector Salud y jubilan con 100 mil o 120 mil pesos.
Por último, señor Presidente -no lo mencioné antes, porque lo había olvidado-, existía una duda acerca del cálculo de la tasa de reemplazo, lo cual quedó despejado en la Comisión.
Se trata de dos temas. Uno de ellos tiene que ver con una norma relativa a las personas que perciben otros ingresos. La letra a) del número 3 del artículo 2º se refiere a cómo se calcula la pensión por recibir. Se dispone que al interesado "se le sumará cualquiera otra pensión y jubilación líquida que estuviere percibiendo por alguna de las ex cajas de previsión", incluida la Dirección de Previsión de Carabineros.
Se entiende que quedan excluidas las pensiones percibidas no por quienes fueron sus causantes. Por ejemplo, la de viudez no entra en el cálculo, lo que fue una de las inquietudes planteadas. Así quedó absolutamente establecido. Es bueno aclararlo, para efectos de información.
De la misma forma, respecto de algunos funcionarios públicos se da la situación de que al jubilar podrían recibir una pensión por debajo de la mínima con garantía estatal. Y se ha suscitado una discusión también acerca de cómo se calcula la tasa de reemplazo y si podría originarse un perjuicio. Porque ese monto que pasarían a recibir algunos empleados, en especial del sector Salud, automáticamente se aumentaría. La pregunta es si tienen derecho o no al bono en caso de quedar por sobre el 55 por ciento de la tasa de reemplazo.
Sobre el particular, el Ejecutivo planteó que mediaba la absoluta voluntad de precisar que en ningún momento se quiso excluir a esas personas del derecho al bono poslaboral.
Señor Presidente, dejo hasta ahí la información sobre el debate registrado y el alcance del proyecto, indicando que desde el Ejecutivo se expresó que se iban a recoger varias de las inquietudes en cuanto a cómo se calcula la tasa de reemplazo, cuál es el universo efectivamente beneficiado y cómo evitar situaciones que pudieran limitar el acceso de quienes queden con pensiones bajas.
Pero se reiteró y clarificó que la pensión poslaboral no apunta a introducir un cambio al sistema previsional y no colisionaría con las otras normas de una futura reforma de él.
Y de la misma manera insistimos en que se revisaran las incompatibilidades, lo que fue una posición unánime de la Comisión.
Se vislumbró, por lo menos, alguna luz en un túnel que hasta ahora ha sido un poco oscuro cuando se ha planteado en otros debates.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Solicito que se apruebe en general, a la espera de indicaciones, entre ellas las del Ejecutivo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se hallan inscritos cuatro señores Senadores.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación y se prorrogará el Orden del Día hasta el despacho del proyecto.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, el proyecto de ley en debate es fruto de un largo proceso que busca entregar condiciones de justicia a los trabajadores del sector público afectados por el denominado "daño previsional".
Ello, dentro de un proceso mayor que hace tiempo se ha querido iniciar, como es la modernización del Estado, que hasta la fecha encuentra sólo soluciones parciales, sin ser enfrentado de manera integral y suficiente, quedando siempre la sensación de que se establecen parches para evitar un colapso general del complejo aparataje central y descentralizado.
Sin perjuicio de apoyar la iniciativa -que intenta mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público-, creo que dicho proceso de modernización debe incluir una profunda regularización, por ejemplo, de los funcionarios a contrata y a honorarios, privados de sus legítimos derechos por hallarse excluidos de las plantas de personal, así como avanzar decididamente, en general, en un proceso descentralizador verdadero de nuestro Estado unitario, tema que debe ser prioritario en la agenda del Gobierno. En cuanto a esto último, muchas de las dificultades en relación con las pensiones, como ocurre con el daño previsional, se evitarían si mediara una efectiva descentralización.
Igualmente aprovecho el análisis que dice relación al daño previsional experimentado por nuestros adultos mayores, para reiterar en la Sala la petición al Gobierno para que de la misma forma se repare la deuda previsional -la he denominado "prehistórica"- que mantiene con los jubilados de la Región de Magallanes, defraudados en los legítimos derechos que les otorgó una ley especial, la que ha sido desconocida hasta la fecha.
Las demandas sociales, como las formuladas por los diversos gremios involucrados en la normativa en estudio, son del todo justas y atendibles. Es de esperar que podamos avanzar decididamente en su pronta revisión, al igual que respecto de tantas otras existentes en nuestra sociedad, como la relativa a las deudas, también prehistóricas, con los profesores y las de otros grupos de jubilados que luego de más de quince años de democracia aún esperan una respuesta.
Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, el que nos ocupa es, sin duda, un proyecto polémico, porque nació como respuesta del Gobierno del Presidente Lagos al llamado "daño previsional".
Y digamos las cosas como son: durante muchos años se mantuvo ilusionados a los funcionarios públicos con la idea de volver al antiguo sistema, de reafiliarse al Instituto de Normalización Previsional, para que pudieran jubilar con una pensión muy cercana a su última remuneración.
Con posterioridad, el ex Senador señor Andrés Zaldívar, hoy Ministro del Interior, elaboró un plan para crear un fondo con miras a que la respectiva administradora de fondos de pensiones pagara las pensiones de aquellos servidores, calculadas en la forma como lo hace el INP, hasta que duraran los recursos, y luego de ello siguiera haciéndolo el Fisco.
Tal planteamiento -que ni siquiera alcanzó a ser proyecto de ley, dado que, obviamente, los parlamentarios carecemos de iniciativa en estas materias- fue profusamente difundido en todo el país. Y hasta el día de hoy nos preguntan qué pasó con la "Ley Zaldívar"; cuándo aprobamos la "Ley Zaldívar". Porque, por desgracia, señor Presidente, muchas veces nosotros mismos, con nuestras actuaciones, desinformamos a la ciudadanía y generamos un enorme daño en el necesario prestigio y consideración que los ciudadanos deben tener del Congreso Nacional.
Por lo tanto, cuando surge el bono de 50 mil pesos como respuesta al llamado "daño previsional", nace como una medida insuficiente. Las expectativas generadas eran muchísimo más altas y, por lo tanto, las opiniones están divididas. Algunos sectores del ámbito público quieren que el proyecto se apruebe; otros preferirían que se rechazara. Todo depende de quién represente a uno y otro. Aquellos gremios que representan a los funcionarios que finalmente obtendrán el mínimo garantizado por el Estado son partidarios de él, pues la entrega de un bono de 50 mil pesos a quien obtendrá una jubilación de aproximadamente 75 mil lo ayuda bastante. En cambio, para los profesores y los profesionales de la salud, cuyas pensiones probablemente sean cercanas a 400 mil o 350 mil pesos, esa suma obviamente no representa una solución ni significa un aporte importante a su futura pensión.
En todo caso, creo que el beneficio propuesto es mejor que nada.
Por lo tanto, a título personal, votaré a favor de la idea de legislar, esperando sinceramente que durante la discusión particular perfeccionemos el proyecto. Eso aguardan miles y miles de funcionarios públicos, muchos de los cuales están esperanzados en la aprobación de esta iniciativa legal para acogerse a jubilación. Una vez que así suceda, ello permitirá un recambio generacional en la Administración Pública o, por lo menos, en parte de ella.
Hoy día hay mujeres de 70 años y más que se desempeñan en los hospitales como técnicos paramédicos. En los turnos que deben cumplir, una sola persona tiene que atender a ochenta enfermos. ¿Qué me han dicho esas funcionarias? "Senador, cuando yo tenía 35 años era capaz de correr toda la noche para atender ochenta enfermos. Hoy día tengo 70 años y no puedo hacerlo. Y, por lo tanto, en más de una oportunidad me equivoco en algún procedimiento o dejo de ver a algún paciente.".
Esas personas nos piden dramáticamente que solucionemos su problema. Si hoy día su sueldo alcanza los 200 mil pesos, no pueden jubilar con 70 mil. Eso es injusto y constituye un abuso, porque estamos hablando de trabajadores que probablemente tienen 35, 40, 45 y hasta 50 años de servicio.
Y esto se origina -como bien señaló el Senador señor Letelier en su exposición- porque a tales servidoras, durante gran parte de su vida laboral, se les impuso por una parte mínima de sus remuneraciones.
Por lo tanto, aprobaré la idea de legislar con la esperanza de que en la discusión particular podamos revisar la tasa de reemplazo, que el proyecto establece en 55 por ciento, y ver si con tal porcentaje estamos apuntando a que el beneficio llegue a las pensiones más bajas o si estamos marginando de él a personas que reciben o recibirán pensiones de ese rango.
Asimismo, me parece que debemos estudiar el monto del bono. Ya lo señalé anteriormente: un bono de 50 mil pesos para personas con pensiones superiores a 250 mil o 300 mil pesos representa bastante poco.
Y, por supuesto, es preciso analizar la incompatibilidad que el proyecto consagra respecto del bono con otros beneficios de los trabajadores, en particular con la asignación por retiro establecida en la llamada "Ley ANEF". El recálculo que ha de realizarse y que atrasa la entrega del bono es una materia que debemos revisar, porque el objetivo del proyecto en definitiva consiste en hacer justicia, conceder un reconocimiento a los trabajadores del sector público que han cumplido una vida de servicios y, a la vez, permitir el necesario recambio generacional.
En la actualidad hay altas tasas de desocupación. Yo les aseguro, Honorables colegas, que podrían crearse muchos empleos estables al dar tiraje a la chimenea y permitir que jubilen en condiciones dignas miles de funcionarios públicos que hoy no lo pueden hacer dado el bajo monto de las pensiones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, en el mundo se aplican en general dos filosofías distintas sobre las pensiones.
La primera tiende a entregar una jubilación universal a todas aquellas personas que superan cierta edad o que, por invalidez o enfermedad, no pueden trabajar. La pensión asistencial se otorga independientemente de que hayan cotizado o no. Se entrega sencillamente para que aquéllas puedan subsistir atendidas sus condiciones de salud, de incapacidad o de vejez.
La otra filosofía consiste en otorgar una pensión que guarde relación con lo que la persona ganaba. Para ello generalmente existen los sistemas de reparto o los de capitalización individual. En este caso, la pensión se calcula en proporción a las remuneraciones que el causante obtuvo mientras cotizaba y se hallaba en servicio activo.
Por ejemplo, si una persona se invalida, muere o se ve aquejada por una enfermedad profesional durante su edad activa, se establecen fórmulas de reemplazo que generalmente oscilan en alrededor de 70 por ciento de su sueldo. Esa suma es considerada aceptable internacionalmente.
Respecto de las pensiones de vejez, también rige el 70 por ciento, ya sea en sistemas de reparto o en los de capitalización individual. En este último caso, se calcula una tasa de cotización que, unida a una cierta rentabilidad esperada, permita a un trabajador promedio, sin demasiadas lagunas, obtener una pensión aproximada a ese porcentaje de sus remuneraciones.
Prácticamente, ningún país del mundo deja de tener ciertos elementos de esta segunda filosofía, conforme a la cual las pensiones guardan alguna relación con el sueldo que ganaban mientras cotizaban y se encontraban en edad activa.
En razón de tal filosofía, la solución propuesta por el proyecto para reparar el daño previsional es absolutamente inaceptable, pequeña, injusta y técnicamente incorrecta. Es técnicamente incorrecta porque rompe de modo absoluto la proporción que debe existir entre la futura pensión de una persona y su remuneración.
Al darse un bono fijo, independientemente de la remuneración, se rompe con la filosofía de que la pensión debe guardar cierta relación con el sueldo. Por lo demás ello es indispensable, porque lo que se trata de obtener con el sistema de pensiones es que la persona que deja de trabajar, sea por vejez o invalidez, no sufra un cambio de vida dramático. Y, en ese sentido, el proyecto es absolutamente inaceptable.
Además, la propuesta es doblemente inaceptable, porque a principios de los Gobiernos de la Concertación, específicamente en el del Presidente Aylwin, se dio una solución parcial al problema.
El daño previsional se originaba porque miles de trabajadores del sector público tenían una cotización cercana, en promedio, a la tercera parte de su sueldo. El resto no era imponible.
Estas personas cotizaban en el mismo sistema y con idénticas tasas. Todas pertenecían al régimen antiguo. Algunas se traspasaron a una AFP; otras no. Llegó el Gobierno de Aylwin y dio una solución que significó un tremendo regalo -del cual me alegré-, pero sólo para quienes se quedaron en el antiguo sistema. Desde ese punto de vista, fue de una odiosidad y de una discriminación inaceptables.
En el régimen de reparto, las pensiones se calculan sobre la base de las imposiciones efectuadas los últimos 5, 7 ó 10 años. Y lo que hizo la ley dictada bajo el Gobierno de Aylwin fue considerar exclusivamente un año: el final. Como ahí ya se había cotizado sobre el total, el efecto de la subcotización sufrida durante mucho tiempo por los trabajadores del Estado se diluyó por completo en el antiguo sistema.
Sin embargo, tal solución, si el Gobierno estaba dispuesto a regalar ese dinero -lo que considero aceptable y hasta normal, por tratarse de una deuda del Fisco-, debió ir acompañada de un incremento sustantivo en el monto de los bonos de reconocimiento. Éstos debieron aumentarse en 200 por ciento. No estoy diciendo "a" un 200 por ciento, sino "en" un 200 por ciento. O sea, tendrían que haberse triplicado, cosa que no se ha hecho hasta el día de hoy.
Más aún, a quienes se cambiaron al nuevo sistema se les debió haber enterado en sus respectivas cuentas de capitalización las sumas que se les adeudaban. Ésa hubiera sido la solución técnicamente correcta y, además, justa. No obstante, señor Presidente, la Concertación siempre ha querido castigar a los que optaron por el sistema de AFP. Lo ha hecho una y otra vez, como con la ley dictada bajo el Gobierno de Aylwin. Les dije hasta que me dio puntadas que era injusto, porque el problema lo sufrieron todos: tanto los que se quedaron en el antiguo sistema como quienes se traspasaron al nuevo. Pero no hubo un solo oído que escuchara.
Una y otra vez lo hemos repetido en esta Sala, también, cuando se presentan los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad, que únicamente se otorgan para los beneficiarios de pensiones mínimas del antiguo sistema y no para quienes reciben pensiones mínimas de una AFP. Son tan pobres éstos como aquéllos, pese a lo cual se les da a unos y no a los otros. En cuanto al bono de invierno, nos costó dos años convencer al Ministro de Hacienda que debía ser entregado a todos los beneficiarios de pensiones mínimas. Finalmente lo logramos.
Pero hay muchos ámbitos donde se sigue discriminando a las personas que se cambiaron a una administradora de fondos de pensiones, porque -digámoslo con claridad- la Concertación no puede aceptar el sistema de AFP sencillamente por haber sido implementado durante el Gobierno militar. Y, por tanto, castiga una y otra vez a toda la gente del nuevo sistema por el solo hecho de haber optado por él.
Señor Presidente, nosotros hemos señalado que la solución técnicamente correcta consiste en triplicar el bono de reconocimiento a todos quienes trabajaron en el sector público, respecto del período indicado en dicho documento, y aumentarlo en 200 por ciento, con los intereses y reajustes que procedan, en lo que atañe al período cotizado en una AFP. Eso es lo que corresponde. Ésa es la solución técnicamente correcta, y es la solución justa, además. Porque es lo que se dio a los afiliados del antiguo sistema, y yo no veo por qué la Concertación, si estuvo dispuesta a dar una solución técnicamente correcta a los del antiguo sistema, no adopta la misma disposición también en cuanto a los del nuevo sistema.
Lo que hace el proyecto es seguir castigando a los cotizantes de AFP, y eso es inaceptable. Un trabajador que gana 600 mil pesos -un buen sueldo, pero que no permite afirmar que se trata de una persona rica- puede terminar jubilando con 200 mil pesos, lo cual significa un cambio dramático en el estilo de vida de una familia. ¿Dónde está el 70 por ciento comprometido como tasa de reemplazo?
Además, señor Presidente, nosotros hemos señalado que aquello no sólo se debe hacer, sino que también se puede hacer.
La verdad es que el Estado continuamente abusa de los trabajadores fiscales. Lo hace cuando los tiene a honorarios, cuando no les paga vacaciones, cuando no les da pre ni posnatal... ¡Para qué voy a seguir! Lo hemos visto tantas veces acá. Abusó cuando a sus funcionarios les cotizaba sobre la tercera parte de lo que ganaban, y sigue abusando ahora, por ejemplo, en el proyecto sobre plantas de Investigaciones, donde nuevamente se establece una asignación no imponible.
¿Hasta cuándo se va a continuar con esta forma de abuso de los trabajadores fiscales?
Entonces, señor Presidente, en este momento están los recursos. Porque uno podría entender que el Fisco recurrió a esa situación desesperada cuando el país estaba prácticamente quebrado. Pero hoy a Chile le sobra plata. El problema es que no la podemos gastar toda de un viaje porque terminaríamos liquidando el tipo de cambio y, por lo tanto, eliminando también a las empresas exportadoras y a las que compiten con las importaciones. Sin embargo, aquí no habría ningún efecto sobre el tipo de cambio, pues sencillamente reemplazaríamos ahorro público por ahorro privado.
Si, en el fondo, sacamos dinero de los ahorros del cobre y lo metemos en los bonos de reconocimiento o en las cuentas individuales de los afiliados a las AFP en cuestión, no se produce efecto alguno sobre el tipo de cambio, ni sobre la demanda agregada, ni sobre ninguna variable macroeconómica. Estas sumas comenzarían a entrar paulatinamente en la economía en la medida en que tales personas jubilaran y empezaran a recibir mejores pensiones.
En mi caso, señor Presidente, estoy totalmente en contra de este proyecto, porque lo considero una burla para los cotizantes de AFP que creyeron en el nuevo sistema, independientemente de si éste le gustaba o no a la Concertación. La gente no tiene por qué pagar por una decisión económica que tomó durante un Gobierno que a esa coalición no le agrada.
Y estoy en contra porque, si el proyecto es aprobado, la Concertación sentirá que ha cumplido pagando el daño previsional, cuando en realidad no ha cumplido con nada.
Aquí hay una discriminación absoluta e inaceptable en contra de los afiliados a las AFP. Así que por lo menos yo, señor Presidente, voto que no.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, Honorables colegas, la iniciativa que analizamos avanza en un problema de larga data, iniciado desde el momento mismo de la creación del nuevo sistema de pensiones.
Muchos funcionarios del sector público fueron obligados a traspasarse a las administradoras de fondos de pensiones, como los propios afectados lo han señalado en diversas ocasiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y, más aún, vieron mermados sus haberes previsionales al realizarse cálculos erróneos de éstos o subdeclararse sus remuneraciones. El Senado ya tuvo la oportunidad de abordar el tema hace algunas semanas al analizar el proyecto que crea nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile.
Tal situación, como decía, se arrastra por largos años y ha traído un enorme problema social y laboral. Muchos funcionarios han debido abandonar sus labores en condiciones muy precarias, con pensiones que no representan el nivel real de sus ingresos y esfuerzo. Otros, en tanto, han permanecido en funciones hasta muy avanzada edad, por cuanto jubilar, ejerciendo su legítimo derecho, los condena a la pobreza segura.
No es extraño entonces, señor Presidente, que, como lo demuestra un detallado estudio realizado por agrupaciones de funcionarios fiscales, nos encontremos en la Administración Pública con trabajadores de 70 años, 80 o incluso más, a quienes, en los hechos, se les impide ejercer su derecho a pensionarse producto del problema mencionado.
El proyecto que analizamos pretende reparar en parte esa situación. Digo "en parte", porque no soluciona el daño previsional. El que estamos tratando no es un asunto previsional, sino un bono poslaboral que permite mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público, aliviando, aunque no subsanando íntegramente, los errores cometidos.
Sin embargo, ese bono, a pesar de todo, resulta muy significativo para muchos trabajadores que tienen remuneraciones o pensiones bajísimas.
Todos conocemos en nuestras Regiones a funcionarios públicos que están jubilando con pensiones de 60 ó 70 mil pesos. Indudablemente, en esos casos, un bono de 50 mil pesos les hará más llevadera su precaria situación. Sabemos que esa cifra sigue siendo insuficiente, que no resuelve por completo sus problemas económicos y sociales y que no responde a la reparación total del daño causado, pero constituye -según los técnicos del Ministerio de Hacienda- el mayor esfuerzo que en estos momentos el Fisco puede realizar y representa una inmensa inversión de recursos públicos.
Pero insisto, aquí no se trata de un tema previsional, sino de un bono poslaboral que entrega el Estado para reparar en parte los perjuicios económicos y sociales que sufre una persona cuando es excluida de la Administración Pública.
Por ello, deseo expresar mi apoyo al proyecto, en el convencimiento de que en la Comisión del Trabajo, con las indicaciones y observaciones que se le incorporen, abordaremos en forma seria y viable una materia cuya solución ha tardado mucho tiempo y que de seguir dilatándose perjudicará aún más a los funcionarios del sector público. Pero también lo respaldo en el entendido de que constituye un paso que, espero, pueda adicionarse en el futuro, cuando las disponibilidades del erario lo permitan.
Nosotros, los socialistas, como todos los Parlamentarios de la Concertación, queremos mejorar la situación de los servidores públicos que se pensionan con rentas muy escuálidas, las cuales constituyen la tercera parte de las remuneraciones que reciben en actividad.
Por eso, la Comisión de Trabajo tendrá la gran responsabilidad de perfeccionar lo más posible el proyecto para despachar una ley a plena satisfacción de los empleados fiscales.
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor MUÑOZ ABURTO.- Voto a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, la verdad es que después de la brillante intervención de la Senadora señora Matthei es bastante poco lo que uno puede agregar.
Nosotros votaremos a favor en general el proyecto, porque entendemos que estamos legislando para corregir o terminar con el daño previsional. Éste no se subsana en el texto en debate. Pero, tal como lo hemos señalado los Senadores de la Alianza, no lo aprobamos exactamente -como dijo el señor Secretario en su relación- en los mismos términos como viene de la Cámara de Diputados, porque falta pronunciarnos en particular sobre la iniciativa.
La materia que aborda la normativa en análisis tuvo su origen en negociaciones llevadas a cabo entre agrupaciones del sector público y el Ejecutivo, en 2001, con el objeto de solucionar el daño previsional. Sin embargo, como el Gobierno no otorgó los recursos necesarios para que tales gremios sintieran que efectivamente se reparaba del todo aquél, el resultado terminó siendo lo que habitualmente ocurre en las Comisiones: un camello. Y a ese camello lo denominaron "bono poslaboral", que, en el fondo, para las agrupaciones no significa resarcir el daño previsional.
Es importante dejar en claro que esa solución no satisfizo a ninguna de las organizaciones, ni a las que firmaron el acuerdo, ni a las que no lo hicieron.
Cabe destacar que entre las que no suscribieron dicho acuerdo con el Ejecutivo el año recién pasado se hallan la CUT, la ANEF y el Colegio de Profesores. Es decir, las tres agrupaciones más masivas del sector público. Y de las que participaron en la Comisión y que sí lo firmaron, varias señalaron que lo habían hecho bajo presión, y otras, porque ya no había opción y recibir algo era mejor que nada.
Entonces, resulta fundamental tener en cuenta que hoy día se presenta este proyecto como un bono poslaboral, porque en el fondo no cumplió el objetivo original de solucionar el daño previsional. Y preciso lo anterior, pues en la discusión en particular haremos presentes algunas materias del texto en debate que no compartimos.
Tal como sostuvo la Senadora señora Matthei, aquí se establece un bono de 50 mil pesos fijos que carece de todo vínculo con la remuneración. Por decirlo de alguna forma, pienso que al sector público chileno lo podemos encasillar masivamente en la clase media. Por lo tanto, para alguien que percibe una renta de 600 mil a 700 mil pesos es mucho más dramático pasar a tener un ingreso de 200 mil. Y no solucionamos a nadie de la clase media -profesionales y técnicos- esa realidad que enfrenta al momento de jubilarse. Nadie querrá pensionarse.
Por consiguiente, no pretendamos creer que el proyecto generará un tiraje de la chimenea, porque nadie con rentas por sobre el corte que aquí se establece se acogerá a retiro. Porque esas personas aún tienen hijos en la universidad, viven "bicicleteando" y -como todos sabemos- llevan una mochila de gastos que no les permite jubilar.
El bono de 50 mil pesos significará, a quienes están en torno al corte de los 600 mil pesos, una tasa de reemplazo o un aumento en la jubilación de 15 por ciento, lo cual hará que los trabajadores permanezcan en la Administración Pública. Y, como hizo presente el Honorable señor García, a los 15 años se tiene capacidad física para hacer muchas actividades que a los 60, 65, 70, incluso 80 u 86 años ¿edad, esta última, de uno de los afiliados a esas agrupaciones- no se pueden realizar.
¿Qué tiraje habrá en la Administración Pública? Obviamente, se producirá en el nivel de quienes el bono de 50 mil pesos representa un incremento significativo de pensiones, que son básicamente los que perciben rentas más bajas. Por lo tanto, va a haber una movilidad de servidores públicos que no se hallan en los rangos técnicos y profesionales, que es donde debemos generar el mayor tiraje, especialmente en el caso de los profesores.
Por otra parte, me parece muy importante lo planteado por la Senadora señora Matthei, en el sentido de que se establece dicho bono sin ningún vínculo con la renta. De manera que nadie puede afirmar que aquí se soluciona el daño previsional, porque éste se relaciona con las imposiciones que el Estado dejó de hacer a los empleados fiscales durante su vida laboral. Y nada tiene que ver si ellos permanecieron o no en el sector público, ni con lo establecido en el decreto ley Nº 3.500.
Lo que ocurrió es que, efectivamente, se generó una discriminación enorme, sin ningún otro criterio que no sea el ideológico, político, y se dijo: "Señor A, usted que está en el INP tendrá tal previsión". Y aun cuando, afortunadamente, se han ido resolviendo los problemas a través de distintos cuerpos legales, para quienes permanecieron en las AFP no ha habido solución alguna, pues la que se propone en la iniciativa pretende ser la primera.
El segundo punto que deseo abordar dice relación al establecimiento de una tasa de reemplazo en 55 por ciento. Y como hizo presente la Honorable señora Matthei, aquélla fluctúa, en general, en torno a 70 y 75 por ciento. Así también lo señalaron los asesores del Ministerio del Trabajo, y de ese rango son los parámetros internacionales. De modo que no veo ninguna razón para no fijar una tasa con ese porcentaje.
Ésa fue la demanda planteada por las agrupaciones y constituyó una de las causales para no suscribir el acuerdo con el Ejecutivo. Y, según entiendo, la Comisión Marcel estableció ese mismo criterio. Por lo tanto, esa exigencia es algo que debemos apoyar, porque soluciona parte del problema. Si fijamos una tasa de reemplazo en 55 por ciento, mucha gente no se va a pensionar. Es decir, no desearán pasar a percibir un ingreso que será la mitad del que está recibiendo y va a continuar cinco, seis, diez años más en la Administración Pública, por la imposibilidad de sustentar sus gastos familiares con una remuneración disminuida en 50 por ciento.
Además, establecen la tasa de reemplazo sumando a los funcionarios públicos cualquier otra pensión que reciban. O sea, si existe una pensión de viudez, la cual no tiene ningún vínculo con la relación laboral con el Estado, se suma para los efectos del cálculo, lo que es del todo absurdo. Y, obviamente, esperamos que eso sea eliminado, pues se trata de un derecho generado por otra persona; por ejemplo, el cónyuge. De modo que, para calcular "su pensión", el Estado no tiene por qué sumar un beneficio causado por un tercero.
El tercer punto -ya lo manifestó el Senador señor García- se refiere a que este bono se hace incompatible con la Ley ANEF. ¿Por qué, si tampoco esa ley fue una solución? Entonces, cabe preguntar qué razón hay para excluir del proyecto en debate a funcionarios que reciben el beneficio allí consagrado, cuyo objetivo es modernizar el sector público y dar debido descanso a miles de chilenos que han servido al país por décadas y no pueden jubilar porque el Estado chileno sólo ha impuesto -tal como señaló la Senadora señora Matthei-, históricamente, en torno a un tercio de sus remuneraciones.
Por último, lo que causa mayor indignación a las agrupaciones sindicales -me he referido básicamente a los trabajadores de planta y a contrata- es que a todos aquellos que se encuentran bajo el régimen del Código del Trabajo se los obliga a renunciar a su cargo en forma voluntaria.
Si presentáramos esto para el sector privado, sería un escándalo. O sea, en el fondo, se le dice al trabajador: "Usted se acogerá al bono si renuncia a las indemnizaciones que le corresponden". Eso es lo que se les está manifestando a quienes se rigen por el Código Laboral.
La verdad es que las indemnizaciones constituyen un legítimo derecho de todos los trabajadores. Y no vemos ninguna justificación para que quienes se encuentran regidos por el Código del Trabajo no puedan recibir el bono si no renuncian a ellas.
Por eso -porque no es el sentido de esta discusión extenderse en los detalles del proyecto-, quiero dejar claro, al menos en este trámite, que votaremos a favor de la idea de legislar exclusivamente porque entendemos que la iniciativa va a resolver el daño previsional. De lo contrario, en la discusión particular plantearemos nuestros puntos de vista, pues no queremos más soluciones de parche. Creemos que debemos abordar el problema en forma definitiva. El país tiene recursos suficientes para ello. De no hacerlo, tendremos permanentemente a todas las organizaciones de empleados públicos del país demandando el término del daño previsional, porque no sienten que éste sea el proyecto de ley que lo repara.
A lo mejor al Estado le va a terminar costando mucho más, pues las organizaciones a las cuales escuchó la Comisión de Trabajo consideraron que se trataba de un bono poslaboral, pero no del proyecto que habían conversado con el Gobierno.
No tenemos ninguna duda de que el Ministro del Interior, que fue un propulsor de una iniciativa en tal sentido y con quien uno muchas veces se topaba en los distritos donde había que apoyar las soluciones que planteaba, también acogerá nuestros puntos de vista. Recordemos también que él fue Subsecretario a fines de la década del 60 y sostuvo que el tan conocido sistema solidario, de reparto, estaba absolutamente quebrado.
Por eso, ahora, cuando tenemos un sistema de capitalización individual, el Estado debe cumplir su rol subsidiario. Y éste consiste en reconocer los bonos que correspondan a los funcionarios. Hoy día existen los recursos; es la hora de poner término a una demanda legítima de los servidores públicos, y no vemos la razón de hacer un corte e impedir que los profesionales y técnicos de la Administración Pública no accedan al bono planteado, al que sólo tendrán derecho -¡en buena hora!- los funcionarios de más escasos recursos.
Señor Presidente, queremos una solución para el daño previsional y no el otorgamiento de un bono más, que finalmente generará una sensación de insatisfacción que llevará a una presión social permanente.
Creo que es la oportunidad de mostrar a los chilenos que cuando hay recursos se gastan en lo que corresponde. Ésta es una iniciativa que beneficia especialmente a la clase media. Casi todos los servidores públicos del país, por su nivel de ingresos, caen en esa categoría. Por lo tanto, alguna vez debemos acordarnos de ellos y no darles una solución parche, mediana, sin justicia social y que no responda, al término de la vida laboral, a una relación adecuada entre remuneración y jubilación: en torno al 70 por ciento, como son las tasas de reemplazo existentes en prácticamente todos los países del mundo.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, afortunadamente Chile ha iniciado un diálogo con altura de miras a partir de la propuesta hecha durante la reciente campaña presidencial y respaldada en forma mayoritaria por el país en el sentido de llevar adelante una reforma previsional.
Éste es un hecho, un dato de la realidad. La ciudadanía compartió lo que planteó la entonces candidata y hoy Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en cuanto a que en el ámbito de la previsión Chile tiene uno de sus mayores desafíos.
En virtud de ello, se constituyó, trabajó y, en un tiempo breve, entregó su informe -valorado por todos los sectores políticos- el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, encabezado por el economista y ex Director de Presupuestos Mario Marcel, y conocido popularmente como "Comisión Marcel".
Allí están los contenidos, que apuntan a abordar a fondo parte de las cuestiones planteadas en el curso del debate y del diálogo relativos a esta materia, que ha recibido el calificativo de "daño previsional".
El Ejecutivo, no obstante, ha mantenido la tramitación del proyecto que el conjunto de las fuerzas políticas aprobó el año pasado en la Cámara de Diputados. Y ello, con el objeto de resolver las situaciones más graves y delicadas que obstruyen la jubilación de un número significativo de servidores públicos -por encima de las 100 mil personas- que, razonablemente, debiesen ya haber dejado la actividad laboral y, sin embargo, no lo hacen debido a la expectativa de una pensión extraordinariamente baja e incapaz de asegurarles el decoro que merece todo ser humano.
Desde ese punto de vista, el Ejecutivo, encabezado por la Presidenta Bachellet, mantiene el proyecto de ley iniciado por el Gobierno de Ricardo Lagos para entregar una respuesta a dichos trabajadores.
Siento, en consecuencia, que no se debe abusar del sentido del proyecto. Esta iniciativa legal tiene aquel objetivo. La reforma previsional, para lo cual se constituyó la Comisión Marcel, persigue el propósito de dar una respuesta multilateral al conjunto de debilidades e insuficiencias del actual sistema.
Sí me parece que falta al decoro político el señalar que la iniciativa en debate está inspirada o inducida por una odiosidad hacia los afiliados al sistema de las AFP. En realidad, es exactamente lo contrario: ella nace por respeto a esas personas, que fueron engañadas, porque dicho sistema no cumple lo que se señaló en 1981, cuando se formó, en el sentido de asegurar a todos los que se afiliaran a él -así se manifestó ese año al imponerse el sistema; en aquel tiempo no existía la posibilidad de debatir, porque no había Parlamento- que tendrían una tasa de reemplazo de 70 por ciento.
Este sistema se instaló con aquel título. No creo que se pueda llamar "compromiso", ya que era difícil hacer compromisos en ese momento, cuando la opinión pública no se podía constituir como tal, pues no había libertad de prensa ni de expresión.
Yo sugeriría leer el discurso del entonces Ministro del Trabajo, don José Piñera, quien lo expresó de esa forma: prometió a los chilenos un régimen previsional en que se iba a posibilitar una tasa de reemplazo de 70 por ciento.
Pues bien, ello no se ha cumplido. Ése es el problema que existe: los afiliados cuentan hoy con tasas de reemplazo bajísimas. Y uno de los sectores que más baja tasa tienen es precisamente el de los servidores públicos, quienes, en consecuencia, no pueden jubilar.
Esta iniciativa surgió por respeto a esas personas y no porque el Ejecutivo de Ricardo Lagos o el de Michelle Bachelet hayan estado movidos por un sentimiento de animosidad hacia ellas, sino al contrario: buscando generar una respuesta, por insuficiente y mínima que sea, a la gente que, por el hecho de haberse cambiado de sistema, lamentablemente recibirá una pensión que no le permitirá vivir con el decoro que exige su condición de ser humano, se ha presentado, a solicitud de amplios sectores de la opinión pública, un proyecto de ley que pueda responder al llamado "daño previsional".
Por lo tanto, quisiera que no nos dejáramos llevar por el calor de la improvisación. La verdad es que resulta útil para el debate y para un adecuado intercambio de ideas que las improvisaciones tengan el calor y la creatividad necesarios, pero siempre que ello no signifique una tan rotunda y flagrante negación de la realidad, como la que inspira a este proyecto de ley.
Señor Presidente, buscando que el texto sea perfeccionado -es lógico que pueda serlo en el curso del debate; incluso más, es factible empalmar este diálogo con la futura reforma previsional animada por las propuestas de la Comisión Marcel-, deseo manifestar mi voto favorable a la idea de legislar, en el entendido de que el proyecto implicará un avance para los sectores sociales más dramáticamente perjudicados por la manera como se realizó su cambio del antiguo al nuevo sistema previsional, el que, lamentablemente, no fue capaz de cumplir las promesas que se hicieron en su momento.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, último orador inscrito.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, considero importante dejar constancia de la raíz de este problema.
He tenido diversas conversaciones con personeros de mi Región que se sienten afectados por la situación descrita -por lo que he visto en el debate, se trata de un fenómeno nacional-, quienes han manifestado su inquietud frente a la solución que se le ha dado.
Cabe recordar que los cambios introducidos al régimen de pensiones en 1981 originaron un programa obligatorio de ahorro privado, el que fue administrado por las AFP bajo una fuerte regulación estatal. Y, en forma paralela, para quienes no se cambiaron se mantuvo vigente el antiguo sistema, construido sobre la base de una cuenta única, en la que aportaban todos sus cotizantes.
Un importante número de los afiliados a las AFP proviene, sin embargo, del antiguo sistema de pensiones. Y, para materializar su incorporación al nuevo, teniendo presente que el cambio suponía pasar de una cuenta común a una individual, las cajas de previsión emitieron un documento, conocido como "bono de reconocimiento", que representaba los períodos de cotizaciones registrados bajo el régimen antiguo por cada trabajador que optó por el cambio.
Empero, en la determinación de ese bono, los empleados del sector público se vieron perjudicados, porque en el antiguo sistema no había relación entre los aportes individuales y la pensión, ya que todo entraba a un fondo común, por lo que existía el incentivo a cotizar por una cifra inferior al total de las remuneraciones percibidas, disminuyendo así costos para los empleadores y aumentando los ingresos líquidos de los trabajadores.
El Estado también empleó tal modalidad y durante muchos años impuso sólo por una parte del sueldo de sus funcionarios, dado que una serie de asignaciones y bonificaciones no se consideraban para el cálculo de las cotizaciones, conducta que, lamentablemente -como hemos visto-, subsiste hasta el día de hoy en diversos proyectos de ley. No hace mucho, uno que mejoraba sueldos y creaba plantas en la Policía de Investigaciones repitió esa misma tradición viciosa utilizada en el pasado y que ha sido el origen del problema en comento.
Por lo tanto, como el bono se fijó sobre la base de las cotizaciones efectuadas por los trabajadores, la contribución a sus respectivas cuentas fue muy inferior a lo que les correspondía.
Ésa es la situación que motiva que los servidores del sector público que se trasladaron al sistema nuevo reciban, al momento de jubilar, pensiones en muchos casos bastante por debajo de las últimas remuneraciones percibidas y, además, inferiores a las de quienes optaron por seguir cotizando en el régimen antiguo.
Ése es el daño previsional. Y eso es lo que ha causado la inquietud que hemos visto desde hace muchos años en aquellos funcionarios -son varios cientos de miles-, quienes han pedido restaurar su situación buscando la solidaridad del Estado.
Ello originó este proyecto, que se supone ayuda a solucionar el problema. Pero la verdad es que, como hemos visto en este debate, la fórmula planteada en él -un bono de 50 mil pesos- no lo resuelve. Sólo lo hace en el caso de quienes perciben sueldos bajos. Pero para el grueso de los empleados públicos que se hallan en la situación descrita -los sectores medios, la clase media- no hay una solución. Y por eso la molestia y la protesta de funcionarios que están deseosos de jubilar pero no lo hacen porque la pérdida de ingresos que experimentarían no les permitiría una vejez digna.
Por eso, señor Presidente, creo que en la discusión particular del proyecto deberíamos atender aquella inquietud y modificar el articulado. La propia Comisión Marcel, a la que se aludió, dijo que las tasas de reemplazo deben ser de 70 por ciento. Sin embargo, esta iniciativa las mantiene entre 50 y 55 por ciento.
Eso no es aceptable. Por lo tanto, esperamos que haya coherencia en los planteamientos del Gobierno y que se acoja lo que la gente quiere, lo que los empleados públicos piden y lo que la Comisión Marcel sugiere, que no es lo que se contiene en este proyecto.
Entonces, votaremos a favor de la idea de legislar, en la esperanza de que en el transcurso de la discusión particular el Ejecutivo, que, como se ha señalado esta tarde, tiene los recursos para afrontar esta situación (son gastos por una sola vez), pueda atender la inquietud de esos funcionarios, quienes se hallan en una situación extremadamente compleja por las malas prácticas de no habérseles cotizado por el ciento por ciento de sus ingresos, las cuales les provocaron un daño previsional que les va a penar por el resto de sus días, a menos que, en forma solidaria, lo corrijamos con una iniciativa legal que realmente apunte al fondo del problema.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Continúa la votación, siguiendo ahora el orden alfabético.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, votaré a favor de este proyecto de ley, que, sin duda, como se ha expresado aquí, no es "la solución" al problema, pero sí constituye un avance importante.
Hace algunos días conocimos las propuestas del denominado "Informe Marcel", que se entregó a la Presidenta de la República, las cuales buscan realizar en el país una gran modificación en el ámbito previsional. Ese trabajo acucioso, efectuado por quince profesionales, a quienes felicito, claramente constituye un aporte que pronto se traducirá en una iniciativa legislativa que conocerá el Congreso Nacional.
Dentro de la Democracia Cristiana analizamos tales proposiciones y hemos querido incluir una que no está considerada en el informe de la Comisión Marcel, cual es precisamente la reparación del daño previsional.
Espero que ese punto sea incorporado dentro de la reforma al sistema previsional completo que debe llevarse a efecto.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos contra 1).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Votó por la negativa la señora Matthei.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se debe fijar plazo para presentar indicaciones.
Como en este momento no hay quórum, ello se resolverá en la próxima sesión.
Por la misma razón, se postergará el pronunciamiento respecto de los proyectos de acuerdo incluidos en el Tiempo de Votaciones.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
A la señora Ministra de Salud, pidiéndole informar sobre INVESTIGACIÓN SUMARIA SOLICITADA ANTE PROBLEMAS DERIVADOS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE EN HOSPITAL EL SALVADOR (Región Metropolitana); al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitándole realizar ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE COMUNA DE LA PORTADA, EN ANTOFAGASTA.
Al señor Superintendente de Isapres, requiriéndole pronunciarse acerca de PRESUNTA ILEGALIDAD EN NO PAGO DE LICENCIAS MÉDICAS A FUNCIONARIA MUNICIPAL, y al señor Alcalde de Antofagasta, demandándole SOLUCIÓN PARA DICHO PROBLEMA.
Al señor Director del SERVIU de la Región de Antofagasta, solicitándole informar respecto de ESTADO DE AVANCE DE POSTULACIÓN A VIVIENDAS BÁSICAS A TRAVÉS DE COMITÉ DE ALLEGADOS "JUNTOS PODEMOS".
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro de Educación y Secretario Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía; y a los señores Alcaldes y Concejales de las comunas donde funcionan los respectivos establecimientos, planteándoles la necesidad de dar SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ, COMPLEJO EDUCACIONAL Y LICEO POLITÉCNICO MANUEL MONTT, DE VICTORIA; LICEO LAS ARAUCARIAS, DE CURACAUTÍN; LICEO LUIS DURAND DURAND, LICEO LUCILA GODOY ALCAYAGA Y COLEGIO LUIS PASTEUR, DE TRAIGUÉN; Y COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE NICOLÁS, DE VILCÚN.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y Director General de Aguas, solicitándoles EJECUCIÓN DE MONITOREO DE CAUDALES DE RÍO BRAVO EN LOCALIDADES QUE INDICA DE UNDÉCIMA REGIÓN; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole AUMENTO EN NÚMERO Y MONTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES; a las señoras Ministra de Minería y Directora Ejecutiva de la CONAMA, y a los señores Alcaldes de Concón y Quintero, solicitándoles ordenar MONITOREO EN DESEMBOCADURA DE RÍO ACONCAGUA PARA ESTABLECIMIENTO DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN (Quinta Región); a la señora Directora Ejecutiva de la CONAMA, requiriéndole INCLUSIÓN DE HUMEDALES EN LA POLÍTICA Y MAPAS DE SITIOS PRIORITARIOS PARA LA BIODIVERSIDAD, y a la señora Directora Ejecutiva de la CONAMA y al señor Director General de Aguas, recabándoles información acerca de TÉRMINOS DE APROBACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTO PASCUA LAMA (Tercera Región).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, haciéndole presente la necesidad de respaldar OPOSICIÓN A TENDIDO ELÉCTRICO POR NUEVO TRAZADO DE CAMINO CAUQUENES-CHANCO POR LA VEGA (Séptima Región).
Del señor NÚÑEZ:
A la señora Directora del Servicio de Salud de Atacama, solicitándole DESTINACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HOSPITAL DE HUASCO (Tercera Región).
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde pasar a Incidentes.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Cantero.
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DEL SENADO PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS RESERVADAS Y PUBLICIDAD DE LEY N° 13.196
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, deseo referirme a un tema que me ha preocupado en los últimos días y que surgió a raíz de mi intención de conocer el contenido de la ley reservada Nº 13.196, que grava con un 10 por ciento el retorno en moneda extranjera de las ventas de cobre al exterior.
La Mesa, y en particular la Secretaría, ante la petición de que se me exhibiera el texto de ese cuerpo legal, hizo presente que debía remitirme al artículo 77 del Reglamento del Senado, que regula el archivo de actas secretas, consultas y publicidad.
Dicho precepto señala textualmente: "Las actas de las sesiones secretas, los informes y otros documentos de que en ellas se dé cuenta o se agreguen a los antecedentes de un negocio secreto, se conservarán reservados en un único ejemplar. Su consulta fuera de la Sala por Senadores, Diputados o Ministros de Estado, se hará únicamente en la sala del Secretario del Senado y en su presencia o en la del funcionario que éste designe al efecto.".
Y en el inciso segundo dispone: "El Senado podrá hacer públicas las actas y documentos secretos después de diez años de reserva; pero podrá anticipar su publicidad, por mayoría de tres cuartos de Senadores en ejercicio, siempre que el secreto no haya sido pedido en conformidad al número 17º del artículo 32 de la Constitución Política del Estado.".
Señor Presidente, tengo la impresión de que esa norma es contraria a las modificaciones que se han introducido en la Carta Fundamental.
Vale la pena precisar que el citado inciso segundo, no guarda relación alguna con la ley Nº 13.196, pues ésta no alude a ninguna de las materias específicas consignadas en él.
En consecuencia, considero que esa disposición reglamentaria debería modificarse, a fin de concordarla con lo establecido en el artículo 8º de la Constitución, que señala:
"El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.".
Como es evidente, el contenido de la ley en comento no incide en ninguna de las materias a que hace referencia ese precepto constitucional.
Estimo que esta forma de tratamiento de las leyes reservadas debe ser cambiada por el Senado. No parece razonable, atendido el tenor del artículo 8º de la Carta, que hoy se impida a un Parlamentario conocer una ley o, incluso, disponer de una copia de ella, menos aún cuando nosotros hemos jurado o prometido respetar esas normas. Y me imagino que el acto pertinente tiene algún valor.
Solicito al señor Presidente pronunciarse al respecto. En todo caso, deseo plantear la necesidad de liberar de su carácter secreto la ley referida, pues fue dictada en 1958 y modificada durante el Gobierno militar, motivo por el cual sobrepasa con largueza los diez años que se requieren para levantar el secreto.
Por ello, pido formalmente al señor Presidente que se revise este procedimiento, por cuanto ninguno de los incisos del artículo 77 del Reglamento -a los que se me remitió- guarda coherencia con el asunto que me preocupa.
Repito: en el caso indicado se ha sobrepasado en exceso el plazo de diez años de reserva y, por consiguiente, debiera liberarse de tal condición a la ley señalada para que sea de conocimiento de la ciudadanía, como manda el artículo 8° de la Constitución. Nada justifica esa reserva.
Solicito a la Mesa un pronunciamiento sobre ese aspecto. Y, en lo particular, me interesa conocer el contenido de la ley N° 13.196; examinar sus vistos y considerandos, para hacer las referencias correspondientes.
Cabe tener presente que, desde 1956, distintos cuerpos legales establecen que un porcentaje de los recursos generados por la actividad productiva del cobre va en directo beneficio de las regiones mineras del norte del país.
Por eso, me parece de toda legitimidad que, como representante de la Región de Antofagasta en el Senado, se me permita un acceso expedito a ese cuerpo legal, sin restricción ni -mucho menos- tener que examinarlo bajo la mirada de un censurador respecto de qué hago con él.
Un mínimo de coherencia y de dignidad en el trato hacia los Parlamentarios indica que se debería autorizar ese acceso expedito y sin ninguna clase de limitación a la ley mencionada.
He dicho.
La señora ALVEAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra Su Señoría.
PROBLEMAS QUE AFECTAN A TRABAJADORES MINEROS DE FAENAS EN ALTURA.OFICIOS
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, la Confederación Minera de Chile me hizo llegar, hace algunos días, una serie de antecedentes relativos a denuncias concretas respecto de las difíciles condiciones en que prestan sus servicios los trabajadores de faenas ubicadas a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, especialmente aquellos que se desempeñan en lugares alejados de centros urbanos y cumplen extensas jornadas, distribuidas en turnos.
En dicha misiva, los dirigentes laborales dan cuenta de las enfermedades profesionales y de los perjuicios para la salud que han sufrido sus asociados por trabajar en esas adversas condiciones climáticas, y ponen de manifiesto la necesidad de incrementar la fiscalización en tales faenas.
La propia Dirección del Trabajo, en su Cartilla N° 7 "El trabajo en altura", advierte que cuando una persona se instala a trabajar y, en algunos casos, a vivir, además, sobre los 2 mil metros de altura, se expone a un ambiente geográfico donde hay problemas por la falta de oxígeno en el aire, por la baja temperatura, por la cantidad de rayos solares peligrosos para el ser humano y por la humedad, y también por una naturaleza que puede ser incontrolable, por el aislamiento y para acceder a servicios.
Agrega que el conjunto de esas condiciones adversas puede causar alteraciones importantes en la salud física de las personas, en forma rápida y brusca, pero también en el largo plazo. Asimismo, se ve afectado el bienestar social del individuo, porque se altera la pertenencia a una familia, a grupos de amigos y a otras instancias sociales, y se dificulta el acceso a servicios básicos, a la cultura y a la recreación.
Según lo señalado en el mismo documento, señor Presidente, la falta de oxígeno es una grave dificultad para los trabajadores que se desempeñan en altura, ya que se trata de un componente del aire que respiramos. Su importancia es vital: si no hay oxígeno, las personas -y en general los animales- se mueren.
En la altura se produce una especie de "adelgazamiento" de la capa de aire y, aunque hay oxígeno en él, cuesta atraparlo cuando uno respira. El resultado es que el organismo cuenta con menos oxígeno para su funcionamiento. Ello trae varias consecuencias:
1) El corazón y los pulmones trabajan con mayor fuerza, aceleradamente, para compensar la baja de oxígeno. En algunos casos, la persona puede no resistir ni tolerar ese mayor trabajo de sus órganos vitales y su salud se complica en forma brusca.
2) Si la compensación no es adecuada, algunas personas corren el riesgo de sufrir alteraciones graves en las primeras horas de exposición a la altura, que afectan severamente los pulmones o el cerebro. Estas complicaciones -una, llamada "edema agudo de pulmón", y la otra, "edema agudo cerebral"- pueden causar la muerte con rapidez, pero no son muy frecuentes.
3) La capacidad de trabajo y el funcionamiento general se afectan con mucha celeridad por la falta de oxígeno. Si la persona camina, su cuerpo no soporta andar mucho sin descanso; si intenta correr, el agotamiento llega muy rápido.
4) El funcionamiento mental también se afecta muy pronto: fallan la memoria y la capacidad de poner atención; duele la cabeza.
5) El proceso del sueño se altera, especialmente en las personas que normalmente roncan. Se duerme menos horas; se despierta muchas veces en la noche, y al levantarse queda la sensación de no haber descansado.
6) Después de un tiempo de permanencia en altura, el cuerpo se comienza a acostumbrar y los problemas iniciales van aliviándose. Pero el acostumbramiento se logra a costa de compensaciones en la sangre y en el corazón, las cuales, cuando son excesivas e inadecuadas, también pueden ser peligrosas para la salud.
La falta de oxígeno aumenta con la altura. Como todos sabemos, por encima de 3 mil o 3 mil 200 metros los problemas de inicio brusco se comienzan a sentir con mayor fuerza y una diferencia de cien metros de altura se nota de inmediato en los aspectos señalados más arriba. Esto es muy importante, pues se desprenden algunas recomendaciones básicas:
-Si alguien presenta una complicación pulmonar, cardíaca o cerebral de inicio brusco y severa, bajar lo más rápido que se pueda a la menor altura factible forma parte del paquete de primeros auxilios y ayuda a salvar la vida.
-Se deben hacer todos los esfuerzos a los efectos de que las instalaciones para dormir se ubiquen a la menor altura posible.
Los servicios médicos de los organismos administradores del seguro de la ley Nº 16.744 y algunas empresas mineras han desarrollado técnicas para examinar a los trabajadores antes de que suban a faenas en altura, con la finalidad de prevenir la aparición de complicaciones vitales y anticipar quiénes van a responder bien y quiénes no. Asimismo, algunas compañías mineras han instalado servicios médicos donde se controla a las personas en las primeras horas de llegada a la altura. Ambas medidas ayudan a la prevención de complicaciones.
Señor Presidente, de conformidad con lo señalado por la propia Dirección del Trabajo en el documento antes citado, quienes laboran en altura también sufren problemas con la temperatura del aire, toda vez que, en forma natural, va disminuyendo con la altura a un ritmo de más o menos un grado cada 100 metros. En líneas gruesas, si a 2 mil metros se miden 20 grados de temperatura en un día cualquiera, se espera encontrar unos 5 grados a 3 mil 500 metros, aunque haya sol y las condiciones atmosféricas sean parecidas.
El problema se agrava, obviamente, en invierno y en las noches, cuando es habitual encontrar temperaturas bajo cero grado. Si además corre viento a velocidad moderada, como es frecuente en zonas montañosas, la temperatura efectiva sobre el cuerpo disminuye más: viento más fuerte es igual a menor temperatura.
El frío afecta la capacidad de trabajo, porque en algunos casos simplemente impide laborar. Además, el cuerpo debe producir mayores cantidades de calor, recargando de nuevo al aparato cardiovascular, ya ocupado en compensar la falta de oxígeno, y consumiendo al mismo tiempo grandes cantidades de oxígeno para producir energía.
Cuando la temperatura baja de cero grado, las personas se exponen además al riesgo de congelamiento, con peligro para la vida. Esta lamentable situación se ha producido durante período de invierno en trabajos en la cordillera.
Por lo tanto, se deben tomar muy en serio las medidas de prevención contra el frío. Por ejemplo:
-Usar ropa térmica de calidad garantizada.
-Reducir al máximo posible la exposición directa al aire libre cuando la temperatura baja de cero grado, mediante cabinas aisladas y climatizadas, recintos bien aislados y calefaccionados.
-Organizar tiempos cortos de exposición de las cuadrillas que deban trabajar al frío, con un número suficiente de personal de recambio y sitios guarecidos para reponerse y calentarse.
-Contar con medios de comunicación y elementos suficientes para enfrentar emergencias de trabajadores que se distancian de los centros de base en período de invierno.
Señor Presidente, a lo anterior se suman problemas relacionados con el exceso de radiación solar y aire seco, las catástrofes naturales, el aislamiento y el acceso limitado a servicios.
Por todas esas razones, solicito que se oficie a la señora Ministra de Salud y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social a fin de que informen sobre dos materias:
1º.-
Medidas relativas a fiscalización de cumplimiento de la legislación laboral y de higiene, seguridad y salud en el trabajo que se están aplicando a las faenas que se desarrollan en altura, y
2º.-
Criterios a utilizarse para autorizar las jornadas laborales de los dependientes que se desempeñan en faenas realizadas en altura.
He dicho.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, adhiero a esos oficios.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Cantero.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:32.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.