REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 12ª, en miércoles 3 de mayo de 2006
Ordinaria
(De 16:29 a 19:22)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
Y JAIME NARANJO ORTIZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el señor Ministro Secretario General de Gobierno y la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:29, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de sesiones 8ª y 9ª, ordinarias, en 18 y 19 de abril, respectivamente, y 10ª, especial, en 19 de abril, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional en las siguientes fechas, con el propósito que en cada caso se señala:
El día 8 de mayo de 2006, en vuelo hacia el continente europeo;
El 10 del mismo mes, en visita oficial en la ciudad de Madrid, Reino de España;
La mañana del 11 de mayo, en visita a las tropas chilenas en la ciudad de Sarajevo, República de Bosnia y Herzegovina;
Entre la tarde del día 11 y el día 13, para participar en la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y El Caribe, y en visita de trabajo en la ciudad de Viena, República de Austria;
El día 13, en vuelo hacia Santiago, a donde arribaría el 14.
Agrega que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro del Interior, don Andrés Zaldívar Larraín.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha tomado conocimiento del rechazo por parte del Senado a algunas de las enmiendas introducidas al proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (boletín Nº 2.336-06), a la vez que informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo informa que aprobó el proyecto que prorroga los plazos de la ley Nº 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 4.175-03).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Prokurica, sobre los gastos en publicidad y difusión de la Secretaría de Estado a su cargo durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2005 y el 15 de enero de 2006.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a los problemas que afectan a los productores de trigo de la Región de La Araucanía.
Del señor Fiscal Regional del Ministerio Público de La Araucanía, por medio del cual responde un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Espina y García, sobre delitos de robo cometidos en la Región durante el año 2005.
Del señor Jefe del Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de Carabineros de Chile, mediante el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de accidentes de tránsito con participación de vehículos de locomoción colectiva.
Del señor Subgerente de Previsión de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A., con el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, relativo a situación previsional de la persona que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Nuevo primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el número 16 del artículo 97 del decreto ley Nº 830, de 1974, Código Tributario, que sanciona la pérdida o inutilización de los libros o documentos que señala (boletín Nº 2.364-05).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que obliga a los bancos a repartir dividendos en los casos que indica (boletín Nº 3.894-05).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Prokurica, sobre modificación del Código Tributario en lo relativo a derechos de los contribuyentes (boletín Nº 3.845-05).
--Quedan para tabla.
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, se acaba de dar a conocer un nuevo primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Tributario respecto de la sanción por la pérdida de libros o documentos de contabilidad.
El primer informe, que se discutió y votó en la Sala, estaba correcto, porque nunca estuvo en el ánimo de los integrantes de ella modificar el tope máximo de la multa.
Por lo tanto, solicito que la mencionada iniciativa vuelva a la Comisión de Hacienda para analizar en detalle por qué se produjeron estos malentendidos que finalmente derivaron en una situación ajena a lo conversado con el Servicio de Impuestos Internos.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el proyecto de nuevo a la Comisión de Hacienda.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ.-
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, durante la Cuenta se acordó que el proyecto de ley relativo a sociedades anónimas deportivas pase a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Pido recabar el asentimiento del Senado para que dicha Comisión, junto con sesionar paralelamente con la Sala, dé un informe verbal sobre la materia.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Efectivamente, como lo ha señalado el Senador señor Gómez, el proyecto que prorroga los plazos de la ley sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, cuya urgencia vence el 7 de mayo, requiere ser visto cuanto antes por el Senado.
Por lo tanto, solicito pedir autorización para que sesione paralelamente con la Sala la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento y para que ésta emita un informe verbal. Todo esto, con el fin de que se pueda despachar el proyecto antes del término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Antes de comenzar el análisis del proyecto signado con el número 1, solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Investigaciones, don Ricardo Navarrete.
El señor ESPINA.-
No.
El señor PROKURICA.-
No estoy de acuerdo.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Como varios señores Senadores evidencian su desacuerdo, no se accede.
CREACIÓN DE NUEVOS ESCALAFONES
EN PLANTAS DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de nuevos escalafones en las Plantas de la Policía de Investigaciones de Chile, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4001-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 7 de marzo de 2006.
Informe de Comisión:
Defensa, sesión 11ª, en 2 de mayo de 2006.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los objetivos del proyecto son: superar las deficiencias de dotación de la Policía de Investigaciones e incorporar nuevas habilidades a los profesionales investigadores con el fin de mejorar la gestión institucional, ampliando la capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad contemporánea y a los requerimientos del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
La Comisión de Defensa Nacional deja constancia en su informe de que discutió la iniciativa solamente en general y dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Arancibia, Coloma, Gazmuri, Prokurica y Zaldívar), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto del proyecto que la Comisión propone a la Sala para su aprobación en general se transcribe en las páginas pertinentes del informe.
Es menester tener presente que, para su tratamiento en particular, la normativa debe ser analizada también por la Comisión de Hacienda.
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, se trata de aprobar la idea de legislar sobre este proyecto de ley, que es el segundo que vemos en la legislatura relacionado con un reforzamiento muy sustancial de las capacidades policiales del país.
Hace 15 días aprobamos uno relacionado con una ampliación sustantiva de las Plantas de Carabineros. El de hoy se refiere básicamente a un aumento cuantitativo y cualitativo en las Plantas de Investigaciones de Chile, institución policial que juega un rol fundamental en la seguridad del país.
La iniciativa en debate contiene dos objetivos.
El primero apunta a aumentar de manera bastante importante el personal de oficiales de la policía civil.
Señor Presidente, antes de seguir informando, solicito que se recabe la autorización de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Investigaciones.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Ya se pidió el acuerdo, pero algunos señores Senadores no aceptaron. Pero si así lo requiere Su Señoría, puedo reiterar la solicitud.
El señor PROKURICA.-
Yo no daré la unanimidad.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tampoco ahora hay acuerdo.
El señor GAZMURI.-
¿Se adujo alguna razón, señor Presidente?
El señor PROKURICA.-
¡Hable con el titular de Hacienda!
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Señor Senador, yo soy el que entrega el uso de la palabra.
Puede continuar, Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
¿Puedo hacer una pregunta, por intermedio de la Mesa?
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Haga todas las consultas que estime convenientes, Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
¿Se dio alguna razón para negar el ingreso del mencionado Subsecretario?
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Para responder a Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, aquí hay una cuestión muy clara.
Pido al Honorable señor Gazmuri que converse con el señor Ministro de Hacienda, a fin de persuadirlo de asistir a la Comisión de Agricultura, ya que ha sido invitado reiteradamente y no ha dado respuesta.
Creo que debemos respetarnos. Y lamento que siempre estemos tratando de quitarnos el piso. Éste es el Senado. Por tanto, intentemos defenderlo entre todos. Si el Ejecutivo no respeta al Poder Legislativo, tenemos que usar los únicos mecanismos con que contamos para poner cortapisas a situaciones como la que describí.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Puede continuar con el informe, Senador señor Gazmuri, pues su consulta ha sido respondida.
El señor GAZMURI.-
Cada uno está en su derecho, Honorable señor Prokurica. Pero lamento que nos autolimitemos en la discusión de proyectos importantes como éste, en el sentido de no contar con todos los aportes técnicos que puedan hacer quienes tienen responsabilidades en el Ministerio de Defensa.
Señor Presidente, reitero que la iniciativa en estudio cumple dos objetivos. El primero se refiere a una ampliación bastante sustantiva en la dotación futura de los oficiales de la Policía de Investigaciones, y el segundo apunta a una mayor profesionalización y tecnificación de la Institución. Para ello se genera un aumento de 1.066 oficiales policiales en los próximos cinco años, a razón de 250 en cada uno de los primeros cuatro y 66 en el quinto. Al mismo tiempo, se crea un escalafón denominado "Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales".
¿Cuál es la diferencia entre esa nueva estructura y los actuales oficiales policiales? Que para su ingreso se exigirá tener una profesión universitaria de al menos ocho semestres, vale decir, de cuatro años.
Ésa es la esencia del proyecto.
En definitiva, se crea un escalafón paralelo al actual, de Oficiales Policiales Profesionales. Para ingresar a él se exigen estudios en una carrera de a lo menos ocho semestres impartida por la educación superior, además de un año de formación policial especializada en la Escuela de Investigaciones.
¿Cuál es el fundamento de la iniciativa?
En primer término, el aumento en la dotación de Investigaciones de Chile tiene que ver básicamente con que, a pesar del reforzamiento bastante sustancial en tal sentido durante los últimos Gobiernos, particularmente en los de la Concertación, todavía existe un déficit de oficiales profesionales. Ése es el primer tema. O sea, aquí estamos aumentando de manera muy significativa la planta de la Institución.
La segunda razón se refiere a que son indispensables, en grado creciente, la profesionalización y la especialización de los investigadores policiales.
Se han añadido nuevas tareas a las policías -pero en especial a la de Investigaciones-, muchas de las cuales emanan esencialmente de las recientes exigencias derivadas de la reforma procesal penal, de la creación del Ministerio Público y de todo lo relativo al nuevo sistema de enjuiciamiento.
Por otra parte, es evidente la creciente sofisticación -por así decirlo- de las figuras delictivas. Aparecen tanto en Chile como en el mundo nuevas figuras delictivas que no estaban en el registro histórico sobre la materia, como el cibercrimen, y se masifican otras, como la droga y el terrorismo. Se agregan nuevas áreas de delitos. Pensemos en los medioambientales, que deben ser regulados por leyes que requieren el concurso de una policía especializada.
Por tanto, el segundo elemento apunta a la necesidad de contar con una policía cada vez más profesionalizada y con una dotación suficiente.
El proyecto de ley es muy simple. Su artículo 1º detalla el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales y la cantidad de funcionarios en cada una de las categorías. El número total de ellos -como dije- alcanza los 1.066 efectivos. Si la normativa se aprueba lo antes posible -como todos esperamos, de acuerdo a la respectiva urgencia-, dicho programa empezará con la selección de postulantes -ya en septiembre estarían formándose los primeros 250 oficiales profesionales- y concluirá al cabo de cinco años.
La iniciativa, como digo, describe los distintos escalafones. Y se ha organizado todo de tal manera que el ingreso de los nuevos oficiales policiales profesionales sea en el grado 9. Después los grados se van haciendo compatibles con los del Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de Línea.
Por último, se pide la aprobación de la idea de legislar. En el segundo informe se podrán plantear las observaciones del caso. Pero tengo la impresión de que no correspondería la formulación de indicaciones, porque son todas materias de iniciativa del Gobierno.
Por lo tanto, propongo a la Sala que en el segundo informe el proyecto pase, como corresponde, a la Comisión de Hacienda ¿ello no se hizo con ocasión del primero-, aunque creo que no será necesario si no se presentan indicaciones en la Comisión de Defensa, caso en el cual, por la naturaleza del proyecto, pediría que lo aprobáramos en general y en particular.
Es cuanto puedo informar.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, muy brevemente, quiero destacar dos aspectos de este proyecto, que fue estudiado por la Comisión de Defensa y acerca del cual acaba de informarse.
El primero es que, al igual que el despachado hace quince días, éste también tiene por finalidad básica reforzar la lucha contra la delincuencia y avanzar en pos de la seguridad ciudadana, aspecto que, objetivamente, creo que fue descuidado por mucho tiempo. Y espero que éstos sean signos claros de que se empieza a retomar.
El aumento de dotación, la creación de nuevos escalafones en la planta de la Policía de Investigaciones y el enfoque que se da en el preámbulo del mensaje y las ideas matrices contenidas en él apuntan precisamente en el sentido de que hay nuevas exigencias y dificultades que es necesario resolver de manera decidida mediante el reforzamiento de las medidas dispuestas constitucionalmente para prevenir y sancionar los actos delictuales.
En esa lógica, al final se logra incrementar de manera significativa la dotación de Investigaciones, lo que es muy importante para el país.
Asimismo, deseo destacar un segundo aspecto, que a mi juicio es lo más novedoso del proyecto en análisis: la combinación de la formación policial tradicional con la educación superior. Ello fue objeto de un interesante debate en la Comisión, y quise transmitírselos en alguna medida.
Tradicionalmente, la formación del personal de que se trata se da de modo íntegro en la Escuela de Investigaciones. Así ha sido históricamente. Con posterioridad, y a partir de esa realidad, se buscan los perfeccionamientos profesionales, que son cada vez más complejos y de mayor entidad en el mundo actual.
Aquí lo que se pretende, siguiendo el modelo moderno, es atraer a profesionales jóvenes que están terminando su carrera y perfeccionarlos en este campo. Imaginen Sus Señorías lo útil que puede ser para la Institución -así lo explicó el Subsecretario del ramo- el hecho de contar en sus filas con ingenieros, contadores, médicos, gente con preparación profesional que ha costado dinero formar y que puede incorporarse al nuevo escalafón de la policía civil.
Creo, señor Presidente, que éste es un cambio sustancial, porque armoniza los mecanismos de selección y reclutamiento con el perfeccionamiento profesional. O sea, las universidades, tal vez sin saberlo, a través de la instrucción que imparten a sus alumnos, pueden estar formando a los futuros investigadores de Chile. Y eso, sin duda, constituye un paso decisivo para hacer un upgrade en la carrera, como se señaló.
Adicionalmente, en la Comisión tuvimos especial cuidado para detectar -y así fue confirmado- que esto es bien visto al interior de la Institución, porque se van abriendo espacios para acelerar el proceso y ocupar un rango más relevante en ella.
En síntesis, creo que se armoniza de manera adecuada esta reingeniería de la Escuela de Investigaciones con la buena disposición interna, en el entendido de que ésa es la forma de colocarse a la vanguardia en la lucha contra la delincuencia y enfrentar los nuevos desafíos del mundo moderno.
Por eso, pienso que ése es un aspecto muy destacado y emblemático, que permitirá resolver bien el asunto y dará una respuesta adecuada a las necesidades de Chile.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, tras un análisis técnico queda de manifiesto, como dice el mensaje con que se inicia este proyecto, que la Policía de Investigaciones y la tarea policial en nuestro país han demandado y demandan una mayor profesionalización. Resulta indispensable adecuar las instituciones policiales a los nuevos requerimientos.
La dotación de funcionarios establecida a fines de los 90 ha sido objeto de diversas modificaciones orientadas a dar respuesta a requerimientos coyunturales, buscando mejorar los índices de eficiencia por la vía de redistribuir el personal en los diferentes escalafones institucionales.
Se estima necesario dar un nuevo paso creando en esta oportunidad un escalafón que combine un importantísimo aumento de la dotación con una mayor profesionalización y tecnificación institucionales.
A nivel global, emergen figuras delictuales antes desconocidas, como las mencionadas aquí; se masifican otras, como el tráfico de drogas y el terrorismo, y, por ende, se renuevan en forma permanente los métodos de prevención y represión de la criminalidad.
La entrada en vigencia de la reforma procesal penal ha sometido a nuestras policías a nuevas y mayores exigencias, lo que lleva a que a veces no se puedan dedicar sólo a la labor policial, sino que también deban incorporarse al quehacer judicial, lo que les demanda tiempo.
De allí que se valora la conveniencia de combinar la formación policial tradicional con la educación superior mediante la selección y la formación técnica orientada a profesionales cuya instrucción académica potencie las distintas especialidades de investigación policial. Se trata de captar a profesionales egresados de la universidad para que ingresen posteriormente a la Escuela de Investigaciones, donde recibirán formación policial, trayendo savia nueva y generando agentes mejores y más profesionales.
La iniciativa pretende mejorar la calificación científico-técnica del personal de la Institución incorporando profesionales de carreras de a lo menos cuatro años u ocho semestres de duración.
El proyecto no perjudicará a los actuales escalafones de oficiales, ya que se crea uno paralelo en el cual los nuevos profesionales, después de cursar y aprobar un año de formación en la Escuela de Investigaciones, ingresarán a la planta como subcomisarios, con grado 9, pudiendo acceder a los cargos superiores del nuevo escalafón a medida que cumplan los requisitos de permanencia en cada uno de los grados de aquél.
Además, durante los dos primeros años de vigencia de las nuevas disposiciones, los funcionarios de la planta de oficiales policiales o de la de apoyo científico-técnica que cumplan con los correspondientes requisitos de ingreso podrán también postular al curso de formación de oficiales policiales profesionales, generándose con esto igualdad de condiciones y no un grupo privilegiado respecto de los demás.
Señor Presidente, la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los bienes más requeridos por la ciudadanía. Para lograr un buen nivel en lo que el país nos está exigiendo todos los días, es necesario introducir los cambios que consigna este proyecto de ley a fin de enfrentar la nueva realidad.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, aprovecho la discusión que se está produciendo en torno a la dotación de la Policía de Investigaciones y su profesionalización para hacer ver la situación que enfrentan en la actualidad sus funcionarios en cuanto a los beneficios en su favor contemplados en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 12 de marzo de 1998.
Dicho cuerpo legal establece múltiples asignaciones, gratificaciones y sobresueldos que benefician al personal de Carabineros de Chile, siendo la más importante una asignación policial no imponible equivalente a 35 por ciento del sueldo en posesión. Esta asignación corresponde igualmente al personal de la Policía de Investigaciones, por estar asimilado remunerativamente al de Carabineros, según lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Interior, del año 1970, cuestión que ha sido refrendada por dictámenes de la Contraloría.
Sin perjuicio de ello, señor Presidente, el personal de la policía civil no ha podido optar hasta la fecha a los beneficios dispuestos por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1998, específicamente respecto de la asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales, puesto que no se ha dictado el reglamento que lo ponga en ejecución.
Por eso, junto con apoyar el proyecto, hago un llamado a la autoridad en orden a dictar el reglamento -según entiendo, se encuentra elaborado-, a fin de que tanto el nuevo personal que se incorporará a la Institución como el actual puedan acceder a los beneficios que les concede el cuerpo legal mencionado.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, uno de los temas más relevantes para los chilenos es el relativo a la seguridad ciudadana. Así lo demuestran todas las encuestas de opinión y la permanente presencia de este asunto en foros televisivos y en innumerables publicaciones en revistas, diarios y libros especializados.
Recientemente aprobamos aquí el aumento de la dotación de Carabineros de Chile, justamente para contribuir a la solución del problema y como una manifestación clara de la voluntad del Gobierno en este sentido.
La presente normativa tiene por objeto, de una parte, crear nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile para superar las deficiencias de su dotación, y de otra, incorporar nuevas habilidades a sus funcionarios, conforme a los avances tecnológicos en materia de investigación policial.
En agosto de 2005, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado consignó la necesidad de aumentar la dotación de oficiales, atendidas las características de las distintas formas de criminalidad y las nuevas tareas por abordar, cuestiones éstas demandadas por la ciudadanía.
Por tanto, es preciso fortalecer la capacidad investigativa de los funcionarios de la policía civil y reducir el déficit de su dotación, pues actualmente hay un detective por cada 4 mil 200 habitantes.
Quiero destacar la investigación realizada por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa sobre el impacto de la reforma procesal penal. En ella se constató un déficit de 2 mil 624 oficiales policiales en el año 2005, estimándose que, de no adoptarse cursos de acción especiales, podría cubrirse recién el año 2011. Y la única manera de formar a ese personal es a través de la Escuela de Investigaciones Policiales.
La planta de oficiales policiales ha aumentado en un promedio de 2,83 por ciento entre 1999 y 2005, lo que a todas luces es absolutamente insuficiente, sobre todo frente al impacto del nuevo sistema procesal penal.
Ante ese panorama, la iniciativa en debate plantea crear un Escalafón de Alto Mando, incrementando de 11 a 15 el número de prefectos inspectores, ya que se pretende que cada región policial se halle encabezada por un oficial de alta graduación y experiencia.
Además, es necesario crear el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales. Quienes postulen a esos cargos deberán estar en posesión de un título universitario. Tras un año lectivo y sus respectivas prácticas obtendrán el título de investigador policial. La idea es incorporar a 1.006 efectivos entre los años 2006 y 2010.
La aprobación del proyecto permitirá contar con capital humano más calificado en un período de formación de menor duración. A su turno, se podrán atender en menos tiempo los requerimientos y demandas del sistema procesal penal y de la comunidad.
Desde otro ángulo, será factible contar con una estructura profesional capacitada para complementar y dar mayor soporte a los trabajos científico-técnicos inherentes a la investigación moderna.
Por otra parte, al ser más breves los cursos de formación de oficiales policiales, se reducirán los costos para el Estado por tal concepto.
El importante soporte que implicará la aprobación de la iniciativa permitirá diseñar un mecanismo para regular el futuro ingreso de oficiales policiales.
Con los medios contemplados en el articulado se producirá un significativo impacto en el trabajo de la Policía de Investigaciones en los siguientes aspectos:
-Se alcanzará mayor capacidad de respuesta ante las grandes demandas del Ministerio Público.
-Se fortalecerá el carácter científico-técnico de la Policía de Investigaciones, lo que permitirá ganar mayor credibilidad y confianza en la población.
-Se obtendrán mejores respuestas en materias tan relevantes como la prevención estratégica, la seguridad ciudadana y la seguridad regional.
-Se reforzarán las distintas áreas de la investigación criminal, en especial las más nuevas: cibercrimen, tráfico de drogas, delitos sexuales y otros de común ocurrencia, mejorando sus acciones y resultados.
Me merecen gran confianza los postulados y objetivos del proyecto. No cabe duda de que mejorarán las condiciones de seguridad que con tanto énfasis reclama nuestra sociedad. Y todo eso constituye un ejemplo más de la voluntad de cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno.
La Policía de Investigaciones de Chile goza de gran confianza y credibilidad en la ciudadanía. Estoy seguro de que esta iniciativa fortalecerá la Institución y contribuirá a una mayor seguridad en el país.
Anuncio que votaré favorablemente la idea de legislar.
)----------(
El señor LETELIER.-
Quiero hacer una petición, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pido recabar la autorización necesaria para que ese órgano técnico pueda funcionar en forma paralela con la Sala. La sesión a que habíamos citado se halla técnicamente suspendida y necesitamos reanudarla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.
)----------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, concurriré a aprobar en general el proyecto. Me parece importante ir adecuando los escalafones de la Policía de Investigaciones y que se vayan incorporando a esta Institución personas cada vez más calificadas.
Sin embargo, voy a plantear un hecho que he ido constatando en terreno y mediante distintas informaciones que han llegado a mi poder.
Algunos señores Senadores han formulado aquí una serie de comentarios en orden a que la iniciativa ayudará a fortalecer las medidas adoptadas para abordar, entre otros problemas, los de seguridad ciudadana y de narcotráfico.
Al respecto, quiero por lo menos dejar establecido lo siguiente.
A mi juicio, el tema principal no es de grados más o grados menos, de escalafones más o escalafones menos. La cuestión de fondo que impide una mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico radica en que la Policía de Investigaciones y Carabineros tienen una doble dependencia, lo cual neutraliza y debilita mucho su accionar.
¿A qué me refiero concretamente?
En Investigaciones, todo lo relativo al narcotráfico recae en la Brigada Antinarcóticos, cuya jefatura se encuentra en la sede central en Santiago; y paralelamente existen unidades a lo largo de todo el país. Pero el problema que enfrentan dichas unidades, sobre todo las ubicadas en Regiones, es que deben obedecer a esa doble dependencia: al Prefecto de la respectiva Región y al Jefe de la Brigada Antinarcóticos, quien está en Santiago.
¿Y qué ocurre en la práctica, señor Presidente? Que, al no ser autónomas, al no contar con un mando único, esas unidades pierden efectividad. Porque a las prefecturas a nivel regional se les imparten instrucciones para cumplir funciones distintas, que muchas veces no dicen relación directa al tema antinarcóticos, sino a la ejecución de otro tipo de investigaciones policiales.
Considero indispensable abordar en profundidad los procedimientos policiales. No basta sólo con aumentar escalafones. Si contamos con una Brigada Antinarcóticos y una Brigada de Homicidios a través del territorio, tiene que existir un mando único. Dichas unidades deben obedecer a un solo patrón y especializarse en sus funciones propias. Porque cuando en la instancia regional se les van entregando tareas de otra índole, al final se las termina debilitando, pues fueron creadas para abordar áreas específicas; por ejemplo, la de antinarcóticos.
Desgraciadamente, tanto en Carabineros como en Investigaciones se opera con esa doble dependencia. A mi juicio, para que la labor que desarrollan sea efectiva, es imprescindible que cuenten con una unidad de mando.
En la policía civil, el encargado de impartir las instrucciones y de generar las investigaciones es el Jefe de la Brigada Antinarcóticos. Y ésta debe operar con bastante autonomía a nivel regional, para evitar que se le vayan agregando funciones diferentes. Con ello, lo único que se logra es debilitar la acción de esas secciones especializadas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, la verdad es que, después de todo lo que se ha dicho en la Sala, seguir haciendo referencias especiales, explícitas, a lo que plantea el proyecto parece innecesario.
Por lo tanto, concordando en que se trata de una iniciativa buena y oportuna, hemos expresado nuestra voluntad de apoyarla sin ninguna duda.
Durante su análisis se hicieron dos consideraciones que es importante tener en cuenta, por si comentarios posteriores llegaran a oídos de los señores Senadores en sus distintas circunscripciones.
Primero, en la implementación misma del proyecto, aquella de que el doble escalafón, con dos fuentes de origen, que parece una medida absolutamente racional, lógica, conveniente, adecuada y oportuna, podría, en la estructuración de la Institución, llegar a producir una sensación de desigualdad o una diferente consideración frente a las opciones adoptadas.
¿Qué quiero decir?
Quienes entran a la Escuela de Investigaciones y siguen la carrera por el tiempo normal de permanencia saldrán al servicio como detectives, con el grado 13 de la escala de sueldos.
Los nuevos profesionales permanecerán sólo un año en la Escuela, egresarán con el grado de subcomisario y con asimilación de sueldo al grado 9.
O sea, habrá una consideración diferente y sueldos distintos para dos tipos de funcionarios que se incorporan al servicio en el mismo momento: los que salen con cuatro años de escuela y quienes egresan con sólo uno.
Ciertamente, la preparación previa de los detectives que cursarán un año en la escuela matriz amerita esa diferencia de sueldo y constituye el incentivo necesario para incorporarse al escalafón especial que el país precisa.
Sin embargo, yo quiero dejar sentado que podría generarse alguna suerte de inquietud en el personal que sigue la carrera normal, no la especial que se propone.
Tras esa salvedad, señor Presidente, hay un punto que deseo rescatar, aprovechándome de las tratativas de la ley -también lo han hecho otros señores Senadores-, cual es la necesidad de dejar planteado en la Sala que el esfuerzo que se está desplegando -que es significativo, que implicará reforzar la dotación institucional y, por consiguiente, aumentará (esperamos) la efectividad policial- debe ir acompañado de una inversión en infraestructura que permita a los servidores públicos de que se trata alcanzar los estándares de eficiencia y la dignidad profesional indispensables para ejercer su función.
Y lo planteo en esos términos. Porque cuando uno visita los cuarteles donde opera nuestra Policía de Investigaciones ve los sorprendentes niveles de abandono en que se encuentran las instalaciones. Es indigna su presentación, comparada con la de otras instituciones de la Defensa Nacional o con la de la propia policía uniformada. No ha habido una norma con la que se procure estandarizar los esfuerzos nacionales para que los servidores de todas esas instituciones, quienes cumplen funciones similares, tengan un punto de apoyo equivalente.
Y quiero remacharlo con fuerza.
Expreso mis felicitaciones. Y me alegra que el Gobierno haya presentado esta iniciativa. La vamos a apoyar. No obstante, deseo llamar a que, frente al problema vinculado con la infraestructura en que los nuevos profesionales van a operar, tratemos de darles la dignidad que bien merecen.
He dicho.
)--------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
En este momento han llegado a la Mesa dos solicitudes de permiso constitucional: de los Senadores señores Kuschel y Letelier, para ausentarse del país a contar del 4 del mes en curso.
--Se accede.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
También llegó una moción mediante la cual los Senadores señores Horvath, García, Muñoz Barra, Navarro, Orpis y Prokurica inician un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado en materia de oficios de Incidentes (boletín N° 851-09).
--Pasa a la Comisión especial encargada de estudiar en particular el proyecto de acuerdo que introduce modificaciones al Reglamento del Senado (boletín N° S 760-09).
)---------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Continúa la discusión general del proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, anuncio los votos favorables, por supuesto, de los Senadores del PPD al proyecto en debate, que contribuye a mejorar la orgánica de una institución muy importante en nuestra sociedad.
Es bueno señalar, aunque sea en forma titular, que en Chile, país con casi 16 millones de habitantes, hay 3 mil 200 funcionarios de Investigaciones que están en la calle para cumplir funciones de seguridad ciudadana, que es lo que más se reclama en todos los sectores de la comunidad; para cumplir cometidos en el nuevo sistema procesal penal, que les entrega una gran cantidad de responsabilidades, y, sin duda, para enfrentar el desafío que plantea el nuevo siglo: la seguridad regional. Porque funcionarios de esa Institución deben estar en permanente vigilancia -lo señalaron aquí algunos señores Senadores- ante los diferentes tipos de delitos, donde, incuestionablemente, el narcotráfico ocupa un papel sobremanera destacado. Y tenía razón el colega que sostuvo que, en ciertos niveles en que debe actuar la Policía de Investigaciones, los recursos son de pobreza franciscana. Por ejemplo, en nuestra zona norte se necesitan elementos de mayor modernidad (helicópteros, aviones, etcétera), ya que Chile es considerado como paso para llevar la droga a otros países.
Muchas veces hemos discutido este tema en la Segunda Subcomisión de Presupuestos. Sin embargo, lamentablemente, por razones que no es del caso analizar en este minuto, no se han puesto a disposición de Investigaciones los fondos pertinentes.
El proyecto en debate permitirá aumentar en aproximadamente 1.100 funcionarios la actual dotación de Investigaciones. Y, además del Alto Mando, habrá dos escalafones: el de Oficiales Policiales Profesionales de Línea y el de Oficiales Policiales Profesionales.
En mi concepto, la Institución ha demostrado gran responsabilidad profesional.
Quiero recordar que, merced a una iniciativa que promovió el Alto Mando de la policía civil, fue posible que aprobáramos en el Senado una iniciativa donde se otorgó el carácter de instituto de nivel superior, no sólo a la Escuela de Investigaciones, sino también a las escuelas matrices de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de la policía uniformada. De manera que hoy día los funcionarios de Investigaciones son formados al más alto nivel. Y en buena hora, porque es evidente que a mayor profesionalización obtendremos mejores resultados en seguridad ciudadana, mejores resultados en las pesquisas del nuevo sistema procesal penal y, por supuesto, mejor resguardo de nuestras fronteras en lo que dice relación a los delitos internacionales, aquellos que nos llegan desde otros países.
Señor Presidente, cuando planteo el tema de la seguridad regional, sé que los señores Senadores están de acuerdo conmigo en que ésa es una situación latente y permanente.
Debo recordar -lo hago a vía anecdótica- que hace no más de uno o dos meses un embajador de una nación sudamericana expresaba, en reiteradas declaraciones y entrevistas a medios de difusión chilenos, que estaban ingresando a nuestro país miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). O sea, ésa es una señal que debe mantenernos en alerta y, por supuesto, motivarnos a entregar con entusiasmo nuestro apoyo a la referida Institución.
Si mediante esta iniciativa se va a aumentar la dotación de la Policía de Investigaciones en 1.100 funcionarios, no es admisible que en ciudades de 30 mil o 35 mil habitantes haya 5 ó 6 funcionarios de esa Institución para cumplir las labores que describí. Eso significa que en cada una de ellas existe un detective para 5 mil o 6 mil habitantes. De esa manera es imposible tener los resultados que el país requiere.
Sería conveniente que en futuras iniciativas tuviéramos en cuenta la presencia de Investigaciones en todo el país, pues son muchísimas las ciudades importantes sin comisarías de esa institución. Si no recuerdo mal, en la Región de La Araucanía, que comprende 32 comunas, no hay más de 5 ó 6. Los detectives de Victoria, por ejemplo, deben atender ciudades como Traiguén, Curacautín, Lonquimay. ¿Con cuántos funcionarios? Lo reitero: con 5 ó 6.
Luego de este cuadro tal vez un poco sinóptico de la realidad en que se mueve nuestra Policía de Investigaciones, termino señalando que concurriremos con absoluta convicción a la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, lamento que no hayamos tenido la posibilidad de conversar con el señor Subsecretario de Investigaciones, no sólo por tratarse de un ex colega, sino también porque habría sido relevante conocer la opinión del Ejecutivo acerca de las diversas inquietudes aquí surgidas.
Dos de ellas, en mi opinión al menos, son muy sustantivas. La primera -planteada, según entiendo, por el Senador señor Arancibia- se refiere a los requerimientos de orden material de la Policía de Investigaciones. Y la comparto plenamente.
Ciertamente, los nuevos escalafones dan a la Institución la posibilidad cierta de modernizarse, al punto de ser capaz de enfrentar, en una sociedad moderna, los nuevos tipos de crímenes que se cometen en todos los lugares del país.
Sin embargo, todo ello va a quedar sólo en buenas palabras si en el corto plazo, por ejemplo, no se dispone de laboratorios de alto nivel en cada una de nuestras regiones.
Desde luego, no en todas partes es factible investigar adecuadamente, desde el punto de vista científico, crímenes como los relacionados con delitos sexuales. En muchos de ellos se requieren laboratorios muy sofisticados, de los cuales no disponen numerosas zonas del país.
En esa perspectiva, nos habría parecido muy significativo haber aprovechado esta oportunidad para conversar el punto con el señor Subsecretario de Investigaciones.
El señor PIZARRO.-
¡Está allá arriba! ¡Pregúntele...!
El señor NÚÑEZ.-
Lamentablemente, no puede hablar desde las tribunas, a pesar de que ¡normalmente muchas personas nos opinan desde ahí¿!
Sé que el señor Subsecretario respetará nuestras normas, porque las conoce muy bien.
El señor PROKURICA.-
¡Si lo quieren aquí, díganle al Ministro de Hacienda que venga al Senado¿!
El señor NÚÑEZ.-
En todo caso, me habría gustado conocer su opinión respecto de las inquietudes que se están planteando.
El señor PIZARRO.-
¡Mándele el recado al Ministro de Hacienda, señor Senador...!
El señor NÚÑEZ.-
Bueno, el Ministro de Hacienda debe atender sus propias obligaciones. No tiene nada que ver con el Ministerio de Defensa, que es el que nos interesa en esta oportunidad.
Ahora, yo tampoco comprendo muy bien la división -está, entiendo, dentro del espíritu mismo de la ley- entre el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de Línea y el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales.
Conozco perfectamente el origen de cada uno de ellos, pero me asalta una duda.
Comparto lo manifestado aquí en el sentido de que ojalá la escuela matriz de la Policía de Investigaciones sea considerada -como sucede con la del Ejército, con la de la Fuerza Aérea- en términos tales que entregue a todos los detectives que cumplan los cuatro años de formación en ella títulos habilitantes para pasar a un escalafón superior.
En consecuencia, deberíamos saber con mayor exactitud si habrá o no una modernización -por decirlo en términos genéricos- de la Escuela de Investigaciones. Porque, si se está creando una nueva estructura para la policía civil -tan importante para combatir el crimen y, particularmente, para asegurar una mejor vida a los ciudadanos de nuestro país-, deberíamos conocer en qué consistirá en el futuro próximo su escuela matriz y cuáles serán los currículum que incorporará, las nuevas carreras que implementará, los requisitos que exigirá a los postulantes.
Dejo planteadas al menos esas dos inquietudes, señor Presidente. Y lamento mucho que no podamos disiparlas en esta oportunidad debido a la situación que se ha producido con el señor Subsecretario de Investigaciones.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En votación electrónica la idea de legislar.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, llame a los Senadores que se encuentran trabajando en Comisiones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Los timbres están sonando, señor Senador.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos favorables).
Votaron los señores Arancibia, Bianchi, Cantero, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Larraín, Matthei, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Hay que fijar plazo para formular indicaciones.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, quiero recordar la petición del señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, quien, si bien advirtió que en este proyecto prácticamente no hay espacio para la presentación de indicaciones -porque todas las materias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo-, solicitó enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Será visto por ese organismo de todas maneras.
¿Le parece a la Sala el 15 de mayo, a las 12?
--Así se acuerda.
MAYORES SANCIONES A PARTICIPANTES
EN JUEGOS DE AZAR ILÍCITOS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores García, Ominami, Boeninger y Foxley, sobre juegos de azar ilícitos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3935-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (Moción de la señora Matthei y de los señores García, Ominami, Boeninger y Foxley).
En primer trámite, sesión 19ª, en 20 de julio de 2005.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 8ª, en 18 de abril de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal de la iniciativa es modificar el Código Penal con la finalidad de elevar el nivel de las sanciones aplicables a los participantes en juegos de azar realizados al margen de la ley e introducir un nuevo tipo penal que castigue al que comercialice, distribuya o instale equipos de autojuego, denominados también "tragamonedas", en lugares no autorizados.
La Comisión discutió sólo en general la iniciativa y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto.
Cabe hacer presente que, en su análisis general, dicho organismo tuvo en cuenta una moción del Honorable señor Nelson Ávila -contenida en el boletín 3.996-07- que introduce modificaciones a los Códigos Civil y Penal en materia de juegos de azar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, esta iniciativa, que fue presentada por todos los Senadores que integrábamos en ese momento la Comisión de Hacienda, surgió de un debate habido en el seno de ésta.
¿De qué se trata? De hacer frente a un problema que -creo yo- todos los miembros de esta Corporación hemos tenido la ocasión de constatar, particularmente en los sectores más pobres de la población: la proliferación de tragamonedas.
No existen estimaciones precisas, pero se dice que habría por lo menos 6 mil máquinas de ese tipo en la Región Metropolitana y, tal vez, más de 10 mil en todo Chile. Son aparatos que, claramente, funcionan sobre la base del principio de otorgar premios en dinero a cambio de dinero. Son absolutamente contrarias a la ley. En Chile el juego está prohibido, salvo que una normativa legal lo autorice de forma expresa, como ocurre en el caso de los casinos. Aquellas actividades se desarrollan, en consecuencia, con total ilegalidad y le provocan un gran daño al Fisco.
Por lo general, las máquinas son instaladas en lugares muy cercanos a puestos de venta de boletos de Polla y de Lotería, de manera de capturar el mercado de esos juegos, que están legalmente autorizados. Y, junto con hacer un gran daño al Fisco y a las instituciones que por ley pueden desarrollar juegos de azar, perjudican de manera significativa a las entidades de beneficencia que reciben aportes de la Polla y de la Lotería de Concepción.
Finalmente, pienso que el mayor daño lo recibe la gente. Hay muchos testimonios de niños que terminan robando para probar suerte en esos juegos, que son un gran negocio para quienes los administran. Las informaciones indican que un aparato de aquel tipo puede generar hasta 80 mil pesos diarios.
Es cierto que ésta puede ser una fuente de ingresos para un modesto comerciante de una población popular. Pero también lo es que en el balance neto el daño producido al Fisco, a las instituciones autorizadas por ley para realizar juegos de azar y, fundamentalmente, a la gente más pobre no tiene ninguna relación con el beneficio de aquella persona.
Ésa es la razón por la cual los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda presentamos el año pasado un proyecto de ley que básicamente busca aumentar las sanciones para quienes administran ese tipo de juegos, introduciendo incluso la pena privativa de libertad para los principales operadores de estos instrumentos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, este proyecto de ley me merece algunas dudas, ya que, en lugar de aclarar la situación a que hace referencia su objetivo principal, cual es el fenómeno en nuestro país de las máquinas tragamonedas, viene a establecer una regulación más dura y más amplia sobre los juegos de azar, lo que quizás está pasando desapercibido en esta discusión.
En primer lugar, preocupa el hecho de que en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se haya planteado como idea no discutida el que los juegos de azar son en sí una actividad ilícita, dado un supuesto mandato constitucional. Esta afirmación podría no ser correcta, pues el Nº 19 del artículo 63 de la Carta ordena regular dicha actividad económica, pero en ningún momento la prohíbe ni la sanciona como contraria al orden fundamental.
Ese error conceptual probable, sumado a la imprecisión existente a nivel legal respecto de lo que se entiende por juego de azar -cuestión que el proyecto al parecer no aborda-, dan como resultado una regulación para los referidos juegos en la que cualquier persona que desee desarrollar este tipo de actividad estará expuesta a duras penas criminales, quedando sólo la posibilidad de ir a un casino autorizado en caso de querer participar en ellos.
Tal hecho me parece gravísimo, puesto que es por todos conocida la realización de actividades colectivas, en nuestros sectores más populares, en torno a bingos, rifas y otras tantas que podrían denominarse "de azar", que sirven de sustento y apoyo a diversas organizaciones comunitarias.
De aprobarse la iniciativa en debate, esas actividades se verán expuestas a la posibilidad de ser sancionadas con mayores penas criminales, cuestión que no me parece justa ni igualitaria, pues muchas veces los bingos constituyen la única fuente de ingresos para innumerables juntas de vecinos, colegios, clubes deportivos, etcétera.
Creo que es primordial definir claramente en un nuevo proyecto la idea que se tiene respecto de los juegos de azar, para posteriormente pasar a su efectiva regulación, la cual en ningún caso podrá establecer impedimentos discriminatorios en relación a esta actividad económica, de modo de asegurar un acceso igualitario para todos los chilenos a la posibilidad de desarrollarla y participar en ella.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Gracias al público asistente.
¡Ya sabemos que están de acuerdo¿!
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, las máquinas a que aludió el Senador señor Ominami, efectivamente, están instaladas sobre todo en las poblaciones. Ahí uno ve gente de muy escasos recursos que se juega lo poco que tiene por la ilusión de sacar algo más de lo que puso. Pero generalmente es al revés.
Por algo la Constitución señala que este tipo de juegos (loterías, máquinas tragamonedas, etcétera) sólo puede llevarse a cabo en ciertos locales, que deben estar autorizados legalmente. Aquí no hay un problema constitucional: la ley debe establecer qué casinos están autorizados y cuáles no.
Obviamente, no era intención de quienes presentamos la moción prohibir los bingos en las poblaciones. Y podremos hacer indicaciones en tal sentido. Nadie está preocupándose por eso. Sí nos inquieta que haya quienes lucren a costa de personas de escasos recursos y, en la mayoría de los casos, de bajo nivel educacional.
En consecuencia, estamos dispuestos a que la normativa se perfeccione; pero esperamos que se vote a favor la idea de legislar.
Ahora bien, mucha gente ha mandado e-mail donde dice que éstos no son juegos de azar, sino de destreza. Bueno, si es así, no nos oponemos en absoluto, siempre que se pague con tiempo para jugar más y no con plata. Ésa es la diferencia. Si fuera como los flippers, donde a uno, por acumular cierto puntaje, le dan cinco, diez, quince minutos más, no hay ningún problema.
Nosotros estamos en contra. Porque se dice que es de destreza, pero en realidad se paga con plata. Eso no es destreza, sino azar.
Eso fue lo que nos motivó, señor Presidente.
Tenemos muy claro que la iniciativa puede ser perfeccionada, pues hay alcances que no se previeron cuando la presentamos. No hay problema para corregirla. Pero creemos que debiera prohibirse la instalación masiva de máquinas tragamonedas en las poblaciones de Santiago y en las de todas las Regiones, porque están haciendo mucho daño a las personas, al igual que la droga, el alcohol y muchas otras actividades que llevan a nuestra juventud por la senda incorrecta de la vida.
Por eso, hay que parar tal situación.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero apoyar el proyecto que presentó un grupo de Senadores, porque la proliferación en sectores poblacionales de este tipo de máquinas, que llegan sin control a menores de edad, está generando una situación que corresponde regular o impedir.
En definitiva, la normativa que se propone no cambia las reglas del juego para los bingos, etcétera, sino que simplemente agrava las penas para quienes no cumplan la legislación vigente. Nadie podría discutir que sólo se está aumentando la sanción a fin de impedir el abuso.
Ahora, a propósito del tipo de máquinas a que se ha hecho referencia, la cuestión radica en ver cuáles son las que constituyen juegos de azar y cuáles no.
En esa materia, sería conveniente realizar una discusión más detallada. De hecho, la ley Nº 19.995, define los juegos de azar. Dice que son "aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran señalados en el reglamento respectivo y registrados en el catálogo de juegos.".
Estos juegos se pueden establecer si cumplen con la ley; o sea, si se hallan bajo la supervisión de los casinos. Ahí están regulados y autorizados. Fuera de ellos, son ilícitos y, por lo tanto, se encuentran prohibidos.
No cabe discusión sobre la materia.
En consecuencia, quien viole esa norma debe ser objeto de sanción. Y, como se ha abusado, es bueno que se aumenten las penas para ver si así se puede detener el abuso.
Sin embargo, podría quedar pendiente la pregunta de si hay algún tipo de máquina o juego que no sea de azar. Si los hubiere, obviamente no los alcanzaría la normativa que hoy día se propone, sino la ley vigente. Si existe una zona oscura o fronteriza en el proyecto, vale la pena que en la discusión particular la precisemos para evitar que queden incluidos otros tipos de juegos no vinculados en absoluto con los de azar.
Sin perjuicio de lo anterior, no debería objetarse lo que se está planteando. Me parece bien la iniciativa. Se han cometido abusos en los sectores menos ilustrados y se afecta a los menores de edad. Y no creo que eso sea lo que pretende nuestra legislación, ya que prohíbe claramente el desarrollo de tales juegos, salvo si se practican dentro de una institución como los casinos, respecto de los cuales la ley incluso ha autorizado su expansión. Por lo tanto, se da la posibilidad de que aquéllos tengan lugar en estos espacios.
Todo lo que no está dentro de los juegos de azar puede desarrollarse. Y si hay que precisar algo, legislemos sobre el particular. Por eso, soy partidario de abrir un plazo prudente para presentar indicaciones. De esta manera en la Comisión se podrá discutir con más claridad el asunto, a fin de evitar cualquier abuso futuro.
Pero está claro lo que ha ocurrido en el país: el abuso ha sido gigantesco. Por lo tanto, lo que corresponde es avanzar en el sentido en que apunta la iniciativa.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley ingresó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento durante la legislatura anterior, cuando yo era su Presidente.
Recuerdo que en ese momento recibimos a los representantes de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería de Concepción; a las autoridades de la Superintendencia de Casinos de Juego, y, también, a la asociación gremial que reúne a los empresarios que administran este tipo de máquinas de juegos.
A mi juicio, la iniciativa es extraordinariamente oportuna, por las siguientes razones.
En primer lugar, porque la Constitución, en su artículo 19, Nº 21º, establece como garantía "El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.". Y estas normas dependen de si estamos en presencia de juegos de azar o de juegos de destreza. Los informes recibidos por el referido órgano técnico en distintas oportunidades indican que gran parte de estas máquinas no son juegos de destreza, sino de azar.
Señor Presidente, por su intermedio, deseo responder a un señor Senador que manifestó que la Comisión cometió un error de apreciación.
Ese organismo no incurrió en ningún error, por cuanto tiene absolutamente claro que esta materia debe ser legislada y regulada. En caso de que se compruebe que se trata de juegos de azar, la legislación reglará tal situación y determinará dónde se podrán instalar tales máquinas y dónde será factible participar en juegos de azar.
No hace mucho, el Senado debatió lo relacionado con la ampliación de los casinos, y entonces nadie planteó que pudiera haber otros lugares que no fueran éstos para desarrollar tales juegos. Porque nuestra legislación, cumpliendo el mandato constitucional, estableció que ésos son los recintos adecuados para participar en dicha actividad.
La Comisión ni siquiera entró al análisis pormenorizado de los artículos, porque la discusión se hizo sólo en general.
Evidentemente, la iniciativa está bien inspirada y merece ser aprobada en su idea de legislar, pues lo que busca es regular un asunto que hoy día no se encuentra normado en forma adecuada.
Sobre el particular, quiero poner ejemplos prácticos.
Cualquier señor Senador que recorra su circunscripción podrá percatarse, primero, de que muchas de esas máquinas son juegos de azar, y segundo, de que en forma inmoral se permite utilizarlas a los menores de edad, quienes, sin que exista ningún tipo de control, gastan la plata que sus padres les dan para locomoción o para solventar otros gastos.
Por consiguiente, en primer lugar, resulta imprescindible regular la situación de los menores de edad que usan tales máquinas. En segundo término, si se trata de juegos de azar, sin duda que no pueden operar en la vía pública como está ocurriendo hoy día. Deben hacerlo en lugares donde se autorice su funcionamiento; vale decir, en los casinos. Ahora bien, si son de destreza, tendrá que haber un mecanismo, mediante peritaje o la participación de una autoridad, que determine si efectivamente se está en presencia de un juego de esa naturaleza; porque no todas las máquinas son iguales.
Pero no hay duda de que esta legislación se halla bien inspirada, primero, porque busca regular una materia respecto de la cual hoy se producen decisiones confusas -y yo diría, en muchos casos, contradictorias- por parte de la justicia; segundo, porque los juegos de azar se deben realizar en los casinos y no en otro lugar; tercero, porque es necesario proteger a los menores, y cuarto, porque la Comisión recabó cierta información acerca de lo que estamos hablando, que ahora paso a explicitar.
Se estima que existen más de 10 mil máquinas tragamonedas ilegales a lo largo del país, las cuales se encuentran concentradas en las comunas de más escasos recursos (ésta es información oficial de la Comisión). Se calcula que recaudan a diario un total de 500 millones de pesos. En un escenario absolutamente conservador, si cada máquina percibe sólo 20 mil pesos por día, se obtiene un total de 6 mil millones de pesos mensuales. Si dichas ventas correspondieran a juegos de azar autorizados, como los de la Polla y la Lotería, el 40 por ciento de esa suma, en promedio, se destinaría al pago de impuestos y al aporte a beneficiarios.
En síntesis, las máquinas tragamonedas representan ventas anuales superiores a los 72 mil millones de pesos, sin que el Fisco ni las instituciones de bien común reciban -como sí ocurre con aquellos que operan legalmente- aporte alguno por tal concepto.
Señor Presidente, lo que está haciendo la Comisión de Constitución es pedir a la Sala que apruebe en general el proyecto.
Por cierto, en su momento se recibirá a todas las personas involucradas en el tema para que entreguen su parecer; se establecerán mecanismos para determinar si las máquinas tragamonedas constituyen juego de azar o de destreza; se regularán las sanciones respecto de quienes permitan a menores de edad utilizar estos aparatos, en caso de que se trate de juegos de azar; y, finalmente, se procurará lograr una normativa ordenada acerca de un asunto que hoy día no tiene regulación adecuada.
Por todas esas consideraciones, la Comisión aprobó en forma unánime la idea de legislar. Obviamente, se abrirá un plazo para la presentación de indicaciones y se escucharán los distintos puntos de vista existentes sobre la materia.
No es admisible que haya un desorden tal que se preste para todo tipo de confusiones y decisiones contradictorias unas con otras.
Por ello, señor Presidente, en el referido órgano técnico aprobé en general el proyecto, el que por supuesto debe ser corregido y perfeccionado. Pero su orientación, cual es regular esta materia determinando lo que es lícito y lo que es ilícito, me parece fundamental.
En tal virtud, apoyo la iniciativa y anuncio que me pronunciaré a favor de la idea de legislar.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, hace más de seis años, junto con algunos dirigentes vecinales de la UDI, denunciamos la existencia de estas máquinas tragamonedas en las poblaciones.
En mi opinión, la legislación vigente habría permitido poner coto a esa situación, porque, evidentemente, se trata de actividades ilegales. En nuestro país las leyes existen; pero, por desgracia, muchas veces no se cumplen.
Lo ocurrido en este lapso es algo que todos podemos constatar: la proliferación de estos aparatos es impresionante. Están en los sectores populares, donde la gente necesita más ayuda. Y en ellos juegan niños. Esto no es algo que me hayan contado: veo con mis propios ojos cuando un menor entra a un local, pone 100, 200 ó 300 pesos en la tragamonedas y después se tiene que ir.
Por lo tanto, considero que esta iniciativa es necesaria y que debe aprobarse la idea de legislar.
A mi juicio, el bien jurídico a proteger, más que el interés fiscal -por lo relativo al cobro de impuestos-, más que el monopolio que puedan tener la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción, es la situación que afecta a los menores de edad. ¡Eso es lo más importante que se debe resguardar! Porque lo que realmente sucede es que los niños se acostumbran a jugar.
Además, creo que se requerirá mucho cuidado, porque aquello de si se trata de destreza física o no, al final, es una excusa. Pienso que el punto radica en que no puede haber pago en dinero, pues ése es el incentivo. Y de ahí deriva la proliferación de la actividad que nos ocupa. Por ello, hace seis años los casos eran 10, 15, 20, y ahora son 10 mil los que se conocen.
En consecuencia, estimo que la intención del proyecto es adecuada. Por cierto, en la discusión particular se podrá perfeccionar su texto, pero para que la ley se aplique y para que los niños de nuestras poblaciones no sigan poniendo sus escasas monedas dentro de las referidas máquinas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, los fundamentos del texto en análisis ya han sido explicitados con mucha claridad.
Sólo quiero señalar que en el ánimo de los autores de la iniciativa jamás ha estado impedir o limitar que las diferentes organizaciones comunitarias o de beneficencia efectúen actividades a objeto de allegar recursos para un fin social. Y, si no queda claro en el texto, estamos disponibles para mejorarlo. Sin embargo, creo que de la simple lectura no se desprende que haya siquiera un ápice de intención de perjudicar o restringir la forma en que todos sabemos que las instituciones de esa índole obtienen financiamiento: bingos, rifas, etcétera.
También deseo manifestar que parte esencial del objetivo que hemos tenido presente en este proyecto es, como lo decía el Senador señor Novoa, la protección de nuestros niños. Duele en el alma cuando uno ve a pequeños poniendo sus pocos pesos en las máquinas, en la esperanza de que les sea retornado más dinero. No son juegos de destreza, sino juegos destinados a premiar con dinero, sin ninguna regulación, las monedas que los niños van introduciendo. Y pienso que ello debemos evitarlo. Tenemos que proteger a nuestros niños. Ésa es la verdadera razón y objeto del proyecto.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, voy a apoyar con entusiasmo la iniciativa, porque me parece adecuada y en un sentido correcto.
Sólo quiero mencionar dos puntos para fundamentar mi voto favorable. Hay muchas razones, pero no es el momento para dar otro tipo de explicaciones o de fundamentos. Simplemente, me referiré a dos aspectos.
El primero de ellos tiene que ver con lo que varios señores Senadores han consignado como punto central. Estimo que la influencia sobre los niños resulta lo suficientemente negativa como para justificar, en todo, el mérito de la redacción del proyecto.
En segundo término, soy muy contrario a los juegos de azar de este tipo, en general. Incluso, lo mencioné al votar la iniciativa relativa a los casinos. Me resulta difícil aceptar que en un país como el nuestro se abra esta especie de cultura del juego para ganar dinero. Chile debería tener un reforzamiento de la cultura del trabajo. Y la confrontación entre el trabajo y la idea de lo que se puede ganar con un simple acierto de azar me parece algo negativo para la sociedad, por lo menos en la experiencia que he recogido en las zonas que represento.
Por todo ello, señor Presidente, y sin dar más argumentos, anuncio que votaré a favor del proyecto, pues me parece bien intencionado y bien planteado, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, tal como lo expresó el Senador señor Espina, esta materia se tramitó y discutió en el período en que él era Presidente de la Comisión de Constitución. Pero deseo aclarar que en su oportunidad se conoció la explicación relativa a la Polla Chilena de Beneficencia y se escuchó al señor Superintendente de Casinos y a la asociación gremial que reúne a los empresarios que administran estas máquinas de juegos. Por tanto, hay un antecedente que ha tenido a la vista la Comisión y que da cuenta de la historia del asunto.
Está claro que el proyecto tiene una fijación importante en materia de responsabilidad penal. Y algunos señores Senadores han planteado aquí lo que significa que los niños jueguen en estos aparatos o en otros ámbitos en los que pueden apostar dinero.
En general, todo lo que tiene que ver con la determinación de los juegos de azar ¿su catálogo, casinos, etcétera- se halla contemplado en la ley que ya aprobó el Congreso Nacional. Por ello, es muy importante el sentido de esta normativa, que, en definitiva, va a fijar alguna penalidad distinta a la utilización de máquinas que eventualmente no cuenten con los permisos necesarios. Eso lo establece en forma definitiva la ley.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, y en seguida procederemos a votar.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, los juegos de azar son aquellos en los que el resultado depende, fundamentalmente, de la suerte. En Chile, sólo una ley puede autorizarlos expresamente. Ejemplos de ello son las loterías, los casinos y los hipódromos, que en su actividad contribuyen mediante un porcentaje de sus utilidades al erario.
Las rifas o sorteos especiales, por su parte, deben contar con la autorización del Presidente de la República.
Y se hallan autorizadas por ley la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción. En este último caso, la administración depende de la Universidad de Concepción.
En el mundo del juego ha aparecido un fenómeno nuevo que se ha concretado en la internación indiscriminada de máquinas llamadas "tragamonedas". Se trata de equipos mecánicos de autojuego que entregan premios en dinero a cambio de un precio también en dinero. Funcionan en la vía pública o en los antejardines de casas particulares en la mayor parte de las regiones del país y en diversas comunas de la Región Metropolitana.
Se estima que más de 10 mil aparatos se concentran en las zonas de más escasos recursos. La actividad ilegal de ellos debe dimensionarse en su importancia económica: se calcula que recaudan un promedio diario de 50 mil pesos cada uno. Si se tratara de juegos de azar autorizados, tendrían que pagar más del 40 por ciento de los ingresos, por concepto de impuestos y de aportes a beneficiarios.
En consecuencia, este negocio, ejercido al margen de la ley, no sólo perjudica gravemente al Fisco, sino que también constituye una competencia desleal para quienes respetan la normativa vigente, como es el caso de la Polla Chilena de Beneficencia, que ha interpuesto querellas criminales por infracción a los artículos 276, 277 y 292 del Código Penal, a fin de reprimir la señalada actividad. Los delitos que se cometen transgreden el orden público económico en su globalidad.
Cabe destacar que el Estado es el principal afectado por el juego ilegal, ya que los propietarios y operadores de dichas máquinas, al no estar legalmente autorizados, no realizan aportes al Fisco ni a instituciones de beneficencia. Además, por tratarse de una actividad ilícita, no pagan los tributos que gravan a los juegos de azar autorizados, ni tampoco declaran ni pagan el impuesto a la renta por la totalidad de los ingresos que perciben, ni el impuesto al valor agregado. Se estima que semanalmente, sólo por concepto de impuestos, se dejan de recibir 438 millones de pesos.
Por todo lo anterior, el proyecto de ley que hoy debemos votar persigue los siguientes objetivos:
-Introducir mejoras y modernizar la tipificación de los delitos asociados al juego ilegal y generar cambios sustanciales en la legislación tendiente a prevenirlo y reprimirlo.
-Incrementar las penas que castigan las conductas vinculadas al juego ilegal, ya que las sanciones actuales son leves e intrascendentes y, por lo mismo, los infractores pueden continuar con sus actividades ilícitas.
-Imponer sanciones a los participantes o jugadores de loterías ilegales, lo que no se halla considerado hoy en la legislación, y de ese modo, desincentivar a la población de participar en juegos de azar irregulares.
Por tanto, el objetivo es generar una normativa ágil y moderna, y castigar severamente esta actividad lucrativa e irresponsable.
Algunos han querido argumentar que los juegos electrónicos que se realizan a través de las máquinas no son de azar, ya que en ellos primarían el intelecto y la habilidad, por lo que su resultado sería probable. Pero ello es claramente una falacia. Si bien es cierto que la Constitución establece la igualdad ante la ley; el derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, y, también, la no discriminación en materia económica, no lo es menos que el juego de las tragamonedas produce enormes daños económicos, sociales y morales a los sectores más desposeídos, que son sus principales usuarios. Y ello, sobre todo si se tiene a la vista que la explotación de estas máquinas se hace al margen de la legalidad.
Votaré favorablemente el proyecto, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
En votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y una abstención) y se fija como plazo para presentar indicaciones el 16 de mayo, a las 12.
Votaron por la afirmativa los señores Alvear, Arancibia, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
Se abstuvo el señor Bianchi.
PRÓRROGA A PLAZOS DE LEY DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS DEPORTIVAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que prorroga plazos de la ley Nº 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas, con urgencia calificada de "discusión inmediata" e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4175-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 3 de mayo de 2006.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 12ª, en 3 de mayo de 2006.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo de la iniciativa es prorrogar en seis meses el término establecido en los artículos 1º y 2º transitorios de la ley Nº 20.019, que vence el 7 del mes en curso, tanto para que las organizaciones deportivas adecuen sus estatutos a la nueva institucionalidad de ese cuerpo legal cuanto para que celebren un convenio de pago con la Tesorería General de la República si tienen deudas tributarias.
La Comisión la aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto), en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, a petición del Presidente de la Comisión, voy a informar este proyecto, ingresado en el día de hoy y cuyo objeto es aumentar en seis meses el plazo para cumplir determinadas exigencias de la ley Nº 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas.
Dicha normativa fue objeto de una larga tramitación y, finalmente, se aprobó en forma unánime en el Senado y en la Cámara de Diputados. En lo fundamental, estableció una nueva legislación para regular las actividades, no sólo del fútbol, sino también de todo el deporte profesional.
Específicamente, otorgó a los clubes deportivos un año de plazo para adecuar sus estatutos y, de esa forma, transformarse en sociedades anónimas o mantenerse como corporaciones o fundaciones, pero con la obligación de constituir un fondo especial para el desarrollo de las actividades profesionales. Ello constituye una nueva modalidad jurídica que se incorporó al ordenamiento precisamente para resolver las situaciones de algunos clubes de colonia o universidades que veían serios inconvenientes en transformarse en sociedades anónimas, por lo que el Parlamento les dio una alternativa legal para poder cumplir adecuadamente con las exigencias impuestas.
Ahora bien, la ley establecía el plazo de un año para dos objetivos concretos.
En primer término, para que todos los clubes se ajustaran a sus normas, ya sea al transformarse en sociedades anónimas, o bien, al crearse un fondo para el desarrollo del deporte profesional.
Se señalaron con claridad las responsabilidades de los dirigentes y, también, la obligación, para participar en competencias profesionales, de tener al día los compromisos laborales y contractuales con los jugadores, así como aquellos de carácter previsional y tributario.
En segundo lugar, se fijó idéntico lapso para los efectos de que se suscribieran convenios con la Tesorería General de la República a fin de resolver lo que se llamó "la deuda histórica del fútbol profesional". Ésta, en verdad, se generó a raíz de una interpretación distinta que hicieron Impuestos Internos y la Tesorería respecto de los deberes tributarios y previsionales que los clubes tenían con sus trabajadores; en este caso, los futbolistas.
El plazo de un año que se dio para esos dos objetivos era suficiente, fue consensuado; y, en mi opinión, el fútbol profesional realmente obtuvo mucho más de lo que nunca soñó como mecanismo para modernizar la estructura de los clubes.
Sin embargo, nos enteramos de que, cuando se cumple dicho término, salvo contadas excepciones, de cinco o seis entidades, el resto de los dirigentes, lisa y llanamente, no cumplió con la normativa legal. Por ello, el Congreso está puesto en una disyuntiva: si no establece una prórroga de seis meses, en definitiva van a quedar cesantes 700 futbolistas profesionales que no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos, porque son ¿y quiero destacarlo- los que más han pedido que se establezcan normas legales claras para que los clubes puedan funcionar adecuadamente.
Y lo voy a decir con toda franqueza: si hubiese dependido de la voluntad de los cinco miembros de la Comisión de Constitución, no habríamos dado esta prórroga. Si la aprobamos ¿y en esto incluyo (por nombrar sólo a algunos) al señor Presidente del Senado, quien participó activamente en la tramitación de la iniciativa, y al Honorable señor Pizarro, que también lo hizo-, es porque, de no obrar así, 700 personas que no tienen ninguna responsabilidad en esto habrían quedado cesantes.
Ésta es una demostración de falta de responsabilidad, de negligencia y de desidia de gran parte de los dirigentes del fútbol profesional del país, quienes toman esta ley como si fuera una chacota.
La Comisión propone aprobar por única vez la ampliación en seis meses del plazo fijado por los artículos 1º y 2º transitorios de la ley, con el objeto de que los clubes cumplan con su deber legal y se transformen en organizaciones donde sus dirigentes tengan las responsabilidades más elementales de toda persona que dirige una institución. Porque aquí no se establece norma alguna de responsabilidad adicional que no sea la de cualquier persona que asume una empresa o actividad determinada.
Además -esto resulta más increíble-, no han hecho uso de un mecanismo de negociación que ya se quisieran las pymes en Chile. Creo que ninguna organización ha tenido un mecanismo de negociación para las deudas como el que nosotros hemos creado.
¿Por qué lo hicimos? No para favorecer al fútbol, sino porque durante años hubo una contradicción entre lo que resolvía Impuestos Internos y lo que había sido el propósito del legislador. Ello permitió que los juicios se alargaran en demasía y que las obligaciones que cobraban ese Servicio y la Tesorería no correspondieran a la realidad, en opinión de muchos de nosotros, porque el espíritu de la ley no fue el aplicado por esos organismos. Entonces, era injusto castigar a clubes que habían hecho un esfuerzo por cumplir de acuerdo con lo que ellos creyeron de buena fe que era la legislación vigente.
En consecuencia, la Comisión de Constitución sugiere que se extienda por seis meses más el plazo original. Sus integrantes no accederán a prorrogar de nuevo ¿como consta en el informe-, sin perjuicio de lo que en su oportunidad resuelva el resto del Senado.
Esperamos que los dirigentes del fútbol tomen en serio esta actividad y cumplan con sus obligaciones, como lo hacen los demás chilenos, a fin de permitir la modernización del fútbol profesional, que es lo que la ley persigue y conforme a la cual es perfectamente posible lograrlo, en la medida en que los dirigentes estén a la altura de las circunstancias.
Obviamente, no se puede generalizar, porque hay dirigentes que han cumplido; en particular, los que pertenecen a cinco o seis clubes, los cuales realmente han realizado un enorme esfuerzo de modernización. Pero muchos otros no lo han hecho, simplemente, porque hay una gran distancia entre lo que se dice querer para el fútbol y lo que finalmente se hace por dicho deporte.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Constitución, solicito al Senado aprobar este proyecto de ley, que autoriza una prorroga de seis meses de plazo tanto para la adecuación de los estatutos de los equipos de fútbol a la nueva normativa como para que puedan negociar con Tesorería los convenios de pago estipulados en la legislación permanente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Estamos todos de acuerdo, señor Senador, en terminar con estos escándalos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general y particular el proyecto.
--Se aprueba por unanimidad.
CONVENIO APROBATORIO DE ACTAS DE XXII CONGRESO
DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de las Actas que indica del XXII Congreso de la Unión Postal Universal, adoptadas el 15 de septiembre de 1999, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3808-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 31 de julio de 2002.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 11ª, en 2 de mayo de 2006.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es incrementar las comunicaciones entre los pueblos por medio de un eficaz funcionamiento de los servicios postales.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe señalar que dicho órgano técnico propone al señor Presidente que la Sala discuta en general y en particular el proyecto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de RR. EE., Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que me corresponde informar cumple su segundo trámite constitucional en el Senado y tuvo su origen en un mensaje.
Las Actas del XXII Congreso de la Unión Postal Universal, de 1999, someten a nuestra consideración los siguientes instrumentos:
1.-
El Sexto Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal;
2.-
El Reglamento General de la Unión Postal Universal;
3.-
El Convenio Postal Universal y su Protocolo Final, y
4.-
El acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo.
Cabe señalar que, debido a la reformulación de las Actas del Convenio y del Acuerdo de Enmiendas Postales decididos en Beijing, las disposiciones de este último Acuerdo quedaron incorporadas al Convenio Postal Universal.
Asimismo, se acordó reformular los servicios financieros postales, y, en consecuencia, los anteriores Acuerdos atinentes a los Giros Postales, a los Cheques Postales y a los Envíos Contra Reembolso se fusionaron en un único Acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo.
Debe considerarse que Chile es miembro titular de la Unión Postal Universal, institución rectora del Correo Internacional y Organismo Especializado de las Naciones Unidas en esta materia.
Finalmente, quiero recordar que la Unión Postal Universal (UPU) fue fundada en 1874, en Berna, Suiza, bajo el nombre de "Unión General de Correos", como institución rectora del Correo Internacional, siendo en la actualidad un Organismo Especializado de las Naciones Unidas. Conformada originalmente por 22 países, hoy pertenecen a ella 189 Estados.
Las finalidades de la Unión, como lo establece el Preámbulo de su Constitución, son "incrementar las comunicaciones entre los pueblos por medio de un eficaz funcionamiento de los servicios postales, y contribuir al éxito de los elevados fines de la colaboración internacional en el ámbito cultural, social y económico".
Puesto en votación el proyecto de acuerdo en la Comisión, fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes.
Es cuanto puedo informar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general y particular el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba por unanimidad.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO
DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, con el objeto de establecer la comunicación al boletín comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias, penalizar el incumplimiento malicioso en el pago de pensiones alimenticias y otorgar competencia a juez que indica para conocer aumento, disminución o cese de la pensión alimenticia de menores, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2600-18, 3093-18 y 3619-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 51ª, en 11 de mayo de 2005.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 11ª, en 2 de mayo de 2006.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal de la iniciativa es perfeccionar la normativa procesal aplicable a las causas de alimentos, procurando facilitar el ejercicio de los derechos del alimentario y también asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del alimentante.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió solamente en general esta iniciativa, aprobando la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto pertinente se transcribe en el informe.
Cabe tener presente que los números 1), letra a); 5), letra b), 6) y 8), letra a), del artículo primero y el artículo segundo del proyecto tienen rango de ley orgánica constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, el proyecto en debate fue estudiado en la Comisión de Constitución y se aprobó por unanimidad.
De acuerdo a nuestro análisis, él reviste una importancia fundamental en el ámbito de los derechos del alimentante y de los problemas que generalmente tienen las mujeres para lograr que las pensiones de alimentos les sean pagadas.
Se establecen diversas normas, fundamentalmente para obligar a que en el juicio se acompañen todos los antecedentes del alimentante. También se modifican las normas relativas a la notificación de la demanda de alimentos y se limitan los gastos en que incurre el alimentante y que se puedan imputar a la pensión alimenticia a aquellos que satisfagan las necesidades de educación, salud, vivienda, alimentación y vestuario.
Todas estas normas son de especial significación para la vida familiar. Es importante fijar criterios en este proyecto que sean de fácil cumplimiento, para que no se produzca el hecho señalado en la Comisión por la señora Ministra en cuanto a que hay una cantidad importante de juicios pendientes como consecuencia de que no existen los mecanismos legales ni las normas pertinentes para que en definitiva se cumplan obligaciones que son fundamentales para la familia.
Por eso, señor Presidente, después del debate, la Comisión aprobó en general el proyecto. Y solicitamos a la Sala acogerlo en la misma forma, para los efectos de iniciar la discusión en particular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, esta iniciativa es de particular interés, porque, como es sabido, la situación de los menores que no tienen atención económica por el no pago de las demandas alimenticias es extraordinariamente delicada.
De acuerdo a las estadísticas presentadas por la Ministra del SERNAM, más del 60 por ciento de las causas que ingresan a los juzgados de menores corresponden a demandas por pensiones alimenticias. Señaló dicha Secretaria de Estado que en 2004 nacieron 240 mil niños en Chile y que en el mismo año 110 mil madres se vieron en la necesidad de requerir judicialmente el cumplimiento de la responsabilidad económica de los padres. Es decir, de cada 100 mujeres que han tenido hijos, 46 deben demandar alimentos.
Dicha situación, que obviamente refleja una tremenda irresponsabilidad paterna, obliga a adoptar medidas, porque los hijos no han tenido -aparentemente, en muchos casos- la debida atención de sus progenitores masculinos y en esa circunstancia la precariedad de sus vidas requiere mayor eficiencia en la entrega de alimentos.
Por lo tanto, ese solo hecho, que refleja un problema social gravísimo, hace necesario y conveniente mejorar los caminos para asegurar el cumplimiento de la obligación de pensiones alimenticias.
Sin embargo, esta iniciativa merece distintas observaciones que hacen cuestión sobre la tipificación de los delitos. Hay problemas procesales hechos presentes por la Corte Suprema en su información. En fin, debemos tener en cuenta diversas consideraciones que están siendo analizadas en estos días. Incluso, el Ministerio de Justicia se encuentra revisando la normativa relacionada con los tribunales de familia; y probablemente muchas de las situaciones que inciden en el colapso de esa instancia judicial van a ser corregidas mediante las indicaciones correspondientes.
Pero lo que no podemos hacer es dejar de legislar, para que con medidas como éstas aseguremos el cumplimiento de las obligaciones de los padres en los términos ya descritos por el señor Presidente de la Comisión.
Por esos motivos, creemos absolutamente necesario aprobar en general esta iniciativa y abrir espacios para que a través de las indicaciones podamos corregir muchas de las inquietudes conocidas en la Comisión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra del SERNAM.
La señora ALBORNOZ (Ministra Directora del SERNAM).-
Señor Presidente, como lo mencionó el Senador señor Larraín, en la Comisión planteamos que uno de los principales factores estructurales que explican las menores oportunidades de las mujeres respecto de los hombres obedece esencialmente a que ellas asumen la responsabilidad de las labores domésticas, el cuidado de los miembros de la familia, en particular el de los niños, y a que tienen la obligación de criar a sus hijos.
La resistencia de muchos hombres a asumir integralmente su vida afectiva y sexual se manifiesta, no sólo en los casi 30 mil niños que en los últimos años han sido reconocidos únicamente por las madres, sino también en las cifras que mencionaba el Honorable señor Larraín en cuanto a que el 60 por ciento de las causas ingresadas a los tribunales de menores corresponden precisamente a demandas alimenticias.
Hoy hemos tenido, sin duda alguna, importantes avances en los procesos culturales que involucran a los hombres en una diversidad de roles. Sin embargo, aún nos falta avanzar en lo que se conoce como paternidad responsable. El mayor acceso a la justicia que permite la judicatura de familia no ha pasado inadvertido por las mujeres, las que han asistido en forma masiva a los tribunales de familia en demanda de pensiones de alimento.
El actual Gobierno propondrá en esta iniciativa mecanismos específicos que mejoren desde ya la actual respuesta judicial frente a estas materias, sin perjuicio de las otras medidas que sugerirá oportunamente a la Comisión.
La igualdad de derechos de los hijos, consagrada en la Ley de Filiación, constituyó un importante avance. Pero no basta sólo con dar un apellido. A nuestro juicio, el desarrollo de los niños y de las niñas necesita tanto del cariño de sus padres como de las condiciones materiales que permitan su desarrollo futuro.
Asimismo, no ha sido suficiente la importante enmienda a la ley de abandono de familia y pensiones alimenticias del año 2001, la cual, entre otros aspectos, consagró el establecimiento de una pensión mínima, la obligación de decretar alimentos provisorios y la retención del monto correspondiente a la pensión de alimento por parte del empleador.
Pese a todas esas modificaciones, las demandas no han disminuido.
Las órdenes de arresto siguen sin resultados. En el año 2002, el 58 por ciento de las decretadas no concluyeron positivamente.
Señor Presidente, nos parece que resulta imprescindible, entonces, manifestar un mayor reproche social frente a las maniobras fraudulentas que persiguen eludir el cumplimiento de las responsabilidades parentales económicas, de una obligación legal indiscutida y de la cual depende el desarrollo -como hemos dicho- de muchas niñas y niños en el país.
Aún no existe conciencia social, a nuestro juicio, en cuanto a que cada niño no sólo nace de una madre, sino también de un padre.
El actual Gobierno, a través del Servicio Nacional de la Mujer, da un total apoyo a este proyecto y coincide en la necesidad de ampliar las atribuciones policiales y del sistema judicial para sustanciar los procesos correspondientes de forma más expedita y eficaz.
Estimamos absolutamente indispensable otorgar atribuciones más inquisitivas a los tribunales de familia, acordes con la importancia de la obligación reclamada, y reducir significativamente los tiempos de tramitación.
Asimismo, creemos necesario ampliar el catálogo de apremios, sanciones y mecanismos que garanticen el cumplimiento de la obligación parental.
Por esto, presentaremos un conjunto de indicaciones para perfeccionar en diversos aspectos el actual proyecto.
Es cuanto deseaba señalar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde iniciar la votación. Se comenzará con los señores Senadores que se hallan inscritos y se continuará luego en orden alfabético.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor ROMERO.-
¿Se abrió la votación, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, tuvo su origen en la Cámara Baja cuando, como Diputado, me correspondió el honor de ser Presidente de la Comisión de Familia.
En ese contexto, juntamos diversas iniciativas, algunas mencionadas en el informe y otras que, por razones ajenas a la voluntad del Secretario de la Comisión, se plantearon en el debate.
Inicialmente, la discusión giró en torno de que algunos querían poner en DICOM a las personas que no pagaban la pensión alimenticia. Pero a la iniciativa propuesta originalmente por las entonces Parlamentarias Pía Guzmán y Lily Pérez y la actual Diputada María Angélica Cristi se agregaron otras. Y lo que se hizo fue revisar el conjunto de los proyectos presentados.
No deseo entrar en datos estadísticos, pero quiero plantear lo siguiente: lo hecho por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fue en resguardo del derecho superior de los niños y con el propósito de dictar una legislación que permita efectivamente ejercer el derecho a alimentos, pero, a la vez, cerrar las válvulas de abuso usadas hoy en día por quienes no quieren pagar las pensiones alimenticias pudiendo hacerlo.
Hubo un caso que fue el que estuvo presente en todo momento: el de una mujer que ha recurrido a los tribunales en todas las instancias. Se trata de la señora Adriana Pando, quien ha acompañado este debate, separada de una persona que puede pagar las pensiones de alimentos, pero que ha usado todos los mecanismos a su haber para evitar tal obligación. En la última contabilidad sobre el particular -cuando se discutía el asunto en la Cámara de Diputados el año pasado-, el tribunal había consignado que la deuda de ese padre para con sus hijos ascendía a más de 50 millones de pesos. Es decir, si el juzgado llegó a fijar ese monto, estamos hablando de alguien que tenía patrimonio suficiente para cumplir dicha obligación. No es el momento de señalar su identidad. Lo único evidente era que se trataba de una persona que, pudiendo pagar, no quería hacerlo.
Lo que propone el proyecto -entre otras cosas- es cambiar el peso de la prueba, que es un elemento básico. Aquí se corrige lo sugerido en otra iniciativa anterior, discutida hace cinco años. De forma tal que ahora el peso de la prueba no recaerá en la mujer, que es quien normalmente demanda en representación de sus hijos, sino que será responsabilidad del demandado por pensión de alimentos demostrar que lo señalado en la demanda no es cierto; y si no proporciona los respectivos antecedentes a tiempo, el peso de la prueba se volverá en su contra.
Pero adicionalmente, partiendo del criterio, muy importante -porque es lo que ha hecho toda la legislación moderna en materia de familia-, de defender el derecho de los niños y niñas, se establecen procedimientos imperativos para que, en determinados plazos, la jueza o el juez a cargo de esos casos actúe. Porque muchas veces ocurría que en los tribunales de menores -donde habitualmente se tramitaban dichos procesos- no había precisión en cuanto a la obligación del magistrado de llevar a cabo ciertas acciones decisivas para avanzar el juicio.
También se cambia el concepto de notificación. Porque, ¿cuál era el problema en el caso que relaté anteriormente? Que se debía notificar al demandado en su domicilio. Pero tal trámite puede evitarse cambiándose de casa o ausentándose de ella. No ocurre lo mismo con las otras notificaciones que figuran en el Código de Procedimiento Civil, las cuales responden a un criterio general distinto. En esta materia, ha de notificarse en el domicilio. Y en el caso en comento, la persona vivía en un condominio, donde era dueña de varias propiedades; consignaba una de ellas como su residencia, pero habitaba otra. Y dado que Carabineros era el encargado de notificar pero sólo llegaba hasta la portería del condominio, se obviaba el proceso básico para que pudiera trabarse la litis.
El proyecto en debate corrige ese punto.
Pero además, señor Presidente -y este tema me parece de la máxima importancia-, cuando se habló sobre los mecanismos de apremio ¿porque, más que sanciones, son procedimientos de apremio-, se revisó a fondo el punto y se consideró que la reclusión nocturna de una persona por 15 días no era la solución. Por lo tanto, había que establecer otro sistema para estimular a quien debe pagar pensión alimenticia a asumir tal responsabilidad. Ahí se estudió si era bueno o malo que dicha deuda figurara en el Boletín Comercial, en la DICOM.
Yo fui uno de los primeros que se manifestaron absolutamente contrarios a adoptar como fórmula de apremio a la DICOM, por lo siguiente. Para una persona que aparece en dicha base de datos y trata de buscar trabajo, en la práctica -aunque no sea legal-, tal circunstancia se transforma en una barrera de entrada al mercado laboral en nuestro país. Por ende, entendimos que se debían generar las condiciones para que quienes pueden pagar lo hagan.
Por lo mismo, se debatió en la Cámara de Diputados si debía apremiarse a los abuelos, o sea, al padre o a la madre de la persona que no paga la pensión de alimentos.
Considero que ése es un pésimo mecanismo. Para evitar dudas al respecto, debo señalar que formalmente se puede demandar al abuelo o a la abuela, pero no se los puede privar de libertad si no pagan. Es un sistema de apremio a medias.
La verdad es que, culturalmente, me parece una muy mala señal el hecho de que pueda demandarse a los abuelos por pensión alimenticia cuando su hijo -el padre de los niños- incumple tal obligación porque no quiere y no porque no está en condiciones de pagar.
Por eso, deseo reponer mediante indicación -copiando la legislación francesa, que ha demostrado ser tremendamente efectiva- como mecanismo de apremio, la suspensión de la licencia de conducir a quien no paga la pensión alimenticia, siempre que se trate de una persona que no trabaje en transportes. Y ello, por una razón obvia: si alguien tiene un vehículo particular y dispone de plata y bencina para pasear, que primero pague la pensión de alimento y use el transporte público hasta que cumpla con esa obligación, que es principal.
Señor Presidente, no deseo extenderme. El proyecto reviste una tremenda importancia. Facilita en gran forma el ejercicio de la defensa que el Congreso -en particular, el Senado- debe hacer: velar por el derecho de las niñas y niños a una pensión alimenticia.
No obstante, solicito fijar un plazo prudente para presentar indicaciones tendientes a perfeccionar ciertas normas, con el fin de asegurar que el Parlamento se ponga a tono con una iniciativa que permita que quienes pueden pagar efectivamente lo hagan.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, cuando en la Comisión de Constitución tuvimos oportunidad de conocer los antecedentes de la iniciativa en debate tanto de parte de sus autores como de la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Laura Albornoz, quedó en evidencia la enorme significación de una iniciativa de esta naturaleza.
Sobre el particular, no tengo dudas de que existen a lo menos tres aspectos que esta legislación debe considerar.
En primer término se hallan los mecanismos de notificación de las demandas y de las resoluciones judiciales, que habitualmente constituyen los más fáciles de vulnerar, lo cual impide iniciar el juicio.
En segundo lugar, hay un punto novedoso que el proyecto profundiza: lo relativo a la ocultación de los ingresos y del patrimonio por parte de quien está obligado a pagar la pensión alimenticia, que regularmente es el hombre.
Y, por último, tenemos la naturaleza de las sanciones. La idea es que sean útiles y prácticas.
Señor Presidente, en vista de lo que se ha dicho aquí, deseo referirme también a algo que constituye el tema de fondo.
Nada saca el Parlamento con despachar un excelente proyecto de ley, como lo es éste -seguramente será perfeccionado, porque requiere correcciones; muchas de estas materias ya las incorporamos en la legislación de familia-, si los tribunales de familia se hallan atochados y dan audiencias "para diez meses más".
Yo espero que en algún momento el Senado cite a las autoridades responsables del colapso de dichos tribunales. Porque ocurre, al igual que con la normativa sobre responsabilidad penal juvenil, que mientras el Congreso despacha leyes útiles y que se refieren a legislaciones de fondo, la actuación de las autoridades de Gobierno, a la hora de establecer los mecanismos para implementarlas, resulta un desastre.
En el caso de los tribunales de familia, a la Comisión de Constitución se le garantizó que se habían tomado todos los resguardos para que pudieran funcionar normalmente. A pesar de que manifestamos nuestra aprensión respecto de que el número de tribunales y de jueces de familia serían insuficientes frente a la expectativa creada, se nos señaló que se habían realizado todos los estudios pertinentes y que estaba absolutamente asegurada la cobertura para quienes recurrieran a tales instancias judiciales.
Quiero pedir a los señores Senadores -seguramente muchos ya lo han hecho- que vayan a los tribunales de familia a ver lo que allí ocurre. ¡Es una vergüenza! Hoy las audiencias para un juicio de tuición, de régimen de visitas o de pensión alimenticia se están dando ¡para diciembre!
La Comisión de Constitución celebró una sesión el 3 de abril recién pasado ¿probablemente muy útil- con las autoridades pertinentes. Se acordó oficiar al señor Ministro de Justicia para solicitarle la creación de una comisión especial que proponga, dentro del plazo de 60 días, las medidas administrativas y legislativas tendientes a solucionar los inconvenientes.
En lo referente a la responsabilidad penal juvenil, acaba de ocurrir lo mismo. El señor Ministro de Justicia señaló en esta Sala que no podría empezar a operar el sistema porque los recintos para la internación en el régimen semicerrado no estaban construidos e iban a entrar en funcionamiento en diciembre del presente año o en febrero del próximo. Entonces, que se explique cómo se van a cumplir las penas, las sanciones.
Los programas que se prometieron para la rehabilitación de los jóvenes en materia de droga y alcoholismo no aparecen; no están los recursos o sólo existen parcialmente.
En cuanto a educación, lo que es fundamental para la rehabilitación, tampoco se cuenta con fondos suficientes, pues son los mismos de siempre y no están claros los programas.
No hay bastantes monitores, que son los profesionales encargados del régimen de libertad asistida especial.
Y con los tribunales de familia -ya lo dije- pasa lo mismo.
Entonces, tengo el cuidado de advertir que esta iniciativa, que probablemente es muy buena, va a generar nuevamente muchas expectativas. Se pueden establecer normas sobre domicilio para notificar y mecanismos de prueba que impidan el engaño. Pero -¡por favor!-, hoy día, una mujer que acude a un tribunal de familia tiene que esperar diez meses para que le den la primera audiencia. Y las autoridades de Gobierno encargadas de hacer cumplir lo que el Parlamento despachó lo han hecho muy mal. Cientos de mujeres están sufriendo las consecuencias de esa desastrosa gestión administrativa. ¿Y quién responde? ¡Nadie!
Sin embargo, señor Presidente, cuando se anunciaron los tribunales de familia, en pleno período electoral, hubo ¿créame; lo digo sinceramente- un acto maravilloso. Pero el resultado es que dichos tribunales no funcionan.
Luego de darse a conocer la ley sobre responsabilidad penal juvenil, también en un acto extraordinario -yo asistí como miembro de la Comisión de Constitución-, con una cobertura impresionante (significaba el cambio de toda la legislación juvenil en Chile, con medidas modernizadoras), resulta que ahora tenemos que decirle al país, en cinco o diez días más, que no la podemos aplicar por no haber gradualidad, porque no se dispone de los recursos suficientes. Y, por lo tanto, vamos a seguir con dos sistemas desastrosos.
Entonces, quiero prevenir, señor Presidente: podemos dictar todas las normas legales de fondo, pero terminarán siendo letra muerta si la estructura necesaria para que funcionen no existe. Y me temo que con esta iniciativa -por supuesto, vamos a perfeccionarla; y contribuiremos a que se apruebe- puede ocurrir exactamente lo mismo si no se termina con el colapso total en que se encuentra el sistema de los tribunales de familia, que significa injusticias sociales gigantescas. Porque si el régimen anterior era malo, al menos era mejor que lo que está ocurriendo hoy con los tribunales atochados.
Votaré a favor de la iniciativa. Valoro, sobre todo, su origen parlamentario y la contribución que han hecho las autoridades de Gobierno y el ánimo de perfeccionarla. No tengo dudas de que la vamos a sacar adelante. Pero, salvo la reforma procesal penal, la única que se fue implementando por etapas de modo de amortiguar -porque fue gradual- el impacto que iba a tener, en todas las restantes reformas las autoridades gubernativas no han cumplido con su deber mínimo: permitir que se apliquen adecuadamente.
El país se ha sentido defraudado frente a eso. Y, lo que es peor, nos echan la culpa a nosotros -¡nos echan la culpa a nosotros!-, como si fuéramos los encargados de implementar la ley.
Puedo asegurar, señor Presidente, que los cinco miembros de la Comisión de Constitución de entonces -los Senadores señores Chadwick, Aburto, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar y quien habla- pedimos que se nos garantizara que los tribunales de familia y la nueva justicia penal iban a funcionar. Se nos juró que iba a ser así. Pero el resultado no fue ése.
¡Eso es un enorme desprestigio para la función pública!
Quiero dejar constancia de ello, y pido a la Mesa que en algún momento invite a las autoridades, para que alguien asuma la responsabilidad y explique por qué no se está cumpliendo lo consignado en lo que el propio Senado despachó.
Voto afirmativamente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La última inscrita es la Senadora señora Matthei; después procederemos a la votación.
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, uno de los principales problemas que me plantean las mujeres que me van a ver a la oficina o que encuentro en la feria es el de las pensiones alimenticias. En la gran mayoría de los casos, no creo que los hombres dejen de pagarlas porque no puedan hacerlo, pues muchas veces sostienen una nueva familia, con mucho lujo, o por lo menos con comodidades, y, sin embargo, al antiguo núcleo familiar le niegan lo más básico.
Eso es lo primero que quiero decir: la gran mayoría -insisto-, no es que no pueda, sino que no quiere. Y cuando de verdad no les es posible pagar, dan la cara. Pero, por lo que veo en la Región que represento, no dan la cara, se arrancan, no son ubicables. Si se dicta orden de aprehensión, se esconden; los van a buscar a sus casas, los niegan, etcétera. Una persona que se oculta de esa manera, no es porque no pueda pagar, sino porque no quiere hacerlo.
Por lo tanto, me alegro de que se esté revirtiendo el peso de la prueba y de todo lo que se ha descrito aquí. Me parece muy bien. Pero el principal problema es ubicar al padre, saber dónde está y que se logre una interlocución con el juez.
De allí que, en mi concepto, las penas que se impongan tienen que ser de tal índole que afecten al padre en su vida cotidiana, de modo que no sea la madre la que tenga que andar persiguiéndolo por todo Chile; que sea él quien se presente para ver cómo arreglar la situación. Ése es el más importante cambio que se debe lograr.
Mientras tengamos a detectives y a carabineros perdiendo el tiempo; mientras se tramite cualquier cantidad de escritos, de exhortos, etcétera, y la persona se siga escondiendo, no vamos a sacar nada y será una tremenda pérdida de horas-hombre tanto en los tribunales como en las policías para tratar de ubicar a una persona que no quiere ser localizada.
Por eso, señor Presidente, yo repensaría lo relativo a la DICOM. Porque uno perfectamente podría dictar una norma tal que, si la persona se encuentra cesante y lo demuestra, se le puede levantar la sanción, para permitirle conseguir trabajo. Si alguien figura en dicha base de datos, se va a preocupar de comparecer y tratará de solucionar su problema.
Me parece interesante la idea planteada por el Senador señor Letelier en cuanto a suspender la licencia de conducir a quien incumple tal obligación; pero no todos disponen de ella.
También podría verse la posibilidad de retener una pensión o la devolución de impuestos, en fin.
En el fondo, señor Presidente, más que cárcel, las penas deben consistir en algo que realmente moleste al incumplidor en su vida diaria, que le impidan realizar sus quehaceres cotidianos en forma normal. Sería la única forma de terminar con esta situación. Hay mujeres que llevan años tratando de ubicar a sus ex cónyuges. Ellas saben que viven en tal dirección, pero de alguna manera ellos se enteran y, cuando los carabineros o los detectives van a buscarlos, nunca están.
Es algo frustrante, que causa mucha rabia, mucha impotencia y ¿yo diría- violencia interna en el hijo y en la mujer; pero sobre todo en el hijo -que es lo que más preocupa- cuando ve que el padre les da a los niños de la nueva familia bienestar, bienes, viajes, computadores, etcétera, y él, que mantiene la misma calidad de hijo que los otros, no recibe absolutamente nada. Eso es causa de mucha rabia, de impotencia y hasta de violencia. Por ende, se debe terminar con tal situación.
Votaré a favor del proyecto. Pero le pediría a los miembros de la Comisión que igual repensaran la posibilidad de incluir lo concerniente a la DICOM, porque, en el fondo, significaría paralizarle la vida cotidiana al padre incumplidor. Y eso es justamente lo que estamos buscando.
Voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde seguir la votación en orden alfabético.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, seré muy breve en mis palabras de apoyo a esta iniciativa, que en tiempos pasados fue motivo de muchas discusiones en esta Corporación con respecto a cómo organizar un conjunto de leyes destinadas a brindar protección a los niños.
Siempre he sostenido la idea de que, a medida que pasan los meses y los años, surgen cuestiones puntuales que ameritan una nueva ley. Y es así como hoy día tenemos gran cantidad de normas legales que regulan distintas áreas.
En su época planteamos muy claramente la necesidad de elaborar un Código del Niño, el que hasta la fecha no se ha concretado. Es probable que no podamos tenerlo todavía. Pero, en definitiva, creo que ésa es la mejor manera de contar con una legislación más consistente y no demasiado desperdigada sobre la materia.
De otro lado, a propósito de la discusión habida, coincido en cuanto al valor negativo de la situación que afecta a los menores. Todos sabemos de casos -lejanos o cercanos- en los cuales no sólo sufre la madre sino también el hijo, lo que provoca rechazo al padre. Y ése es uno de los mecanismos psicológicos más eficaces para generar niños violentos.
En consecuencia, no se trata únicamente de la incapacidad de entregar a los menores lo necesario para comer, sino asimismo de que la imagen que ellos se forman está en la raíz de muchos de los actos de violencia que protagonizan.
Por otra parte, en el ámbito hipotecario, por ejemplo -no sé si también en el caso de la quiebra-, la pensión de alimentos no se halla entre los cuatro primeros elementos determinantes de la preferencia. Tratándose de la quiebra, tienen prioridad las imposiciones de los trabajadores y otras obligaciones justas y lógicas. Pero en aquel ámbito no existe el imperativo de reservar fondos para el pago preferente de la pensión alimenticia.
He planteado el punto a la señora Ministra Directora del SERNAM, quien se encuentra presente. Tal vez ella -o nosotros mismos- pueda formular indicación en ese sentido. Porque eso sí que origina un enervamiento brutal. Y a menudo los bienes inmuebles son los únicos a los cuales puede acceder, de algún modo, la madre.
Señor Presidente, en la esperanza de que algún día sea factible consolidar la idea de un Código del Niño, que en otros países ha dado buen resultado, voto a favor.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos afirmativos).
Votaron los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Espina, Flores, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se debe establecer plazo para presentar indicaciones.
Propongo el 5 de junio, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Como no hay quórum¿
El señor LONGUEIRA.-
¿Qué queda por votar?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Una iniciativa informada por la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
En todo caso, concluyó el Orden del Día.
Ese asunto se incluirá en la tabla de la sesión ordinaria del próximo martes, al igual que el proyecto de acuerdo que debía resolverse en el Tiempo de Votaciones.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)----------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Contralor General de la República, solicitándole información sobre DENUNCIA DE COLEGIO DE PROFESORES POR NOTIFICACIÓN DE RESULTADO INSATISFACTORIO A DOCENTES QUE NO PARTICIPARON EN PROCESO DE EVALUACIÓN; al señor Ministro de Educación, consultándole si se han considerado las ENMIENDAS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE SUGERIDAS POR EL COLEGIO DE PROFESORES, y al Alcalde de Antofagasta, pidiéndole pronunciarse acerca de SOLICITUD DE AGRUPACIÓN "ARTESANÍAS, ARTE Y CULTURA" PARA CONTAR CON ESPACIO DESTINADO A EXPOSICIÓN Y VENTA DE SUS TRABAJOS.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro del Interior, planteándole la necesidad de ordenar INVESTIGACIÓN SOBRE SECTA DE CARÁCTER EVENTUALMENTE DESTRUCTIVO. Al señor Contralor General de la República; a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y a los señores Intendente de la Novena Región y Alcalde y Concejales de Angol, requiriéndoles el envío de antecedente sobre PROGRAMAS DE EMPLEO 2002, 2003 Y 2004 OTORGADOS A MUNICIPALIDAD DE ANGOL MEDIANTE FONDO SOCIAL PARA ABSORCIÓN DE CESANTÍA. Al señor Ministro de Educación; a la señora Directora Ejecutiva de la Fundación Integra, y a los señores Alcalde y Concejales de Ercilla, demandándoles MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN JARDÍN INFANTIL CHAVITO, DE PAILAHUEQUE. A las señoras Ministra de Planificación y Cooperación y Directora Nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, y a los señores Gobernador Provincial de Malleco, Director Regional del FOSIS y Alcalde y Concejales de Curacautín, solicitándoles REACTIVACIÓN DE CONVENIO ENTRE FOSIS Y GOBERNACIÓN DE MALLECO PARA TRASLADO DE PERSONAS QUE CUMPLEN FUNCIÓN DE APOYOS FAMILIARES DEL PROGRAMA PUENTE. Y a los señores Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Director del Servicio de Salud de La Araucanía Norte y Alcalde y Concejales de Ercilla, pidiéndoles MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO DE ERCILLA Y DE POSTA RURAL DE PAILAHUEQUE.
Del señor GARCÍA:
Al señor Contralor General de la República, planteándole la necesidad de investigar PRESUNTA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN CAMPAÑAS PARLAMENTARIAS EN NOVENA REGIÓN. Y a los señores Contralor General de la República y Presidente del Consejo de Defensa del Estado, requiriéndoles informar sobre ESTADO DE DENUNCIA DE CONTRALORÍA ANTE TRIBUNALES POR ILÍCITOS EN EJECUCIÓN DE CONTRATO DE OBRAS "MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR, SECTOR PASADA POR TEMUCO".
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, planteándoles la REVISIÓN DE DECRETO QUE RESTRINGE NORMAS PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN REGIONES DISTINTAS DE LA METROPOLITANA. A la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pidiéndole antecedentes acerca de EXPOSICIÓN A RADIACIÓN IONIZANTE DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN DE PLANTA VALDIVIA DE CELULOSA ARAUCO Y DE PLANTA NUEVA ALDEA, DE ITATA. Y a los señores Director Nacional de la CONAF, Directora Ejecutiva de la CONAMA y Director Nacional de Vialidad, solicitándoles determinar CONDICIONAMIENTOS PARA TALA DE ÁRBOLES EN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole información respecto de MEDIDAS POR RESPONSABILIDADES EN DAÑOS DE PUENTE ACHIBUENO Y SANCIONES APLICADAS POR CAÍDA DE PUENTES MAULE Y LONCOMILLA; al señor Ministro de Agricultura, planteándole la necesidad de dictar REGLAMENTO DE CONCURSO PARA DISTRIBUCIÓN DE BONIFICACIÓN FORESTAL EN CAUQUENES; al señor Director Nacional de Vialidad, solicitándole RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA QUESERÍA, EN CAMINO CERRILLO-MELOZAL, y al señor Director Nacional de Obras Hidráulicas, pidiéndole definir FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SECTOR SUR DE MELOZAL (todos de la Séptima Región).
)----------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
PÉRDIDA DE DERECHOS DE TRABAJADORES DE LA SALUD
POR CAMBIO DE RÉGIMEN CONTRACTUAL. OFICIO
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en la actualidad todos los medios de comunicación se refieren a un proyecto de ley que se tramita en el Parlamento y cuyo objetivo es impedir los abusos a los trabajadores por parte de los empleadores.
Al respecto, quiero insistir en un planteamiento.
El encargado por la Constitución y la ley de proteger a la gente, que es el Estado, maltrata a sus servidores. Y cuando alguien, como el Senador que habla, sale en defensa de ellos, los Ministros se coluden y nos mandan respuestas increíbles.
Me refiero al caso de 238 personas, distribuidas en 10 de los 24 Servicios de Salud del país, a quienes se abrió la posibilidad de adquirir la condición de funcionario a contrata. Para tal efecto, según me informaron ellas mismas (no dan sus nombres por razones obvias; pero conozco directamente los casos de Copiapó y Vallenar), fueron obligadas por funcionarios enviados desde el Ministerio a renunciar a sus años de servicio. Y es gente que llevaba trabajando entre 10 y 14 años en los hospitales.
Planteé el problema al Subsecretario del Trabajo, al Director Nacional del Trabajo, a la Contraloría General de la República. Sin embargo, nadie defendió a las referidas personas. ¿Por qué? Porque el empleador es el Estado.
Pero la respuesta que hoy día recibí de la Ministra de Salud me parece francamente increíble. Expresa que nadie del Ministerio obligó a esa gente a renunciar a sus años de servicio. Y dice claramente que éste fue un cambio "al que voluntariamente accedieron y respecto del cual, obviamente, debieron suscribir un finiquito con su antiguo empleador, pues no era jurídica ni materialmente posible que ambos vínculos jurídicos subsistieran.".
En buenas cuentas, señor Presidente, lo que quiere hacerme creer la Ministra de Salud es que trabajadores con 14 años de servicios renunciaron en forma voluntaria a los 11 años de indemnización que les correspondían por ley, para optar a un cargo a contrata, o sea, que podía terminar en el mes de diciembre.
¡De qué tipo de empleador estamos hablando! ¡"Con qué ropa" el Ministro del Trabajo se queja del trato que dan los empleadores a su personal si el Estado de Chile, que tiene el deber de resguardar los intereses de los más débiles, trata así a doscientos y tantos trabajadores!
¿A quién podemos recurrir en este Estado de Derecho? ¿Quién defiende a esa gente?
Lamento la respuesta de la Ministra de Salud, pues quiere decir que ella tampoco desea tomar este asunto en sus manos.
Señor Presidente, voy a entregar a la Mesa los antecedentes de que dispongo a fin de que se remitan, mediante oficio, al Ministro del Trabajo y Previsión Social, para ver si con el cambio de Gobierno llegó alguien que quiera hacer justicia a las personas mencionadas.
Yo, por lo menos, he tocado todas las puertas. Pero nadie defiende los intereses de los trabajadores del Estado. Y eso resulta un poco contradictorio con los mensajes que uno ve en la prensa todos los días.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
SITUACIÓN DE PYMES EN PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
DE CÁRCELES MEDIANTE CONCESIONES. OFICIOS
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, como he denunciado en múltiples ocasiones, el programa de construcción de cárceles mediante concesiones que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas ha resultado un verdadero desastre, un fracaso, un fiasco, que mantiene a un número importante de pymes en espera del pago por servicios que han prestado durante más de 18 meses. Existen obras paralizadas, informes preocupantes respecto de la calidad de la construcción, en fin. Se trata de una situación francamente escandalosa.
Ahora, el Ministerio de Obras Públicas nos informa que la Comisión Arbitral del Grupo de Cárceles, que incluye Antofagasta y Concepción, fijó un plazo de 15 días para levantar la orden de no innovar, después de haber actuado durante 14 meses tratando de encontrar algún punto de acuerdo entre las partes.
Agrega que, de lograrse un entendimiento, el Ministerio podrá hacerse de los bienes y licitarlos como obra pública, con el objeto de seguir avanzando con esas obras.
Esta situación pone de manifiesto que el proceso de concesión ha sido irregular, negligente, y, sobre todo, ha provocado un grave detrimento al patrimonio público.
Me sorprende la lentitud con que se llevan adelante estos procesos.
El Ministerio de Obras Públicas ha actuado con falta de sensibilidad. Incluso, procedió con cierto grado de negligencia aberrante ¿diría yo- cuando quiso explicar al país el problema derivado del sobreprecio, que por lo demás no es una cuestión aislada, porque habitualmente algunas de las empresas involucradas en cada proyecto de obras públicas duplican el valor usando todo tipo de artilugios. Y lo que me sorprende es la actuación del Ministerio de Obras Públicas -organismo que para estos efectos representa al Estado de Chile-, pues muestra falta de compromiso con las consecuencias del proceso. Y, en forma paralela, el Estado -ya lo señalé en una ocasión anterior en este Hemiciclo- activa mecanismos como el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, y ejecuta a los contratistas víctimas de esos atropellos, de esos actos francamente aberrantes.
Pero la situación llegó ahora a un extremo.
Tengo en mis manos documentos de la Empresa de Transportes Germán Pino, con sedes en Santiago y Antofagasta. Y tengo también uno de ANESES Ltda. Esta empresa prestó por largo tiempo sus servicios, financió la obra, y durante más de 18 meses los contratistas del Ministerio de Obras Públicas no le han pagado, producto del arbitraje. En la actualidad -precisamente entre ayer y hoy-, ANESES Ltda., que no ha podido solventar sus compromisos económicos debido a la administración irregular de los contratos, está siendo ejecutada. Y ya se pidió el uso de la fuerza pública para embargarla. El documento dice que se solicita "el auxilio de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, para realizar el embargo decretado en autos, oficiando al efecto a la Unidad de Carabineros respectiva.".
En consecuencia, señor Presidente, pido que se oficie con carácter de urgente al señor Ministro de Justicia para que intervenga en esta situación. Aquí, francamente, hay una falta de sensibilidad y oportunidad de la autoridad pública a los efectos de evitar abusos como los que estoy denunciando en este momento.
Esa gente se halla absolutamente quebrada. Se trata de una decena de pequeñas y medianas empresas que están viviendo un verdadero drama, un tormento, y no tienen a quién recurrir. En el ámbito de los tribunales, sus causas avanzan con una lentitud tremenda; en tanto, empresas de mejores condiciones económicas y de mayor solvencia han podido activar las suyas y agilizar trámites que buscan apremiar a aquéllas para que procedan a un pago que les resulta imposible afrontar, dada la situación que he descrito.
Solicito, entonces, que se oficie al señor Ministro de Justicia para que actúe con la mayor urgencia posible frente a ese tipo de situaciones, a fin de evitar que se ejerzan las acciones que acabo de describir.
Asimismo, pido que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que, de una vez por todas, se informe al Senado cómo se resolverá la vergonzosa situación relacionada con la construcción de cárceles en Antofagasta y Concepción.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
TRANSACCIÓN ACCIONARIA DE SOCIEDAD COSTANERA NORTE
Y PROCEDIMIENTO PARA TARIFICACIÓN. OFICIOS
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, hace algunas semanas, en esta misma Sala, solicité al Ministerio de Obras Públicas que nos entregara información sobre las transacciones de sus acciones que estaba realizando la Sociedad Concesionaria Costanera Norte, como también que pusiera en nuestro conocimiento las formas en que se ha tarificado la concesión. En definitiva, pedí una serie de antecedentes que hasta la fecha no llegan.
Entre el día en que formulé tal solicitud y hoy, las Comisiones de Obras Públicas y de Transportes, que sesionaron conjuntamente, con participación de los Ministros de las Carteras del ramo y sus asesores, estudiaron de modo bastante detallado el sistema de tarificación de la concesión.
En la sesión pertinente expresé que existían antecedentes relativos a que la concesión estaba siendo comprada por dos empresas italianas. Consulté al Ministro de Obras Públicas si existían herramientas legales para que la Cartera a su cargo pudiese oponerse o, de alguna forma, pronunciarse sobre dicha transacción de acciones, y en reiteradas ocasiones señaló que el Ministerio no contaba con ninguna facultad para oponerse o pronunciarse al respecto. Pero como yo tenía claro, por lo que recordaba de la tramitación del proyecto de ley sobre concesiones, que ese instrumento legal contemplaba que en los contratos debía quedar establecido que cualquier modificación accionaria requería el concurso del Ministerio de Obras Públicas, le manifesté que no compartía su punto de vista.
En las referidas Comisiones, el señor Ministro expresó en reiteradas oportunidades que aquella facultad no existía y que la empresa concesionaria no había enviado al Ministerio documento alguno para solicitar la aprobación de la transacción a la cual yo hacía referencia. Y sus asesores y el fiscal respaldaron la postura ministerial.
Pero finalmente tomé conocimiento del Hecho Esencial que la concesionaria entregó a la Superintendencia de Valores y Seguros (ingresó a ésta a mediados del año pasado). Allí establece en forma explícita que la transacción en comento requiere el acuerdo de organismos económicos de la Comunidad Europea -ya fue otorgado; y eso es lo que ha hecho noticia durante estos días-, como también el acuerdo de los organismos financieros internacionales que respaldaron los bonos emitidos por dicha concesionaria. Y adicionalmente, también de manera explícita, ésta señala en el Hecho Esencial que la transacción necesita la aprobación del Ministerio de Obras Públicas de nuestro país.
La verdad es que me sorprende que el señor Ministro -y yo lo consulté en sesiones anteriores- haya respondido que no se requería esa aprobación. Además, me preocupa, porque es la oportunidad que tiene nuestro Ministerio de Obras Públicas para exigir a la concesionaria, dado que ésta necesita su aprobación, el mejoramiento de todas las obras que no fueron diseñadas adecuadamente y que hoy, por este motivo, generan congestión vehicular, la que en último término se traduce -como ya lo señalé- en una tarifa de saturación que se cobra por factores de velocidad.
De igual forma, el Ministerio debe tener garantía absoluta de que la mencionada transacción de acciones no permitirá a ningún evento que la empresa concesionaria deje de cancelar en nuestro país los impuestos derivados eventualmente de una ganancia de capital. Porque lo que ocurre aquí es que la empresa matriz italiana está comprando la subsidiaria, que hoy es la dueña de la concesión, junto con dos empresas chilenas, principalmente.
Asimismo, es muy importante señalar que la Ley de Concesiones dispuso que cuando una concesionaria solicita en forma voluntaria la garantía estatal de los flujos mínimos, si en el futuro se genera una renta adicional superior a 15 por ciento, la mitad de ella (el 50 por ciento sobre ese 15 por ciento) es para el Estado, y la otra mitad, para la concesión.
Por lo tanto, resulta fundamental asegurar que la transacción en comento en ningún caso dará lugar a futuras rentabilidades. Lo señalo porque ésta es la única concesión urbana del país que requirió del Estado la garantía de los flujos mínimos.
Por eso, señor Presidente, solicito enviar un oficio al Ministro de Obras Públicas para pedirle que no apruebe la transacción de acciones mientras no tengamos la certeza de que se perfeccionarán los instrumentos de adjudicación de la concesión.
En las Comisiones el señor Ministro reconoció lo que yo vengo sosteniendo desde hace mucho: que las tarifas de saturación fueron un error, porque se pueden cobrar en meses donde ésta no se da. Por ejemplo, el mecanismo establecido permite -y de hecho así va a ocurrir- que la concesionaria cobre tarifas de saturación en enero y febrero, cuando sabemos que en esa época del año no existe congestión en ningún horario ni tramo de la autopista. De igual forma, tal como fue diseñado, el sistema de medición de congestión posibilita cobrar tarifas de saturación en horarios donde no existe congestión y, adicionalmente, en tramos en que no hay saturación. Esto quedó claramente establecido en la Comisión, por el sistema de medición y por la manera como están establecidas las tarifas.
Por eso, creo que el Estado chileno tiene la gran oportunidad, tal vez la única -ya que, a pesar de lo expresado por el señor Ministro, la transacción de acciones debe ser autorizada por su Cartera-, de sentarse a la mesa con la Concesionaria para adecuar las tarifas de saturación, pedir que se mejoren las obras y exigir otras que de alguna forma perfeccionen las salidas de la Costanera Norte, que se han convertido en un cuello de botella, generando un beneficio inaceptable para la empresa, por cuanto resulta absurdo que una concesión, un privado o el Estado, quienquiera que sea, reciba un premio por prestar un mal servicio, como es el caso de una autopista saturada.
Por último, también considero fundamental que se adopten todos los resguardos necesarios para que una operación entre dos empresas vinculadas no implique evasión de impuestos.
Solicito remitir el oficio lo antes posible -porque (insisto) el Ministerio señaló que no se necesitaba su autorización, la que sí se requiere, atendido lo que se manifiesta explícitamente en el Hecho Esencial-, a fin de que su titular nos informe cuál será la posición de la Secretaría de Estado a su cargo frente a la transacción de acciones que está llevando a cabo la Sociedad Concesionaria Costanera Norte.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el resto del tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR ANTE ACCIDENTES RADIACTIVOS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, los diarios publicaron hace pocos días el caso de Miguel Ángel Fuentes, quien sufrió graves heridas con iridio 192 en un accidente ocurrido en el complejo industrial Itata, hoy Nueva Aldea. Se señala que por primera vez una quemadura de piel causada por irradiación ha podido ser tratada en Francia con injertos y células madres obtenidas de la médula ósea del mismo paciente, terapia experimental que ha captado la atención de la prensa europea por sus resultados "esperanzadores", que podrían abrir la puerta al tratamiento de casos muy graves.
Junto a Miguel Ángel Fuentes, Renato Inostroza, de 34 años, y Juan Carlos Rojas, de 35, también estuvieron expuestos al iridio 192, aunque en menor medida, por lo que esperan reintegrarse a sus empleos luego de que se recuperen de las lesiones.
Después del accidente, se realizaron exámenes a los trabajadores que estuvieron en un radio de diez metros de dicha sustancia, como medida precautoria, pero hasta la fecha no se han recibido los resultados. La Mutual de Seguridad ha indicado que dará a conocer un informe al respecto en los próximos días.
En tanto, 180 trabajadores presentaron dos demandas contra quienes resulten responsables del accidente radiactivo.
Hay hechos agravantes que vale la pena resaltar y a los cuales debe buscarse explicación tanto en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) como en la Mutual de Seguridad y en la propia Dirección del Trabajo.
En el caso de Itata, o Nueva Aldea, 180 trabajadores fueron irradiados; entre ellos, el joven que se está tratando en Francia. Pero se ha constatado que con anterioridad operadores y ayudantes que trabajaron en la construcción de la planta Valdivia, de CELCO, también recibieron fuertes dosis de radiación ionizante, que superaron los límites permitidos por la ley. O sea, la misma situación ocurrida en Itata se había dado previamente en Valdivia.
Los documentos respectivos constan en el expediente criminal que lleva la Fiscalía de Quirihue y están incluidos en la investigación que efectuó la Comisión Chilena de Energía Nuclear por el caso de los trabajadores irradiados en la planta Nueva Aldea.
Se trata de dos oficios dirigidos a CELCO por dicho organismo. En uno de ellos, fechado el 5 de septiembre de 2005, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entidad responsable de realizar el control y fiscalización de la actividad operacional en instalaciones radiactivas de gammagrafía y radiografía industrial, exigió hacer "una investigación e informar por escrito las razones de las exposiciones y separar a estas personas de trabajos con radiaciones ionizantes". La destinataria es Marisol Galindo, entonces encargada del proyecto Itata, de CELCO, y quien dirige la misiva, Jaime Riesle, Jefe del Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica de la referida Comisión, todavía en el cargo.
El documento advierte a la planta Itata para que "tenga cuidado, porque en su instalación de la planta Valdivia hubo muchos obreros contaminados con radiactividad, debido a que había muchos equipos funcionando en paralelo".
La Comisión Chilena de Energía Nuclear ha argumentado que no era relevante dar esa información cuando se produjo el hecho, a fines de 2003. "Lo importante" -indica- "es que la CCHEN pudo darse cuenta de la situación y actuar administrativamente sobre la empresa". ¡Actuar administrativamente! O sea, hay trabajadores irradiados con iridio 192 y la reacción de la Comisión Chilena de Energía Nuclear es sólo una actuación administrativa.
Y la medida consistió en advertir a las empresas involucradas que sus operadores -entre cuatro y seis- no podían seguir manejando los equipos. Uno de los afectados fue Sergio Pérez Valdés, trabajador de ITC, quien luego produjo el accidente de Nueva Aldea. Es decir, uno de los trabajadores irradiados en CELCO Valdivia es el que provoca el accidente en Itata, sin que se haya impuesto ninguna sanción.
La Comisión Chilena de Energía Nuclear señala que "la medida de sacar a la persona ionizada es lo que se hace en todo el mundo. [...] No da origen a un sumario porque no estamos frente a un accidente, sino a una práctica que hay que corregir de inmediato". Es decir, ¿no es un accidente el hecho de que trabajadores se irradien en el cumplimiento de su labor?
En octubre de 2005 la referida Comisión realiza una nueva visita a Itata y detecta que los operadores de los equipos radiactivos no cumplen las normativas. Y nuevamente advierte: "Tengan cuidado". Y recomienda contratar a un prevencionista de riesgo calificado para manejar material radiactivo y para enfrentar accidentes de este tipo.
Señor Presidente, si la CCHEN hubiera informado de la situación a la Mutual de Seguridad, a la Dirección del Trabajo, a las entidades de salud y, particularmente, a los trabajadores, cosa que no hizo, tal vez se podría haber evitado el accidente radiactivo ocurrido en Itata.
La Comisión Chilena de Energía Nuclear, en mi opinión, ha tenido manga ancha con CELCO: iba, inspeccionaba, encontraba fallas, pero no la multaba; sólo le hacía ver los problemas. O sea, aquí claramente estamos frente a la necesidad de revisar, no el procedimiento administrativo, sino el de fiscalización que realizó la mencionada Comisión. Porque no puede ser que constate que hay trabajadores irradiados, advierta a la empresa, pero no adopte medidas para que esa situación no vuelva a ocurrir.
Esto ha dado origen a que 60 trabajadores de Echeverría Izquierdo hayan sido despedidos, finiquitados. Muchos de ellos, que son montadores industriales, van a tener que realizar otras tareas.
Pero aquí queda una gran incógnita: ¿cuál es la reglamentación que obliga a la CCHEN a dar cuenta cuando un trabajador es irradiado en una empresa, en un hospital o en el ámbito de su quehacer?
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a fin de que informe de manera detallada cuál fue el procedimiento llevado a cabo en el caso de Celulosa Valdivia, de CELCO; por qué no informó debidamente a los afectados, más allá de los dichos de sus funcionarios, y si procede o no, en el evento de constatar irradiación a personas, que haya recomendaciones administrativas a las empresas y no la aplicación de sanciones. Requiero saber cuándo se aplican éstas.
Hago presente que muchos de esos trabajadores hoy están cesantes y nadie sabe qué va a ocurrir con ellos en los próximos diez años. Hay una falta radical, una carencia, una ausencia de legislación para proteger a los trabajadores que han sufrido irradiación, pues una vez que dejan su labor las consecuencias radioactivas continúan.
Cuando hablamos del proyecto relativo a los subcontratistas, a estos subcontratistas nos estamos refiriendo, señor Presidente. Cuando decimos que Echeverría Izquierdo ha sancionado a los operadores irradiados y la empresa matriz, la empresa mandante, CELCO Itata, no se responsabiliza por los hechos, estamos constatando la urgente necesidad de aprobar la iniciativa sobre subcontratación que se discute hoy en el país. Debe establecerse que las empresas madres, además de resguardar lo concerniente a indemnización, previsión y remuneraciones, tienen que preocuparse por la seguridad y la higiene laboral. Si no, no vamos a aprender la lección.
Por eso, pido que se oficie a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que entregue copia del procedimiento efectuado tanto en la planta Valdivia como en la planta Itata, de CELCO.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, a continuación me referiré brevemente a distintas materia.
NECESIDAD DE EVALUAR EFECTOS DE MAYOR JORNADA
PARA TRABAJADORES BANCARIOS. OFICIO
Señor Presidente, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines ha manifestado a muchos Parlamentarios que recientemente se le ha dado a conocer que se adoptarán medidas para extender la jornada laboral de este sector a los sábados y domingos.
Coincido con los dirigentes sindicales en su análisis. Las enormes utilidades obtenidas por la banca en los últimos años, particularmente el 2005, son producto de las altas tasas de interés y del cobro de comisiones, que afectan sin duda a sectores modestos de nuestra nación y al mundo del trabajo.
La ampliación de la jornada a los fines de semana es un hecho que debe ser evaluado adecuadamente. Éste es un país que ha reducido su jornada laboral de 48 a 45 horas, independientemente de que en muchos servicios públicos se esté trabajando mucho más tiempo.
Por ello, solicito oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que informe si la petición hecha por la Asociación de Bancos será tratada y cuál va ser el procedimiento que se adoptará; si se ha evaluado la incidencia de la jornada laboral, y, en especial, cuáles son los requisitos legales y administrativos para que esa propuesta pueda acogerse y llevarse a efecto.
Los empleados bancarios, con justa razón, están preocupados, por cuanto la tendencia del país en esta materia ha sido a contar con una jornada laboral que les permita a los trabajadores estar con sus familias.
HUELGA DE HAMBRE DE COMUNEROS MAPUCHES
CONDENADOS POR LEY ANTITERRORISTA. OFICIO
En otro ámbito, nuevamente quiero referirme a la grave situación que se vive en la cárcel de Temuco: cuatro comuneros mapuches condenados por la Ley Antiterrorista están por cumplir 53 días en huelga de hambre. Patricia Troncoso, una de ellos, además, se encuentra encadenada a su cama.
Los cuatro comuneros (Juan Marileo Saravia, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil y Patricia Troncoso) han hecho peticiones que, junto con el Diputado señor Marco Enríquez-Ominami, he conversado con todas las autoridades pertinentes, intentando intermediar en una situación que tiene connotaciones claramente humanas.
Hemos dicho que la Ley Antiterrorista ha sido mal aplicada por el Estado de Chile. Así lo han señalado todos los estudios internacionales, como los de Human Rights Watch. También lo indicó don Rodolfo Stavenhagen, consultor de Naciones Unidas, organismo que recomendó a nuestro país no aplicar más esta normativa en caso de litigios por tierras mapuches.
La situación que se vive en el proceso por esas condenas demuestra la total incoherencia del procedimiento. Si se ha enjuiciado a nueve mapuches por la aplicación de la Ley Antiterrorista, nada explica que estén en cárceles comunes, con delincuentes, con ladrones, con asesinos.
Los condenados por aquella legislación en Chile debieran estar en cárceles especiales, de alta seguridad. Sin embargo, esto no ha sucedido en las referidas causas contra mapuches.
Por consiguiente, pido que se oficie a Gendarmería de Chile a fin de que a la brevedad informe sobre el estado de salud de los condenados y señale hasta cuándo es posible que se mantengan en huelga y cuáles son las medidas que se adoptarán para evitar que se llegue a un desenlace fatal.
DISCREPANCIAS ENTRE INFORMES DE OBSERVADORES A BORDO Y DECLARACIONES DE PATRONES PESQUEROS. OFICIO
Finalmente, solicito oficiar a la Subsecretaría de Pesca para que entregue información sobre un hecho grave.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Se trata de los denominados "observadores a bordo", que fueron incorporados en la llamada "Ley Corta" y que costaron al Estado chileno 700 millones de pesos en el 2005. En este año, se estima un valor cercano a los 2 mil millones.
El problema estaba en que todos los informes de los observadores a bordo respecto de las bitácoras de los patrones de pesca difieren en cien por ciento de lo efectivamente declarado. Cuando una lancha declara mil toneladas, el observador a bordo dice que hay mil ochocientas.
Por lo tanto, cabe preguntar a la Subsecretaría de Pesca cuántos son los recursos asignados y qué problemas se presentan en esta materia. Pido un informe detallado sobre las discrepancias habidas en los últimos tres meses en estos registros, de manera de fijar un criterio que resuelva esta situación.
No es admisible que tengamos fiscalizadores financiados por el Estado y cuyo accionar no permita determinar cuánto se está pescando hoy día en Chile.
Por tal motivo, pido que se envíe un oficio al señor Subsecretario de Pesca para que informe en detalle la cantidad de pesca que se está llevando a cabo; las diferencias existentes entre lo declarado por las embarcaciones y lo señalado por los observadores a bordo, y las medidas que se adoptarán para conciliar esos informes y hacer efectiva la fiscalización.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:22.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción