Sesión 19ª, ordinaria, en martes 6 de junio de 2006.
De 16.19 a 19.19 horas. Asistencia de 33 Senadores.
Presidieron la sesión los Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente y Jaime Naranjo, Vicepresidente.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
SIMPLIFICA TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES
Por no haberse presentado indicaciones, se dio por aprobado en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que hace aplicable el procedimiento simplificado y la franquicia de arancel a todo contrato en que se aplique cualquier tipo de subsidio habitacional estatal a la adquisición de una vivienda social. (Boletín Nº 3.992-14)
El proyecto de ley, iniciado en moción de la Cámara de Diputados, tiene por objeto hacer aplicable el sistema simplificado de inscripciones y anotaciones en los Conservadores de Bienes Raíces y la rebaja de aranceles que la ley contempla respecto de las compraventa de viviendas sociales con subsidio habitacional, no sólo a aquellas asociadas a un crédito hipotecario, sino también a aquellas financiadas mediante algún fondo concursable de la vivienda.
Principales materias que aborda la iniciativa:
La ley vigente establece un sistema simplificado de inscripciones y anotaciones por parte de los Conservadores de Bienes Raíces y una rebaja de aranceles, para todos los programas de compraventa de viviendas sociales con subsidio, siempre que éstos estén asociados a un crédito hipotecario.
El proyecto hace extensivo dicho procedimiento simplificado a todos los contratos que se celebren con beneficiarios del subsidio habitacional del Estado y que sean destinados a la adquisición o construcción de viviendas sociales.
En consecuencia, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para que sea remitido al Ejecutivo, comunicándole su aprobación.
CONVENIO CON NUEVA ZELANDIA PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN
Por unanimidad se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, recaído en el Convenio entre la Republica de Chile y Nueva Zelandia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta y su protocolo, suscritos en Wellington, Nueva Zelandia, el 10 de diciembre del año 2003. (Boletín Nº 3.973-10)
El proyecto de acuerdo, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto reducir las tasas de impuestos que gravan ciertas transacciones, entre las que se cuentan las relacionadas con la prestación de servicios y el intercambio de tecnología. El Convenio facilita las inversiones neozelandesas en Chile y las chilenas en Nueva Zelandia y viene a complementar el reciente acuerdo de asociación estratégica suscrito con ese país.
Instrumento internacional:
Reduce la carga tributaria total a la que estén afectos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales entre los Estados Contratantes.
Se asignan los respectivos derechos de imposición entre los Estados Contratantes.
Se establecen mecanismos que ayudan a prevenir la evasión fiscal por medio de la cooperación entre las administraciones tributarias de ambos Estados Contratantes.
Protege de discriminaciones tributarias, a los nacionales de un Estado Contratante que invierten en el otro Estado Contratante o desarrollen actividades en él.
Establece, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, la posibilidad de resolver las disputas tributarias que se produzcan en la aplicación de las disposiciones del Convenio.
A través de las normas sobre trabajo temporal, el Convenio permite a profesionales chilenos desempeñarse, por hasta seis meses, en Nueva Zelandia sin pagar impuesto a la renta en ese país y viceversa.
Se rebajan los impuesto a las regalías asociadas a la tecnología provenientes desde Nueva Zelandia.
Intervino el Senador Roberto Muñoz Barra para informar la iniciativa.
En consecuencia, el proyecto de acuerdo vuelve a la Cámara de Diputados, para que sea remitido al Ejecutivo, para su promulgación.
MODIFICA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por unanimidad, (25 votos) se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. (Boletín Nº 4.059-07)
El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto adecuar las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional a la última reforma constitucional, ley Nº 20.050, de 2005, que produjo importantes cambios en la composición, organización y atribuciones de dicha Institución.
Principales materias que se modifican:
Se establece que los miembros del Tribunal no podrán ser reelegidos, salvo el caso del Ministro electo como reemplazante que haya ejercido el cargo por menos de cinco años y que sea menor de 75 años.
Se establece la publicidad de todos los actos y resoluciones del Tribunal, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilice para dictarlos. Sólo por mayoría de votos, podrán declararse reservados o secretos, determinadas actuaciones o documentos.
Se regulan las funciones del Presidente del Tribunal y del Presidente de las Salas.
Se mantiene la institución de los abogados integrantes del Tribunal Constitucional.
Se regulan las normas de funcionamiento del pleno y de las salas del Tribunal Constitucional, siguiendo lo establecido por la Constitución, que establece que el Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas y las materias que corresponden al pleno y las que serán competencia de las salas del Tribunal.
Se establecen incompatibilidades para los ministros, como la prohibición de ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura; de ser directores de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en esas actividades. El cargo de Ministro es incompatible con los de diputado y senador, y con todo empleo o comisión retribuido con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza, con excepción de los empleos docentes.
Se establecen diversas modificaciones de aspectos procesales, estipulando que algunos títulos específicos del Código de Procedimiento Civil serán de aplicación supletoria al Tribunal.
Se establece una diferenciación central en cuanto a la iniciativa procesal para el ejercicio de las competencias del Tribunal, disponiendo que sólo le corresponde actuar de oficio en los casos señalados expresamente en la Constitución. En todos los demás casos, el Tribunal ejerce su jurisdicción a requerimiento de quien esté expresamente legitimado al efecto: los órganos constitucionalmente interesados; las partes o el juez que soliciten la inaplicabilidad; y las personas que intenten la acción pública, regulándose esta última iniciativa.
Todos los órganos del Estado quedan obligados por lo que el Tribunal resuelva, confiriendo a sus sentencias una fuerza mayor a la que tienen las emanadas de un tribunal normal.
Las sentencias, sin perjuicio de su publicación en extracto en el Diario Oficial, deben publicarse íntegra y simultáneamente en la página web del Tribunal.
Se regula el control preventivo, disponiendo la obligación del Presidente de la Cámara de origen, de enviar al Tribunal los proyectos que aborden materias propias de control preventivo, se incorporan los tratados que traten materias propias de tal revisión y se regula el efecto de la declaración de inconstitucionalidad que pueda hacer el Tribunal respecto de uno o más preceptos de un tratado.
Regula la nueva competencia asignada al Tribunal Constitucional, relativa a la cuestión de constitucionalidad de los autos acordados.
Se precisan algunas normas relativas a las cuestiones de constitucionalidad de proyectos de ley, de reforma constitucional o de tratados sometidos a la aprobación del Congreso Nacional.
Se norma la nueva competencia del Tribunal, cual es la cuestión de inaplicabilidad, que antes de la reforma constitucional estaba radicada en la Corte Suprema de Justicia.
Se excluye la posibilidad de impugnar tratados internacionales mediante la cuestión de inaplicabilidad.
Se norma lo pertinente a la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, que también es una materia nueva para el Tribunal Constitucional y para todo nuestro ordenamiento jurídico.
En materia de requerimientos contra decretos supremos, el proyecto establece que éstos pueden fundarse en cualquier vicio que ponga dicho acto administrativo en contradicción con la Constitución.
Se regulan las disposiciones sobre la atribución de conocer y resolver contiendas de competencia.
Se legisla en lo tocante a la renuncia de los parlamentarios, posibilidad que se contempla en la reforma constitucional y que está sujeta a dos condiciones: el parlamentario debe invocar una enfermedad grave, que le impida desempeñar su cargo y, el Tribunal debe calificar dicha gravedad.
Finalmente el proyecto se ocupa de disposiciones relativas al personal, en razón de las nuevas tareas que la Constitución le entrega y de las remuneraciones de los Ministros.
Intervinieron los Senadores Juan Antonio Gómez, Hosaín Sabag, Alberto Espina, Hernán Larraín, Sergio Romero y la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso.
En consecuencia el proyecto vuelve a Comisión, para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 19 de junio próximo.
CREA ESCALFÓN PROFESIONAL EN INVESTIGACIONES DE CHILE
Quedó para segunda discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea nuevos escalafones en las plantas de la Policía de Investigaciones de Chile. (Boletín Nº 4.001-02)
El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto superar las deficiencias de dotación en la Policía de Investigaciones e incorporar nuevas habilidades a los profesionales investigadores, de manera de mejorar la gestión institucional, ampliando la capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad contemporánea y a los requerimientos del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
Intervinieron los Senadores Carlos Ominami, Baldo Prokurica, Hernán Larraín, Evelyn Matthei, Alejandro Navarro, Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, Jaime Gazmuri, Hosaín Sabag, Pablo Longueira, Carlos Bianchi y el Subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete.
CREA CARGO DE PRESIDENTE DE LA CONAMA CON RANGO DE MINISTRO
Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley iniciado, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y le confiere rango de Ministro de Estado. (Boletín Nº 4.148-06)
El proyecto iniciado en Mensaje, tiene por objeto avanzar hacia una institucionalidad ambiental renovada, dotada de una autoridad superior con la competencia y jerarquía necesarias para conducir la política ambiental del país.
Intervinieron los Senadores Antonio Horvath, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Carlos Ominami, Andrés Allamand, Pablo Longueira y la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso.
ADQUISICIÓN DE NUEVO BUQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores, mediante el cual proponen solicitar a S.E. la Presidenta de la República considerar la adquisición de un nuevo buque de investigación científica para reemplazar al "Vidal Gormaz". (Boletín Nº S 856-12)
CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAL DE VÍCTIMAS DE VILLA BAVIERA
Por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores, mediante el cual proponen solicitar al señor Ministro del Interior que instruya al delegado de esa Secretaría de Estado en la ex Colonia Dignidad, a fin de acordar con sus colonos la construcción, en terrenos de la Villa Baviera, de un memorial en recuerdo de las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas en ese lugar. (Boletín Nº S 857-12).
INCIDENTES
EL SENADOR ALEJANDRO NAVARRO se refirió al problema que afecta a la Comuna de San Carlos, la que carece de una planta de revisión técnica clase A, por lo que los usuarios deben desplazarse hasta la ciudad de Chillán, con los consiguientes problemas.
A continuación se refirió a las dificultades que deben enfrentar quienes han adquirido motores diesel en remates por lotes de varias unidades, por lo que no cuentan con la documentación necesaria para regularizar dicho reemplazo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Solicitó se oficie al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que informe sobre estas situaciones.
Reiteró la solicitud de oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones , para que informe sobre el tema de la instalación de antenas de telefonía celular, puesto que éstas se colocan muy cerca de las casas habitacionales y provocan entre otras cosas la devaluación de las propiedades. Solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones las normas de las licitaciones para ver donde se van a instalar estas antenas. Asimismo, solicitó ampliar el oficio con la finalidad de que se informe sobre el estado de desarrollo en que se encuentran los proyectos sobre televisión digital y a la telefonía por Internet (IP).
En otro tema, aludió al problema que se presenta con el control de la extracción de los recursos sardina y anchoveta, haciendo presente que el sistema de fiscalización hidroacústico para la preservación de la biomasa de estas especies es altamente recomendable.
Insistió en solicitar información al Ministerio de Obras Públicas, sobre la construcción del cuarto puente sobre el Río Bio Bio, largamente dilatado.
LA SENADORA EVELYN MATTHEI protestó por el elevado costo de $ 150.000 que el Diario Oficial cobró a la Asociación Gremial Minera de los Cerros Generoso de Monte Patria, Cuarta Región, por la publicación de los estatutos de la sociedad. Consideró dudosa la legalidad de dicho cobro y solicitó se oficie al Ministerio de Justicia para que informe quien fija las tarifas de las publicaciones.
Por otro lado dio cuenta de la petición efectuada por la Fundación Distonia, en la que solicita que el medicamento para su tratamiento (Bótox) sea incluido en el Plan Auge, por cuanto su costo es muy oneroso. Pidió se oficie al Ministerio de Salud en tal sentido.
Seguidamente, informó que muchos contribuyentes no han recibido su devolución de impuestos porque el Servicio de Impuestos Internos ha retenido dichas devoluciones por haberse repetido el domicilio registrado, que corresponde al de sus contadores. Solicitó se oficie al Ministerio de Hacienda para que se avoque a este problema. Adhirió a esta petición el Senador Navarro.
Finalmente, pidió se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que informe acerca de la fecha en que se realizará la pavimentación del camino de entrada a Ovalle.
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