REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 16ª, en martes 16 de mayo de 2006
Ordinaria
(De 16:21 a 19:30)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores, Secretaria General de la Presidencia, de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, y el señor Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 13ª, ordinaria, en 9 de mayo; 14ª, especial, y 15ª, ordinaria, ambas en 10 de mayo, todas del año en curso, se encuentran en secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, Girardi y Letelier, sobre concesión de libertad condicional a condenados por conductas terroristas y otros delitos, en causas relacionadas con reivindicaciones violentas de derechos consagrados en la ley N° 19.253 (boletín N° 4.188-07).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", en relación con los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios (boletín Nº 2.943-13), y
2) Proyecto, en primer trámite constitucional, relativo a modificación del plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil (boletín N° 4.197-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el cuarto retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre modificación de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha dado su aprobación a la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que obliga a los bancos a repartir dividendos en casos que indica (boletín N° 3.894-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el segundo comunica que ha prestado su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto, iniciado en moción del Senador señor Horvath y del entonces Senador señor Ruiz (don José), sobre modificación de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con la finalidad de prohibir o regular, en su caso, la importación o cultivo de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas (boletín Nº 2.753-03)..
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que emite su parecer respecto del proyecto, en primer trámite constitucional, referente a modificación del plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil (boletín N° 4.197-07)
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, mediante el cual, con relación a un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado, informa que ha sido acogido a tramitación, y que se ha decretado remitir copia del mismo y de dicha resolución al Senado, a fin de que en el plazo de diez días presente sus observaciones y acompañe los antecedentes que estime pertinentes.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que se agreguen a los previamente remitidos en consulta por la Sala.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el que señala que, en sesión del Tribunal Pleno, al tomar conocimiento del Rol N° 1.291-2006, relativa a la solicitud de informe que se hiciera llegar por parte del Senado al Juzgado de Familia de Pudahuel, acordó dar respuesta al referido oficio comunicando que el conducto regular para requerir este tipo de información es la Excelentísima Corte Suprema, en atención a que constitucionalmente le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación.
Del señor Contralor General de la República, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre investigación de diversas irregularidades administrativas en la Municipalidad de Victoria, relacionadas con la ejecución del Proyecto Reparación de la Sede Comunitaria de la Junta de Vecinos N° 17, René Schneider.
De la señora Contralora General de la República, subrogante, por medio del que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de investigación de irregularidades en el Centro de Salud de CAPREDENA en Valparaíso.
De la señora Ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, relativo al monto de los gastos por concepto de publicidad y difusión de políticas públicas realizados por la Secretaría de Estado a su cargo, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2005 y 15 de enero de 2006.
De la señora Ministra de Planificación y Cooperación, a través del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Prokurica, sobre los gastos en campañas de publicidad o difusión de políticas públicas efectuados por la Secretaría de Estado a su cargo, entre el 11 de septiembre de 2005 y el 15 de enero de 2006.
Del señor Ministro de Obras Públicas, mediante el cual responde un oficio dirigido en nombre de los Senadores señores Horvath, Cantero, García y Prokurica, en cuanto a los gastos en publicidad efectuados por la Secretaría de Estado a su cargo en 2005, por Regiones, y los recursos comprometidos durante la primera quincena de 2006.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre la forma en que la Secretaría de Estado a su cargo da cumplimiento a la ley N° 19.284, sobre Integración Social de las Personas con Discapacidad.
Tres de la señora Ministra de Bienes Nacionales:
Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la realización de un estudio para considerar la factibilidad de declarar de interés turístico al sector comprendido en la confluencia de los ríos Neff y Baker, en la Región de Aisén.
Con el segundo contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Prokurica, relativo a los gastos en publicidad y difusión de políticas públicas de la Secretaría de Estado a su cargo, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2005 y el 15 de enero de 2006.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la elaboración de estudios para dar protección a los humedales de la cuenca del río Baker.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Bianchi, sobre recursos destinados a programas de empleo en la ciudad de Puerto Natales.
Del señor Subsecretario de Previsión Social, por el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor García, respecto de la aplicación diferenciada del Índice de Precios al Consumidor por parte del Instituto de Normalización Previsional para el cálculo de los reajustes de pensiones de los jubilados y montepiadas.
Del señor Subsecretario de Obras Públicas, con el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Larraín, sobre los antecedentes que explican la caída del puente sobre el río Maule y las sanciones aplicadas a responsables de la caída del puente Loncomilla.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, por intermedio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, con relación a la cobertura del servicio de telefonía e Internet en la comuna de río Hurtado, Cuarta Región.
Del señor Superintendente de Valores y Seguros, por medio del cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, acera del sistema de rentas vitalicias.
Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, sobre solicitud de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. para atender en horario especial y en días inhábiles.
Del señor Director del Fondo Nacional de Salud, por el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, relativo a los gastos del Servicio a su cargo como resultado de accidentes de tránsito.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre el funcionamiento de hogares que reciben subvención del Servicio a su cargo.
De la señora Intendenta de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, respecto del subsidio a la contratación de mano de obra en las zonas extremas del país y la posibilidad de prorrogar dicho beneficio.
Del señor Secretario General del Ejército, mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, tocante a traspaso de terrenos del fundo Chumay para construcción de viviendas sociales en la ciudad de Traiguén.
Dos del señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Región de La Araucanía:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre obras adicionales a la Ruta 5 Sur, en el tramo de la concesión Collipulli-Temuco.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, respecto de desmalezamiento y limpieza de sitio eriazo que indica, en la ciudad de Victoria.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, por el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a su Resolución N° 3.982, que obliga a CODELCO Chile División CODELCO Norte, a exigir Programas de Salud Ocupacional de sus empresas contratistas.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Transportes de Antofagasta, por medio del cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Cantero, sobre carencias del servicio de locomoción colectiva en la Población Independencia Norte, de la ciudad de Antofagasta.
Del señor Fiscal Regional del Ministerio Público de Valparaíso, con el que responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Espina y Romero, referente a delitos de robo cometidos en la Región durante el año 2005.
De la señora Directora de CHILEDEPORTES de la Región del Maule, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, concerniente a la inversión de los recursos en la zona, los criterios utilizados para su asignación y la forma en que ellos se entregan.
Del señor Director de Vialidad, subrogante, de la Región de La Araucanía, con el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, sobre mejoramiento del camino vecinal de la Reducción Lorenzo Necul, en la comuna de Perquenco.
Del General de Carabineros Jefe de la Novena Zona Araucanía, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, respecto a presencia policial en el sector de la pasarela "Zafira", de la comuna de Perquenco.
Del señor Director suplente del Servicio de Salud Araucanía Sur, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor García sobre el trámite de la autorización que debe dar el Servicio a su cargo para la reposición y traslado de la Posta Camagüey a Pocoyán, en la comuna de Toltén.
Del Juzgado de Familia de San Bernardo, con el cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, relativo al trámite de causas ingresadas al tribunal entre el 1 de octubre de 2005 y 31 de marzo de 2006.
Del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, por intermedio del que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, sobre el trámite de causas ingresadas al tribunal entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
Del señor Prefecto de Carabineros de Linares, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de reposición de vehículo policial para el Retén Copihue, en la comuna de Retiro.
Del señor Administrador del 4° Juzgado de Familia de Santiago, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, acerca del trámite de causas ingresadas al tribunal entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre políticas de fomento y resguardo de la actividad circense nacional (boletín Nº 2.579-06).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual recaba el acuerdo del Senado para prorrogar la autorización concedida para la salida de tropas del territorio nacional, a fin de continuar participando en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití por un nuevo período de seis meses, con la urgencia establecida en el número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín Nº S 852-05).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 2.943-13).
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de nuevos escalafones en las Plantas de la Policía de Investigaciones de Chile, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 4.001-02).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Horvath, Bianchi, Girardi, Kuschel y Navarro, con la que inician un proyecto de ley sobre protección de glaciares (boletín N° 4.205-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Proyectos de acuerdo
De diversos señores Senadores, mediante el cual proponen solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que considere la adquisición de un nuevo buque de investigación científica para reemplazar al "Vidal Gormaz" (boletín N° S 856-12).
De diversos señores Senadores, con el cual proponen solicitar al señor Ministro del Interior que instruya al delegado de esa Secretaría de Estado en la ex Colonia Dignidad, a fin de acordar con sus colonos la construcción, en terrenos de la Villa Baviera, de un memorial en recuerdo de las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas en ese lugar (boletín N° S 857-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que informa su parecer respecto de los diversos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que el Excelentísimo Tribunal Constitucional ha puesto en conocimiento de la Corporación, haciendo presente que, por ahora, procede acusar recibo de los antecedentes y resolver el rol que pueda corresponder al Senado cuando se estudie en particular el proyecto que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
--Se acuerda seguir el procedimiento señalado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los Comités, en reunión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.-
Pedir al señor Presidente del Senado que proponga a los siguientes Senadores como integrantes de las Comisiones que se indican:
Comisión de Ética: Honorables señora Alvear y señores Novoa, Ominami, Prokurica y Flores.
Comisión Revisora de Cuentas: Honorables señora Matthei y señores Kuschel, Sabag, Muñoz Aburto y Vásquez.
Comisión Especial Mixta de Presupuestos: Honorables señora Matthei y señores Orpis, Naranjo, Vásquez, Horvath, Pizarro, Muñoz Barra y Kuschel. Esta Comisión será integrada además, como corresponde reglamentariamente, por los miembros de la Comisión de Hacienda, Senadores señores Ominami, Sabag, Escalona, Novoa y García.
--Se aprueban.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
2.- Tratar, en el primer lugar de la tabla de hoy, como si fuera de Fácil Despacho y sin debate, el proyecto signado con el número 4, es decir, que amplía el plazo para reclamar por el avalúo de bienes raíces no agrícolas.
3.-
Tratar y despachar mañana el proyecto sobre subcontratación -citando a sesión especial de la Corporación a las 20 horas, si fuere necesario-, suprimiéndose, en todo caso, la hora de Incidentes de la sesión ordinaria.
4.- Enviar el proyecto sobre fondo de innovación para la competitividad, primero a una Comisión especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; y luego a Comisiones de Educación y de Minería, unidas.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero hacer una consulta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, según escuché se habría suspendido la hora de Incidentes para tratar el proyecto sobre subcontratación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La hora de Incidentes de la sesión ordinaria de mañana, señor Senador.
El señor ESPINA.-
¿Y es un acuerdo unánime?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
¿Y eso obliga a la Sala?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, por tratarse de un acuerdo unánime de los Comités.
El señor HORVATH.-
En todo caso, señor Presidente, la suspensión de la hora de Incidentes no impide despachar los oficios reglamentarios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Evidentemente, señor Senador.
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR AVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Chadwick, Longueira, Novoa y Pérez Varela, que amplia el plazo para reclamar por el avalúo de bienes raíces no agrícolas, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4134-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Chadwick, Coloma, Longueira, Novoa y Pérez Varela).
En primer trámite, sesión 5ª, en 5 de abril de 2006.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 15ª, en 10 de mayo de 2006
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Su objetivo es ampliar, para el actual proceso de reavalúo, el plazo contemplado en el artículo 149 del Código Tributario, que establece el procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces.
La Comisión de Hacienda discutió en general y particular la iniciativa por ser de artículo único, y propone al señor Presidente que la Sala adopte igual criterio.
El mencionado órgano técnico la aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Escalona, García, Novoa, Ominami y Sabag.
Y consigna su texto en la parte pertinente del informe, donde se establece que el plazo de reclamación de los avalúos de bienes raíces no agrícolas se extenderá hasta el 30 de junio del presente año.
Debo recordar a la Sala que los Comités acordaron tratar este proyecto sin debate.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (25 votos afirmativos), y queda despachado en este trámite.
Votaron los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Matthei, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Romero, Sabag y Vásquez.
POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA
DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el plazo de entrada en vigencia de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Juvenil, con urgencia calificada de "discusión inmediata" e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4197-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 13ª, en 9 de mayo de 2006.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 15ª, en 10 de mayo de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal de la iniciativa es prorrogar, hasta junio de 2007, la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Se propone, además, agregar a dicho cuerpo legal un nuevo artículo transitorio con el propósito de instituir una Comisión de expertos encargada de evaluar su puesta en práctica. Ésta deberá informar trimestralmente acerca del estado de avance de la normativa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión de Constitución discutió en general y particular el proyecto por ser de artículo único y le dio su aprobación en los mismos términos por tres votos a favor (Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz Aburto) y dos abstenciones (Honorables señores Chadwick y Espina).
El texto correspondiente se consigna en la parte pertinente del informe.
Finalmente, cabe señalar que la Excelentísima Corte Suprema, consultada acerca del tenor de la iniciativa, informó que no ve inconveniente en su aprobación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Pido autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Edgardo Riveros Marín.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Atendido que el Ministro de Hacienda asistió a la Comisión de Agricultura, no tengo impedimento alguno para que entren los Subsecretarios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Gracias, señor Senador.
--Se accede a lo solicitado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, la Comisión analizó esta iniciativa presentada por el Ejecutivo cuyo objetivo es extender el plazo para la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084, sobre Responsabilidad Penal Juvenil, lo cual fue solicitado por el Ministerio de Justicia.
El referido órgano legislativo, preocupado por el plazo fijado para la puesta en práctica de la ley, invitó al Ministro de dicha Cartera a fin de examinar las condiciones existentes para su implementación: la infraestructura, los programas de rehabilitación y de educación, los proyectos de construcción de algunos centros semicerrados, las capacitaciones y los medios con que contaban los diversos organismos dependientes de esa Secretaría de Estado, de la Fiscalía Nacional, de la Defensoría Pública y del propio Poder Judicial para que pueda entrar en vigencia la Ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil.
El Ministro de Justicia estudió la situación y observó que había dificultades en tal sentido. Y, en función de eso, el Ejecutivo presentó este proyecto para postergar la entrada en vigor de la referida normativa. Dicho texto fue aprobado en la Comisión por tres votos a favor y dos abstenciones, determinándose, además, que no requiere quórum especial.
Es importante destacar, señor Presidente, que la ley entrará a regir el próximo 8 de junio. Por eso resulta necesario, de acuerdo con los antecedentes recibidos en la Comisión -que fueron escuchados y debatidos por todos los Senadores-, la postergación de su puesta en marcha.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, señores Senadores, el proyecto en estudio tiene por objeto, como se ha señalado, aplazar la aplicación de una normativa muy importante, cual es la nueva Ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil.
No hace falta ahondar en la magnitud de dicha reforma, que viene a dejar atrás el subjetivo y tantas veces criticado procedimiento del discernimiento; que culmina con la impunidad de muchos hechos ilícitos de connotación social, y que implica mecanismos de protección y sanción que velen por una adecuada reinserción y rehabilitación de los menores.
Todo ello se encuentra contenido en la ley Nº 20.084, publicada en diciembre recién pasado y que debía entrar a regir en junio del presente año.
Sin duda, este aplazamiento significa no cumplir con el objetivo original propuesto y, en tal sentido, no es lo que idealmente hubiésemos querido. Sin embargo, me parece que tampoco hay que extremar los argumentos y caer en una crítica pequeña que no valore la trascendencia del cambio que tenemos enfrente y que se endose exclusivamente al Gobierno responsabilidades que, a lo menos, hemos compartido.
No es otro fracaso del Gobierno de Lagos, como algunos han señalado.
El señor CHADWICK.-
¡Es un éxito!
El señor PROKURICA.-
Un éxito atrasado.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Cualquiera que aprecie la magnitud de esa modificación legal y su impacto, tanto para los miles de jóvenes infractores como para la sociedad toda, tendrá que darse cuenta y reconocer que, probablemente, era muy utópico que dicha normativa entrara en vigencia en seis meses. Ello pudo y debió ser advertido no sólo por el Ejecutivo, sino también por los Parlamentarios que la revisamos en sus numerosos trámites.
Tal vez, la necesidad de contar con esta legislación y la presión de la ciudadanía produjeron cierta confusión y apresuramiento. Pero me parece que no corresponde ahondar en ello. La actitud que cabe esperar de actores políticos serios es reiterar la trascendencia de lo que se está haciendo y adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para que la ley sea implementada adecuadamente y a la brevedad posible.
Cuando se acometen grandes obras es factible incurrir en errores y es habitual que tengan lugar ciertos retrasos. Sin embargo, mucho peor es, por no emprenderlas, caer en la inercia, mantener las cosas en la forma en que están, como ocurrió en Chile por tanto tiempo.
¿Quién se atrevería hoy, por ejemplo, a cuestionar el retraso que experimentó la aplicación de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, frente a la contundencia de contar con un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal que se halla en vigor en todo el país y para el cual los chilenos debieron esperar más de un siglo?
¿Quién puede cuestionar el retraso que sufrió la tramitación legislativa del Plan AUGE, frente a la realidad de más de un millón de chilenos que se benefician con sus disposiciones?
Como dije, lo ideal en todas esas materias, y también en ésta, hubiera sido cumplir con los plazos. Pero ello no ha sido posible.
Sin embargo, me parece completamente atendible acceder a una prórroga de un año, considerando que ello permitirá la plena aplicación del texto en todos sus alcances, contándose con elementos tan importantes como la nueva infraestructura en centros semicerrados y los programas de rehabilitación en el consumo problemático de drogas.
Por esas razones, votaré a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, éste debe ser uno de los casos más emblemáticos de la actuación negligente, y diría de negligencia inexcusable, por parte de los funcionarios del Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.
El proyecto que dio origen a esta ley se inició el 6 de agosto de 2002. Tres años y ocho meses después fue despachado por el Parlamento.
Me imagino que las autoridades de Gobierno, cuando presentaron la iniciativa, ya tenían previstos los medios materiales y humanos que se requerían para su puesta en marcha.
En octubre de 2005, al despacharse la iniciativa, los miembros de la Comisión de Constitución de ese entonces (Senadores señores Andrés Zaldívar -actual Ministro del Interior-, Chadwick, Viera-Gallo y quien habla) preguntamos al Ministro de Justicia, señor Luis Bates, a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores y a los representantes del Ministerio de Hacienda si podían garantizar que en el plazo de seis meses previsto para la entrada en vigencia de la ley estarían construidos los recintos cerrados y los recintos semicerrados ¿estos últimos constituyen el corazón de este cuerpo legal-; si se encontrarían preparados y capacitados los delegados para la libertad asistida; si se hallarían elaborados los programas de educación para la reinserción social; si se encontrarían preparadas las normas para capacitar a los jóvenes que fueran detenidos, de manera de hacerlos útiles a la sociedad y de insertarlos en el mundo laboral, y si estarían listos los programas de rehabilitación relativos al consumo de drogas. Y la respuesta unánime del Ministro Bates, de la Directora Nacional del SENAME y de los representantes del Ministerio de Hacienda fue que todo estaba en regla, que no nos preocupáramos.
Y al día siguiente de la promulgación de esta ley por parte del Presidente Lagos, efectuada en un período electoral y con bombos y platillos, el Ministro Bates sostuvo, en declaración de noviembre del año pasado: "Cuando en Junio próximo comience a regir la nueva ley, el Estado habrá invertido 41 mil millones de pesos en recintos para cumplir las sanciones privativas de libertad, 3 mil millones para contratar" a los fiscales, a los jueces, a los miembros del tribunal oral, y "9.600 millones" para cumplir con las normas de rehabilitación y reinserción social de los jóvenes.
Al iniciar sus sesiones el nuevo Senado, pedí al Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Gómez, que invitara al Ministro señor Solís para que se refiriera al avance de cada una de las etapas.
Y las conclusiones, señor Presidente, son lapidarias.
Se señala que estaría concluido un recinto cerrado por Región. En cuanto a los recintos semicerrados -insisto en que constituyen lo más importante de la ley, porque se trata del lugar donde los jóvenes alojarán acompañados de un delegado que los preparará y capacitará para ser útiles a la sociedad-, de los 18 contemplados, sólo cinco se hallan terminados, y la construcción de los restantes finalizará en seis o siete meses, o en un año más.
En efecto, el de Antofagasta quedará terminado en enero de 2007; el de Copiapó, ni siquiera se ha definido el programa arquitectónico; el de La Serena, en enero de 2007; el de Limache, en enero de 2007; el de Concepción, debe determinarse su emplazamiento; es decir, aún no se empieza a construir.
Sin embargo, lo peor es que se está edificando sólo un recinto semicerrado por Región, cuando en aquel entonces la señora Directora Nacional del Sename nos dijo que ya existía uno.
En la Comisión nos preguntamos cómo haría un joven para rehabilitarse si tuviera que ir a dormir a un recinto semicerrado que, a veces, se encuentra a 200 ó 300 kilómetros de distancia del lugar donde él vive.
Y no sólo eso, señor Presidente.
¿Qué ha pasado con los programas de educación?
El artículo 17 de la ley Nº 20.084, cuando se refiere a la internación en régimen cerrado o semicerrado, dice que "considerará necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal.".
¿Qué nos contestan respecto del tema educacional?
Nos responden, lisa y llanamente, que no hay nada de nada.
El SENAME, por su parte, sostiene que no se disponía de los mecanismos que constituyeran respuestas eficaces para la educación -que es un elemento vital-, a fin de que los menores de edad, respecto de los cuales se manifiesta tanta preocupación, puedan reinsertarse socialmente.
Pero no sólo eso.
Todos sabemos que los jóvenes, en un alto porcentaje, caen en la delincuencia porque son adictos a la pasta base o a las drogas, y que rehabilitarlos es un deber de la sociedad. Pero nos dicen que "faltan dispositivos especializados para la atención de consumidores problemáticos y o abusivos de drogas en la mayoría de las regiones del país.". O sea, no existe un programa de rehabilitación.
En cuanto a la capacitación laboral, se señala como gran novedad que el SENCE y el SENAME elaboran "estrategias para favorecer al acceso de los y las adolescentes a la oferta de capacitación existente, mediante un trabajo a nivel local con los Organismos Técnicos Capacitadores.".
De otro lado, se nos informó que la fecha de licitación del programa es noviembre de 2006, pero la ley comienza a regir en junio.
Prácticamente todos los aspectos de la normativa en comento no se cumplen: se ofreció al país una legislación que entraría en vigencia en junio; se comprometió la palabra de honor de las autoridades del Gobierno, en el sentido de que todos los requisitos estaban cumplidos; se dijo que la aplicación de la ley era urgente -y así lo creo- para evitar el círculo vicioso de que los jóvenes, a muy temprana edad ¿como sucede en la actualidad-, perpetren delitos y a los pocos días estén de vuelta en las calles para transformarse en delincuentes habituales.
Por lo tanto, señor Presidente, todas las promesas hechas quedaron en nada. Y hoy nos encontramos con que el nuevo Gobierno se ve obligado a pedir la postergación por un año de la entrada en vigencia de estas normas.
Yo me pregunto:
¿Quién responde durante ese año por esos jóvenes que habrían tenido oportunidad de rehabilitarse, de ser útiles, de capacitarse, de poder contar con educación?
¿Quién responde por los cientos de jóvenes que quedarán en la calle y que carecerán de un proceso de reinserción social por ese lapso?
¿Quién responde por los ciudadanos honestos y honrados de Chile que seguirán siendo víctimas de delitos atroces, muchas veces cometidos por menores de edad que, a los pocos días de ser detenidos, son declarados sin discernimiento por un tribunal, mediante un procedimiento arcaico, sin ninguna medida de protección para ellos, y que luego vuelven a la calle y acaban convirtiéndose en delincuentes habituales?
¿Quién asume la responsabilidad política?
Todos levantan las manos, miran hacia atrás y dicen: "Nadie responde".
Por lo tanto, éste es el caso emblemático de autoridades de un Gobierno que actuaron con negligencia inexcusable, burlaron la fe pública, no cumplieron sus obligaciones, defraudaron al Parlamento y a la ciudadanía. Y, a consecuencia de ello, hoy nos vemos forzados a postergar una ley porque, de echarla a andar en las circunstancias actuales, ocurriría lo mismo que con los tribunales de familia: el colapso del sistema.
Y probablemente lo propio sucederá con los tribunales laborales: un sistema colapsado.
Igual ocurre con los tribunales de cobranza laboral y previsional, que son distintos: se hallan colapsados.
En consecuencia, yo sólo quiero señalar que éste es un fracaso rotundo de un Gobierno que al final de su período fue extraordinariamente bueno para cortar cintas, pero extraordinariamente malo para cumplir las obligaciones que asumió ante el país.
Éste es un grave retroceso en la lucha contra la delincuencia y, sobre todo, en los programas de rehabilitación y reinserción social para jóvenes.
Muy distinto era el caso de la reforma procesal penal, porque, en su época, se echó a andar de manera gradual y porque, sin duda, la gradualidad puede exigir perfeccionamientos.
Sin embargo, en este caso no hay gradualidad. Se dijo al país entero que la reforma entraba a regir en junio de 2006. Pero la realidad es que no sólo tiene que postergarse por seis meses, sino por un año más.
Debe, pues, quedar constancia de que la responsabilidad política de esa negligencia inexcusable corresponde a los Ministros que se comprometieron a poner en marcha la ley y no lo hicieron. Y la responsabilidad política de los hechos que ocurran durante el próximo año en materia de seguridad ciudadana y donde aparezcan involucrados menores también les cabrá a los Gobiernos de la Concertación, porque no cumplieron su compromiso ante el país.
Señor Presidente, me encuentro en la disyuntiva de rechazar la iniciativa en debate o abstenerme. En realidad, uno debería votarla en contra y decir: "¡Que el Gobierno asuma las consecuencias!". Pero, como quienes trabajamos en el proyecto pertinente sabemos que echar a andar el sistema en las circunstancias actuales implica colapsarlo porque no podrá operar, a lo menos yo me voy a abstener, como una clara señal de rechazo a la conducta reprobable de las autoridades de la Administración anterior que prometieron, frente a todos los chilenos, poner en marcha la legislación llamada "gran revolución del sistema procesal penal y regulación de las conductas ilícitas de los menores" y, al cabo de un tiempo, dejaron en evidencia que no se trataba más que de otra promesa incumplida.
Por las razones expuestas, anuncio mi abstención.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, muy bien recordaba el Senador señor Espina que la ley que creó el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil inició su tramitación a mediados del año 2002. Desde ese preciso momento, en distintas instancias, tanto durante el trámite legislativo como en forma pública, permanentemente se les fue planteando a las autoridades del Gobierno anterior que, dada la importancia de la normativa, se debían tomar las medidas necesarias para garantizar y asegurar su adecuada implementación. Porque era una reforma de
gran envergadura
.
Me tocó formular un planteamiento a ese respecto en septiembre de 2004. En esa ocasión, como Senador y miembro de la Comisión de Constitución, expuse públicamente mi preocupación por los problemas de implementación de la futura reforma y por la garantía en cuanto a la existencia de los recursos indispensables para llevarla a cabo. El Subsecretario de Justicia de entonces, don Jaime Arellano, me contestó de manera también pública, aunque con una novedad: me dijo que estaba politizando el tema. ¡Vaya novedad y sorpresa en la respuesta! Y agregó que el primer semestre del 2006 el sistema estaría en pleno funcionamiento.
Con posterioridad, ante nuevas dudas e inquietudes que fuimos manifestando durante la tramitación del proyecto, en agosto de 2005 la Directora del SENAME del Gobierno pasado, doña Delia del Gatto, declaró públicamente que se encontraba por completo asegurada la capacidad para atender la nueva demanda que originaba la iniciativa, con un total de 1.610 plazas en el país. Y agregó algo que suena muy grave al escucharlo hoy: que sólo faltaba un centro en la Región Metropolitana¿
El señor PROKURICA.-
Se confundió: estaba hecho.
El señor CHADWICK.-
Al parecer, la señora Directora se confundió.
A fines de noviembre, cuando el Presidente de la República promulga la ley en el Palacio de la Moneda, le garantiza al país su pronta e inmediata implementación y que todo iba a estar listo en junio del 2006. Y ese mismo día -lo recordaba el Senador señor Espina- el Ministro señor Bates da a conocer pormenorizadamente los recursos comprometidos para que en junio de este año empezara a regir el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil: 41 mil millones de pesos en recintos para cumplir las sanciones privativas de libertad; 3 mil millones para contratar fiscales, jueces, etcétera, y 9 mil 600 millones para el SENAME.
Todo estaba listo, comprometido públicamente, y en junio de 2006 -en pocas semanas más- el país podría ver la implementación de esa gran reforma.
Sin embargo, señor Presidente -y esto me parece también de especial gravedad-, al menos hasta el 11 de marzo último, cuando dejaron de cumplir sus funciones, luego de tres o cuatro meses de promulgada la ley, ni una de las autoridades del Gobierno pasado dijo nada sobre los problemas que se podrían estar viviendo: ni el Ministro Bates, ni el Subsecretario de Justicia, ni la Directora del SENAME, ni el Presidente de la República. ¡No se dijo nada!
¿Y qué ocurrió? Que la Comisión de Constitución del Senado planteó al Ministro de Justicia actual -lo hizo la Honorable señora Alvear- su preocupación por la implementación de la reforma. Nada habían dicho las autoridades pasadas. Y el Ministro señor Solís nos sorprendió al señalarnos con franqueza -porque nunca antes se nos señaló lo que estaba pasando-: "Es imposible implementarla. Se requiere una prórroga de la vigencia de la ley, y por un año más".
Le pregunté al Ministro de Justicia qué estaba ocurriendo, a su entender. Con mucha diplomacia, me expresó: "Deficiente programación".
Yo no tengo compromisos con la Concertación,...
El señor LETELIER.-
¡Algunos¿!
El señor CHADWICK.-
¿y me parece que en este caso no hay que ser diplomático.
¿Deficiente programación? No, señor Ministro. Algo más: total y completa ineptitud.
Más aun, como lo decía el Senador señor Espina: negligencia que no tiene justificación alguna. Porque estamos frente a una reforma de verdad trascendente, que contó siempre con el pleno respaldo de las fuerzas políticas existentes al interior del Congreso; respecto de la cual se hicieron todas las advertencias previas, públicamente y durante el trámite legislativo, en cuanto al financiamiento y a su implementación; en la que se asumió de manera pública todo tipo de compromisos, incluso informando sobre las cifras involucradas y la infraestructura que se estaba construyendo; que se firmó con toda una fanfarria, con bombos y platillos, en La Moneda -obviamente: era el 27 de noviembre, dos semanas antes de la elección presidencial-; acerca de la cual las autoridades del Gobierno pasado guardaron completo silencio con posterioridad a la promulgación de la ley; y en torno de la que, gracias a la inquietud del Senado, se comprobó que
no se había hecho prácticamente
nada.
Algunos ejemplos.
Me referiré primero a la infraestructura necesaria, y específicamente a los centros de reclusión semicerrados, elementos esenciales para el cumplimiento de la pena (el corazón de la reforma está quizá en esos lugares de reclusión). Y, a este respecto, debo corregir al Senador señor Espina, quien habló de 18. Entiendo que Su Señoría se haya equivocado, porque el listado oficial que nos entregó el Ministerio de Justicia dice "18"; pero se saltaron el número 16 (esto es bastante delicado; espero que lo corrijan; supongo que habrá sido un problema de secretaría). Entonces -para que no se vayan a equivocar después-, se trata de sólo 17 centros. De ellos, únicamente 5 están listos: 3 que ya existían y 2 nuevos. De los otros 12, recién se han iniciado las obras en 3. Y de los 9 restantes, sólo hay proyectos. O sea, en más de la mitad de los centros de reclusión semicerrados ni siquiera se habían iniciado las obras cuando faltaban dos a tres semanas para que la ley entrara en ejecución.
En materia de programas para la rehabilitación del consumo de drogas -otro elemento fundamental en el cumplimiento de la penalidad y de la rehabilitación de los jóvenes-, sólo se han implementado 9 programas: menos de 10 por ciento de lo que se dijo que se iba a implementar, no de lo que se necesita. En cinco Regiones no existe ningún programa de esa índole. Y en la mayoría de las Regiones no hay programas de rehabilitación para los consumidores problemáticos o abusivos, precisamente los que tienen problemas de delincuencia motivados por la droga.
Por último, tocante a la capacitación, en materia de monitores para la libertad vigilada asistida no existe prácticamente nada. ¿Programas para la ejecución de cursos laborales? ¡Ninguno! ¿Programas especiales para enseñanza en las escuelas? ¡Nada!
Y todos ésos son elementos esenciales de la reforma. Porque lo que hace ésta es cambiar el sistema tradicional de régimen cerrado por uno totalmente distinto, donde el centro del cumplimiento de la pena dice relación a la rehabilitación de los jóvenes. Pero en el hecho no se ha avanzado nada ni en materia de edificios ni en lo concerniente a capacitación.
Señor Presidente, en un tema de esta naturaleza no se puede argumentar que aquí hay críticas políticas, críticas menores, responsabilidades compartidas. Estamos en presencia de una de las reformas más importantes a nuestro sistema judicial, que contó con el respaldo de todos, que fue objeto de un trabajo muy bueno y que apunta a un elemento hoy día esencial en nuestra sociedad: cómo buscar mayor eficiencia para combatir la delincuencia juvenil -que en los últimos cinco años se ha triplicado-, pero, al mismo tiempo, cómo establecer un sistema que considere con dignidad la condición de la persona en relación a su edad y a sus circunstancias sociales, poniendo especial énfasis, no en un sistema estrictamente sancionatorio, sino en un sistema de justicia dirigido fundamentalmente a la rehabilitación de una vez por todas de los jóvenes y a su posible reinserción social. Y frente a una cuestión de tal envergadura no se pueden permitir ineptitudes como las descritas ni compromisos que no son reales.
Pero hay un hecho aún más grave, señor Presidente: aquí estamos en presencia de una conducta de incumplimiento de la ley a sabiendas. Porque, cuando veo el cronograma que nos entregó el actual Ministerio de Justicia con respecto a la construcción de los centros semicerrados, me resulta imposible concluir que las autoridades del Gobierno anterior hayan pensado o creído que se le podía dar cumplimiento en el plazo de seis meses. ¡Imposible!
Por lo tanto, considero que se dejó de cumplir una ley a sabiendas de que no se podía cumplir. Y eso, para una autoridad, es muy grave.
Tan claro era que no se iba a cumplir la ley y que era imposible ponerla en marcha, que el actual Ministro de Justicia nos propone un proyecto mediante el cual se prorroga la entrada en vigencia de la ley en un año. ¡El doble de los seis meses que planteó la Administración precedente! ¿Por qué? Porque era evidente que se necesitaba un plazo mucho mayor y porque sabían que no iban a poder cumplir.
¿Qué buscaron? ¿Qué pretendieron? ¿Por qué actuaron así? ¿Por qué hasta asumieron compromisos que no eran reales, sino falsos?
La única explicación posible es que sólo importaba la promulgación de la reforma antes de que terminara el Gobierno anterior. No hay otra explicación.
Por eso, señor Presidente, concluyo señalando que no se trata tan sólo de una deficiente programación. Aquí existe una burla al país, porque se comprometieron recursos e iniciativas que no eran verdaderos. Ha habido sobre el particular una ineptitud irritante, pues no se hizo ni lo mínimo. Y existe además un incumplimiento de la ley con plena conciencia, una irregularidad a sabiendas con respecto a las responsabilidades legales.
¿Quiénes se benefician? Los delincuentes. ¿Quiénes se perjudican? Las víctimas de la delincuencia, pero también los jóvenes que están en la situación irregular abordada por la ley, quienes deberán seguir y seguir esperando.
Señor Presidente -lo decía asimismo el Senador señor Espina-, no tengo más alternativa que abstenerme. Porque, sin duda, debe darse la prórroga solicitada, ya que de lo contrario los efectos serán aún más graves, peores. Pero me abstengo para manifestar nuestra protesta frente a esta burla, a esta ineptitud y a este incumplimiento de la ley, e igualmente, para dejar la puerta abierta, si existe la posibilidad institucional, a los fines de acreditar las responsabilidades de las autoridades que no dieron cumplimiento a la ley a sabiendas de que era imposible cumplirla.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SOLÍS (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, habiendo hecho uso de la palabra todos los señores Senadores miembros de la Comisión,¿
La señora ALVEAR.-
Yo, no.
El señor SOLÍS (Ministro de Justicia).-
Perdón, Su Señoría. Me habría encantado escucharla.
La señora ALVEAR.-
En seguida, señor Ministro.
El señor SOLÍS (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, debo hacer presente al Honorable Senado que el Ejecutivo presentó este proyecto fundado en los principios globales de la ley N° 20.084.
En general, en nuestro ordenamiento no existe una definición conceptual ni legal acerca de las finalidades propias de la pena. Ni en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en legislación alguna donde se definan sanciones penales está contemplado el propósito que la sociedad ha tenido en vista en el momento de aplicar una medida de tal naturaleza a quien delinque.
Y ésa es una de las revoluciones de la referida ley, porque en ella sí se encuentran presentes los objetivos de la pena. Ésta es una legislación donde se define la finalidad de la pena como responsabilizadora, readaptadora y reintegradora del menor. Dejamos atrás las viejas teorías retributivas, referidas sólo al castigo, a esta civilizada y moderna forma del "ojo por ojo, diente por diente", para pasar de verdad a la aplicación de una sanción de imposición social, con una finalidad central basada en la rehabilitación. Aquí se funden las viejas teorías responsabilizadoras con las de prevención general y especial del moderno Código Penal.
Por eso, al constatar que no existe la posibilidad de aplicar de manera uniforme, en un solo momento y en todo el país, las medidas alternativas que dispone esta ley a los menores infractores, como una forma de resocializarlos, de responsabilizarlos y de reintegrarlos a la sociedad, el Ejecutivo ha estimado más que necesario, imprescindible, otorgar el plazo de un año para afinar hasta el último detalle la instalación de la reforma y el sistema que va a recibir a los menores.
Ante las palabras vertidas por el Senador señor Chadwick, en cuanto a que fui extremadamente diplomático al definir la actuación de la autoridad como "deficiente programación", deseo manifestar, en nombre del Gobierno, que no se trata sólo de diplomacia. Creemos que efectivamente hubo un error y una mala evaluación. Pero digámoslo con todas sus letras: la norma que hoy estamos modificando es transitoria y no dice relación con los elementos sustantivos de la ley ni altera un componente central del acuerdo político que la generó. Por lo tanto, si las autoridades de ese momento hubieran apreciado la situación debidamente y hubieran planteado al Congreso un plazo mayor a los seis meses, sin duda nadie se habría opuesto a concederlo, si era el indispensable para que las finalidades de la ley efectivamente se cumplieran.
Sin embargo, señor Presidente, ese error no es un fundamento para que este proyecto fracase. Las consecuencias de no aprobarlo son extraordinariamente graves en cualquiera de las dos hipótesis siguientes: una, que entre en funcionamiento un sistema, concebido para rehabilitar, que no está dotado aún para cumplir los objetivos que el Parlamento tuvo en vista al momento de aprobar la ley, y otra, que, si tuviéramos que corregir la norma legal en el futuro y suspendiéramos su aplicación, el vacío de jurisdicción que se generaría respecto de los menores que hoy día se enfrentan a la sanción penal sería tremendo. Por lo tanto, la aprobación de esta iniciativa es absolutamente indispensable.
Por ello, hago presente a los señores Senadores de Oposición, con todo respeto, que las posibilidades no son sólo votar en contra o abstenerse.
Lo que hoy día estamos construyendo entre todos es un sistema de jurisdicción penal para los menores, cuya finalidad es ejercer la prevención general en favor de las víctimas y la especial para rehabilitar a los infractores. Es un objetivo que tiene carácter nacional, que va más allá de las bancadas, más allá de las banderías, y que resulta indispensable, por un lado, para controlar el flagelo de la delincuencia y, por el otro, para recuperar a estos menores.
Señor Presidente, el Ejecutivo solicita respetuosamente al Senado la aprobación del proyecto, calificado con urgencia de "discusión inmediata", como un elemento esencial para terminar de construir, de manera reflexiva y pausada, un sistema de justicia penal responsabilizador de los menores, que de verdad cumpla con todos los objetivos que el Parlamento ha determinado.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, quiero centrarme en el tema de la infraestructura, respecto al cual el Ministro señor Solís informó que el sector justicia, a través de la Subsecretaría de Justicia, ha efectuado inversiones que alcanzan los 38 mil millones de pesos, en orden a garantizar que en todo el país se cuente con centros especiales para adolescentes, que les permitan estar totalmente separados de los adultos.
Restan por gastar, pero están contemplados en el presupuesto del área, unos 3.700 millones de pesos en el diseño y construcción de un centro cerrado de privación de libertad en la Región Metropolitana.
El Secretario de Estado señala que, por primera vez en nuestra historia, se cuenta con un centro cerrado por Región (17 en total), exclusivo para adolescentes del nuevo sistema de justicia penal, y que se está en la fase de diseño de un nuevo centro para la Región Metropolitana, que vendrá a complementar los existentes.
Al mes de junio de 2006, en el país existe un total de 5 centros semicerrados, en las Regiones Primera (Arica e Iquique), Décima (Puerto Montt), Undécima (Coihaique) y Duodécima (Punta Arenas). Ello, sin contar que en enero de 2007 se entregarán, en teoría, 7 centros más, en las Regiones Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Décima (Valdivia) y Metropolitana (Calera de Tango y uno femenino). Los centros de las restantes Regiones se entregarán también durante ese año.
El Ministro de Justicia señaló que el SENAME preparó y capacitó al personal de los centros de administración directa y a los programas en medio libre, en las Nuevas Orientaciones Técnicas, que son el instrumento que contiene los modelos técnicos de intervención psicosocial, según línea programática. A ello hay que sumar que las defensorías públicas llamaron a licitación y los funcionarios del Poder Judicial se capacitaron en la materia, al igual que los fiscales.
En consecuencia, hay organismos y Regiones donde el trabajo ya se ha realizado. Entonces, ¿por qué se castiga a éstas si dieron total cumplimiento a su obligación?
Finalmente, señor Presidente, permítame consultar al Ministro de Justicia lo siguiente: ¿cuáles son los aspectos técnicos tan importantes que han impedido iniciar la vigencia de la ley en forma paulatina en las Regiones que cumplen con los requerimientos para su implementación?
¿Qué va a pasar con la infraestructura ya construida y entregada al SENAME durante el período de prórroga que se está pidiendo para la entrada en vigencia de la ley? ¿Cuáles serán los costos de mantener esos verdaderos "elefantes blancos" en cinco Regiones del país?
¿Esto quiere decir que, después del 8 de junio, los menores infractores de la ley seguirán paseándose libres y sin ser intervenidos por los organismos del Estado, que no han respondido cabalmente a la súplica nacional de sancionar a los menores que cometen delitos?
Estimo que debe buscarse una instancia intermedia para que no se piense que se concede un año sabático a estos menores para que sigan siendo impunes ante la ley, considerando que la actual legislación sólo sanciona livianamente a los mayores de 16 años por delitos de gravedad.
Por lo antes expuesto, opino que la ley debería ponerse en vigencia en las Regiones que cuentan con la infraestructura suficiente y con los organismos competentes debidamente capacitados para que ello ocurra, teniendo como principal base la experiencia de la reforma procesal penal, que se implementó progresivamente por Regiones.
En consecuencia, sólo me queda anunciar mi abstención y esperar que, en lo posible, dentro del año de postergación que se ha solicitado se dé cumplimiento de verdad al compromiso asumido.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, durante los Gobiernos de la Concertación se han llevado adelante los procesos de modernización al sistema de administración de justicia más importantes de los últimos cien años. De hecho, actualmente funciona en todo el país el nuevo sistema procesal penal, que ha significado un cambio radical desde una justicia inquisitiva a una acusatoria, transparente, con procesos públicos, donde quienes son víctimas tienen la posibilidad de contar con un fiscal que los represente en nombre del Estado, y en que existen defensores públicos eficientes.
Todo ello partió en la época en que el señor Presidente del Senado era el Primer Mandatario, y se logró concretar gradualmente, como se estipuló, durante el período del Presidente Lagos.
Quiero señalar que las miradas en torno a las obras de Gobierno deben ser hechas en su globalidad. Nunca antes se habían llevado adelante procesos de reformas tan sustantivos en diversos ámbitos.
Qué duda cabe acerca de que la modificación al sistema sobre responsabilidad penal juvenil es una tremenda necesidad, por cuanto la ley permite -¡ojo!- no que los adolescentes queden libres, como afirmó un señor Senador, sino que, por el contrario, se establezca como única sanción la pena privativa de libertad, lo cual es extraordinariamente complejo, a mi juicio, porque en muchos casos se trata sólo de primerizos.
Hecha esta afirmación, señor Presidente, me parece sumamente responsable de nuestra parte haber analizado la situación, a la luz de los antecedentes existentes hoy día, con el objeto de buscar la mejor forma para que la iniciativa pueda ser concretada de manera eficiente en el país.
No me cabe la menor duda de que la decisión -que el Senado debe tomar- de aplazar esta reforma en un año es inteligente, porque nos va a permitir aplicar una ley novedosa. Dicho sea de paso, yo no participé en esa discusión; si no, habría tenido tremendos reparos en que la responsabilidad penal partiera a los 14 años. Y hasta el día de hoy los tengo. Con mayor razón, entonces, debemos preocuparnos por que su implementación sea la adecuada.
También quiero agregar -porque aquí se trata de responsabilidades comunes- que el proyecto original del mensaje era distinto del que aprobó el Senado y, finalmente, el Congreso Nacional, lo cual es atendible, pues éste debe legislar a la luz de lo que el Ejecutivo propone, agregando lo que estime pertinente. Sin perjuicio de ello, modificaciones acordadas especialmente en el Senado, a mi juicio, introdujeron efectos preocupantes en la ley.
En primer lugar, se estableció que la privación de libertad no es una medida de último recurso. Se permite su utilización en muchas infracciones distintas, no todas ellas de gravedad. Ello me parece alarmante, y fue agregado en esta Corporación.
En la iniciativa del Ejecutivo, las sanciones en el medio libre eran la regla general, reservándose la privación de libertad para todos aquellos delitos que la propia normativa calificaba taxativamente de graves. Es más, incluso en dicha hipótesis, el proyecto original del Gobierno otorgaba al juez, cumpliendo ciertos requisitos, la posibilidad de sustituir la sanción por otra menos gravosa, e incluso revocarla cuando ello fuera más adecuado para la integración social del infractor. Estas últimas facultades judiciales fueron severamente limitadas en el Senado.
Cabe preguntarse si extender y aumentar la privación de libertad es una solución que previene de manera eficaz y sostenida en el tiempo la comisión de delitos o, por el contrario, perturba -como yo creo- seriamente la reintegración social del adolescente y provoca un daño irreparable en el desarrollo de su persona. Además, todos conocemos los efectos criminológicos que genera el encarcelamiento para todas las personas y, con mayor razón, para los adolescentes.
La ley despachada por el Senado no establece un sistema de sanciones autónomo distinto del de adultos, como sí lo hacía el proyecto del Ejecutivo. De manera tal que se ha creado un método híbrido en el que las sanciones de los jóvenes se fijan con relación a las que el Código Penal contempla para los adultos, rebajadas en un grado del mínimo previsto.
Por otra parte, falta un sistema diferenciado para sancionar a los jóvenes de 14 y 15 años, y los de 16 y 17 años. Tal materia sólo se trata de manera distinta para los efectos de la privación de libertad, única y exclusivamente para ese caso.
También se han restringido en exceso dos elementos que originalmente contemplaba la iniciativa del Gobierno: la mediación y los acuerdos reparatorios. En general, el sistema de justicia restaurativa está ausente en esta ley.
Por ende, señor Presidente, me parece muy importante que el proyecto se analice en su contexto global. Y no estoy eludiendo las afirmaciones realizadas en torno a algunos retrasos, que sí los hay.
Pero también debo decir, con mucha franqueza, que no es efectivo que no se haya hecho absolutamente nada.
Existen 17 centros cerrados listos, pero algunos semicerrados están atrasados en su construcción, lo que es preocupante, porque todos queremos que los jóvenes que infringen la ley por primera vez vayan a un recinto de este tipo.
Es probable que se haya pensado en su momento en el Servicio Nacional de Menores como medida transitoria -no estoy diciendo que fue así, pero pudo haberlo sido- para recluir a esos muchachos en los centros de la red de servicios de ese organismo.
Por otra parte, señor Presidente, no es dable sostener que nada se ha efectuado en cuanto al tratamiento de rehabilitación contra el consumo problemático de drogas. De hecho, durante este año se ejecutarán, en varias Regiones, nueve proyectos (siete financiados por el SENAME y dos, por el CONACE), con una cobertura de 460 plazas y un costo superior a 471 millones de pesos.
En relación con el SENCE y las posibilidades de trabajo de los jóvenes, desde junio de 2000 opera un convenio de colaboración que implica el traspaso de fondos al SENAME para la ejecución de cursos de capacitación laboral al interior de los centros privativos de libertad, de acuerdo con los requisitos establecidos (mínimo ocho jóvenes con permanencia superior a un mes, de 16 años y más). Contempla, además, recursos para becas individuales, en todas las Regiones, a jóvenes de programas de intervención ambulatoria. La distribución de aquéllas opera conforme a criterios de cobertura poblacional, territorial, edad y oferta.
Con esto, dejo establecido que no es efectiva la afirmación de que aquí no se ha hecho absolutamente nada. Y lo digo con mucha claridad: en primer lugar, durante la discusión de esa iniciativa -yo sé que el Ejecutivo es colegislador con el Legislativo, pero para aprobar los proyectos se requiere acuerdos-, varios de los consensos alcanzados, a mi juicio, desdibujaron muchos de los objetivos que el Gobierno contempló en el texto original.
En segundo término -y espero que todos los señores Senadores lo escuchen-, existen tremendas -¡tremendas!- dificultades para construir centros semicerrados. Pienso que ninguno de ellos se edificó sin que el alcalde de la zona, la comunidad o, incluso, Parlamentarios hayan marchado por las calles manifestando su oposición a esas instalaciones. Ello ha significado un retraso enorme en la construcción de centros para el Servicio Nacional de Menores y de recintos penitenciarios.
De manera que deseo poner en su justa dimensión la situación en la cual nos encontramos.
Señor Presidente, a diferencia de lo que ocurrió en la reforma procesal penal, en este caso lamentablemente no es posible la implementación gradual. Y no lo es, porque sería inconstitucional. Dicha reforma se refiere sólo a normas de procedimiento.
En cuanto a la normativa en comento, no puede haber un sistema que contemple la responsabilidad penal a partir de los 14 años en algunas Regiones, y en otras, uno que lo haga a partir de los 16. Francamente, eso no tiene viabilidad, aun cuando se considere aconsejable.
Por último, señor Presidente, señalo que se deben abordar varios temas para que la ley comience a funcionar en forma eficiente. Pero es extraordinariamente exagerado que, existiendo una obra tan importante como la emprendida en los últimos años en el país respecto de una reforma de la justicia tan contundente y reconociendo que se han producido retrasos en varios aspectos de la implementación de esta ley, se ponga en cuestión su cumplimiento o se afirme que se promulgaron iniciativas legales a sabiendas de que se iban a incumplir. Me parece que ése es un juicio extraordinariamente apresurado.
Finalmente, quiero recordar que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en su momento, tuvo severas modificaciones al interior del Congreso Nacional.
Por ello, votaré a favor de la postergación de la entrada en vigencia de la ley sobre responsabilidad penal juvenil.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, seré muy breve, puesto que las intervenciones de los Senadores señores Chadwick y Espina me ahorran gran parte de los comentarios que iba a exponer.
Sin embargo, considero necesario formular algunas reflexiones que pueden ser útiles por lo menos para entender cuál es nuestra inquietud y qué tan grave es el asunto.
Antes debo esclarecer que hay dos cosas que ahora no son objeto de controversia. No lo es, por un lado, el contenido de la ley original, cuyo diseño obedeció a un trabajo que tomó tiempo. Por cierto, se pueden haber buscado opciones consideradas discutibles, pero, con mucha voluntad, al final se llegó a consensos en cuanto a los contenidos legislativos que hoy día están o deberían estar a punto de entrar en vigencia. Siempre es posible abrir una discusión, pero a mi juicio no es éste el momento para hacerlo.
Y, respecto de los objetivos en sí mismos, tanto el Gobierno anterior como el Congreso Nacional llegaron a un acuerdo acerca de un proyecto que hoy día tampoco se procura modificar mediante la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo.
Por otra parte, tampoco están en debate los enormes cambios en la administración de justicia, los cuales, además, son positivos. Muchos de ellos se han concretado con la gran participación y el aporte constructivo del Parlamento, donde la Oposición tuvo siempre la mejor disposición para trabajar. Incluso entidades privadas que no forman parte de la línea oficialista hicieron una tremenda contribución.
Lo anterior es importante y efectivo. Nadie lo está poniendo en tela de juicio.
Estamos hablando simplemente de la razón por la cual hoy día una ley de tanta envergadura, de larga tramitación, debe ser postergada. Y los antecedentes que conocemos sólo permiten arribar a una afirmación clara y definitiva: ha existido una gravísima negligencia, que demuestra una tremenda ineptitud de las personas que condujeron los aspectos ejecutivos del sistema. Porque si bien es posible realizar una discusión sobre algunos contenidos legislativos, el diseño de la normativa está bien hecho, bien pensado. Sin embargo, no están bien hechas ni bien pensadas la ejecución y la implementación del texto legal, ya aprobado por el Parlamento y a punto de entrar en vigencia.
Esto es lo que pienso que debe llamar la atención del Senado.
No parece razonable que proyectos de ley de esta envergadura, que deben ser implementados y ejecutados por el Gobierno -puesto que ésa es su tarea específica-, no puedan aplicarse porque no se hace bien el trabajo. Opino que es importante, por doloroso que sea desde un punto de vista político, admitir que eso es lo que ha ocurrido.
Es cierto que no todo está mal hecho; algunas cosas sí se hicieron bien. Pero de los informes que recibimos en la Comisión de Constitución -y participé en sus sesiones- queda claro que hay incumplimientos, totales o parciales, en varias materias. Los hay -como ya se ha dicho- en los centros cerrados de privación de libertad; los hay en los recintos para la internación en régimen semicerrado; los hay en la educación de los jóvenes privados de libertad; los hay en el tratamiento y rehabilitación del consumo de droga; los hay respecto de la institución de los delegados para el control de libertad asistida; los hay en los programas de capacitación laboral de los jóvenes infractores; los hay en la necesidad de reglamentos y otras normas para implementar la ley; los hay en los procesos de especialización y capacitación en distintas instituciones. Es decir, el diseño de ejecución de la normativa es un desastre. La anterior Administración no dio cumplimiento a aquello a lo cual se comprometió.
Lo insólito es que en agosto de 2005, durante la tramitación de ese proyecto, el Ejecutivo de entonces presentó la indicación número 210, tendiente a reemplazar el inciso primero del artículo 1º transitorio, la cual expresaba: "La presente ley entrará en vigencia el 2 de enero del año 2006".
¡Eso es lo que propiciaba el Gobierno anterior!
Y lo cierto es que, gracias a la intervención de algunas autoridades que pidieron mayor plazo para implementar el texto legal -entre otras, el Fiscal Nacional-, se fijaron seis meses.
La verdad es que ha habido una profunda negligencia de parte de quienes tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo la transformación de una de las materias de responsabilidad penal más complejas y delicadas que existen, cual es la de los jóvenes. Ello, por las razones que aquí se han dicho, a algunas de las cuales se refería, al fundamentar sus inquietudes, la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.
La gravedad de la situación estriba en que hoy día nos hallamos postergando la necesaria legislación que debe regular la responsabilidad penal juvenil y, sin embargo, no vemos quién responde por esta negligencia, por esta ineptitud. Yo no he visto a nadie todavía hacerse cargo del hecho y decir: "Sí, lo hicimos mal. Fracasamos. No hemos sido competentes".
Y cuando en días pasados nosotros hemos formulado la denuncia pertinente mediante el análisis de varias obras que responden a la misma inquietud, se nos ha calificado de hacer una crítica mezquina o una crítica política.
Díganme Sus Señorías cuál es la mezquindad o cuál es el aspecto político al señalar que aquí hubo un tremendo fracaso en la implementación. ¿Dónde está la mezquindad? ¿Dónde aparece el aspecto político?
Lamentablemente, en varias obras de esta naturaleza podemos encontrar distinto nivel de gravedad en el incumplimiento. Son iniciativas que, desgraciadamente, se han desmoronado.
Cuando hicimos esas denuncias, el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Ricardo Lagos Weber, respondió: "Bueno, no se ha desmoronado todo".
El señor PROKURICA.-
¡Casi todo!
El señor LARRAÍN.-
Y el vocero de Gobierno tiene razón. Sería injusto decir que se ha desmoronado todo. Pero su respuesta admite que algunas cosas sí lo han hecho. Resulta una paradoja, pero es así.
Me parece justo que alguien se vaya haciendo cargo de cada una de estas inquietudes, porque tenemos el derecho de hacer presente esta situación.
Además, lo ocurrido tiene que ver con otro problema que nos aqueja como país: no hacemos las cosas bien. La preocupación de trabajar bien debería ser parte fundamental de cualquier función, en todo ámbito: en la labor de un joven, de un adulto, de un profesional, de una madre. Siempre debemos hacer bien lo que emprendemos.
Aquí no ocurrió así, porque en lugar de perseguirse tal objetivo primó la intención, al final del Gobierno pasado, de hacer una obra electoralmente conveniente. El apresuramiento por sacar adelante iniciativas que no estaban maduras -como la ley de responsabilidad penal juvenil- llevó, por el vértigo electoral, por el vértigo del poder, al resultado que conocemos.
Algunos han dicho que se pretende dañar la imagen del ex Presidente Lagos. Por mi parte, deseo consignar que tengo gran respeto por su persona. Nadie podría decir que fue un mal gobernante. Pero seamos honestos: ello no significa que todas las realizaciones de su Gobierno estuvieron bien hechas. Y menos todavía aquellas más emblemáticas efectuadas al final de su mandato y que no resultaron bien, no por su responsabilidad, probablemente, sino por la de sus equipos de trabajo o de algunos niveles de Gobierno. Ciertamente hay responsabilidades compartidas.
Sin embargo, el dato del cual el país debe tomar conciencia es que cuando llegan las elecciones importa más ganar los comicios que un trabajo bien hecho. Y ese criterio electoralista, esa ambición ilimitada por el poder, son extremadamente dañinos.
No digo que solamente sea algo que padezcan algunos. Quizás sea un vicio más generalizado, porque responde a la condición humana. Pero lo cierto es que ocurrió.
La única explicación posible respecto de la situación que hoy día estamos viendo tiene que ver con un afán electoralista de avanzar más allá de lo posible solamente porque lo que interesa es el poder. Pienso que esta deformación debe ser corregida.
Y es bueno hacerlo presente ahora, cuando no hay elecciones por delante, sobre todo para que el actual Gobierno pueda disponer de tiempo y realizar bien su obra, de modo que no se llegue al final del período y, en la búsqueda desesperada de perpetuarse en el poder, se lleve a cabo cualquier cosa, a costa de engañar a la gente en el sentido de que existen iniciativas listas para entrar en acción, en circunstancias de que la realidad demuestra exactamente lo contrario.
Por eso me resulta muy difícil dar mi aprobación a este proyecto, pues, al igual que muchos colegas, no quiero hacerme responsable de la situación. Negar esta última sería peor, por cuanto significaría aceptar que se pusiera en vigencia un sistema malo, que se ha convertido en un desastre y que la actual Administración, según sus propios dichos, no se encuentra en condiciones de implementar. En consecuencia, no me queda otra opción que abstenerme, a pesar de que mi voto tendría que ser de rechazo, para dejar constancia ante el país de que las cosas mal hechas siempre deben ser repudiadas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, creo que el único adjetivo calificativo que merece un proyecto de esta naturaleza es el de bochornoso. Me cuesta imaginar que su fin sea la postergación de una legislación tan relevante y debatida en este Senado como la concerniente a la responsabilidad penal juvenil.
Y corrijo a algunos Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pues la discusión del tema ni siquiera partió el año 2002. Recuerdo bien que cuando se vio la reforma procesal penal se señaló que el segundo pilar clave para modernizar el país y combatir la delincuencia era, precisamente, enfrentar esta última en el ámbito de la juventud y, en particular, a partir de la responsabilidad penal. Por lo tanto, su análisis comenzó hace por lo menos 10 años. Porque se planteó que ya a esa altura no era posible mantener un sistema en el cual la responsabilidad real nacía a los 18 años y donde, en la práctica, el amplio espectro de la delincuencia entre los 14 y los 18 años quedaba impune, ya sea a través de la figura del discernimiento, ya sea por resoluciones judiciales basadas en esa concepción.
Ello ha generado que en la última década y hasta ahora la delincuencia juvenil haya subido más de 500 por ciento. ¡Más de 500 por ciento! Ése es el costo país que ha significado la falta de una nueva normativa al respecto. Porque se ha producido el círculo vicioso, explicado por todos los especialistas, consistente en que, ante la evidencia de la impunidad de una conducta criminal que puede resultar lucrativa, quienes se encuentran en tal situación incurren en actos delictuales o son contratados por delincuentes mayores para cometerlos, cuestión absolutamente acreditada en todos los informes puestos en nuestro conocimiento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, durante la discusión pertinente.
Entonces, cuando se tiene presente que el principal problema de Chile ha sido durante mucho tiempo el de la delincuencia; cuando parte esencial del agravamiento de esa realidad se vincula con el aumento e impunidad de la delincuencia juvenil y la falta de rehabilitación de los hechores; cuando se decide realizar un esfuerzo gigantesco y se discute un proyecto durante 4 años, después de considerar múltiples informes sobre la materia, y cuando, a la postre, en medio de la alegría y los aplausos, se logra legislar y, teóricamente, implementar una legislación que por fin combatirá el incremento de la delincuencia juvenil, a mi juicio resulta bochornoso, señor Presidente, que dos semanas antes de su entrada en vigencia se diga que se necesita a lo menos un año más para su implementación.
Yo me he involucrado en el tema, porque siento que ahí está la raíz de muchos de los problemas de nuestro país. Es algo que tiene que ver con la formación y la rehabilitación de los jóvenes, con su inserción en la sociedad y en el campo ético, con la seguridad de miles de familias que han sido víctimas de este tipo de delincuencia, cuyo índice de crecimiento ha sido sostenido en el tiempo.
En consecuencia, cuando se presentan iniciativas como la que ahora estamos discutiendo, sólo caben dos conclusiones: o hay una ineficacia brutal o hubo una promesa demagógica electoral equivalentemente fuerte. No existe otra explicación para la ausencia de una implementación adecuada. Puedo entender que para la puesta en marcha de algún proyecto falte 10 ó 20 por ciento o se requiera gradualidad. Pero, según lo que hemos oído de los expertos, no es que aquí falte 10 ó 20 por ciento, pues hay rubros en los que la cifra asciende a 50 por ciento. Y puede mencionarse el caso de algunos de los centros de reclusión, o de la política antidrogas, o de la ejecución de planes educacionales, o del nombramiento de delegados, o de la preparación de las personas que deben participar en el procedimiento. O sea, no se trata de un asunto de 10 ó 20 por ciento, sino de un problema grueso, global, fuerte. Y eso, en lo personal, me parece inaceptable.
Por lo menos yo todavía tengo la capacidad de remecerme ante situaciones como ésta. Después de realizarse un gran esfuerzo en seminarios, en campañas, para plantear de cara a la opinión pública lo que se estaba haciendo, el que ahora resulte que todo queda para dentro de un año significa que durante 12 meses habrá muchas más posibilidades de que los delincuentes juveniles actúen con impunidad, que se registrará absoluta incapacidad para rehabilitarlos y que no contarán con ninguna alternativa educacional, a diferencia de lo que estaba previsto en los fundamentos del proyecto. Y eso -reitero- lo considero muy serio.
Por lo mismo, señor Presidente, soy contrario a la postergación. Creo que hay un minuto en que uno tiene que asumir o hacer asumir la responsabilidad. De lo contrario, se dará la sensación de que, cada vez que se falle, cada vez que se prometa lo imposible, cada vez que haya ineficiencia, habrá un Parlamento benévolo que arreglará el enredo y, como en este caso, por la vía de mayores plazos, permitirá seguir postergando la solución de uno de los principales problemas que enfrentan nuestros compatriotas.
Participo del espíritu del nuevo sistema y siempre que me lo requirió la autoridad colaboré con ideas, conceptos y puntos de vista para enriquecer el proceso. También seguí en detalle la participación de los expertos. Por otra parte, he revisado las actas y no encontré en ellas ni una consideración del Ejecutivo en cuanto a las dificultades que podría haber para la implementación de la ley en seis meses, aun con modificaciones respecto del texto original. En ninguna instancia se advirtió que la aplicación del sistema podría sufrir un retraso. Las únicas prevenciones provinieron del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, que hicieron presente que ese plazo podía suponerles dificultades en sus tareas propias, desde una perspectiva económica. Sin embargo, el Gobierno de la época dijo tener solucionados esos problemas y quedó constancia de que tales aprensiones eran infundadas.
Al igual que muchos colegas, señor Presidente, llevo algún tiempo en el Parlamento, mas no recuerdo otro caso en que, a dos semanas de la entrada en vigor de un cuerpo legal, se deshagan un trabajo y una esperanza de décadas. Podrán decirme que el sistema igual va a estar implementado en un año más, pero yo pregunto quién responderá por los siguientes 12 meses, quién responderá por los delincuentes juveniles y su falta de rehabilitación, que, evidentemente, se hará sentir en millares de familias chilenas.
Por las razones expuestas, voy a votar en contra del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra fueron elocuentes al expresar que en los Gobiernos de la Concertación se ha llevado a cabo en nuestro país la reforma más importante de los últimos cien años a la legislación penal. Y es cierto.
También se dijo que tal proceso había comenzado durante el mandato de Su Señoría como Presidente de la República. Yo recuerdo que se inició en forma efectiva, eficiente, sin gran parafernalia, pero avanzando de modo sistemático en lo que hoy se ha logrado concretar en muchos aspectos.
Y, principalmente, se planteó que la ley cuya entrada en vigencia se intenta postergar mediante la iniciativa en debate merece observaciones.
Considero legítimo que haya distintos puntos de vista al respecto. Me consta que el esfuerzo legislativo para alcanzar ese logro fue relevante -y toda normativa es perfectible en el tiempo-; pero me quedo con lo manifestado por el propio señor Ministro de Justicia, quien resaltó las bondades de dicho cuerpo legal.
Después de esas consideraciones, quiero referirme a algo que se ha expresado en forma reiterada: nadie está cuestionando la ley en análisis, ni tampoco el esfuerzo que en el ámbito de la justicia se ha realizado en los últimos 16 años. Aquí estamos hablando -lo repito una vez más- de la incapacidad de cumplir un compromiso, una meta, un proyecto.
Me ha llamado la atención que los Honorables señores Chadwick y Espina coincidieran en señalar que, en su momento, en hacer presente que el tiempo establecido para la implementación de esta ley les parecía muy breve, pero que tal duda fue tajantemente desvirtuada por las autoridades de Gobierno de la época, en el sentido de que estaba todo acotado, todo definido, todo delimitado, todo financiado.
Pues bien, tanto durante el período en que se discutía eso -y aun antes-, como en la actualidad, la seguridad ciudadana era, es y va a seguir siendo en el futuro inmediato un asunto central. Por consiguiente, el compromiso de llevar adelante esa legislación en un plazo de seis meses llenó de alegría y esperanza a quienes deseábamos que se materializara.
Entonces, ¿cómo entender ahora que, a pocos días de su puesta en marcha, de su implementación, nos enteremos de que aquello que se informó de manera terminante no correspondía a la realidad?
Podría decir que me sorprende, pero no tanto. Porque, hace poco, los Parlamentarios de la Quinta Región tuvimos conocimiento de que una obra también trascendental, emblemática para la zona, como es la del acceso sur al puerto, se encuentra atrasada, por notable coincidencia, en un año. Y esto se dio a conocer, igualmente, de la noche a la mañana. Hasta semanas antes nada hacía pensar en una demora, y de pronto nos encontramos con una postergación de doce meses.
Así que el lapso de un año parece haberse convertido en un factor común de algunos proyectos.
Por eso, me extraña que las expresiones de descontento, molestia o inquietud vertidas esta tarde con relación a la iniciativa que nos ocupa sean calificadas como "crítica pequeña".
Es decir, nuestras palabras constituyen una "crítica pequeña". Y la defensa de lo indefendible pareciera ser una "defensa grande".
Se ha sostenido que la iniciativa que dio origen a la ley de que se trata habría sido utópica. Lo escuché aquí en la Sala. Si se parte aceptando que algunos proyectos son utópicos, indefinidos o que no existe capacidad para sacarlos adelante, no debieran llegar al ámbito del debate parlamentario.
Asimismo, creí percibir que se pretendía endosar a los legisladores alguna suerte de responsabilidad en la aptitud ejecutiva para llevar a la práctica los compromisos involucrados en los cuerpos legales. Y esto sí lo encuentro rayano en un exceso casi inaceptable dentro de la discusión en el Congreso. Nosotros participamos en el debate de las distintas iniciativas y en la elaboración de sus normas de acuerdo con la conveniencia de la sociedad en un instante determinado. Pero postular que, además, controlemos si la ejecución de las obras se está efectuando en forma adecuada excede con largueza nuestras responsabilidades. Y quiero dejar esto particularmente claro.
Si el problema central era y es la seguridad ciudadana, ¿cómo se entiende el hecho de que se haya producido una incapacidad por parte del Gobierno del ex Presidente señor Lagos precisamente en una materia atinente a un área central de aquélla?
Y, respecto de otro punto, ¿cómo se entiende que se ponga urgencia a un proyecto para otorgar libertad condicional a gente que se encuentra condenada por acciones de carácter terrorista?
¿Cuáles son las señales que el Gobierno está dando frente a una de las mayores preocupaciones de la gente: la seguridad ciudadana?
¿Estamos demostrando que no somos capaces de implementar los dispositivos que hemos analizado y pretendido llevar adelante? ¿Estamos tratando de modificar normas que en este momento se están aplicando por los tribunales de justicia?
¿Qué podemos decir a los choferes de micros asaltados por muchachos en los distintos recorridos que cumplen en nuestras ciudades? ¿O al conductor del camión que transitaba por la ruta hacia el sur y que fue atacado por una horda que hablaba un extraño idioma, y a quien le incendiaron el vehículo y que ha relatado, con temor, el riesgo a que estuvo expuesta su vida?
¿Qué explicación es factible entregar a esas personas? ¿Qué señales estamos dando con este tipo de iniciativas y con la incapacidad de cumplir con lo que legislamos?
Por eso, señor Presidente, a fin de dejar testimonio en el Senado de la inquietud, indignación e impotencia de la gente a la cual represento, anuncio que votaré en contra de esta postergación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en verdad uno no deja de tener presente la herencia que el Gobierno recién pasado dejó al actual. Por eso quiero iniciar mis observaciones haciendo una sucinta enumeración de proyectos que fueron inaugurados con notable despliegue de prensa y alto costo desde el punto de vista de la difusión, pero que, a poco andar, se han visto postergados o no están funcionando como corresponde.
El plan Transantiago se va a retrasar por más de un año; la Alameda, principal arteria de la ciudad de Santiago, se encuentra totalmente deteriorada, según los informes técnicos pertinentes; hay vías concesionadas que en menos de un año están saturadas y no están funcionando bien; los Tribunales de Familia se hallan atochados; los trenes se descarrilan y llegan de vez en cuando -entre comillas- a Puerto Montt; las cárceles licitadas no serán entregadas dentro de los plazos fijados; el puente sobre el Cachapoal, en la ruta 5 Sur, construido hace menos de dos años, presenta fallas y está en peligro de ser cerrado.
Y ahora estamos tratando la postergación de la reforma del procedimiento sobre responsabilidad penal juvenil. En este caso se han invertido más de 38 mil millones de pesos. Algunas localidades ya han implementado su recinto especial. Así ocurre en Arica, Iquique, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. Se me ha informado que en Coihaique, incluso, hay 4 jóvenes internados. Sólo falta que los gendarmes se integren al centro de diagnóstico y juren la próxima semana, para empezar inmediatamente a cumplir sus labores.
Entiendo la dificultad de implementar esta reforma de manera gradual. En el caso de la procesal penal, el procedimiento era distinto; sin embargo, las penas se mantuvieron. En la que nos ocupa no habría igualdad ante la ley y, por lo tanto, es muy difícil hacerlo -prácticamente imposible-, porque sería inconstitucional.
En esta materia, cabe preguntar qué destino se dará a esos recintos y si el Gobierno tiene capacidad real para implementar su uso antes de un año.
Además, no deja de preocuparme, en términos generales, no sólo el costo de lo que va a significar para la sociedad chilena la gran cantidad de obras y proyectos postergados o que no están funcionando, sino también saber cuánto tiempo van a distraer de su corto período gubernamental las actuales autoridades en defender a la Administración anterior. Porque eso sí que me parecería muy grave, por su responsabilidad ante la ciudadanía y los otros Poderes del Estado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, escuché con atención a los Senadores de la Concertación cuando expresaron dos órdenes de ideas. Y considero necesario precisarlas y dar a conocer una opinión absolutamente contraria.
En primer término ¿como decía el Honorable señor Larraín-, no está en debate el mérito de la ley cuya entrada en vigor se trata de posponer. Todos nosotros, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, contribuimos a perfeccionar una normativa que consideramos esencial para establecer, por una parte, la responsabilidad penal de los jóvenes mayores de 14 años; y, por otra, las políticas rehabilitadoras, que son fundamentales para poner término a su carrera delictual. Eso no está en discusión.
Todos hemos contribuido a su dictación, y queremos que una normativa de este tipo pueda verdaderamente ayudar a combatir la delincuencia y a dar tranquilidad y serenidad a nuestros hogares, familias y barrios.
En segundo lugar, ha habido ¿lo hizo en forma directa un señor Senador de la Concertación- el intento de atribuir responsabilidades tanto a ésta como a la otra rama legislativa.
Quiero rechazar de la manera más enérgica esa afirmación, basada en hechos absolutamente falsos. Me consta que en el debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se consultó reiteradamente a las autoridades del Gobierno del Presidente Lagos acerca de un aspecto que considerábamos esencial: la infraestructura y la capacitación para poder llevar adelante la ley de responsabilidad penal juvenil.
No se nos escapaba en ese debate la necesidad de que existieran centros de detención semicerrados en cada una de las Regiones. De hecho, consulté específicamente por la situación de la Octava Región. Y en todo momento, tanto en Comisión como en Sala, los representantes del Ejecutivo de entonces -particularmente el Ministro señor Bates- fueron reiterativos y tajantes para decir que el grado de cumplimiento del Gobierno era estricto, y que, al momento de entrar en aplicación la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, todo lo necesario estaría disponible.
Por lo tanto, rechazo de la manera más tajante cualquier atisbo de atribuir responsabilidad a Parlamentarios de Oposición y a los congresales en su conjunto. En esta Sala y en la de la Cámara de Diputados, en las Comisiones de Constitución de ambas ramas ¿según consta en actas-, las autoridades de la Administración del Presidente Lagos aseveraron que era un hecho que todo lo necesario estaría disponible y que nadie debía tener dudas al respecto.
Nuestra actitud de abstenernos y no compartir la aprobación de la iniciativa junto con los Parlamentarios de la Concertación se relaciona con un elemento que estimo esencial en todo debate político y en la interacción que debe existir entre el Congreso y el Gobierno: la necesaria credibilidad que uno debe tener frente a las autoridades del Ejecutivo, en el sentido de que lo que se dice en esta Sala, en la Cámara de Diputados y en las Comisiones sea verdaderamente cierto.
Es más: ¿Alguien puede afirmar que el día en que se promulgó la ley, en un acto en La Moneda, el Ministro de Justicia de entonces desconocía la situación de que nos da cuenta el actual titular de la Cartera sobre los centros semicerrados?
Cuando uno lee ese listado y se da cuenta de que, en el mejor de los casos, las obras se van a iniciar en enero de 2007, nadie puede creer de buena fe que ese Secretario de Estado, en noviembre del año 2005, no tenía conocimiento de esta situación. De igual forma nadie puede sostener que en ese entonces desconocía lo que pasaba con cada uno de estos centros abiertos de que da cuenta el informe.
Por lo tanto, hay un problema cierto de credibilidad, de respeto, de llegar a acuerdos y establecer políticas en conjunto. Y necesariamente nuestra bancada tiene que expresar su rechazo a esa omisión, a esa negligencia, a esa falta de respeto y a esa falta de credibilidad, porque, a pesar de tener conocimiento de que las obras no tenían posibilidad alguna de iniciarse en enero de 2007, las autoridades las daban por hechas y por ciertas sólo por un afán de anunciar una política relevante en época electoral. Eso nos lleva a expresar nuestra abstención, como una manera de protestar por tal actitud, particularmente la del Ministro de Justicia de la época, expresada en sus discursos, en especial el día en que anunció la promulgación de la ley en La Moneda.
Es esa falta de credibilidad la que nos lleva a abstenernos, porque no podemos ser partícipes de una situación de esta naturaleza.
La legislación que informa la nueva responsabilidad penal juvenil en nuestro país es un elemento que consideramos esencial, fundamental y absolutamente necesario. Pero, para llevarla a buen fin, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben confiar en que estamos caminando juntos, cada uno en sus tareas, para que esto verdaderamente funcione y se concrete de manera adecuada.
La ausencia de credibilidad está expresada en el cuadro que nos ha entregado el actual Ministro de Justicia, en que se demuestra, fuera de toda duda, que se ocultó información fundamental sólo por favorecer un criterio electoral, en una ceremonia celebrada en La Moneda, en el mes de noviembre del año 2005.
Por lo expuesto, me abstendré.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero ser muy breve en esta oportunidad, básicamente porque el tema de fondo planteado en el curso del debate de esta tarde es que, sin justificación -y presumo que con los antecedentes del caso- las propias autoridades trataron de implementar un proyecto que era inviable. A ello se suman diversas iniciativas adicionales, en ese mismo contexto y en esa misma línea.
Pero al menos quería dejar constancia en la Versión Oficial, sin ahondar en el tema, porque lo planteé el día de ayer.
A nivel regional, existen varios proyectos que han seguido la misma suerte. Como estamos muy cerca de que se cumpla un año desde el terremoto en Tarapacá ¿fue un 13 de junio-, particularmente me preocupa que, en las mismas condiciones y en similar ambiente de la reforma procesal juvenil, se haya implementado el plan de reconstrucción de la Región que represento. Y si observamos lo que se ha concretado de él, en verdad no difiere demasiado de lo que ocurre esta tarde, al tener que votar la prórroga.
Por lo tanto, deseo dejar establecido que también se tendrá que rendir cuenta respecto de ese tipo de proyectos. Porque aquí las autoridades deben asumir con responsabilidad y competencia los compromisos que contraen con la comunidad y, particularmente, con el país en materias tremendamente sensibles.
Por esa razón, señor Presidente, me voy a abstener. Porque, en definitiva, sin perjuicio de que se deba implementar la legislación de fondo, ha habido serios errores en su ejecución que muchas veces escapan a las posibilidades de control del Parlamento.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación electrónica.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, ¿por qué no manda tocar los timbres?
Hagamos votación nominal, mientras llegan algunos señores Senadores que se encuentran fuera de la Sala.
El señor NÚÑEZ.-
Podríamos pronunciarnos nominalmente, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Estamos en votación electrónica. No se puede cambiar.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NÚÑEZ.-
Sí. Faltan varios, señor Secretario.
El señor PIZARRO.-
¿Se va a votar en forma electrónica o nominal? Porque todavía hay señores Senadores que no han llegado a la Sala.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Estamos en votación.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, suspenda la sesión por 2 minutos.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Conforme al Reglamento, por ningún motivo se puede suspender la votación.
El señor PIZARRO.-
¿Cómo que por ningún motivo, señor Secretario, si aún no estamos en votación?
Yo, como Comité, al igual como lo es el Honorable señor Sabag, pedí votación nominal. Y entendí que así se procedería.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El señor Presidente dijo "En votación", y me dio la orden de tomarla electrónicamente.
El señor PIZARRO.-
Sé que el señor Presidente expresó "En votación". Pero si se revisa la Versión Taquigráfica se apreciará que solicité votación nominal. Ése es el enredo que existe.
Otros dos Comités han pedido lo mismo. Por lo tanto, señor Presidente, le ruego que suspenda la sesión por dos minutos.
El señor LETELIER.-
Votemos altiro.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en nombre del Comité Renovación Nacional también solicito suspender la sesión por tres minutos antes de votar.
El señor LETELIER.-
No se puede suspender, pues estamos votando.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Para que Sus Señorías se ordenen un poco, suspenderé la sesión por dos minutos, porque es muy caótico trabajar así.
)--------------------(
--Se suspendió a las 18:23.
--Se reanudó a las 18:24.
)------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Continúa la sesión.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (17 votos a favor y 14 abstenciones) y queda despachado en este trámite.
Votaron a favor los señores Alvear, Escalona, Flores, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Kuschel, Larraín, Matthei, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS CHILENAS EN HAITÍ
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República para prorrogar, por un nuevo período de seis meses, la autorización concedida para la salida de tropas del territorio de la República, a fin de continuar participando en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, unidas.
--Los antecedentes sobre la solicitud (S 852-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 13ª, en 9 de mayo de 2006.
Informe de Comisión:
R. Exteriores y Defensa, unidas, sesión 16ª, en 16 de mayo de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La señora Presidenta de la República manifiesta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con fecha 14 de febrero de 2006, resolvió prorrogar el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití hasta el 15 de agosto del año en curso.
Señala, asimismo, que Haití ha elegido a su Presidente, y próximamente instalará a sus autoridades parlamentarias y municipales, por lo que este nuevo gobierno, encabezado por René Préval, tendrá como función primordial el restablecimiento de la institucionalidad y la consolidación de la democracia, objetivos que ha sido destacados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En consecuencia, la señora Presidenta de la República solicita al Senado la autorización necesaria para prorrogar la permanencia de tropas y medios nacionales en la República de Haití por un nuevo período de seis meses.
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, se pronunciaron sobre la referida solicitud, acordando, por seis votos a favor -Senadores señores Arancibia, Gazmuri (con dos votos), Muñoz Barra, Pizarro y Ruiz-Esquide- y cuatro abstenciones -Honorables señores Coloma (con dos votos), Prokurica y Romero-, prorrogar por seis meses la permanencia de las tropas chilenas y de los medios correspondientes en Haití.
Los fundamentos de la votación se transcriben en el informe.
Cabe señalar que el Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de esta solicitud, de conformidad con lo que prescribe el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión la solicitud de la Presidenta de la República.
Ofrezco la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, pido la palabra para rendir el informe de las Comisiones unidas. Creo que corresponde eso.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
El señor Ministro tiene preferencia para intervenir, señor Senador.
El señor FOXLEY (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Señor Presidente, como informó el Secretario de la Corporación, el Gobierno está solicitando al Senado autorización para prolongar la estadía de las tropas chilenas en Haití por un período de seis meses.
Para explicar en brevísimas palabras acerca de cómo hemos llegado a este punto, habría que recordar que en febrero de 2004 el caso de Haití fue llevado a Naciones Unidas, porque ese país estaba en una profunda crisis política, económica y social que amenazaba convertirse en una guerra civil con efectos graves para todo su entorno geográfico y el continente americano.
La presencia de Chile fue solicitada por la comunidad internacional y confirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante resoluciones de 2004. Lo que se pidió a los países participantes fue una contribución concreta al proceso de reconstrucción integral de Haití.
Tal vez sea bueno recordar que 80 por ciento de la población de Haití vive en extrema pobreza; que la esperanza de vida allí es de 49 años; que 45 por ciento de los habitantes es portador del virus HIV/sida, y que se trata de una nación que después del año 2000, tras un proceso eleccionario, quedó completamente abandonada de ayuda internacional.
La participación de tropas chilenas en la operación de paz en comento ha coincidido con dos objetivos prioritarios de nuestra política exterior.
Primero, Chile siempre ha defendido la noción de que, para un país pequeño como el nuestro, la presencia en los organismos multilaterales resulta fundamental. Hemos querido hacer en ellos una contribución en orden a consolidar la paz y las buenas relaciones, particularmente en los países de América Latina.
Segundo, creemos que nuestra participación en la MINUSTAH nos beneficia, por un lado, en cuanto permite ayudar a garantizar en la región un entorno estable que propicie el desarrollo de los países que la conforman; y por otro, porque contribuye a la proyección internacional de Chile como nación responsable.
A modo de ejemplo, puedo señalar que recientemente estuvimos en la IV Cumbre de Viena, donde participaron Mandatarios de la Unión Europea y de Latinoamérica (asistieron también Parlamentarios, algunos de ellos aquí presentes). Y uno de los elementos que más nos llaman la atención en los foros internacionales en general -no sólo en aquél- es el de que Chile, siendo un país pequeño, tiene capacidad de irradiación e influencia, capacidad de diálogo.
A Chile se le escucha y se le respeta. Y su presencia en las misiones de paz en Haití ha ayudado a confirmar la idea de que el nuestro es un país, no sólo responsable en sus asuntos internos, sino también capaz de ser solidario en situaciones límites, críticas, como las ocurridas en aquella nación, que por lo demás pertenece a la región.
Debo señalar asimismo que, constituyendo un elemento importante de la política del Gobierno de la Presidenta Bachelet el contribuir en la mejor forma posible a construir relaciones de cooperación dentro de América Latina, en un contexto en que ellas no son fáciles -como se ha podido apreciar en los hechos de las últimas semanas-, la colaboración multilateral con Haití nos ha permitido reactivar y revivir un marco de ayuda muy activa con Argentina, Brasil y Uruguay.
Puedo señalar, por ejemplo, que el señor Preval, en cuanto fue elegido Presidente de Haití, nos hizo un llamado a los países del denominado "ABC" -Argentina, Brasil y Chile- para que pusiéramos nuestros técnicos a disposición de aquella nación y ayudáramos a articular el marco de un programa de gobierno que planea llevar adelante en el período inmediato.
Pero no sólo se nos pidió ese apoyo -y ha habido varias reuniones de trabajo en Argentina; también, en Chile-, sino que además, inmediatamente antes de la transmisión del mando en Haití -los países del ABC estuvieron presentes-, el señor Preval manifestó que la importancia que atribuía a la cooperación técnica de esas tres naciones era tan alta que, después de asumir la Presidencia, su primera reunión oficial -tuvo lugar ayer, lunes, a las 8 y media de la mañana- iba a ser con representantes de esos países -entre ellos estuvo uno de la Cancillería chilena-, para delinear los que podrían ser rasgos gruesos de prioridades en un programa de gobierno.
También puedo informar a Sus Señorías que el estrechar lazos, con Brasil particularmente, en función de la misión de paz se traduce, por ejemplo, en que el lunes próximo tendremos una reunión en Brasilia con el grupo de naciones donantes para la operación en Haití, en la cual procuraremos multilateralizar las relaciones buscando una cooperación más activa en recursos por parte de los países de la Unión Europea. En ella participarán, además, varios países latinoamericanos. Y Chile, junto con Brasil y Argentina, seguirán siendo los catalizadores del proceso destinado a fijar un marco de cooperación internacional para dar solución a los principales problemas de supervivencia que tiene Haití como nación.
El apoyo internacional a ese país hasta ahora ha sido clave, y seguirá siéndolo por un tiempo más.
Cuáles son los objetivos.
Primero, lograr que la sociedad haitiana renuncie a toda forma de violencia. Para ello es necesario continuar con presencia militar por un tiempo, que todavía no podemos determinar con precisión -me referiré a este punto dentro de un minuto-; pero, por ahora, simplemente estamos pidiendo prorrogar por seis meses la permanencia de nuestras tropas en ese país.
Y el segundo objetivo es -como lo insinué anteriormente- contribuir a delinear programas de desarrollo dirigidos a combatir la extrema pobreza, las enfermedades crónicas, la falta de infraestructura, entre otros males que aquejan al pueblo haitiano.
En lo específico, estamos construyendo cooperación de manera coordinada con los países de la Unión Europea y con naciones latinoamericanas, tal cual quedó estampado en la Declaración de la IV Cumbre de Viena, recién terminada. En un párrafo de ella se dice: "Nos comprometemos" -o sea, los países europeos y latinoamericanos- "a seguir brindando nuestro apoyo y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que garantice e incremente su cooperación con Haití.".
La voluntad de este Gobierno y de la Presidenta Bachelet fue expresada durante aquella Cumbre en una reunión-almuerzo en que participaron alrededor de cuarenta y cinco Jefes de Estado y Presidentes europeos y latinoamericanos. Planteamos en esa ocasión la necesidad de continuar con el apoyo a Haití, pero no sólo como un acto de voluntad chileno, sino además invitando a dichas autoridades a sumarse a esa idea. Ello tuvo una acogida general en el referido encuentro. Hubo un inmediato respaldo público de los Presidentes Lula, Chirac, Rodríguez Zapatero, y de varios otros Jefes de Estado de los dos ámbitos regionales. En concreto, se mandató a la Secretaría General Iberoamericana, que dirige el señor Enrique Iglesias, ex Presidente del BID, y a la Secretaría de la CARICOM para que elaboren un nuevo programa de apoyo a Haití.
Por lo tanto, estamos simplemente en un período de transición, durante el cual la expectativa es que la comunidad internacional en su conjunto -y particularmente los países europeos y algunos latinoamericanos, (Argentina, Brasil y Chile en primer lugar)- continúe otorgando su respaldo y, sobre todo, que la seguridad de las personas se halle garantizada.
Lo anterior obedece a los intereses permanentes de la política exterior de Chile, que ha contribuido a fortalecer nuestra posición en la región y a que se nos reconozca como país interlocutor creíble y responsable.
Hemos demostrado nuestro compromiso con un tratamiento sistematizado por parte de las Naciones Unidas en una situación de posconflicto. Y vemos que mantener la presencia chilena en Haití no constituye ningún riesgo, sino sólo beneficios para las perspectivas de nuestra política exterior en el mediano y largo plazos.
Por tales razones, hemos conversado con distintos sectores representados políticamente en el Senado, a fin de tener un respaldo significativo en la decisión de prorrogar por seis meses la presencia de tropas chilenas en Haití. Y debo manifestar con mucha satisfacción que conversamos sobre el punto con un representante de la bancada de Renovación Nacional, el Honorable señor Romero, con quien concordamos un texto que nos planteó dicho Partido y que nos parece plenamente satisfactorio. En él se establecen criterios de permanencia de las fuerzas de paz chilenas en Haití, con el ánimo, no de dejar completamente abierta la posibilidad de una presencia indefinida, sino de reservar a las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara Alta el que sean informadas de manera continua por el Gobierno y por los Ministerios respectivos -es decir, los de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores- acerca de cómo deriva la situación hoy día existente en Haití, para ver en qué momento resulta conveniente extender o no la permanencia de las tropas.
Concordamos en un texto, que no leeré in extenso; tal vez el Senador señor Romero, que es uno de sus autores, desee explicarlo en el transcurso del debate. Pero nos parece que con los criterios allí establecidos tenemos una base de apoyo fundamental para dar una señal potente en el sentido de que Chile, frente a una situación humanitaria desesperada, de inestabilidad, que puede contagiar a otros países en el área del Caribe, asume como política de Estado su responsabilidad, expresa su espíritu solidario y, muy orgullosamente, lo hace en concordancia con nuestras Fuerzas Armadas, que nos han manifestado en forma pública y privada que estiman de alta conveniencia mantener la presencia militar en Haití.
Eso es una expresión de unidad nacional, de política de Estado, como ya señalé.
Me alegro -lo celebro- de que un Partido de la Oposición tan importante como Renovación Nacional haya acordado, a través de aquel aporte, sumarse al referido esfuerzo. Y espero que mis ex colegas Senadores de la UDI, con quienes siempre hemos mantenido una excelente relación, adhieran a la contribución que hicimos en conjunto con esa colectividad.
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ha terminado...
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión reglamentaria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
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POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA
DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
El señor PROKURICA.-
Al votarse el proyecto sobre prórroga de la entrada en vigor de la ley sobre responsabilidad penal juvenil, dos señores Senadores de la Alianza por Chile se pronunciaron y no quedaron registrados.
Lo hago presente, no sólo a propósito de esa votación, sino también porque, a mi juicio, el sistema resulta extraordinariamente poco confiable. No es la primera vez que ocurre un problema similar.
Nadie cuenta los votos cuando no se necesitan con exactitud para cumplir cierto quórum. Pero, en ese caso, con sólo revisar se ve que faltó considerar a dos Senadores, los Honorables señores Longueira y Arancibia, quienes estaban en la Sala y se pronunciaron.
El señor ÁVILA.-
Mi voto tampoco se contó.
El señor PROKURICA.-
Entiendo que lo mismo le sucedió al Senador señor Ávila.
A mi juicio, los votos de Sus Señorías modificarían el resultado de la votación.
El señor LARRAÍN.-
Y aunque no lo modificaran.
El señor PROKURICA.- Aunque no lo modificaran.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Habría que agregar al resultado los votos de los tres Senadores que estaban en la Sala.
La señora MATTHEI.-
¡Que se repita la votación!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No, señora Senadora. Proclamada la votación, no se puede repetir.
La señora MATTHEI.-
En oportunidad anterior se hizo.
El señor KUSCHEL.-
¡Hoy no se puede¿!
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, reglamentariamente, sí se puede repetir la votación, porque en este caso hubo Senadores que estaban en la Sala, que emitieron su voto y que no quedaron registrados.
En consecuencia, debería procederse igual como se hizo hace dos semanas con el Senador señor Flores. Porque entiendo que el trato es el mismo para todos.
El señor KUSCHEL.-
Al parecer, no es el mismo.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, sin duda hay un problema con el registro. Ya lo tuvimos en otra oportunidad con el Honorable señor Flores, quien, estando en la Sala, al momento de darse a conocer el resultado de la votación no figuraba en el listado.
La dificultad que tenemos ahora es distinta, porque, si bien se trata del mismo problema -o sea, colegas que sostienen haber votado pero no quedaron registrados-, estamos analizando otro asunto.
La señora MATTHEI.-
Nos acercamos altiro a la Mesa, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Ahora, si hubiera acuerdo unánime, podríamos votar de nuevo.
Entiendo que al Honorable señor Ávila le pasó lo mismo.
El resultado de la votación no va a cambiar. Pero, efectivamente, tenemos un problema con el sistema electrónico.
Yo pedí en el momento oportuno que la votación fuera nominal, porque, sabiendo que normalmente los resultados son estrechos, nos habría evitado problemas en caso de que algún Senador llegara tarde, de que no funcionara el sistema o de que alguien no votara.
Imagino que en esta Corporación siempre tenemos voluntad para revisar los acuerdos. Sin embargo, el inconveniente que existe para repetir la votación ahora radica en que Senadores que sí votaron no están en la Sala en este momento. Entonces, volveríamos a tener la misma dificultad.
El señor PROKURICA.-
¡Llámenlos a todos!
El señor GAZMURI.-
¡Hay que aprender a manejar el aparato para votar¿!
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, debo recordar que cuando se produjo la situación del Senador señor Flores, quien, estando presente en la Sala, no votó, yo pedí la palabra y señalé que, conforme al precedente existente sobre la materia, no era factible repetir el proceso, porque la votación estaba terminada. Sin embargo, ese planteamiento no fue acogido por la Mesa, que ordenó efectuar de nuevo la votación.
Sólo quiero puntualizar que no es posible volver a votar, pues el proceso pertinente ya concluyó.
No obstante, existiendo claridad en cuanto a que el pronunciamiento de tres señores Senadores no quedó registrado en el sistema electrónico, propongo, no repetir la votación, sino agregar las abstenciones de los Honorables señores Arancibia y Longueira y el voto, probablemente favorable, del Senador señor Ávila.
No veo de qué otra manera se puede cumplir una norma que ha sido invariable en esta Corporación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, cuando ocurrió la situación a que aludió el Honorable señor Romero y usted determinó que se había producido un error -era el caso del Senador señor Flores-, yo estuve de acuerdo con la Mesa en que se repitiera la votación, porque, independiente del resultado, había un error que justificaba realizarla de nuevo a fin de que se recogieran fiel y genuinamente los diversos pronunciamientos.
Ése fue el criterio de la Mesa y de todo el Senado, en particular de las bancadas de la Concertación, que veían en ese minuto un riesgo acerca de un proyecto.
Hoy no existe riesgo para la iniciativa, pero sí en cuanto al precedente. Y, en mi concepto, los senados, y en general las instituciones, se validan cuando los procedimientos son iguales en circunstancias similares.
Por eso, señor Presidente, pido que se repita la votación. Si hay dificultades porque ahora no se encuentra presente la misma cantidad de Senadores que se pronunciaron antes, podemos hacerlo mañana. Pero me parece que se debe realizar de nuevo la votación. Eso es lo que corresponde de acuerdo con el criterio de la Mesa y lo pertinente en una institución seria.
El señor PIZARRO.-
Lo que interesa también es el momento del reclamo. Ésa es la gran diferencia.
La señora MATTHEI.-
¡Fuimos altiro a la Mesa!
El señor LARRAÍN.-
Lo hicimos de inmediato, pero justo empezó a intervenir el Canciller.
El señor PIZARRO.-
Entonces, el Presidente tendría que haberlo planteado inmediatamente.
El señor ÁVILA.-
Es mejor agregar los votos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, la diferencia con la situación que se produjo en el caso del Honorable señor Flores radica en que en dicha oportunidad nos percatamos de inmediato y la votación se repitió con los mismos Senadores que estaban en el Hemiciclo la primera vez.
La señora MATTHEI.-
Hoy también fuimos altiro.
El señor GAZMURI.-
En este momento, por desgracia, no existe la misma composición de la Sala, Honorable colega.
La señora MATTHEI.-
Entonces, que se vote mañana.
El señor PROKURICA.-
Sí.
El señor LARRAÍN.-
Se hizo presente la situación de inmediato.
El señor GAZMURI.-
Está bien.
El señor ÁVILA.-
Es mejor agregar los votos.
El señor NÚÑEZ.-
¿Puedo hacer una pregunta al señor Secretario? Porque tengo la impresión de que en aquella oportunidad no se repitió la votación.
La señora MATTHEI.-
Sí se repitió.
El señor NÚÑEZ.-
Estoy preguntándole al señor Secretario. Agradezco mucho la memoria de los Senadores de enfrente,¿
El señor COLOMA.-
¡Estamos ansiosos por ayudarlo¿!
El señor NÚÑEZ.-
¿pero el Secretario es el ministro de fe para estos efectos.
El señor LARRAÍN.-
¡Su Señoría tiene memoria selectiva: se acuerda de lo que le conviene¿!
El señor PIZARRO.-
Se puede añadir los votos.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Efectivamente, Senador señor Núñez, en esa oportunidad se repitió la votación. Es lo que recuerdo. Y también consulté al respecto al Oficial Mayor y al Oficial de Actas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, uno de los criterios para formalizar la votación y evitar todos estos tropiezos es que, cuando se prevea un resultado estrecho, se pida que ella sea nominal, y que, ante una materia de amplio consenso, se proceda con el mecanismo electrónico.
El proyecto en que se objeta el resultado es muy especial. En determinado momento pedimos votación nominal, pero ya se había iniciado la electrónica.
Ése es el primer principio.
En segundo lugar, no veo probable repetir la votación. Al menos habría que conversar el punto y tendría que existir consenso entre las distintas bancadas, pues por la vía de la repetición podemos alterar el resultado, en la medida en que el Senador señor Flores no está¿ Acaba de llegar; el Senador señor Ávila, también.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, votemos ahora.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Señores Senadores, el Reglamento establece de manera clara que las votaciones no se repiten. Como la vez anterior ello se hizo, se tomará votación nominal de inmediato, sin que ello constituya precedente.
En votación nominal.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (18 votos a favor y 16 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, Flores, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Señores Senadores, como ya ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día, propongo a la Sala que se postergue la hora de Incidentes hasta despachar la iniciativa que prorroga por seis meses la participación de las tropas chilenas en Haití.
No hay acuerdo.
Entonces, terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro de Educación, Secretario Ministerial de Educación de la Novena Región, Director Provincial de Educación de Malleco, y Alcalde y Concejales de Collipulli, solicitándoles ENTREGA URGENTE DETEXTOS DE ESTUDIO PARA ESCOLARES DE COLLIPULLI; a los señores Ministro de Obras Públicas, Director Nacional de Vialidad, y Alcalde y Concejales de Collipulli, referente a REPARACIÓN DE CAMINO 69 E-557 EN CUESTA BAJO MALLECO; a los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Gerente General de Empresa de Telecomunicaciones Smartcom S.A., Subsecretario de Telecomunicaciones, y Alcalde y Concejales de Los Sauces, requiriéndoles SUSPENSIÓN DE INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL EN RADIO URBANO DE COMUNA DE LOS SAUCES; a los señores Secretario Ministerial de Educación de la Novena Región, Director Provincial de Educación de Malleco, y Alcaldes y Concejales de Angol, Collipulli y Ercilla, demandándoles medidas por GRAVES PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA G-27 "COLONIA MANUEL RODRÍGUEZ", DE ANGOL; a los señores Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región y Alcalde y Concejales de Lautaro, referente a MANTENCIÓN DE CAMINO "PARLAMENTO" EN PERQUENCO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN COMUNIDAD TRIPAIÑAN, DE LAUTARO; a los señores Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región, Gerente General de Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., y Alcalde y Concejales de Lautaro, relativo a IMPLEMENTACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL EN QUINTRILEO; a los señores Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región, Director del SERVIU de la Novena Región, y Alcalde y Concejales de Angol, requiriéndoles PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN POBLACIÓN "EL RETIRO", DE ANGOL; a los señores Director del Servicio de Salud de la Araucanía Norte y Alcalde y Concejales de Lautaro, solicitándole ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA EXTRACTORA DE AGUA PARA POSTA RURAL DE COIHUECO, COMUNA DE LAUTARO; a los señores Director del INDAP y Alcalde y Concejales de Lautaro, referente a PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y DE AYUDA ECONÓMICA DE INDAP PARA COMUNIDAD TRIPAIÑAN, y a los señores Alcalde y Concejales de Lautaro, relativo a CONSTRUCCIÓN DE CASETAS SANITARIAS PARA COMUNIDAD ANTONIO QUINTRILEO, DE LAUTARO (todos de la Novena Región).
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole información sobre PRESENTACIÓN REALIZADA POR CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COMUNAL DE CURARREHUE (Novena Región).
De los señores HORVATH y SABAG:
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE BONIFICACION FORESTAL DEL D.L. 701, CONVENIDA EN PROTOCOLO PRESUPUESTARIO DE 2004.
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, referente a CONFLICTO POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA FISCAL EN SAN PEDRO (Quinta Región).
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, los Comités Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata) y Unión Demócrata Independiente no harán uso de sus respectivos tiempos.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, ¿mañana habrá sesión especial, a las 12, para tratar la iniciativa que prorroga por seis meses la participación de las tropas chilenas en Haití?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Me imagino que se va a convocar como corresponde.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se citará conforme al Reglamento.
En el turno del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
USO DE EXCEDENTES DEL COBRE EN REGIONES DEL NORTE
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en el último tiempo hemos visto cómo distintas autoridades, académicos, parlamentarios y otros personajes del ambiente político y universitario sugieren -si los señores Senadores me lo permiten- qué hacer con los excedentes de los recursos del cobre.
En verdad, ideas existen muchas: hay Ministros que proponen entregar créditos blandos a otros países, como Haití; otros plantean reponer todas las obras del Gobierno anterior, que han sido un desastre y se han desmoronado como castillos de arena; algunos recomiendan continuar ampliando el Metro de Santiago. Pero lo que no he escuchado -lamentablemente ninguna autoridad de Gobierno se ha referido a ello- es la sugerencia de que, de una vez por todas, se pague la deuda histórica que existe con el norte del país, con las regiones mineras.
Deploro que siempre nos acordemos de nuestro norte y de las zonas mineras en estas ocasiones. Pero lo cierto es que esos lugares son los más abandonados de Chile. De muestra, un botón. Hace un tiempo, junto con el Senador señor Cantero, con quien siempre hemos defendido las Regiones del norte, planteamos lo poco presentable que resulta que ciudades como Calama, Tierra Amarilla, Vallenar, Copiapó, El Salado y Diego de Almagro, que se encuentran junto a enormes riquezas que le han proporcionado tanto a Chile, hayan recibido tan poco.
Éstas son algunas de las ciudades que, no obstante estar al lado de Chuquicamata -como Calama o Diego de Almagro-, tienen tremendos atrasos en materia de infraestructura.
Estamos peleando con el Ejecutivo para que en la Tercera Región no se aplique un abusivo programa del Gobierno, consistente en cobrar peaje por circular en una sola vía. Es la única Región del país en la que se estaría inaugurando ese sistema.
Hemos entregado mucho, señor Presidente. Nuestras Regiones del norte han financiado las grandes obras de Chile. Hoy apareció en uno de los medios de comunicación de la tarde un reportaje sobre lo que se hizo con los recursos del salitre provenientes del norte. Lo mismo sucede con la plata, el hierro, el oro y todas las demás riquezas que se han extraído de esos lugares.
Me gustaría escuchar de la señora Presidenta de la República o de sus Ministros que van a preocuparse realmente de invertir en ese norte que tanto ha dado al país.
En el Senado se ha estado discutiendo una iniciativa que francamente es una vergüenza. Cuando se tramitó el denominado "proyecto del royalty", junto con el Honorable señor Cantero, lo apoyamos, porque se nos dijo que los fondos recaudados irían a compensar a las regiones mineras de donde se extraían los recursos no renovables, pues éstas se hacían cada vez más pobres.
Cuando presentamos con los Senadores del norte una indicación a dicha iniciativa para que el 80 por ciento de esos recursos se destinaran a proyectos previamente priorizados por el CORE respectivo -institución elegida democráticamente- e imputados por las empresas al pago del impuesto al royalty, se nos dijo que por ningún motivo, que se iba a enviar una iniciativa aparte.
¿Y cuál es ésta? La que se denomina "Fondo de Innovación Tecnológica". Claro que es importante invertir en materia tecnológica. Claro que Chile está destinando poco a innovación tecnológica. Pero esas inversiones deben realizarse con los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos. Ya hemos entregado muchos miles de millones de dólares con el cobre. ¿Quieren, además, quedarse con los dineros provenientes del royalty? Francamente, es lamentable la actitud que se tiene con una zona que ha dado tanto a Chile y que recibe tan poco.
Las regiones mineras ostentan los peores resultados del SIMCE; hay mala salud, pésimas condiciones de seguridad ciudadana, precaria situación de infraestructura. Las únicas Regiones de este país que no tienen doble vía son la Primera, la Segunda y la Tercera, las mismas que financiaron la construcción de la Carretera Panamericana de Arica a Puerto Montt.
Entonces, por una vez, no matemos "la gallina de los huevos de oro". Por una vez, miremos hacia esas zonas que han entregado tanto a Chile y a las que, sin embargo, nuestro país les ha respondido de tan mala forma.
Por eso, señor Presidente, he querido intervenir para denunciar lo que, a mi juicio, es una nueva forma de apropiarse de nuestros recursos del norte, generados en la minería, actividad que tanto ha proporcionado a Chile, mediante el proyecto que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, que es importante, necesario para nuestro país, pero que no tiene por qué ser financiando con los dineros del royalty.
Esa iniciativa se aprobó para compensar a las Regiones del norte por la extracción de sus recursos no renovables. Hoy es el nuevo argumento del siglo XXI para apropiarse de las riquezas de nuestro norte.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
USO DE EXCEDENTES DEL COBRE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE CALETAS PICHANCO Y GONZALO EN COMUNA DE PALENA. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, en el mismo sentido señalado por el Senador señor Prokurica, pero para tratar de llevar caminos al sur de Chile, deseo pedir que se oficie a los señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, y a la señora Ministra de Defensa Nacional, a fin de que consideren la posibilidad de terminar ahora, con los recursos adicionales del cobre, pero en una muy pequeña proporción, la construcción del camino entre Caleta Pichanco y Caleta Gonzalo, en la comuna de Palena, donde sólo faltan sesenta kilómetros, que permitirían unir ininterrumpidamente nuestro país por carretera desde Arica hasta Caleta Tortel o Villa O'higgins.
Cabe recordar a Sus Señorías que en la provincia de Palena existen los precios más altos y la gente más aislada de Chile. Respecto de lo primero, siempre se ha señalado que ello ocurre en la Segunda Región. Pues bien, en la nuestra las personas pagan mucho más por los combustibles y los alimentos de primera necesidad, y viven aisladas, teniendo que viajar por Argentina, donde se cobra un seguro que no se ha compatibilizado con el que se aplica en Chile. Nuestras autoridades conversan estos asuntos hasta el infinito con sus pares argentinos, pero no resuelven nada. Casi todos los meses celebramos reuniones y no somos capaces de solucionar estos problemas. Mientras tanto, en la frontera, la gente sufre las consecuencias de tener que cancelar un seguro de 20 mil pesos, aproximadamente, para viajar por un día al lado argentino a comprar combustible.
Solicito una vez más que se considere la posibilidad de concluir este camino, el cual, además, será de gran utilidad para instalar los tendidos eléctricos que se requerirán cuando se construyan las plantas hidroeléctricas en la Undécima Región.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
FINANCIAMIENTO PARA CLASES DE RELIGIÓN EVANGÉLICA EN EDUCACIÓN MUNICIPAL. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo que se oficie al Ministerio de Educación, a fin de que nos remita estadísticas a nivel nacional, por Región, respecto de los establecimientos de educación pública que ofrecen clases de Religión Evangélica.
Son innumerables las ocasiones en que los Concilios Evangélicos de cada Región y comuna han manifestado que a nivel de municipio se argumenta permanentemente que no existe financiamiento para establecer horas de clases de Religión Evangélica. Aquellos organismos, en particular el Concilio Evangélico de la Octava Región, han señalado que pueden colocar profesores a disposición de manera inmediata.
Si hay recursos, bien. Si no, esperan recibir el trato equitativo consagrado en la Ley de Cultos, que estableció la igualdad de las iglesias ante la ley. Es decir, el derecho que le asiste a la Iglesia Católica de contar con un profesor de Religión financiado por el sistema municipal, también le asiste a la Iglesia Evangélica. Los padres pueden decidir libremente el tipo de educación religiosa que quieren para sus pupilos, dentro de lo que se les ofrece.
Hoy día lo que ocurre es que, en numerosas comunas de amplia ascendencia evangélica, los niños salen de la sala de clases y se quedan en el patio en las horas de Religión. Es decir, se produce una situación realmente increíble.
Por ello, solicito que se oficie al señor Ministro de Educación para que envíe a cada rincón del país las instrucciones necesarias para que los alcaldes, mediante la educación municipalizada, den cumplimiento a reiteradas circulares que la Cartera del ramo ha remitido en los últimos años, las cuales, sin embargo, han sido ineficientes al momento de implementarse.
Además, reitero la petición de que el Ministro informe de manera detallada, comuna por comuna, Región por Región, acerca de cuántas y cuáles escuelas ofrecen clases de Religión Evangélica.
Espero que cuando, en la discusión presupuestaria de este año, se analicen las glosas destinadas al financiamiento de la subvención escolar, se establezca la equidad y se dé cumplimiento a los compromisos que asumimos en la Ley de Cultos, en cuanto a tratar con igualdad de condiciones a todas las iglesias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
IGUALDAD DE ACCESO A CENTROS HOSPITALARIOS
PARA PASTORES EVANGÉLICOS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Sin embargo, no sólo la Cartera de Educación tiene la oportunidad y el deber de propender a ello, también lo puede hacer el Ministerio de Salud. Por eso, pido a la titular de esta Secretaría de Estado que informe respecto de las autorizaciones otorgadas a los pastores evangélicos para acceder a los centros hospitalarios en igualdad de condiciones que la Iglesia Católica y muchas otras instituciones que brindan atención de carácter humanitario.
En muchos establecimientos los pastores están sometidos sólo al horario de visita. Sin embargo, muchas instituciones que prestan servicios al interior de los hospitales tienen libre acceso. Es difícil coordinar un horario similar al de los familiares para cumplir con la tarea pastoral en el ámbito evangélico. Y en tal sentido, lo único que solicitan los pastores es una credencial. Exigen condiciones no privilegiadas, sino iguales a las que poseen otras instituciones que brindan asistencia social y, en particular, religiosa dentro de estos centros hospitalarios.
Por eso, solicito que se oficie a la señora Ministra de Salud para que indique cuántos y cuáles hospitales cuentan con la reglamentación que regula el acceso de pastores evangélicos para ofrecer servicio religioso o atención espiritual, a fin de tener reglas del juego claras. Si va a existir un carné que los identifique, es posible hacerlo en coordinación con los Concilios Evangélicos, de tal manera de evitar cualquier problema. Lo que se desea es facilitar el acceso.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PREOCUPACIÓN POR NO ENTREGA DE SITIOS EN COMODATO A DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Del mismo modo, deseo que se envíe un oficio al Ministerio de Vivienda, al SERVIU de la Octava Región y también al del nivel nacional, para que nos informen acerca de un conjunto de comodatos solicitados de manera reiterada para diversas organizaciones sociales, en particular, para algunas iglesias evangélicas.
Quiero que la titular de esa Cartera explicite si efectivamente existe alguna disposición del SERVIU que prohíba la entrega de comodatos a las iglesias evangélicas y que señale cuáles son las condiciones para que otras entidades sociales tengan acceso a ellos.
Siempre se trata de retazos de sitios, de 150 ó 200 metros cuadrados, en diversos lugares de cada una de las comunas. Dichos terrenos tienen un valor comercial. Es cierto. Pero, dentro de la política pública de promoción de la participación social y comunitaria del Estado, que la propia Presidenta Michelle Bachelet ha declarado, el Ministerio de Vivienda debiera facilitar la entrega a diversas organizaciones de sitios en comodato que les permitan disponer de espacios para construir sus sedes. En muchos casos, su otorgamiento está pendiente desde hace varios años, en particular para comedores infantiles, para centros de rehabilitación de alcohólicos. Y ello causa extrañeza y preocupación en muchos concilios evangélicos.
Si no remediamos esta situación en un plazo prudente y con una explicación razonable, pensaremos derechamente en discriminación, porque hay muchas instituciones que sí acceden a comodatos. De manera inexplicable, el Ministerio de la Vivienda en el período anterior -del Gobierno del Presidente Lagos-, por una razón que todavía desconocemos, limitó la entrega de éstos y sugirió a las organizaciones que compraran los terrenos. No me parece lo más adecuado pedir a una institución que entrega de manera gratuita mano de obra profesional que pague al Estado, si desea levantar su sede.
Y lo he manifestado en diversas oportunidades. Hoy lo reitero una vez más, a fin de obtener una respuesta.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
CRÍTICAS POR FUNCIONAMIENTO DE BIOVÍAS I EN OCTAVA REGIÓN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Por otra parte, pido que se oficie a la CORFO y al Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado para que informen respecto del funcionamiento del plan Biovías I, en la Región del Biobío, específicamente del tren que cubre el trayecto entre los sectores de Hualqui y Talcahuano.
Todas las informaciones señalan que dicho tren sólo está movilizando el 1 por ciento de los pasajeros en la intercomuna del Gran Concepción.
Quiero saber exactamente si esa modalidad de transporte, con el escaso número de pasajeros que moviliza, está produciendo pérdidas o ganancias. Todo indica que se está trabajando a pérdida.
Deseo conocer el rendimiento económico de dicho tren; cuáles son los diversos planes y proyecciones que se contemplan, en especial respecto de la anunciada interconexión entre Concepción, Coronel y Lota; los montos de la inversión; las copias de los programas. Todo esto, para que la comunidad pueda estar informada.
Diversas organizaciones sociales de Coronel marcharon más de 17 kilómetros a pie para reclamar por un ferrocarril intercomunal entre dichas ciudades.
También quisiera consultar a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado -según entiendo, pertenece al Sistema de Administración de Empresas Públicas (SAE)- para que informe sobre alguna evaluación de un proyecto de tren rápido que una a Concepción y Santiago.
Se ha señalado que ese medio de transporte podría cubrir el trayecto en sólo tres horas y treinta minutos.
Se trata, sí, de un proyecto de alta inversión.
Deseo saber si existe un estudio para la concesión de ese tramo, toda vez que cada día resulta más notoria la posibilidad de que sea viable la integración territorial a través del tren rápido, sobre la base de la modernización de ferrocarriles.
En los casos de Biovías 1 y Biovías 2, en la Región del Biobío, se utiliza el equipo usado que todos conocemos.
Cabe recordar que se adquirieron en España vagones reacondicionados que no han exhibido los márgenes de operatividad esperados. Es más: han presentado dificultades.
Por tal motivo, solicito que también se informe en qué han consistido esos problemas; cuál fue el monto de la adquisición; por qué se optó por la alternativa de trenes usados y no se compraron nuevos.
Porque, en definitiva, una gran idea como la de fortalecer el ferrocarril, en la que coincidimos plenamente muchos Parlamentarios, al igual que la población, se ha visto desvirtuada por la adquisición de material, si no obsoleto -al respecto, se ha exagerado la crítica política, ya que tampoco ha fallado tanto como pareciera-, de segundo uso, que ha generado una expectativa de bajo rendimiento en la comunidad y los usuarios. Es decir, existe en las personas más bien un rechazo a emplear ese medio por temor a quedar tiradas en el trayecto -particularmente, en el de Concepción-Chillán-, dada la antigüedad del equipo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, en conformidad con el Reglamento.
SITUACIÓN LEGAL DE PILOTOS Y AVIONES
POLACOS ESTACIONADOS EN ANGOL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido oficiar a la Dirección del Trabajo para que informe respecto de la situación de un conjunto de aviones (11 en total) de matrícula polaca estacionados en el Aeródromo de Angol desde hace cinco años.
De acuerdo con lo que nos ha informado la Dirección General de Aeronáutica Civil, en su momento se les otorgó autorización para operar, la cual vence en junio del año en curso.
Quiero saber si los pilotos de esas aeronaves, de nacionalidad polaca, tienen permiso de trabajo para permanecer en el país.
La Dirección de Aeronáutica Civil nos ha dicho que cuentan con licencia comercial chilena y con habilitación en el tipo de material específico, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Licencias al Personal Aeronáutico.
Deseo consultar si efectivamente esos pilotos están contratados de acuerdo con nuestra legislación laboral, en qué condiciones se hallan y cuál será su situación al expirar el próximo mes el plazo de utilización de los aparatos.
Por lo tanto, solicito que también se oficie a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que en forma cordial nos ha informado en detalle sobre la situación, para que aclare la duda que se desprende de los antecedentes entregados: si todas las aeronaves se hallan autorizadas para su uso hasta junio próximo, con excepción de una que no habría operado esta temporada, ¿cuál es la situación de esta última de aquí en adelante?
Si bien los incendios forestales han declinado, particularmente por la estación climática en que estamos, resulta importante que toda operación aérea, y en particular la del combate de siniestros que cuenta con personal extranjero, cumpla con la normativa legal en cuanto a contratos de trabajo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Navarro, en conformidad con el Reglamento.
DEPORTACIÓN DE ESTUDIANTES CHILENOS
DESDE MÉXICO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie en mi nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe acerca de la situación que afectó a la ciudadana chilena Valentina Palma Novoa, expulsada de México el pasado 5 de mayo después de haber sido detenida en una localidad de ese país, donde se encontraba cumpliendo tareas propias de la carrera de cine, que cursaba en Ciudad de México.
Se trata de una situación bastante irregular y que ha llamado poderosamente la atención en ese país.
Un comunicado oficial del Gobierno de Chile, fechado el 9 de mayo, señala que nuestra compatriota y cuatro extranjeros más fueron expulsados luego de haber sido detenidos en circunstancias extraordinariamente complejas. Tengo en mis manos el diario mexicano "La Jornada", del martes 9 de mayo, donde se consignan denuncias sumamente graves de golpes, abusos y vejaciones.
Tuve la oportunidad de conversar con Valentina Palma y con otro joven chileno deportado, y de imponerme de la situación descrita ampliamente en la prensa mexicana y en diversos comunicados elaborados por ellos con el objeto de iniciar acciones legales. La medida ¿que se incluye, sin duda, dentro de las atribuciones del Gobierno mexicano- tuvo lugar aun cuando ambos contaban con la visación correspondiente, pues se encontraban en calidad de estudiantes de las carreras de antropología social, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el caso de Mario Alberto Aguirre, y de realización cinematográfica, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el de Valentina Palma Novoa, quien cursaba su cuarto año, habiendo egresado previamente de la citada Escuela Nacional.
Los propios establecimientos antes mencionados han emitido comunicados -los tengo en mi poder- que señalan claramente que ambos jóvenes cursaban sus estudios sin ningún tipo de problema y que dentro de los proyectos de práctica se consideraba la toma de contacto con sucesos políticos, sociales, a fin de captar imágenes para documentales, trabajo en el que se encontraban cuando fueron detenidos.
Lo importante es que están vivos, que regresaron.
Pero llama mucho a la reflexión, señor Presidente, el amplio relato de Valentina, en particular, respecto del trato vejatorio sufrido por ella y también por otras mujeres detenidas.
Por eso, quiero solicitar un informe al respecto de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial de nuestro Embajador en México, señor Eduardo Aninat, con el cual me he comunicado telefónicamente y quien ha tenido la mayor preocupación por este caso. Sin embargo, sería bueno saber la posición oficial del Gobierno de Chile frente al hecho señalado y, específicamente, conocer el informe oficial del Gobierno mexicano tras la expulsión de dos jóvenes chilenos que contaban con las autorizaciones necesarias, que no se encontraban realizando ningún acto delictivo y que circunstancialmente estuvieron en el centro de una confusa situación social en ese país, quienes han debido pagar las consecuencias de ser expulsados sin haber podido recoger siquiera una sola prenda de vestir. La medida, en definitiva, truncó la posibilidad de seguir estudiando en México tanto de Valentina (en cuarto año) como de Mario Alberto Aguirre Tomic (en tercer año).
Es importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda informar sobre las gestiones realizadas para proteger a los chilenos que se encuentran en el extranjero y, particularmente, a aquellos que se ven enfrentados al tipo de situaciones antes descrito.
Puedo dar fe de la frustración de Valentina Palma Novoa. La conocí cuando era estudiante y presidenta del centro de alumnos del liceo fiscal de Concepción. Toda la comunidad y, particularmente, sus amigos saben de su integridad moral, ética y su gran capacidad intelectual, por lo que los motivos argumentados para su expulsión no nos parecen creíbles.
Queremos la información oficial, de tal manera de cuidar las relaciones entre dos países amigos: Chile y México.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SOLICITUD DE CATASTRO DE DERECHOS DE AGUA
EN REGIONES OCTAVA, DÉCIMA Y UNDÉCIMA. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero solicitar al Ministerio de Obras Públicas, específicamente a la Dirección de Obras Hidráulicas, el catastro de propiedad de derechos de agua en la Octava, Décima y Undécima Regiones, respectivamente.
Se ha señalado que no existe un registro público que indique de quién es el agua en nuestro país. Pero, de manera especial en las Regiones recién mencionadas, deseo conocer aquel que tiene en sus manos dicha Dirección.
Como están sujetos al régimen comercial, los derechos de agua cambian de propiedad. Hasta hace poco eran gratuitos, otorgados a perpetuidad y sin ninguna exigencia de garantía de su uso al momento de ser solicitados. Es decir, se pedían, se entregaban a perpetuidad y con costo cero y no importaba si eran utilizados.
Todos esos derechos tienen hoy día gran valor. El mercado del agua es nuevo. Por eso, quisiera que la Dirección de Obras Hidráulicas nos pudiese informar si posee antecedentes relativos al curso de la propiedad de los derechos de agua otorgados tanto en la Octava como en la Décima y Undécima Regiones.
Asimismo, deseo saber cuáles son los derechos de agua pendientes, tanto los relativos a aguas superficiales como a subterráneas, de manera de garantizar que esta información sea lo más transparente posible.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
COSTO EXCESIVO DE ELECTRICIDAD EN ISLA SANTA MARÍA
Y AISÉN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Comisión Nacional de Energía para saber lo que determina el costo de la electricidad en la Región de Aisén y cuáles son los proyectos diseñados para bajarlo, pues resulta elevadísimo.
En el caso de la isla Santa María (Octava Región), que queda a dos horas y media en lancha de la comuna de Coronel y que tiene cerca de tres mil habitantes, el costo del kilovatio ha superado 500 pesos, mientras que en esa última ciudad no supera 98 pesos, es decir, es cinco veces menor.
Se ha producido, entonces, una grave situación. Conversé con don José Leal, Presidente de la Junta de Vecinos de Puerto Sur -junto con la de Puerto Norte son las organizaciones sociales más importantes de la zona-, y me enteré de que la realidad es dramática.
Siento que se puede vivir una crisis social, dado que los isleños se ven imposibilitados de pagar cuentas de electricidad que alcanzan a 80 mil pesos mensuales, en circunstancias de que en el continente las de los coronelinos -los habitantes de la isla Santa María también lo son- fluctúan entre 8 mil y 16 mil. En un hogar de la isla que cuente con un televisor y un refrigerador, y sin mayores aparatos electrodomésticos adicionales, se pagan sumas que superan 60 mil pesos.
El Gobierno, a través de la Gobernación Provincial de Concepción, se comprometió a establecer un subsidio -como lo hemos hecho con el archipiélago Juan Fernández-, pues se requiere un régimen de administración política especial. Pero la verdad es que los territorios insulares cercanos se nos han quedado fuera.
Yo planteé este problema en su oportunidad en la Cámara de Diputados, así como a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y al propio Gobierno, para hacer ver que las islas cercanas están abandonadas y, por supuesto, aisladas.
En este caso específico, la Comisión Nacional de Energía ha confirmado sólo estudios eólicos y sobre cables submarinos. Sin embargo, los pobladores de la isla Santa María no pueden esperar que se terminen esos análisis para saber si el régimen de vientos proporcionará electricidad más económica o si el cable submarino es rentable. Ellos hoy día están padeciendo un endeudamiento inusitado, imposible de absorber, y se requieren propuestas sin duda más oportunas.
Por lo tanto, solicito que se oficie también a la Municipalidad de Coronel y al Gobierno Regional, con el objeto de que hagan llegar todos los antecedentes posibles para determinar la magnitud del endeudamiento producto del alto costo de la electricidad en la isla Santa María, perteneciente a esa comuna.
Asimismo, reitero la petición de oficio tendiente a contar con la evaluación del costo de la electricidad en la Región de Aisén, dado que se presenta la paradoja impresionante de que ésta dispone de los recursos hídricos más importantes, de los ríos más grandes. La cifra por el concepto mencionado es elevadísima, sin embargo.
Por ello, quisiera que la Comisión Nacional de Energía nos proporcionase el catastro respectivo, para saber cuánta es la diferencia entre el norte, el centro y el sur del país en materia de costo de electricidad, de manera que cualquier proyecto que se desarrolle en ese ámbito pueda contemplar una situación especial de precios para las comunidades, especialmente en los lugares de generación.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
ACREDITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE HOSPITALES. OFICIO
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, la semana pasada sostuve una reunión con la directiva de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) en la Región que represento y uno de los puntos tratados fue que la Ley sobre Autoridad Sanitaria, que despachamos hace un tiempo, señala que los hospitales, para optar a ser autogestionados, deben acreditarse. Eso también significa acreditar a su personal.
Los paramédicos que en la actualidad laboran en todos esos establecimientos generalmente han recibido una formación consistente en mil 600 horas de instrucción, impartidas por el Ministerio de Salud. Es un largo período de estudio. Sin embargo, no cumplen con los requisitos que impone la ley, porque carecen de un título técnico entregado por un plantel de educación superior.
Tal situación afecta aproximadamente a 20 mil personas a nivel nacional.
Por eso, solicito que se oficie a la señora Ministra de Salud para que nos informe cómo se piensa solucionar este problema. Es obvio que se trata de personas con una vasta experiencia laboral, con los conocimientos teóricos necesarios, pero que no cuentan con un requisito a que les obliga la ley: el título.
A mi juicio, hay dos posibles soluciones. Una de ellas es la realización de algún tipo de curso a distancia, negociado entre el Ministerio y algún instituto de enseñanza superior, de manera que los montos por pagar sean bajos, y ojalá asumidos por la propia Cartera, con el objeto de que se cumpla la condición mencionada.
La otra alternativa es dictar una ley para conceder el título a quienes hayan cursado las mil 600 horas de formación en el Ministerio y que tengan un cierto número de años en el ejercicio de su actividad.
Insisto: se trata de 20 mil paramédicos. O sea, muchas personas se verán afectadas fuertemente por la ley.
Además, no sería suficiente mandar a los respectivos cursos. Muchos de los funcionarios trabajan en hospitales como el de Combarbalá o el de Los Vilos, ciudades donde no existen universidades o institutos. Y, aunque no fuera así, parte importante del personal debe cumplir turnos bastante desordenados -algunos lo hacen en la mañana; otros, en la tarde o en la noche-, por lo que tampoco resultaría fácil programar su asistencia a clases.
Es un tema complejo.
Cuando estudiamos el proyecto de ley respectivo, que todos votamos a favor, nadie planteó jamás la dificultad que se podría suscitar.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la Honorable señora Matthei, conforme al Reglamento.
GRAVES DAÑOS ESTRUCTURALES EN NUEVO LICEO
POLITÉCNICO DE SALAMANCA. OFICIOS
La señora MATTHEI.-
El otro tema que deseo plantear, señor Presidente, dice relación a que el año pasado se terminó la construcción del nuevo liceo politécnico de Salamanca, en la Cuarta Región, establecimiento que era un anhelo importante de los habitantes de la ciudad, quienes veían que por esa vía sus hijos podrían obtener algún título que les permitiera trabajar, aun cuando no pudiesen asistir después a la universidad o seguir una carrera de la educación superior.
El problema es que apenas se terminó el edificio, que costó entre 700 y mil millones de pesos, se dieron cuenta de que tenía gravísimos daños estructurales. En estos días, los expertos de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DICTUC) evacuaron un informe que lo constata. La situación es de tal envergadura que el alcalde señaló que el texto era lapidario.
Lo anterior significa varias cosas.
En primer término, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro de Educación para saber si finalmente el edificio será demolido o se tomará alguna otra decisión.
Es obvio que la estructura no está en condiciones de ser utilizada -no lo ha sido ni un solo día- y que se malgastaron aproximadamente mil millones de pesos, aparte que los salamanquinos siguen sin un liceo politécnico.
Por lo tanto, pido que se resuelva en forma rápida. Si se opta por la demolición, que el edificio se reconstruya de manera que la comunidad cuente con un establecimiento que funcione.
En segundo lugar, es obvio que deben establecerse responsabilidades. En ese sentido, solicito requerir una copia del sumario respectivo, que imagino que ya se debe de haber realizado, porque hace más de un año que se tomó conocimiento de la situación.
Si no se ha llevado a cabo, pido que se instruya, para saber quién se hará responsable de la situación: ¿el Ministerio, la municipalidad, los ingenieros a los cuales se encargó la obra, la Dirección de Obras del municipio?
Considero necesario conocer qué sucedió para que un edificio con un costo aproximado de 1.000 millones de pesos no se haya podido utilizar ni un solo día.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:30.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción