REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 23ª, en miércoles 14 de junio de 2006
Ordinaria
(De 16:22 a 18:13)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Escalona Medina, Camilo
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y Secretaria General de la Presidencia, y el señor Subsecretario de Investigaciones.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 19ª, ordinaria, en 6 de junio; 20ª, especial, y 21ª, ordinaria, ambas en 7 de junio, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de acuerdo aprobatorio de la "Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado"; el Reglamento para la aplicación de la Convención, y su Protocolo, adoptados el 14 de mayo de 1954 en la Conferencia convocada en La Haya por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y el Segundo Protocolo de dicha Convención, adoptado en La Haya el 26 de marzo de 1999 (boletín N° 4.213-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el segundo informa que dio su aprobación al proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Chadwick, Coloma, Longueira, Novoa y Pérez Varela, que amplía el plazo para reclamar por el avalúo de bienes raíces no agrícolas (boletín N° 4.134-05), con la modificación que indica.
--Queda para tabla.
Del señor Presidente de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, mediante el cual remite fotocopia autenticada de la resolución aprobada por dicha Cámara por la que manifiesta al Congreso de los Estados Unidos de América la aspiración de que los inmigrantes puedan ejercer sus oficios y profesiones sin menoscabo de sus derechos.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Prokurica, sobre situación de trabajadores del sector público de salud a quienes se les exigiría renunciar a sus derechos por años de servicio como condición para adquirir la calidad de funcionarios de planta o a contrata.
Del señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a situación previsional de personas que indica.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, por medio del cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, acerca de la pavimentación de calles de la población El Retiro, en la comuna de Angol.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros, con el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand, sobre la posibilidad de instalar un cuartel policial de la categoría de Tenencia en el sector Las Ánimas, en la comuna de Valdivia.
Del señor Presidente del Juzgado de Familia de Puerto Montt y de la señora Administradora del Juzgado de Familia de Valdivia, por medio de los cuales contestan oficios dirigidos en nombre de los Senadores señores Allamand, Espina y Kuschel, relativos al trámite de causas ingresadas a sus respectivos tribunales entre el 1º de octubre de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3.626-07).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor NOVOA.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor NOVOA.-
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, quiero solicitar dos autorizaciones a la Sala.
En primer lugar, respecto del proyecto que introduce diversas modificaciones a las leyes Nos 18.287 y 18.290, pido autorización para que en su primer informe sea discutido en general y en particular, con el objeto de traerlo depurado a la Sala. Ello, porque hay muchas materias en esa iniciativa que ya han sido recogidas en otros proyectos de ley.
--Se accede.
El señor NOVOA.-
Por otra parte, cuando se aprobó en general el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece un seguro obligatorio de accidentes para el transporte en ferrocarriles, quedó rechazada una norma de su articulado por no reunirse el quórum especial requerido.
Por tal motivo, solicito que se reabra un plazo para presentar indicaciones, de manera de reponer dicha disposición por esta vía, con el objeto de que en la discusión particular se vote con el quórum pertinente.
Se trata de una norma relacionada con los juzgados de policía local.
--Se acuerda reabrir el plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 19, a las 12.
CREACIÓN DE NUEVOS ESCALAFONES EN PLANTAS DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma". Esta iniciativa se halla en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4001-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 7 de marzo de 2006.
Informes de Comisión:
Defensa, sesión 11ª, en 2 de mayo de 2006.
Hacienda (segundo), sesión 16ª, en 16 de mayo de 2006.
Discusión:
Sesiones 12ª, en 3 de mayo de 2006 (se aprueba en general); 19ª, en 6 de junio de 2006 (queda aplazada la discusión); 22ª, en 13 de junio de 2006 (queda para segunda discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario de Investigaciones.
--Se autoriza.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Como recordarán Sus Señorías, el día de ayer la Sala estimó que, respecto del artículo 103º bis, nuevo, era procedente dividir la votación, como lo pidió la Honorable señora Matthei.
En consecuencia, primero habrá que pronunciarse sobre dicho artículo, pero sin la expresión "no imponible", y después se deberán votar esas palabras.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En la segunda discusión, tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
Señor Presidente, excúseme que vuelva a abrir el debate que se hizo ayer -nos hemos impuesto de él- sobre el artículo 103º bis, respecto del cual se solicitó votar por separado los términos "no imponible".
A pesar de la decisión tomada por la Mesa de declarar la inadmisibilidad de la petición, la Sala, por mayoría, discrepó de ese criterio.
Quiero hacer presente al Senado que, utilizando el sistema de votación dividida de palabras, puede vulnerarse la Constitución. Porque al separarse la expresión "no imponible" -no voy a entrar al fondo del artículo-, si en definitiva se aprobara su supresión -como plantea la Oposición-, se estaría vulnerando abiertamente el número 6º del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, el cual dispone que el Presidente de la República tiene iniciativa exclusiva para "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.".
Al aceptarse este tipo de planteamiento, por la vía de un resquicio se vulneraría la disposición constitucional referida. Porque, indiscutiblemente, podría interpretarse que la eliminación de las palabras "no imponible" hace que el artículo 103º bis tenga un efecto previsional. O sea, se podría entender, por la legislación común, que al suprimirse lo no imponible la asignación pertinente es imponible para los efectos legales. Por lo tanto, se estaría estableciendo una norma de seguridad previsional.
Entonces, el Senado ha cometido un error gravísimo, y, por supuesto, el Gobierno debe ser muy firme en representarlo, pues, por la vía de la interpretación de una disposición del Reglamento que rige a esta Corporación, se está incursionando en una iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por lo expuesto, quiero dejar esa constancia.
Es grave, si acaso seguimos por el camino de dividir las votaciones, provocar efectos que no están contemplados en la Constitución Política del Estado.
Por otra parte, en cuanto al fondo del tema, se ha sostenido que al no hacer imponible la asignación estaríamos perjudicando el sistema previsional de los profesionales contemplados en el artículo 103º bis propuesto.
Cabe aclarar que el personal de la Policía de Investigaciones, al igual que el de las Fuerzas Armadas, tiene un sistema previsional diferente del que existe para el resto de la Administración Pública. Esas instituciones no poseen un sistema de capitalización individual. O sea, el hecho de imponer o no imponer no las afecta, en definitiva, en el resultado de sus pensiones.
Además, si se llegara a aceptar la supresión, se estaría produciendo un efecto generalizado en todo el sector de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Esas asignaciones profesionales no son imponibles en ninguna de esas entidades. Por lo tanto, también conlleva una consecuencia grave considerar el beneficio como imponible.
Volviendo a lo principal, la solicitud de votación separada es legítima -y está contemplada en el Reglamento del Senado-, pero sólo en tanto no contradiga una disposición constitucional. La Carta Fundamental es expresa, clarísima: el Parlamento no tiene iniciativa en materias de orden previsional. Y, en este caso, por tal vía se está aplicando una norma que va a provocar efectos previsionales, materia en la cual el Congreso no tiene iniciativa.
Dejo esa constancia, señor Presidente, porque la decisión que se ha tomado no es banal, sino grave.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, es una pena que debamos repetir todos los argumentos hoy día, pues ya se dieron en forma muy pormenorizada en la sesión de ayer.
En todo caso, en primer lugar, si el Ejecutivo tiene dudas sobre la constitucionalidad de nuestra petición, le asiste todo el derecho de recurrir ante el Tribunal Constitucional.
En segundo término, no es cierto que nosotros estamos tomando una iniciativa. Y lo argumentado por el señor Ministro del Interior nos llevaría al absurdo de que nunca podríamos votar contra un proyecto del Ejecutivo en materia previsional.
La norma general es que todas las asignaciones y todos los sueldos son imponibles. En este caso, a través de una iniciativa legal, el Gobierno nos ha solicitado permiso para que determinada asignación no lo sea. Y nosotros, sencillamente, le estamos diciendo que no, pues, según la norma general, estos beneficios siempre debieran ser imponibles. Eso es todo.
No nos estamos arrogando ninguna iniciativa y no se ha presentado indicación alguna. Simplemente, no concedemos el permiso especial que nos pide el Ejecutivo para que determinada asignación sea no imponible. Hemos dicho que no, que esta materia debe atenerse a la regla general; o sea, que todo sea imponible.
Por lo demás, el efecto práctico es mínimo.
Todo el mundo sabe que las tasas de las imposiciones en las Fuerzas Armadas, según las normas que rigen en la materia, son muy pequeñas. Por tanto, en caso de que la asignación se haga imponible, las cotizaciones serán de cargo de los funcionarios de Investigaciones. Y, aparentemente, no sería más de 15 mil pesos lo que tendrían que pagar.
Señor Presidente, estamos absolutamente convencidos de que no hay problema alguno de constitucionalidad. Sencillamente, estamos votando en contra de una iniciativa del Ejecutivo, la cual, por lo demás, es mala y -lo hemos señalado en reiteradas ocasiones- causa bastante daño. Mucha gente hoy día no puede jubilar porque al hacerlo queda con una pensión muy pequeña, justamente por la mala práctica de no considerar imponible una serie de emolumentos.
En resumen, estamos votando en contra de un mal proyecto del Ejecutivo y no nos estamos arrogando en absoluto ninguna iniciativa. Y sí tenemos plena conciencia de que, por la vía de dividir la votación, en algún momento podría incurrirse en una inconstitucionalidad. Por ese motivo, ayer solicitamos al señor Presidente del Senado que hiciera la consulta pertinente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para contar con un criterio general que determine en qué casos una división de votación podría llevarnos al absurdo de generar algo inconstitucional.
Sin embargo, en la materia que nos ocupa, estamos total y plenamente seguros de que no existe inconstitucionalidad alguna.
Si el Ejecutivo tiene dudas, le asiste todo el derecho de recurrir ante el Tribunal Constitucional.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, señor Ministro.
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
Señor Presidente, pido al Senado que me disculpe. No quiero abusar del derecho a intervenir que me corresponde constitucionalmente, pero es bueno precisar los planteamientos que hizo la Senadora señora Matthei.
En primer lugar, me alegra mucho que tenga ya una duda y que ésta se haya mandado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La señora MATTHEI.-
¡No se mandó!
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
Me parece muy bien que la Honorable señora Matthei haya reconocido que su duda fue derivada a dicho órgano técnico.
La señora MATTHEI.-
Entendió mal: no se mandó.
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
La cuestión de fondo radica en precisar cuál es el derecho que le asiste al Parlamento en este caso.
Soy una persona que "ha vivido" en este Congreso. Todos sabemos cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos. El que corresponde aquí es el de rechazar la proposición hecha por el Ejecutivo.
El señor LETELIER.-
¡Eso es!
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
Tendría que impugnarse el artículo 103º bis. Así se rechaza lo que el Ejecutivo está planteando.
Pero al votar en forma separada se desvirtúa la norma, pues se está yendo en contra de la idea que está proponiendo la Presidenta de la República.
Por lo tanto, no procede una división de votación que haga incurrir en inconstitucionalidad. Desde el momento en que se borra la expresión "no imponible" y la asignación profesional pasa a ser imponible, nadie puede discutir que se trata de una disposición de seguridad social, de tipo previsional, pues dicho beneficio queda afecto a una carga. La misma señora Senadora lo reconoce: habrá que imponer en la caja de previsión que corresponda en favor del funcionario al que se otorga la asignación en comento. O sea, el artículo propuesto incide en lo previsional desde el momento en que se pide la división de la votación. Y ésa es la razón por la cual se reclama la inconstitucionalidad.
Ahora bien, es cierto que existe el derecho a reclamar al Tribunal Constitucional; pero también es un deber, en el Parlamento, el respeto a la Carta en plenitud y el cuidado de no vulnerar sus normas por la vía del resquicio de dividir votaciones.
Ésa es la razón, y no otra, por la que he querido dejar esta constancia.
El derecho mencionado lo tenemos claro. Y también se abre la posibilidad de recurrir al veto o a cualquiera de los demás trámites constitucionales de la formación de la ley para rectificar el error. Pero que quede claro lo que implica la eliminación de las palabras "no imponible": la vulneración del artículo 65, número 6º, de la Carta Fundamental, porque la norma se transforma en otra que provoca efectos directos o indirectos en materia de seguridad social.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, en sesiones pasadas expresé mi desagrado por la proposición de beneficios previsionales no cotizables para sectores laborales.
Se registra una triste historia en ese ámbito, producto de la cual es el daño previsional, ascendente a 12 mil millones de dólares. Hoy, muchos chilenos y chilenas reclaman por ese concepto, prácticamente sin ninguna posibilidad de que tales recursos se entreguen para resarcir la mala gestión de gobiernos que pagaban por un porcentaje de lo que ganaba el trabajador y eludían la otra mitad. Ello explicó, con motivo del traspaso al sistema de administradoras de fondos de pensiones, que el monto de las imposiciones fuese mucho menor.
En ese sentido, dejo en claro que me gustaría que el Ejecutivo no enviara más proyectos en los que, como Estado, de alguna manera se tuerce la dirección de aquello que nosotros debemos ser los primeros en respetar.
Pero quiero señalar lo siguiente respecto del caso que nos ocupa.
La Policía de Investigaciones se halla normada por un régimen especial, que permite jubilar con 20 años de servicios. O sea, un funcionario puede hacerlo con 42 años de edad. He pedido antecedentes sobre el particular y me han informado que se sale con un ingreso exactamente igual al de un ejecutivo de primer nivel con 30 años de imposiciones. De manera que ahí no se da la situación que se ha expuesto, con mucha justicia, de sectores de trabajadores cuyas entradas se van prácticamente al suelo, al disminuir a la mitad.
De acogerse el planteamiento, respetable, formulado por algunos señores Senadores, se beneficiaría a los más de mil funcionarios considerados en el proyecto, pero quedarían excluidos los cerca de 3 mil y tantos a quienes hoy se les están pagando bonos no imponibles. De tal manera que, desde el punto de vista de la homologación de la justicia laboral, estaríamos acentuando la diferencia con el sector que en buena hora se vería beneficiado, pero no resolveríamos el problema del resto de los funcionarios del Servicio.
Expresaba que se trata de una situación especial y que no sería justo cargarla a una iniciativa de ley tendiente a favorecer a un sistema policial, el de Investigaciones, que, en mi opinión, se encuentra más dejado un tanto de lado de la mano gubernamental, en cuanto a recursos.
En la actualidad existen 6 mil y tantos detectives que tienen a su cargo la prevención de la delincuencia a lo largo de todo el país, en circunstancias de que ¿en buena hora también- otros servicios policiales cuentan con 37 mil o 38 mil servidores.
Todos conocemos el escenario en que se desenvuelven las comisarías de Investigaciones: locales deplorables, muy tristes, sin recursos, e incluso, sin el material moderno que se requiere.
Antes de terminar, deseo subrayar que éste es un tema especial. Llamo a los señores Senadores a no poner obstáculos para aprobar la iniciativa.
Es preciso recordar que el aporte que el Fisco debe entregar para financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas, según el Presupuesto, comprendido el reajuste vigente, asciende a 525 mil millones de pesos. Por eso, incluso los propios Altos Mandos -al menos en las Comisiones de Presupuestos y con la presencia del señor Ministro de Defensa- han manifestado su disposición a corregir el sistema, porque no da para más y será imposible sostenerlo. En las propias instituciones castrenses existe beneplácito respecto de la idea, en el sentido de que cualquier modificación será para quienes ingresen ahora y regirá en adelante, pero respetándose los derechos conseguidos con antelación por los funcionarios.
Lo anterior aconseja, por tratarse de una medida interesante y respetable, que todo lo que se paga a un trabajador, cualquiera que sea el nivel en que se encuentre, debe ser imponible. Y el Estado debe ser el primero en cumplir los compromisos que, en cambio, les exige a los empresarios en el ámbito del resto de la sociedad.
Pero en este caso no cabe castigar, en alguna medida, al Servicio de que se trata. Hemos conversado con el señor Subsecretario de Investigaciones, quien nos dio el antecedente de que Hacienda no ha cambiado de posición al respecto. Como no se cuenta con los recursos necesarios, estamos nadando contra la corriente. Por lo menos a nivel ministerial, no ha habido una respuesta que acoja un planteamiento que también suscribo. Mas, en la situación que nos ocupa, las condiciones no lo ameritan. Y estamos perjudicando a una Institución que, a mi juicio, merece este reconocimiento, que va en procura de perfeccionar y dar mayor capacidad profesional a los nuevos funcionarios.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, después de la intervención del señor Ministro del Interior, quiero decir que la responsabilidad del Gobierno no termina sólo con la defensa de la Carta, de los derechos constitucionales y de los privilegios del Ejecutivo: creo que también se deben pagar a los funcionarios las imposiciones y los derechos previsionales.
Si el señor Ministro sostiene que, dejando el proyecto del Ejecutivo como viene, no se producirá un daño en el sistema previsional de Investigaciones, me gustaría que se comprometiera aquí, en público, a suplementar los recursos del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Porque la verdad es que, por la vía de obtener beneficios y no efectuar aportes, el sistema se halla absolutamente desfinanciado. Y cuando alguien hace referencia al Estado y a la imposición de recursos especiales -como el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, es justamente por eso. Si se contrae el compromiso, repito, de que se suplementará ese patrimonio, entonces no habría problema.
Creo que debemos acostumbrarnos a tal criterio por una cuestión de principios. Dicho colega ha pedido que por esta vez se apruebe un nuevo proyecto que no hace imponibles los recursos. Me parece que lo que debe hacer el Senado es al revés: nunca más aprobar iniciativas, provengan del Ejecutivo o de quien sea, en que las responsabilidades pertinentes no estén respaldadas con las imposiciones de los trabajadores. Porque, si no, lo que hacemos es justamente lo que criticamos: damos lugar a que la gente que más adelante jubile no reciba los fondos que debería obtener.
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
Señor Presidente, quiero responder al planteamiento que se acaba de formular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ZALDÍVAR (Ministro del Interior).-
Señor Presidente, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra sostiene que es el Gobierno el que debe suplementar los gastos previsionales. Éste lo hace todos los años. En la Ley de Presupuestos se deben contemplar todos los recursos necesarios para cumplir con la previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Nunca ha dejado de faltar a su obligación.
En seguida, sabemos que éste es un sistema previsional con un alto desfinanciamiento. Y se discute de qué manera perfeccionarlo, para evitar que siga siendo una carga cada vez más difícil de soportar dentro del Presupuesto de la Nación. Pero el Gobierno y el país responden todos los años al sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas.
Ahora bien, en cuanto a la Carta, creo que el primer deber de un Gobierno, y también de un Parlamento y de todos nosotros, es no permitir jamás que se infrinjan las normas constitucionales. Es una obligación y un derecho de cada uno exigirlo.
Ésa es la razón por la cual he venido a hacer este planteamiento. Insisto en que, tal como se quiere aprobar la disposición, por muy buen sentido que se haya tenido, se infringe expresamente un precepto de la Carta Fundamental, que es el número 6º del artículo 65. Y por eso he querido dejar esta constancia.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, rechazo las acusaciones que nos hace el señor Ministro del Interior en el sentido de que no somos cuidadosos de la Constitución.
Muy por el contrario. Hemos solicitado dividir la votación porque deseamos que determinada asignación sea imponible, para así evitar las nefastas consecuencias de reiteradas asignaciones que no lo son y que están terminando en la verdadera quiebra de numerosos sistemas previsionales.
Consideramos que en la situación que nos ocupa no se genera un mayor gasto, ya que, si el Gobierno decide la imponibilidad, los funcionarios percibirán un menor ingreso líquido y el desembolso saldrá de los bolsillos de éstos.
Y en cuanto a si es o no una norma previsional, el propio Ministro del Interior lo ha expresado aquí: la forma como se calculan las pensiones no tiene que ver con lo imponible o no imponible, sino con el grado en que el funcionario deja la respectiva carrera profesional y, obviamente, la Institución.
El problema es hasta cuándo seguimos entregando beneficios no imponibles a través de sistemas previsionales a los que después se acusa de que el Estado debe otorgarles cada año una enorme cantidad de dinero en la Ley de Presupuestos. Si no obligamos a cotizar, es obvio que cada año esos recursos serán mayores. Y ello es por decisión del Ejecutivo y nuestra. Pero después nos lavamos las manos y les echamos la culpa a las respectivas instituciones.
Entonces, basta de actuar de manera irresponsable, de legislar de determinada manera y, como las cosas resultan malas, de imputarles la responsabilidad a otros. Así ha pasado con la educación municipal. Aprobamos un Estatuto Docente que reconocía a los profesores el legítimo derecho al perfeccionamiento. ¿Pero les dimos plata a los municipios para que lo financiaran? No. ¡Y después decimos que esa educación es mala! Mas no le hemos dado los instrumentos y los recursos para que se fortalezca.
En consecuencia, estamos haciendo un verdadero llamado de atención. Seamos todos cuidadosos, responsables. Porque, a fin de cuentas, todos tenemos responsabilidad en cómo esos sistemas previsionales se financiarán en el futuro, cuando probablemente ninguno de nosotros siquiera esté en el Parlamento.
Ése ha sido nuestro objetivo. Jamás estuvo en nuestro ánimo actuar en contra de la Carta. Muy por el contrario. Hemos solicitado dividir la votación porque nos parece que ello corresponde a nuestro legítimo derecho como Senadores.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, me inscribí nuevamente para intervenir porque he vuelto a leer el artículo 103º bis propuesto para la formación del nuevo Escalafón de la Policía de Investigaciones. Esa disposición establece lo siguiente:
"Los Oficiales Policiales Profesionales tendrán derecho a una asignación profesional no imponible, equivalente al treinta y cinco por ciento de su sueldo base.".
Es decir, se trata de una asignación profesional. A fuerza de una repetición agresiva, irritante por el sentido confrontacional que se otorga a las palabras, se intenta convencer de que las cosas tienen que ser de determinada forma. Ello no corresponde. La norma hace referencia a una asignación profesional, repito, distinta del sueldo base, para los oficiales profesionales que formen parte de este Escalafón.
En consecuencia, cuando se cambia la naturaleza del beneficio y éste pasa a ser imponible, significa que, desde el punto de vista del Presupuesto, debe determinarse una base de cálculo distinta, con un costo diferente. O sea, constituye un mayor gasto.
Es imposible sostener, si queremos abocarnos a una discusión seria, que, desde el punto de vista del gasto que implica la ley en proyecto, existe la misma base de cálculo con un sueldo de 100 y con uno de 135. Y ello, aun cuando el costo imponible se calculara respecto de 35 por ciento, porque cambiaría la base.
Entonces, se registra un mayor gasto. Afirmar que no lo hay es simplemente una incongruencia monumental. En verdad, constituye una incoherencia absoluta y no es posible demostrarlo. ¿Cómo va a ser lo mismo calcular sobre una base de 100 que sobre una de 135? Se trata de 35 por encima del sueldo base, lo que cambia por completo el monto del compromiso impositivo del Gobierno con relación al proyecto y significa, por lo tanto, un mayor gasto.
Siendo tan evidente lo que señalo, temo que, por desgracia -no quería pensarlo-, estamos en presencia de una demagogia enorme, de un populismo que yo entendía no era el sentido de la discusión de la iniciativa. Porque ésta busca simplemente generar el aumento de la dotación de la Policía de Investigaciones de Chile con un nuevo Escalafón que permita establecer un tipo de oficiales profesionales constituidos por los que estén ya en la Institución o por quienes posean un título y reciban una preparación para formar parte de ella, con el objeto de atender necesidades urgentes. Se trata de mil 66 personas cuyos servicios apuntarían a resolver requerimientos institucionales relacionados con la seguridad ciudadana. Entendía que todos estábamos de acuerdo en eso, que era algo esencial y que todos respaldábamos.
Lamentablemente, se ha obstaculizado la aprobación del proyecto. Y, además, se formula una acusación por entero artificial y falsa, porque las dificultades de los sistemas de previsión no dicen relación al Gobierno, sino a la falta de financiamiento, que -tal como lo expresó el señor Ministro del Interior- debe cubrirse todos los años en el Presupuesto, en una cantidad aproximada a mil millones de dólares.
El señor PROKURICA.-
¡Esto lo empeora!
El señor ESCALONA.-
Eso es lo que cuesta todos los años a chilenos y chilenas, desde los más ricos hasta los más humildes, el poder generar las condiciones para pagar los beneficios respectivos.
No sé si los señores Parlamentarios de Oposición, simplemente por estar ahora aquejados de un ataque de demagogia, desean agudizar la situación hasta hacer simplemente imposible cumplir las obligaciones que demanda al presupuesto nacional el pago de esas tremendas distorsiones.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ESCALONA.- He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, lamento que el debate se haya prolongado más allá de lo que reglamentariamente corresponde.
El problema se planteó ayer, y la Sala lo zanjó en forma definitiva. Ella es soberana para dirimir un asunto mediante votación. De modo que, a mi juicio, la discusión va más lejos de lo resuelto ayer por la Corporación.
En esta oportunidad se han planteado asuntos que no deseo eludir; pero voy a presentar una moción de orden para que se proceda a la votación como corresponde.
Se ha hablado de populismo, de demagogia. Y quiero salir en defensa del señor Ministro del Interior, porque él no es demagogo ni populista por haber defendido en el país con tanto ahínco y durante tantos años a las personas afectadas en su previsión.
Al utilizar ese camino, siento que se está golpeando por la espalda a los aliados.
No corresponde que en la Sala se repliquen argumentos con descalificaciones, sin aportar nuevos razonamientos. Al respecto, el mejor consejo es el que dan los padres de familia a sus hijos cuando les dicen que hay que predicar con el ejemplo.
Por eso, para predicar con el ejemplo a fin de evitar las lamentables situaciones ocurridas en asuntos previsionales, tenemos que advertir al Gobierno -cualquiera que sea- que debe ser coherente y consecuente cuando expresa que un sistema de seguridad social se encuentra desfinanciado. Está desfinanciado porque en el pasado -no lo niego- hubo situaciones por completo irreales, que se trató de mejorar, en apariencia, sin preocuparse del futuro y precaver hechos que el día de mañana mucha gente habrá de lamentar, particularmente en el sector público.
Las advertencias están formuladas.
Estimo que el problema formal planteado, relativo a la inconstitucionalidad, no es tal, porque no se ha presentado una indicación que pueda ser declarada inadmisible. Simplemente -como se dijo ayer-, se ha ejercido un derecho: pedir que se divida una votación. Y ese derecho se encuentra consagrado en el Reglamento del Senado.
Desde esa perspectiva, podría ocurrir que, como consecuencia de determinada situación, se produjera una incoherencia constitucional. Pero hay otros caminos para resolverla. Y esos caminos los conocen muy bien quienes usaron de la palabra precedentemente: recurrir al Tribunal Constitucional o al veto. En definitiva, existen distintas maneras de solucionar el punto.
Me parece que, cuando alguien ejerce un derecho, éste debe ser respetado. Y ello vale también en este caso particular, máxime si la Sala hace varias horas ya resolvió la cuestión de fondo.
Por lo tanto, lo que procede, señor Presidente -y presento una moción de orden en tal sentido-, es votar sobre la base de lo que se acordó ayer.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Quedan cuatro inscritos. Después que intervengan se efectuará la respectiva votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, a mi juicio, el asunto en debate -como se dijo- ya está zanjado. La Sala acordó que era admisible (para usar el mismo lenguaje de la votación de ayer). Por lo tanto, podrá haber una discusión constitucional, pero -como expresó la Senadora señora Matthei- el escenario para llevarla a cabo debe ser el Tribunal Constitucional.
No obstante lo anterior, la Comisión de Constitución podrá estudiar la materia y ayudar a resolverla. Sin embargo, no corresponde seguir debatiendo aquí la cuestión que ahora nos ocupa. Es la tercera oportunidad que analizamos estos mismos antecedentes, dando vueltas sobre ellos una y otra vez. Creo que es tiempo de decidir.
Respecto del tema de fondo, al parecer, algunos creen ganar las discusiones descalificando o motejando los argumentos ajenos de populistas o de otra manera peyorativa. En verdad, lo que debilita los argumentos es precisamente la descalificación. Es mala señal cuando se entra en ese terreno, porque quiere decir que ya quedó de lado la racionalidad.
Aquí estamos diciendo algo muy simple: queremos que todo ingreso que a cualquier título reciba un trabajador, del sector público o del privado (sueldo base, asignación profesional, bienio, perfeccionamiento, o cualquier otro), sea imponible, pues nos interesa defender sus derechos previsionales. Y éstos se burlan cuando se establecen asignaciones no imponibles, lo cual nos parece extremadamente injusto.
El asunto lo hemos conversado en otras oportunidades, y siempre estamos de acuerdo en que "no se va a hacer nunca más" y en que "es la última vez". Pero llegó el momento de "la última vez". No vamos a aceptar ninguna propuesta del Ejecutivo que incluya asignaciones no imponibles, porque defenderemos los derechos de los funcionarios a tener una previsión justa. Y ello no se logra dejando de imponer por concepto de asignaciones.
Se ha señalado que faltan recursos en el sistema previsional; que el Ejecutivo los debe enterar, y que nuestra posición está ayudando a aumentar el déficit. Todo lo contrario, porque los déficits se producen por la sencilla razón de no hacer imponibles las asignaciones. Eso fue lo que ocurrió en el pasado. Por ello el INP se encuentra en una situación en extremo deficitaria y su presupuesto debe ser suplementado todos los años. Precisamente, dicho antecedente es el que provoca el déficit; y nosotros queremos corregirlo.
Pero hay otros precedentes.
Es cierto que el Ejecutivo cumple sus obligaciones con el sistema previsional enterando años tras año los recursos que faltan. Pero no siempre financia todo. Así ocurrió, por ejemplo, cuando se incorporaron a la CAPREDENA los funcionarios de Gendarmería y de Investigaciones. Dicha institución, en consecuencia, debió asumir la responsabilidad de atender las necesidades de muchas más personas con los mismos recursos. Ahí no hubo la justa compensación. Y tal circunstancia se la hemos representado al Gobierno.
Pero la atención que se da a los funcionarios de Carabineros, de Investigaciones y de Gendarmería y al personal acogido a retiro es absolutamente insuficiente, porque no se les han efectuado imposiciones sobre lo que corresponde.
Sería bueno que el Ejecutivo también hiciera justicia en esta materia, que cada cierto tiempo es motivo de reclamo, pero no de soluciones. En sus manos está la posibilidad de hacerla, siempre que tuviera voluntad para ello.
Por eso, señor Presidente, pido que nos pronunciemos respecto de la norma. Ya veremos quién tiene los votos en la Sala. Pero para la Alianza hay un punto claro: no aceptaremos más que se burlen los derechos de los funcionarios, porque nos parece muy importante que se pague lo que en justicia corresponde desde el punto de vista previsional.
Así que, por ese capítulo, ¡no más!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, uno a veces desea que lo que se dice se mantenga en el tiempo. Y espero que así ocurra respecto de algunas de las cosas aquí mencionadas cuando revisemos el Código del Trabajo y analicemos las condiciones salariales de un sector tan amplio como el comercio, donde los sueldos base de sus empleados están por debajo del mínimo legal, pese a que se les obliga a trabajar más horas de las que corresponden para alcanzar determinada renta, porque se abusa del espíritu de ciertas normas.
En los contratos de negociación colectiva se entregan muchos bonos que no son imponibles. Y a veces el debate llevado a cabo para tales efectos se descontextualiza.
Lo único que digo es que me parece interesante la sugerencia planteada. Pero en ocasiones uno tiene dudas -si me perdona el señor Presidente- sobre la consistencia de lo manifestado por algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Si hoy estamos discutiendo en una de las Comisiones del Senado el proyecto de ley relativo al daño previsional, se debe precisamente a que en el pasado a los trabajadores del sector público con un régimen distinto al de los funcionarios de que trata la iniciativa en debate no se les imponía por todos sus ingresos. No estoy hablando de bonos ni de asignación profesional. Me estoy refiriendo a ingresos regulares.
El señor LARRAÍN.-
¡De eso estamos hablando!
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, la diferencia resalta cuando uno pregunta cuántos funcionarios de Investigaciones se encuentran adscritos a una AFP ¡Cero! ¡Ninguno!
El señor LARRAÍN.-
¡Se ha abusado y se sigue abusando!
El señor LETELIER.-
Y, por ende, algunos sentimos que este debate -perdónenme el concepto- es un tanto demagógico, porque el efecto para los funcionarios de Investigaciones es nulo. ¡Cero! ¡Ninguno! Si nos refiriéramos a empleados públicos de otra repartición, quizás sería distinto. Pero, en el caso que nos ocupa, no lo es.
Sin embargo, quiero entrar al tema de fondo.
La iniciativa de ley es tremendamente importante. La Concertación ha tratado de recuperar a las instituciones vinculadas al orden público, en particular a la Policía de Investigaciones. El Congreso Nacional en diferentes momentos ha establecido el reconocimiento de un proceso de capacitación para que haya más profesionales. ¡Lo hemos hecho de consuno, en conjunto!
La idea de la asignación profesional tiene que ver con el resultado de un esfuerzo que hemos hecho entre todos. Eso lo aplaudimos. Pero el debate legal y constitucional -y discúlpeme, señor Presidente, pero me alegro de no haber tenido profesores de Derecho que ajustan sus argumentos a la conveniencia- apunta a que en el ámbito jurídico uno debe sostener razonamientos consistentes. Y no cabe duda de que el Reglamento del Senado no está por encima de la Constitución Política ni de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Insinuarlo es, a mi juicio, indebido, incorrecto. Porque la ley no es solamente letra; también es espíritu. Y es evidente que en el espíritu de la Carta Fundamental y de la Ley Orgánica Constitucional, el Parlamento no tiene facultad ¿quizás sería bueno reformar la Constitución y avanzar en ese sentido- para modificar un texto legal que signifique aumento de gastos. Y eso lo saben los colegas de las bancadas de enfrente.
Más allá de que mi estimado colega el Senador señor García pueda decir que no hay deseo de cambiar, violar o atentar contra la Constitución -entiendo que ésta no es la voluntad-, el procedimiento que se impulsó ayer fue incorrecto. El Honorable señor Larraín expresó que el tema sobre la admisibilidad estaba zanjado. Todos los que nos hallamos en la Sala entendemos que esa admisibilidad obedeció a una situación circunstancial producto de los votos que se registraron en la Sala, como ocurre en muchas votaciones.
Pero en Derecho la pregunta de fondo es si el Senado tiene la facultad de modificar una ley, un artículo o un inciso que signifique aumento de gastos. Yo entiendo que eso está fuera de discusión. Una cosa es que quisiéramos tener tal atribución y otra distinta es que la tengamos.
En otras ocasiones, la Oposición ha repetido este debate.
Hace algunos días sucedió un episodio similar a raíz de otro proyecto, donde -si mal no recuerdo- el Honorable señor Longueira propuso dividir la votación, lo que provocaba el mismo efecto.
Opino que este tema debería ser zanjado entre nosotros. Cuando juramos defender la Constitución y respetar las leyes, nos comprometimos a no hacer -disculpen el término, pues puede ser poco académico- jugarretas con este tipo de materias. Porque lo básico es que una norma legal vigente nos impide aumentar el gasto.
Si entráramos a esa discusión que al parecer preocupa a otros, ¡yo feliz! Revisemos el sistema previsional de las Fuerzas Armadas de Chile. Entremos a un debate de fondo.
La Presidenta de la República, cuando ocupó el cargo de Ministra de Defensa Nacional, con el acuerdo de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas propuso una modificación legal para terminar con ciertos abusos. Pero, por desgracia, la Oposición no dio los votos en la Cámara de Diputados para aprobarla, sabiendo que esas anomalías inciden fuertemente en el desfinanciamiento del sistema previsional de los institutos castrenses.
No cabe duda de que la estructura previsional de las Instituciones Armadas es un tremendo privilegio en el país. Por eso, hemos tratado de evitar que muchos uniformados abandonen prematuramente las filas. Se ha intentado retenerlos mediante un esfuerzo compartido por todos.
Sin embargo, no me parece adecuado, a raíz de una iniciativa de ley como la que nos ocupa, tratar de torcer el espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Eso tiene cero efecto real, pues no apunta -como dicen algunos colegas- al daño previsional, porque en la Policía de Investigaciones no hay funcionarios afiliados a una AFP.
Por ende, nos encontramos en una discusión inconducente, al menos, en sus resultados prácticos, sobre todo porque se sabe que no surtirá un efecto final ni va a trascender más allá.
Por eso, pido que procedamos a la votación.
Asimismo, me gustaría solicitar el pronunciamiento, de una vez por todas, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre esta materia, para que a futuro adecuemos, si es necesario, el Reglamento, para evitar hacerse trampa en solitario, como pretenden algunos colegas que ocupan los asientos de enfrente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero analizar directamente el tema de fondo.
En verdad, nunca hemos objetado la asignación que se pretende entregar por medio del artículo 103º bis.
Pensé que el Senado había superado hace rato el problema de hacer imponible el total de la remuneración que recibe un trabajador, independientemente de si se desempeña en el sector público o en el privado. No obstante, advierto que no es así. Es decir, aquí distintos señores Senadores entregan argumentos para justificar la legitimidad de no realizar las imposiciones previsionales respecto de un ingreso determinado que, en el caso que nos ocupa, se llama "asignación".
Me preocupa esta materia, porque siempre se establecen precedentes. Si hoy día permitimos no hacer imponible esta asignación, lo más probable es que el día de mañana se esgrima como argumento para otorgar otro beneficio no imponible.
Definitivamente debemos caminar en una dirección distinta. Pienso que el Senado ha de emitir un pronunciamiento categórico, en el sentido de que cualquier ingreso -sueldo base o asignación- de un trabajador, sea que pertenezca al sector público o al privado, debe ser imponible.
Me causa inquietud que en la Sala se justifique que determinadas asignaciones no sean imponibles. Ése no es un buen camino. Sufrimos toda una historia lamentable en esta materia. Y a la larga vamos a legitimar y dar razones para que en otras áreas se presenten con tal precedente iniciativas legales de cualquier naturaleza, a fin de entregar beneficios no imponibles.
El antecedente que estamos sentando hoy día es delicado. Al menos la Alianza quiere romper definitivamente con esta práctica y entregar la señal de que cualquier ingreso que se otorgue al sector público o al privado debe ser imponible.
La Senadora señora Matthei me solicita una interrupción. Con la venia de la Mesa, se la concedo con todo gusto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Gracias, señor Senador.
Señor Presidente, se han hecho varias afirmaciones incorrectas.
En primer lugar, el Senador señor Escalona señaló que era obvio que el pago de cotizaciones se incrementaba al aumentar la base imponible.
Quiero recordar al Honorable colega que en matemáticas de séptimo año básico se enseña el principio de asociatividad, mediante el cual la fórmula "A x (B + C)" es igual a "(A x B) + (A x C)".
En el fondo, si el sueldo base es cotizable hoy día y se va a pagar la misma tasa por la asignación adicional, el resultado no cambia absolutamente nada.
Por ello, invito a Su Señoría a estudiar esa materia. Está en los textos de matemáticas de séptimo básico. ¡Entiendo que a algunos les cuesta un poco más entenderlo...!
En segundo término, me referiré a lo manifestado por el Honorable señor Letelier. En el sector privado no hay remuneración que no sea imponible.
El señor LETELIER.-
¡Está errada!
La señora MATTHEI.-
Hasta los aguinaldos lo son.
Por lo tanto, el señor Senador está completamente equivocado.
El señor LETELIER.-
¡Por favor!
La señora MATTHEI.-
Los únicos ingresos que no han sido imponibles o tributables fueron los sobresueldos de algunos Ministros.
En tercer lugar, el daño previsional se gestó durante muchos años mediante asignaciones como la planteada, es decir, asignaciones profesionales no imponibles. Una forma de aumentar los sueldos del sector público sin incurrir en tanto gasto fue justamente la de ir agregando asignaciones profesionales, de responsabilidad, de movilización, de colación, de todo tipo, que en realidad eran parte del sueldo, pero no cotizables. Ello fue precisamente lo que generó el daño previsional y es lo que se está sugiriendo ahora. Y por eso nos oponemos.
Por último, quiero señalar que sí nos parece raro que una persona pueda jubilar a los 42 años. Eso no puede ser. Lo hemos dicho siempre. Y no tenemos ningún problema en estudiarlo, siempre y cuando, al mismo tiempo, se revisen las remuneraciones y los sistemas de trabajo.
Los carabineros, por ejemplo, cumplen turnos de 12 horas ininterrumpidas, descansan otras 12 y luego deben iniciar nuevos turnos de la misma duración. Eso está estrictamente prohibido en el sector privado. Y sus remuneraciones son horrorosamente malas.
Por lo tanto, si la intención es revisar los sistemas de remuneraciones y de pensiones, no tenemos ningún problema. Estamos seguros de que, al final, al Fisco y a las familias les resulta mucho mejor que existan remuneraciones dignas y jubilaciones a una edad razonable. Porque no es absolutamente admisible que una persona cotice durante 20 años para luego recibir una jubilación por, a veces, el doble de tiempo.
Estamos abiertos a un estudio de esa índole, pero pensamos que son muchas las cosas que deben revisarse: horarios, sistemas de turnos, asignaciones y, sobre todo, remuneraciones.
Para nosotros, señor Presidente, éste es un tema fundamental. Aquélla fue la forma en que se generó el daño previsional. Y lo que aquí estamos diciendo es, justamente, "no más daño previsional".
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, a medida que avanza el debate uno tiende a perder de vista el objetivo central del proyecto, que es satisfacer una necesidad social nacional, planteada desde larguísima data por todos los sectores políticos, como es reforzar los espacios de seguridad ciudadana. Para ello se necesita más personal. Y precisamente lo que propone esta iniciativa, a través de unos incentivos y unas estructuras especiales, es aumentar la dotación de la Policía de Investigaciones, institución a la cual le expreso mi particular respeto y adhesión, por cuanto desarrolla su labor con unas limitaciones de recursos salvajes. Lo recalco: con unas limitaciones de recursos salvajes. Seguramente Sus Señorías han tenido la oportunidad de visitar sus cuarteles, los cuales, en mi opinión, son vergonzosos en comparación con las instalaciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. O sea, estamos hablando de una institución que carece del personal y los recursos necesarios para llevar a cabo la función fundamental que la sociedad le demanda, que es dar mayor seguridad.
Dejo hasta aquí este comentario, que hago a propósito de las intervenciones que se han desviado del tema principal.
Señor Presidente, el Senador señor Longueira me pide una interrupción, que con mucho gusto concedo, con la venia de la Mesa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, sólo deseo expresar algunos conceptos respecto de lo que aquí se ha dicho.
En primer lugar, se ha hablado de demagogia y populismo. A mi juicio, lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Me parece mucho más demagogo y populista entregar asignaciones no imponibles. Lamentablemente, los chilenos, en general, prefieren que la plata se la den líquida, o "en negro", para que no la tengan que cotizar.
Hoy, cuando existe un gran debate sobre el sistema previsional, uno de los temas más importantes de la agenda presidencial del Gobierno de la Concertación, no veo cómo puede estar presentándose un proyecto de ley que justamente pretende continuar con vicios cometidos durante décadas en nuestro país. Un Senador oficialista dijo que nos van a exigir -como acostumbran hacerlo- coherencia cuando se traten en esta Corporación iniciativas sobre materias laborales y otras. Sin embargo, creo que ahora vamos a tener la oportunidad de ver, precisamente, la "coherencia" de estos izquierdistas, que predican pero no practican.
En consecuencia, esta votación va a permitir distinguir, por primera vez, quiénes son los que salen en los medios de comunicación vociferando los derechos de los trabajadores, pero que aprueban normas, como la actualmente en debate, que a todas luces los vulneran.
A partir de hoy, señor Presidente, abriremos una cuenta corriente donde anotaremos las coherencias en materias previsionales y laborales. Y por eso asumimos el desafío planteado por Senadores socialistas en cuanto a la coherencia en nuestro actuar, que siempre ha sido impecable.
El señor NAVARRO.- ¡Eso último fue un exceso, señor Senador ..!
El señor ARANCIBIA.-
Con la venia de la Mesa, recupero el uso de la palabra.
Se ha indicado aquí, señor Presidente, que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuentan con un sistema especial de previsión, lo cual es cierto. Se trata de un sistema oficial, aprobado por el Estado y en actual funcionamiento, que obedece a un cierto concepto operacional que lo justifica.
No obstante, el gasto exorbitante, brutal, salvaje, que debe realizar el Estado para financiar la previsión de las Fuerzas Armadas tiene como una de sus causas el efecto de una situación vivida por el país hace un tiempo, que obligó a las instituciones de la Defensa a incorporar una cantidad de contingente que en este momento nos está pesando. Pero, para información de los señores Senadores, hoy en día todas ellas han bajado en aproximadamente un tercio la dotación que alcanzaron en ese momento. De manera que en 20 años más -tenemos la obligación de proyectarnos a futuro- el gasto previsional vigente va a disminuir en forma natural.
Independiente de eso, en la Comisión de Defensa fuimos informados de que el Ministerio del ramo está trabajando en un proyecto que modificaría la estructura de la carrera militar (su extensión, incentivos) y mejoraría los niveles de remuneración, con lo cual se constituiría en un auxilio adicional para el alto costo que debe solventar la respectiva caja de previsión.
Ahora, he escuchado hablar mil veces de ese gasto. Es casi como la ley del cobre. Cualquier cosa que ocurre en el país se resuelve con el 10 por ciento de esa ley. Asimismo, cuando la Defensa hace una demanda, siempre se responde contestando que posee una previsión espectacular. A mí me gustaría que también se mencionara el desembolso que debe realizar el país en materia previsional por las razones señaladas aquí largamente -porque no se efectuaron las imposiciones en forma oportuna, en fin- y se comparara con el monto que se entrega a la Defensa por el mismo concepto. Sería bueno que un distinguido señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalara cuánto es lo que debe gastar el Instituto de Normalización Previsional para el pago de las pensiones. Debido a que los recursos de las distintas cajas fueron usados en su momento con otros propósitos, el costo que hoy debe enfrentar el país vía INP es diez veces mayor al que corresponde a la Defensa por idéntico fin. Sin embargo, esto nunca se dice y tampoco lo he escuchado algún día como argumento. Y al señor Senador que está moviendo su cabeza lo invito a ver la cifra, que reitero: diez veces el gasto en Defensa.
Por lo tanto, cuando se habla de previsión y de querer aumentarla, estoy de acuerdo. Porque la previsión es una de las cosas que debemos mejorar en el país.
Entonces, demos como argumento base el de que en este momento la previsión es mala, deficitaria, lamentable. ¡Y cuesta diez veces más que la de la Defensa Nacional! Partamos de ahí si estamos dispuestos a mejorarla, a lo cual yo adhiero.
Otro punto que quiero plantear respecto de la asignación especial de recursos para la Defensa, dice relación al costo permanente que la previsión ha significado para esas Instituciones.
Cuando asumió su mandato el Presidente Lagos, tenía el compromiso de terminar con un descuento que se hacía a los pensionados para los efectos de su propia previsión. Lo cumplió: eliminó ese descuento a todos los pensionados de la Administración Pública, menos a los de la Defensa Nacional. Se aduce que estos últimos son especiales. Y siguen aportando 6,5 por ciento de sus pensiones para el financiamiento de éstas. Es el único sector en Chile que sigue con este condicionante.
¡Hasta cuándo hacemos estas diferencias¿!
Tenemos claro que se encuentran en estudio algunos proyectos a través de los cuales en el futuro se podrían corregir ciertas distorsiones en el ámbito de la Defensa. Y en ello están convergiendo los distintos sectores.
Aquí se plantea como el argumento non plus ultra -final, que cierra el debate- que tales modificaciones cuentan con el apoyo y el conocimiento de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
¡Si esas enmiendas legales deben aprobarse con el apoyo y el conocimiento del sector pasivo, no de los Comandantes en Jefe de las Instituciones castrenses¿! Ellos tienen su presupuesto y sus recursos de operación.
Esto va por otro riel. Y los propios Senadores de la Concertación están incluyendo en el gasto de Defensa el costo de la previsión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no incorporan el de la del INP en los gastos operacionales de otros Ministerios. Este costo lo asume la Cartera del Trabajo sola.
¡Hasta cuándo se discrimina, incluso en eso, a las Fuerzas Armadas!
La Policía de Investigaciones necesita una ley; pero una que cuente con los financiamientos que corresponden a personas que deben operar con la dignidad inherente a la función que desempeñan.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona, para contestar, por haber sido aludido en el plano personal.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, lamento tener que intervenir de nuevo. Lo hago para expresar que las críticas que formulé fueron de carácter político. Y usé la palabra "demagogia" porque ésta constituye un problema político; el populismo, también.
Puedo estar equivocado o no. Es mi punto de vista y lo expongo con el rigor que me dan mis 51 años de edad y el estar en la vida política desde los 13.
Nunca he violado los derechos humanos de nadie. Nunca he perseguido a nadie. Nunca he realizado actos ilegítimos o ilícitos en política. He procedido en forma completamente transparente en los casi 40 años que llevo en la vida pública.
Lo que sí hago son críticas políticas. Y la demagogia -reitero- es un problema político.
Muchos consideran que la demagogia es un verdadero cáncer de la democracia. Y el populismo, respecto del cual se han escrito largos tratados, es el problema más grave del proceso de consolidación de la democracia, no sólo en Chile, sino también en el resto de América Latina.
Me he referido, en consecuencia, a temas y hechos políticos, independiente de que ello no les haya gustado a algunos o de que se sintieran aludidos.
El señor PROKURICA.-
¡Mire para el lado¿!
El señor ESCALONA.-
Pero jamás he intentado una descalificación personal de nadie.
Lo que quiero decir, señor Presidente, es que yo respeto a todas las personas, incluida la que me descalificó hace algunos momentos.
Eso me lo enseñó mi padre: un trabajador, un modesto panadero que me educó en el respeto hacia la gente. Pero no acepto las descalificaciones de nadie.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a proceder a la votación.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Electrónica?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No: nominal.
El señor LARRAÍN.-
¿Qué se votará, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a votar la indicación para suprimir, en el artículo 103º bis, nuevo, las palabras "no imponible".
El señor PROKURICA.-
¡No es una indicación¿!
El señor LONGUEIRA.-
Se pidió votarlas en forma separada. No fue una indicación, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, se votará la propuesta¿
El señor LONGUEIRA.-
Conforme: la propuesta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿ para eliminar, en el precepto señalado, la expresión "no imponible".
El señor LONGUEIRA.-
Entonces, ¿a lo mejor la Mesa va a revisar la posición que ha sustentado al respecto? ¿O la mantiene?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Con respecto a qué?
El señor LONGUEIRA.-
¡Es que no se trata de una indicación, señor Presidente¿!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el hecho es una indicación. Para qué tanta retórica. No vamos a discutir si lo es o no.
El señor LARRAÍN.-
No lo discutiremos, señor Presidente.
¿Qué se va votará?
El señor NOVOA.-
¿En qué consiste la votación?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a votar la supresión de las palabras "no imponible" del texto del artículo 103º bis, nuevo, acordado por la Comisión de Hacienda.
Votar "sí" implica eliminarlas; y "no", mantenerlas.
En cuanto a la pregunta del Honorable señor Longueira, debo manifestar que no he cambiado de posición. Lo señalé ayer: que quede en la historia de la ley que yo declaré inadmisible la solicitud de votar separadamente dichos términos.
En votación nominal.
--(Durante la votación).
El señor LARRAÍN.-
En defensa de los derechos de los funcionarios públicos, voto que sí.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Por las circunstancias especiales de este caso, voto que no.
El señor LONGUEIRA.-
¡Cuando llegue lo atinente al Código del Trabajo debe existir coherencia!
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la supresión (16 votos contra 14).
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Ávila, Bianchi, Escalona, Flores, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ruiz-Esquide y Sabag.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Cantero, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En consecuencia, se aprueba el artículo 103º bis, nuevo, propuesto por la Comisión de Hacienda, queda aprobado el proyecto en particular y terminada su discusión en este trámite.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO SANITARIO RESPECTO DE RECETA MÉDICA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificación del Código Sanitario respecto de la receta médica, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3915-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 9 de noviembre de 2005.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 15ª, en 10 de mayo de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal de la iniciativa, en los términos en que fue despachada por la Honorable Cámara de Diputados, es perfeccionar los requisitos que deben cumplir las recetas médicas para entregar la necesaria seguridad sanitaria en que se basa la Política Nacional de Medicamentos y, asimismo, sancionar la falsificación y el uso indebido o malicioso de ellas.
La Comisión de Salud rechazó la idea de legislar sobre esta materia por 3 votos en contra (Senadores señora Matthei y señores Girardi y Kuschel), 1 a favor (Honorable señor Ruiz-Esquide) y una abstención (Senador señor Ominami).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, en la Comisión hubo coincidencia en que es necesario preocuparse del problema de la receta médica, para evitar, entre otras cosas, que algunos facultativos prescriban determinados medicamentos sencillamente porque después reciben cierto tipo de regalos o de promociones por parte de los laboratorios.
Existió coincidencia, por ejemplo, en que es indispensable establecer la prohibición absoluta de fotocopiar las recetas que extienden los médicos, por ser la vía mediante la cual los laboratorios pueden controlar quiénes prescriben determinada clase de medicamentos.
Prácticamente por unanimidad, nos pareció que el proyecto despachado por la Cámara de Diputados, donde se originó, si bien tenía buenas intenciones, no agregaba nada a lo existente en el Código Sanitario y a lo que hoy constituye práctica habitual.
Así, hubo tres votos por rechazar la idea de legislar, uno por aprobarla y una abstención, básicamente por considerarse que no se aportaba nada nuevo, e inclusive, que su contenido no era materia de ley.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, la discusión habida en la Comisión discurrió fundamentalmente acerca de si valía la pena hacer un agregado menor en relación con los medicamentos y de si en definitiva no se trataba de algo exageradamente pequeño como para dictar una nueva ley.
Nadie discutió la esencia de lo que debe exigirse para los efectos de la receta. Y es lo que hemos dicho a lo largo de sucesivas sesiones del Senado, casi desde el año 1990 en adelante, en orden, primero, a que la receta es un instrumento absolutamente privado entre médico y paciente; segundo, a que, tocante a la ratificación de la obligatoriedad de sigilo respecto de la receta, tuvimos que presentar un proyecto que, al final, se subsumió en otro, patrocinado por distintos señores Senadores, acerca de la privacidad de los actos públicos; y tercero, a que efectivamente la receta ha sido aprovechada en muchas oportunidades por ciertos laboratorios para seguir la secuencia de las ventas, con lo cual se pierde la privacidad, que, como dije, es esencial.
Todos concordamos en que eso debe ser señalado, precisado y ratificado cuantas veces sea necesario, sin caer por ello en una reiteración torpe. Pero la verdad es que el tema es tan serio que actualmente, con toda la comunicación que hay en el mercado -de los bancos, de las sociedades, etcétera-, la receta médica termina siendo un mecanismo por el cual otras instituciones pueden limitar los derechos de las personas. Porque hoy día es un hecho que a quienes manejan los bancos o las instituciones financieras -incluso las isapres o las AFP (y hasta sectores del Estado) podrían llegar a lo mismo- les resulta factible concluir cómo está determinada persona y, por consiguiente, si se le puede prestar o no cierta cantidad de recursos. También, por la vía de la receta es posible saber si alguien sufre o no alguna de las enfermedades más graves que se presentan en la actualidad.
Por lo tanto, si bien esto podría entenderse como una reserva, un apoyo o un paso menor, el hecho de que reiteradamente se señale que sólo profesionales de determinada condición pueden extender una receta nos parece por completo pertinente.
Hay dos maneras de enfrentar el problema: con un tratamiento de largo plazo, de la manera más amplia posible, o mediante fórmulas relativamente pequeñas, pero conducentes al bien común.
En tal sentido, señor Presidente, respaldé el proyecto en la Comisión de Salud, donde, como informó el señor Secretario, hubo una abstención, tres votos en contra y uno, modesto, a favor.
En tal virtud, votaré que sí. Y pido a los Honorables colegas que me apoyen en esta posición. Por poco que se apruebe y se avance en este punto, es suficiente, salvo que fuera necesario hacer una modificación muy profunda al Código Sanitario, que probablemente deberíamos discutir durante largo tiempo. Porque la receta tiene que ver con el derecho de las personas; con el derecho único y exclusivo de los profesionales de la salud; con la forma como se está utilizando el mecanismo de producción, venta y uso de los medicamentos, que es francamente un tremendo negocio; y, también, con la manera en que uno visualiza la salud.
Podemos hablar mucho sobre el particular, señor Presidente. Sin embargo, no es del caso hacerlo; no me interesa discutir más allá. Pero, sí, voy a votar a favor de la iniciativa, porque -reitero- pasos cortos a veces permiten hacer mejor las cosas.
Otros Senadores justificaron que no valía la pena dictar una nueva ley. Pero, cuando hay una permanente trasgresión de las normas -y a veces de las éticas-, colocar en debate este proyecto y aprobarlo sería un avance en la materia que estamos tratando.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, creo que el problema es más general: necesitamos una nueva política en materia de medicamentos.
Se hizo una reforma en salud, pero ella no tocó un aspecto fundamental: el acceso de las personas, no a todo lo que tiene que ver con salud, pero sí a una parte importante del proceso de enfrentamiento de la enfermedad, que se relaciona con la política de medicamentos.
Es un tema pendiente. Y sería bueno que un proyecto como éste se discutiera en el ámbito y en el contexto de una reflexión mayor.
Como manifestó el Honorable señor Ruiz-Esquide, esta iniciativa tiene dos elementos que constituyen un avance. Primero, dispone que las recetas médicas deben emanar de la autoridad sanitaria y ser autorizadas por ésta. ¿Por qué? Porque, sin duda, hay falsificación de ellas y se cometen fraudes.
Y hay un segundo aspecto, que también es positivo: el establecimiento de una sanción penal para la adulteración y falsificación de tales instrumentos. Al respecto, debemos considerar que parte del tráfico de drogas, del abuso de ellas, muchas veces tiene lugar al amparo de recetas médicas.
A mi juicio, hemos de hacer un debate mayor. Debemos abordar las situaciones relacionadas con los puntos de venta. En Chile hay integración vertical entre laboratorios y farmacias. Muchas de éstas tienen incentivos para expender determinados medicamentos y no otros. Hay pagos, comisiones, para que vendan ciertos productos y no otros. No siempre se actúa en función de proteger al consumidor, al paciente, instándolo a comprar remedios de menor precio.
Y tenemos un problema adicional, que se señaló aquí: muchas veces se entrega para usos comerciales la información médica, que debería ser confidencial. A nosotros nos corresponde regular esta materia.
Yo soy partidario de una discusión mayor, y así lo manifesté en la Comisión. Sin embargo, me voy a abstener, pues no quiero votar en contra de una iniciativa que, si bien significa algunos avances, no tiene todo lo necesario. Pero si en el Senado hay disposición a discutir la materia, a lo mejor se podría usar el texto que despachó la Cámara de Diputados, para perfeccionarlo y enriquecerlo, ya que, a mi juicio, falta algo fundamental: un debate mayor, de país, respecto de la política de medicamentos.
Señor Presidente, me voy a abstener, por las razones que señalé.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general.
Como el informe de la Comisión es negativo, pronunciarse a favor significa rechazar la idea de legislar. Por lo tanto, quien desee apoyar la posición del Honorable señor Ruiz-Esquide debe votar contra el informe.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la idea de legislar (13 votos contra 12 y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Cantero, García, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, Flores, Frei (don Eduardo), Gómez, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Ruiz-Esquide y Sabag.
Se abstuvo el señor Girardi.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Como el proyecto fue rechazado en general, debe ir a Comisión Mixta.
Si le parece a la Sala, se nombrará a los miembros de la Comisión de Salud para que integren dicho órgano.
--Así se acuerda.
El señor LONGUEIRA.-
¿Me permite una consulta, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
¿El proyecto fue rechazado en general?
El señor HOFFMANN (Secretario).- Sí, señor Senador. Por eso va a Comisión Mixta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política. No se trata de la Comisión Mixta habitual.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo suscrito por los Senadores señores Núñez, Escalona, Sabag, Alvear, Ruiz-Esquide, Girardi, entre otros, mediante el cual plantean solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que el satélite que nuestro país se propone adquirir no tenga finalidades militares.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional e informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3974-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 62ª, en 8 de marzo de 2006.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 21ª, en 7 de junio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los objetivos principales de la Convención son promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por último, cabe tener presente que la Comisión propone al señor Presidente discutir la iniciativa en general y particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Entiendo que el señor Presidente de la Comisión va a informar el proyecto.
Pido la palabra para intervenir después de Su Señoría.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el instrumento multilateral más general e integral dedicado al combate de ese fenómeno.
En efecto, otros instrumentos, tales como la Convención de la OCDE para combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y la Convención Interamericana contra la Corrupción, regulan aspectos específicos. Ellas poseen carácter regional y están destinadas a ser aplicadas en un entorno más limitado que la Convención de que ahora se trata. Ésta aborda el fenómeno de manera omnicomprensiva, constituyéndose así en la primera herramienta normativa global sobre la materia.
El texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue negociado durante siete sesiones del Comité Ad Hoc para la Negociación de la Convención contra la Corrupción, entre el 21 de enero de 2002 y el 1º de octubre de 2003.
El texto que aprobó dicho Comité fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003, mediante la resolución 58/4.
Finalmente, y gracias al ofrecimiento del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, se llevó a efecto en la ciudad de Mérida, los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2003, una conferencia de alto nivel político destinada a la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción por las partes. En su oportunidad, el Gobierno de Chile suscribió dicho instrumento representado por su Ministro de Justicia.
Los principios que inspiran esta Convención son:
-La prevención. El primer paso para enfrentar la corrupción es prevenirla. Todo un capítulo está dedicado a esta materia, donde se contienen medidas destinadas tanto al sector público como al sector privado, y referencias a las interacciones cotidianas en la vida pública.
-La penalización y la aplicación de la ley. La Convención requiere que los países tipifiquen como delito una amplia gama de actos de corrupción, obviamente si éstos no están ya tipificados en el derecho interno. En algunos casos, se establece la obligación jurídica de los Estados en ese sentido; en otros, a fin de tener en cuenta las diferencias en materia de derecho interno, los Estados sólo deben considerar la posibilidad de tipificar determinados actos como delitos.
-Cooperación internacional. Eliminar la corrupción sería prácticamente imposible si no existieran determinadas leyes y prácticas que se aplican sin excepción en países y gobiernos de todo el mundo. Y aquí es donde interviene la Convención.
-Recuperación de activos. La recuperación de activos representa un importante avance en el combate global contra la corrupción, ya que los países convinieron en la recuperación y repatriación a su lugar de origen de los activos decomisados producto de los delitos de corrupción tipificados en este instrumento, lo cual se señala explícitamente como "principio fundamental de esta Convención".
Cabe consignar que la Comisión destacó la relevancia para nuestro país de la Convención en comento. Sin embargo, se señaló que, no obstante que Chile ya tiene algunas normas para combatir la corrupción -por ejemplo, la regulación sobre declaración de intereses-, existen otras áreas, como la información bancaria, que requieren legislación.
Hacemos presente también que la Comisión tuvo en consideración las opiniones de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Organización Transparencia Internacional, que dio su conformidad al Tratado, pues es un efectivo instrumento que sienta las bases para luchar contra la corrupción, pero que, en todo caso, requerirá una legislación posterior que la desarrolle.
Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, la corrupción probablemente será uno de los temas de mayor importancia en este siglo.
La forma como combatirla es un asunto recurrente y transversal, que está cubriendo un amplio espectro de países, en particular los que se hallan en vías de desarrollo, o que se denominan "subdesarrollados", o que se encuentran en etapas intermedias.
Ello no significa que en naciones de mayor desarrollo no existan problemas o signos de corrupción.
Lo importante de la Convención que hoy día analizamos es abrir un debate acerca de este tema. Ya en el siglo pasado -lo voy a decir así-, en 1999, se hizo una primera experiencia a través de una iniciativa legal que todos recordamos.
Hay un esquema de estrategia que sin duda se halla inserto en la Convención, que se denomina "estrategias globales".
Sin embargo, existen otras como las estrategias legales (las leyes que se dictan), o las estrategias de control, que buscan establecer los mecanismos para que las contralorías o las cámaras fiscalizadoras puedan operar con mayor claridad y penetración en una materia tan fundamental como la que nos ocupa. Y también hay estrategias administrativas.
Sin embargo, sólo quiero centrar el análisis en lo relativo a las estrategias globales, ya que básicamente ése es el punto que hoy día se encuentra en discusión.
La adopción de convenciones internacionales contra la corrupción constituye una de las cinco prioridades globales en la lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional.
Esta entidad señala que la forma de mayor efectividad para reconocer la corrupción como un problema que cruza las fronteras y para expresar un alto nivel de compromiso político en resolver esta situación es extender el debate a nivel internacional.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye un mecanismo que sin duda cumple con este objetivo, al establecer un marco de reglas y estándares que promueve la acción doméstica y facilita la cooperación internacional, comprometiendo la voluntad política y los ordenamientos jurídicos nacionales de los países que ratifiquen este instrumento, como Estados preocupados y completamente atentos a lo que está ocurriendo.
La Convención es, por tanto, una de estas cinco prioridades globales. Las cuatro restantes son: la corrupción en la política, la corrupción en la contratación pública, la corrupción en el sector privado y la pobreza y el desarrollo.
La ratificación de este instrumento internacional es sólo un primer paso. Adoptar la Convención implica dar preferencia a la aplicación de dichas medidas e insertarse en la comunidad internacional, a fin de asegurar el cumplimiento de esas normativas y colaborar para que la asistencia técnica, jurídica, y el control de su desarrollo cuenten con el respaldo que Naciones Unidas garantiza.
Por consiguiente, pienso que enfrentar el problema en su conjunto, actuando sobre todos los elementos que influyen en él, tal vez no sea la mejor manera de abordarlo. Esta estrategia global debe dar paso a otro tipo de estrategias, complementarias de ella, como son las de control y las administrativas.
Los grandes problemas no se resuelven con grandes leyes. Desgraciadamente, en Chile hemos seguido esta orientación. La expresión de la ley sobre probidad y transparencia, que se dictó con el mejor de los ánimos, quizás no alcanzó a cubrir los lineamientos que deben ser adoptados a continuación y a los cuales nos referimos cuando hablamos de la modernización de la gestión pública y de la fiscalización centrada en la cámara política por excelencia. Hoy día, a través de la reforma que concede a la Cámara de Diputados mayor poder de fiscalización, tal vez sea factible tener un mejor sistema.
Planteo el reemplazo del control formal por un control finalista y de gestión, y la necesidad de refundar y modernizar la Contraloría General de la República. Porque, sin duda, la fiscalización en la parte administrativa también tiene un sentido fundamental.
Por otra parte, sin transparencia es imposible que la corrupción no se inserte en nuestra sociedad. Por eso el Senado ha dado una muestra elocuente de cómo se debe trabajar, al colocar a disposición del público en forma completa todos los antecedentes relativos a la Corporación. Cabe destacar que el Gobierno, luego de un debate muy amplio llevado a cabo el año pasado, procedió de igual forma, al derogar el decreto Nº 26, con lo que se permitió a la opinión pública el conocimiento de los actos administrativos, en especial, sobre los contratos firmados por cada uno de los Ministerios.
Siento que el desarrollo de códigos de ética; la creación de Ombudsman; la participación de funcionarios y usuarios en la dirección y control de los servicios públicos, y el interés de la denominada "sociedad civil" van a influir positiva y constructivamente en una discusión que recién se inicia.
Éste es un primer paso. Y el debate va a presidir las actividades de los próximos años en la vida pública chilena.
Anuncio mi voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Por unanimidad se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
SOLICITUD DE RECURSOS DE PRESUPUESTOS 2007 PARA FONDO DE DESARROLLO VECINAL MUNICIPAL. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por diversos señores Senadores, cuyo propósito es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que considere en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año próximo, en la Partida Ministerio del Interior, una cantidad de recursos destinada al Fondo de Desarrollo Vecinal de cada Municipalidad del país, con lo cual se daría cumplimiento a lo dispuesto en la Ley sobre Juntas de Vecinos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 861-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 22ª, en 13 de junio de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES PÚBLICOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Diversos señores Senadores presentaron un proyecto de acuerdo consistente en solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que dé inicio al proceso para regularizar en forma definitiva la precaria situación de más del 60 por ciento de los trabajadores del sector público mediante la adopción de las medidas legales y administrativas que correspondan, a fin de otorgarles plenamente sus derechos laborales.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 862-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 22ª, en 13 de junio de 2006.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señores Ávila, Bianchi, Cantero, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Muñoz Aburto, Muñoz Barra y Núñez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará, pero con mi voto en contra.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo, con el voto en contra del Senador señor Frei.
SOLICITUD DE ENVÍO AL PARLAMENTO DE PROYECTO SOBRE "ESTATUTO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE CHILE".
PROYECTO DE ACUERDO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo mediante el cual se propone solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que envíe a tramitación legislativa una iniciativa que establezca un "Estatuto de los Asistentes de la Educación de Chile", el que permitirá al sector no docente contar con una regulación adecuada.
--(Aplausos en tribunas).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 863-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 22ª, en 13 de junio de 2006.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señores Ávila, Bianchi, Cantero, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Muñoz Barra y Núñez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminado el Tiempo de Votaciones.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
A los señores Secretario Ministerial de Salud de la Décima Región, Director de la CONAMA de la Región de Los Lagos, Director del Servicio de Salud de Valdivia y Alcalde de Río Bueno, solicitándoles INFORMACIÓN RELATIVA A VERTEDEROS INDUSTRIALES Y VERTEDERO MUNICIPAL, EN COMUNA DE RÍO BUENO (Décima Región).
Del señor CANTERO:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole pronunciamiento acerca de SOLICITUD DE SEÑOR JULIO NÚÑEZ FARÍAS y de PRESENTACIÓN DE DIRECTORES MUNICIPALES DE CALAMA EN RELACIÓN A ABUSOS COMETIDOS POR ALCALDE; a los señores Presidente Ejecutivo de CODELCO y Gerente General de División CODELCO Norte, referente a CRITERIOS DEFINIDOS RESPECTO DE CIERRE DE INSTALACIONES EN DIVISIÓN CODELCO NORTE, y al señor Alcalde de Vilcún, requiriéndole información sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE PENSIÓN ASISTENCIAL DE ANCIANIDAD PARA SEÑORA AURORA CANTERO ARAVENA (Novena Región).
Del señor HORVATH:
A las señoras Ministra de Vivienda y Urbanismo, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo e Intendenta de la Undécima Región, solicitándoles AMPLIACIÓN DE CUPOS PARA SOLUCIONES HABITACIONALES EN REGIÓN DE AISÉN Y AJUSTE DE GARANTÍAS EXIGIDAS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
Del señor NARANJO:
A la señora Superintendenta de Electricidad y Combustibles, pidiéndole INVESTIGACIÓN ACERCA DE POSIBLE CONCERTACIÓN DE BOMBAS BENCINERAS DE LINARES PARA SUBIR PRECIOS (Séptima Región).
Del señor NÚÑEZ:
A los señores Ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social, solicitándoles DESTINACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE PROGRAMAS FOSAC Y PROEMPLEO, PARA SUPERACIÓN DE CESANTÍA EN COMUNA DE VALLENAR; y a las siguientes personas: Superintendenta de Servicios Sanitarios, Intendenta de la Región de Atacama, Secretario Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Tercera Región, Directora del Servicio de Salud de Atacama, Gerente General de la División Salvador de CODELCO y Presidente del Directorio de Aguas Chañar S.A., requiriéndoles DIVERSOS ANTECEDENTES RELATIVOS A DERRAME DE ÁCIDO SULFÚRICO EN COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (ambos de la Tercera Región).
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--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Demócrata Cristiano, Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata), Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional e Independiente y Socialista, ningún señor Senador interviene.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción