REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354ª
Sesión 2ª, en miércoles 15 de marzo de 2006
Ordinaria
(De 16:18 a 18:25)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, el señor Ministro de Justicia, y el señor Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 60ª, ordinaria, en 7 de marzo; 61ª, extraordinaria, y 62ª, ordinaria, ambas en 8 de marzo, y la sesión de Instalación del Senado, en 11 de marzo, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto que modifica el artículo 13 del decreto con fuerza de ley Nº 120, de 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia (boletín Nº 2.815-05).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que aprobó la propuesta formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 19.419 en materias relativas a la publicidad y el consumo del tabaco (boletín Nº 3.825-11).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, mediante el cual remite la información proporcionada por el Ministerio del Interior respecto de las respuestas pendientes a consultas de los Parlamentarios.
Dos de la señora Ministra de Educación:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, sobre la postulación que realizó el Estado de Chile ante la UNESCO para que las iglesias coloniales del norte del país sean declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, respecto de la consideración de los valores nacionales, patrimonio cultural, tradiciones y música patria en los programas de educación.
Del señor Ministro de Agricultura, por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Larraín, relativo a los problemas que afectan a los productores de berries de la Región del Maule y en particular a los de la comuna de Colbún.
Dos del señor Subsecretario de Pesca, con los que contesta otros tantos oficios enviados en nombre del Honorable señor Horvath, tocantes a los fundamentos de la disminución de la talla mínima legal para la extracción del erizo y a programas de fomento del desarrollo pesquero en Caleta Tortel.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre responsabilidad fiscal (boletín N° 4.000-05).
--Queda para tabla.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
PROPUESTA SOBRE COMPOSICIÓN
DE COMISIONES PERMANENTES
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, el señor Secretario dará cuenta de la propuesta para la conformación de las Comisiones del Senado.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La proposición del señor Presidente es la siguiente:
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: Senadores señores Hosaín Sabag, Ricardo Núñez, Víctor Pérez Varela, Carlos Bianchi y Hernán Larraín.
Comisión de Relaciones Exteriores: Senadores señores Jorge Pizarro, Jaime Gazmuri, Roberto Muñoz Barra, Juan Antonio Coloma y Sergio Romero.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: Senadores señora María Soledad Alvear y señores Pedro Muñoz Aburto, José Antonio Gómez, Hernán Larraín y Alberto Espina.
Comisión de Economía: Senadores señora Evelyn Matthei y señores José García, Jorge Pizarro, Roberto Muñoz Barra y Guillermo Vásquez.
Comisión de Hacienda: Senadores señores Hosaín Sabag, Camilo Escalona, Carlos Ominami, Jovino Novoa y José García.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: Senadores señores Mariano Ruiz-Esquide, Ricardo Núñez, Alejandro Navarro, Andrés Chadwick y Carlos Cantero.
Comisión de Defensa Nacional: Senadores señores Adolfo Zaldívar, Jaime Gazmuri, Jorge Arancibia, Juan Antonio Coloma y Baldo Prokurica.
Comisión de Obras Públicas: Senadores señores Juan Pablo Letelier, Mariano Ruiz-Esquide, Víctor Pérez Varela, Sergio Romero y Carlos Ignacio Kuschel.
Comisión de Agricultura: Senadores señores Jaime Naranjo, Guillermo Vásquez, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina y Andrés Allamand.
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales: Senadores señores Pablo Longueira, Antonio Horvath, Andrés Allamand, Alejandro Navarro y Nelson Ávila.
Comisión de Trabajo y Previsión Social: Senadores señora María Soledad Alvear y señores Pedro Muñoz Aburto, Juan Pablo Letelier, Pablo Longueira y Andrés Allamand.
Comisión de Salud: Senadores señora Evelyn Matthei y señores Carlos Ignacio Kuschel, Carlos Ominami, Mariano Ruiz-Esquide y Guido Girardi.
Comisión de Minería y Energía: Senadores señores Ricardo Núñez, Adolfo Zaldívar, José Antonio Gómez, Jaime Orpis y Baldo Prokurica.
Comisión de Vivienda y Urbanismo: Senadores señores Jaime Naranjo, Hosaín Sabag, Víctor Pérez Varela, Pablo Longueira y Carlos Cantero.
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: Senadores señores Roberto Muñoz Barra, Jorge Pizarro, Jovino Novoa, Jaime Orpis y Antonio Horvath.
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: Senadores señores Jaime Naranjo, Adolfo Zaldívar, Fernando Flores, Andrés Chadwick y Carlos Ignacio Kuschel.
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: Honorables señores Nelson Ávila, Camilo Escalona, Jorge Arancibia, Antonio Horvath y Carlos Bianchi.
Comisión de Régimen Interior: Honorables señores Roberto Muñoz Barra, Hosaín Sabag, Alejandro Navarro, Sergio Romero y Jorge Arancibia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición.
--Se aprueba.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En consecuencia, quedan en condiciones de constituirse todas las Comisiones.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Una vez que se agreguen los últimos nombres sugeridos, se distribuirá la lista a todos los señores Senadores.
El señor NAVARRO.- Muy bien.
V. FÁCIL DESPACHO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Terminado el Fácil Despacho.
COMPETENCIA DESLEAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre competencia desleal, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3356-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 12 de julio de 2005.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 39ª, en 5 de octubre de 2005.
Economía (segundo), sesión 62ª, en 8 de marzo de 2006.
Discusión:
Sesión 41ª, en 12 de octubre de 2005 (se aprueba en general).
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 12 de octubre del año pasado.
El segundo informe de la Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones el artículo 13, que pasó a ser 8º. Por lo tanto, como esta disposición conserva el mismo texto del primer informe, debería darse por aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 de nuestro Reglamento, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de la Sala, solicite someterla a discusión y votación.
Cabe hacer presente que tal norma tiene rango de orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si ningún señor Senador impugna dicho artículo, debe darse por aprobado conforme al Reglamento.
--Se aprueba reglamentariamente, dejándose constancia de que votaron a favor 33 señores Senadores.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Las demás constancias reglamentarias se detallan en el informe.
Las enmiendas al proyecto aprobado en general fueron resueltas por unanimidad; de manera que, en virtud de lo preceptuado en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deberían votarse sin debate, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión en particular, solicite debatir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas, que transcriben el texto del proyecto aprobado en general; las modificaciones del segundo informe, y el texto final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
El señor BIANCHI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en primer lugar, dada la definición de competencia desleal que aparece en el artículo 3º ("toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos persiga desviar clientela de un agente del mercado"), que es imprecisa y vaga, se abre la posibilidad del uso abusivo de esta norma, pues quienes tienen más capacidad para financiar acciones legales destinadas a denunciar y perseguir alguna de las conductas desleales, enumeradas en el artículo 4º en forma no taxativa, estarán en mejores condiciones para privilegiar su posición dominante mediante el ejercicio de acciones que tengan como objetivo impedir que aparezcan nuevos competidores.
Una disposición como ésta, vaga e imprecisa, atenta contra el surgimiento y la subsistencia de competidores medianos y pequeños.
En segundo término, el proyecto debiera incluir los resguardos necesarios para desestimular el uso abusivo y malicioso de las acciones consignadas en el articulado. Esto no se considera, lo que puede provocar un grave desequilibrio entre los actores económicos involucrados.
En consecuencia, sobre la base de lo expuesto, mi opinión es que la iniciativa tiene elementos que atentan contra la libre competencia, consagrando una herramienta jurídica cuyo uso podría generar desigualdades y estimular monopolios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, sé que reglamentariamente no corresponde intervenir en general; pero, dado que muchos señores Senadores -algunos se vienen integrando al trabajo legislativo- no conocen en detalle el proyecto, porque la Comisión de Economía aprobó un texto muy distinto del que recibimos de la Cámara de Diputados, pido que se me permita informar brevemente las principales modificaciones del segundo informe.
Si hay acuerdo, podría exponer en mi condición de ex Presidente de la Comisión de Economía. Dejé de serlo el 10 de marzo recién pasado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en Chile tenemos leyes para proteger los derechos de los consumidores, para resguardar la libre competencia y también para evitar abusos en materia de propiedad industrial. La legislación comparada muestra que los países más avanzados cuentan, además, con normativas legales para impedir la competencia desleal.
Ante esto, un grupo de Diputados, en forma transversal, presentaron hace más de un año un proyecto sobre la materia, que ahora se encuentra en nuestra Corporación. Su análisis se radicó en la Comisión de Economía, en la cual, gracias a la gestión del ex Presidente del Senado don Sergio Romero y del ex Vicepresidente don Jaime Gazmuri, a través de la Comisión de Régimen Interior, se pudo contratar la importante asesoría de dos destacados profesionales del Derecho Comercial: los señores Enrique Barros Bourie y Mauricio Tapia Rodríguez. Ellos se dieron a la tarea de revisar toda la legislación comparada sobre la materia.
De ahí surge el texto que proponemos a la Sala, el cual fue aprobado unánimemente en la Comisión de Economía a través de sucesivas reuniones de trabajo.
En él se señala que la ley en proyecto podrá ser aplicada en conjunto con otros tres cuerpos legales, como son los relativos a la protección de los derechos de los consumidores; a la cautela de la propiedad industrial y a la libre competencia.
Asimismo, establece que, sin que la enumeración sea taxativa, son considerados actos contrarios a la libre competencia y, por lo tanto, competencia desleal los siguientes:
"a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.
"b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.
"c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.
"d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.
"e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.
"f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.
"g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.".
Por lo tanto, en nombre de los señores Senadores que integrábamos la Comisión de Economía, estoy en condiciones de afirmar que la iniciativa en debate, que se halla en segundo trámite constitucional para que, a su vez, cumpla el tercer trámite en la Cámara de Diputados, es un proyecto serio, acorde con la legislación más moderna existente en el mundo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, sólo deseo aportar algunos elementos de análisis adicionales a los entregados por el anterior Presidente de la Comisión de Economía.
Hoy en día nuestra legislación protege la libre competencia a través del DFL Nº 1, de 2005, de Economía, que fijó el texto refundido del decreto ley Nº 211, de 1973. Asimismo, se dictó una normativa para proteger los derechos del consumidor. No obstante, hay un vacío legal respecto de una tercera arista: la competencia leal que debe existir entre los agentes del mercado.
Por consiguiente, la ley en proyecto viene a complementar iniciativas legales adicionales, dentro de las cuales cabe agregar todas las modificaciones a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial.
En materia de competencia desleal, desde un punto de vista conceptual, el proyecto no se pronuncia en cuanto a si en el mercado existe o no libre competencia, sino que exige que ésta debe desarrollarse dentro de un marco ético acorde con las prácticas comerciales.
El profesor Enrique Barros, quien nos prestó una gran colaboración y es uno de los abogados más prestigiosos en el tema que nos ocupa, señaló -y existe constancia de ello en el primer informe de la Comisión- que "De naturaleza por completo diferente a los atentados a la libre competencia son los actos de competencia desleal.". Y agregó que "En este caso, el bien protegido no es la estructura competitiva y abierta del mercado, sino la decencia y la corrección de la conducta de los competidores en un mercado de estructura competitiva. Por eso," -añade- "para que haya competencia desleal no se requiere analizar el poder de mercado; basta calificar la conducta competitiva como contraria a las buenas costumbres competitivas, cualquiera sea la posición relativa de los competidores en el mercado respectivo.". Es decir, no importa la posición dominante.
A continuación, en el referido informe se señala: "Por lo mismo, la calificación de una conducta como de competencia desleal no requiere el análisis microeconómico, que resulta inevitable en materias de libre competencia. Sin embargo, todo indica que la calificación de desleal de una conducta también supone asumir que ella tiene efectos contrarios a la competencia, en la medida en que entorpece la decisión de los consumidores, de modo que las fronteras entre competencia desleal y libre competencia suelen no ser tan nítidas en el límite.".
Por esa razón, las acciones en materia de competencia desleal no excluyen la interposición de acciones sobre libre competencia, derechos del consumidor, o eventualmente de propiedad intelectual o propiedad industrial. Por eso se trata de una legislación complementaria.
Por último, deseo añadir que con el texto legal que nos ocupa se cierra el círculo, porque quedan contempladas las distintas hipótesis en lo que respecta a libre competencia y transparencia en el mercado y, desde mi punto de vista, sólo faltaría avanzar decididamente en la legislación sobre tribunales tributarios, que ojalá se concrete a la brevedad posible.
En relación con la inquietud planteada por el Senador señor Bianchi en materia de un eventual abuso de acciones judiciales, la letra g) del artículo 4º del proyecto considera un acto de competencia desleal el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales destinadas a entorpecer operaciones competitivas. De tal manera que esa hipótesis también queda contemplada en el precepto referido.
Por estas razones, concurriremos a la aprobación de la iniciativa.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, sólo deseo complementar lo que han señalado algunos señores Senadores.
El proyecto se originó en moción presentada por diversos señores Diputados hace más de un año, y fue objeto de una discusión particular bastante acuciosa en la Comisión de Economía.
En general, en el referido órgano técnico llegamos a total acuerdo respecto del texto sometido a la consideración del Senado. Ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para que se revisen las observaciones que hemos hecho.
La iniciativa en debate completa una legislación que contiene varios elementos.
Uno es el que ya mejoramos con la ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia -antes se llamaba Tribunal Antimonopolios-, cuyas normas buscan resguardar que no se aprovechen negativamente posiciones dominantes en el mercado, sean monopólicas, oligopólicas, etcétera. O sea, se pretende cautelar la libre competencia o el funcionamiento normal de los mercados, pues es muy común en las economías de mercado la existencia de posiciones de predominio, las cuales pueden utilizarse para impedir una verdadera competencia leal.
Por otra parte, la Ley sobre Protección de Derechos del Consumidor, referida también a conductas comerciales y de otro tipo, procura que no se afecten los derechos de los consumidores, que no haya engaño en cuanto a la naturaleza de los productos, etcétera.
Además, existe un conjunto de disposiciones legales que resguardan la propiedad intelectual y la propiedad industrial y que fundamentalmente protegen los derechos sobre marcas, invenciones, etcétera, que impulsen las empresas o personas que trabajan en los distintos mercados.
Y, por último, hay un aspecto que en la legislación comparada -como se señaló en la Sala- se halla regulado de manera específica: la figura particular que surge entre dos agentes del mercado que utilizan procedimientos que vulneran la ética de las relaciones comerciales para desplazarse el uno al otro. No basta que haya una posición dominante. Efectivamente, aquí se presenta una situación muy particular. Hay dos agentes de mercado, uno de los cuales, mediante procedimientos considerados ilícitos, intenta desplazar de aquél al otro.
Existen algunas conductas -éste es un tema que nos tomó mucho tiempo resolver bien en la Comisión- que violan ciertas disposiciones, que pueden vulnerar los derechos del consumidor o afectar lo que llamamos la "libre competencia" -vale decir, aprovechar una posición dominante-, y que incluso podrían constituir competencia desleal respecto de otra empresa. Pero hay determinados actos y conductas que son propios de competencia desleal: el desprestigio del competidor; el desprestigio específico (el rumor de que el restorán del frente funciona sin las condiciones de higiene necesarias); como se dijo acá, el utilizar argumentos racistas o de distinta índole para sacar de la competencia o causar un perjuicio dentro de ella a otro agente. En fin, existen diversas acciones que pueden ser calificadas como de competencia desleal.
La definición del tipo necesariamente debe ser genérica, pues resulta bastante difícil tipificar de manera exhaustiva comportamientos de esa naturaleza. Lo digo a raíz de la observación de un señor Senador. Si se analizan las definiciones que hubo que efectuar cuando se discutió la ley que creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se verá que también tuvieron que ser genéricas, por cuanto definir el buen y normal funcionamiento de los mercados es una cuestión muy difícil. Además, la experiencia demuestra que cuando se establecen tipos demasiado rígidos siempre surgen prácticas nuevas de carácter ilícito. "Hecha la ley, hecha la trampa".
En materia de conductas comerciales o de competencia, resulta casi imposible tipificar figuras penales o civiles precisas. Por tanto, siempre habrá un elemento que deberá juzgar la magistratura. Por eso se hace una definición genérica en el artículo 3º, y una enumeración no taxativa en el 4º, porque, si la enumeración fuera taxativa, podrían surgir nuevas conductas que atentaran contra la libre competencia, pero que, al no estar señaladas en forma específica en la ley, quedarían sin sanción, violándose el espíritu de ella.
En consecuencia, siempre en legislaciones de esta índole -por lo menos eso me indica mi experiencia, y he visto varias-, la definición del tipo, de la conducta que se sanciona, inevitablemente debe ser de carácter genérico, por la propia naturaleza de la normativa de que se trata.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, después de haber leído el informe de la Comisión, tengo la impresión de que el proyecto que se somete a nuestra consideración es un texto enteramente nuevo en contraste con el original. No estoy tratando de hacer una comparación odiosa, sino, simplemente, de destacar un hecho recurrente. El Senado, una vez más, ha logrado un acuerdo, al interior de la Comisión de Economía, con una asesoría legislativa de primer nivel, lo que, sin duda, nos está marcando una orientación acerca de lo que debe hacerse en el futuro en esta Corporación: contar con asesores legislativos de esa categoría, a fin de presentar al país una iniciativa que, sin duda, será extraordinariamente bien conceptuada a partir del análisis objetivo de sus disposiciones.
En segundo lugar, quiero resaltar que toda esta temática de la competencia desleal se halla referida al plano interno. Queda pendiente, por muchas razones, lo que deberíamos plantearnos el día de mañana frente a una competencia desleal en el ámbito internacional. Hoy, con un mundo internacionalizado, en el cual se han ido borrando las fronteras, y con un país como Chile, que se ha abierto hacia el exterior, nuestra preocupación también debería estar enfocada al tema desde una perspectiva internacional.
Una competencia desleal, en términos internacionales, implica falta de posibilidades y de oportunidades para países que, como el nuestro, tratan de ganar grandes mercados a costa de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio e, incluso, de incomprensiones, como una divisa a nivel muy bajo que está haciendo peligrar, en su existencia, a múltiples pequeñas y medianas empresas.
Abordar la competencia desleal en el plano internacional es un compromiso que nos correspondería adoptar como Senado, a fin de establecer los parámetros de cómo deberíamos plantearnos el día de mañana ante un evento de esa naturaleza. Pienso que éste es un tema que la Comisión de Relaciones Exteriores tendría que tomar como propio, de tal forma de explorar si a través de la Organización Mundial del Comercio, de la propia Comisión de Distorsiones existente en nuestro país, Chile podría evitar la acción de países dominantes en el mercado internacional, que muchas veces procuran establecer barreras paraarancelarias que, sin duda, constituyen competencias desleales.
Desde ese punto de vista, quiero plantear a la Sala, si usted me lo permite, señor Presidente, la proposición de adoptar el acuerdo de encargar, en mi nombre o en el de la Corporación, a la Comisión de Relaciones Exteriores, el inicio de un análisis que nos permita abrir un espacio que, creo, queda inconcluso en un proyecto extraordinariamente positivo, en el cual deseo destacar, una vez más, la decisión de la Comisión de Economía en cuanto a contar con asesores legislativos de alto nivel.
He dicho, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, tuve el honor y el gusto de compartir en la Comisión con cuatro Honorables colegas durante el examen del proyecto en debate.
Creo que quizás faltan algunas pequeñas precisiones a lo ya dicho por otros señores Senadores.
Ante todo, quiero destacar la compatibilidad de esta legislación con otras, como el decreto ley Nº 211, sobre la libre competencia, la ley de protección de los derechos del consumidor o las relativas a la protección industrial e intelectual. Sin embargo, posee una característica que la hace distinta. En general, en las leyes las relaciones son verticales, esto es, un proveedor frente a un consumidor, un proveedor frente a un adquirente -cualquiera de los dos puede alcanzar una posición dominante en el mercado y, por tanto, imponer sus condiciones-, el titular de una propiedad intelectual o industrial frente a quienes no tienen el privilegio.
En este caso, se trata de una relación económica, no jurídica, no vista en legislaciones anteriores, y que es horizontal. No es una relación entre quienes están contratando o refiriéndose a cierto acto o contrato, sino una entre quienes se encuentran en un plano de competencia, en la que ambos tratan de capturar, de llegar, de lograr, el mismo tipo de clientela o agente de mercado. Eso explica, fundamentalmente, por qué la sanción contenida en el proyecto apunta a la indemnización de perjuicios, pues, tratándose de intervenciones ilegítimas en el mercado, serán las instituciones jurisdiccionales o administrativas las que deberán actuar para castigar la conducta indebida y reparar el daño causado.
En segundo lugar, es importante dejar constancia, para los efectos de la historia de la ley, de la siguiente precisión, hecha por el Senador que habla. El texto que venía de la Cámara de Diputados hablaba de competencia desleal entre comerciantes, en circunstancias de que no todos los agentes de mercado lo son. En términos técnicos, ni los agricultores, ni los mineros, ni los pescadores, ni los prestadores de servicios, salvo que estén organizados como empresa, forman parte de lo que el Código de Comercio regula en su artículo 3º y demás disposiciones pertinentes. Aquí queda claro que se trata de una legislación de corte más bien económico, relativa a los agentes de mercado. Podría haber competencia desleal entre, por ejemplo, competidores agrícolas, que no son comerciantes y que, sin embargo, quedan afectados por esta normativa.
Por último, señor Presidente, me voy a referir a una indicación -por desgracia, no fue acogida; lo acepté para evitar el rechazo de la iniciativa, la cual me parece importante- vinculada con una situación que se está dando hoy día dentro de las posiciones dominantes de mercado y que dice relación fundamentalmente al hecho de que ciertos adquirentes exigen de sus proveedores que las facturas que emiten no se completen con las menciones que les otorgan mérito ejecutivo.
Ésa es una falencia que incluso la Comisión estuvo de acuerdo en cubrir. Se presentará a ese respecto una moción -por lo menos, yo la formularé-, porque por aquella vía los grandes adquirentes -sean grandes tiendas, grandes supermercados u otros agentes similares- se comprometen a pagar a 60 días plazo y terminan haciéndolo a 180. Y como la factura, en términos técnicos, no es factorizable -o sea, no es factible descontarla o llevarla al mercado financiero secundario-, al carecer de mérito ejecutivo, no resulta posible efectuar la exigencia respectiva.
En tal sentido, la legislación se encuentra en mora. Y, así, hoy día la micro, la pequeña y la mediana empresas se están viendo gravemente afectadas, porque se trata de un mecanismo que se usa persistente, constante y generalizadamente.
De allí que, en esta materia, espero una pronta moción -y dejo sentado mi parecer- a los efectos de cubrir numerosas situaciones que no resultan aceptables en el sistema económico chileno normal.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
No intervendré, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las proposiciones de la Comisión de Economía, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
--Se aprueban, y el proyecto queda despachado en este trámite.
-------------
El señor SABAG.-
Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, como ya se conocen los nombres de los integrantes de las Comisiones permanentes, solicito autorización para que las que están en condiciones de hacerlo puedan constituirse, elegir Presidente y fijar días y horas de sesiones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado, sobre la base de que, en caso de votación de proyectos con quórum especial, se llame a Sus Señorías para que regresen al Hemiciclo.
El señor ROMERO.-
No hay acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, si se van a constituir las Comisiones ahora, habrá que suspender el funcionamiento de la Sala.
Pienso que lo razonable sería que los Secretarios de las Comisiones citaran para la próxima semana, en los horarios habituales de sesión, y que entonces se revisara si éstos se mantienen o no, según la situación de cada uno de sus integrantes.
El señor NÚÑEZ.-
Pero si alguna puede funcionar mañana o pasado mañana, que lo haga.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En ese caso, podrían constituirse después de que se levante esta sesión.
El señor CANTERO.-
Eso es mejor.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, procedamos con cierta flexibilidad. Que los propios Secretarios de Comisión busquen los acuerdos para no impedir el normal funcionamiento de la Sala. Creo que se pueden hacer inteligentemente ambas cosas en forma simultánea.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Muy bien.
Las Comisiones que lo deseen podrán constituirse luego de que se levante esta sesión y en los días venideros.
Reformulación de leyes protectoras de derechos
de infancia y adolescencia
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, con nuevo segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3792-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 30ª, en 19 de enero de 2005.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 37ª, en 16 de marzo de 2005.
Constitución (segundo), sesión 55ª, en 3 de enero de 2006.
Constitución (nuevo segundo), sesión 62ª, en 8 de marzo de 2006.
Discusión:
Sesiones 39ª, en 23 de marzo de 2005 (queda para segunda discusión); 42ª, en 6 de abril de 2005 (se aprueba en general); 56ª, en 4 de enero de 2006 (se cierra el debate).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Este proyecto fue aprobado en general en sesión de 6 de abril de 2005 y cuenta con un nuevo segundo informe, que es el resultado de la solicitud que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hizo a la Sala en orden a analizar algunos aspectos constitucionales vinculados al recurso de protección de los derechos de los niños y adolescentes.
Cabe recordar que, en sesión de 4 de enero último, el Senado aprobó todas las disposiciones de la iniciativa que no requerían quórum especial de aprobación.
La Comisión de Constitución, en el nuevo segundo informe, modificó la redacción del artículo 17, referido a la acción especial de protección de derechos, con la finalidad de evitar cualquier duda sobre la coexistencia del recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental y la citada acción especial, que se podrá ejercer ante los tribunales de familia. La enmienda de ese precepto fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar.
Cabe hacer presente que el mencionado artículo 17 y los artículos 10, 11, 19, 48 y 52 requieren para su aprobación los votos conformes de 22 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la discusión particular, tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, tal como señaló el señor Secretario, la Sala acogió la solicitud de la Comisión de Constitución de analizar nuevamente el artículo 17 del proyecto a fin de hacerlo complementario del recurso de protección establecido en la Carta Fundamental. Y se procedió a redactar de nuevo esa disposición, la cual ahora dice: "Acción especial de protección de derechos. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República," -que se refiere precisamente al recurso de protección- "todo niño, niña o adolescente o cualquiera a su nombre, podrá solicitar la protección de los Juzgados de Familia cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías contemplados en la disposición constitucional antes citada.".
En primer término, ésa no es la única norma legal -y no constitucional- que establece un recurso de tal naturaleza. En el artículo 95 del Código Procesal Penal se establece el denominado "Amparo ante el juez de garantía". Allí se señala que "Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad", etcétera.
Por consiguiente, la legislación chilena contempla casos específicos de recursos de aquella índole en normas de rango legal. Y acabo de citar un ejemplo.
En el caso del proyecto en debate se permite a los menores que, a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran perturbación o amenaza en el ejercicio de algunos de sus derechos recurrir directamente ante el juzgado de familia en cuya jurisdicción se hubieren cometido aquéllos.
La Comisión de Constitución, de manera unánime, estimó procedente la aplicación de esta norma, por estimar que es un gran aporte frente a los actos arbitrarios cometidos contra menores. Otorga competencia a tribunales especializados que conocen a fondo la problemática que puede afectar a los niños víctimas de tales delitos, como son los tribunales de familia creados hace un año o un año y medio. Y, adicionalmente, establece un precepto que, para evitar la doble interposición de acciones, no hace procedente la acción especial en comento en los casos relativos a las materias a que se refiere el artículo 8º de la ley N° 19.968, porque son de conocimiento de aquellos tribunales.
La Comisión de Constitución, que me tocó presidir, aprobó por unanimidad el nuevo artículo 17 y los artículos 18 y 19, que regulan la forma como se recurre ante los tribunales de familia, y solicita que el Senado apruebe en particular el proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las proposiciones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, todas las cuales fueron acordadas unánimemente.
--Se aprueban (22 votos favorables), y el proyecto queda despachado en este trámite.
MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE NOMBRAMIENTO Y
CALIFICACIONES DE MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema de nombramiento y calificaciones de los ministros, jueces, auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3788-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 30ª, en 19 de enero de 2005.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 41ª, en 12 de octubre de 2005.
Constitución (segundo), sesión 62ª, en 8 de marzo de 2006.
Discusión:
Sesión 42ª, en 18 de octubre de 2005 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 18 de octubre de 2005.
La Comisión de Constitución deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones la letra a) del número 2 y el número 5 del artículo único, disposiciones que, conforme a lo que establece el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite someterlas a discusión y votación. Los preceptos mencionados tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 22 votos conformes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán, dejándose constancia del quórum exigido.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Aún no ha terminado la relación, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Deseo plantear una cuestión reglamentaria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, solicito que la iniciativa vuelva a la Comisión de Constitución para analizar un aspecto de constitucionalidad.
En este proyecto -como bien me señaló el Honorable señor Gómez- hay una norma que preceptúa que si el Presidente de la República, transcurrido determinado plazo, no procede a los nombramientos que le corresponda hacer, se aplicará la norma del silencio administrativo y se entenderá nombrado a quien figure en el primer lugar de la quina o terna, según corresponda, y que, en el evento de igualdad de votos, se preferirá al más antiguo.
Lo que hay que resolver aquí -y debe hacerlo la Comisión- es si lo propuesto puede afectar la Carta Fundamental, en cuanto no fija plazo para tales nombramientos, por lo cual una ley no podría establecer exigencias mayores que las determinadas por aquélla.
En consecuencia, pido que el proyecto sea enviado de nuevo a la Comisión de Constitución, porque, a mi juicio -y no quiero anticipar una opinión definitiva-, adolece claramente de inconstitucionalidad en el punto planteado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, no sólo comparto lo dicho por el señor Presidente de la Comisión -y entiendo que lo hizo ver el Honorable señor Gómez-, sino que debo agregar que por la vía señalada se estaría vulnerando la atribución del Senado en materia de designación de los Ministros de la Corte Suprema.
Por consiguiente, hay una doble inconstitucionalidad: en el establecimiento del plazo y en el cambio de esa facultad de la Cámara Alta.
El proyecto, entonces, debe volver a la Comisión para reparar la situación expuesta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, hace unos meses presenté un proyecto de ley -fue rechazado por corresponder a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República- que tenía por objeto evitar algo que a los Parlamentarios que representamos a Regiones alejadas nos ocurre permanentemente.
Ahora estamos viendo una iniciativa que, entre otras cosas, modifica el sistema de evaluación de los jueces y auxiliares de la administración de justicia. Entonces, es propicia la oportunidad para manifestar que muchas veces en el nivel central (en Santiago, en la Región Metropolitana) a magistrados malos o que son sorprendidos en escándalos, en vez de expulsarlos del Poder Judicial, se los envía a Regiones. Así, en ellas nos empezamos a llenar de jueces "cachos" o de malos funcionarios.
Mi propuesta parece no haber gustado a la Corte Suprema.
Lo lamento. No he pretendido restringir las facultades de ese Alto Tribunal. Pero me parece que las Regiones no son las "hueseras" de los jueces y que lo que debe hacerse es mandar también a ellas buenos magistrados.
Cuando a un juez que se portó mal en Providencia o en otra comuna de la Capital lo envían a la Tercera Región, no lo quiero ver más. Creo que si un magistrado no funciona, hay que echarlo del Poder Judicial, no mandarlo como castigo a Regiones extremas u otras.
Pido a los miembros de la Comisión de Constitución que analicen mi propuesta a la luz de este proyecto de ley, porque a los jueces que se han desempeñado mal en la Región Metropolitana no los quieren en las demás Regiones.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para un nuevo segundo informe.
--Así se acuerda.
REPOSICIÓN DE ATRIBUCIONES DE IMPERIO A UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO EN MATERIA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3626-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 62ª, en 8 de marzo de 2006.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal del proyecto es reponer las atribuciones de imperio de la Unidad de Análisis Financiero para exigir perentoriamente de las personas la información que estime necesaria, incluida la de carácter secreto o reservado, y en aplicarles sanciones de amonestación y multa en caso de infracción a la obligación de proporcionarla o de hacerlo contraviniendo las instrucciones del mencionado organismo.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia discutió sólo en general el proyecto y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina y Viera-Gallo.
El texto de la iniciativa se contiene en el informe, el cual está incorporado en el pupitre digital.
Cabe tener presente que el párrafo segundo de la letra b) que se agrega al artículo 2º de la ley Nº 19.913 y el artículo 23, nuevo, que se incorpora a dicho cuerpo legal tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 22 votos conformes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, esta iniciativa legal modifica la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero.
Esa Unidad fue establecida para proporcionar soporte jurídico a la prevención y el combate del lavado de dinero proveniente del crimen organizado, especialmente del tráfico de drogas, del financiamiento del terrorismo y de los actos de corrupción.
El proyecto en discusión tiene por objeto reponer las atribuciones de imperio de la Unidad de Análisis Financiero consistentes en exigir de las personas la información que estime necesaria, incluida la de carácter secreto o reservado, y en aplicarles sanciones de amonestación y multa en caso de infracción a la obligación de proporcionarla o de hacerlo contraviniendo las instrucciones del mencionado organismo.
Tales facultades resultan esenciales para que la Unidad de Análisis Financiero pueda cumplir la función que le encomendó la ley.
Debemos advertir los miembros de la Comisión de Constitución que ésta es una materia extraordinariamente compleja, por cuanto, así como por una parte deben resguardarse la libertad y la privacidad que en derecho asisten a las personas, también es menester, por otra, aceptar el desafío de tener normas legales eficaces que permitan combatir lo que hoy día es la forma más avanzada del tráfico de drogas, del financiamiento del terrorismo y de la corrupción: el lavado de dinero.
Para la comprensión de la iniciativa legal en estudio, es necesario recordar qué ocurrió con la Unidad de Análisis Financiero.
Sometido este proyecto a su conocimiento, el Tribunal Constitucional, en fallo de mayoría de 28 de octubre de 2003, declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones, por estimar que afectaban en su esencia el derecho a la vida privada y a la protección de las comunicaciones privadas, en vista de la facultad irrestricta que se otorgaba a la referida Unidad para recabar o solicitar a cualquier persona toda clase de antecedentes, pero sin indicarse pautas o parámetros objetivos y controlables.
Asimismo, impugnó otras normas, por considerarlas contrarias a la garantía establecida en el artículo 19, Nº 3º, de la Constitución Política al no respetar el derecho a la defensa jurídica previa a la imposición de sanciones en sede administrativa.
La Comisión, antes de pronunciarse sobre la idea de legislar, acordó solicitar a algunos académicos opiniones acerca de los contenidos del proyecto que fueron objeto de reparos por el Tribunal Constitucional. Así, escuchó a profesores de Derecho Constitucional; entre ellos, al ex Ministro de Justicia don Francisco Cumplido, quien propuso un conjunto de modificaciones al texto actual para obviar los problemas de constitucionalidad.
El profesor Cumplido explicó que, como toda investigación financiera importa la intromisión en la vida privada de las personas, se trata de evitar la arbitrariedad y el abuso, y que la forma de lograrlo es estableciendo criterios objetivos que hagan racional y justa la aplicación de este procedimiento por parte de quienes integran la Unidad de Análisis Financiero. Nos propuso un conjunto de pautas o parámetros: la exigencia de resolución fundada en hechos graves, de los cuales se deje expresa constancia -tanto si se trata de las resoluciones de la propia Unidad como de las que dicte un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando le corresponda intervenir para levantar el secreto o reserva bancarios-, y susceptible de fiscalización.
También hizo presente la necesidad de instaurar un sistema de registro para el control de las autoridades; es decir, de que quede constancia de los fundamentos, la época, el momento y la oportunidad en que un ministro de Corte decide autorizar el levantamiento del secreto de la información y las razones por las cuales lo hace.
La Comisión de Constitución aprobó sólo en general el proyecto -no estábamos facultados para introducirle modificaciones-, por estimar que las orientaciones globales planteadas por el ex Ministro señor Cumplido permiten subsanar, no sólo los reparos formulados por el Tribunal Constitucional, sino además los derivados del contenido de la normativa propuesta.
La aprobación de la idea de legislar dice relación a la necesidad de introducir a determinados artículos modificaciones, en opinión del ex Ministro señor Cumplido y de los miembros de la Comisión, imprescindibles.
¿Por qué no pedimos facultades para legislar en general y en particular de inmediato? Por la urgencia de la ley en proyecto. Porque Chile debe adecuar la legislación interna a sus compromisos y tratados internacionales en materia de las facultades que es indispensable otorgar a las Unidades de Análisis Financiero, que hoy día se están extendiendo en los principales países del mundo. En tal sentido pensamos que aquello implicaba un doble trámite.
Por eso, señor Presidente, pido la aprobación en general de la iniciativa -con la prevención de que será modificada en el sentido que señala el informe, particularmente según las orientaciones del profesor Cumplido- y abrir plazo para presentar indicaciones a fin de subsanar otras eventuales inconstitucionalidades.
Formulo esta solicitud en nombre de la Comisión de Constitución.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, después de leer el informe, me preocupan las últimas palabras del Honorable señor Espina.
Pero, antes de aproximarme al tema, quiero entregar ciertos antecedentes a mi juicio indispensables de considerar. Porque aquí no se trata simplemente de estar o no de acuerdo con el Tribunal Constitucional, sino de contar con una Unidad de Inteligencia Financiera eficaz.
¿Y cuáles son esos antecedentes?
En primer lugar, se calcula que, globalmente, el lavado de dinero propiamente tal alcanza a alrededor de 400 mil millones de dólares, de los cuales el 10 por ciento corresponde a Sudamérica.
Pero Chile presenta riesgos adicionales. Tiene una economía abierta al mundo, donde son pilares fundamentales la inversión extranjera y la facilidad del movimiento de capitales desde y hacia el exterior.
A los ya mencionados riesgos deben añadirse otros dos, tremendamente preocupantes. Primero, mil kilómetros de frontera con los dos países que producen la mitad de la cocaína en el mundo. Y segundo, el hecho de que en materia procesal penal -lo digo en forma responsable- hemos evolucionado hacia un sistema garantista. Hoy día, lamentablemente, hay magistrados que en función de ese garantismo están dejando en libertad a narcotraficantes, sobre todo en el norte.
Señor Presidente, creo que el punto central de esta discusión y la disyuntiva a que nos enfrentamos radican en si estamos dispuestos a aproximarnos a este tema en función de parámetros de los delitos comunes o si se requieren normas excepcionales, entre ellas las relativas a la Unidad de Análisis Financiero y a la necesidad de abordar el problema del lavado de dinero.
Personalmente, tengo la más absoluta convicción de que, para enfrentar la problemática de las organizaciones criminales -porque de eso estamos hablando en este caso-, se precisan normas excepcionales, y dentro de ellas, las concernientes a la Unidad de Análisis Financiero y las que permitan abordar el tema del secreto bancario.
Soy de aquellos que consideran que las organizaciones vinculadas al narcotráfico, junto con el terrorismo y, actualmente, el narcoterrorismo -que ya se hallan presentes en nuestro país-, constituyen hechos esenciales que socavan las bases mismas de la sociedad y de los que Chile no está exento.
Si, por el contrario, nuestra aproximación se funda en los parámetros del delito común con algunas normas excepcionales, temo que a la larga facilitaremos enormemente el accionar del crimen organizado.
La Unidad de Análisis Financiero, como manifestó el Senador señor Espina, se creó en el 2003 como un instrumento prejudicial destinado a detectar operaciones sospechosas vinculadas con el lavado de dinero y cuya finalidad consistía en solicitar de manera amplia información -la mayoría de ella incluida en el secreto bancario- a las instituciones señaladas en el artículo 3º de la ley vigente. A raíz de objeciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, la referida Unidad ha sido prácticamente inoperante, por cuanto se le restó su facultad de imperio y, además, se le restringió la posibilidad de pedir información.
Ahora bien, quiero manifestar una aprensión.
Del debate de la Comisión -y éste es el punto central; así lo percibí- se desprende que se está haciendo todo un esfuerzo para tratar de adaptar la normativa sobre Unidad de Análisis Financiero a las exigencias establecidas por el Tribunal Constitucional, para evitar un nuevo rechazo. Eso fue lo que planteó el ex Ministro señor Cumplido.
No obstante -y aquí nace mi preocupación-, la evaluación que al final es necesario hacer consiste en si las normas que se aprueben en la discusión particular serán útiles para requerir información, por cuanto se ha planteado que, para levantar el secreto bancario a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero, una operación debe ser previamente -¡previamente!- calificada como "sospechosa". Incluso, en la propia Comisión se argumentó que, si fuera necesaria una reforma constitucional, habría que hacerla.
Por lo tanto, la pregunta que surge es cómo se llega a determinar que una operación es sospechosa. Y esa determinación corresponde al final de un proceso, durante el que necesariamente debe procesarse información. Y para hacerlo se requiere tener acceso a ella. Pero, en virtud de este proyecto, no se está otorgando dicho acceso.
¿Qué ocurre con la norma actual?
El Tribunal Constitucional rechazó la disposición que daba atribuciones más amplias a la Unidad de Análisis Financiero para solicitar información. En consecuencia, el actual artículo 3º faculta a dicha Unidad para solicitar que se le informe sólo respecto de las operaciones sospechosas.
Pero, existe la otra cara de la moneda: qué se exige a las personas obligadas a informar (las señaladas en el artículo 3º). Dos cosas: por un lado, informar acerca de las operaciones sospechosas, y por otro -desde el punto de vista conceptual, es un aspecto central, muy importante-, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 3º de la ley vigente, analizar las operaciones "indiciarias de operaciones sospechosas". Esta atribución no la posee la Unidad de Análisis Financiero. O sea, en la práctica las entidades fiscalizadas tienen más facultades que la fiscalizadora.
Normalmente, para tipificar el delito de lavado de dinero es necesario recurrir a distintas fuentes de información. Según decía, con la determinación de una operación como sospechosa culmina un proceso. Pero para llegar a esa conclusión muchas veces se requiere información, no de una entidad financiera, sino de muchas: de casinos, de hipódromos, de corredores de propiedades, etcétera. Si una parte en el acceso a la información se excluye como se plantea en el proyecto, temo que en innumerables casos no se llegará a determinar que una operación tiene el carácter de sospechosa. Por lo tanto, nos vamos a restar de una serie de instrumentos o mecanismos para tipificar el delito de lavado de dinero.
La discusión central se refiere al secreto bancario. Y temo que parte importante de las aprensiones -esto también quiero destacarlo- tiene origen en la naturaleza jurídica y la dependencia de la Unidad de Análisis Financiero. Hacerla depender de los gobiernos de turno siempre dejará abiertas dos dudas. La primera, que opere como una suerte de policía política en materia financiera. Y la segunda, hasta qué punto esta entidad tendrá fortaleza para llegar hasta el final si se sospecha que autoridades de la administración de turno están involucradas en lavado de dinero.
Si realmente se quiere fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero, debe transformársela en un organismo completamente independiente de los gobiernos de turno. Y pienso que ahora es la oportunidad de hacerlo.
Por otra parte, para determinar las operaciones sospechosas se debe tener acceso a la información a partir de las situaciones indiciarias de operaciones sospechosas, hecho que no considera el proyecto. En la práctica, lo único que se agrega es el otorgamiento de la facultad de imperio a la Unidad de Análisis Financiero; pero se la restringe respecto del acceso a la información.
En lo personal, no estoy dispuesto a dar el segundo paso -es decir, entregarle acceso a mayor información-, mientras no se transforme a ese organismo en una entidad independiente.
Señor Presidente, estimo que ésta es la oportunidad de abordar la materia en comento de manera global. Y, dada la peligrosidad de las organizaciones criminales, soy partidario, si es menester, de una reforma constitucional. De lo contrario, vamos a quedarnos con una entidad y una institucionalidad extremadamente débiles en el combate contra el lavado de dinero, que es uno de los delitos más complejos. Creo que eso está ocurriendo ahora con la Unidad de Análisis Financiero.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, en forma breve -porque entiendo que no es el momento de entrar a una discusión particular-, quisiera precisar mi voto afirmativo en la Comisión y por qué estimo que ahora debo ratificarlo.
Considero necesario legislar con el fin de perfeccionar la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero, en la perspectiva de mejorar sus atribuciones y darle la mayor eficacia posible. Pero eso no significa que lo propuesto en el artículo 1º de la iniciativa se encuentre conforme a lo dispuesto en la Constitución o que las proposiciones del profesor Cumplido sean la única forma de legislar con apego a la Carta Fundamental.
Estamos frente a un fallo del Tribunal Constitucional. Pero, más allá de eso, nos hallamos en presencia de un problema extraordinariamente complejo y de fondo que guarda relación con el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestras libertades individuales, por nuestra vida privada, por el derecho a la intimidad, con el propósito de alcanzar objetivos de seguridad o de prevenir delitos.
Extremando la situación, podría instalarse, por ejemplo, una cámara de televisión o una filmadora en cada hogar de Chile para prevenir de una serie de delitos tanto o más graves que el de narcotráfico. Como resulta obvio, el precio sería terminar con la vida privada o íntima de las personas.
Por lo tanto, aquí hay dos derechos u objetivos sociales que pueden colisionar -así ocurrió con el rechazo por el Tribunal Constitucional de proposiciones del proyecto anterior- y que requieren un estudio más a fondo en términos de precisar con mucha exactitud dónde están los límites. De lo contrario, podríamos llegar al extremo de que, para ganar más seguridad, estemos eliminando derechos básicos de la vida en una sociedad libre, como el de la privacidad o intimidad, que representa uno de los problemas. La manera en que lo resuelve la iniciativa me parece insuficiente. Sin embargo, a mi entender, hay espacio para perfeccionarla.
En segundo término, según señalaba el Senador señor Orpis al final de su intervención, aquí se presenta otro punto complejo: le estamos entregando a una autoridad administrativa -no al Ministerio Público ni a los tribunales de justicia, sino a un órgano administrativo- atribuciones propias de instituciones jurisdiccionales, como la exigencia con facultades de imperio -porque la no entrega se sanciona- de documentación o antecedentes que tienen el carácter de privados.
Por consiguiente, se trata de una atribución de los tribunales de justicia, propia de etapas jurisdiccionales. Y mediante esta iniciativa se la estamos entregando a un órgano administrativo, sin resguardar, a mi juicio, normas que deben estar siempre presentes y que podríamos llamar genéricamente "del derecho de defensa" o "del derecho a un debido proceso" o "de la posibilidad de reclamación por parte de las personas afectadas".
Por lo tanto, se trata de dos puntos referidos a problemas constitucionales y que no son meramente formales, sino que apuntan a aspectos muy de fondo en cuanto al ejercicio de las libertades individuales y del derecho a la privacidad, los cuales requieren un examen particular muy profundo.
Y el hecho de que yo haya aprobado la idea de legislar -quiero señalarlo en forma muy precisa- no implica que la fórmula planteada en el proyecto sea la que estimo más acertada para solucionar los temas de fondo o para adecuar a la Constitución el texto que ahora se propone. Solamente obedece a la necesidad de legislar con el fin de perfeccionar la Unidad de Análisis Financiero.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor HOFFMANN (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una nota del Honorable señor Gazmuri mediante la cual solicita el aplazamiento de la votación hasta la próxima sesión.
El señor CHADWICK.-
Votemos, señor Presidente.
El señor ESPINA.-
Con la venia del señor Presidente, debo manifestar que, en mi opinión, el proyecto sería aprobado por unanimidad. Se encuentra presente la totalidad de los Senadores de la Alianza por Chile. Pero no veo a la mayoría gobernante.
Quisiera que se nos explicara por qué no lo vamos a votar ahora.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se va a proceder a votar.
Si le parece a la Sala¿
El señor ROMERO.-
Previamente, se debe retirar la solicitud de aplazamiento de la votación, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La Secretaría entiende que su autor ya la retiró.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobar la iniciativa?
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto (25 votos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor ESPINA.-
Propongo el 12 de abril, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Más.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Es un mes.
El señor ESPINA.-
Me parece bien esa fecha.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Entonces, hasta el mediodía del 12 de abril.
--Se fija como plazo para formular indicaciones el miércoles 12 de abril, a las 12.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Contralor General de la República, solicitándole INVESTIGACIÓN POR CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA DE IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN OFICIOS QUE INDICA; al señor Director del Servicio Electoral, pidiéndole pronunciarse sobre REQUISITOS PARA RECUPERACIÓN DE CIUDADANÍA PERDIDA POR CONDENA A PENA AFLICTIVA, y al señor Director de Vialidad de la Novena Región, requiriéndole REPARACIÓN DE PUENTE CHAPOD, EN SECTOR REMOLINO MAQUEHUE, COMUNA PADRE LAS CASAS, Y DE DOS PUENTES DE SECTORES RURALES DE COMUNA DE PUCÓN.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, y al señor Intendente de la Undécima Región, demandándoles la CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO Y PASARELA SOBRE RÍO PANGAL, EN COMUNA DE AISÉN; al señor Ministro de Educación, a la señora Directora de CHILEDEPORTES y al señor Intendente de la Undécima Región, solicitándole información acerca de PROGRAMA DE OBRAS Y APOYO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE AISÉN PARA 2006; al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole COMPLEMENTACIÓN DE BASES DE ESTUDIO SOBRE "ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERCONEXIÓN FÍSICA ENTRE REGIONES X Y XI"; y a los señores Ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, y señores Contralor General de la República y Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, planteándoles necesidad de ANÁLISIS DE PERJUICIOS EN CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE VESPUCIO-EL SALTO-KENNEDY Y DE VÍAS ALTERNATIVAS, PREVIO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EN REGIÓN METROPOLITANA.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole REAPERTURA DE CAMINO PÚBLICO LOS BOLDOS-PEHUENCHE, EN COMUNA DE COLBÚN, e INSTRUCCIÓN DE SUMARIO POR CAÍDA DE PUENTE SOBRE RÍO MAULE (ambos de la Séptima Región).
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole ATENCIÓN DE RECLAMACIONES CONTRA EMPRESA TRICAM LTDA. POR NO PAGO A PROVEEDORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PRECAVERLOS DE ESE PROBLEMA, y reiterándole oficios acerca de REVISIÓN DE PROCESO DE LICITACIÓN DE CARRETERA 5 NORTE, ENTRE LA SERENA Y CALDERA (Tercera Región).
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, que no hará uso de él.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
PARTICIPACIÓN IGUALITARIA DE REGIONES, PARTIDOS
POLÍTICOS E INDEPENDIENTES EN LA VIDA NACIONAL
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, sean mis primeras palabras para saludar, respetuosa y fraternalmente, a todos y cada uno de mis pares en esta Sala.
Sé que mi elección como primer Senador independiente ha generado diversas expectativas a nivel nacional, y en particular en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por los cambios que puede significar para el funcionamiento de nuestra democracia y para las Regiones la irrupción de una opción distinta.
Muchos querrán no entender lo que implica nuestra propuesta, sobre todo teniendo en consideración que hoy el sistema democrático se encuentra extremadamente condicionado en instancias de participación ciudadana ajenas a las que representan -de modo legítimo- los partidos políticos.
Lo que señalo queda de manifiesto en cada uno de los niveles de participación. Sólo una muestra: para ser elegido Senador debí enfrentar una serie de desigualdades y discriminaciones que explican el porqué, luego de 16 años desde la recuperación de la democracia, recién ahora la Duodécima Región ha protagonizado el hecho histórico de romper el sistema binominal.
Sin embargo, las dificultades no han terminado ahí, porque después de ser electo Parlamentario vuelvo a comprobar, ya en el ámbito del Congreso Nacional, que existe discriminación para con los independientes frente a los representantes de partidos políticos.
Ejemplo de ello lo constituye la conformación de los Comités. Los ciudadanos tienen derecho a saber que el artículo 11 del Reglamento de esta Alta Cámara establece que un solo Senador de cualquier partido político puede constituir un Comité. Pero un Senador independiente debe reunirse con dos o más de su misma condición para conformar el propio.
Esta situación me ha hecho adherir, en forma muy grata, a un Comité político que gentilmente me invitó a integrarlo, respetando mi calidad de independiente, gesto que agradezco, pues me permitirá intervenir en el trabajo legislativo y votar proyecto a proyecto en función de los intereses del país y en particular de mi Región.
No obstante lo anterior, señor Presidente, quiero invitar a mis colegas Parlamentarios a entender que nuestra democracia requiere la urgente eliminación de todas y cada una de las discriminaciones contra los independientes que se hallan consagradas en diversos cuerpos legales, los que son manifiestamente inconstitucionales, dado lo preceptuado en el artículo 18 de la Constitución Política, que asegura la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos. Esa inconstitucionalidad pone en tela de juicio el mismo Estado de Derecho.
Esta denuncia que vengo en formular será una de mis principales motivaciones de trabajo, de manera de conseguir la inclusión y participación igualitaria de las Regiones, de la totalidad de los partidos políticos y de la gran mayoría de ciudadanos independientes en el quehacer nacional, para así profundizar en forma efectiva y real nuestra democracia.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
INDEMNIZACIÓN A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE
ACCIDENTE AÉREO EN PALENA. OFICIOS
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, a mediados del año pasado se produjo un accidente aéreo en la comuna de Palena, en el que fallecieron tres personas, y hasta la fecha no se ha cancelado a sus familiares el seguro pertinente. Las empresas aseguradoras aducen que el piloto no habría cumplido las horas de vuelo mínimas exigidas para realizar ese trabajo, por lo cual se niegan a efectuar dicho pago.
Solicito enviar oficio a la Dirección de Aeronáutica Civil a fin de que explique por qué se autoriza a las compañías aéreas operar con pilotos que no cumplen las exigencias para ello, lo que implica que cuando ocurre un accidente la gente no puede obtener el pago de los seguros.
Pido oficiar también a la Superintendencia de Valores y Seguros a los efectos de que informe sobre el sistema existente; las medidas que se adoptan para impedir este tipo de situaciones, y las alternativas de solución para que en el caso expuesto las familias de las víctimas -incluida la del piloto- accedan al pago del seguro de vida, que en mi opinión les corresponde (y ellas están convencidas de que sus deudos se encontraban cubiertos por él).
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En el resto del tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
CONDICIONES DE AISLAMIENTO E INEQUIDAD
DE FRONTERAS INTERIORES. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, es de todos conocido -si bien no asumido- que prácticamente la mitad de nuestro país se encuentra en situaciones de aislamiento e inequidad mayor.
En años anteriores se realizaron estudios para determinar los factores que avalan ese estado de aislamiento, entre ellos el de las fronteras interiores -la gente vive o sobrevive en Chile, pero no se siente parte de él-, que representan cerca del 50 por ciento de nuestra superficie.
Esas condiciones de aislamiento e inequidad han generado hechos dramáticos, como el accidente ocurrido en el lago Maihue, en el que perdieron la vida algunos niños inocentes, producto del abandono en que se hallan importantes sectores rurales.
Esa inequidad ha quedado de manifiesto, también, en estudios efectuados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de indicadores de desarrollo humano, en los que se observa un abismo de diferencia entre algunas comunas de la Región Metropolitana y otras del resto del país.
Quiero plantear un caso puntual sobre la materia.
Después del desastre acaecido en el lago Maihue, se realizó un análisis en las distintas Regiones con el objeto de investigar y tratar de prevenir accidentes de esa naturaleza. Sin embargo, hasta la fecha dicho estudio presenta algunas omisiones.
Por ejemplo, en la comuna de Aisén los niños tienen que cruzar en bote ríos importantes, sin ningún tipo de resguardo, bajo la lluvia, tanto para acceder a medios de movilización que los lleven a sus escuelas como para regresar a sus hogares.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al Ministerio del Interior, al de Obras Públicas y a la Intendencia Regional, a fin de que realicen una investigación y nos propongan soluciones para evitar esa clase de accidentes en el futuro.
El señor KUSCHEL.-
Con mi adhesión, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios señalados, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Kuschel.
CONCLUSIÓN DE OBRAS DE CAMINO
LONGITUDINAL AUSTRAL. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en otra materia, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para recabar todos los antecedentes relativos al compromiso que sus representantes asumieron con nosotros durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2006 en el sentido de garantizar que este año se ejecutarían las obras pendientes del camino Longitudinal Austral, que conecta la provincia de Palena, la Región de Aisén y, más adelante, la de Magallanes. Faltan 64 kilómetros -se cuenta con los respectivos proyectos- en el sector del Parque Pumalín, donde se ha dejado libre una franja de cien metros de ancho, no declarada Santuario de la Naturaleza, precisamente para avanzar en esta línea.
El compromiso de las autoridades de entonces fue que aquello se reflejaría en los hechos, en el curso del presente año, mediante la actualización de los proyectos y la iniciación de las obras. No obstante, ahora incluso hay tramos que se encuentran abandonados, pues ni siquiera se efectúan los trabajos necesarios para su conservación.
Por los motivos señalados, solicito remitir dicho oficio al Ministerio de Obras Públicas, como asimismo uno al Ministerio del Interior, con el objeto de que nos hagan llegar los antecedentes del caso.
El señor KUSCHEL.-
Me asocio a ellos, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios referidos, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Kuschel.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
COMPENSACIÓN A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE
TRAGEDIA DE ANTUCO. OFICIO
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, hace sólo unos días terminó el Gobierno del Presidente Lagos y, por los discursos que se escuchan, pareciera que todas las cosas se han cumplido.
Quiero recordar algo que me parece grave que se haya olvidado. Me refiero específicamente al medio centenar de jóvenes que perdieron la vida en la tragedia de Antuco, mientras cumplían su Servicio Militar Obligatorio.
Cuando los hechos de que se trata tuvieron lugar, presenté un proyecto de acuerdo con la finalidad de hacer un gesto -ya que no es posible devolver con vida esos muchachos a sus familias-, pensando en otra tragedia: la de la escampavía "Janequeo". Fue aprobado por unanimidad aquí, en el Senado, hace más de un año, y enviado al Gobierno. Tenía por objeto compensar de alguna forma: con pensiones, con entrega de recursos u otros medios, a esos padres que perdieron a sus hijos que se encontraban sirviendo a la patria.
En dos oportunidades, mediante sendos oficios, solicité al señor Ministro de Defensa Nacional de la época que patrocinara una iniciativa que yo había confeccionado. Me respondió que estaba en conversaciones con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para enviarla a trámite legislativo.
Bueno: concluyó el Gobierno del Presidente Lagos, y nunca llegó ese proyecto.
Creo que Chile tiene una deuda para con esas familias, señor Presidente. La iniciativa se elaboró y -reitero- remitimos al Ejecutivo un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Ministra de Defensa Nacional que acaba de asumir, señora Vivianne Blanlot, requiriendo el patrocinio del Ejecutivo para la iniciativa de ley señalada y su envío a tramitación.
Ello, porque está ocurriendo algo dramático: por los diarios me he enterado de que las familias afectadas demandaron al Estado de Chile por lo ocurrido.
Pienso que, si hubiésemos hecho las cosas como las planteamos aquí en su momento, eso no estaría sucediendo y no tendríamos este sabor amargo. Porque esos padres enviaron a sus hijos a cumplir el Servicio Militar, los perdieron, y el Estado, en cierto modo, se olvidó del asunto.
No tengamos mala memoria. Acordémonos de esa gente y compensémosla de alguna manera, como sea factible. Y el Ejecutivo puede hacerlo, sea patrocinando el proyecto de ley referido o enviando otro.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Se enviará el oficio correspondiente, conforme al Reglamento,¿
El señor CANTERO.-
Con mi adhesión, señor Presidente.
El señor KUSCHEL.-
Y la mía.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-¿con las adhesiones de los Honorables señores Cantero y Kuschel.
Terminado el tiempo del Comité Renovación Nacional.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
LEGISLACIÓN LABORAL. OFICIO
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, quiero referirme a una situación de común ocurrencia a lo largo del país: las normas laborales no se cumplen y los trabajadores, particularmente los de la Duodécima Región, que represento, sufren los abusos de empleadores que, con absoluta inconsciencia, no cumplen disposiciones del Código del Trabajo aprobadas hace ya bastante tiempo por el Congreso.
Entre los casos más corrientes están: no respetar la jornada laboral de 45 horas semanales; no pagar horas extraordinarias; inobservar los descansos establecidos en nuestra legislación laboral; no pagar remuneraciones mensuales, y no enterar las respectivas cotizaciones previsionales.
Por eso, señor Presidente, pido que se oficie a la Dirección del Trabajo con el objeto, primero, de que informe sobre los planes de fiscalización que tiene respecto de las diversas empresas y establecimientos de comercio de la Región de Magallanes; y segundo, de que proporcione una estadística de las infracciones laborales que se cometen en cuanto a no pago de remuneraciones y cotizaciones provisionales y a no respeto de la jornada de trabajo, con individualización de quienes transgreden la normativa vigente.
¿Por qué lo señalo, señor Presidente? Porque en la Región que represento los empleadores cuentan con una serie de beneficios y subsidios que les otorga el Estado de Chile. Y para acceder, por ejemplo, a la bonificación por mano de obra, no deben tener pendiente el pago de cotizaciones previsionales. Sin embargo, me han llegado denuncias en el sentido de que algunos, pese a no haber declarado ni enterado las imposiciones, obtienen tales beneficios.
De ahí que, para salir de dudas y aclarar las denuncias, estoy pidiendo remitir el oficio aludido.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
EXIGENCIA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD EN MEDIOS
DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero pedir que se oficie al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) -esta última, dependiente de Carabineros-, requiriendo amplia información sobre accidentes de tránsito, y en especial de los que protagonizan los buses interprovinciales.
Hemos presentado un proyecto para hacer exigible el cinturón de seguridad en ese tipo de vehículos, ya que no resulta congruente que su uso sea obligatorio en el radio urbano, donde la velocidad máxima no supera los 70 kilómetros por hora, y no en el interprovincial, en que es de 100 kilómetros por hora.
En informes de la SIAT del año 1997 se consigna que más de 4 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito ocurren en eventos de buses interprovinciales -es decir, en carreteras-; y tal parece que el cinturón de seguridad, que hoy día no forma parte de los elementos de seguridad de dichos vehículos, debería ser de uso obligatorio.
Por consiguiente, solicito que se oficie a las entidades señaladas con el propósito de que nos entreguen información técnica respecto del uso del cinturón de seguridad en buses interprovinciales, de manera tal que sirva de fundamento al citado proyecto, que esperamos sea aprobado por el Congreso, para brindar más seguridad a los chilenos que emplean ese medio de locomoción y actualmente viajan, sin duda, en condiciones de alto riesgo, como ha quedado demostrado en los recientes accidentes, con resultados de muerte.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS SOBRE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER PROSTÁTICO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo solicitar al Ministerio de Salud información presupuestaria relacionada con los recursos que va a destinar a la educación, prevención y combate en materia de cáncer de próstata.
Según antecedentes entregados por esa Cartera, tal enfermedad ha aumentado en más de un cien por ciento en los últimos diez años en todas las Regiones del país, superando largamente al cáncer cérvico uterino y al de mamas. Sin embargo, los programas de difusión en las instancias de acceso para los beneficiarios del FONASA son prácticamente nulos. No existen los relativos al tratamiento y prevención del cáncer de próstata, pero sí para la prevención y combate del cérvico uterino y del mamario. Estos dos programas, a cargo del Ministerio de Salud, han sido exitosos y han reducido notablemente las tasas de mortalidad.
No obstante -insisto-, las tasas del cáncer prostático se han disparado claramente y en los últimos diez años han aumentado en más de un cien por ciento, y en algunas zonas, en 180 por ciento.
Si bien la mencionada Cartera ha entregado las cifras, resta saber cuántos recursos va a invertir en cada Región durante 2006 para hacer efectivos los programas a nivel de consultorios municipales, que son los lugares donde básicamente pueden concurrir los hombres mayores de 50 años que no tienen dinero para el examen de sangre necesario y que, por lo tanto, requieren asistencia del Estado, a través de la salud municipalizada.
Espero contar con los datos presupuestarios para los programas del año 2006, si es que están contemplados, como hemos acordado e insistido en los últimos años, a través de los diversos Ministros del ramo.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
CONCESIÓN PROVISIONAL PARA "PROYECTO HIDROELÉCTRICO AYSÉN", DE ENDESA-ESPAÑA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como es de conocimiento público, se encuentra en trámite una solicitud de concesión eléctrica provisional para ENDESA-España, la cual se ha elevado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a los efectos de realizar estudios de ingeniería y medioambiente en la provincia de Capitán Prat, de la Undécima Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, para el denominado "Proyecto Hidroeléctrico Aysén".
Tal proyecto de generación energética consigna la construcción de un número de centrales hidroeléctricas aún no determinado, y se han cuestionado, por parte de ENDESA, las reclamaciones que presenté a la Superintendencia, por la inhabilidad que tendrían los declarados como "no interesados".
Quiero ser muy concreto al respecto.
El artículo 19 del D.F.L. Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, otorga el derecho a formular reclamos ante la Superintendencia a los dueños de las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas "u otros interesados", sin hacer mención alguna, en el caso de éstos, a su vínculo con las propiedades.
Por tanto, amparándonos en lo establecido en la propia ley, junto con otros Parlamentarios, concurrimos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para presentar oposiciones a la concesión eléctrica provisional que la empresa ENDESA-España está solicitando para su "Proyecto Hidroeléctrico Aysén".
La interpretación que dio ENDESA-España en respuesta a la presentación de "otros interesados", sin duda, va a suscitar debate. Pero creo que la ley es suficientemente clara. La interpretación de sus palabras se hace atendiendo primero a su sentido natural y obvio (artículo 20 del Código Civil), el cual corresponde precisamente, según la jurisprudencia, al del Diccionario de la Real Academia Española, que define el "interés" como "Conveniencia o necesidad de carácter colectivo en el orden moral o material.". De modo que sólo es posible sostener que cuando la Ley Eléctrica habla de "otros interesados" se refiere a quienes tienen "conveniencia o necesidad de carácter colectivo en el orden moral o material" respecto del "Proyecto Hidroeléctrico Aysén", de ENDESA-España.
Ese aserto queda definitivamente aclarado en el reglamento de la Ley Eléctrica, cuyo artículo 23 señala que tienen derecho a formular reclamos acerca de la solicitud de concesión eléctrica provisional "los propietarios de los predios que resultaren ocupados o atravesados por las obras proyectadas, y de aquellos en que deban realizarse estudios y mediciones, y los demás interesados o afectados.".
Es decir, hay una clara distinción entre los propietarios de los predios y los interesados y afectados. Por tanto, éstas son en la ley y en el reglamento, categorías distintas, condiciones separadas, todas las cuales habilitan a quienes tengan alguna de tales categorías (propietarios, interesados, afectados) para reclamar.
Por último, los artículos 28 y 29 del reglamento de la Ley Eléctrica iluminan de manera adecuada respecto del término "afectados". En este sentido, en mi opinión y en la de muchos juristas, no cabe duda de la distinción entre "afectados" e "interesados". Y ello se disipa definitivamente en el artículo 41 de dicho reglamento, por cuanto distingue de manera expresa unos de otros al referirse a "los afectados e interesados".
Sin duda, el debate abierto por la empresa eléctrica es legítimo, pues hay una defensa del libre ejercicio del derecho a la acción comercial. Sin embargo, la puesta en juicio de derechos previamente establecidos en proyectos como el de "Trillium" -al cual, junto al entonces Diputado señor Girardi, nos opusimos en su oportunidad ante los tribunales y la COREMA de la Duodécima Región- habilita a que sea éste el criterio de la Superintendencia de Servicios Eléctricos.
Por otro lado, si lo planteado por ENDESA se llevara adelante, yo vería afectada la participación de las personas en la vida nacional. La defensa de la participación de los ciudadanos está particularmente presente en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En el mensaje presidencial que le dio origen se estableció de manera precisa que "el principio de participación ciudadana se encuentra presente en todo el desarrollo del proyecto". Este derecho tienen quienes se consideran, en mi opinión, afectados por la solicitud de concesión eléctrica provisional de ENDESA-España.
La Undécima Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo es parte de la Patagonia chilena y, sin duda, una Reserva de la Humanidad. El Senador señor Horvath ha planteado la necesidad de obtener la declaración de Santuario de la Naturaleza -lo vamos a apoyar con decisión y fortaleza- de los humedales aledaños, ubicados en las cercanías del río Baker, lo cual da cuenta claramente de la necesidad de una amplia protección.
Por eso, ante la reclamación que hemos presentado en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solicito al Ministerio Secretaría General de la Presidencia que informe sobre la compatibilidad del proyecto de ENDESA-España, en razón de lo contenido en el documento denominado "Estrategia de Desarrollo de la Región de Aysén 2000-2006", elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Undécima Región de Aisén, y de la factibilidad del proyecto impugnado en razón de ello.
Asimismo, pido que se oficie a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) a fin de que informe si la solicitante ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del artículo 10 de la Ley 19.300, el proyecto reclamado, en su fase de estudio.
Junto con lo anterior, también solicito que la Comisión Nacional del Medio Ambiente se pronuncie acerca de si estos proyectos, en etapa de estudio -esto es, construcción de caminos, ejecución de prospecciones, etcétera-, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental previo a su implementación y, por lo tanto, a los requisitos preliminares que permitirían la concesión eléctrica provisional.
Señor Presidente, lo señalado, sin duda, forma parte importante del correcto ejercicio de los derechos ciudadanos contenidos en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y, de modo particular, de la legítima aspiración de quienes no desean una intervención de los ríos Baker y Pascua, y que han manifestado personalmente que reconocen la necesidad eléctrica y energética.
Se trata de un problema de carácter nacional. Chile carece de una política energética que permita resolver los problemas de los próximos diez años. El país debe encontrar solución a esta demanda, pero hemos de discutir cuál es la mejor: la intervención de los principales ríos, los más caudalosos del mundo, de la Patagonia inexplorada -Reserva y, esperamos, Santuario de la Naturaleza-, o si, en definitiva, debemos recurrir a otro tipo de generación eléctrica o a una combinación de ambos.
Espero que el Senado y el Gobierno, en último término, den cuenta de lo que la propia Vivianne Blanlot, actual Ministra de Defensa, señaló, en su calidad de Directora de CONAMA, respecto a la carencia en Ralco de una política sistemática, dada la escasez en Chile en materia de recursos naturales generadores de energía.
Por lo tanto, reitero mi solicitud de oficios, a fin de obtener la información para un debate que, con dos Senadores que representan a la Región, pueda ser parte de un objetivo mayor: el proyecto energético y de sustentabilidad que requiere el país para seguir desarrollándose. Y, al respecto, debe determinarse si las alternativas que hoy se presentan son las más correctas y convenientes para el medio ambiente, para el desarrollo económico, para los habitantes de Aisén y, también, para "otros interesados". En definitiva, sostengo que lo referente a los bienes y recursos naturales es de interés colectivo nacional y no sólo de los habitantes de cierta Región. Porque, sin duda, Aisén, por su importancia, es un patrimonio de Chile y de la Humanidad.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Corresponde el turno al Comité Mixto.
No hará uso de la palabra.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:25.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción