REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 29ª, en miércoles 5 de julio de 2006
Ordinaria
(De 16:20 a 18:56)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE, Y JAIME GAZMURI MUJICA,
PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Educación, don Martín Zilic Hrepic, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara; el señor Subsecretario del Trabajo, don Zarko Luksic Sandoval, y el asesor de ese Ministerio, señor Francisco del Río Correa.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 24ª, ordinaria, en 20 de junio; 25ª y 26ª, especiales, y 27ª, ordinaria, en 21 de junio, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto sobre modificación de la ley Nº 18.314 a fin de establecer cuándo constituirán delitos terroristas los ilícitos que contempla (boletín Nº 4.298-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece como medida cautelar la retención de la licencia de conducir, en caso de un cuasidelito como consecuencia del manejo de un vehículo (boletín 4.125-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo informa que aprobó, con las enmiendas que indica, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, respecto de la admisión de menores de edad al empleo y del cumplimiento de la obligación escolar (boletín Nº 3.235-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el tercero comunica que ha prestado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras con motivo de la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 3.224-04).
--Queda para tabla.
Del señor Contralor General de la República, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor García, sobre la naturaleza jurídica del contrato que vincula a los profesores y funcionarios del Liceo Experimental Manuel de Salas con su empleador.
Dos de la señora Ministra de Defensa Nacional:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Kuschel, respecto de la finalización de las obras de construcción del camino que une Caleta Pichanco con Caleta Gonzalo, comuna de Palena.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Allamand, en cuanto a la instalación de una Tenencia de Carabineros en el sector de Las Ánimas, comuna de Valdivia.
Dos de la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, relativo a la petición de las Voluntarias de Hospital "Damas de Rojo", filial Villarrica.
Con el segundo contesta un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Navarro, referido a la posibilidad de hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, con el objeto de regular la instalación de antenas emisoras y receptoras y el tendido de cables aéreos de suministro de señales y energía.
De la señora Ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Horvath y Prokurica, atinente a la pesca de investigación de algas en las costas de la Primera a la Cuarta Regiones.
Cuatro del señor Ministro de Obras Públicas:
Con los dos primeros contesta igual número de oficios remitidos en nombre del Honorable señor Longueira, concernientes a la Sociedad Concesionaria Costanera Norte.
Con el tercero responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Ruiz-Esquide, en relación con los daños experimentados por el emisario de Lebu.
Con el cuarto da respuesta a dos oficios enviados en nombre del Honorable señor Horvath, acerca de la concesión de la variante Vespucio-El Salto-Kennedy.
Del señor Ministro de Agricultura, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Bianchi, respecto de la distribución de los ingresos que generan los parques nacionales.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Bianchi, tocante a los montos destinados a subsidios de agua y gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
De la señora Subsecretaria de Educación, mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Horvath, sobre la subvención educacional que se otorga a las comunas y sectores rurales de baja población.
De la señora Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Naranjo, relativo al cierre de la oficina de la AFP Provida en la ciudad de Cauquenes.
Del señor Coordinador General de Concesiones, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Romero, referente a la Concesionaria Nororiente y la construcción del enlace Centenario.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Núñez, respecto de accidente ferroviario en la comuna de Diego de Almagro.
Del señor Gerente General de la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER Limitada, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, relativo al precio por consumo de energía eléctrica que se cobra a los vecinos de la localidad de Cajón, comuna de Vilcún.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Orpis, que modifica la ley Nº 18.838, sobre Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de prohibir el empleo del sistema de medición de audiencia en línea (boletín Nº 3.543-15).
--Queda para tabla.
Moción
De los Honorables señores Núñez, Escalona, Letelier y Navarro, con la que inician un proyecto sobre modificación de la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en cuanto a la publicación de las resoluciones que asignan concesiones de radiodifusión radial (boletín Nº 4.299-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables señores Arancibia, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Prokurica, Romero y Ruiz-Esquide, mediante el cual proponen solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya al señor Ministro de Relaciones Exteriores a fin de condenar y requerir al Gobierno de Cuba que ponga fin a las detenciones por motivos ideológicos y deje en libertad a todas las personas apresadas por ser contrarias a ese régimen político (boletín Nº S 873-12).
De los Honorables señores Allamand, Horvath, Longueira y Navarro, por medio del cual proponen adoptar diversas medidas en beneficio de la conservación de las ballenas y la preservación de los ecosistemas oceánicos (boletín Nº S 874-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción del Honorable señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la base de cálculo para la asignación de zona que perciben los funcionarios municipales.
--Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el Nº 4º del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Moción del Honorable señor Bianchi, con la que inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el fin de establecer nuevas atribuciones y competencias.
--Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el Nº 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor BIANCHI.-
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Solicito que se pida al Ejecutivo el patrocinio de los dos proyectos declarados inadmisibles.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio pertinente en nombre del Honorable señor Bianchi¿
El señor HORVATH.-
Y del Comité Renovación Nacional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si no hay objeciones, se procederá en esos términos.
--Así se acuerda.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la Cuenta se incluye el informe de Comisión Mixta relativo al proyecto de ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, aprobado hoy en la mañana por la Cámara de Diputados(boletín Nº 3.224-04).
Si le parece a la Sala, ese asunto se agregará a la tabla de la presente sesión.
--Así se acuerda.
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El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, Senadores de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional presentamos ayer un proyecto de acuerdo respecto de las personas detenidas en Cuba, de modo que solicitamos que se vote hoy.
El señor PROKURICA.-
Es lo que corresponde, reglamentariamente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Como ello se incluyó en la Cuenta de hoy día, debe quedar para la sesión ordinaria siguiente.
El señor PROKURICA.-
Los proyectos de acuerdo siempre se votan al día siguiente de su ingreso.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se incorporan en la Cuenta y quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
MARCO JURÍDICO PARA TRABAJOS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS. VETO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde tratar las observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley sobre el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2943-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 21 de mayo de 2002.
En tercer trámite, sesión 58ª, en 17 de enero de 2006.
Observaciones en primer trámite, sesión 24ª, en 20 de junio de 2006.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 15ª, en 29 de julio de 2003.
Trabajo (segundo), sesión 35ª, en 2 de marzo de 2004.
Trabajo (tercer trámite), sesión 16ª, en 16 de mayo de 2006.
Trabajo (observaciones), sesión 28ª, en 4 de julio de 2006.
Discusión general:
Sesiones 30ª, en 2 de septiembre de 2003 (queda pendiente su discusión general); 35ª, en 16 de septiembre de 2003 (queda para segunda discusión); 1ª, en 7 de octubre de 2003 (se aprueba en general).
Discusión particular:
Sesiones 36ª, en 3 de marzo de 2004 (queda para segunda discusión); 37ª, en 9 de marzo de 2004 (queda pendiente su discusión particular); 38ª y 40ª, en 10 y 17 de marzo de 2004, respectivamente (se aplaza su votación); 41ª, en 30 de marzo de 2004 (queda pendiente su discusión particular); 43ª, en 31 de marzo de 2004 (se aprueba en particular).
Discusión en tercer trámite, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006 (se aprueba).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Las observaciones son tres y dicen relación a las siguientes materias:
1) La exclusión del ámbito de la subcontratación de las obras o servicios discontinuos o esporádicos;
2) El ámbito de responsabilidad de la empresa principal;
3) La certificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los contratistas y subcontratistas;
4) La ampliación del giro de las empresas de servicios transitorios;
5) La disminución del monto de la multa aplicable a las empresas contratistas y de la consignación exigida para apelar de la resolución pertinente;
6) La reducción del monto de la garantía que se exige a las empresas de servicios transitorios, y
7) La uniformidad, en el proyecto de ley, de los términos "mandante" por "empresa principal" y "temporarios" por "transitorios".
La Comisión aprobó las tres observaciones en forma unánime, con los votos de los Senadores señora Alvear y señores Allamand, Letelier, Longueira y Muñoz Aburto.
La observación número 1), letra c), referida a la obligación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de dictar un reglamento para la certificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de las empresas contratistas y subcontratistas, contó con el voto unánime de los Senadores señora Alvear y señores Allamand, Longueira y Muñoz Aburto.
Cabe tener presente que la observación número 1), letra f), numeral ii), que recae en el inciso tercero del artículo 183-I, y la observación número 3), en lo que se refiere a los artículos 183-H, 183-K, 183-L y 183-M, requieren quórum orgánico constitucional para su aprobación, esto es, el voto conforme de 21 señores Senadores.
Por su parte, la observación número 2), en cuanto al inciso primero del artículo 183-E y al artículo 7º del proyecto, debe aprobarse con quórum calificado: en este caso, 19 señores Senadores.
De conformidad con el artículo 188 del Reglamento, las observaciones tendrán discusión general y particular a la vez y serán objeto de pronunciamiento separado, sin que proceda dividir la votación.
Por último, Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben, la primera, las normas pertinentes del Código del Trabajo; la segunda, el texto del proyecto aprobado por el Congreso; la tercera, las observaciones formuladas por la Presidenta de la República, y la cuarta, el texto final de la iniciativa si estas últimas se aprobaran.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Solicito la anuencia de la Sala para que asistan a la sesión el Subsecretario del Trabajo, señor Zarko Luksic, y el asesor del Ministerio señor Francisco Del Río.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, tal como lo expresé ayer, me opuse a una petición de esa índole porque no había obtenido respuesta a oficios que solicité remitir hace aproximadamente tres meses, pero, como los señores Senadores habrán podido observar en la Cuenta de hoy, el inconveniente se subsanó en forma rápida. De manera que a partir de este momento no hay ningún reparo para el ingreso de los Subsecretarios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Por lo tanto, se accede.
En discusión general y particular las observaciones de la Primera Mandataria.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Trabajo.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, el veto en análisis forma parte de un acuerdo político al que se arribó en el marco del debate de este trascendental proyecto sobre regulación del trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
Como recordarán Sus Señorías, la iniciativa, en la discusión de su parte esencial, llevó al establecimiento de las definiciones de la subcontratación y de los suministros de servicios en ese ámbito. Durante el análisis surgió la inquietud respecto de la precisión de ese primer concepto y de si se hallaba más o menos acotado.
La observación sobre el particular, a mi juicio, no hace más que materializar el consenso registrado con motivo de la aprobación que tuvo lugar en el primer trámite constitucional, en el sentido de que no quedarán sujetas a la norma de la subcontratación las obras o servicios que se ejecuten o presten de manera discontinua o esporádica. En ningún momento se tuvo la intención de que fueran parte del concepto, lo que queda claramente establecido en el veto.
Adicionalmente, la otra parte que generó dudas decía relación a las consecuencias, a partir de la definición, de la responsabilidad solidaria -que es la regla general- de la empresa principal para con las empresas contratistas. Con el veto se ha pretendido despejar dichas inquietudes, dejándose constancia de que el alcance de las obligaciones laborales y previsionales es el propio de las de dar.
Y en cuanto a la interrogante acerca de la extensión de las obligaciones solidarias en materia de eventuales indemnizaciones legales y contractuales, se eliminó este último término, debido a la posibilidad de algún abuso, en determinado momento, por algún acuerdo del dueño de una empresa contratista con sus trabajadores, en perjuicio de la empresa principal.
Sobre tales temas existía absoluto consenso, pero se han clarificado a través del veto.
Por otro lado, la letra c) de la observación número 1) se refiere al reglamento que se acordó, vinculado a la ley en proyecto -en particular, para determinar el momento en que se pasa de la responsabilidad solidaria, que es la regla general, repito, a la responsabilidad subsidiaria-, para cuando el dueño de la empresa principal se preocupe de recabar información y retener pagos. Se establece el plazo de 90 días para su dictación, precisándose sus alcances.
El reglamento deberá fijar el procedimiento, plazo y efectos con que la Inspección del Trabajo respectiva emitirá dichos certificados, instrumentos verificadores que la empresa principal procurará tener a su disposición. Asimismo, definirá la forma o mecanismos a través de los cuales las entidades o instituciones competentes podrán otorgar la certificación debida a través de los medios más idóneos, como se planteó. Ello, más allá de lo que puede corresponder a la Inspección de Trabajo, en relación con otras instituciones, a fin de deslindar la responsabilidad solidaria de la subsidiaria.
En lo anterior hubo absoluto acuerdo. A todos nos interesaba dejar definido en forma clara lo concerniente al plazo.
La cuarta modificación, que es consecuencia de un punto anterior y se refiere a las indemnizaciones, deja claramente establecido que las obligaciones de la empresa principal están vinculadas a las eventuales indemnizaciones legales que tienen que ver con el término de la relación laboral.
Adicionalmente, a partir de la letra e) pasamos a la definición de la empresa de servicios transitorios.
En la Cámara de Diputados hubo voluntad de asegurar que no existiera un vínculo indebido entre la empresa usuaria y la suministradora de trabajadores. En ese contexto, se trató de evitar que entre una y otra estuvieran relacionadas.
En el marco del debate, surgió la inquietud de si las empresas suministradoras debían tener un giro único, ya que éstas plantearon su interés en desarrollar también actividades de capacitación, así como de selección de recursos humanos. Sobre el particular, hubo absoluta decisión para ampliar el rubro de las empresas suministradoras dentro de ese ámbito, aspecto que fue recogido por el veto.
Es importante subrayar lo siguiente: se produjo una discusión en lo referente a la letra e) respecto del alcance del concepto que se agrega, en el sentido de que las empresas suministradoras también podrán participar en "la selección, capacitación y formación de trabajadores, así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos.".
Para la historia de la ley, es relevante consignar que con la introducción de esta modificación en ningún momento se aspira a que las empresas suministradoras de trabajadores se transformen en organismos técnicos de capacitación (OTEC). No es ése el sentido ni alcance. Sin duda, aquéllas podrán hacer uso de las franquicias del SENCE para capacitar a sus propios trabajadores; pero no dedicarse, mediante el empleo de recursos provenientes de franquicias tributarias, a la capacitación de trabajadores de terceros. Ese punto quedó claramente establecido y sobre él hubo unanimidad.
Las letras f) y g) de la observación número 1) se refieren al incumplimiento de la ley por parte de las empresas suministradoras de servicios transitorios, que no deben estar vinculadas con la empresa usuaria. Si se produce esa relación, se establecen infracciones. En este aspecto, se bajó el monto de la multa de 20 a 10 UTM por cada trabajador contratado. De la misma forma, se redujo el monto de la consignación que se debe hacer cuando se apela de la resolución por infracción a esta norma. Sobre este punto hubo pleno consenso y fue lo que gatilló el acuerdo en su momento.
El numeral i) de la letra g) se refiere al cambio de los requisitos para las suministradoras de trabajadores. Como se recordará, todas las empresas que lleven a cabo la función de arriendo o suministro de personas deben estar inscritas en un registro y, además, constituir una boleta de garantía. Ésta tendrá un valor cuando se trate de 100 o menos trabajadores. Por sobre esa cifra, se fija un incremento de 0,7 unidades de fomento por cada uno.
La boleta de garantía base baja su valor de 500 a 250 UF, lo que forma parte del acuerdo político a que se llegó en este punto.
En cuanto a la periodicidad para el ajuste del monto de la garantía, inicialmente el proyecto disponía que ello se efectuaría cada tres meses. Como ello nos pareció inadecuado, se prefirió aumentar el plazo a doce meses.
Finalmente, las observaciones números 2) y 3) están relacionadas con aspectos formales de redacción. El Senador señor Allamand había planteado con cierta insistencia el cambio de la expresión "el mandante" por "la empresa principal". La otra enmienda, destinada a uniformar el texto, sustituye el término "temporarios" por "transitorios".
Señor Presidente, en la Comisión votamos todas las observaciones favorablemente, conforme al acuerdo político adoptado, aunque, por momentos, se llevó a cabo una discusión formal sobre cómo proceder a la votación de ellas.
El señor Secretario ha insinuado -si no entendí mal- que estamos en presencia de tres vetos. No obstante en la Comisión hubo interpretación en cuanto a que algunas letras abordan temas distintos, por lo que podría considerarse que son más las observaciones del Ejecutivo.
Dejo planteado el punto -que se discutió en la Comisión-, respecto del cual algunos funcionarios de la Corporación comparten ese mismo juicio. Si bien no tiene incidencia en la discusión actual, dado que existe acuerdo unánime, sería importante que se precisara para futuras votaciones si corresponde pronunciarse por numerales, por letras, por temas o por puntos. Es importante clarificar el asunto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, mediante el veto se cumple el compromiso asumido por parte del Ejecutivo en orden a perfeccionar el proyecto que nos ocupa, que busca ampliar la tutela que la ley laboral otorga a formas no típicas de contratación.
Sin perjuicio de apoyar nuevamente esta importante iniciativa que terminará con los abusos cometidos en torno de estas figuras, es necesario ahora entrar a revisar la situación que afecta a los trabajadores del sector público, que están al margen de esta normativa y que muchas veces se encuentran en condiciones tanto o más precarias en sus relaciones laborales con su empleador: el Estado.
Por eso, debo reiterar mi petición, ya efectuada en esta Sala, en orden a que, junto con el término de este proceso, se inicie con la mayor prontitud y fuerza la revisión y regularización de la ya reconocida figura de tercerización, muchas veces irregular, en el ámbito público de nuestro país.
Cabe recordar que la solicitud que estoy formulando ya fue objeto de un proyecto de acuerdo del Senado, por medio del cual solicitamos a la señora Presidenta de la República la adopción de todas las medidas necesarias para terminar en un plazo no superior a tres años con las irregularidades existentes.
Dentro de este mismo espíritu, especial preocupación me provoca la situación que afecta al personal de esta Corporación, que desde el año 1994 se encuentra en un proceso de reestructuración de su estructura administrativa, a fin de adecuarla a las nuevas realidades de funciones y de personal. Hasta la fecha ésta se encuentra inconclusa.
Me parece que los responsables de los distintos Poderes del Estado no pueden ser tan indolentes al predicar y establecer normas para la ciudadanía o para las empresas privadas y, al mismo tiempo, eludir sus propias responsabilidades, por lo que vuelvo a hacer un llamado a la coherencia de todo el cuerpo político, para que enfrentemos, con la misma fuerza y dedicación con que se asumió la regulación del sector privado, la necesaria puesta al día que nuestra institucionalidad estatal requiere.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, la bancada de Senadores de la Unión Demócrata Independiente respaldará íntegramente el veto presidencial al proyecto sobre subcontratación y funcionamiento de las empresas de servicios transitorios.
No podemos dejar de recordar que las observaciones del Ejecutivo son fruto de una negociación y de un acuerdo político que perfecciona, precisa y evita judicializar la relación laboral entre la empresa y los trabajadores y también entre las empresas subcontratistas o las de servicios transitorios.
Los cambios que se introducen son muy sustanciales, por cuanto no sólo precisan claramente en qué consisten varios de los artículos aprobados por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, sino que adicionalmente se corrigen algunos defectos de redacción que se plantearon durante la discusión en el Senado, dando con ello origen a un gran cuerpo legal.
Lo primero que se debe destacar es que estamos en presencia de una muy buena ley, que va a permitir que el mundo de la empresa privada del país cuente con todos los instrumentos necesarios para enfrentar la globalización, tercerizar las cosas naturales y obvias, y contratar trabajadores a través de empresas de servicios transitorios.
Creo que también ponemos atajo a los abusos cometidos y a las malas prácticas realizadas durante mucho tiempo, que se permitieron probablemente debido al gran aumento de la cesantía. El proyecto termina en forma definitiva con unos y otras y posibilita que los buenos empresarios que requieran ese tipo de instrumentos dispongan de ellos y compitan en el mundo.
La primera modificación introducida por el veto recoge uno de los puntos planteados por la Alianza por Chile, en el sentido de que es fundamental precisar en la ley que queden fuera del régimen de la subcontratación las faenas o trabajos discontinuos o esporádicos.
Dada la forma en que la Cámara de Diputados redactó la normativa, era obvio y entendible enmendarla, porque de otra manera podían generarse discusiones eternas y, finalmente, litigios en muchas faenas o trabajos eventuales, esporádicos o discontinuos. Y por eso se precisa de modo claro que las disposiciones pertinentes no serán aplicables cuando se dé tal situación.
En segundo lugar, el veto establece claramente en qué consiste la exigencia del "mandante", término que, para una mejor redacción -como se dijo aquí- fue cambiado por la expresión "empresa principal". En definitiva, se dispone que la obligación solidaria se refiere a obligaciones laborales y previsionales, y eventualmente, a indemnizaciones legales.
Por lo tanto, el ente mandante o principal no está asumiendo otros derechos laborales. Éstos quedan circunscritos a la empresa en la cual se desempeña el trabajador, y por eso aquélla va a responder solidariamente por las obligaciones "de dar" -como señala el veto-, retirándose el calificativo "contractuales" a las indemnizaciones, porque podría originar diversas figuras fraudulentas. Por ello, quedó muy bien precisado en qué consiste la responsabilidad solidaria que adquieren las empresas principales.
El tercer punto abordado por el veto es muy importante, porque agregará tranquilidad en el cumplimiento de la ley. El mayor problema que tenía el cuerpo legal en proyecto era que finalmente los certificados de las Inspecciones del Trabajo no se emitieran en forma oportuna y que, dada la mayor exigencia que se va a aplicar a las certificaciones, ello generara una cadena de complejidades y burocracia.
En consecuencia, se establece la existencia de entidades o instituciones competentes para la acreditación del cumplimiento de los compromisos laborales, de acuerdo con un reglamento que -como dispone el veto- deberá dictarse dentro del plazo de 90 días. Por lo tanto, simultáneamente con la puesta en marcha de la ley, vamos a contar con una normativa complementaria que permitirá a entidades o instituciones competentes certificar debidamente, por medios idóneos, las obligaciones laborales y previsionales de las empresas contratistas o de servicios transitorios.
Creo que este punto fortalece, agiliza y vigoriza el cumplimiento de la ley y, por ende, pone término a los abusos laborales que han existido por mucho tiempo.
La cuarta materia que se incorpora como fruto del veto y que es un poco la consecuencia de lo anterior, se refiere a precisar que también están incluidas las indemnizaciones legales, las que no se consideraban anteriormente.
Asimismo, se establece un tema planteado por las empresas de servicios transitorios, en cuanto a que éstas no solamente tendrán un objeto social exclusivo en el sentido de prestar trabajadores, sino que, además, su giro se amplía a la selección, capacitación y formación de ellos, dado que son su gran capital y activo.
Estimamos fundamental incorporar distintas opciones en el giro de estas empresas. Conviene precisar que tal materia fue parte del debate en la Comisión de Trabajo, donde planteé que diversas futuras empresas de servicios transitorios tenían dudas acerca de si podían ser a la vez organismos técnicos de capacitación. Se aclaró que van a poder hacer uso de la franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y capacitar a sus propios trabajadores. Sin embargo, como establece la ley del SENCE, no podrán ser OTEC de terceros, pues éstos son de giro único. Es decir, no podrán usar la franquicia del SENCE para capacitar a terceras empresas, aunque sí a sus propios trabajadores, que en algunas de ellas son miles. Por lo tanto, me parece muy sano haber extendido el giro de estas empresas a la capacitación y al perfeccionamiento.
Una quinta materia relevante del veto consiste en reducir el monto para que las empresas de servicios transitorios constituyan una garantía. Hoy día, varias de ellas son el inicio de la cadena empresarial. Muchos jóvenes y pequeños empresarios que de alguna forma desarrollan distintos oficios y actividades van a poder constituir una empresa de servicios transitorios. En la discusión se argumentó que establecer una garantía de 500 UF para tal efecto era un exceso, pues la suma se acercaba a los 10 millones de pesos. En definitiva, se rebajó a 250 UF.
No olvidemos que estas empresas deben agregar cierto monto adicional a esa garantía, en función del número de sus trabajadores. Si tienen hasta 100, no deben hacerlo; pero, si superan esa cantidad, tienen que añadir una UF adicional por cada uno; 0,7 unidad de fomento por cada trabajador transitorio contratado por sobre 150, y 0,3 por sobre 200.
Por lo tanto, la cifra se adecuó a un nivel razonable.
También se extendió el plazo para ajustar la garantía, dado que el proyecto original establecía que todas las empresas de servicios transitorios debían hacerlo cada tres meses en la Dirección del Trabajo. Ello se estimo excesivo y burocrático, porque basta con que lo hagan cada doce meses. El veto recogió este punto de vista.
Por último, se salvó la cuestión de inconstitucionalidad que los Senadores de la Alianza planteamos durante el trámite en el Senado en cuanto a cómo proceder frente a las multas con que se sanciona a las empresas relacionadas que se presten servicios entre ellas. Ninguna empresa de servicios transitorios podrá ser una matriz, filial o coligada relacionada, ni tener interés directo o indirecto con la usuaria, porque, como primera sanción, se elimina del Registro, y como segunda, se aplica una multa de 10 unidades tributarias mensuales (antes era de 20).
Adicionalmente, al rebajar la multa de 20 a 10 UTM y al disminuir de la mitad a la tercera parte el monto que previamente deben consignar las empresas afectadas para poder recurrir a la Corte de Apelaciones, el veto recogió nuestro planteamiento y salvó la inconstitucionalidad, asegurando a todos el derecho al debido proceso en los tribunales.
A continuación, deseo hacer mención a dos cambios que resultan importantes para una mejor redacción y presentación del proyecto. En efecto, en todas las disposiciones donde se utilicen los vocablos "el mandante" o "del mandante" han de reemplazarse por la expresión "la empresa principal". Asimismo, en todos los preceptos en que se emplee la palabra "temporarios" deberá sustituirse por "transitorios".
Señor Presidente, quiero señalar una vez más que hay una materia que sí quedó pendiente, y esperamos que el Ejecutivo la califique con urgencia y la patrocine en la eventualidad de que así se requiera. Se trata de garantizar el mismo derecho a los trabajadores de empresas subcontratistas o de servicios transitorios que realicen labores para el Estado.
No estamos hablando de funcionarios estatales o públicos. Nos referimos a que estamos terminando la tramitación de un proyecto de ley que, a través de un derecho solidario, garantiza a los trabajadores de empresas subcontratistas o de servicios transitorios que la empresa principal va a responder por las remuneraciones, las cotizaciones previsionales y la indemnización pertinente en caso de que aquéllas no lo hagan.
No vemos razón alguna para que, por ejemplo, quienes se desempeñen en una empresa subcontratista, o en una que se adjudicó un contrato del Ministerio de Obras Públicas o de cualquiera de los servicios de salud, no tengan también garantizado ese derecho.
Por eso, esperamos que, conforme a la iniciativa que presentamos los Senadores de la Alianza, todos los trabajadores subcontratados o pertenecientes a empresas de servicios transitorios que realizan labores para el Estado estén cubiertos por la misma legislación que rige para los del sector privado.
Por todas esas razones, la bancada de Senadores de la Unión Demócrata Independiente anuncia su voto favorable al veto presidencial.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, ante todo, quiero expresar la satisfacción que embarga a la bancada de la Democracia Cristiana por hallarnos ya en la etapa final de la tramitación de una iniciativa legal tan importante para un número significativo de trabajadores del país.
En cada oportunidad que uno tiene de recorrer comunas o Regiones se encuentra con que muchos trabajadores laboran en condiciones lamentables y, en muchos casos, de explotación, debido a que algunos empresarios se amparan en el régimen de subcontratación.
Como el proyecto ya ha sido informado en forma acuciosa por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, deseo destacar sólo tres aspectos.
El primero de ellos dice relación a la posibilidad de que las empresas de servicios transitorios realicen cursos de formación a sus respectivos trabajadores, lo cual no significa que éstas se transformen en organismos técnicos de capacitación (OTEC). Eso quedó claramente explicitado en la Comisión luego de un diálogo e intercambio de ideas entre los distintos señores Senadores.
El segundo tiene ver con la garantía permanente que se debe constituir a nombre de la Dirección del Trabajo, la cual se rebajó de 500 a 250 unidades de fomento.
Deseo recordar, señor Presidente, que en su momento usted y yo, como miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, entregamos al señor Ministro del ramo un conjunto de observaciones que la Democracia Cristiana tenía en torno al proyecto, una de las cuales era nuestra preocupación por las pequeñas y las micro empresas en cuanto a esta especie de "garantía" que se precisa constituir ante la Dirección del Trabajo. A nuestro entender, esta inquietud fue bien recogida en el veto.
Por último, deseo aludir a un aspecto que nos parece fundamental y que no se halla consignado en el veto. En la Comisión escuchamos al señor Ministro del Trabajo adquirir un compromiso sobre el particular y me gustaría que lo asumiera nuevamente al momento de intervenir en la Sala. Me refiero al hecho de que cada tres meses se entregue un informe que nos permita evaluar los efectos de la normativa en proyecto, toda vez que muchos tenían la inquietud de que pudiera perjudicar a las pequeñas y micro empresas.
Si realizamos dicho seguimiento y cada tres meses conocemos sus resultados vamos a poder despejar las dudas que muchos tuvimos al momento de revisar la iniciativa legal y el veto.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, cuando debatimos hace unas semanas este proyecto en la Sala tuve la oportunidad de exponer en representación de Renovación Nacional y sostuve que éste sería un buen ejemplo de la actitud que las autoridades de Gobierno podían esperar de nosotros: ser siempre una oposición alternativa y constructiva a la vez.
El hecho de que en este minuto nos encontremos discutiendo este veto presidencial recoge esos dos conceptos. Porque, como se dijo con anterioridad, las observaciones del Ejecutivo conllevan un acuerdo político sustantivo, de gran trascendencia en esta materia, que permite, desde nuestro punto de vista, avanzar en una legislación que es extraordinariamente importante para el país y para los trabajadores.
En su momento señalamos que había un conjunto de desafíos conceptuales que abordar.
En primer lugar, que era necesario legislar respecto de una materia que en general no se encontraba normada.
En segundo término, consideramos muy importante que dicha legislación pudiera atajar o poner coto a un conjunto de abusos en que se estaba incurriendo.
Y, por último, estimamos fundamental que las normas que emergieran del debate legislativo, en definitiva, no afectaran la actividad económica y no impactaran en forma negativa y adversa en las pequeñas y medianas empresas.
A los Senadores de la Alianza por Chile nos parecía que el texto que venía desde la Cámara de Diputados no permitía cumplir con tales propósitos. Pero, a nuestro juicio, sí se logra mediante el conjunto de correcciones sustantivas que se le han introducido a través del veto.
En muy rápida síntesis, para no reiterar conceptos ya señalados, deseo referirme en forma muy sucinta a las siguientes materias.
En cuanto a la observación número 1), recaída en el artículo 3º del proyecto, la letra a) precisa una definición que era técnicamente muy defectuosa. El hecho de que se haya incorporado expresa y explícitamente que el concepto de subcontratación, o de trabajo en régimen de subcontratación, no se vincula a los servicios que se ejecutan de manera discontinua o esporádica es, por supuesto, una clarificación muy importante. En nuestra opinión, haber mantenido la definición proveniente de la Cámara Baja habría sido incorrecto y hubiera generado un conjunto de dificultades.
Las letras b) y d) de la observación número 1) discurren sobre la base -y así lo señala específicamente el veto- de acotar la responsabilidad de las empresas que se encuentran involucradas -por así decirlo- en los servicios de subcontratación. Se trataba, básicamente, de especificar que tal responsabilidad aludía a las obligaciones "de dar" y no a las "de hacer" y "no hacer", lo cual hubiese sido conceptualmente muy difícil de definir; y también de restringir el ámbito de esa responsabilidad a las indemnizaciones legales y, por consiguiente, excluir ¿corrección que se hizo en el texto- las contractuales.
Habría sido imposible para cualquier empleador cerciorarse de las eventuales indemnizaciones contractuales que podrían haber sido suscritas sin conocimiento de las empresas contratantes.
Por lo tanto, las letras b) y d) acotan en forma correcta el ámbito de la responsabilidad que se halla envuelta en la normativa en proyecto.
La letra c) de la observación número 1) -como se ha señalado aquí- es de extraordinaria importancia, porque no debemos perder de vista que la mecánica operativa que dispone la iniciativa puede devenir en una sobrecarga difícil de manejar para la Dirección del Trabajo.
Entonces, con la dictación de un reglamento que establezca el sistema operativo del otorgamiento de los certificados y, en especial, que entidades privadas distintas de la Dirección del Trabajo puedan emitir esos documentos, se garantiza la fluidez de dicha mecánica y la rapidez que requiere el cumplimiento de la legislación. De lo contrario, la iniciativa hubiera sufrido un grave problema de funcionamiento, en el sentido de que se habría generado quizás una sobrecarga absolutamente difícil de manejar para la Dirección del Trabajo.
Nosotros tenemos plena confianza en que el Ministerio del ramo dictará tal reglamento en los plazos establecidos y, sobre todo, en que fijará un mecanismo de acción para que el otorgamiento de certificados se haga de manera fluida.
Posteriormente, la letra e) de la observación número 1) reviste la importancia de expandir lo que podemos denominar el "giro exclusivo" que, por la razón explicada por el Presidente de la Comisión del Trabajo, había quedado desde nuestro punto de vista en un ámbito excesivamente restringido.
En consecuencia, sin que ello genere debate en términos de que no se trata de construir una OTEC, lo cierto es que el giro queda como corresponde a una empresa de servicios transitorios.
La letra f) de la observación número 1) dice relación a dos temas ya expuestos en la Sala: por un lado, a una multa que podría considerarse exorbitante y, por otro, al hecho de que al consignar un valor desmedido de aquélla, en la práctica la debida defensa, que siempre cabe garantizar frente a eventuales incumplimientos, se transformaría en un derecho ilusorio y generaría, a nuestro juicio, un serio problema de constitucionalidad.
La letra g) se refiere a la disminución de la garantía permanente que toda empresa de servicios transitorios debe constituir ante la Dirección del Trabajo. En reiteradas ocasiones se habla de las graves y negativas consecuencias que tienen los fenómenos de concentración económica, pero muchas veces en forma indeseada la legislación contribuye a que se generen tales efectos. El solicitar una garantía desmesurada -tal como expresa el texto del veto- habría provocado, ni más ni menos, una barrera de entrada innecesaria, abultada, excesiva que perjudicaría la actividad económica y el incremento del empleo, tema del cual estamos hablando.
Asimismo, el hecho de que la garantía tenga un ajuste anual y no trimestral constituye una norma expedita, práctica, que impide que se genere una situación de entrabamiento, a fin de no obligar, tanto a la Dirección del Trabajo como a las empresas, a encontrarse permanentemente en una especie de ajuste perpetuo de la garantía sin mediar un plazo razonable.
Por otra parte, en lo que respecta a la observación número 2) fue necesario recurrir a una majadería para que la expresión "mandante" se cambiara por "empresa principal". Tengo la impresión de que quedó mejor de esa manera, pues la voz "mandante" no calzaba precisamente con la figura de la subcontratación. Por lo tanto, también hubo progreso en esa materia.
Asimismo, resolvimos un aspecto menor, pero importante, en el sentido de redactar con mayor prolijidad el texto, en términos de que no se hablara de empresas de servicios "temporarios" y empresas de servicios "transitorios" con apenas dos líneas de diferencia entre una y otra expresión.
Insisto en que los fundamentos del veto y la explicación dada por el señor Ministro del Trabajo acerca de algunos de los aspectos debatidos en la Comisión, se ajustan íntegra y completamente al acuerdo político que sobre la materia suscribimos.
Asimismo, deseo reiterar dos elementos.
No alcanzamos acuerdo respecto de la nueva definición o concepto de "empresa" que incorpora la ley en proyecto. Hemos señalado, junto con otros Senadores de la Alianza por Chile, que recurriremos ante el Tribunal Constitucional, porque nos parece que tal definición vulnera un conjunto de garantías constitucionales, como lo haremos ver en el requerimiento correspondiente.
Por último, quiero insistir -como manifestaron los Senadores señores Longueira y Bianchi- en la importancia de que el Gobierno patrocine el proyecto que presentamos para hacer extensivas y aplicables todas las normas de subcontratación a las empresas del Estado.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, celebro y valoro la flexibilidad que ha tenido el Ejecutivo para generar un espacio político donde las diferentes fuerzas políticas que componen el Senado han podido llegar a un Protocolo de Acuerdo, a fin de que el proyecto sobre subcontratación y funcionamiento de empresas de trabajadores transitorios pueda ser aprobado.
Vaya también mi reconocimiento a aquellos visionarios del Gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos que presentaron este proyecto de ley en 2001. Sin embargo, las conocidas reformas al Código del Trabajo que tenían por objeto perfeccionar todo lo que dice relación a sindicalización, negociación colectiva y al concepto de "empresa" -que sacó a colación el Senador señor Allamand-, debieron ser retiradas, porque en ese momento no estaban dadas las condiciones políticas para que la iniciativa legal pudiese ser acogida por ambas Cámaras.
No obstante, se hizo con posterioridad un nuevo intento y el proyecto aprobado en primer trámite constitucional en el Senado fue -diría- profundamente modificado en la Cámara Baja. Por eso quiero valorar el trabajo de los señores Diputados y de los representantes del Ejecutivo, pues ello permitió que muchas indicaciones se incorporaran al texto de la iniciativa que nos ocupa.
Asimismo, hago presente mi reconocimiento a muchos Diputados que compartían gran parte de los aspectos del proyecto y a aquellos que, discrepando de sus contenidos, hicieron presentes sus diferencias.
La iniciativa en debate -como manifestaron algunos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra- viene a regularizar las precarias e injustas condiciones en que viven miles de trabajadores a lo largo del país que laboran bajo el régimen de subcontratación.
Estamos dando un paso importante para regularizar una situación absolutamente anormal. Y creo que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet -en particular el Ministro del ramo, señor Osvaldo Andrade- no tendrá inconveniente en abordar otros temas pendientes sobre la materia, a los cuales podemos abocarnos y enfrentar.
No tengo la menor duda de la sensibilidad social de la Primera Mandataria y, por supuesto, del Ministro del Trabajo. Por eso, considero que algunos aspectos planteados en la Sala deberán ser objeto de análisis y de estudio durante los próximos meses.
Al igual que a los Honorables señores Longueira, Allamand y Bianchi, me preocupa la situación de los empleados públicos que se hallan a honorarios o a contrata.
También me inquieta la situación de los trabajadores en régimen de subcontratación que prestan servicios en empresas del Estado. Por eso, no me cabe la menor duda de que el Ejecutivo se hará cargo de las apreciaciones que hemos formulado en tal sentido.
Asimismo, deseo valorar el veto y el Protocolo de Acuerdo a que se ha llegado con la Oposición. Se trata -como señalé en un principio- de un acuerdo político que da cuenta de ciertos aspectos que precisan de mejor manera el contenido de la iniciativa. Sería demasiado jactancioso de nuestra parte decir que se perfecciona su texto.
Éste es un proyecto que venía muy bueno. Pero quisimos que se le hicieran precisiones. Y fuimos generosos con la Oposición para aceptar las que planteó, porque consideramos que el fin más importante es resolver el problema de miles de trabajadores que se hallan en situación bastante precaria.
No me parece acertado, eso sí, que después del protocolo suscrito y del largo diálogo habido entre las fuerzas políticas del Senado, con la intervención del Ministro, del Subsecretario y de todo el equipo del Ministerio del Trabajo, se recurra al Tribunal Constitucional alegando la inconstitucionalidad del concepto de "empresa" en materia de subcontratación. Creo que ése es un ardid que nuevamente pone en jaque al proyecto, el que, si el requerimiento es aceptado, no valdrá nada.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANDRADE (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, agradezco a los señores Senadores que han manifestado su disposición a votar favorablemente las observaciones formuladas por la Presidenta de la República.
Además, quiero señalar, a propósito de la intervención de la Honorable señora Alvear, que la comisión que comprometimos para dar seguimiento a la ley una vez que se halle en régimen está en franca constitución. Ya recibimos tanto la representación de los trabajadores como la de los empresarios.
Por tanto, me permito expresar, no sólo que hemos cumplido nuestra palabra, sino además que ya se encuentra en curso la instalación del referido organismo, de lo cual estaremos informando con la periodicidad establecida en el propio compromiso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, después de un tiempo relativamente extenso -el proyecto ingresó al Congreso Nacional el año 2002-, estamos llegando a la etapa final de aprobación.
Rescato la experiencia -considero que ha sido valiosa- de poder concordar y aprobar los contenidos de una iniciativa que al comienzo tenía un alto grado de desacuerdo y que, gracias al esfuerzo recíproco realizado en esta Corporación, ha desembocado en un acuerdo sustantivo.
En tal sentido, independiente de los cuatro años transcurridos, valió la pena que al final el Senado -y entiendo, con este concepto, las corrientes políticas fundamentales del país- asumiera que las normas del texto original -enviado, repito, el año 2002- se justificaban. Su contenido apuntaba a mejorar las relaciones laborales, en la perspectiva de hacer de Chile un país más justo y, al mismo tiempo, más competitivo. Hoy, en el mundo globalizado no compiten las empresas por separado: compiten los países. En consecuencia, todo lo que tienda a optimizar dichas relaciones y a establecer las condiciones de un nuevo trato laboral reforzará las posibilidades de insertarnos en la economía mundial.
Ahora bien, de las intervenciones de los Senadores de Oposición se advierte su acuerdo con los lineamientos del proyecto. Por lo mismo, y sin ánimo de abrir polémica, deseo invitar a los Parlamentarios que anunciaron su intención de recurrir al Tribunal Constitucional a que se abstengan de hacerlo. En vista de que los contenidos esenciales de la iniciativa son completamente compartidos, parece innecesario, tal vez, acudir a esa instancia, teniendo presente -insisto- el ambiente de entendimiento construido aquí.
Señor Presidente, siento que, desde el restablecimiento de la democracia y la reinstalación del Parlamento en 1990, ésta es una de las iniciativas más relevantes en el ámbito laboral. Y esto demuestra la evolución del país.
Muchas veces se especula con respecto a quién ha evolucionado más en Chile: si la Derecha, el Centro o la Izquierda.
No importa. Eso lo podemos dejar a los analistas. Lo significativo es que se ha registrado una evolución y que los contenidos fundamentales puestos a disposición del Congreso Nacional se aprueban en este proyecto.
En lo personal, como Senador de la Décima Región Sur, me interesa resaltar los preceptos que dicen relación a la seguridad en el trabajo.
El artículo 183-X, el 183-AB y otros establecen con nitidez que la usuaria será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales, así como que será responsable directa del cumplimiento de las normas referidas a la higiene y seguridad en el trabajo, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la ley Nº 16.744.
Señalo eso, señor Presidente, porque en la industria más pujante de la Décima Región en el ámbito de la acuicultura, cual es la salmonicultura -según datos entregados el año 2005, ha aportado a la economía nacional un volumen de exportaciones que supera la barrera de los 1.700 millones de dólares-, se han registrado innumerables accidentes laborales, con resultado fatal en 18 casos. Esta situación afecta a trabajadores que realizan su actividad en las profundidades marítimas; en concreto, a buzos contratados precisamente por empresas que hacen uso de las disposiciones legales de los contratistas. Por supuesto, existen empresas principales que responden por las condiciones laborales de los trabajadores; pero en la abrumadora mayoría de los casos no se atienden con suficiente rigor las normas de seguridad que los buzos deben tener para llevar adelante sus tareas en el fondo marino.
Ése es uno de los aspectos que afectan el prestigio y la autoridad social y, al mismo tiempo, causan un daño país, ya que, justamente debido a la precariedad de las condiciones de higiene y seguridad existentes en el sector, Chile se arriesga incluso a acusaciones de dumping social, pues de por medio está, además del trabajo digno y decente de las personas, su propia vida.
En esa perspectiva, quiero subrayar, para todos los efectos, que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso -de Gobierno y de Oposición, sin distingo- coincidimos en que la empresa principal es directamente responsable de las condiciones de seguridad de las personas que participan en las faenas productivas. Y en el caso que comenté, de acuerdo con los contenidos de la ley en proyecto, la empresa principal es responsable directa de la seguridad de los buzos de la salmonicultura que laboran en el fondo marino.
Espero que esa definición legal tan contundente y clara ayude a las autoridades a arbitrar medidas, desde los puntos de vista tanto reglamentario como de la fiscalización, que permitan que este importante avance no quede sólo en una buena intención de los legisladores que han comprometido su confianza frente al país, sino que también pase a ser parte de la actividad práctica y cotidiana de los organismos respectivos, con el objeto de, por ejemplo, asegurar que la lamentable cifra registrada sólo este año en la Décima Región -18 buzos fallecidos- se detenga drásticamente y no continúen perdiéndose valiosas vidas humanas debido a la precariedad y debilidad de la seguridad en el trabajo, y, al mismo tiempo, contribuir a prestigiar una actividad productiva importante para el país, que influye en la economía nacional y que debe ser capaz de deshacerse del grave lastre que la acompaña.
Insisto en que ojalá no sólo coincidiéramos en los aspectos aquí señalados -responsabilidad de la empresa principal ante las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad-, sino que, además, quienes hicieron el anuncio no recurrieran al Tribunal Constitucional, a fin de que despachemos un proyecto de ley que prestigie al Congreso Nacional y que, con su respaldo, tenga la potencia necesaria para la implementación posterior.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, deseo resaltar que estamos despachando las observaciones del Ejecutivo al proyecto de subcontratación y que lo hacemos sin ningún trauma y en el marco de un trámite netamente constitucional, como lo habría sido el de Comisión Mixta si en el tercer trámite hubiéramos rechazado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. No habría existido ningún drama. Sin embargo, muchos Senadores querían que despacháramos el proyecto tal como venía de la otra rama del Parlamento.
En el fondo, todos estábamos de acuerdo con la iniciativa. ¿Qué se perseguía con ella? Que a los trabajadores de empresas subcontratistas se les pagaran sus remuneraciones y se les enteraran las imposiciones -¡eso era todo!-, y que, de no hacerlo, se gatillaran varias disposiciones para forzar al mandante directo y al indirecto a cumplir tales obligaciones.
Durante la tramitación del proyecto se produjeron muchas situaciones inconvenientes, pues se prestaban para abusos y estafas. Entonces, había que solucionarlas. Sin embargo, cuando tratábamos de advertir sobre ellas, se nos objetaba y se nos criticaba como si estuviésemos en contra de los trabajadores.
¡Cómo no iba a ser sano hacer correcciones en lo atinente a la solidaridad! ¿Hasta dónde llega ésta?
Ahora, ¿es adecuado que personas que llevan trabajando dos meses reciban de sus empleadores una indemnización a todo evento de 10 millones de pesos, fijada en sus contratos, si son despedidas? Aquí se ha corregido dicho problema: ahora se pagará sólo la indemnización legal correspondiente a esos dos meses.
Igualmente, el Ejecutivo formuló una observación para bajar el valor de la multa -era sumamente alto- de 20 a 10 UTM.
En materia de certificación, todo el mundo quiere cumplir. Pero cuando se está contratando a alguien, ¿quién certifica que los trabajadores se hallan finiquitados en orden? Entonces, se estableció aquí que esa función fuera realizada por la Inspección del Trabajo y, asimismo, por organismos externos. Es decir, se está haciendo claridad para quienes contraten el día de mañana.
Asimismo, se rebajó de 500 a 250 UF el capital de garantía que deberán tener las empresas subcontratistas. Ello abre la posibilidad de que pequeños y medianos subcontratistas sigan desarrollando su actividad. De lo contrario, las subcontrataciones habrían estado destinadas sólo a las grandes empresas, que darían más garantías a los mandantes.
Por eso, me alegro de que hoy día estemos aprobando casi por unanimidad las observaciones del Ejecutivo, que son una instancia constitucional. Y ojalá nosotros podamos ejercer siempre nuestra función, ya sea a través de una Comisión Mixta o de los vetos, con el fin último de que todos los proyectos sean despachados en la mejor forma posible, como ocurrirá con el que ahora nos ocupa.
Anuncio que votaremos a favor de las observaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar.
El señor GAZMURI.-
¿Cuántos votos se necesitan, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Veintiuno.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Hay 25 señores Senadores en la Sala.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ¿puede incluir mi voto, por favor? Porque quiero dejar testimonio de mi compromiso con los trabajadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ya está incluido, Su Señoría.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las observaciones.
--Se aprueban (25 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
ENMIENDA A párrafo 4 de Reglas de Financiación ANEXAS A ESTATUTOS de Organización Mundial del Turismo
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba la modificación al párrafo 4 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada en 2001 durante la XIV Asamblea General de la Organización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3896-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 7 de marzo de 2006.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 28ª, en 4 de julio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal del proyecto de acuerdo es establecer el euro como moneda contable, presupuestaria y de pago de las contribuciones de los miembros de la Organización Mundial del Turismo.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la iniciativa en general y particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Gazmuri, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe señalar que dicho órgano técnico propone al señor Presidente que el proyecto de acuerdo sea aprobado en general y particular a la vez, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo recoge la reforma al párrafo 4 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, mediante la cual se establece el euro como moneda contable, presupuestaria y de pago de las contribuciones de los miembros de dicho ente. Ello, en consideración a que la mayor parte de los gastos de la OMT se están efectuando en euros, en condiciones satisfactorias, desde 2002, y a la serie de ventajas que presenta, tanto para los miembros como para la Secretaría, la adopción del euro como moneda única de cuenta y de pago de dicha Organización.
Habiéndose aprobado la aludida modificación a las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos de la OMT, es menester que los Estados miembros procedan a hacer lo propio y a notificar de ello al depositario permanente de los Estatutos. Lo anterior, a los efectos de la correspondiente entrada en vigor internacional de la citada enmienda.
La Organización Mundial del Turismo tiene carácter intergubernamental; cuenta con 150 miembros, y el Estado de Chile es miembro efectivo de ella desde el 9 de abril de 1974. Asimismo, es un organismo asesor de las Naciones Unidas. Su objetivo fundamental es promover el turismo con miras a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lugar o religión.
Sus Estatutos fueron promulgados en Chile por medio de un decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en diciembre de 1974.
Cabe hacer presente que la enmienda en comento consiste en un cambio contable que no significa costo adicional para el país.
Sometido a votación el proyecto de acuerdo en la Comisión, fue aprobado en general y particular por la unanimidad de sus integrantes.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto de acuerdo.
--Así se resuelve.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo de los Senadores señora Alvear y señores Escalona, Espina, Frei, Gómez, Larraín y Muñoz Barra, mediante el cual proponen solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que establezca un Consejo Económico y Social.
También se recibió un proyecto de acuerdo, suscrito por diversos señores Senadores, mediante el cual se plantea pedir a Su Excelencia la Presidenta de la República que el Ministerio de Salud, en el plazo que se indica, establezca para quienes trabajen o hayan trabajado a honorarios en el sector salud los mismos beneficios laborales y previsionales de que gozan los funcionarios de planta o a contrata.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria
Creación de sistema nacional de aseguramiento de calidad de educación superior. Informe de Comisión Mixta
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3224-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 2 de marzo de 2004.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 11ª, en 2 de mayo de 2006.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 11ª, en 13 de julio de 2004.
Educación (segundo), sesión 44ª, en 2 de noviembre de 2005.
Educación (complementario del segundo), sesión 42ª, en 18 de octubre de 2005.
Hacienda, sesión 42ª, en 18 de octubre de 2005.
Certificado de la Comisión de Educación, sesión 50ª, en 14 de diciembre de 2005.
Mixta, sesión 29ª, en 5 de julio de 2006.
Discusión general:
Sesiones 13ª, en 20 de julio de 2004 (queda pendiente su discusión general); 14ª, en 21 de julio de 2004 (se aprueba en general).
Discusión particular:
Sesiones 48ª, en 13 de diciembre de 2005 (vuelve a Comisión de Educación); 50ª, en 14 de diciembre de 2005 (queda para segunda discusión); 51ª y 52ª, en 20 y 21 de diciembre de 2005 (queda pendiente su discusión particular); 53ª, en 21 de diciembre de 2005 (se aplaza su discusión particular); 55ª, en 3 de enero de 2006 (queda pendiente su discusión particular); 56ª, en 4 de enero de 2006 (se aplaza su discusión particular); 58ª, en 17 de enero de 2006 (se aprueba en particular).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó en el rechazo de la Honorable Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de algunas de las enmiendas efectuadas por el Senado en el segundo trámite.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver las divergencias entre ambas Corporaciones.
Corresponde indicar que dicho órgano adoptó una parte de sus acuerdos por unanimidad y la otra, por mayoría.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en seis columnas. Las dos últimas transcriben la proposición de la Comisión Mixta y el texto que resultaría de ser aprobada.
Cabe tener presente que los artículos 3º; 4º; 7º, letras g) e i); 8º, letras a), c) y d); 31; 42, y 55 tienen el rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación, al día de hoy, el voto conforme de 21 señores Senadores.
La Honorable Cámara de Diputados dio ya su aprobación a la propuesta de la Comisión Mixta en sesión celebraba hoy.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.
El señor ZILIC (Ministro de Educación).-
Señor Presidente, quiero agradecer a todos los Parlamentarios que participaron en el enriquecimiento de este proyecto, que, sin lugar a dudas, va a compatibilizar mejor la calidad y la regulación en esta materia, y nos permitirá en el futuro trabajar de forma más óptima para generar procesos de calidad en la educación superior.
Por lo tanto, solicito a los señores Senadores de Gobierno y de Oposición que den la unanimidad para aprobar la proposición de la Comisión Mixta.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Educación y, también, de la Comisión Mixta, lo primero que quiero señalar es que la mayoría de los acuerdos que se adoptaron fueron por unanimidad.
El segundo aspecto relevante es que, en las votaciones en que se registró discrepancia, en general no actuó un bloque de Oposición versus uno de Gobierno; al contrario, hubo mucho voto cruzado, incluso entre Senado y Cámara de Diputados. Esto muestra que, más que un tema conceptual, se presentaron muchas materias puramente de organicidad -o sea, de cómo funciona la nueva institucionalidad- y, además, de carácter técnico.
En síntesis, el proyecto establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que contempla cuatro funciones:
Primero, la de licenciamiento, que se refiere a la evaluación, aprobación y supervisión de las nuevas entidades de educación superior.
Estoy haciendo un resumen muy estricto.
Segundo, la de acreditación institucional, que dice relación al análisis periódico de los mecanismos existentes al interior de las instituciones autónomas de educación superior para asegurar su calidad. Dicha acreditación, según señala el proyecto, será voluntaria, salvo para las carreras de Medicina y Pedagogía.
Tercero, la de acreditación de carreras o programas, que consiste en la verificación de la calidad de unas u otros ofrecidos por las mencionadas instituciones de enseñanza. Aquí -reitero- hubo mucha discusión de Senadores y Diputados, en orden a que esto debería ser obligatorio para todas las carreras. Sin embargo, la proposición aprobada por la Comisión Mixta señala que dicha obligatoriedad sólo se aplicará a Medicina y a Pedagogía.
Y, por último, la función de información, que tendrá por objeto la identificación, recolección y difusión de los antecedentes necesarios para la gestión del sistema.
Desde el punto de vista de la institucionalidad, el proyecto considera la creación de la Comisión Nacional de Acreditación, que estará formada, según lo establecido en los artículos pertinentes, por representantes de instituciones tanto públicas como privadas, procurando que éstos sean de calidad y del más alto nivel. Esta diversidad institucional y pluralidad deberían dar garantías de imparcialidad y transparencia. Dicha Comisión será autónoma.
En este sentido, creemos que el proyecto es bueno, y sería útil y conveniente que el Senado lo aprobara, ojalá por unanimidad.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Pido autorización a la Sala para iniciar la votación, ya que varios señores Senadores se han acercado a solicitarla.
Si les pareciera a Sus Señorías, así se procedería.
Acordado.
Comenzaremos con los Senadores inscritos y luego seguiremos en el orden correspondiente.
En votación nominal el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, sólo quiero reiterar que los Senadores de la Alianza hemos concurrido con nuestro trabajo para aportar a la idea de mejorar la acreditación de la calidad de la educación superior en Chile al establecer mecanismos que, partiendo de la filosofía opcional, posibiliten una acreditación fiscal previa, toda vez que se requieran recursos estatales en ciertas áreas.
De hecho, pese a que no hay legislación todavía, hoy día más del 90 por ciento de las instituciones de educación universitaria están incorporadas al sistema que ha estado operando. Por lo tanto, la voluntad de los actores es la de establecer activamente este régimen, lo cual dará a las instituciones que trabajan en este ámbito mucha solvencia y a nosotros la tranquilidad de que efectivamente se velará hasta donde sea posible por la calidad de la educación superior.
Nos habría gustado regular de manera distinta algunas materias; pero, en aras de sacar adelante el proyecto y reconociendo también que ha habido voluntad para aceptar algunos de nuestros planteamientos, a pesar de que varias disposiciones se aprobaron con votación dividida, hemos concurrido, primero en la Cámara y ahora en el Senado, a apoyar esta iniciativa.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor LARRAÍN.- A favor.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, quiero señalar que nosotros también votaremos favorablemente el proyecto, y celebro que la Comisión Mixta haya encontrado los consensos necesarios.
Estamos frente a una iniciativa que ha sido una de las decisiones más revolucionarias que se han tomado en materia educacional, porque se camina hacia la calidad de la educación, hacia su acreditación y hacia otros aspectos, como el financiamiento, donde no sólo se apunta a la educación pública o tradicional, sino también a un amplio sector de la educación de nivel superior.
Vale la pena recordar que hay un total de 64 universidades en el país, 540 sedes universitarias y más de 140 institutos profesionales. En buena hora estamos apuntando hacia la calidad, la acreditación y el financiamiento de la educación, pues en poco tiempo más habrá un millón de jóvenes postulando a estos niveles educacionales. En 1990 eran cerca de 95 mil estudiantes y hoy día vamos en 600 mil. En pocos años más llegaremos a un millón 200 mil.
Espero que, al final, todas las carreras sean acreditadas. Pienso que se camina hacia allá. Porque las que no lo hagan no podrán contar con el aval del Estado para la entrega de créditos a un sector importante de jóvenes del país. De hecho, el 50 por ciento de los que ingresan a la educación superior no terminan sus carreras, fundamentalmente por razones de tipo económico. Y ahí, lamentablemente, estamos perdiendo recursos tanto del ámbito público como del privado.
Por esta razón, señor Presidente, voto a favor.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, voto favorablemente el informe.
Sólo quiero señalar que en realidad no tengo otra opción, pues estamos frente a una¿
El señor PIZARRO.-
¡Siempre se puede votar en contra...!
El señor GAZMURI.-
¿Me deja fundar el voto, señor Senador?
El señor PIZARRO.-
Por supuesto.
El señor GAZMURI.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, la verdad es que, sin perjuicio de que el proyecto avanza en el sentido de establecer criterios, instituciones y mecanismos de acreditación, yo estoy en desacuerdo -y es un desacuerdo bastante radical- con una materia esencial: el carácter opcional de la acreditación, salvo en lo que respecta a las pocas excepciones que se logró introducir, básicamente en el área de la salud.
Como tengo una visión muy crítica sobre lo que ha sido el desarrollo de la educación superior en nuestro país durante los últimos veintitantos años, debo decir que hay una proliferación excesiva de centros de enseñanza superior que en realidad no tienen tal calidad. Existen muchas instituciones que se llaman "universidad" y que otorgan títulos universitarios que en cualquier país de mediano desarrollo no tendrían tal denominación.
Dado que es muy difícil retroceder a la reforma introducida al sistema de educación superior durante el Régimen militar, por el conjunto de situaciones, instituciones e intereses que se han creado, no hay duda de que el principio de acreditación, como norma obligatoria en Chile, es el único que se ajusta a una política que, junto con reconocer las realidades de ese nivel de educación -extraordinariamente fragmentada, pues existe gran libertad para crear institutos de ese tipo-, garantizaría una mínima calidad.
Yo, por lo menos, soy testigo cotidiano de la frustración de muchas familias y de estudiantes que, con tremendo esfuerzo, accedieron a institutos de educación superior pensando que eran de calidad, pero que en realidad no la tenían. En ese sentido, me parece que hemos sido muy irresponsables como sociedad al no exigir estándares de calidad dignos.
Estamos pagando ahí un costo.
Me alegro mucho de la gran ampliación de matrícula universitaria que ha habido en el país en los últimos años. Ése es un factor de progreso muy significativo. Tengo la impresión de que a veces no nos damos cuenta de la magnitud de los cambios sociales que este fenómeno producirá en pocos años más. No obstante, en parte importante de la educación superior -sobre todo, en la particular- no existen, salvo contadas excepciones, estándares de calidad que aseguren un nivel de formación universitaria.
Desgraciadamente, esta normativa también será una ley de "parche", porque no va al fondo del problema de manera radical. Pero, como constituye un avance, igual votaré a favor.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a la reflexión del Senador señor Gazmuri. Algunos somos partidarios de que el Sistema Nacional de Acreditación tenga un carácter más obligatorio, porque creemos que el Estado debe velar por ciertos estándares y dar garantías a la sociedad en aquellos ámbitos donde el mercado, por sí solo, no siempre asegura el bien público comprometido.
Sin duda, la iniciativa constituye un avance; pero algunos no nos sentimos plenamente identificados.
En todo caso, deseo subrayar la importancia de una materia en la cual se ha avanzado y que dice relación a una modificación que contempla el proyecto: qué pasa con las universidades estatales -para no hablar de las privadas- que abren sucursales en diferentes ciudades del país y en las cuales hoy se evidencia una situación inadecuada flagrante.
Y quiero poner un ejemplo. Algunas universidades están instalando sedes en distintas ciudades para formar profesores de Estado y otorgan el título pertinente -imagino que el señor Ministro de Educación en algo nos podrá ilustrar sobre el asunto- luego de impartir clases ¡los días sábados!, ¡una vez a la semana!
Es evidente que, a través de un procedimiento de habilitación de personas a las que se educa, se termina causando un brutal daño a la sociedad. Algunos podrán argumentar: "Es que fueron los seremis de Educación los que autorizaron esto antes u hoy". La verdad es que el sistema es tremendamente perverso y les hace un flaco favor al país y a los jóvenes. Por cierto, mejora la empleabilidad de aquellos que quieren dedicarse a la educación, pero constituye un atentado contra los derechos de los alumnos y una competencia desleal hacia quienes han tenido una formación universitaria adecuada.
¿Qué permitirá esta normativa que no posibilita la ley existente? Hay sedes que están en manos de personas que no informan o que se dedican a esta extensión universitaria, porque universidades no son. Pero para poder actuar sobre aquéllas sólo cabe clausurar la universidad, quitarle la acreditación y sancionarla en su conjunto. Sin embargo, la iniciativa en estudio permitirá que las sedes que no cumplan con las normas mínimas sean objeto de una acción específica -yo espero que la de clausura de la carrera-, a fin de garantizar el bien público, que es brindar educación con ciertos estándares básicos necesarios para una acreditación apropiada.
Eso ocurre también con las universidades privadas. Pero más me preocupan las fiscales. Hay una que desde el norte se ha expandido hasta el sur y otra que desde el sur se ha expandido hasta el norte. Y también están presentes en la zona central.
Señor Presidente, considero que de esa forma se engaña a los jóvenes y a sus padres. Y, sobre todo, eso constituye un daño para las carreras de pedagogías, pues se pretende formar profesores mediante cursos impartidos los días sábados. A mi juicio, ello se podrá evitar con el nuevo procedimiento que se plantea.
Por eso, entre otras razones, apoyamos el proyecto.
Por último, debo decir que la forma como se resolvió la incorporación de representantes de los estamentos estudiantiles -fue parte del debate- me parece positiva, por cuanto permite que los diferentes actores involucrados emitan su opinión. Ello, sin duda, también es un avance.
Voto a favor.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero, último Senador inscrito.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, deseo manifestar que hubo un amplio y rico debate de Diputados y Senadores al interior de la Comisión Mixta, donde se plantearon puntos de vista conducentes a dar cauce a un buen Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
En general, se consensuaron el Consejo Superior de Educación, el Comité de Coordinación y la Comisión Nacional de Acreditación, en cuanto a composición, organización y patrimonio susceptible de incorporar.
En esas instituciones colegiadas, se buscó la representación más amplia de académicos de distintos niveles de educación superior y de diferentes áreas. Se incorporó también a gente del sector productivo. Y se logró acuerdo para integrar a delegados estudiantiles con excelencia académica.
Por otra parte, se trató de cautelar mediante diversas normas una mayor transparencia en el proceso de la educación superior.
También se concordó un plazo máximo de acreditación, de siete años, pudiendo establecerse algunos períodos menores, de acuerdo a la calificación de la acreditación que se efectúe.
Se reconocen distintos centros universitarios, instituciones de educación superior y centros de educación superior con carácter de instituto.
Se pueden acreditar las carreras o la institución propiamente tal.
El proceso de acreditación involucra tanto los aspectos de pregrado como de posgrado.
Y se establece un criterio de evaluación externa, con pares evaluadores.
Todo lo anterior conlleva la lógica de determinar la mayor transparencia en un sistema de información pública, de alcance nacional, que permita ir apreciando la evolución del proceso de educación universitaria.
Y se despejó la controversia respecto de eventuales cuestionamientos en la acreditación de una carrera o una sede, en el sentido de que aquélla se podrá quitar a una o a otra, pero sin que ello afecte a la personalidad jurídica de la institución. En consecuencia, la universidad podrá actuar en otro frente, donde mantendrá la calidad que se requiere.
En general, fue un proceso participativo, transversal -como se ha señalado-, que logró despejar los temas de mayor discusión.
Se han hecho presentes otros aspectos, como la definición del concepto de universidad, lo que escapa a esta iniciativa. Ello más bien corresponde a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, para efectivamente establecer un criterio al respecto y precisar qué significa en cuanto a la labor docente, la extensión y la investigación. Porque con dicha denominación existen entidades de diversa naturaleza, algunas de las cuales sólo efectúan la docencia con extrema precariedad y no cumplen las funciones de investigación o de extensión, que constituyen complementos fundamentales para desempeñar su rol y ostentar la calidad de universidad. Ésos son temas que deberán tratarse en el momento en que se estime pertinente avanzar en perfeccionamientos del cuerpo legal citado.
Voto a favor.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
No hay ningún otro Senador inscrito. Por consiguiente, se continuará tomando la votación en el orden correspondiente.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, hace unos minutos intervine como informante de la Comisión.
Voy a votar a favor, pero quiero señalar que no estoy de acuerdo con la voluntariedad establecida en la ley en proyecto, salvo el caso de las carreras de medicina y de pedagogía.
Más allá de cualquier problema de constitucionalidad que se pudiera discutir, pienso que, en la medida en que la acreditación no sea de carácter obligatorio, no se obtendrá el resultado que de ella se espera. Y la razón es muy simple. El argumento que se entrega para hacerla voluntaria es que será el mercado el que en definitiva determinará que los muchachos opten por una universidad porque está acreditada, de modo que les va a ir bien. Ergo, las instituciones que no se encuentren acreditadas buscarán estarlo por la vía del mejoramiento de sus condiciones.
Señor Presidente, no soy un "mercadista" en absoluto, pero creo que, además, las políticas de mercado no han resultado en educación.
Si algo ha dejado en claro el análisis que lleva adelante el Consejo Asesor nombrado por la Presidenta -integrado por personas de todas las condiciones políticas y profesionales-, es que aquellas normas que en la propia LOCE o en otros textos han permitido en mayor medida una política de mercado son las que han hecho más fuertemente negativo el desarrollo de la calidad de la educación.
Por lo expuesto, a la luz de los artículos 26, 27 y 28 del proyecto, voy a votar a favor. Ello, porque fue el consenso mayoritario en la Comisión. No tuvimos opción de lograr una norma distinta. En realidad, constituye un avance; pero hubiera querido que fuese más sustancial.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NAVARRO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, éste ha sido un proyecto de difícil trámite, largamente esperado y extendido.
Quiero mencionar el anhelo de quienes participamos de la promoción y aprobación -por supuesto- de la normativa, en particular de su artículo 27, que establece que las carreras o programas que se acrediten podrán obtener recursos del Estado a fin de que sus alumnos opten a los beneficios pertinentes o a la garantía de financiamiento. Si no se acreditan, no existirá dicha garantía. Fue una decisión que muchos consideraron discrecional, autoritaria, impositiva, pero es claramente la única manera de establecer un criterio de incentivo para la acreditación.
La acreditación es la que garantiza que la enseñanza y su calidad sean acordes con el pago que efectúan los estudiantes y sus padres. Cuando los padres invierten en los estudios de sus hijos, les están dando la posibilidad de una opción de vida mejor a través del valor agregado que es la educación. Pero esta educación debe contar con cierta garantía.
Son miles los padres y apoderados que han financiado carreras en instituciones que posteriormente, o no han sido acreditadas o han terminado disolviéndose, lo que ha generado no sólo frustración, sino también un alto grado de endeudamiento.
Esta iniciativa permitirá prestigiar mucho más la educación superior y diferenciar entre los que cumplen y los que no lo hacen. Se ha establecido un plazo de dos años para la acreditación, y cabría esperar que todas las instituciones que aún no la logran pudieran conseguirla en dicho lapso, para evitar que otras generaciones de jóvenes sufran el estigma de estudiar en una entidad no acreditada y que padres y apoderados -pero especialmente los futuros profesionales- experimenten un severo daño patrimonial y afectivo.
Voto que sí, señor Presidente, esperando que las instituciones se acojan a la brevedad a la ley en proyecto.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 34 señores Senadores se pronunciaron a favor.
Votaron los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZILIC (Ministro de Educación).-
Señor Presidente, agradezco la aprobación unánime del texto. Creo que éste, como lo dije inicialmente, importa un avance notable en el mejoramiento de la calidad de la educación superior.
Espero que, con miras a ese propósito, sigamos trabajando en conjunto, como hasta ahora, con los señores Senadores tanto de Gobierno cuanto de Oposición.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de solicitar un informe sobre PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA FNDR DE MAGALLANES Y RECURSOS DE FONDEMA.
Del señor CHADWICK:
Al señor Ministro de Justicia, para hacer presente la conveniencia de un PROFESIONAL FORENSE DE TURNO DE FIN DE SEMANA EN SERVICIO MÉDICO LEGAL DE RANCAGUA.
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro del Interior, para requerir antecedentes sobre MARGINACIÓN DE BENEFICIOS DE LEY Nº 19.234 EN CASO DE PORTUARIOS EXONERADOS POLÍTICOS; al señor Ministro de Relaciones Exteriores, en cuanto a AUMENTO DE CUOTA DE CARNE BOVINA EXPORTABLE A UNIÓN EUROPEA; al señor Ministro de Justicia, con el objeto de plantear CREACIÓN DE CORTE DE APELACIONES DE OSORNO; a los señores Ministro de Obras Públicas y Director de Vialidad de la Décima Región, para solicitar PAVIMENTACIÓN DE RUTA MÁFIL-MALIHUE; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que se consideren MEDIDAS EN FAVOR DE DEUDORES INTEGRANTES DE AGRUPACIÓN NACIONAL DE DERECHOS HABITACIONALES; al señor Ministro de Agricultura, con el objeto de que informe sobre EFECTOS DE ALIANZA ENTRE NESTLÉ Y SOPROLE EN INDUSTRIA LÁCTEA DE ZONA SUR; a la señora Ministra de Bienes Nacionales, solicitando MODIFICACIÓN DE ley Nº 19.568 para REPARACIÓN A DUEÑOS DE PREDIOS CONFISCADOS; a la señora Superintendenta de Seguridad Social, respecto de SITUACIÓN PREVISIONAL DE SEÑORES HUGO ENRIQUE CRUZ QUIROZ Y JULIO CÉSAR ESPINOZA MORALES; al señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional, pidiendo información sobre APLICACIÓN DE PROTOCOLO ENTRE COMANDO DE EXONERADOS DE CHILE A.G. Y GOBIERNO PARA AUMENTO DE PENSIONES; a la señora Directora del Servicio del Adulto Mayor, en cuanto a INTERPRETACIÓN DE LEY SOBRE JUNTAS DE VECINOS PARA ASEGURAMIENTO DE PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR; al señor Director Nacional de Aguas, solicitando un pronunciamiento acerca de NECESIDAD DE ENMIENDA DE LEGISLACIÓN SOBRE AGUA POTABLE RURAL, y al señor Director Nacional de Vialidad, a fin de pedir PRIORIZACIÓN DE ASFALTADO DE RUTAS CH-203 Y CH-201, COMUNA DE PANGUIPULLI.
Del señor GARCÍA:
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación, con el objeto de que se envíe PROYECTO DE LEY PARA FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DE INDEMNIZACIÓN EN JUBILACIÓN DE PROFESORES; a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, planteando la necesidad de CREACIÓN DE MINISTERIO DE TURISMO; a la señora Ministra de Planificación y Cooperación, para que se proporcionen antecedentes sobre LABOR DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS INDÍGENAS y ACUERDOS DE TIERRAS ENTRE 11 DE MARZO DE 2000 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2002; a los señores Ministro de Educación e Intendente de la Novena Región, para requerir INFORME SOBRE reposición de establecimiento educacional "reino de suecia", en puerto saaVedra; al señor Ministro de Obras Públicas, para pedir INFORME SOBRE PROYECTO DE ASFALTADO LOS PRADOS-TROVOLHUE, EN CARAHUE, y FECHA DE LICITACIÓN E INICIO DE FAENAS DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN NOVENA REGIÓN; a la señora Ministra de Salud, para que se envíen antecedentes acerca de NORMALIZACIÓN DE HOSPITAL DE VILLARRICA; al señor Ministro de Agricultura, a fin de solicitar información sobre TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE LEY QUE CREA FONDO DE TIERRAS PARA PEQUEÑOS CAMPESINOS; a la señora Ministra de Minería y Presidenta de la Comisión Nacional de Energía, con el objeto de obtener antecedentes sobre CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN COÑARIPE; al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, a fin de plantear la REFORMULACIÓN, POR POSIBLE DAÑO AMBIENTAL, DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN VILLARRICA; a la señora Directora Regional de CONAMA de La Araucanía, para que se informe sobre MEDIDAS ANTE ALTOS ÍNDICES DE POLUCIÓN EN TEMUCO Y PADRE LAS CASAS; al señor Secretario Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, a la señora Alcaldesa de Padre Las Casas y al señor Alcalde de Temuco, para recabar información acerca de EFECTOS EN DEMANDA EN SALUD POR ALTOS ÍNDICES DE POLUCIÓN EN TEMUCO Y PADRE LAS CASAS, y al señor Director del Serviu de la Novena Región, requiriendo antecedentes sobre PRESENTACIÓN DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS GRUPO JUVENIL G. S. SAINT GEORGE DE TEMUCO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y de Transportes y al señor Intendente de Aisén, solicitando información acerca de MANTENIMIENTO DE BARCAZA "PILCHERO" Y EVALUACIÓN DE POSIBLE REEMPLAZO (Undécima Región); a los señores Ministros de Educación y de Planificación y Cooperación, Director Ejecutivo de CONAMA, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía e Intendente de Aisén, requiriendo considerar INTERCONEXIÓN DE TRAMOS PENDIENTES Y CAPACITACIÓN DE HABITANTES Y EMPRESAS LOCALES EN CASO DE instalación de centrales hidroeléctricas en aisén; a la señora Ministra de Bienes Nacionales, pidiendo la NÓMINA DE SOLICITUDES PARA BENEFICIOS DE LEY SOBRE REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES EN REGIONES DE LOS LAGOS Y AISÉN; a los señores Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, a fin de que se estudie IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADA ESPECIAL DE CONAF EN PALENA, y al señor Director de Vialidad de la Región de Aisén, pidiendo considerar el REESTUDIO DE PASO DE DUCTO DE ALCANTARILLADO EN PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ (Undécima Región).
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro de Justicia, solicitándole NÓMINA ACTUALIZADA DE DIRECTORES Y SOCIOS DE CORPORACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR; a la señora Ministra de Salud, requiriendo INFORME SOBRE AUTORIZACIÓN PARA REAPERTURA DE HOSPITAL DE VILLA BAVIERA Y SU PERSONAL y MOTIVOS DE RETRASO EN PREPARACIÓN DE REGLAMENTO DE LEY DEL TABACO; al señor Ministro de Agricultura, para que se envíen antecedentes sobre IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO EXPERIMENTAL DE LA FRAMBUESA, EN VILLA ALEGRE, POR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (Séptima Región); al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiendo detallar medidas para FISCALIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE DEBERES Y DERECHOS DE USUARIOS EN PASAJES DE MEDIOS DE TRANSPORTE; al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, para solicitar antecedentes sobre descarga DE SERVICIOS ANEXOS EN telefonía celular; a los señores Subsecretario de Telecomunicaciones y Director Nacional del SERNAC, a fin de que informen sobre EXISTENCIA DE NORMATIVA OBLIGATORIA PARA EMPRESAS DE CONTAR CON OFICINAS DE ATENCIÓN DE USUARIOS DE TELÉFONOS Y TELEVISIÓN POR CABLE; al señor Presidente de BancoEstado, para consultar acerca de COBRO DE COMISIÓN A POSEEDORES DE LIBRETA DE AHORRO PARA VIVIENDA, y a la señora Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a los efectos de saber si existe una AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE JARDÍN INFANTIL EN VILLA BAVIERA (Séptima Región).
Del señor NÚÑEZ:
Al señor Subsecretario de Marina, pidiendo informar sobre SOLICITUDES DE CONCESIONES MARÍTIMAS Y DE ACUICULTURA OTORGADAS O EN TRAMITACIÓN EN PROVINCIA DE HUASCO (Tercera Región).
Del señor ROMERO:
A los señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, solicitando información sobre TRÁMITE DE PAGO A ASOCIACIÓN CANAL MAUCO POR EXPROPIACIÓN DE TERRENO EN QUINTERO, y a los señores Ministro de Obras Públicas y Director de Vialidad, pidiendo antecedentes acerca de FINALIZACIÓN DE TRAMO EN RUTA E-765, COMUNA DE SAN ESTEBAN (Quinta Región).
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El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
CRISIS ENERGÉTICA
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, Chile enfrenta hoy un escenario complejo en su dependencia energética.
Por una parte, Bolivia, en un convenio con Argentina, ha establecido normativas que constituyen un virtual boicot, al considerar el artículo 3° de ese instrumento una cláusula "candado", en la medida en que especifica que, "sin el acuerdo de las partes, no se podrá autorizar exportación de gas a terceros países".
Todo ello transgrede las normas de comercio internacional vigentes, tanto del GATT como de la Organización Mundial del Comercio, colocando obstáculos innecesarios que evidencian un espíritu de crear imposiciones agraviantes para una relación bilateral que debiera ser normal, conciliadora.
El Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz, ha confirmado que guardan el gas "para la negociación marítima con Chile". Con ello se reedita el eslogan "gas por mar" que acuñara el ex Presidente Carlos Mesa, lo que naturalmente sorprende por la perseverancia en mantener una política de esta naturaleza.
Por otra parte, en nuestro país asombran las declaraciones gubernamentales en orden a que nada se debe temer respecto del consumo domiciliario, que representa no más de 8 por ciento del nacional, en circunstancias de que existen claras evidencias de que el mayor costo del gas boliviano será traspasado a los usuarios chilenos. Y los sectores productivos parecen no importar, pese a que utilizan más de 90 por ciento del gas natural.
A su vez, se debe alertar a la opinión pública, ya que nuestro mayor proveedor domiciliario de gas natural deberá solicitar, el próximo año, que Argentina le renueve la autorización para importar dicho producto. Y esto debemos relacionarlo con lo declarado por el Ministro de Hidrocarburos boliviano, quien dijo que "Argentina no puede dar más autorizaciones de exportación a Chile mientras tengamos el tema marítimo abierto".
Por si eso fuera poco, hemos tenido conocimiento de que altas autoridades chilenas habían asegurado que la mencionada cláusula "candado" no sería aceptada por los negociadores argentinos. Pero ocurrió, lamentablemente, lo que se había anunciado. Y frente a este escenario, que nos plantea una situación compleja, debemos expresar nuestra preocupación por la seguridad energética, que empieza a adquirir ciertos caracteres críticos.
No se advierte una definición de política de seguridad e independencia energéticas lo suficientemente clara que dé tranquilidad ante el creciente temor de vernos enfrentados a una crisis que afectaría el desarrollo mismo del país. A las mayores cuentas por concepto de bencina y petróleo, dado el impuesto específico que grava a esos combustibles, y la situación internacional en el rubro, se sumarán ahora mayores cuentas por gas y electricidad.
Pero este tema tiene una connotación que hoy quisiera resaltar. Porque, sin duda, entre todos los efectos que se han planteado está el del impacto ambiental, al que deseo referirme.
Resulta que el escenario que se presenta genera una situación extraordinariamente preocupante, por cuanto las limitaciones de abastecimiento de gas natural están provocando que se eche mano a combustibles menos limpios, como carbón, petcoke y otros, lo que sin duda nos preocupa, por sus alcances medioambientales.
Y, en ese sentido, debo informar que ayer hubo un debate muy importante en nuestra Comisión de Medio Ambiente, a la cual aprovecho de felicitar y agradecer por haber abordado el tema del proyecto de construcción de una central termoeléctrica en el valle de Puchuncaví-Quintero, que operaría con petcoke. En ella tuvimos la ocasión de escuchar valiosas intervenciones, no sólo de los interesados en construir la central -que reviste extraordinaria relevancia, por la seguridad e independencia energéticas que representa para Chile-, sino también de los vecinos, de los representantes del Consejo Ecológico de la zona y de las autoridades de la CONAMA, lo cual nos permitió conocer sus puntos de vista.
Yo nunca he sido contrario a que el país cuente con centrales termoeléctricas. Sin embargo, siento que hemos de ser muy cuidadosos en esta materia, y particularmente respecto de un valle como el de Puchuncaví-Quintero, que posee una connotación muy especial. En la década de los sesenta se construyó allí una fundición de cobre, que fue administrada durante muchos años por ENAMI-Ventanas. Y, como consecuencia de la contaminación producida por las instalaciones -al igual como ocurrió en su oportunidad con la Fundición Chagres, en Catemu-, se generó una situación en extremo grave, porque suelos destinados a cultivos hortofrutícolas de primer nivel son hoy prácticamente terrenos yermos.
En ese aspecto, estamos haciendo un trabajo de gran relevancia, con la participación transversal de muchos personeros de distintos sectores. Hoy, en particular, con el Diputado Alfonso Vargas, y en su oportunidad con el ex Parlamentario Federico Ringeling, con quien llevamos a cabo la "campaña de la ola limpia", para convencer a las autoridades de ENAMI-Ventanas de cambiar el horno de reverbero por un horno flash que, al incorporar nueva tecnología, permitiera eliminar o por lo menos disminuir en forma drástica la contaminación del valle. No obstante, los efectos del funcionamiento de aquel horno, no sólo sobre la salud humana y animal, sino también sobre los sectores hortícolas de la zona, desgraciadamente dejaron una huella que va a costar muchos años borrar.
Logramos atenuar esa situación. Y lo mismo en la Fundición Chagres, en Catemu. En ese tiempo estaba la Exxon, con la cual conseguimos que se cambiaran todos los hornos de reverbero por otros mucho más modernos, que producían menor contaminación.
Igual planteamiento hicimos, en su momento, respecto de la instalación de centrales termoeléctricas relacionadas con Quillota y La Calera.
Reitero que no estoy en contra del funcionamiento de centrales termoeléctricas. Muy por el contrario. Soy partidario de contar con independencia energética. Pero hay que ser muy cuidadosos respecto del lugar de emplazamiento. Y, desde esa perspectiva, hemos hecho presente la necesidad de tomar en cuenta la ubicación territorial y, especialmente, la acumulación, que provoca una recarga sobre los niveles de saturación.
Es preciso recordar que ese lugar fue declarado "zona saturada" a partir de 1993. Y, por ello, no es posible considerar un proyecto en forma individual o aislada, sino que se debe examinar la carga de la totalidad de los proyectos que existen en la zona. Porque, en definitiva, la acumulación de todos ellos provoca una contaminación que no es recomendable ni racional.
Otro aspecto muy importante es que el monitoreo de la calidad del aire se efectúe en términos independientes y que los interesados puedan acceder a esa información cuando sea necesario. Porque muchas veces se anuncia que habrá monitoreos; sin embargo, éstos no se dan a conocer a los propios interesados, e incluso, con frecuencia se les impide participar en la práctica.
Francamente, señor Presidente, es imprescindible abrir las posibilidades de independizar nuestra matriz energética; pero, al mismo tiempo, debemos ser muy cuidadosos con la salud de las personas y, sobre todo, con las condiciones que requerimos para nuestro territorio.
Por eso, sentí que era fundamental que la Sala del Senado conociera estos antecedentes, porque las autoridades de la CONAMA tienen ahora una gran responsabilidad: analizar esta clase de proyectos detenidamente y en términos muy prudentes, en el sentido que hemos señalado. Porque no cabe la menor duda de que, ante la contingencia que el país está viviendo con la restricción del gas natural, nos vamos a ver constreñidos, en el futuro inmediato, a utilizar otro tipo de combustibles que no son tan limpios como el gas natural.
Este punto amerita, por supuesto, una posición nacional, una posición de Estado: Chile requiere, de manera imperiosa, diversificar su matriz energética. Y para ello debe imitar a Brasil y a otras naciones que, en forma pragmática y exitosa, han impulsado a la iniciativa privada, nacional o internacional, a explorar e investigar nuevos recursos de hidrocarburos. Creo que nosotros perfectamente podemos hacer compatibles ambas cosas.
Es efectivo que en el extremo sur del país algunas personas podrían poner restricciones, por tener una cantidad amplia de terreno; pero no son dueñas del territorio nacional ni pueden tomar decisiones respecto de energía hidroeléctrica, pues ellas competen al Chile soberano e independiente.
Lógicamente, siempre habrá que cuidar el medio ambiente. Y no tengo la menor duda de que debemos ir en esa dirección.
He dicho.
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El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Gazmuri me reemplace en la testera, ya que voy a intervenir.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gazmuri, en calidad de Presidente accidental.
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El señor GAZMURI (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
PREOCUPACIÓN POR JÓVENES CHILENOS DETENIDOS EN BARCELONA. OFICIOS
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, he creído pertinente intervenir en este momento para poner en conocimiento del Senado la situación extraordinariamente grave por que atraviesan dos jóvenes compatriotas nuestros en Barcelona.
En efecto, el día 4 de febrero del año en curso, a raíz de un confuso incidente público en esa ciudad, dos chilenos, Alex Cisterna y Rodrigo Lanza, junto a un ciudadano argentino y seis europeos, fueron aprehendidos por la policía local. Curiosamente, después de cierto tiempo, los únicos que quedaron detenidos fueron los tres sudamericanos. Los otros seis, en cambio, fueron eximidos de cualquier responsabilidad en el incidente, en el cual, por desgracia, un policía sufrió una lesión.
Además, en el proceso se constatan un sinnúmero de irregularidades, las cuales dejan de manifiesto que ha habido una clara intención de responsabilizar a nuestros compatriotas y al ciudadano argentino, con actitudes verdaderamente xenófobas. Y, lo que es aun más grave, los dos jóvenes chilenos se han visto permanentemente enfrentados a apremios ilegítimos -torturas físicas y psicológicas- por parte de los oficiales de la policía.
Por eso, señor Presidente, solicito que se oficie -en nombre de la Sala, si es posible; si no, en el del Comité Socialista- al Congreso de los Diputados y al Senado de España, para hacerles ver nuestra inquietud ante la situación por que atraviesan esos dos compatriotas; a nuestro Embajador en España, a fin de conocer cuáles son las gestiones que ha estado llevando a cabo la representación diplomática chilena, en particular el Cónsul de nuestro país en Barcelona, quien ha sido duramente criticado por los familiares de los detenidos; al Alcalde de la ciudad mencionada, manifestándole nuestra preocupación por los hechos descritos, y, en idéntico sentido, a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores y al Embajador de España en Chile.
Cabe hacer notar que esos dos jóvenes iniciaron hace pocos días una huelga de hambre, a la cual se ha sumado la madre de uno de ellos, a los efectos de poner la situación en evidencia y generar mayor solidaridad y sensibilidad en la opinión pública española.
Señor Presidente, estos casos, que no son nuevos, deben obligar al Congreso Nacional a manifestar su preocupación.
El señor GAZMURI (Presidente accidental).-
Señor Senador, sugiero que los oficios se envíen en su nombre y en el de la Mesa accidental; no en el de la Sala, porque no tenemos quórum para adoptar acuerdos.
El señor NARANJO.-
Conforme, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Naranjo, conforme al Reglamento, y de la Mesa accidental del Senado.
El señor GAZMURI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
HOMENAJE A LICEO POLIVALENTE "SARA BRAUN", DE PUNTA ARENAS, EN SU CENTENARIO. COMUNICACIÓN
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Quiero aprovechar esta ocasión para rendir homenaje al Liceo Polivalente "Sara Braun", de Punta Arenas, que conmemorará mañana jueves 100 años desde el inicio de sus actividades, un 6 de julio de 1906.
Su historia nos habla de la visión de las autoridades de la época para poner en funcionamiento un plantel educacional laico para mujeres en los albores del siglo pasado.
También nos muestra el esfuerzo de sus gestores, docentes, funcionarios y alumnas, quienes lo pusieron en marcha en poco tiempo, sin contar siquiera con infraestructura y mobiliario suficientes para desarrollar de manera adecuada las actividades académicas.
Ello sólo vino a mejorar a partir de 1928, cuando doña Sara Braun donó un local para el plantel, el que sin embargo resultaba lejano para las alumnas, lo que hizo necesario que el Ministerio de Educación lo destinara finalmente al Liceo Industrial, pero compensando, algunos años después, al Liceo de Niñas con terrenos anexos a su emplazamiento, en la esquina de las calles Colón y O´Higgins, donde actualmente se encuentra ubicado.
Mucho tiempo ha transcurrido y numerosas generaciones de profesores y alumnas han pasado por sus aulas, recordándose con especial orgullo la gestión que entre 1918 y 1920 realizó como Directora doña Lucila Godoy Alcayaga, quien años después, como sabemos, recibiría el Premio Nóbel de Literatura bajo el seudónimo de Gabriela Mistral.
El Liceo "Sara Braun" ha tenido importantes cambios en este siglo de vida. Tal como muchos otros establecimientos educacionales de esa índole de la zona y del país, dejó su carácter de internado, conforme los medios de transporte no hacían indispensable la vida de las niñas en el recinto.
Asimismo, la necesidad de brindar a las alumnas una formación que facilitara su ingreso al mundo del trabajo motivó que se le diera carácter polivalente, agregando a la enseñanza científico-humanista tradicional algunas carreras técnicas.
Por último, acaso la modificación más significativa consistió en terminar con su carácter de plantel femenino, adquiriendo la condición de mixto el año 2001.
En la actualidad, el Liceo Polivalente "Sara Braun", de Punta Arenas, cuenta con más de 500 alumnos, distribuidos en doce cursos científico-humanistas y seis técnico-profesionales.
Su larga trayectoria no le impide enfrentar esta celebración con nuevos desafíos. Uno de ellos es cambiar su nombre por el de Gabriela Mistral, lo que debería concretarse en los próximos meses, cumpliendo así el anhelo de toda la comunidad educativa. Del mismo modo, se prevé la incorporación de algunos cursos de enseñanza básica.
En materia de infraestructura, existen proyectos pendientes para mejorar el gimnasio, concretar el patio cubierto y reparar salas, techumbre y dependencias, obras que esperamos puedan contar a la brevedad con financiamiento suficiente.
Por ello, señor Presidente, Honorables colegas, quiero hacer llegar a la comunidad educativa del Liceo Polivalente "Sara Braun", de Punta Arenas, en la persona de su Directora, doña María Cristina Domián, una copia del texto de esta intervención, con mis sinceras felicitaciones por este aniversario, las cuales hago extensivas a tantas generaciones de ex alumnas, alumnos, profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias, y, además, con mis deseos de mucho éxito en el permanente empeño de mejorar cada día, en beneficio de los jóvenes de nuestra ciudad.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
SOLUCIÓN A ALTA ACCIDENTABILIDAD DE BUZOS EN LABORES ACUÍCOLAS EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, en la ciudad de Puerto Montt y en las provincias de Chiloé y Palena se ha registrado en el último tiempo una fuerte preocupación tanto en los medios de comunicación como en las diferentes organizaciones sociales por la elevada accidentabilidad que ha ocurrido en la acuicultura, y específicamente entre los trabajadores que desempeñan el oficio de buzo.
Tal situación ha originado continuas muertes semana tras semana. Inclusive, lo reiterado de los accidentes con resultado fatal ha causado alarma pública.
En realidad, esto va más allá de la responsabilidad directa de los organismos de salud, que deben proveer los medios necesarios, como las cámaras hiperbáricas instaladas tanto por parte del sector privado como del público. También está relacionado con las normas laborales, que se encuentran en proceso de perfeccionamiento, como lo indica la discusión que hubo esta tarde sobre el proyecto de subcontratación.
En tal sentido, quiero solicitar que se oficie al señor Ministro del Trabajo para que en el Presupuesto de 2007 se consignen los recursos necesarios que permitan a la Dirección del Trabajo cumplir su tarea en esa Región, lo cual significa disponer de vehículos de transporte marítimo -concretamente, lanchas-, ya que carecen de ellos. Producto de esto, no se puede llevar a cabo la labor de fiscalización en los centros de producción, sobre todo en los de salmones.
Junto a las obligaciones de los sectores de la Salud, del Trabajo, del Ministerio de Economía, y dadas las atribuciones que le corresponden también al Servicio Nacional de Pesca, existe igualmente una responsabilidad de la Armada de Chile, por tratarse de un territorio marítimo. Por ello, solicito asimismo que se oficie a la señora Ministra de Defensa Nacional y, por su intermedio, a la señora Subsecretaria de Marina, con el objeto de que se revisen los reglamentos relacionados con la actividad de los buzos, en particular por el cambio sufrido en ella con las modificaciones recientes.
De acuerdo con la reglamentación existente, para poder llevar a cabo sus actividades, los buzos no profesionales sólo pueden realizar labores hasta 20 metros de profundidad. Sin embargo, las jaulas en los centros de producción de salmones tienen mayor profundidad, sobre todo las redes exteriores que las protegen de la acción de los lobos marinos. Existe gran preocupación en la Región, por cuanto hay personal no suficientemente calificado desde el punto de vista profesional que está efectuando esa labor, lo cual aumenta el riesgo de accidentes fatales.
Un reciente reglamento de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), organismo dependiente de la Armada de Chile, propone establecer otra categoría entre el buzo mariscador y el profesional, que sería el buzo intermedio.
Junto con solicitar una especial atención respecto de este tema, me agradaría que la Subsecretaría de Marina revisase en profundidad este punto, porque al no existir personal calificado que cumpla con todos los requerimientos que se necesitan sobre la materia, se corre el riesgo de que aumente la accidentabilidad.
Entre otros requisitos, debe establecerse en forma definitiva que los buzos profesionales o intermedios no pueden realizar labores en el fondo marino, porque el buzo con preparación profesional suficiente debe resguardar la integridad física del que está llevando a cabo su labor en el fondo marino. No obstante, si el que debe velar por la seguridad de las personas en la superficie efectúa labores en el lecho marino, es muy difícil que la pueda garantizar.
La situación actual es fruto de un hecho positivo. La actividad de la salmonicultura ha tenido un desarrollo explosivo en los últimos años: el 2005 se exportaron mil 700 millones de dólares. El país no estaba preparado para un progreso de esta naturaleza. Pero, sin duda -e independientemente de su crecimiento-, el que ocurran reiterados accidentes con resultados fatales lesiona los intereses nacionales y los de las empresas dedicadas a la salmonicultura.
Por lo tanto, como no se trata de una materia relacionada con una sola disciplina -pues en ella están involucrados diferentes Ministerios-, y en el entendido de que la responsabilidad principal relativa al territorio marítimo corresponde a la Armada de Chile, deseo solicitar que se oficie a la señora Ministra de Defensa Nacional y, por su intermedio, a la Subsecretaría de Marina, para que los organismos especializados efectúen una revisión muy detallada de las disposiciones que se están arbitrando, sin perder de vista que hay una actividad productiva beneficiosa para Chile que no sólo necesita desarrollarse, sino a la vez no entorpecer su propia acción ni arriesgar al país a que la comunidad internacional nos acuse de dumping social. Por ello es necesario contar con todas las medidas que garanticen los derechos laborales y, en particular, la seguridad de los trabajadores que llevan a cabo su trabajo en el fondo marino.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, me referiré a diversas materias.
REEMPLAZO DE BUQUE DE INVESTIGACIÓN "VIDAL GORMAZ". OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en primer término, solicito que se oficie al Ministerio de Defensa Nacional a fin de que informe sobre los pasos que está dando la Armada de Chile -cuestión que consideramos muy importante e interesante- respecto de la sustitución del buque de investigación "Vidal Gormaz".
El Senado aprobó la idea de que la nueva nave sea construida en los astilleros de ASMAR. Debo señalar que en tiempos normales la construcción de un buque científico dura entre 22 y 24 meses. Aunque en Talcahuano exista una alta tasa de cesantía, la experiencia, y particularmente el know how logrado por ASMAR en esta materia, permiten avalar plenamente su construcción en Chile.
En tal sentido, pido que también se oficie al Ministerio de Hacienda, porque existe un mandato muy claro del Senado de la República en orden a solicitar los recursos que se requieren para reemplazar esa digna y noble nave, que ha brindado innumerables servicios, pero que por desgracia está culminando su vida útil.
Los desafíos de investigación respecto de lo que significan 4 mil 500 kilómetros de costa, el que nuestra nación sea la quinta pesquera del mundo y la primera en exportación de salmones hacen necesario que la Armada y el país cuenten con un buque de investigación.
Por lo tanto, reitero el envío de oficios a los Ministerios indicados por tratarse de una petición anterior del Senado, a fin de que se asignen los recursos para construir dicha nave a la brevedad y de que sean incluidos de manera oficial para su implementación.
Tanto los trabajadores como la dirección de ASMAR están plenamente capacitados para cumplir con ese objetivo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE ACCIDENTABILIDAD FERROVIARA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. OFICIO
Del mismo modo, señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Transportes con el objeto de obtener de Ferrocarriles del Estado todos los antecedentes que existen a la fecha sobre accidentabilidad ferroviaria en el país en los últimos diez años, con el fin de prever esta situación. La modernidad de Ferrocarriles ha sido importante, pero también queremos que efectivamente disminuyan los accidentes.
En especial, solicito antecedentes respecto del sector Barrio Norte de la Comuna de Concepción, en el acceso a Villa CAP por el paso nivel Andalién. Tal entrada a un conjunto importante de poblaciones no sólo es estrecha, sino que se inunda todos los años y en definitiva ha sido foco de accidentabilidad permanente. Por lo tanto, es urgente reemplazarla por un viaducto que permita un tránsito expedito a los vecinos de Barrio Norte y de Villa CAP. Sobre el particular, quiero que se me informe sobre qué proyectos hay, cuánto cuestan, así como los motivos de por qué ha pasado tanto tiempo sin implementarse una solución.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
RECURSOS PARA REPARACIÓN DE LICEO DE CORONEL. OFICIOS
Asimismo, pido que se oficie al Ministerio de Educación y a la Ilustre Municipalidad de Coronel, con el fin de que nos informen acerca de los daños que sufrió el Liceo de Coronel, ubicado en pleno centro de la ciudad, a raíz de un incendio. El siniestro provocó la destrucción del gimnasio. Entiendo que la SUBEDERE comprometió 49 millones de pesos para mejorar tal estructura.
Queremos que tanto el Gobierno Regional como el Ministerio de Educación y la propia Municipalidad nos indiquen cuáles son los proyectos, con el objeto de solicitar urgentemente los fondos de emergencia para reemplazar el gimnasio del Liceo de Coronel y particularmente la infraestructura eléctrica, que quedó totalmente destruida.
Debo señalar que gracias a Dios no hubo vidas que lamentar, pero es muy urgente y necesaria la reparación.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
ESTADO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL "EL MANZANO II". OFICIOS
Por otra parte, solicito que se oficie al Ministerio de Justicia para que nos informe sobre el estado de avance de la cárcel El Manzano II. El grado de hacinamiento en que se encuentran los más de 2 mil presos en un recinto construido para albergar a 990 reclusos, y particularmente la urgente necesidad de aplicar planes de rehabilitación y de reinmersión, hacen necesario contar con este nuevo penal.
Sobre el particular, deseo que se me envíe un completo informe sobre los motivos que hubo para que la empresa encargada no construyera las obras, las medidas que se están tomando, los recursos que faltan para ir a una nueva licitación y, particularmente, el nuevo reglamento que se utilizará, porque la concesión fue mal planteada. Se produjo una diferencia de más de 25 millones de dólares respecto de la obra pactada inicialmente con la empresa constructora y en relación con los costos que se alcanzaron de manera definitiva
Esta situación requiere un informe acabado, profundo y, particularmente, que se establezca la fecha en que la cárcel entrará en funcionamiento. El personal de Gendarmería no da para más. Se encuentra en una situación de hacinamiento al igual que los presos, porque casi no hay diferencias. Y en tal sentido, es urgente no sólo el aumento de 3.800 gendarmes, que aprobamos en el Congreso Nacional, sino también que las cárceles concesionadas se construyan a la brevedad.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Justicia para que envíe el informe antes señalado.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ALTO COSTO DE ELECTRICIDAD EN ISLA SANTA MARÍA. OFICIO
Asimismo, pido oficiar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para que informe respecto de la conexión eléctrica submarina de la Isla Santa María. Aquí se ha producido un hecho gravísimo. Sus 3.000 habitantes pagan casi 500 pesos por kilovatio, en circunstancias de que en el continente vale 90. Se trata de una situación de doble, triple y quíntuple castigo.
Existe un proyecto de la SUBDERE respecto del cual deseo que se me informe detalladamente acerca de sus características, las platas del preestudio y, en definitiva, su financiamiento completo. Ello, a petición de los habitantes de la Isla Santa María que me lo han planteado en múltiples oportunidades, y que hace algunos días arribaron a Santiago encabezados por el Presidente de la Junta de Vecinos, señor José Leal, para demandar que a dicho territorio insular se le otorguen las mismas consideraciones de que gozan Juan Fernández e Isla de Pascua.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN VEHICULAR PARA FERIANTES DE REGIÓN METROPOLITANA. OFICIOS
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, deseo expresar la preocupación que me asiste respecto a un problema que he constatado en diversas visitas realizadas a ferias de mi circunscripción.
Todos sabemos que desde hace casi veinte años, en la mayor parte de la Región Metropolitana, rige como medida permanente durante el lapso marzo-diciembre una restricción vehicular de dos dígitos, de lunes a viernes, desde la 7:30 de la mañana hasta la 9 de la noche, que afecta a los vehículos anteriores al año 1992 que no cuentan con convertidor catalítico.
Esta restricción tiene por objeto reducir las emisiones del transporte en el período más complejo en términos de contaminación atmosférica, propósito que naturalmente compartimos. Ello, sin perjuicio de las medidas especiales y adicionales que adopta la autoridad regional cuando se producen situaciones de emergencia ambiental, también conocidos como "episodios críticos de contaminación", durante los cuales las medidas de restricción, tanto a las fuentes físicas como a las fuentes móviles y a otras actividades, son mucho más estrictas.
Así, en situaciones de alertas, preemergencias o emergencias ambientales, la restricción vehicular aumenta y se hace más estricta, alcanzando incluso a los vehículos que cuentan con convertidor catalítico.
Sin querer abrir un debate en este momento respecto de la efectividad o de la eficacia de la restricción vehicular, el cual espero que las autoridades propicien en la discusión del nuevo plan de descontaminación, deseo plantear a la Sala la situación de los feriantes de la Región Metropolitana, en particular del sector sur de la ciudad, de las comunas de San Bernardo y de Puente Alto.
En efecto, todos sabemos que se trata de personas de esfuerzo, muy sacrificadas, que día a día trabajan muy duro en condiciones muy complejas y que prestan un gran servicio a la comunidad. Pues bien, aquéllas no cuentan en muchos casos con el nivel de ingresos necesario para adquirir un vehículo exento de restricción vehicular permanente, razón por la cual muchas veces se ven seriamente impedidos de realizar su trabajo, con las evidentes consecuencias para su ingreso familiar.
Efectivamente, todos los habitantes de Santiago debemos hacer esfuerzos permanentes por mejorar la calidad del aire de la ciudad, y muchas veces debemos hacer algunos sacrificios. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos con las exigencias que se imponen, ya que eventualmente se puede afectar a una actividad muy importante, que constituye el sustento directo de un número considerable de personas, cuyo aporte a la contaminación de la ciudad es mínimo o marginal.
En tal sentido, dichas personas no pretenden simplemente marginarse de los esfuerzos por descontaminar; pero sí han manifestado que las autoridades, atendiendo su situación, flexibilicen las exigencias a este sector, de manera que puedan desarrollar normalmente su actividad.
Sobre el particular, dadas las características de la Región Metropolitana, los feriantes muchas veces acuden a las cinco y media de la mañana a los lugares donde se distribuyen verduras y frutas, y terminan de cargar sus camiones alrededor de las siete de la mañana, cuando recién se pueden trasladar a sus ferias, pero lamentablemente ello no es posible atendida la restricción vehicular.
Debido a que es tan mínimo lo que dicha situación representa y tan graves los efectos que produce, cual es la imposibilidad de percibir algún ingreso para sus familias durante esos días, llamo la atención respecto de este punto.
Por lo anterior, solicito que se oficie a los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Transportes, y a la Dirección Ejecutiva de la CONAMA, a fin de que tomen conocimiento de esta circunstancia, indiquen qué alternativas existen para flexibilizar las exigencias de la restricción vehicular para los feriantes de la Región Metropolitana y sugieran un mecanismo para eximir de esta carga a quienes desempeñen tal actividad bajo determinadas condiciones y en horarios restringidos.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
El Comité Mixto no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
DECLARACIÓN TARDÍA DE "ZONA LATENTE" EN COMUNAS DE OCTAVA REGIÓN, MEDIDAS ANTE EVENTUAL MAYOR CESANTÍA Y ESTRICTEZ DE NORMAS ANTICONTAMINACIÓN. OFICIOS
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, de acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas en materia de desempleo, la Octava Región figura con el más alto porcentaje de cesantes y con el mayor número de comunas en que la desocupación se eleva sobre 14 por ciento.
Por lo tanto, existe un problema objetivo de cesantía, de pobreza y de falta de expectativas para miles de hombres, mujeres y jóvenes que habitan en la Octava Región. Y no observamos respuestas adecuadas para enfrentar una situación que afecta -reitero- a miles y miles de hogares.
Además, ello tiende a agravarse, a complicarse en términos muy concretos, debido a resoluciones de la propia autoridad. Este año, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia dictó el decreto Nº 41, que declaró zona latente por material particulado respirable MP 10 el área geográfica comprendida por las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano. Y la Contraloría General de la República tomó razón de este decreto el día 17 de mayo.
No deseo entrar a objetar las razones por las cuales la autoridad adoptó tal decisión ambiental, sino pedir que se oficie a los Ministerios del Interior y del Trabajo, al Intendente Regional, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para que se dé a conocer en la Región los programas que el Gobierno va a asumir al respecto para evitar que la declaración de zona de latencia signifique más desempleo. Porque del análisis que uno hace de la Ley General sobre Bases Generales del Medio Ambiente, esta situación, en el mejor de los casos, demora, obstaculiza y coloca barreras de entrada a los nuevos proyectos.
Por lo tanto, mi primera aprensión es que la autoridad informe al Senado las medidas que tiene en vista para paliar los efectos sociales de una declaración de esa naturaleza.
Además, la mayoría de los alcaldes de las comunas afectadas desconocen, no han sido informados de esta decisión de carácter ambiental de la autoridad que, sin duda, genera problemas de índole social y respecto de los cuales es importante hacerse parte.
Dije que no quería hacer cuestión acerca de la declaración ambiental emanada de la autoridad a través del decreto Nº 41. Sin embargo, tengo en mi poder el dictamen de la Contraloría que cursa con alcances dicho decreto -que ya he descrito- del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y lo que me llama mucho la atención es que el órgano contralor expresa que la declaración de zona latente efectuada por el Ministerio antes mencionado, en virtud de las normas que establecen los niveles de material particulado respirable MP10 como concentración de 24 horas, habría sido superada con largueza en los años 2001, 2002, 2003 y 2004.
Es muy importante que la Ministra Secretaria General de la Presidencia o la Directora Ejecutiva de la CONAMA expliciten por qué si los resultados de las mediciones revelaban que la norma primaria de calidad del aire para material particulado respirable se hallaba superada ya en 2001 y 2002, tal declaración no se hizo en esos años.
Aún más, el órgano contralor expresa que la medida anual de material particulado respirable ya estaba claramente sobrepasada en los años 2002, 2003 y 2004.
Por lo tanto, hay un segundo problema acerca del tema en cuestión.
El primero de ellos dice relación al impacto social que tendrá esta medida en materia de nuevos proyectos que, sin duda, se verán enfrentados a una barrera de entrada ante la cual será preciso contar con un plan para evitar el aumento de cesantía.
En segundo término, es preciso que las autoridades de los organismos ambientales de nuestro país señalen por qué si las mediciones eran claras y efectivas, como ellos mismos las hicieron llegar mediante el decreto Nº 41 a la Contraloría General de la República, y demostraban que a partir de 2001 la norma estaba siendo transgredida en los hechos, no hubo declaración de zona latente ni saturada, que es, según el dictamen del órgano contralor, la que correspondería aplicar.
Las normas ambientales están para cumplirlas. Por lo tanto, si la COREMA tiene esa función, y con sus propias mediciones demuestra que en los años 2001, 2002, 2003 la norma primaria de calidad del aire ya estaba claramente superada, debe haber a lo menos una explicación acerca de las razones por las cuales no adoptó una decisión, no informó a la autoridad y no se dictó el decreto en su oportunidad, sino que recién se hizo en marzo de 2006.
Por eso, respecto de este punto, pido oficiar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y a la Dirección Ejecutiva de la CONAMA.
En tercer lugar, deseo saber si existe al interior de los organismos ambientales una discusión sobre las normas de calidad del aire que hoy rigen en la materia, toda vez que el 11 de septiembre de 2001 -el mismo día del atentado a las Torres Gemelas- se dictó el decreto Nº 45 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que elevó la rigurosidad de las mediciones de la norma primaria, como concentración de 24 horas y como concentración anual, lo cual ha hecho que en la actualidad un conjunto de ciudades estén cerca de ser declaradas zonas latentes o zonas saturadas.
El mejor ejemplo de ello es el decreto referido a la Octava Región que declara como zona latente a Hualqui, una comuna rural que, a ojo de buen vecino y sin ser experto en la materia, carece de toda contaminación. Nadie podría decir ¿se halla presente en la Sala el Honorable señor Navarro, quien representa a esa localidad en la Cámara Alta- que ella contamina. Sin embargo, va a ser declarada zona latente.
Lo mismo ocurre con la comuna de Lota -que se halla en mi circunscripción electoral-, donde no existe actividad alguna de carácter industrial.
Hoy esa ciudad se encamina hacia actividades de carácter turístico y de servicios. No obstante, también será declarada zona latente, lo cual generará una dificultad adicional en lo que respecta a programas de empleo y a materias de índole social, que se canalizan a través de proyectos.
Sólo un ejemplo, señor Presidente: en la actualidad, un programa habitacional para trescientas viviendas, que corresponde a los que se realizan mediante planes sociales, al no haber declaración de zona latente, no necesita un estudio de impacto ambiental, ya que se supone que esa tarea la asume el plano regulador. Pero al existir dicha declaración requerirá de tal análisis. Por lo tanto, a lo menos, implicará un retraso en la inversión.
¿Y a qué lugares afectará más? A comunas como las mencionadas: Lota, Tomé, Hualqui, etcétera, donde el mercado habitacional no se halla ampliamente desarrollado.
En consecuencia, acerca del tema que he planteado, hay tres aspectos que precisar.
El primero se refiere a qué va a hacer la autoridad ante el decreto Nº 41, del cual se tomó razón el 17 de mayo pasado, para que las cifras de cesantía no se disparen. En esto, resulta fundamental que la intendencia regional y las autoridades del gobierno central señalen cómo se va a enfrentar esa situación de carácter social.
El segundo dice relación a que la CONAMA y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia expliquen por qué, si ya la norma primaria fue sobrepasada los años 2001, 2002, 2003 y 2004, recién en el 2006 se emite el decreto en comento; por qué no se dictó oportunamente antes, en el entendido de que si se hubiera hecho, a lo mejor no habríamos llegado a situaciones más graves en materia ambiental.
Y el tercero tiene que ver con proponer una discusión sobre el decreto Nº 45, publicado en el Diario Oficial de 11 de septiembre de 2001, acerca de la norma primaria para material particulado MP 10, como concentración de 24 horas y como concentración anual, disposiciones que, a nuestro juicio, resultan extraordinariamente rigurosas, estrictas, y hacen que muchas ciudades, incluso de zonas rurales, se hallen en una situación como la que he descrito, lo cual demuestra el excesivo rigor de normas que no representan adecuadamente la realidad del país.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador, conforme al Reglamento.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción