REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
Legislatura 372ª
Sesión 20ª, ordinaria
Martes 14 de mayo de 2024
(De 16:20 a 21:00)
Presidente, señor José García Ruminot
Vicepresidente, señor Matías Walker Prieto
Secretario General, señor Raúl Guzmán Uribe
REDACCIÓN DE SESIONES
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
--Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Flores García, Iván
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Macaya Danús, Javier
--Núñez Arancibia, Daniel
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Van Rysselberghe Herrera, Enrique
--Velásquez Núñez, Esteban
--Vodanovic Rojas, Paulina
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales; y los ministros secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto; de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz Abogabir.
Asimismo, se encontraban presentes las subsecretarias de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera, y general de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios, y la coordinadora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señora Viviana Díaz Arrepol.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señoras senadoras y señores senadores.
El señor GARCÍA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
"Siete Mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República
Con el primero, comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, en las materias que indica, crea un nuevo modelo de atención en el FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional (Boletín N° 15.896-11).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar al Excmo. Tribunal Constitucional.
Con el segundo y el tercero, hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-El que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletines Nos 7.567-07, 7.727-18 y 5.970-18, refundidos).
-El que introduce modificaciones a la ley N° 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, para otorgar anualmente el Premio Nacional de Literatura (Boletín N° 16.491-37).
Con los dos siguientes, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
-La que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos 11.144-07 y 11.092-07, reembolsados).
-La que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario (Boletín N° 14.994-24).
Con el sexto, retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", en relación con el proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica (Boletín N° 15.480-13).
Con el último, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. (Boletín N° 15.661-07).
--Se toma conocimiento del retiro y las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero, informa que, en sesión celebrada el día de ayer, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, en las materias que indica, crea un nuevo modelo de atención en el FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional, correspondiente al Boletín N° 15.896-11.
--Se toma conocimiento y atendido que el proyecto contiene normas de ley orgánica constitucional, se mandó comunicar a S.E. el Presidente de la República para consultar si hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con el segundo, informa que se aprobaron las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso, correspondiente al Boletín N° 16.653-33.
--Se toma conocimiento y atención a que el proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras y se remitió a S.E. el Presidente de la República para su promulgación, se registra el oficio en el archivo, junto con sus antecedentes.
Con el tercero, comunica que, en sesión de fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en los párrafo quinto y final del numeral 21º del artículo 32 de la Constitución Política de la República, ha dado su acuerdo a la solicitud efectuada por S.E. el Presidente de la República, mediante oficio GAB.PRES. N° 654, de 10 de mayo de 2024, a efecto de que se prorrogue la vigencia de la medida señalada en el decreto supremo N° 78, de 24 de febrero de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejercieran las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, modificado y prorrogado por medio del decreto supremo N° 139, de 24 de mayo de 2023, y prorrogado, la última vez, por el decreto supremo N° 114, de 16 de febrero de 2024, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de noventa días, a contar del vencimiento del período previsto en el designado decreto supremo N° 114 (Boletín N° S 2.542-14).
--Queda para Tabla.
Del Excmo. Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo.
-expresión "los hijos naturales del imponente, soltera o viuda", contenida en el artículo 24, de la Ley N° 15.386, sobre revalorización de pensiones (Rol N° 15326-24-INA).
-artículos 5°, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letra c); y, 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Rol N° 15342-24-INA).
-expresión "por una sola vez", contenida en el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica (Rol N° 15340-24-INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley Nº 18.290 (Rol N° 15369-24-INA; Rol N° 15407-24-INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 15245-24-INA).
-artículos 47, inciso primero; y 48, del DL N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales; y, 53, inciso tercero, del Código Tributario (Rol N° 15345-24-INA; Rol N° 15344-24-INA).
-artículos 163, 166, 167, y 174, inciso primero, del Código Sanitario (Rol N° 15381-24-INA).
-artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 15387-24-INA; Rol N° 14719-23-INA).
-artículos 48 de la Ley de Rentas Municipales; y 53, inciso tercero, del Código Tributario (Rol N° 15376-24-INA).
-artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública (Rol N° 15383-24-INA).
-inciso segundo del artículo 8 del Decreto Ley Nº 3.607. de 1981, sobre Funcionamiento de Vigilantes Privados (Rol N° 15362-24-INA; Rol N° 15363-24-INA).
-artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal (Rol N° 15357-24-INA; Rol N° 15356-24-INA; Rol N° 15355-24-INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
-artículos 248 letra c); 259, inciso final; y, 261, letra a), del Código Procesal Penal (Rol N° 14265-23-INA).
-artículos 248, letra c); y 259, inciso final, del Código Procesal Penal (Rol N° 14744-23-INA; Rol N° 14487-23-INA).
-artículos 47, inciso primero, y 48, del DL N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales; y, 53, inciso tercero, del Código Tributario (Rol N° 14007-23-INA).
-artículo 12, de la Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social (Rol N° 14163-23-INA).
-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 14263-23-INA).
-artículo 4°, inciso quinto, de la Ley N° 19.531, que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial, modifica el Decreto Ley N° 3.058, de 1979, crea el Departamento de Recursos Humanos en La Corporación Administrativa del Poder Judicial, y modifica el Código Orgánico de Tribunales (Rol N° 14595-23-INA).
-artículo 429, inciso primero, parte final, del Código del Trabajo (Rol N° 14685-23-INA).
--Se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia
Informa al tenor de lo solicitado por el Honorable Senador señor Espinoza, sobre la eventual contratación del estudio jurídico que individualiza, para la prestación de servicios jurídicos, informes en derecho o asesoría legislativa, durante el período que indica.
De la señora Ministra de Desarrollo Social y Familia
Da respuesta a inquietud del Honorable Senador señor García, acerca de la factibilidad de desarrollar un sistema integrado de los procesos de calificación y certificación de discapacidad, con el fin de facilitar el trámite a personas que, por su grado de discapacidad, no cuentan con las herramientas para realizarlos.
De la señora Ministra de Obras Públicas
Envía respuestas a diversas solicitudes de información del Honorable Senador señor De Urresti, acerca de los siguientes asuntos:
-Estado del anteproyecto de la ruta 5 sur, tramo Temuco - Río Bueno, los plazos previstos para su ejecución y otros asuntos relacionados.
-Posibilidad de incluir en la futura cartera de estudios hidrogeológicos a los sectores rurales de El Arco, El Tallo, Huiema y Huane, en la región de Los Ríos, que no cuentan con sistemas de agua potable rural.
-Factibilidad del proyecto de actualización del diseño de ingeniería para el comité de agua potable rural de Santa Ana Los Ulmos, de la comuna de Los Lagos, con la finalidad de beneficiar a más de cien familias que no tienen acceso a ese elemento vital.
-Consideración del proyecto de diseño de ingeniería para el mejoramiento y ampliación del comité de agua potable rural de Nolguehue, de la comuna de Río Bueno, entre las iniciativas programadas por la Secretaría de Estado a su cargo.
-Obras de mantención y mejoramiento del camino del sector El Arenal, en la comuna de Valdivia.
-Viabilidad de considerar los fondos necesarios para ejecutar obras de mantención de la ruta T-165, en el sector Hueima, comuna de Lanco.
-Factibilidad de priorizar recursos para el proyecto de asfaltado de la ruta T-175, cruce ruta 203 CH Purulón-Panguinilahue, en la comuna de Lanco.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Proporciona información solicitada por el Honorable Senador señor Espinoza, en torno a la eventual contratación del estudio jurídico que individualiza, para la prestación de servicios jurídicos, informes en derecho o asesoría legislativa, durante el período que señala.
Del señor Ministro de Energía
Se refiere a petición del Honorable Senador señor Flores, para que se gestione la presentación de una iniciativa legal que inyecte recursos adicionales al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y, de esa manera, se aminore vía subsidio el alza del precio de la parafina.
De la señora Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Allega antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Espinoza, respecto de la eventual contratación del estudio jurídico que individualiza, para la prestación de servicios jurídicos, informes en derecho o asesoría legislativa, durante el período que menciona.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado
Proporciona información solicitada por el Honorable Senador señor De Urresti, relativa a las causas judiciales iniciadas a partir de casos en que ha existido incumplimiento o retraso en la devolución del financiamiento estatal de Becas Chile por parte de los beneficiarios.
De la señora Subsecretaria de Relaciones Exteriores
Se refiere a petición del Honorable Senador señor Chahuán, para que se considere el estudio de una ampliación de la concesión del puerto terrestre de Los Andes, que permita la incorporación de estacionamientos para los camiones que se encuentren en tránsito hacia Argentina.
De la señora Subsecretaria de Educación
Informa consulta del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, sobre la factibilidad de hacer una excepción en la aplicación de la norma que señala, con el objeto de permitir la continuidad del funcionamiento de la Escuela de Ralco Lepoy, de la comuna del Alto Biobío.
Absuelve diversas solicitudes de información de la Honorable Senadora señora Allende, referidas a materias vinculadas con el acceso a la educación superior para personas con discapacidad.
Del señor Subsecretario del Trabajo
Se refiere a comunicación de la Honorable Senadora señora Sepúlveda, mediante la cual puso en su conocimiento las gestiones realizadas ante la Organización Internacional del Trabajo por ex trabajadores de la minera El Teniente, quienes alegan haber sido despedidos arbitrariamente.
Del señor Subsecretario de Obras Públicas
Remite información requerida por el Honorable Senador señor Castro Prieto, en relación con la fecha prevista para el inicio de la ejecución de las obras de pavimentación de la ruta que menciona, emplazada en la comuna de Pencahue.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz
Entrega datos solicitados por el Honorable Senador señor Keitel, en torno a la situación del jardín infantil y sala cuna Los Escritores, de la comuna de San Pedro de la Paz, particularmente sobre las medidas de apoyo y los plazos definitivos para su puesta en marcha.
Del señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas
Contesta inquietudes de la Honorable Senadora señora Allende, relacionada con el estado de avance en la aplicación del CENSO 2024, en especial en la región de Valparaíso, y las medidas adoptadas respecto de las personas en situación de calle, campamentos y población afectada por los recientes incendios.
Del señor Superintendente de Pensiones
Allega antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Espinoza, respecto de la eventual contratación del estudio jurídico que individualiza, para la prestación de servicios jurídicos, informes en derecho o asesoría legislativa, durante el período que menciona.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano
Envía, a petición de la Honorable Senadora señora Campillai, antecedentes sobre el destino del terreno que indica, ubicado junto al Jardín Infantil Volcán San José de la comuna de Puente Alto, que puede representar un riesgo para el mencionado establecimiento educacional.
Del señor Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Remite información referida a la consulta efectuada por el Honorable Senador señor De Urresti, respecto de la situación laboral de la persona que menciona y del otorgamiento de las prestaciones que le corresponden para la recuperación de su salud.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (Boletín N° 13.991-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para Tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señores Keitel y Kusanovic, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, en materia de tratamiento de residuos. orgánicos (Boletín N° 16.831-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables Senadores señor Durana, señoras Aravena, Ebensperger, Gatica, Rincón, y Sepúlveda, y señores Bianchi, Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, disponga las medidas necesarias para reconocer y otorgar a los profesionales que prestan servicios en Carabineros de Chile el acceso al pago de la asignación profesional (Boletín N° S 2.541-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad".
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Es todo, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Prosecretario.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
En primer lugar, quiero ofrecer la palabra respecto de la Cuenta.
La ha pedido la senadora María José Gatica.
La señora GATICA.-
Gracias, Presidente.
En sesión del día de hoy, la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por la unanimidad de sus miembros presentes, senadores Gatica, Kusanovic y Sandoval, acordó solicitar la autorización de la Sala para discutir en general y en particular, con ocasión del primer informe, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazo y sanciones por incumplimiento (boletín 15.534-14).
El señor GARCÍA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo?
--Se autoriza.
La señora GATICA.-
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senadora.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
A ver, tenemos que resolver lo siguiente.
El senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, está solicitando autorización para que dicha comisión pueda sesionar en paralelo con la Sala el día de mañana. Les recuerdo que mañana tenemos una sesión especial para escuchar la cuenta de Televisión Nacional de Chile.
La Comisión de Seguridad tiene importantes iniciativas de ley que van más allá de emitir informes a la Sala. Por eso, les solicito que autoricemos este funcionamiento paralelo, de 15 a 16 horas, tal como lo está pidiendo dicho organismo a través de su presidente, el senador Iván Flores.
Así se acuerda.
Muchas gracias.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
Por otra parte, queremos entregar una información respecto del asunto que está en el segundo lugar de la tabla de hoy, que es el proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios y establece otras medidas para la reconstrucción en la Quinta Región.
En la sesión de ayer dimos cuenta de una modificación en la calificación de su urgencia, lo cual permite que sea tratado en general y en particular y así nos hacemos cargo de la solicitud realizada por distintos senadores y senadoras, particularmente de los que representan a la región de Valparaíso.
Tengo entendido que el Ejecutivo va a traer una indicación que permitiría agilizar de manera muy significativa el despacho de este proyecto, que -repito- crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios y establece otras medidas para la reconstrucción, a fin de ir en apoyo de las familias que fueron afectadas tan dramáticamente por los incendios del verano recién pasado.
Lo señalo solo como información, porque aquello se produce automáticamente al cambiar la urgencia.
Muy bien.
Pasamos, entonces, al primer punto de la tabla.
PRÓRROGA DE MEDIDA DE RESGUARDO DE ÁREAS DE ZONAS FRONTERIZAS POR PARTE DE FUERZAS ARMADAS EN REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA
El señor GARCÍA (Presidente).-
En el primer lugar del Orden del Día se encuentra el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el párrafo quinto del numeral 21º del artículo 32 de la Constitución Política de la República, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.
--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.542-14) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Solicito autorización para que pueda ingresar a la sala la señorita subsecretaria de la Segprés.
La señora EBENSPERGER.-
No.
El señor SANDOVAL.-
Tiene que estar la ministra, por lo menos.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Esperemos a algún ministro...
La señora RINCÓN.-
Está la Ministra.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Ministra Carolina Tohá, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Ahora sí autorizamos el ingreso de la subsecretaria de la Segprés, Macarena Lobos?
--Así se acuerda.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Señor Secretario, proceda con la relación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
El señor Presidente pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, número 21°, párrafos quinto y final, y en la disposición quincuagésima tercera transitoria de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Congreso Nacional en orden a prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, según dispuso el decreto supremo N° 78, de 24 de febrero de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que ha sido prorrogado en cuatro oportunidades, la última de las cuales fue mediante el decreto supremo N° 114, de 16 de febrero de 2024, del mismo Ministerio, por el plazo adicional de noventa días a contar del vencimiento del período previsto en el señalado decreto supremo N° 114, asunto que corresponde al boletín N° S 2.542-14.
Para los señalados efectos, el Ejecutivo expone que durante los últimos años ha existido un aumento de los flujos migratorios hacia Chile que ha incidido en la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados ubicados en diversos lugares de la extensa frontera de nuestro país. Tal situación, agrega, ha afectado especialmente la calidad de vida de los habitantes de las comunidades impactadas por estos nuevos flujos migratorios irregulares.
Atendido lo anterior, indica, se ha buscado disponer de todos los mecanismos necesarios para mejorar la vigilancia de las fronteras, de forma de asegurar un adecuado control migratorio en Chile que permita, por un lado, controlar los niveles de migración y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ella y, por otro, asegurar la protección necesaria de la vida, la integridad física y la seguridad de quienes ingresen a nuestro país y de los habitantes de estas áreas.
Para tales efectos, puntualiza, entre otras medidas se ha estimado necesario que en determinadas áreas de zonas fronterizas se adopten formas de resguardo adicionales, por lo que mediante el citado decreto supremo N° 78 se dispuso, por el término de noventa días, el ejercicio de las facultades establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de la regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Dicha medida fue prorrogada por medio de los decretos supremos N° 139, de 24 de mayo de 2023; N° 220, de 22 de agosto de 2023; N° 338, de 20 de noviembre de 2023, y N° 114, de 16 de febrero de 2024, en cada oportunidad por el plazo de noventa días, contados desde la publicación de los mencionados decretos supremos en el Diario Oficial.
Lo anterior, añade el Ejecutivo, ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, teniendo positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados. En particular, ha permitido aprovechar los recursos logísticos, tecnológicos y humanos que poseen diferentes instituciones del Estado de manera sinérgica, alcanzando un mejor control territorial.
Sin embargo, agrega, a pesar de dichas medidas, las situaciones de peligro grave o inminente que las motivaron aún subsisten.
Adicionalmente, el mencionado resguardo de las zonas fronterizas, dispuesto por el citado decreto supremo N° 78 y su última prórroga, culmina el próximo 18 de mayo, y en consideración a las circunstancias y antecedentes previamente indicados, el Ejecutivo propone nuevamente su ampliación.
Por consiguiente, mediante el oficio en actual trámite, se solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del decreto supremo N° 78, de 2023, ya mencionado, por un plazo adicional de noventa días a contar del vencimiento del período previsto en el decreto supremo N° 114.
Sobre la materia, cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo primero del numeral 21° del artículo 32 de la Carta Fundamental, es atribución especial del Presidente de la República disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, y en su párrafo quinto establece que esta medida no podrá extenderse por más de noventa días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por iguales períodos, con acuerdo del Congreso Nacional, mientras persista el peligro grave o inminente que dio lugar a su ejercicio.
Por su parte, el párrafo final del mismo numeral 21º dispone que esta atribución especial también se podrá utilizar para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país.
Se hace presente que la honorable Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, ha dado su acuerdo a la solicitud en tramitación.
Finalmente, cabe mencionar que, junto a la solicitud en referencia y de conformidad a lo establecido en los citados párrafos quinto y final del numeral 21º del artículo 32 de la Constitución Política, el Primer Mandatario informa acerca de las últimas medidas adoptadas durante la ejecución de esta atribución.
Es todo, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Podemos ofrecerle la palabra primero a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública.
Ministra, ¿desea intervenir ahora sobre la prórroga?
La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Primero escuchemos las intervenciones de los senadores.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Perfecto.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
El señor DE URRESTI.-
No.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Ministra, me señalan que, si abrimos la votación, usted no podría intervenir.
La señora RINCÓN.-
¡Presidente!
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Presidente, creo que es mejor que la ministra hable antes de que votemos e inmediatamente después de su intervención se abra la votación. De verdad, ya no sé qué número de prórroga es esta. Hemos acompañado a la ministra en todas las anteriores, pero sería bueno que nos hiciera un informe y luego nosotros votáramos.
La señora ALLENDE.-
Absolutamente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muy bien.
Muchas gracias, senadora Rincón.
Ministra, entonces usted intervendría ahora sobre la prórroga e inmediatamente después abriríamos la votación.
¿Les parece?
Así se acuerda.
Ministra, tiene la palabra.
La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Presidente, he venido a esta sala en innumerables oportunidades a renovar el estado de emergencia y el despliegue en la macrozona norte, y nunca se ha pedido que el Ejecutivo haga un informe antes de comenzar las intervenciones. Además, si hago uso de la palabra ahora, después va a haber preguntas, comentarios que no voy a poder responder.
La razón por la que estamos solicitando esta renovación es porque la presencia militar en el norte es necesaria. Chile tiene una frontera extremadamente extensa, que, si la cuidáramos exclusivamente con personal policial, tendríamos que dejar desprotegidas otras zonas del país que también requieren la presencia de carabineros.
Desde que se ha desplegado esta presencia militar, a partir de la reforma constitucional aprobada a fines de enero del año 2023, tenemos una mejoría en la situación de ingresos irregulares en el norte del país: hoy día existe 40 por ciento menos de ingresos de ese tipo que el año anterior, antes de que se desplegara a los militares.
Sin embargo, en los meses de verano hemos detectado un repunte, que ha sido objeto de gran preocupación en el Ejecutivo. Este cambio se refiere, fundamentalmente, a una modificación de los patrones que estábamos teniendo especialmente con la migración venezolana. Esta migración tuvo una baja muy importante el 2023 y este año ha habido más presión en la frontera. Debido a eso -creo que en alguna oportunidad reciente lo comenté en esta sala-, el Ejecutivo está analizando varias iniciativas.
Una de ellas es la tramitación de proyectos de ley relativos a temas migratorios que van a reforzar los cambios que ya hicimos en la agenda priorizada del año pasado; la segunda se refiere a lograr una intensificación del despliegue militar en la macrozona norte, y la tercera dice relación con algunas medidas de reaseguramiento del paso fronterizo.
Esas medidas corresponden a los lugares donde se da el tránsito de las personas. Una de esas medidas empieza a regir estos días, esta semana, y es la ampliación del funcionamiento de la frontera las veinticuatro horas.
Esto es muy importante, porque en aquellos lugares donde hay mucha presión en la frontera -lo que pasa en Colchane, por ejemplo- los horarios restringidos producen atochamientos. Eso genera que muchas personas, que querían pasar regularmente por la frontera, terminen prefiriendo pasos no autorizados, precisamente porque no alcanzan a hacerlo durante el día, ya que en horas de la noche el paso está cerrado.
Eso va a cambiar a partir de los próximos días -creo que mañana o pasado mañana- cuando empiece a funcionar la frontera veinticuatro horas tanto en Chacalluta como en Colchane, lo que nos va a permitir efectivamente un mayor control.
Sin embargo, la opinión del Ejecutivo es que eso debe ser reforzado mediante medidas adicionales, que son aquellas que estábamos diciendo: modificaciones legales que vamos a traer a este Congreso o intensificación de las estrategias a través de las cuales esté presente la fuerza militar en el norte.
Con todo, la cifra de incrementos de los últimos meses está muy por debajo de las que teníamos antes del despliegue militar, no solo en cuanto a los ingresos irregulares. También en la macrozona norte se ha registrado una disminución de delitos violentos y de homicidios por encima del promedio de la reducción nacional.
Ahora bien, esta reducción de homicidios todavía no ha dejado atrás el hecho de que el norte del país es la zona con los indicadores más altos en Chile en esa materia. Ha ido achicándose la brecha, pero aún existe. Y sigue siendo objeto de prioridad en las estrategias de seguridad la macrozona norte, que fue la primera zona del país donde se vio el efecto del incremento de la violencia y la presencia del crimen organizado.
Ese es el informe general que puedo entregar a esta sala.
Quedo atenta a las preguntas y, si hay interés en que las responda, encantada de hacerlo.
Todo está en el informe sobre renovación que ha recibido el Senado.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchísimas gracias, ministra.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Así se acuerda.
A ver, se encuentran inscritos la senadora Luz Eliana Ebensperger y el senador don José Miguel Insulza. En ese orden ofreceré la palabra.
Está abierta la votación.
(Durante la votación).
Tiene la palabra la senadora Luz Ebensperger.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Esta es la quinta vez que renovamos esta facultad para resguardar la infraestructura crítica en las zonas fronterizas del norte.
Hay un acuerdo, Presidente, que se adopta regularmente por las Comisiones de Defensa y de Seguridad, unidas, en el sentido de que en cada renovación de los estados de excepción en la macrozona sur se haga una sesión secreta. Y se pidió que lo mismo se hiciera para la renovación de los estados de infraestructura crítica en la macrozona norte, cosa que no escuché en ningún informe.
No sé si el norte tendrá menos importancia para las comisiones unidas, porque no hicieron esa sesión y, por tanto, no tenemos el respectivo informe. Y aunque la sesión hubiese sido secreta, siempre se elaboraba un informe en términos generales de lo que aquí se podía decir.
Señalaba, Presidente, que esta es la quinta renovación de este estado de excepción de infraestructura crítica en la zona fronteriza de la macrozona norte, donde la situación sigue siendo crítica.
Yo puedo concederle a la señora ministra que se ha registrado una baja a lo mejor mínima, depende de quien lo mire, de los ingresos clandestinos, lo que, sin embargo, no se refleja en la región a raíz del exceso que ocurrió con anticipación.
Entonces, a mí me parece que celebrar esa disminución es de una autocomplacencia que no corresponde con lo que vivimos en la región de Tarapacá, particularmente en la comuna de Alto Hospicio, donde en tomas como La Mula o Alto Molle se ha seguido incrementando el número de habitantes. Esas tomas son manejadas por el crimen organizado y el narcotráfico, y son verdaderas ciudades a las que las fuerzas policiales no pueden entrar, salvo que se hagan operativos como los que se realizan en otras comunas de Santiago, que allá no se hacen. Para no salirme de la verdad, creo que una vez se debe haber hecho.
¿La presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera sirve? Sí. Pero creo que estas debieran tener un poco más de facultades, dado que hoy día terminan siendo casi anfitrionas para recibir a las personas, porque la geografía de la frontera es muy complicada. Y si un migrante clandestino pone un pie dentro de Chile, aunque esté todo el Ejército ahí, ya ingresó y no hay nada más que hacer que ponerlo a disposición de la PDI para que se le haga el empadronamiento.
Además, como se ha dicho acá y en la Cámara de Diputados también, finalmente se termina regularizando a ese migrante si no tiene antecedentes penales y el director nacional de Migraciones le encuentra trabajo, que es otra cosa bastante ilegal, porque quiero recordar que en Chile nadie puede contratar a una persona que carece de cédula de identidad. Sin embargo, tenemos aquí un servicio público que les busca trabajo a los inmigrantes ilegales para regularizarlos.
Sin duda, Presidente, hay que modificar la ley migratoria.
La semana pasada nosotros ingresamos un proyecto de ley que busca flexibilizar las expulsiones, porque ni el crimen organizado ni los ingresos clandestinos van a terminar mientras no se controle en forma adecuada la frontera, particularmente en Colchane.
Ya llevamos -decíamos que esta es la quinta renovación- dos años desde que la Dirección Nacional de Migraciones prohibió la reconducción por Bolivia. Uno hubiese esperado un mayor trabajo diplomático para exigirle a Bolivia que cumpla con sus obligaciones internacionales. Y así como el Gobierno ya está acostumbrado a denunciar a otros países, podría partir por hacer lo mismo con Bolivia, que no cumple con las obligaciones mínimas, porque cuando se comparte una frontera -si me da un minuto, Presidente- ambos países deben colaborar. Si no, de nada sirve.
Creo que es fundamental -vuelvo a decirlo- desincentivar el ingreso clandestino, porque en su gran mayoría es crimen organizado, que no vamos a controlar, a pesar de todas las leyes que dictemos, mientras no se resguarde la frontera.
La poca cantidad de expulsiones administrativas obviamente sigue siendo un incentivo a que los ingresos clandestinos continúen ocurriendo, porque "entro clandestinamente, me reciben, me dan alojamiento un par de días, me dan comida, me hacen el control biométrico, me consiguen trabajo y luego me regularizan". ¿Cuál es el desincentivo? No va a ocurrir nunca, hagamos lo que hagamos.
Y también me preocupan las expulsiones judiciales.
Hace poco el Ministerio anunció la expulsión de ciento cincuenta personas, de las cuales diez terminaron siendo administrativas, el resto judiciales.
Y, una vez más, de qué sirven esas expulsiones -a las judiciales me refiero- si no se hace uso del Convenio de Estrasburgo, el cual obliga a que la persona que es expulsada, que está condenada, cumpla el resto de la pena en la cárcel de su país. Si no -y tenemos bastantes ejemplos-, pagamos un vuelo, llevamos a este condenado de "vacaciones" a su país y al mes está de vuelta en Chile, pero ahora en la calle volviendo a delinquir.
Para evitar eso está el Convenio de Estrasburgo.
Yo entiendo la presión carcelaria, pero eso se soluciona con la construcción de más cárceles, con la ampliación de ellas o con el Convenio de Estrasburgo, o sea, con la expulsión judicial a través de dicho instrumento, no simplemente dejando a los expulsados en la calle.
El 52 por ciento de la población penal en la región de Tarapacá es extranjera. ¡El 52 por ciento, Presidente!
Entonces algo está pasando.
Y claramente la región de Tarapacá sigue sufriendo las consecuencias en vivienda, en educación, en seguridad y en el copamiento de todos los servicios públicos... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Voy a aprobar esta prórroga, Presidente, pero creo que queda mucho por avanzar. Y decir lo contrario es solo autocomplacencia.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Ebensperger.
Tiene la palabra el senador don José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Muchas gracias, Presidente.
En realidad, desde que se suscribió el decreto presidencial allá por febrero del año pasado hemos estado en este trabajo, y naturalmente siempre puede haber cosas que no funcionan, pero las autoridades de la región de Arica y Parinacota han estado enfocadas desde el comienzo en que el control sea lo más exhaustivo posible y también en que la disuasión de los que quieren ingresar debería llegar al cien por ciento, o sea, no tener intentos de ingresos ni reconducciones.
Ese es el objetivo.
Eso no se logra nunca por completo, pero sí la mantención del Ejército en la frontera y el incremento en el uso de medios tecnológicos han reducido sustantivamente los intentos por ingresar.
Yo no voy a hacer un discurso largo. Simplemente quiero contarles lo que pasó la semana pasada en Arica y Parinacota, cuál es la realidad de lo que se vive ahí en el terreno.
Durante la semana comprendida entre el 6 y el 12 de mayo, en Arica y Parinacota se evidenció un cierto intento de incremento de ingresos al territorio nacional, que pasaron de 176 o 243 casos en esa semana, con dos intentos de egresos, porque algunos migrantes salen también por vías ilegales.
Sin embargo, los controles de identidad disminuyeron de 400 a 214, y tenemos un promedio en el último año de 858 controles de identidad semanales.
Las acciones realizadas, tales como el incremento de fuerzas y especialmente el aumento de patrullajes por parte de Carabineros de Chile, nos han permitido controlar los intentos de ingresos y, por otro lado, disminuir ostensiblemente la entrega de migrantes a las fuerzas policiales (Carabineros y la PDI), que han pasado de 117 a 62 casos en la última semana, fundamentalmente menores de edad, que se redujeron en esa misma semana de 34 a 18.
Y aquí me refiero al tema de menores de edad, porque ha sido un problema que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Los menores al ingresar lo hacen con adultos o personas que se declaran "adultos responsables".
Teniendo presente la protección de los menores, ahora se está verificando el vínculo efectivo entre el adulto y el menor, para evitar el uso indebido del estatus de "adulto responsable de menor de edad", por lo que se aplica el protocolo de los tribunales de familia, con lo cual se ha reducido notoriamente el ingreso.
El año pasado cerca de 1.600 menores ingresaron con adultos responsables; la semana anterior ingresaron 34 menores; esta semana 18 menores. La cifra se ha disminuido ostensiblemente.
Ahora, quedan muchas cosas por hacer, Presidente, sin duda.
Y yo quiero plantear solamente una aquí: la protección militar existe solamente en las fronteras, no dentro del territorio de la región de Arica y Parinacota.
En particular estamos preocupados por algunas zonas que son habitualmente puntos de confluencia de caminos para el ingreso al país, como es la localidad de Zapahuira en la comuna de Putre.
Nosotros pensamos que también debería haber patrullas del Ejército vigilando en ese lugar, pues, repito, naturalmente y por generaciones, han pasado muchas personas por esa confluencia y cruce de caminos.
Por lo tanto, falta precisamente establecer ese tipo de vigilancia selectiva, que se desplace a cruces de caminos en los cuales podría estarse reuniendo la gente ya dentro de la región.
En suma, Presidente, coincido plenamente en que falta todavía mucho por hacer, pero por Dios que hemos avanzado.
La verdad es que hoy día, con mucho respeto, Arica y Parinacota es una región donde viven bastante menos ilegales de los que teníamos un año atrás, y ciertamente muchos menos incluso de los que existen en otras regiones del país.
Se ha hecho el esfuerzo.
Yo quiero felicitar en este sentido al Ejército y a Carabineros, pues han hecho un gran trabajo, y espero que con el tiempo vayamos cerrando algunas de las brechas que plantean nuestros colegas, que ciertamente siempre existirán.
Lo que pasa es que hay que comparar con lo que pasaba un año y medio atrás.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Insulza.
Tiene la palabra el senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
Saludo a los señores ministros y a la subsecretaria.
El objetivo de esta renovación se refiere fundamentalmente al resguardo de las áreas fronterizas, y lo principal es contribuir al control migratorio y detectar crímenes, simples delitos y faltas que suceden en las regiones del norte.
Ha transcurrido más de un año, y es necesario evaluar los resultados, su eficacia y claramente sus efectos.
La opinión pública lo puede comprobar y obviamente no está contenta. Si no, en las regiones del norte no tendríamos una movilización de camioneros, que son la expresión ciudadana de lo que se vive en la zona y del miedo que se tiene.
Las facultades contempladas en el decreto son bastante irrelevantes con relación al ingreso de inmigrantes irregulares.
Hay una nefasta situación de seguridad pública en las regiones del norte de nuestro país, y también estamos viviendo un descontrol en el ingreso de productos vegetales, de frutas y animales, haciendo ilusorias las barreras fitosanitarias que debiesen proteger al sector más importante de nuestra región, como es el agrícola, y la mosca de la fruta ya no solo está en la región de Arica y Parinacota, sino que además ha llegado a las zonas centro y sur del país, afectando claramente a la agricultura.
Hoy nuestras Fuerzas Armadas necesitan un aumento de sus facultades, pero para eso requerimos mayores recursos y también una mejor normativa. En la actualidad solo están facultadas para realizar controles de identidad a las personas que ya ingresaron al territorio nacional, es decir, si una persona no puede ser reconducida, ingresa y se le hace un control biométrico.
Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad solo están facultadas a detener en caso de flagrancia o si un inmigrante registra una orden de detención pendiente.
Pero eso solo puede pasar si logramos determinar la identidad de la persona, porque, si no hay posibilidad de identificarla, las Fuerzas Armadas y de Orden deben conducirla a un recinto policial para proceder a su identificación y luego queda en libertad circulando -así lo creemos- por Arica y Parinacota y, si no, por todo el país.
Los resultados de estas limitaciones contenidas en el propio decreto provocan que, aun con militares en la frontera, las cifras de ingresos irregulares, incluidas las expulsiones efectivamente realizadas, son lamentables.
A marzo de este año, el Servicio Agrícola y Ganadero, con una norma que lamentablemente se comparte, porque se trata de ingreso ilegal y contrabando, informa la intercepción de 115 kilos de productos de alto riesgo sanitario. ¡Y eso que tenemos a las Fuerzas Armadas en la frontera...!
Y desde esa mirada, están ingresando ilegalmente productos al país, incluso con la vigencia de este decreto.
En consecuencia, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en la frontera sí son indispensables como estrategia; las necesitamos, son esenciales, pero con el mismo énfasis deben revisarse sus facultades y ampliar su ámbito de actuación.
Las bandas criminales no llegaron a nuestro país de paso. Su objetivo es establecerse permanentemente. El norte debe ser debidamente custodiado y cuidado, pero de forma eficaz.
Este es un problema que nos afecta a todos, y ese propósito nos debe llevar a actuar transversalmente.
Hoy estamos con un paro de camioneros, como les decía. Y esa movilización es indefinida, debido a la inseguridad en el norte y obviamente a la inseguridad en el país.
Pero también se debe al incumplimiento del Gobierno de los acuerdos firmados en Santiago, el 28 de noviembre del año 2022, con los dirigentes de las confederaciones de camioneros del país. Ese acuerdo contemplaba mejorar la seguridad en siete puntos definidos, entre Arica y Coquimbo, con presencia policial, en horario nocturno, además de la construcción de seis zonas de estacionamiento seguro en la macrozona norte para ser usadas como sectores de descanso por parte del MOP.
En concreto, hoy día los camineros tienen que viajar de una sola tirada hasta su lugar de destino, porque si descansan, obviamente se verán en riesgo de ser asaltados.
Llamo a la responsabilidad del Gobierno en su conjunto.
¡El norte no puede seguir esperando!
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Durana.
¿Habría acuerdo para que ingrese a la sala la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner?
--Así se acuerda.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senador Coloma, tiene la palabra.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidente.
Por su intermedio, quiero preguntarle a la ministra del Interior sobre la situación que se está produciendo respecto de una realidad que como ciudadano y senador uno percibe con inquietud, que no solo tiene que ver con la migración, sino también con el control de la frontera para los efectos de la salida de Chile. Porque hemos visto a lo menos dos casos de extrema gravedad ocurridos en nuestro país: el asesinato del exmilitar venezolano Ojeda y el asesinato del carabinero Sánchez.
Toda la información pública -y entiendo que esto no está desmentido- plantea que los asesinos tanto de Ojeda como de Sánchez, personas que cometieron crímenes que han remecido a Chile, salieron a las pocas horas por el paso fronterizo del norte, lo cual se explica con mucho detalle. Creo que en la Fiscalía lograron una buena tarea en cuanto a ir siguiendo la ruta -por lo menos respecto de los asesinos del carabinero Sánchez- de cómo iban desplegándose hacia el norte, lo que permitió su apresamiento en Colombia.
Entonces, si tenemos una realidad complejísima vinculada con el cuidado especial y el rol relevante que han tenido las Fuerzas Armadas; si al final aparentemente no hay control ni respecto de los ingresos ni de los egresos, por cuanto se ha comprobado que personas han venido a asesinar a Chile y luego salen del país, en que lo complejo es que se les sigue la ruta posteriormente -leí una información bien espeluznante, en el sentido de que iban algunas horas detrás-, uno se pregunta por qué no se puede hacer eso antes y cómo establecer un sistema de control distinto que aborde aquello.
Porque han sido cosas que han ocurrido en el intertanto de la prórroga de esta atribución especial, y ahí es donde uno dice: "Necesitamos una preocupación particular".
Puede que haya explicaciones, y creo que si tiene un sentido esta sesión es justamente para requerirlas, conforme a lo que nuestra legislación o nuestro sentido exigen, y probablemente la autoridad debe tener buenas respuestas, o tiene que haberse abocado al tema.
Ante ello, resolver respecto de una materia de esta naturaleza, que tiene que ver con el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, sin hacerse cargo de la realidad que estamos viendo hoy día en Chile, donde ya no solo se trata de un problema de ingresos -probablemente es lo más complejo, por la irregularidad de los flujos migratorios, que no viene de ahora, sino de hace largo tiempo y que ha generado una situación complicada que ha permitido medir cuestiones extremas-, sino también de esta sensación de que la persona puede salir de la misma forma después de cometer este tipo de acciones, asesinatos que han remecido al país, al menos me lleva a sugerir que se debe hacer una reflexión más profunda sobre cómo estamos abordando esta realidad. Y eventualmente puede seguir ocurriendo, porque nada obsta, si ya ha pasado, a que continúe sucediendo en forma permanente.
Eso genera un grado de inseguridad respecto de crimen organizado, de narcotráfico, por lo que me gustaría una mayor profundización en esta materia por parte de la ministra.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Coloma.
A continuación, le daré la palabra al senador Kenneth Pugh, y luego al Senador Daniel Núñez. Y no hay más inscritos.
Puede intervenir, senador.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo a la ministra del Interior, al ministro secretario general de la Presidencia y a ambas subsecretarias, porque considero relevante que ellas también puedan escuchar lo que voy a señalar.
Hoy, en forma tardía, se realizó el aniversario de Carabineros. Me alegro de que las máximas autoridades de nuestro país, con el Presidente a la cabeza, hayan podido rendir homenaje a todos quienes han dado la vida por la patria.
Es una fecha en que me acuerdo especialmente del teniente Hernán Merino Correa, ascendido en forma póstuma a general por el Congreso, quien murió defendiendo nuestra frontera.
Quiero recordar que Carabineros de Chile es el que realiza el ejercicio de la soberanía, vigilancia, seguridad y protección de la frontera terrestre a través de los cuarteles denominados "fronterizos".
Y aquí viene la primera pregunta: ¿estamos realmente desarrollando una política pública que vaya a reforzar a Carabineros, a su órgano técnico, al OS3, departamento de servicios de fronteras, para hacerse cargo de esa vasta frontera que tenemos?
Esos son elementos que debemos tener a la vista.
En segundo lugar, la senadora Ebensperger mencionó el decreto No 1.317, del 3 de noviembre de 1998, mediante el cual Chile promulga el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas.
Esa fue una iniciativa de la Unión Europea. Hoy celebramos con dicha entidad un aniversario más.
Pero quiero recordar que meses después, el 2 de febrero de 1999 -o sea, de noviembre de 1998 a febrero del 1999-, se promulga la Convención Interamericana para el Cumplimiento de las Condenas Penales en el Extranjero.
¿Por qué pongo esto a la vista? Porque necesitamos ver si efectivamente, a través de nuestra Cancillería, se está dando cumplimiento a estos convenios.
El referido acuerdo fue propiciado por la OEA; se adoptó en Managua, Nicaragua, en 1993. Entonces, no es algo solo de la Unión Europea: también es nuestro.
Necesitamos comprender que las fronteras permeables permiten el ingreso del crimen organizado. Y es ese el que tenemos que combatir con todos los mecanismos. Hoy necesitamos que la totalidad de los ministerios estén actuando juntos.
Pero también se precisa reponer el material, el combustible, el equipo. No sabemos, señor Presidente, qué costo extra está significando esto en desgaste de vehículos, de uniformes; en consumos que normalmente son atribuidos a operaciones de largo aliento.
Lo que tenemos en la macrozona norte es una operación de largo aliento que tiene costos, los cuales esperamos que queden bien reflejados en la Ley de Presupuestos.
Señor Presidente, se ha señalado la necesidad de contar con información. Creo que amerita incluso realizar una sesión especial en algún momento para conocer todos estos antecedentes y comprender qué requerimos hacer para mejorar la política pública.
La migración, cuando no tiene control, cuando no tiene una necesidad, cuando es usada por el crimen organizado para instalarse en el país y hacer lo que quiera con impunidad, entrar y salir sin ser detectados, nos pone en una situación compleja. Tenemos que combatirlo juntos.
Por eso, señor Presidente, creo que lo indicado con respecto a tener sesiones secretas de las Comisiones unidas de Seguridad y de Defensa es un acuerdo al que perfectamente podrían llegar estos órganos, que ahora se hallan sesionando a fin de ver el proyecto que regula las reglas para el uso de la fuerza.
La frontera norte es porosa, es larga, es extensa. Por ello deben juntarse todos los mecanismos del Estado. Se ha mencionado el caso del Ministerio de Agricultura, con el SAG, que genera el control fitozoosanitario; también el del Ministerio de Hacienda (la subsecretaria está presente en la sala), con Aduanas: ¿qué vamos a hacer con los decomisos?, ¿cómo se hace eso?, ¿quién los traslada?, ¿cómo se eliminan?
Respuestas simples a problemas simples, pero que juntos generan una situación muy compleja.
Sin lugar a dudas, se trata de un tema nacional.
Valoro a las fuerzas que están desplegadas en el norte en cumplimiento de esta tarea, cuestión que viene de una reforma constitucional; pero como país tenemos que mejorar el sistema. Son los sistemas fallidos los que generan problemas grandes.
La solución finalmente es integral, no solamente de la policía, no solamente de las Fuerzas Armadas, no solamente de algunos ministerios: el Estado completo y la sociedad son los que se han de volcar para generar una situación de control mejor.
Por lo pronto, seguiré votando a favor de esta prórroga; pero espero que tengamos mayor información y muchos más planes de acción y presupuesto para enfrentar el gran tema del norte.
He dicho, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Pugh.
Tiene la palabra el senador don Daniel Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Gracias, Presidente.
Estaba escuchando este debate, y quiero partir leyéndole una noticia del diario La Tercera, que yo espero que entiendan que no es el vocero del comunismo internacional ni tampoco de la gente del oficialismo.
Diario La Tercera: "Reporte de la PDI: ingresos clandestinos alcanzan la cifra más baja de los últimos tres años" (13 de mayo del 2024).
Y, a continuación, señala que, comparado el 2023 con el 2022, los ingresos clandestinos bajaron un 17 por ciento.
Al inicio de esta sesión habló la ministra. Entonces, ¡claro!, sería bueno saber cómo se explica este fenómeno.
Alguien me podría decir: "Yo no quiero que los ingresos clandestinos bajen un 17 por ciento: quiero que bajen a la mitad". ¡Sí! Yo también quiero que bajen a la mitad. Pero si estamos hablando en serio, primero debemos entender qué ocurre con este fenómeno, que a lo menos es positivo. Es decir, bajaron los ingresos clandestinos y estamos acercándonos a un nivel tal vez parecido al que había antes de la pandemia, no igual. Estoy convencido de que eso ha sido en parte por las medidas que ha tomado el Gobierno, incluida esta, que estamos votando hoy día, del despliegue de la fuerza militar en las fronteras.
Por lo tanto, Presidente, me parece necesario respaldar esta medida, aun cuando no es la única solución, aun cuando tenemos problemas pendientes y, por supuesto, nos preocupa que delincuentes que comenten actos criminales terribles se fuguen de Chile por las fronteras y no exista control de ello. Pero, ¡por favor!, esto es necesario renovarlo, porque ha generado un efecto.
Ahora, Presidente, no puedo dejar de pronunciarme respecto de lo que está pasando hoy día -también sucedió ayer- en la región de Coquimbo, y que está ocurriendo igualmente en la región de Atacama en menor medida, en la región de Tarapacá, en la región de Antofagasta y en la región de Arica y Parinacota.
Algunos senadores han dicho aquí que el Gobierno incumplió el acuerdo con los camioneros. Yo les quiero decir que en la región de Coquimbo no se incumplió ningún acuerdo de orden público ni de seguridad en las carreteras con los camioneros.
Por el contrario, nosotros tomamos e implementamos medidas extraordinarias a las que el Gobierno acordó con este gremio, y yo mismo me reuní con los camioneros que estuvieron en paro el año pasado en la región de Coquimbo e hicimos lo que ellos nos pidieron. Nos solicitaron habilitar el acceso a un estacionamiento de su propiedad, en el sector del Panul; pavimentar la caletera, y construirles un acceso especial. Y eso se realizó, está funcionando hoy día en la región de Coquimbo, tanto es así que hasta en la prensa destacaron esto los camioneros.
Entonces, después se realiza un paro en que se dice, para justificarlo, que el Gobierno en la región de Coquimbo, al menos, incumplió acuerdos con los camioneros, lo cual es una mentira terrible.
Lo que no entiendo es lo siguiente: ¿por qué?
Nosotros respetamos un derecho, y creo que sería injusto decir: "Entonces, ¿los camioneros no tienen derecho a la protesta?". Sí, Presidente, los camioneros tienen todo el derecho a la protesta, tienen todo el derecho a no trabajar si deciden manifestarse porque creen que el Gobierno incumplió, porque es ineficaz, por el argumento que les parezca válido.
¿Pero sabe a lo que no tienen ningún derecho, y creo que este Congreso, o el Senado, es cómplice de esa situación arbitraria cuando calla? A lo que no tienen ningún derecho es a bloquear las carreteras impidiendo la libre circulación, y ayer en la región de Coquimbo los camioneros bloquearon el acceso sur al Panul y el acceso norte hacia Punta Teatinos. Es decir, dejaron cerrada la carretera desde la salida de La Serena y también desde la salida de Coquimbo, en la ruta 5.
¿Es un acto democrático, con barricadas, con los camiones atravesados? ¡Por supuesto que no es un acto democrático!
Leí en las noticias que hay cinco mil trabajadores en la región de Tarapacá, en Iquique, que no pueden bajar de la mina porque está bloqueado el camino de acceso. ¿Es un acto democrático impedir a los trabajadores que terminaron su turno volver a sus hogares, considerando además que muchas veces deben viajar de regreso a otras regiones? ¡Por supuesto que no es un acto democrático! Yo le exijo al Gobierno que actúe frente a eso, yo le exijo al Gobierno que no sean solo partes los que se les cursen a los camioneros que cometen este delito de bloquear las vías.
No es un cuestionamiento al paro; es un cuestionamiento a que bloqueen las vías de acceso. Me parece que, en esa línea, lo señalado por el subsecretario Monsalve, en el sentido de que se va a aplicar todo el rigor de la ley, debe hacerse concreto.
También le pido -por su intermedio, Presidente- a la ministra del Interior y al ministro de la Segprés, Álvaro Elizalde, aquí presentes, que se le ponga urgencia al proyecto de ley presentado por el diputado Luis Cuello en la Cámara de Diputados, para que a aquellos camioneros que cometan el delito de bloquear las carreteras, que es tan grave como hacer una barricada (y tenemos una ley antibarricadas), se les quite la licencia de conducir; que haya sanciones ejemplares; que paren con esto. Porque ya somos rehenes de un movimiento que es político, que no tiene una razón gremial.
En tal sentido, al discutir esta norma de despliegue de los militares, decir que en este contexto es entendible lo que hacen los pobres camioneros me parece algo de verdad injustificable, y yo quiero que eso también quede planteado en este debate y que el Gobierno actúe realmente firme para evitar esta situación.
¡No queremos ser rehenes de un grupo de camioneros que está actuando por una motivación política, que no usa el derecho a manifestarse en forma legítima, sino que bloquea las carreteras e impide la libre circulación de los ciudadanos, por lo menos en la región de Coquimbo y en otras zonas del norte del país, Presidente!
He dicho.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Daniel Núñez.
La ministra del Interior quiere precisar, rectificar algunos dichos, pero también el senador Coloma le ha hecho algunas consultas. Entonces, reglamentariamente, prefiero solicitar la unanimidad de la Sala para que ella pueda intervenir.
¿Habría acuerdo para ello?
Así se acuerda.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Gracias, Presidente.
La verdad es que en alguna oportunidad durante la renovación del estado de emergencia hemos generado un espacio para hacer una presentación al inicio de la sesión. Puede ser oportuno quizá que la próxima vez en que solicitemos prorrogar esta medida también hagamos esto, porque aquí se plantea una variedad de temas que es de gran interés detallar en el informe que le entregamos a la Sala y sería muy útil tener un espacio para aquello.
La cantidad de acciones que se están implementando en la frontera no se limitan al despliegue militar. Y quiero hacer un breve recuento aquí.
Tenemos hoy día un nuevo hito 1, construido el año pasado; se halla en licitación una reposición de las estructuras del paso fronterizo de Colchane; esta semana estamos recuperando los horarios completos en estos pasos fronterizos también en Chacalluta; hemos instalado el primer puesto de observación fronteriza en Colchane y están en licitación nuevos puestos de observación con alta tecnología, con cámaras nocturnas, con conexión satelital, con habitabilidad adecuada para el personal que trabaja en el altiplano, en la frontera; hay un nuevo escáner de Aduanas instalado en Colchane; a todos los carabineros de la macrozona norte se les duplicó la asignación de riesgo, ¡se les duplicó la asignación de riesgo!
Tenemos un 22 por ciento menos de homicidios en la macrozona norte: ¡22 por ciento! Es el lugar donde más bajaron en Chile.
Evidentemente quisiéramos que bajaran cien por ciento, no queremos que haya ningún homicidio. Pero que en esta sala se diga que somos conformistas no nos parece justo; o sea, ¡22 por ciento son vidas que dejaron de perderse! ¡Vidas que dejaron de perderse!
Ahora, no es efectivo que el director de Migraciones o el Servicio de Migraciones les consigue trabajo a las personas irregulares. ¡Eso es una falsedad! ¡Es una falsedad!
La señora EBENSPERGER.-
¡Les busca!
La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
No existe una búsqueda de trabajo del Servicio de Migraciones. Lo que tenemos es que el mercado del trabajo en Chile contrata a un gran número de personas irregulares. En nuestro país prácticamente no habría agro si no fuera por la mano de obra que prestan migrantes irregulares. El sector de la construcción funciona en gran parte con personas migrantes, algunos regulares, otros irregulares. En el sector servicios la presencia de personas migrantes ¡es tremenda! No tengo elementos muy claros de cuántas son irregulares.
Esa es una realidad de la economía, no del director de Migraciones.
Entonces, quisiéramos alguna vez hablar seriamente de ese problema, ¡y no simplificarlo a señalar que el director de Migraciones les da empleo a las personas irregulares! ¡No les busca ni les da! El sector empresarial les da empleo a las personas irregulares. Preguntémonos por qué, preguntémonos cómo resolvemos ese problema, y no pensemos que lo estamos enfrentando porque acusamos al director de Migraciones, ¡por Dios!
Quiero decir que tampoco es verdad que el Gobierno prohibió la reconducción. Quien no acepta la reconducción es Bolivia. Bolivia...
La señora EBENSPERGER.-
¡Pero si está prohibida la reconducción!
La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Perdón, Presidente, pido que no se me interrumpa, por favor. Escuché todas las intervenciones y no interrumpí a nadie.
Decía que quien no acepta la reconducción es Bolivia, y no existe en la ley internacional, en los convenios, ninguna herramienta por la cual podamos obligarla. ¡No hay herramientas para obligar a aceptar la reconducción!
¿Quisiéramos que las hubiera? ¡Ciertamente!, ¡ciertamente! Porque ayudaría mucho a la política de control fronterizo que pudiéramos hacer la reconducción.
En un trabajo diplomático hemos logrado, parcialmente, tener reconducción con Perú. Sin embargo, no lo hemos logrado con Bolivia.
Lo único que hicieron los funcionarios fue señalar: "¡No pierdan más el tiempo con vehículos policiales y funcionarios llevando gente a la frontera, sabiendo que no la van a aceptar de vuelta!".
No es que el Gobierno lo haya prohibido. Simplemente dejó de perder el tiempo, de gastar energías, recursos, vehículos y funcionarios, con una medida que era totalmente disfuncional, ¡porque Bolivia no acepta las reconducciones!
¿Vamos a hacer algo al respecto? ¡Sí, lo vamos a hacer!
No voy a decir qué se hará, porque no funciona de esa manera.
Pero lo que no podemos hacer es obligar a Bolivia. ¡No tenemos herramientas para eso! No hay convenios internacionales, bilaterales ni multilaterales, que obliguen a Bolivia a aceptar la reconducción.
¿Es lamentable? ¡Sí, es lamentable! Pero esa es la realidad.
Ahora, ¿hay cosas que podemos hacer? ¡Sin duda!
No es cierto que los funcionarios militares se limiten a realizar controles cuando existe flagrancia. En la frontera pueden controlar, no necesitan la flagrancia. Cada vez que controlan a una persona pueden registrarla. Y cada vez que encuentran a una persona en situación irregular la derivan a la autoridad contralora, que es la PDI.
Hoy en día se empadrona a los migrantes irregulares. Antes ni siquiera se los empadronaba, ¡porque no había equipos de empadronamiento en Chile!
Presidente, pido que se tome nota de esto. Porque cuando se dice que somos conformistas, quiero señalar que al asumir el Gobierno actual ¡no había ningún equipo de empadronamiento en manos de la PDI! ¡Ninguno! Hoy día existen esos equipos y se está empezando a empadronar a las personas que se reconducen.
Pero, efectivamente, una vez que son empadronadas, cuando no se pueden reconducir, ¿qué hacemos con ellas? Necesitamos una herramienta adicional que no tenemos. Y ese es uno de los proyectos que vamos a presentar al Parlamento, para que tengamos alguna medida de control respecto de las personas que el Estado de Chile decide expulsar, mientras se ejecuta esa expulsión.
Este año hemos expulsado en total a 411 ciudadanos de distintos países; 208 de ellos han sido expulsados por la vía administrativa.
El grupo más importante es de venezolanos. En ese grupo, ha habido 58 expulsiones administrativas y 88 judiciales.
Las judiciales las ejecuta el Gobierno, pero no las decide. Y una vez que están dictadas, tenemos un plazo para ejecutarlas. Por eso tienen prioridad, porque no podemos pasarnos de ese plazo.
Hemos podido gestionar dos vuelos a Venezuela, además de los comerciales. Ciertamente, necesitamos elevar esos números. Pero, en el intertanto, porque hay 28 mil personas con decreto de expulsión, debemos tener una manera para controlar a las personas que se encuentran con decretos de expulsión vigente.
Esa es la iniciativa que vamos a presentar al Senado y a la Cámara, para que sea ley.
Por último, Presidente, respecto de la pregunta del senador Coloma.
Nosotros somos el país con más frontera del mundo, por la forma alargada que tiene Chile. Entre el mar y la frontera terrestre, en proporción a nuestro territorio, tenemos la frontera más grande. Además, posee la característica de que buena parte de esa frontera se encuentra en la cordillera.
Por lo tanto, pensar que ese control lo podemos hacer con la presencia de personas cada cierta cantidad de metros ¡es impracticable, al menos, en un plazo razonable!
Debemos contar con mayor tecnología para controlar la frontera.
Las dos grandes apuestas del Estado de Chile para ello son el proyecto de Muro Digital y el proyecto Sifrón, propuestas de Carabineros y del Ejército, respectivamente. Estos proyectos nos van a permitir tener cien por ciento de cobertura de las fronteras, ¡cien por ciento!, pero en forma digital. El sistema va a detectar cada vez que una persona cruce por un paso no habilitado y el desafío va a ser tener capacidades logísticas para reaccionar cuando se identifica ese paso.
Cuando tengamos funcionando ambos sistemas, vamos a poder detectar al cien por ciento los cruces por pasos no habilitados de las fronteras.
Son proyectos de gran envergadura. Uno de ellos, el más avanzado, que corresponde al Muro Digital, va a quedar prácticamente con la ejecución andando al término de este Gobierno. El proyecto Sifrón va en una etapa más atrasada. ¡Pero esa es la solución!
¡Esa solución va a requerir un despliegue en el terreno muy superior al actual! Porque cuando exista un sistema que determine que en determinado kilómetro está pasando una camioneta, tendrá que haber una reacción logística para llegar al lugar, detener a ese vehículo y controlar a esas personas.
Dicha capacidad logística considera recursos, personal, leyes, vías de transporte. Es un esfuerzo del Estado que hay que sostener en el tiempo.
Entonces, cuando en esta sala se dice que debemos persistir, que no es suficiente, el Gobierno de Chile está totalmente de acuerdo. Pero cuando se dice que somos conformistas, no estamos de acuerdo.
Lo que hacemos ver es que hemos avanzado: no tenemos los números de hace dos años, no tenemos las carencias de hace dos años. Sin embargo, queda mucho todavía para llegar a un punto en que podamos decir que nos encontramos en un nivel adecuado para el Estado que somos y para lo que la ciudadanía espera de nuestras capacidades de control en las fronteras.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, señora Ministra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor NÚÑEZ.-
Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senador Núñez, tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ.-
Yo entiendo que estamos votando, pero antes de que se terminara de tratar este punto de la tabla, quería que la ministra fuera más específica respecto a la situación que planteé.
Estoy viendo ahora noticias recientes que aparecen en El Mercurio, que señalan que 5 mil trabajadores mineros en Tarapacá, que salieron de sus turnos, no pueden bajar por los cortes de carretera.
Entonces, la pregunta que le quiero hacer al Gobierno es qué medidas se van a tomar para terminar con esa situación. Porque esto afecta hoy día a Tarapacá, Iquique; pero también puede afectar a Antofagasta, Calama, Atacama, Arica o a la región de Coquimbo.
Presidente, yo le pediría eso para después de que termine la votación del proyecto.
El señor GARCÍA (Presidente).-
¿Han votado todas las señoras y los señores senadores?
Terminada la votación.
--Se aprueba la prórroga de la vigencia de la medida de resguardo de zonas fronterizas por parte de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta (42 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Araya.
El señor GARCÍA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que la señora ministra se refiriera a la consulta del senador Daniel Núñez?
La señora EBENSPERGER.-
Reglamento, Presidente.
Yo tengo un comentario y una pregunta para la ministra. Ella dijo que mentí. Quiero decirle que no es así y quiero demostrarlo.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senadora Ebensperger, tiene la palabra.
Reglamentariamente procede que pueda hacer la consulta.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Respecto a la prohibición de las reconducciones, yo quisiera recordarle a la ministra que existe la resolución exenta N° 39.798, de 28 de abril de 2022, que en la página 3 prohíbe la reconducción por Colchane de todos aquellos que no tengan la nacionalidad boliviana, en circunstancias de que es la Ley de Migración y Extranjería la que establece la reconducción.
Otra cosa es que Bolivia no acepte la reconducción de quienes no sean sus connacionales. Pero aquí lo que falta es un trabajo diplomático, porque Bolivia debe hacerse cargo.
Pero la prohibición de las reconducciones por Colchane está determinada por dicha resolución del Ministerio del Interior de este Gobierno, Presidente.
También le quiero plantear a la ministra que en una entrevista del 28 de mayo de 2022 el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, hablaba acerca de la necesidad de regularizar y para ello lo más importante era encontrarles trabajo a los migrantes clandestinos.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora.
Ministra, le ofrecemos la palabra.
La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).-
Gracias, Presidente.
Hoy en la mañana hubo un encuentro del subsecretario Monsalve con la prensa -creo que fue aquí mismo, en el Congreso- en el que se refirió ampliamente al tema del paro de camioneros.
El paro de camioneros se está desarrollando pese a que el año pasado en el marco de un paro anterior, referido a temas de seguridad, se acordó una agenda con medidas que el Ejecutivo ha cumplido paso a paso.
Hemos abordado una serie de medidas en las carreteras con la implementación de equipamiento de seguridad nuevo, con la construcción de puntos de descanso, de acuerdo con el itinerario acordado con los gremios del transporte.
De hecho, los principales gremios del transporte no están plegados a este paro. ¿Cuáles son las razones de este? No las sé. Habría que preguntárselas a sus dirigentes. Pero no es por el incumplimiento de los compromisos del Ejecutivo.
Nosotros tenemos una herramienta muy potente para abordar este tipo de medidas, que es la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
Para eso necesitamos información validada, porque efectivamente los bloqueos que se realizan son transitorios, no son permanentes. Entonces, podemos utilizar las herramientas que nos permite esa ley en la medida que tengamos información respecto de dónde se interrumpió el tránsito y quiénes lo hicieron; también se hace valer la responsabilidad de los dirigentes respectivos.
Y esa es la herramienta que vamos a utilizar, la cual tiene potencia suficiente como para hacer valer el peso de la ley y del interés general, para que no se ocupe aquel mecanismo en este tipo de manifestaciones. Ciertamente, el sector transporte tiene todo el derecho a manifestarse, al igual que todo el mundo, pero no puede ocupar sus máquinas como una especie de derecho mejorado de manifestación, por así decirlo, respecto a cualquier ciudadano. Y eso es lo que se hace valer a través de la Ley de Seguridad del Estado.
En relación con lo planteado por la senadora, Presidente, quiero reiterar lo dicho: lo que hace el Ejecutivo es decirles a los funcionarios que no pierdan tiempo llevando a la frontera gente que no va a ser aceptada, porque Bolivia no acepta la reconducción. Lo contrario es llevarlos a pasear y traerlos de vuelta, porque Bolivia no acepta la reconducción.
Ahora, sobre las entrevistas, debo decir que estas no son la política del Gobierno. Y en la entrevista que se señala tampoco se dice que el director de Migraciones va a conseguirles empleo a los migrantes irregulares.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchísimas gracias, ministra.
Ha sido aprobada la solicitud de prórroga hecha por el Ejecutivo para el control de fronteras en la zona norte.
Pasamos ahora al segundo punto de la tabla.
CREACIÓN DE FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO POR INCENDIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
El señor GARCÍA (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios y establece otras medidas para la reconstrucción, con informe de la Comisión de Hacienda.
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.704-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Ofrezco la palabra al señor Secretario para que nos haga la relación, y luego le voy a pedir al senador Lagos Weber, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda -quien estaba aquí hace poco rato-, que nos pueda rendir el respectivo informe.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente ha puesto en discusión el proyecto de ley referido, que corresponde al boletín N° 16.704-05.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
El objetivo de esta iniciativa es crear el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, cuya finalidad es solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y necesidades causadas por los incendios ocurridos en la región de Valparaíso en febrero de 2024 e incorporar otras medidas para la reconstrucción.
La Comisión de Hacienda hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió el proyecto solamente en general.
La referida instancia deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus integrantes, honorables senadores señores Coloma, García, Insulza, Kast y Lagos.
Asimismo, consigna que el artículo 13 de la iniciativa tiene rango orgánico constitucional, por lo que requiere 25 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 30 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el Ejecutivo ha presentado dos indicaciones a este proyecto de ley: una recaída en el artículo 2 y la otra recaída en el artículo 10.
Respecto de la primera, que incide en el artículo 2, norma que figura en la página 3 del comparado, es para agregar, a continuación de su inciso final, que pasa a ser inciso segundo, el siguiente inciso final, nuevo: "El saldo que exista en la cuenta al tiempo de la extinción del Fondo se transferirá al Fondo de Estabilización Económica y Social, creado en virtud de la facultad conferida en el artículo 10 de la ley N° 20.128.".
Esa es la primera indicación.
La segunda indicación está formulada al artículo 10, que se encuentra en las páginas 9 a 13 del comparado, y es para reemplazar en el numeral 8 la frase "según el" por las expresiones "no estando sujetas al" (página 12 del comparado).
Cabe hacer presente a sus señorías, como se indicó, que este proyecto tiene "discusión inmediata", por lo que corresponde verlo en general y en particular. Es en tal sentido que se han recibido estas indicaciones.
Es todo, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Ofrezco la palabra al senador don Ricardo Lagos para que nos dé el informe de Hacienda.
El señor LAGOS.-
Gracias, señor Presidente.
La Comisión de Hacienda viene en informar el proyecto de ley de la referencia, cuya relación hizo el señor Secretario, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Quiero señalar que cuando conocimos esta iniciativa en la Comisión venía con urgencia calificada de "suma", y en el día de hoy esta se ha modificado por la de "discusión inmediata". Por lo tanto, correspondería votarla en general y en particular. Cabe agregar, además, que hay dos indicaciones presentadas por el Ejecutivo.
En atención a lo que mencioné, conforme a lo dispuesto en el Reglamento, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus integrantes, esto es, 5 por 0.
El objetivo del proyecto es crear el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, que tiene por finalidad solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y las necesidades causadas por los incendios ocurridos en la región de Valparaíso en febrero de 2024 e incorporar otras medidas para la reconstrucción.
Es preciso señalar que la iniciativa en debate contiene normas de quorum especial.
Cabe hacer presente que a la discusión en la Comisión de Hacienda asistieron la directora de Presupuestos, señora Javiera Martínez, y su asesora, señora Montserrat Toledo; del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Política Tributaria, señor Diego Riquelme, y la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández; del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la asesora señora Loreto González. También concurrieron, de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), su presidente, señor Héctor Sandoval; su secretario general, señor David Singh, y el asesor abogado señor Christian Aste.
En cuanto a los aspectos centrales relacionados con la discusión de esta iniciativa legal, algunos miembros de la Comisión solicitaron precisar ciertos puntos respecto del artículo 1, que dice relación con el destino de los fondos.
Del mismo modo, hubo consultas relativas a la forma de financiamiento del Fondo que se crea mediante este proyecto de ley, acerca de su gobernanza y, también, en lo referente a su duración.
En cuanto a las otras medidas consideradas para la reconstrucción, los señores senadores consultaron respecto del impuesto sustitutivo de impuestos finales propuesto en el artículo 10 de la iniciativa como un incentivo para allegar recursos.
Por su parte, el Ejecutivo precisó que los subsidios que contempla el proyecto son aquellos que integran actualmente la oferta programática de los respectivos ministerios. Asimismo, indicó que el financiamiento del Fondo se hará vía aportes provenientes de activos del Tesoro Público y que su administración va a corresponder al Ministerio de Hacienda.
En lo que dice relación con el impuesto sustitutivo de impuestos finales, el Ejecutivo explicó que este beneficio tributario se propone tanto para los contribuyentes pertenecientes al régimen semiintegrado como al régimen pyme general de impuesto a la renta, y puntualizó que en el caso de las pymes la propuesta replicará el beneficio establecido en la ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria.
Reitero: se establece el Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción -como su nombre lo indica, tiene un plazo definitivo, fijo- con el objetivo de financiar las necesidades y los efectos derivados de los incendios de la región de Valparaíso. Sus recursos se destinarán a la construcción y reposición de viviendas; a la inversión para habilitar, equipar, urbanizar y arborizar espacios públicos, y a la reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada o destruida. Conforme a su carácter transitorio, el Fondo se va a extinguir el 31 de diciembre de 2026.
Los gastos con cargo al Fondo podrán ejecutarse a través de programas públicos contemplados en las leyes de presupuestos de 2024 (léase, la actual Ley de Presupuestos), de 2025, de 2026 y/o en leyes específicas para esos programas. Y se incluyen aquí acciones ejecutadas también por intermedio de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro.
Se establece, además, un Fondo para la Emergencia Transitoria, que operará de la misma forma que el Fondo Transitorio COVID-19, de la ley N° 21.288, que fue un proyecto que aprobamos en su oportunidad. Sus recursos no entran directamente al presupuesto base de los ministerios y se contabilizan de manera inicial en el subtítulo 30.
La ejecución de los recursos transitorios para la emergencia se registrará en programas presupuestarios especiales, los cuales se podrán seguir mensualmente. Esto es, en castellano, que se crea una forma de hacer seguimiento a los fondos que se van a usar para la reconstrucción de manera separada del resto de los recursos sectoriales.
Respecto del impuesto sustitutivo de impuestos finales -como señalé, es un incentivo para allegar recursos-, los contribuyentes podrán acoger a dicho impuesto sustitutivo las utilidades anotadas en el registro de rentas afectas a impuestos, las que incluyen las utilidades acumuladas registradas en el Fondo de Utilidades Tributables, más conocido como el "FUT", al 31 de diciembre de 2016. Con la declaración y pago del impuesto sustitutivo se entenderá, en consecuencia, cumplida totalmente la tributación del impuesto a la renta de las utilidades acogidas, debiendo anotarse en el Registro de Rentas Exentas de Impuestos.
Ciertamente que tiene carácter voluntario y hasta el 31 de enero del 2025 hay plazo para poder acogerse a este impuesto sustitutivo. Y van a poder hacerlo tanto los contribuyentes pertenecientes al régimen semiintegrado, como señalé al principio, como al régimen pyme general de impuesto a la renta.
En el caso de los contribuyentes del régimen semiintegrado, la tasa de impuesto que tendrán que pagar será de 12 por cierto. Por su parte, para los contribuyentes en el régimen pyme la tasa será de 30 por ciento. Sin embargo, en este último caso el impuesto de primera categoría soportado por las utilidades acogidas constituirá un crédito contra el impuesto sustitutivo.
En la sesión en que la Comisión trató este proyecto de ley se formularon diversas interrogantes por parte de sus integrantes, las que el Ejecutivo respondió manifestando su voluntad de aclarar ciertos aspectos, vía indicación, en la discusión en particular. Y lo que ha ocurrido acá es que el Gobierno presentó las indicaciones que ahora va a explicar.
Y aprovechó también de cambiar la urgencia a "discusión inmediata", con lo cual podríamos despachar la iniciativa hoy porque habría que votarla en general y en particular.
Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, senadores señores Coloma, García, Insulza, Kast y Lagos.
Respecto del informe financiero, el proyecto de ley consagra el financiamiento de iniciativas vía Fondo Transitorio por hasta un máximo de 800 mil millones en moneda nacional, que durará hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar sus recursos, si se terminaran antes, obviamente. El financiamiento del Fondo estará dado por activos del Tesoro Público.
En cuanto a las medidas que afectan los ingresos, léase el impuesto sustitutivo de impuestos finales, la proyección de recaudación se realiza tomando en cuenta lo que ocurrió con ejercicios similares anteriores durante los años 2014, 2016 y 2020. Se sacó un promedio de cuánto recaudó ese impuesto sustitutivo en esas tres oportunidades y sobre eso se aplicó un criterio conservador, porque se redujo a la mitad la estimación de ingresos respecto de tales ejercicios.
Se establece, entonces, que el promedio de recaudación anual por Isfut en los años señalados fue de 0,42 por ciento del PIB.
En consecuencia, en el caso del proyecto en comento se espera recaudar un 0,21 por ciento del PIB; esto es, la mitad del promedio de los tres ejercicios anteriores.
Por lo tanto, la recaudación proyectada para 2024 es de 0,11 por ciento del PIB y para el 2025 de 0,10 por ciento del PIB. Al ser un mecanismo transitorio, la recaudación en régimen, por definición, es cero porque se va a haber eliminado.
También se establecen mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe y una rebaja o eximición del pago de derechos municipales por subdivisión de terrenos fiscales.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Lagos Weber, por su informe.
Quiero proponer a la sala el siguiente tratamiento: primero tenemos que votar la idea de legislar, la cual consiste en la creación este fondo para financiar principalmente la reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas.
Podríamos realizar un debate para referirnos a la idea de legislar y luego abocarnos a la discusión de las indicaciones, particularmente de la segunda, porque cambia la forma de calcular los retiros para ir imputando el impuesto, la cual requerirá una mayor explicación.
Y para ello solicito la unanimidad de la Sala para que pueda intervenir la subsecretaria de Hacienda.
¿Tendríamos acuerdo?
A ver, senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Una sugerencia, Presidente.
¿Por qué no hacemos un solo debate en general y particular? Si no es una discusión tan compleja. Y después votamos la idea de legislar y acto seguido nos pronunciamos por las indicaciones. Lo señalo para no realizar dos procesos distintos.
Además, tiendo a pensar que va a haber un acuerdo bien amplio en la materia.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Sí, pero va a ser muy importante que la subsecretaria pueda explicar las indicaciones, particularmente la segunda.
Entonces, ¿tenemos acuerdo para que ella, llegado el momento, pueda intervenir?
--Así se acuerda.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Entonces, pondríamos en discusión general el proyecto y, luego de eso, votamos la idea de legislar. ¿Les parece?
Acordado.
En discusión general el proyecto.
Se encuentra inscrito el senador Juan Castro y luego la senadora Isabel Allende.
El señor CASTRO (don Juan).-
Gracias, Presidente.
El presente año conocimos la triste noticia de que algunas fundaciones robaron dinero: esa es la palabra correcta.
Y me llama la atención que el proyecto venga con tanta rapidez a buscar la solución al problema provocado por los incendios, sabiendo que tenemos un Ministerio de Vivienda que es responsable de construir las viviendas en este país.
Y me llama la atención este proyecto de ley por lo siguiente, Presidente.
Dice el artículo 1, en su número 4: "Subsidios laborales para personas que pierdan o presenten un grave riesgo de perder su fuente laboral".
¿Qué me dice eso? Que va a haber repartición de dinero y ese no considero que sea el camino para buscarle solución a la construcción de viviendas.
Además, se señala que estos gastos se podrán ejecutar a través de programas creados para este efecto a través de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro.
¿Qué significa aquello? Que este fondo se lo vamos a entregar a las municipalidades y también a las fundaciones para que sigan repartiendo dinero.
Presidente, considero que como senadores debemos tener un poquito de respeto por la gente, por el país. ¡Sabemos lo que ha pasado con las fundaciones! ¡Conocemos la corrupción existente en Chile!
Y estamos hablando ni más ni menos que de 800 mil millones de pesos, que equivalen a 267 mil millones de pesos por año.
Yo pienso, Presidente y estimados senadores, que en esta Corporación debemos tener respeto por los chilenos que nos están viendo y que pagan sus impuestos para que el país disponga de los recursos para salir adelante.
Voy a rechazar el proyecto, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Juan Castro.
Tiene la palabra la senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidente.
Todos sabemos que en el mes de febrero del presente año vivimos múltiples incendios en la región de Valparaíso, porque fueron varios y simultáneos los focos, que en conjunto constituyeron uno de los efectos más devastadores que hayamos conocido en los últimos años después del terremoto y tsunami del 2010, que arrasaron con más de 11 mil hectáreas y, lo más grave, producto de los cuales murieron 135 personas.
La emergencia afectó fundamentalmente a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde hubo pérdida de casas y enseres.
De acuerdo al Sistema de Información Social de Emergencia, más de ocho mil hogares fueron afectados. Y, como ya he señalado, resultaron 135 personas fallecidas.
En una primera etapa el foco principal estuvo orientado a la contención de la emergencia, algo que no ha sido fácil por la dispersión y por la cantidad de afectaciones.
Posteriormente, el Gobierno y sus distintos organismos debieron acudir con las ayudas tempranas, en las que destacaron el bono de acogida, el bolsillo electrónico de emergencia, el bono de recuperación, el bono uniforme escolar, en fin. Hubo transferencias a los municipios por un monto de 2 mil millones de pesos y compra de kits de emergencia para personas mayores, reposición de servicios, etcétera.
Todas las ayudas anteriores se calculan en este período por la Diprés, más o menos, en 138.990 millones de pesos.
Después, en el mes de abril, el Gobierno anunció el Plan de Reconstrucción -hablamos de otra etapa; ya no de la de emergencia-, que comprende distintos ejes, como el de bienestar, la infraestructura de redes, la reactivación productiva y habitacional, en fin.
Y la mayor prioridad, por supuesto, es la reconstrucción de las viviendas, el mejoramiento del espacio público y las vías de evacuación, etcétera.
En esta parte del proceso, y lo veíamos esta mañana en la Comisión de Vivienda, existen dificultades con las viviendas de emergencia. A pesar de la importante cantidad entregada, ha habido algunos inconvenientes.
Por ejemplo, con las terminaciones de las viviendas; porque estas no fueron adecuadas para el terreno en que se levantaron; también porque los terrenos resultaron demasiado pequeños, y algunas viviendas de emergencia fueron rechazadas por las propias familias en su creencia de que si las aceptaban significaba que iban a perder los subsidios.
Esta mañana vimos cifras, y sería bueno entender que efectivamente algunas viviendas presentaron problemas que debemos solucionar, porque en lo primero que hay que pensar siempre es en las familias.
Por eso que me cuesta mucho entender que no vayamos a aprobar un fondo que, ni más ni menos, se cataloga como "de emergencia por incendios" y que se ocupa en una primera etapa de la emergencia, pero que posteriormente considera las etapas de rehabilitación y de construcción.
Considero que todos estamos conscientes de lo que pueden demorar la reconstrucción y la rehabilitación, o sea, es imposible pensar que en menos de quince a veinticuatro meses se pueda construir una vivienda.
Por lo tanto, tenemos que proyectar cómo llegar con las mejores soluciones en esta primera etapa de emergencia en que todavía estamos, más allá de que marche en paralelo la reconstrucción, donde han existido distintas modalidades y diversas soluciones para atender las características propias de cada una de las comunas, que son bastante diferentes.
No vamos a comparar Villa Alemana, por ejemplo, que corresponde a un territorio donde hubo un incendio prácticamente rural, versus El Olivar, Villa Independencia o el campamento Manuel Bustos.
Por cierto, esta mañana hablábamos con los directivos de Senapred y quedó bastante claro que esta institución debe trabajar mano a mano y estrechamente con los municipios.
Y de ahí que me cuesta entender que se diga: "Ni un peso para los municipios".
Hemos conocido casos complicados ocurridos en diversos municipios, pero existen 345 comunas del país. Por favor, no vamos a enlodar a todos los municipios y llegar a decir: "nunca más vamos a trabajar con ellos", porque haya habido situaciones bastante claras y que están en la justicia. Y, ¡por favor!, tenemos ejemplos de todo tipo, que van desde Vitacura hasta otros lugares,
Se señala que no debemos trabajar con los municipios cuando resulta indispensable que desarrollen un trabajo coordinado y mancomunado con Senapred si estamos hablando de viviendas de emergencia.
Y al mismo tiempo, existe claridad en que se necesita crear este fondo de emergencia transitorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que deben destinarse recursos a la construcción y reposición de viviendas; al equipamiento; urbanización; arborización de espacios públicos; reconstrucción y habilitación de infraestructura pública destruida, y también a ciertos subsidios, como el orientado al fomento productivo.
Nosotros conocemos muchos casos en los cuales las personas perdieron todos sus instrumentos de trabajo. ¿Y por qué señalamos aquello? Porque eran pequeños constructores que dependían de sus herramientas y al no contar con ellas pierden su fuente laboral. Y ahí resulta necesario entender de qué estamos hablando.
Aquí se debe operar con absoluta transparencia. Aquí es importante destacar que estos recursos no van a ingresar a los presupuestos base de los respectivos ministerios, sino que su ejecución se registrará en programas presupuestarios especiales, y a cuyo cargo se podrán efectuar gastos en las Leyes de Presupuestos 2024, 2025 y 2026, o en leyes específicas; algo similar a lo que se hizo en su momento, recordemos, con el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19.
Este fondo transitorio se va a extinguir el 31 de diciembre del 2026, o antes de esa fecha, en caso de agotarse los recursos, que ascienden, como se ha dicho, a 800 mil millones de pesos.
Ahora, respecto a su gobernanza, los recursos van a ser administrados por el Ministerio de Hacienda, que deberá dictar un reglamento que regule su funcionamiento. Yo creo que es difícil que nosotros pongamos en cuestión la seriedad con que realiza su trabajo dicho ministerio.
Además, como ha informado el presidente de la Comisión de Hacienda, este proyecto contempla que los contribuyentes puedan acoger al impuesto sustitutivo las utilidades con la finalidad de realizar una mayor recaudación.
También se modifica la ley que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción mediante el establecimiento de ciertos mecanismos de incentivo tributario para donaciones efectuadas en caso de catástrofe, posibilitando que sean ejecutadas ya no solo por organismos públicos, sino además por el propio donante o instituciones privadas, en caso de que cuenten con experiencia fehaciente en la materia.
Asimismo, se hacen algunas modificaciones a la Ley de Rentas Municipales. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir a las municipalidades que rebajen o eximan del pago de derechos municipales a subdivisiones de terrenos que se requieran para ejecutar proyectos del Plan de Emergencia Habitacional, incluyendo aquellos destinados a la reposición y construcción de viviendas, equipamiento e iniciativas de urbanización relacionadas con la reconstrucción de la región de Valparaíso.
No podemos dejar de pensar en las familias que se vieron afectadas por la lluvia que tuvimos en días pasados, las cuales, aunque son pocas, todavía viven en carpas, lo que duele profundamente.
Y así, casos y casos, porque hablamos de realidades bastante distintas.
No es lo mismo la población Argentina, en Quilpué, que la población El Olivar, en Viña del Mar o los campamentos. Incluso, no estaba establecido que Senapred entregara casas de emergencia en el caso de loteos irregulares. Pero lo tuvimos que hacer, porque, si no, dejaríamos en la mayor indefensión a habitantes de campamentos como Manuel Bustos y otros, que se vieron muy afectados.
Por eso, necesitamos avanzar de verdad. Avanzar ojalá en una institucionalidad más permanente; avanzar porque sabemos que, particularmente en la región de Valparaíso, estamos sujetos a eventualidades dramáticas como los incendios, que no es ni la primera ni será la última vez que ocurran; avanzar en tecnología.
Y, por cierto, debemos aprobar la manera de generar más recursos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que debemos disponer de esos 800 mil millones que requerimos para la reconstrucción, la habilitación y para terminar con las consecuencias de esta emergencia.
Pero, sobre todo, en lo relativo a incendios necesitamos avanzar en el establecimiento de una institucionalidad más permanente.
Presidente, ahora debemos escuchar la explicación sobre las indicaciones que nos presenta el Ejecutivo, y, junto con eso, aprobar el proyecto. Rechazarlo significaría no autorizar este Fondo de Emergencia por Incendios, cuando más de cinco mil viviendas fueron directamente afectadas y ocho mil si consideramos algunas con afectaciones menores, y cuando hemos tenido que lamentar -repito- ni más ni menos que 135 personas fallecidas.
Por eso que considero muy importante que demos nuestra aprobación al proyecto.
Y debemos entender que, si llegara a existir un saldo positivo, va a ser trasladado al Fondo de Estabilización Económico y Social, con lo cual quiere decir que los recursos tienen un fin social que es necesario.
Creemos que no estamos en un momento para darnos gustitos, aunque ha habido algunos actos de corrupción, es cierto, pero ¡cuidado! porque siguen las investigaciones en muchos municipios, algunos muy cercanos de aquí, como Algarrobo, y otros más, que para qué vamos a nombrar... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Termino, Presidente.
Por eso, considero que hay que mirar este asunto con la seriedad que implica, a los efectos de poder decidir qué hacemos con todas esas personas afectadas ahora que viene el invierno; qué hacemos con esas viviendas de emergencia que en algunos casos no han quedado bien instaladas o cuando el terreno no es apto; qué hacemos con esas personas que aún están en carpas y que, aunque son pocas, duelen; qué hacemos pensando en el futuro ante una realidad como la que tiene Valparaíso, y qué hacemos incluso con quienes habitan en campamentos, como Manuel Bustos, y que estaban en un proceso de regularización, y a los cuales también debíamos prestar su auxilio.
Por todas esas razones, Presidente, desde luego que voy a votar favorablemente esta iniciativa, y espero que aprendamos más aún de lo que hemos aprendido de tragedias como las que nos ha tocado vivir en la región de Valparaíso.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Isabel Allende.
Tiene la palabra el senador David Sandoval; luego el senador Sebastián Keitel y después el senador Francisco Chahuán, en ese orden.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Sin duda que los hechos dramáticos que acontecieron en febrero pasado en esta zona y cuya mayor afectación fue la pérdida de vidas humanas, fruto de tantos factores que probablemente serán objeto de las investigaciones pertinentes, constituyen, más allá de la emergencia y del desastre, una situación que amerita una perfección de los procedimientos y de los sistemas.
Hoy en la mañana, en la Comisión de Vivienda estuvieron presentes representantes de Senapred y la delegada presidencial en el debate respecto del control, manejo y desarrollo de las acciones para hacer frente a esta realidad.
Cuando hablamos de la creación del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios nos percatamos que una de sus aristas, por ejemplo, la asignación de algunas ayudas como el bono de acogida, el bolsillo electrónico de emergencia, el bono de recuperación de enseres, el bono uniforme escolar y otras, son aspectos de acción inmediata. Pero también se aboca, porque son miles de millones de pesos, a la construcción; a la reposición de viviendas; a la inversión para habilitar, equipar, urbanizar los espacios públicos deteriorados; a la reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada.
Evidentemente que se trata de acciones que ameritan todos los esfuerzos desde el Estado para restablecer esta realidad.
Pero aquí también hay un aspecto en que se debe reflexionar profundamente acerca de cómo y por qué, en definitiva, cada cierto tiempo volvemos a tropezar con la misma piedra.
Con respecto a la ocupación de estos sectores de altas pendientes, con dificultades de acceso, en zonas de riesgo, cuando hay emergencias, cuando hay este tipo de acontecimientos dramáticos, nos damos cuenta de que la gente está ubicada, radicada en lugares susceptibles de la ocurrencia de hechos tan dramáticos como los que vivió esta zona de la región de Valparaíso. Aquí están los cerros poblados de muchas personas que viven colgadas de la parte más plana que puedan encontrar en las periferias de esos sectores. ¿No nos damos cuenta de esta realidad? ¿Tenemos que esperar que pase una desgracia para realizar acciones, para impulsar mecanismos que permitan revertir este tema?
Esto se trató no solamente en la sesión de hoy día, sino también en la del pasado 12 de marzo, con la presencia del propio ministro.
Y aquí las dudas surgen fundamentalmente en cómo poner el énfasis en entender que, considerando todas las susceptibilidades de las realidades que hemos vivido en el último tiempo en el traspaso de fondos a entidades de dudosa eficiencia -para qué mencionar otros calificativos-, la administración de estos importantes recursos requiere la máxima acuciosidad.
Lo segundo, es importante el control del gasto y la eficiencia para procurar que estos recursos caigan precisamente en la gente que mayoritariamente los necesita. A veces acontece que la intermediación resulta más cara que los propios beneficios.
Hay que señalar los efectos que se están dando en este minuto: el 25 por ciento de las viviendas entregadas en estos planes de emergencia no tienen servicios básicos. Como señalaba la propia senadora Allende, hay gente que todavía está en condiciones de precariedad extrema, en carpas donde las aguas circulan debajo de ellas.
Pensemos que más allá de los hechos, de las cifras y de los números, hay personas, hay mujeres, hay adultos mayores, hay niños, niñas, hay personas con discapacidad que en este minuto están esperando que el clima no se transforme en una nueva pesadilla.
Por eso, el propio ministro señalaba, por ejemplo, que a fines del mes de marzo hay 5.002 viviendas en esta situación, así como 3.077 viviendas destruidas, y 450 viviendas para reparaciones. Y no puedo dejar de señalar que, en la región de Valparaíso, para quienes no se hayan dado cuenta todavía, hay 360 campamentos en este momento. A propósito, ¿los hemos ido a ver? ¿Se han percatado de esta realidad? ¿Es de hoy día? Y en cada oportunidad planteamos acá el gran ejemplo de mala administración de política habitacional que representa el campamento Manuel Bustos.
Evidentemente, tenemos que impulsar acciones. Yo voy a apoyar la construcción de este fondo asumiendo que el Ministerio de Hacienda, con toda la experiencia que hemos vivido en el último tiempo, va a impulsar todas las acciones pertinentes para mejorar la administración, el control y la eficiencia en el gasto. Evidentemente, estas 5.002 viviendas y los miles de familias que hay inscritas detrás de ello, personas con rostro, con cara, requieren de parte nuestra una visión distinta de gestión.
Senapred tiene que hacer aquí un proceso de maduración muy grande de cómo realizamos e impulsamos esta nueva experiencia.
Qué pasa con las tomas y las retomas que muchas veces acontecen en estos mismos lugares. Por cierto, aquí hay un plan definido, porque entendemos que no se pueden hacer las cosas de la noche a la mañana, pero hay que hacer un gran esfuerzo de reubicación, de regestión del desarrollo urbano de las ciudades, y debemos asumir que muchas de estas cosas pasan porque no nos hemos hecho cargo de ellas.
Muchas de las personas que fallecieron recibieron la información del sistema de prevención, pero no sabían qué caminos tomar.
Evidentemente que estamos hablando de una situación que sucedió hace pocos meses, que puede ser un ejemplo meritorio para aplicar en otras más.
Nuestro país se destaca por la permanente reiteración de situaciones de emergencia. En mi región de Aysén nomás, en la zona sur, en la provincia de Palena, luego de lo ocurrido con el Chaitén se hicieron grandes estudios para reubicar a las familias. Las familias volvieron a Chaitén y tuvieron que volver a reubicarse y reinstalarse, y se hizo infraestructura pública donde sabemos que hay un riesgo potencial de ocurrencia de similares situaciones.
Por eso en el tema de la emergencia, nuestro país, a pesar de todas las afectaciones que tenemos en la más amplia gama de acciones, requiere esencialmente ajustar con mucha claridad cuáles van a ser las medidas, las políticas que podamos impulsar para procurar revertir, atenuar y obviamente prevenir los efectos de estas situaciones, como pasó en el último incendio con la pérdida de tantas vidas humanas, que deberían ser el mejor aliciente para hacer las cosas de la mejor forma posible.
Voy a votar a favor, Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Sandoval.
Tiene la palabra el senador Sebastián Keitel.
El señor KEITEL.-
Gracias, Presidente.
Lamentablemente, en el último tiempo nuestro país se ha visto afectado una y otra vez por diversas catástrofes, que no solo han destruido infraestructura pública o bienes materiales, sino que, lo que es aún más importante, se ha llevado la vida de cientos de nuestros compatriotas.
Este año fue el caso de Viña del Mar y Quilpué, con 135 víctimas fatales a causa de incendios que sabemos que fueron provocados.
Más de 11.000 hectáreas quemadas, más de 8.000 hogares afectados, en total 21.000 personas que hasta el día de hoy siguen esperando respuestas y la ayuda del Gobierno.
Señor Presidente, me encantaría decir que este fondo que contempla más de 800 mil millones para esta región llega a tiempo, pero sabemos que la respuesta es no. La verdad es que llega tarde para financiar un plan de reconstrucción que a esta altura debiera tener muchos más avances.
En mi región del Biobío sabemos bien lo que significa esperar. Después de las más de 200 mil hectáreas quemadas que afectaron a 15 comunas el año pasado, aún tenemos lugares donde no se ha terminado siquiera una vivienda.
Eso no puede seguir ocurriendo.
Señor Presidente, es hora de que el Gobierno comience a preocuparse más por la prevención, destinando más recursos para esta materia y no ir creando todos los años fondos transitorios para este tipo de siniestros.
Que esa misma energía y entusiasmo que se muestran muchas veces para defender sus consignas hoy se ponga en lo que es verdaderamente importante: devolver la dignidad y la tranquilidad a quienes lo perdieron todo, poniendo al Estado siempre al servicio de las personas.
Gracias, Presidente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
A usted, senador Sebastián Keitel.
Le ofrecemos la palabra al senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, honorable Sala, efectivamente, hoy día estamos tratando de resolver la creación del Fondo de Emergencia Transitorio para Incendios y establecer otras medidas para la reconstrucción.
Me correspondió estar junto al ministro de Hacienda y a los parlamentarios cuando esta medida fue anunciada inmediatamente después del incendio. Como ustedes bien saben, este afectó fundamentalmente a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, cobrando la vida de más de 135 personas, según lo afirmado por el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres, y se dio cuenta de cerca de 11.349,2 hectáreas destruidas.
Estamos hablando, por ejemplo, de que aquí, en Viña del Mar, el 34 por ciento de la ciudad fue afectado por el incendio. Estamos hablando del 12 por ciento del casco urbano. Esa es la dimensión del incendio tan solo en Viña del Mar.
Eso habla de que acá se requiere, tal como se nos señala en el reporte del Sistema de Información Social en Emergencias, sacar adelante a 8.188 hogares que fueron afectados, lo que significa cerca de 21.229 personas damnificadas.
Entonces, ¿qué es lo que hace este fondo de reconstrucción? Este fondo transitorio busca financiar las necesidades y efectos derivados de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso.
Fundamentalmente, la idea es avanzar en la construcción y reposición de viviendas; en la inversión para habilitar, equipar, urbanizar y arborizar espacios públicos; en la reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada o destruida. Conforme a su carácter transitorio, el fondo se extinguirá, como lo dispone el proyecto, el 31 de diciembre del 2026.
Además, se establece que los gastos con cargo a este fondo podrán ejecutarse a través de los programas públicos contemplados en la Ley de Presupuestos en los años 2024, 2025 y 2026.
¿Cuál es la ventaja? Que el proyecto efectivamente permite dar rango legal a una serie de ayudas de manera consolidada para la reconstrucción tras el trágico incendio ocurrido en la región de Valparaíso.
Claro está que es muy importante el tema de la confianza pública para que se pueda constituir este fondo especial de emergencia.
Básicamente, la fórmula que se establece para dicho fondo es a través del tributo sustitutivo de impuestos finales, al que los contribuyentes se podrán acoger por la vía de las utilidades acumulas contenidas en el registro de rentas afectas a impuestos, las que incluyen las utilidades tributables acumuladas registradas en el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) que hayan sido generadas hasta el 31 de diciembre de 2016,
Con la declaración y pago del impuesto sustitutivo se entenderá cumplida totalmente la tributación del impuesto a la renta
Además, dicho beneficio tendrá carácter de voluntario hasta el 31 de enero del 2025, pudiendo acogerse a él los contribuyentes pertenecientes tanto al régimen semiintegrado como al régimen pyme general de impuesto a la renta.
Del mismo modo, se establecen otras medidas para la reconstrucción.
Se crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y otros mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe.
Esto es muy importante, porque efectivamente hubo un deterioro de la confianza pública a consecuencia del uso de los recursos públicos, dado fundamentalmente por el mal uso que se les dio a dichos recursos en determinadas fundaciones. Por eso que es tan relevante concentrar la atención en recuperar la confianza pública.
Se establece que las obras podrán ser ejecutadas por organismos públicos, por el donante o por entidades privadas sin fines de lucro que cuenten con experiencia comprobable y fehaciente en materia de la obra a ejecutar.
Asimismo, se modifica el decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, permitiendo a las municipalidades rebajar o excepcionalmente eximir del pago de derechos municipales a las subdivisiones de terrenos fiscales requeridas para ejecutar los proyectos del Plan de Emergencia Habitacional.
En esto se incluyen los proyectos destinados a reposición y reconstrucción de viviendas, equipamientos, proyectos de urbanización y otros relacionados con la reconstrucción de viviendas.
¿Cuál es el tema que queremos plantear y que tan claramente lo señalaron los senadores de la región en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, presidida por María José Gatica? Básicamente es la necesidad de que se pueda apurar la marcha.
Apurar la marcha porque, efectivamente, todavía tenemos un retraso fundamentalmente en la primera etapa de la emergencia, ya que aún hay muchos vecinos viviendo en carpas, en condiciones muy precarias; no se ha cumplido con la meta de cuatrocientas viviendas semanales a las que se comprometió el Presidente Boric; ni tampoco se ha cumplido con la necesidad de contar con fosas para las viviendas de emergencia. Y esta es una situación bastante crítica.
Por eso que acá se requiere, primero, apurar la marcha respecto de la resolución de la emergencia, generando condiciones de dignidad para los vecinos de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana; teniendo en cuenta, además, que se viven realidades completamente distintas en las cerca de nueve mil viviendas afectadas: unas se encuentran en sectores muy consolidados, como los de El Olivar, Canal Beagle y otros; pero por supuesto que también tenemos zonas de campamentos, como ocurre con Manuel Bustos o Pompeya. Algunos sectores de Pompeya norte o Pompeya sur se constituyen de alguna manera por emplazamientos precarios, que claramente requieren de una ayuda definitiva y decisiva.
Entonces, creemos que este fondo cumple con los requisitos y los elementos para establecerse como una ayuda de emergencia transitoria.
Pero nada de esto será posible si no logramos una recuperación de la fe pública respecto del debido uso de los recursos públicos, porque esto implica que las personas se incorporarán voluntariamente a este fondo, ya sea adelantando el pago de tributos o a través del tributo sustitutivo de impuestos finales, fundamentalmente usando el FUT.
Por consiguiente, se requiere dar cuenta debida de aquello.
Ahora, yo creo que ayuda muchísimo que efectivamente se puedan realizar acciones que estén contempladas en los presupuestos de la nación. Y ello implica que en caso de abuso se puedan tomar todas las medidas necesarias. O sea, darle el carácter legal a este consolidado de ayudas significará la posibilidad de velar, justamente, por el buen recaudo de estos fondos públicos.
Por supuesto, es muy importante la rendición de cuentas -entiendo que la votación de hoy día es en general y particular-, la cual es clave. Y en cada proyecto de Ley de Presupuestos nosotros pediremos que se detalle todo esto.
Los senadores de la región, la senadora Allende -por su intermedio- y quien habla, como también la presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, pedimos claramente en este organismo técnico que hubiese un debido catastro respecto de las viviendas que hoy día se han instalado, las que han tenido dificultades después de las condiciones climáticas adversas que tuvo la región de Valparaíso, y, por supuesto, también un conteo de las personas que siguen viviendo en carpas, en condiciones muy dramáticas, con frío, en fin, con todos los efectos probables que generan las lluvias.
Por tanto, a nuestro parecer esta será una buena decisión, en la medida que seamos capaces de entusiasmar a los ciudadanos para que contribuyan a través de este fondo.
Esto implica que la rendición de cuentas debe considerarse doblemente importante, en términos no solo de rendir cuenta de los fondos públicos, sino también de que esto se traduzca en generar una mayor confianza en los ciudadanos, de manera tal que sea un instrumento que nos permita avanzar.
Recordemos que los fondos de reconstrucción no han tenido el efecto deseado en el último tiempo, porque efectivamente cayeron los niveles de confianza, particularmente respecto al uso de recursos públicos por parte de fundaciones y del propio Estado.
Entonces, se requiere desarrollar una campaña que implique la necesidad de apurar la marcha, de estimular las voluntades generosas y, por supuesto, de entusiasmar a aquellos que quieran contribuir a la reconstrucción de esta forma; pero también se requiere una articulación del Estado.
Quiero ser superfranco, y yo diría que los cinco senadores de la región estamos contestes en esto: ¡ha faltado coordinación! Ha faltado coordinación entre el Gobierno central, el Gobierno regional y los gobiernos locales.
Los gobiernos locales finalmente terminan culpando al Gobierno nacional o al Gobierno regional respecto de la demora ante el ímpetu de la reconstrucción. Y, por tanto, también hay que redoblar aquello.
Ese esfuerzo es fundamental para que este fondo, que se crea como un instrumento, que se crea como un chasis, finalmente funcione y sea capaz de establecer una herramienta para mejorar las condiciones en que viven muchos muchos vecinos de nuestras comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
¡Cerca de treinta mil vecinos de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana están en estas condiciones! Incluso funcionarios del propio Parlamento tanto de la Cámara de Diputados como del Senado están en esta misma situación.
Entonces, yo pido que efectivamente acá se acelere el tranco para hacer las cosas bien.
Voy a votar a favor.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Chahuán.
Tiene la palabra el senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo a la subsecretaria de Hacienda.
Como ya se ha dicho, los incendios forestales ocurridos en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en febrero de este año, cobraron la vida de 135 personas, según cifras reconocidas por el Servicio Médico Legal hasta el 19 de marzo.
Además, Senapred informó la destrucción de alrededor de seis mil viviendas. Y conforme a datos de Conaf y también de organizaciones de la sociedad civil hubo una pérdida de biodiversidad brutal, de más de 9.500 hectáreas incendiadas.
Ello ha llevado a que se estime que el plan de reconstrucción asciende a 840 mil millones de pesos para el periodo 2024-2026.
Es fundamental dar certezas a las familias que, a esta fecha, a mayo del 2024, ya han iniciado el proceso de autoconstrucción. Y, por tanto, están a la espera de que se pueda acordar con el Gobierno a nivel central, con el Ministerio de Vivienda, con el Serviu, la modalidad, por ejemplo, de autoconstrucción asistida, del subsidio que van a recibir, porque las familias ya han gastado de sus recursos o de los recursos que les llegaron para el periodo de la emergencia, el cual lamentablemente no lo podemos dar por cerrado porque todavía hay problemas en la etapa inicial de su abordaje, con las viviendas de emergencia, con personas que todavía permanecen en carpas, en fin, todo lo que ya se ha comentado.
Insisto: hay personas que ya comenzaron su propio proceso de autoconstrucción. Y esto implica que necesitan ahora una regularización a través de los permisos de la Dirección de Obras Municipales, del plan o del diseño arquitectónico, de todos los temas de urbanización, etcétera; y del subsidio que finalmente van a recibir.
Y, por otro lado, hay familias que también están a la espera de poder optar por otras alternativas, como la vivienda industrializada, que demora menos tiempo. O incluso, por ejemplo, las familias de El Olivar, donde todavía hay algo que está en conversación respecto a cómo hay que reconstruir, no solo las casas, que son viviendas sociales construidas a finales de los años ochenta o principios de los noventa, sino también la infraestructura pública, las vías de evacuación, las calles. Esto implica hacer un rediseño de ese barrio.
Entonces, el trabajo es muy potente, el plan de reconstrucción es algo muy complejo, pero acá lo interesante de este proyecto de ley y su urgencia -felicito que se le ponga "discusión inmediata", para aprobarlo en general y particular y poder despacharlo pronto- es que crea un fondo de 800 mil millones de pesos para gastar como máximo al 31 de diciembre del 2026.
Es un fondo presupuestario de carácter transitorio, para financiar las necesidades y efectos derivados de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso y que se destinan no solo a la construcción y reposición de viviendas, sino que, como decía, también a la inversión para habilitar, equipar, urbanizar, arborizar espacios públicos -por ejemplo, el Jardín Botánico, entre otros-, en lo relativo a la pérdida de biodiversidad; así como para reponer, reconstruir infraestructura pública dañada o destruida.
Este fondo podrá ejecutarse a través de programas públicos contemplados en las leyes de presupuestos de los años 2024, 2025 y 2026, o también en leyes específicas para esos programas que incluyen acciones ejecutadas a través de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro. Y ciertamente -esto lo discutimos en la última Ley de Presupuestos, la que se está ejecutando ahora- se elevan los estándares de adjudicación o asignación de recursos públicos y de rendición de cuentas, en lo que tienen que existir mayores controles públicos respecto a los recursos que se destinan para la reconstrucción.
Pero la necesidad de elevar estándares no puede ir en desmedro de que esos recursos se gasten donde se tienen que gastar y se reconstruya. Sobre todo, se les debe dar certeza a las familias que han perdido completamente sus viviendas por este incendio.
Yo también me hago parte de las intervenciones de otros colegas -por su intermedio, Presidente- que han dicho: "Chile es un país que ya está acostumbrado a tener que enfrentar emergencias y catástrofes todos los años: inundaciones, incendios. terremotos". Bueno, cada cierto tiempo nuestro país está sufriendo más catástrofes naturales y emergencias cada vez más complejas, más profundas, en distintas regiones. Por tanto, tal vez sería la hora de pensar en un fondo permanente para enfrentar este tipo de catástrofes y así no estar legislando cada año frente a una catástrofe, de manera reactiva. La idea sería ver cómo nos anticipamos, de manera preventiva, con una especie de fondos de reserva, a las catástrofes naturales.
Me parece que la medida que se toma respecto a este impuesto sustitutivo de impuestos finales necesarios para asegurar los ingresos requeridos para la reconstrucción, con apego al principio de responsabilidad fiscal, por el que los contribuyentes podrán acoger las utilidades anotadas en el registro de rentas afectadas a impuestos que incluyen las utilidades acumuladas en el FUT (Fondo de Utilidades Tributables) al 31 de diciembre del 2016, es una medida que va en la dirección correcta, por la que las personas podrán aportar voluntariamente a este fondo, con un mecanismo tributario concreto.
Por otro lado, con la declaración y el pago del impuesto sustitutivo se entenderá cumplida totalmente la tributación del impuesto a la renta de las utilidades acogidas y, como dije, además de ser de carácter voluntario, podrán acogerse tanto los contribuyentes pertenecientes al régimen semiintegrado, como aquellos sujetos al régimen de pymes en general.
En seguida, se modifica la ley que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y se establecen mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe, para promover y facilitar su utilización. Asimismo, se modifica el decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, a fin de permitir a los municipios rebajar o excepcionalmente eximir del pago de derechos municipales a las subdivisiones de terrenos fiscales requeridas para ejecutar los proyectos del Plan de Emergencia Habitacional.
Por último, están las indicaciones que compromete el Ejecutivo, que son de su iniciativa exclusiva, y por eso también estamos discutiéndolas en sala, respecto a que, en caso de existir un saldo positivo en el Fondo a la fecha de término de su vigencia, que corresponde a diciembre del 2026, esos recursos pasarán al Fondo de Estabilización Económica y Social, y así se resguarda que sigan siendo destinados a fines sociales y, por tanto, haya una buena utilización de los recursos que se generen en el Fondo Nacional de la Reconstrucción.
Insisto en la urgencia de tramitar este proyecto. Avanzó rápido en la Cámara de Diputados y también en la Comisión de Hacienda del Senado. Ahora tenemos la posibilidad de discutir estas indicaciones del Ejecutivo en la Sala, sobre todo para darles certeza a las familias que, insisto, están, por un lado, ya con las lluvias, todavía enfrentando la emergencia que implica haber quedado completamente sin casa, con todo el trauma psicológico que significa reacomodar la vida laboral, familiar, etcétera. Las familias ya comenzaron a diseñar su plan de reconstrucción, pero requieren de una certeza de política pública por parte del Estado y un fondo que garantice esos recursos y su correcta implementación, además, en un plazo acotado, máximo a diciembre del 2026.
Voto a favor, Presidente.
Gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Juan Ignacio Latorre.
Tenemos un tercer proyecto en tabla, lo ideal sería que lo pudiéramos despachar hoy día.
¿Habría acuerdo para disminuir los tiempos de intervención en este proyecto a cinco minutos?
El senador Espinoza no da el acuerdo.
Muy bien.
Continuemos.
Tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda y luego, el senador Coloma.
La señora SEPÚLVEDA.-
Muchas gracias, Presidente.
Voy a tratar de usar los cinco minutos.
Nosotros, cuando ocurrió el gran terremoto del año 2010, nunca negamos nada al Presidente Piñera desde el punto de vista de los fondos y de la excepcionalidad que había que establecer. Nunca lo hicimos, porque colocamos primero a las personas y el desastre que teníamos en el país, tomando cada uno de los resguardos que había que tomar. Pero negarse a un fondo de este tipo, de esta envergadura, con todas las personas que hoy día están sufriendo, me parece que no corresponde.
En segundo lugar, Presidente, yo quiero un poco hacerme eco -por su intermedio, a la subsecretaria- de lo que ha planteado el senador Latorre. O sea, estas ya no son excepcionalidades; todos los años ocurren emergencias.
Entonces, quisiera solicitarle al Ejecutivo que este fondo sea más bien de carácter permanente. Tendríamos que caracterizar la emergencia, pero tenemos que hacer algo más permanente.
Presidente, también hay que tratar de aprobar un paquete de leyes que creen una excepcionalidad para poder reconstruir, porque lo que hicimos el año 2010 precisamente fue eso: incorporar excepcionalidades para poder levantar las no sé cuántas casas que teníamos en el suelo, y fundamentalmente en los sectores rurales.
Cuando se produjo el incendio en la región de Valparaíso, nosotros estábamos en pleno incendio en la Sexta Región. Tuvimos 12.701 hectáreas quemadas, ¡12.701 hectáreas quemadas! Pero sabíamos perfectamente, por el nivel de violencia que había en el incendio de la región de Valparaíso, que no teníamos mucho derecho a reclamar, ¡no teníamos derecho a reclamar!
Hoy día entendemos que el Ministerio del Interior actúa rápido. Lo que hemos visto del bono de acogida, del bolsillo electrónico funciona rápido, ha sido bastante bastante ágil. Sin embargo, Presidente, por más recursos que tengamos en esa bolsa, si no somos capaces de mejorar los instrumentos, ¿qué pasa si quiero colocar una vivienda y en el Ministerio de Bienes Nacionales no tenemos regularizado ese sitio? El Ministerio de Bienes Nacionales es fundamental, podemos hacer la excepcionalidad, pero pensando en el futuro en una regularización.
¿Qué pasa con el Ministerio de Vivienda? Los decretos hoy día son lentísimos, ¡lentísimos! Con eso no vamos a lograr tener la modificación que hoy día están pidiendo, con justa razón, los senadores de la Quinta Región.
Otro tanto ocurre en el Ministerio de Desarrollo Social; se lo digo, por su intermedio, a la subsecretaria. Aquí se ha planteado la famosa oferta programática. ¡Esa famosa oferta programática no sirve para emergencias! O sea, si es lenta para lo normal, para emergencias caduca absolutamente.
Y si lo van a hacer instancias privadas, también se va a necesitar de alguna manera una autorización especial.
El Ministerio de Economía -y por su intermedio, Presidente, también a la subsecretaria- hoy día no tiene ningún grado de excepcionalidad para ir a la emergencia, ningún instrumento que lo permita.
Entonces, mi preocupación es que tú puedes tener un fondo, pero si no tienes instrumentos al interior de los servicios que puedan aplicarse en forma rápida, o leyes que te permitan actuar con celeridad, no vas a lograr nada.
Pongo un solo ejemplo, Presidente: en la región de O'Higgins queremos construir viviendas; el gobernador ha entregado los recursos; tenemos la plata, pero las autorizaciones para que sea utilizado el instrumento, la oferta programática, lo que el Estado ofrece, no es lo que las personas necesitan. Porque es una lógica distinta a lo que hoy día tenemos que pensar. Es una lógica de emergencia, no de normalidad.
Presidente, mire, voy a votar a favor porque éticamente corresponde, ¡porque éticamente corresponde! Pero llegará el minuto en que tengamos que chequear cómo se utilizan los fondos, y cómo están reaccionando los distintos ministerios frente a esto.
Bienes Nacionales se demora años de años en poder regularizar. Eso nos pasa en Valparaíso. ¿Qué es lo que nos va a pasar con el Ministerio de Vivienda, con los RS en Desarrollo Social? Yo no sé si va a haber grados de excepcionalidad para eso.
Entonces, la verdad es que tengo toda la esperanza de que ocurra. Pero como uno ya está vieja, Presidente...
El señor COLOMA.-
¡No, jamás!
La señora SEPÚLVEDA.-
No, si no me vengan con cosas.
Una que ya está vieja, mira para atrás y ve toda la experiencia...
El señor DURANA.-
¡Y usa lentes...!
El señor NÚÑEZ.-
¡Es muy joven, senadora...!
La señora SEPÚLVEDA.-
¡Sí, sí...!
Yo espero que esto sea distinto. Pero, si no están los cambios suficientes para hacerlo más práctico, no vamos a tener mucho que hacer, ni en Valparaíso, ni en Viña, ni en la región de O'Higgins.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Sepúlveda.
Tiene la palabra el senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidente.
Yo quiero hacerme cargo, por lo menos respecto de Hacienda, del sentido de este proyecto, que creo que al final termina siendo un buen proyecto. Quiero ser superclaro.
Aquí tuvimos una emergencia nacional. No está de más siempre repetirlo con pena: 134 fallecidos; más de 11 mil hectáreas afectadas; un país que sintió con desesperación cómo 20 mil personas perdían todo o gran parte de sus hogares. ¡Una tragedia! ¡Una tragedia!
Y yo que he sido siempre partidario de que los estados no sean gigantescos, sino que sean eficientes, y que se hagan cargo en los momentos adecuados, y que no pretendan abarcar todo, creo que este es el caso en el cual uno tiene que hacer un esfuerzo especial por tratar de entregar recursos adicionales, porque esto no está en los presupuestos.
Quiero decir eso, Presidente: nadie puede imaginar, cuando hace un presupuesto, que va a venir un incendio de estas magnitudes o un terremoto o una pandemia o el terremoto blanco en otros lugares. ¡Es imposible calcularlo! Porque si hiciéramos un presupuesto en base a eso, sería muy complejo.
Por eso, uno tiene que agudizar mecanismos nuevos para hacerse cargo de esta emergencia. Y quiero decir que estamos muy tarde. Yo hubiera esperado que a estas alturas de la emergencia ya hubiera habido un avance muy significativo. Creo que todos lo compartimos.
Pero, dicho eso, había distintas fórmulas. Una, que se financiara exclusivamente con recursos del Estado. Uno pudo haberse endeudado; esa era una alternativa. Eso supone, sabemos, el efecto que tienen al final las deudas porque hay que pagar los intereses, y eso genera una dificultad objetiva, además del balance fiscal, ante una emergencia, porque este no es un gasto permanente. Si lo fuera, estaríamos en otro tipo de situación. Esto es excepcional.
Definido el problema, ¿qué es lo que se hizo? Se pidió a Hacienda un informe pormenorizado.
Voy a explicar el tipo de cosas que hay que hacer, porque oía a algunos senadores decir: "Estos son recursos solo para las fundaciones". Si hubiera sido así, ¡jamás lo hubiera aprobado! Esto es otra cosa, que es excepcional. Es un tema, a mi juicio, muy diferente.
¿Qué es lo que se hizo? Primero, se cuantificó de qué estamos hablando. Para eso ayudó la experiencia del terremoto del 2010, donde hubo una forma de hacer estudios. Y también ayudó la ley COVID. Si ustedes se acuerdan, fuimos parte en ese procedimiento.
Aquí se hizo una propuesta, conversada, que parecía razonable, donde suponíamos que llegaríamos a 800 mil millones de pesos; hubo un cálculo bien preciso; es una cifra enorme.
Entonces, primero, ¿en qué consisten esos 800 mil millones? No quiero que haya una duda, porque en la lámina, que es parte de la historia de la ley, cuando se hablaba del "fondo transitorio de la reconstrucción", nosotros pedimos el costo del plan de reconstrucción, que está.
Ahí, básicamente, para que lo tengamos claro, están los entornos urbanos, algo bien especial, o sea, la reconstrucción de los barrios, de las calles, de las avenidas, el reperfilamiento. Porque claramente aquí lo que pasó, y los senadores de la región lo saben mucho mejor que yo...
La señora SEPÚLVEDA.-
La urbanización.
El señor COLOMA.-
La urbanización, exactamente; se llama de esa manera, estoy de acuerdo.
Aquí lo que se destruyó totalmente fue eso; y no puede hacerse igual. Porque claramente lo que ocurrió es que mucha gente murió porque fue atrapada en un fondo que no tuvo salida.
Entonces, hay que reperfilar. En eso, todos los arquitectos, ingenieros a quienes les consultamos, estaban de acuerdo: había que cambiar esa situación.
Para eso se destinan 619 mil millones de pesos. O sea, el grueso está ahí, para que no haya ninguna duda. Esos son los recursos que tiene que gastar el Ministerio de Obras Públicas -en este caso, con Vivienda- en lo que corresponda.
Después, en la reconstrucción de viviendas habitacionales, son 316.129 millones de pesos. Ahí está casi todo, porque el cálculo es un poquito más de 800 mil; está hecho con un poco de excedentes. Básicamente, está ahí.
Respecto de la reactivación productiva, que es la preocupación de algunos, estamos hablando de 13 mil; o sea, es menos del 1 por ciento, o 1 por ciento. Lo que tiene que ver con bienestar son 4 mil.
El grueso es cómo se reperfila la ciudad en la parte afectada. Pero ¿cómo se rehace mejor que lo que había? Porque, si no, puede ocurrir lo mismo otra vez.
Lo otro es cómo se reponen las viviendas adecuadas. Ahí se define el fondo transitorio para la reconstrucción (está a disposición de todos los senadores y senadoras en la secretaría de la Comisión). Espero que sea parte de esta discusión, entiendo que es así; pero, si no, pido que lo sea, porque es útil.
En seguida, se definió cómo se financia. Se llegó a un acuerdo, donde la mitad será por reasignación, lo que supone un esfuerzo también del Estado, y me parece bien.
En cuanto a la otra mitad, hubo una gran discusión: ¿cómo se financiaba? Había alternativas tributarias, de distinta naturaleza. Y se llegó a un acuerdo que a mí me parece superrazonable, y que quiero explicar: básicamente, es tener la posibilidad de recurrir al Isfut, en términos de poder asignar el antiguo FUT, pero de una manera especial, porque el nuevo Isfut se anota en el REX; eso sabemos.
Pero a propósito de esta indicación, para el contribuyente es voluntario si se acoge a este impuesto; puede retirar o distribuir este Isfut, con preferencia a otra renta o a otro registro, porque esa es su preocupación, Presidente. No tendría muchos beneficios y sentido si tengo que seguir el mismo orden del artículo 14, en que primero se imputan las distribuciones del RAI; y una vez agotado, al REX. Aquí se hace un cambio. Se permite esa distribución más amplia que supone que lleguemos a la cifra adecuada.
Entonces, quería dar esta explicación, porque eso es lo que se hizo.
Ahí se espera recaudar el saldo. Me parece que es una forma bastante más sana que haber recurrido a otros esquemas de deuda o tributarios.
Además, se hace una cosa adicional, porque puede ocurrir que haya más recursos, un excedente. Esto a propósito de lo que hizo este Senado en la ley COVID, donde pasó algo parecido. Esa vez, los senadores que están al frente dijeron: "Bueno, ¿qué pasa si sobra plata?". Y ahí se colocó que iría al FEES. Y nosotros lo que planteamos fue lo mismo: que vaya al FEES.
De esa manera, se genera una política pública sana, para que no quede duda de qué pasa después. ¡No! Va al FEES, al cual bien le haría poder fortalecerse de una manera más adecuada.
Entonces, creo que aquí estamos resolviendo un tema complejo, dramático -no podemos perder de vista la humanidad o el drama que hay detrás-, aprovechando experiencias de cómo se han enfrentado adecuadamente otras catástrofes y aplicando algunas medidas más novedosas como es esta asignación del Isfut.
Eso es lo que permite estar en condiciones de enfrentar la situación. Ojalá que el proyecto se apruebe hoy día -viene de la Cámara de Diputados y va a ir a tercer trámite nada más que por un cambio en esta aplicación-, de manera que pueda convertirse prontamente en ley. Lo que tengo claro es que necesitamos despacharlo con urgencia para que la reconstrucción de la Quinta Región -Valparaíso, Viña del Mar, en las partes que corresponda- se reinicie rápido, porque cada día que pasa es un drama.
Por eso hemos hecho un esfuerzo conjunto entre todos por llegar a un acuerdo que en otras condiciones habría sido harto más complejo.
Por lo tanto, vamos a votar a favor, pero quería dar una explicación respecto de algunas de las inquietudes que surgieron durante el debate.
He dicho, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Coloma.
¿Habría acuerdo para reducir los tiempos a cinco minutos?
Así se acuerda.
Muchas gracias.
Senador Lagos, tiene la palabra.
El señor LAGOS.-
¿Hasta cuándo me autocerceno? ¡Todo tiene un límite, Presidente...! ¡Ya!
A ver, ciertamente que voy a votar favorablemente este proyecto.
Yo quisiera hacer un par de comentarios o reflexiones de carácter más general.
Primero, comparto cien por ciento lo que señaló el senador Latorre en orden a la necesidad de tener tal vez un fondo de carácter más permanente. Y no solamente un fondo, sino también criterios para la asignación de los recursos.
En la región de Valparaíso hemos vivido varios incendios. Uno, muy fuerte, fue el del 2014. Hubo uno previo que le tocó al Gobierno del Presidente Piñera, más limitado, aquí, en Rodelillo, pero que afectó a alrededor de doscientas, trescientas casas. Después tuvimos otro el 2014, muy grande. Y el criterio de la autoridad para abordar la emergencia de corto plazo propiamente tal, más la reconstrucción, ha ido variando. No se ha aplicado siempre el mismo criterio. No es que se vaya hacia atrás, pero como que se empieza a diseñar de nuevo cómo enfrentar cada emergencia.
Por eso creo que una primera lección es que sería bueno tener algo más establecido, para que tengamos claridad que cuando ocurran estos desastres ya sepamos que va a haber un bono enseres de tal naturaleza o tal proporción, que vamos a contar con tantos recursos para la reconstrucción de viviendas, que la autoconstrucción estará establecida como la primera línea de opción más que los subsidios a la construcción, etcétera.
Dicho eso, una segunda reflexión, tal vez más difícil o poco grata, es la siguiente. Muchos de estos incendios y desastres, cuando tienen lugar, no solamente afectan a viviendas regulares, regularizadas o establecidas. En todas las emergencias que hemos vivido -incendios, inundaciones, etcétera-, muchos de los afectados han sido familias que vivían en terrenos como allegados, en tomas, en asentamientos irregulares, en campamentos, llámenlos como quieran. Y el Estado de Chile, cuando se trata de este tipo de viviendas destruidas, señala que no puede ayudar a reconstruir en el mismo lugar como consecuencia de que se hallan en zonas irregulares, de riesgo, sobre todo de riesgo.
Mi cuita con ese tema es que el Estado de Chile les dice a centenares de familias: "No les voy a reconstruir donde ustedes estaban porque vivían en una zona de riesgo". El Estado no hace nada, pero los habitantes vuelven a construir, con sus propios medios, en los mismos lugares. El Estado de Chile mira para el techo, porque les dice "yo no les voy a financiar sus viviendas porque están ubicadas en un lugar de riesgo", pero al mismo tiempo no hace nada para que no estén en ese lugar de riesgo. Y a vista y paciencia del Estado se vuelven a levantar.
El incendio de diciembre del 2022 afectó a una zona donde vivían alrededor de treinta y cinco familias situadas en el límite y al borde de un parque, de una reserva natural en Viña del Mar, en Forestal. El parque se ha incendiado ya como dos o tres veces y el Estado señala que no puede reconstruir ahí porque justamente es un parque. Yo digo: "Bueno, si el parque se te ha quemado tres veces, quiere decir que poco te importa el parque, y tal vez sería posible plantearse, en casos excepcionales, el redibujar los bordes de los parques a objeto de radicar ahí a las familias, donde por lo demás las casas ya están construidas y habitadas".
En resumen, están viviendo en un parque, en una zona supuestamente de riesgo; el Estado mira para el techo; no les ha pasado ningún peso, y ellas se las arreglaron y están viviendo ahí.
Por lo tanto, mi mensaje es: fondo único, sí; criterio establecido, me parece bien, pero hay que ponerse en el caso de los asentamientos irregulares y cómo vamos a abordar los temas de riesgo.
Por último, en materia de financiamiento, se hace algo que creo que trata de generar un estímulo a la hora de permitir el pago de impuestos que tal vez van a quedar indefinidamente sin pagarse -legalmente hablando, me refiero- y se genera un incentivo que va a permitir suplementar lo que sea necesario para financiar hasta los 800 mil millones de pesos.
Efectivamente, como señalaba el senador Coloma, aquí se aplicó una fórmula que utilizamos en el pasado, cual es que no resulta impensado que pudiera ocurrir, si los incentivos son buenos, tributarios, por ejemplo, que haya más recursos que los que se van a ejecutar antes de la extinción del fondo, que tiene un plazo cierto... perdón, un plazo definido -los plazos son ciertos por definición-, puesto que se extingue el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, ¿qué hacemos con esos recursos? Nos parece que la forma más sana es que vayan al FEES, que es lo que se hizo en su oportunidad, durante el Gobierno del Presidente Piñera, y que aquí se tiende a replicar.
Por último -creo que me quedan ocho segundos-, aquí se cobraron 135 vidas, 6.000 viviendas, se destruyeron centenares de emprendimientos, y el Estado de Chile, afortunadamente,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... ha estado presente tanto en la ayuda a los emprendedores como en la entrega de los recursos para las viviendas generando este fondo.
No tengo ni una duda de que vamos a aprobar este proyecto, señor Presidente, para que ojalá la construcción de viviendas entre en operación cuanto antes, sin perjuicio de que habrá que seguir poniéndole mucho esfuerzo para que ello funcione en tiempo y forma.
Gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Lagos.
Tiene la palabra el senador Kenneth Pugh y luego la senadora Claudia Pascual.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, Presidente.
En idioma mapudungun, Alimapu es el territorio de Valparaíso y significa "tierra quemada". Desde los tiempos de la Colonia que en esta región se han producido incendios catastróficos que dan cuenta de esa historia natural que tiene la zona.
Es por eso que buscar excepciones para situaciones que ocurren con frecuencia puede ser o no ser el camino correcto.
Por lo pronto, considero relevante crear un fondo para ir en ayuda de la gente que clama por una necesidad esencial: una vivienda digna para ser usada todos los días. Esa es la importancia de la vivienda. De los 316 mil millones de pesos, si sacáramos el PxQ -y quizás esto le interese a la subsecretaria de Hacienda-, habría 40 millones para las seis mil o cinco mil y tantas viviendas. El punto es qué se hace con esos 40 millones. Hoy se pueden instalar rápidamente viviendas industrializadas.
Pero el problema no está en los recursos. Como siempre, Chile tiene recursos; el problema está en todos los permisos que hay que obtener para poder instalar una vivienda.
Por eso, señor Presidente, pienso que debiéramos proponer desde ya una ley -y qué bueno que esté en la sala el ministro Elizalde- para que el Ejecutivo cree lo que se llame "Ley Google Earth", de modo que donde había una casa que se quemó, en un sitio que estaba habilitado, se autorice la construcción inmediata, sin esperar más, si la vivienda pasó por todos los trámites de autorización y los terrenos están regularizados, poniendo el acento en aquellos que no lo estén.
Se habla de fundaciones y de organizaciones de la sociedad civil. Yo quiero destacar el trabajo que realiza Desafío Levantemos Chile. Hay que darle la oportunidad para que se pueda instalar y desplegar lo que sabe hacer tan bien: entregar recursos que van a provenir, no solo del Tesoro Público, sino también de una alianza público-privada. El hecho de utilizar recursos que vengan con todos los mecanismos dispuestos, desde el FUT, permite a quienes los poseen poder ayudar, ya que hoy no tienen cómo llegar con ellos.
Queremos que se produzca, ojalá, una indexación perfecta y precisa entre lo que se recaude y lo que se emplee, de tal modo de, primero, satisfacer las demandas de las familias.
Las familias están clamando. Ya se puso a llover. Y hay barro, humedad, frío, todo lo que eso significa. ¡Teniendo los recursos! Chile tiene recursos. Tenemos problemas que nos hemos impuesto, pero que, en excepciones, podemos superar.
Por lo tanto, y si fuera posible, habría que acordar no solo la forma que va a tener este fondo y mecanismos de control, sino también instrumentos expeditos para regularizar rápidamente a las personas que, o ya iniciaron su reconstrucción o están ansiosas de construir incluso con recursos levantados luego de hacer esfuerzos gigantescos para satisfacer en algo esa demanda tan necesaria, de todos los días: una vivienda digna.
Valoro el apoyo para comprender la situación particular, pero quiero decir que un fondo solo no va a resolver el problema. Es más, va a generar altísimas expectativas. Y cuando existen expectativas altas, la diferencia entre estas y la realidad que viven las personas se transforma en frustración, que se verá en todo el invierno y que las va a estar acompañando.
Pido, entonces, evaluar la posibilidad de una ley exprés, tal como señalé, que sirva incluso para todas las tragedias que ocurran en Chile, en lugares donde ya se autorizó la instalación de viviendas, donde fueron recibidas y donde las compañías de utilidad pública ya restituyeron los servicios. En Viña del Mar, en Quilpué y en Villa Alemana llegaron los servicios y en estos momentos están los medidores, está todo funcionando, pero la gente está en una carpa porque no puede hacer uso de una vivienda digna.
Tenemos que agilizar los procesos. Y como eso solo se puede hacer por ley, necesitamos una legislación que se haga cargo de los recursos especiales y adicionales que se van a ocupar.
Voto a favor, señor Presidente.
He dicho.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Pugh.
Nos quedan inscritos para intervenir la senadora Pascual, la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Fidel Espinoza, el senador Alfonso de Urresti, cada uno por cinco minutos.
¿Tendríamos acuerdo para abrir la votación?
Se votaría la idea de legislar y también las dos indicaciones. Debido a que hay acuerdo completo en el proyecto, sugerimos una sola votación.
¿Tendríamos acuerdo para realizar una sola votación?
Así se acuerda.
Abierta la votación.
(Durante la votación).
Tiene la palabra la senadora Claudia Pascual.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
Hay normas que tienen quorum de ley orgánica constitucional.
La señora PASCUAL.-
Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, anuncio mi voto favorable. Pero no solo, como dijo la senadora Sepúlveda, porque éticamente es lo correcto, sino porque efectivamente, frente a la tamaña vulneración en la cual se encuentran las familias damnificadas producto de los incendios, tenemos que resolver.
Me gustaría que el debate que se ha dado hoy día pudiéramos hacerlo de forma más sistemática, con los elementos que han planteado varios senadores y senadoras que me han antecedido en el uso de la palabra.
Chile tiene una historia de desastres naturales que nos han obligado a reconstruir. Somos un país sísmico, un país volcánico, un país que tiene aluviones, un país que antiguamente, cuando llovía más, sufría también inundaciones, etcétera. Y los efectos del cambio climático van a profundizar y agudizar estos eventos naturales.
Producto de aquello, por un lado, me parece que es necesario tener un fondo -por cierto, nadie puede prever las envergaduras de cada uno de estos desastres- que implique un monto acotado, pero que, al mismo tiempo, prevista la envergadura del desastre o la cantidad de personas afectadas, se gatille rápidamente para no tener que llegar con leyes especiales en cada uno de los desastres, que cada vez se nos hacen más frecuentes.
Por otro lado, me parece sumamente pertinente la fiscalización en materia de recursos.
Pero también quiero decir que hay que recuperar facultades del Estado en combinación con el mundo privado. Porque cuando señalamos que aquí no se puede reconstruir solo desde el Estado, es que no se puede reconstruir nada porque el Estado no tiene facultad de constructor, porque se le arrebató, y porque inclusive para los planes y viviendas de emergencia debe hacer una licitación con un actor privado.
Yo no sé si sea tan bueno, pues hay casos y casos. Lo dije cuando ocurrieron algunas situaciones. Me parece que, cuando hay campamentos que se pueden radicar -no los que se erradican: los que se pueden radicar-, y ni siquiera por parte del propio Estado se les consigue colocar la luz o la conexión de agua, hemos perdido toda la lógica de tener un Estado constructor. Y no por eso no va a haber sector privado. Quiero recuperar facultades, que también convivan con lo privado, pero que no impidan a lo público y al Estado actuar.
Entonces, quiero pedirle al Ejecutivo, no solo abordar esta legislación en particular, sino, además, que ninguna reconstrucción de desastres naturales implique afectar los presupuestos ordinarios de los subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué lo digo? Porque, si no, vamos a seguir aumentando el déficit habitacional de nuestro país.
Debemos tener mecanismos financieros y administrativos que permitan ir sedimentando las mejores experiencias en torno a la reconstrucción, a los permisos y a la fiscalización del uso de los recursos para dar respuesta urgente, necesaria y eficaz a las familias damnificadas.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senadora.
Senadora Carmen Gloria Aravena, tiene la palabra.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidente.
Quisiera recordar que han pasado tres meses, que se cumplieron hace poco, del horroroso incendio que dejó 15 mil personas afectadas, 135 fallecidos, y -deseo señalarlo también- 200 desaparecidos, que uno podría suponer que a estas alturas también son parte de los fallecidos. Por lo tanto, las víctimas fatales son prácticamente trescientas y tantas.
Me preocupan -y perdonen que no me centre directamente altiro en el tema- las causales del incendio. Si son prácticamente trescientas y tantas las personas fallecidas, sus familias necesariamente debieran tener claridad, después de tres meses, acerca de qué pasó, porque fue una catástrofe horrorosa. Claramente, por la forma en que se desarrolló el incendio, es muy difícil comprender que haya sido algo solamente ocasional.
Con relación al proyecto, obviamente que lo vamos a aprobar; es una cuestión de lógica. Sí me parece que tres meses es mucho tiempo.
Quisiera plantearles a los ministros presentes mi preocupación porque no veo nada vinculado a la prevención. Si ustedes buscan Valparaíso en Google, verán que permanentemente ha sido un territorio de incendios y catástrofes porque no hay ordenamiento territorial, porque claramente los planos reguladores lo más probable es que estén obsoletos, y porque efectivamente todo el tema que tiene que ver con las plantaciones ha sido absolutamente indiscriminado. No hay ningún control ni regulación.
Entonces, me da la impresión de que todo este dinero -que no es poco; es muchísimo- no va a tener ningún efecto práctico. Y es probable que en unos años nuevamente estemos aprobando, nosotros u otros, un fondo gigantesco para reponer otra vez viviendas e infraestructura pública en la medida en que no existe en este proyecto -y es lo que más me preocupa- ni un solo peso para al menos desarrollar acciones destinadas a que la inversión pública que se haga acá tenga una mayor protección.
Esto no implica que vayamos a desarmar la ciudad, pero todos los que conocemos algo, poco, de ordenamiento territorial, sabemos que esto podría ser mejor. Por ejemplo, todas las plantaciones que se desarrollan en sectores privados deberían tener ciertas normativas y controles en cuanto al tema de los cortafuegos, los espacios donde se pueda plantar, qué especies son un poco menos combustibles, etcétera.
Entonces, en el programa veo subsidios para gastar, pero en ninguna parte algo vinculado a cómo podemos ser capaces de hacer algo mejor que lo que estaba. Y no estoy hablando de dinero, sino de formas inteligentes de hacer las cosas mejor, incluso utilizando un tipo de material menos combustible o construyendo en sectores donde el sistema de implementación eléctrico sea diferente.
¿Cuándo vamos a hacer mejor las cosas? Lo pregunto porque, al final del día, lo que termina pasando es que todo sigue igual y esta historia se repite cíclicamente todos los años.
También quiero intervenir en torno al tema del control -acá está la subsecretaria, a quien saludo-, donde el Ministerio de Hacienda se hace cargo. Hay reglamentos que todavía se están por definir, pero sí es importante el control.
Y a mí me habría gustado que no solo se hubiera establecido la obligación de dar cuenta a la Comisión Especial Mixta cada cierta cantidad de meses, pero, bueno, es cosa de que cada uno de nosotros asista.
Pero sí es importante, y muchísimo, que a propósito de lo que nos ha ocurrido con las fundaciones y en otros problemas de corrupción que han afectado al Estado, podamos implementar sistemas de control mucho más exhaustivos.
Aprovechemos el enorme capital que está invirtiendo el Estado de Chile para prevenir. Hoy día tenemos grandes arquitectos, grandes planificadores. No veo en ninguna parte esto.
Y también veamos cómo a partir de este programa, que invierte tanta cantidad de dinero, pueda implementarse un programa de control más eficiente desde Contraloría que, de una manera u otra, haga innovación en política pública en torno al control de recursos y al uso de estos fondos públicos. O sea, por qué no aprovechamos las crisis, como los países desarrollados, para mejorar los procesos en política pública y también en planificación, cosa que hace mucha falta.
Yo, evidentemente, sé que la importancia hoy día está en las víctimas, pero un país inteligente aprende de sus errores y no los mantiene.
Voy a aprobar, Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senadora Carmen Gloria Aravena.
Tiene la palabra el senador Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Muchas gracias, Presidente.
Me referiré a este proyecto de inmediato, pero solo en treinta segundos quiero hacer mención al terrible deceso de la hija de un ciudadano de mi distrito, en Frutillar, Ignacia Albornoz Insulza, estudiante de la Escuela de Formación de Penitenciaria de Gendarmería de Chile, por la forma en que murió y cómo se pudo haber evitado esa muerte. Ojalá se investigue a fondo, porque se sostiene que no es la primera vez que pasa esto en Gendarmería. No solamente en el Ejército ocurre maltrato a los jóvenes que hacen el servicio.
Señor Presidente, con relación a este proyecto, yo quisiera sumarme a las palabras de la senadora Pascual, y lo hemos dicho en la Comisión de Hacienda: todo el apoyo. Porque cuando hay una catástrofe, independientemente de la región afectada, Chile siempre ha sido un país solidario.
Cuando tuvimos la catástrofe de Chaitén, todo el país se puso detrás de la ciudad; cuando erupcionó el volcán Calbuco, todo el país estuvo detrás para ayudar a la gente de Puerto Varas, que sufrió situaciones indescriptibles.
Cuando ocurrieron los incendios en la Octava Región, todo Chile estuvo detrás para aplacar el dolor que significa perderlo todo, no solo lo material. Como aquí lo dijeron los colegas Latorre y Núñez, se perdieron 135 vidas humanas en el caso de Valparaíso.
Por lo mismo, este proyecto tenemos que aprobarlo sin ningún tipo de egoísmo, pero siempre resguardando lo que nos corresponde a los que somos de regiones: que cuando ocurra una catástrofe en cualquier lugar, no sea que el resto de las regiones las que paguen en términos de disminuir los subsidios habitacionales, porque en dichas regiones también hay gente que vive en condiciones deplorables, que paga la mitad de su sueldo en un arriendo o viviendo de allegados en condiciones indignas.
Por supuesto, tenemos que ir en apoyo de la gente de Valparaíso. Y ojalá este fondo de emergencia transitorio tenga tales niveles de fiscalización que sea inviable e imposible un cuestionamiento futuro con respecto a cómo se utilizaron, de buena manera, los recursos que van en ayuda de las más de ocho mil familias de Valparaíso que lo perdieron todo.
Eso es lo que importa.
El daño que se le hizo al Ministerio de Vivienda estuvo en que las personas que mal utilizaron recursos lo hicieron en la línea más sensible de esa cartera, la línea de campamentos, que es la de mayor precariedad humana, pues en esos lugares no hay luz y ahí el invierno, el frío entran y calan por las ventanas y por las puertas.
A esa gente se les violentaron sus derechos desde el momento en que irresponsables cometieron actos de corrupción que hoy día están siendo investigados. Y se enlodó de manera injusta a todo un ministerio que, por largos años, ha realizado una tarea encomiable, porque lo que muchas veces no se dice es que Chile tiene uno de los mejores programas habitacionales del mundo desde el punto de vista de lo social, ya que no hay otros países en donde con un millón de pesos de ahorro, o incluso con 10 UF, tú obtienes tu casa propia sin quedarle debiendo un solo peso al Estado.
A veces nos olvidamos de eso; a veces nos olvidamos de las cosas buenas.
Por eso es importante que este fondo de emergencia transitorio, que tiene por objeto solventar los gastos para enfrentar las necesidades que depara esta megatragedia, sea utilizado de la mejor manera, y que el propio ministerio que hoy día está entregando estos recursos sea el que vele por que eso se cumpla de manera estricta.
Pero también sepamos que Valparaíso no es la única región que puede verse afectada por catástrofes de este tipo, porque hoy día el cambio climático nos ha llevado a que incluso en las regiones del sur de nuestro país se produzcan megaincendios, como el que vivimos hace poco tiempo en Castro, donde hubo cientos de viviendas que fueron destruidas.
¿Y eso por qué? Porque no hay una planificación en la construcción y hoy día seguimos construyendo sin importar el entorno, al lado del matorral que sea, con tal de que el terreno tenga factibilidad.
Tenemos que endosarle más responsabilidad al Estado para que eso no siga ocurriendo.
Termino mis palabras señalando algo que ya mencioné en la comisión -entiendo que la compañera senadora Allende estaba el día que yo lo dije-: el megaincendio estuvo a las puertas de Puerto Montt. Pudo haber ocurrido una tragedia como la que ocurrió en Valparaíso. Sin embargo, Conaf actuó a tiempo y bien.
¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras regiones -le pido treinta segundos para finalizar, Presidente- también hoy o el día de mañana, ni Dios lo quiera, pueden verse expuestas a una situación de tanta gravedad como la que vivieron las familias que lo perdieron todo. Porque cuando se quema una casa no se pierde solo lo material; se pierde el emprendimiento, se pierden los recuerdos, se pierde la construcción de una vida en familia. Lo material generalmente se termina recuperando; lo que no se recupera es el dolor de ver que se te quema todo, pudiendo el Estado haber actuado de una manera distinta, más allá del gobierno de turno, ¡más allá del gobierno de turno! Esto no tiene que ver con un gobierno en particular, sino con la oportunidad.
Yo espero, señora subsecretaria, que este proyecto contribuya a que efectivamente se logre apoyar a tiempo a esas familias, que no pasen tres ni cuatro años para ello. Las experiencias de nuestras tragedias nos han ido demostrando que podemos avanzar más rápido y nos permiten actuar con mayor rapidez.
Por eso confiamos en que la gente de esta región no tenga que esperar cuatro o cinco años para ver reconstruidas sus vidas.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Espinoza.
Tiene la palabra el senador Alfonso de Urresti.
Después le vamos a ofrecer la palabra, por algunos minutos, a la señora subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Gracias, Presidente.
Luego de escuchar este debate y de haber estudiado el proyecto, sin lugar a dudas lo vamos a apoyar.
Sin embargo, el sentido del debate -y es unánime la discusión- debe apuntar a entender que en Chile no podemos seguir trabajando o implementando leyes especiales para situaciones que ya no son particulares o accidentales.
El megaincendio de Valparaíso es desastroso; estuvo al borde de multiplicar o triplicar los afectados. Pero esta es una situación que está ocurriendo proporcionalmente en otros lugares.
Lo conversábamos con algunos senadores.
Hace un par de años se quemó una buena parte de Castro. Hace diez años se incendió una buena extensión de localidades en la región del Maule.
Hoy día tenemos una serie de pequeños pueblos o villorrios que no tienen identificación en la mente ni en la geografía del centralismo santiaguino, pero también se van a ver afectados.
Entonces, es paradójico que el Estado de Chile, frente a una situación que nos está ocurriendo todos los veranos, particularmente los megaincendios, tengamos que recurrir a una ley particular mediante la cual se crea una institucionalidad ad hoc. Y creo que eso no es bueno.
En Chile, revisados los antecedentes de las catástrofes, tanto para terremotos como ahora para incendios, hemos respondido con proyectos particulares de resolución o de reconstrucción.
Por lo tanto, habiendo particularidades distintas entre unas y otras, hay rasgos comunes: afectación de familias, reconstrucción, saneamiento de terrenos para reconstruir, habilitación de la infraestructura urbana mínima para poder volver a ponerse de pie.
Entonces, creo que ya es tiempo de que la reflexión no sea solo a través del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, sino además de alguna glosa que permita una situación distinta. Yo le pido ahí a la subsecretaria que nos dé alguna referencia si en la Ley de Presupuestos por lo menos habría un instrumento, un dispositivo que facilite eso.
El artículo 2 de este proyecto dice que el Fondo se va a financiar con aportes provenientes de activos disponibles del Tesoro Público. Yo me pregunto de dónde salen estos recursos; qué otra actividad u otro financiamiento se va a ver mermado, porque muchas veces vemos que la propia capacidad y la infraestructura del Ministerio de Vivienda, no solo los fondos del Tesoro Público, terminan siendo destinadas a una región en desmedro de otros territorios.
En segundo lugar, ministra -por su intermedio, Presidente-, para evitar cualquier duda, me parece importante aclarar lo que se señala en el artículo 1 en cuanto a que "Estos gastos se podrán ejecutar a través de programas creados para este efecto en las leyes de Presupuestos de los años 2024, 2025 y 2026, mediante decreto dictado en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley 1.263, de 1975, (...) e incluyen acciones ejecutadas a través de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro".
Creo que es muy relevante, para evitar situaciones desastrosas y de mala ejecución como las que vimos, saber quiénes son esas entidades y esas personas jurídicas sin fines de lucro. Si es a través de las municipalidades, absolutamente de acuerdo. Las municipalidades de Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana, de Valparaíso, de distintos lugares, son entidades con responsabilidad administrativa y sujetas a Contraloría.
Otra cosa que quiero saber también, ya que va a intervenir la subsecretaria, es qué personas jurídicas sin fines de lucro son aquellas a que se hace referencia en dicho artículo.
Por último, también es tremendamente relevante en esta discusión entender qué sucederá al término de la vigencia de este fondo. Se establece que se extingue por el propio ministerio de la ley al cumplir el plazo. ¿Pero qué sucede si no se alcanza a completar la reconstrucción o las obras que se han planificado? Porque, en definitiva, lo que está disponiendo esta norma es que no solo se va a reconstruir, sino que también se va a sanear, habilitar ayuda psicosocial y otros aspectos.
Me gustaría también que la subsecretaria, para la historia de la ley, nos pueda indicar cuál es el plazo de vigencia, no obstante que existe norma expresa que establece el cumplimiento del plazo, y qué ocurre si se necesita ampliar o no se ha terminado en la fecha dispuesta la tarea encomendada.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador De Urresti.
Ofrezco la palabra a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
La señora BERNER (subsecretaria de Hacienda).-
Gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo a todas las senadoras y los senadores presentes.
Voy a tratar de ir respondiendo un conjunto de consultas y además aprovechar de explicar las dos indicaciones que se están votando junto con la idea de legislar del proyecto.
Como se ha señalado en varias intervenciones, lo que se está creando es un fondo presupuestario de carácter transitorio, cuya duración es hasta el 31 de diciembre de 2026. Una de las preguntas que surgieron en la discusión fue, si a esa fecha quedaban recursos remanentes en el Fondo, qué pasaba con ellos. Y a eso se refiere la primera indicación, que establece que esos recursos pasarían a ser parte del FEES.
Ahora, en general no esperamos que de aquí al 2026 no se hayan ejecutado todas las obras que requiere la reconstrucción, porque ya se ha levantado un plan de reconstrucción, al que hizo alusión con bastante detalle el senador Coloma, que incorpora tanto la parte habitacional y la reconstrucción de viviendas, incluyendo las expropiaciones, las demoliciones, el diseño urbano, como también todas las medidas urbanas propiamente tales, que dicen relación con el mejoramiento de los espacios públicos, vías de evacuación, rutas peatonales, sedes sociales, el Jardín Botánico.
Por lo tanto, aquí hay un plan que va más allá de la reconstrucción de viviendas, va más allá de volver a construir de la misma forma en que estaba y de generar vías de evacuación, que fue parte del problema a la hora de la tragedia.
Ahora, como estas tragedias son de magnitudes muy importantes, no es posible cubrirlas con el presupuesto de la nación hoy día vigente, ni con las futuras leyes de presupuestos, considerando nuestra regla de balance estructural.
Por eso se genera este fondo, que tiene su propia fuente de financiamiento.
Una parte importante de esa fuente de financiamiento es el impuesto sustitutivo a los impuestos finales, que son 640.000 millones de pesos, y otra tiene que ver con reasignaciones del presupuesto actual, pero sin afectar, como aquí se ha preguntado varias veces, el presupuesto regular de Vivienda, por ejemplo, para no perjudicar el plan de vivienda habitacional.
Dicho eso -ya expliqué la primera indicación-, la segunda indicación tiene que ver con el impuesto sustitutivo a las utilidades anotadas en los registros de rentas afectas a impuesto, que es conocida como "RAI", que incluyen también las utilidades acumuladas del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) al 31 de diciembre del 2026.
De alguna forma, se detectó en la tramitación una leve inconsistencia entre cómo estaba redactado el artículo 10, en los números 8 y 9, por lo que se expresó de mejor manera el numeral 8, para que quedara claro que las cantidades acogidas a este impuesto no estarán sujetas al orden de imputación que establece el impuesto a la renta, pudiendo ser retirada cuando el contribuyente lo decida.
Y eso es lo que permite la segunda indicación, para hacer más clara la redacción.
También aquí se ha señalado varias veces el rol que cumplen las fundaciones sin fines de lucro y cómo van a ejecutar.
Como dispone el proyecto, se va a crear un programa presupuestario específico, con normas de control especiales -eso es el artículo 4 de esta iniciativa de ley-, en el cual se da cuenta de que los recursos del Fondo son administrados por el Ministerio de Hacienda y que se debe informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Pero también, como lo señaló la senadora Aravena, no solo tiene que informar el Ministerio de Hacienda, sino también los ministerios que reciben estos recursos. Y lo que aquí se mandata en particular es a que esos ministerios deben informar a las respectivas subcomisiones, para que el proceso sea más expedito con las personas que conocen cada uno de los sectores; en este caso, el Minvu y el MOP, que son los que probablemente recibirán la mayor cantidad de recursos de estos programas presupuestarios que se van a tener que crear donde corresponda para ejecutar la reconstrucción.
Adicionalmente, en este proyecto se modifica la ley 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivos tributarios para las donaciones efectuadas en caso de catástrofes, para promover y facilitar su utilización. ¿Para qué? Para obras que podrán ser ejecutadas por organismos públicos. Este es el fondo, si no lo recuerdan, que se crea justamente con el terremoto... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Decía que ese es el fondo que se crea con el terremoto, para la cooperación público-privada, donde se establece que el donante puede entregar recursos a organismos públicos, que tienen proyectos que deben ser previamente aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero aquí se agrega la posibilidad de que sean ejecutados por entidades sin fines de lucro, que cuenten con experiencia comprobable y fehaciente en la materia de la obra a ejecutar, y además se genera un registro público, actualizado, que individualice a los ejecutores, las obras a su cargo y el estado de avance de las mismas.
Y eso también se tiene que reportar, de acuerdo al artículo 4, relativo al control.
Con respecto a los trámites que aquí se han señalado sobre cómo se apura, hay tres artículos que me gustaría mencionar: el primero, se refiere a la modificación de... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... la Ley de Rentas Municipales, que permite a los municipios rebajar o, excepcionalmente, eximir del pago de los derechos municipales para las subdivisiones de terrenos fiscales requeridos para ejecutar los proyectos de emergencia habitacional.
Ese es un tema importante.
El segundo es el artículo 8, el cual hace referencia a las obras que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas para poder intervenir en infraestructura vial y canales de propiedad privada, previa a la autorización, por supuesto, de los adquirientes.
Esa también es una norma que permite agilizar las obras.
Y el otro es el artículo 9, que dice relación con la evaluación social de los proyectos de inversión pública, mediante el cual se va a generar un mecanismo abreviado que será trabajado en conjunto con los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social para las obras que ejecute el MOP.
Eso es todo lo que puedo señalar al respecto, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, subsecretaria.
¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?
(Pausa).
¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (36 votos a favor y 1 en contra), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional exigido, y queda despachada la iniciativa en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Espinoza, Galilea, García, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
Votó por la negativa el señor Castro Prieto.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Queda, por tanto, aprobada la iniciativa en general y en particular.
Son las 19:20. ¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día hasta las 20 horas y, respecto del tercer proyecto de la tabla, hacer una sola votación? Estamos a la espera de que ingrese la indicación acordada por el Ejecutivo.
Si le parece a la Sala, prorrogaremos el Orden del Día hasta las 20 horas...
El señor DE URRESTI.-
¡Presidente!
El señor GARCÍA (Presidente).-
Perdón, tiene la palabra el senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
¿Vamos a poder argumentar y fundamentar nuestro voto con respecto a la discusión de esa iniciativa?
El señor GARCÍA (Presidente).-
Un momentito, por favor.
(Luego de unos instantes).
Vamos a ofrecer la palabra; eso de todas maneras. Lo que podemos hacer es abrir la votación, lo cual permite que quienes estén inscritos para intervenir lo hagan.
Son varias las votaciones, pero podemos hacer una sola, aunque ello requiere que logremos el quorum de aprobación más alto, para no tener dificultades después.
¿Se entiende?
La señora RINCÓN.-
Sí.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Entonces, ¿habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día y proceder de la manera indicada?
Así se acuerda.
Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Disculpe, Presidente, pero entendiendo que la sesión termina a las ocho de la tarde, deberemos ser bien rigurosos con los tiempos.
No sé si llegó la indicación. ¿Cómo vamos a votar algo que no tenemos ni siquiera a la vista?
Sé que es importante que se vote este proyecto, pero no todos participamos en la Comisión de Transportes.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Sugiero que hagamos lo siguiente: partamos con la relación que debe hacer el señor Secretario; luego escucharemos el informe que tiene que dar la presidenta de la Comisión de Transportes; después le ofreceremos la palabra al ministro, y las senadoras y los senadores se podrán ir inscribiendo mientras abrimos la votación.
Creo que con esas primeras tres intervenciones ya vamos a quedar bastante ilustrados respecto del proyecto.
La indicación ofrecida por el Ejecutivo está por ingresar. Me señalan que aún no lo ha hecho, pero ello puede ocurrir en unos minutos más. Estamos revisando eso.
Antes de iniciar la discusión del proyecto, debo señalar que el ministro nos ha solicitado autorización para que ingrese a la sala la asesora legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz.
¿Habría acuerdo para ello?
Así se acuerda.
Tiene la palabra el señor Secretario.
NUEVO MARCO DE FINANCIAMIENTO Y MEJORAS PARA TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, iniciativa que corresponde al boletín No 15.140-15.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.140-15) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión celebrada el 1º de marzo de 2023, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones e informe de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos del proyecto de ley que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde dar por aprobados los números 2, que pasó a ser 6; y 5, que pasó a ser 14, ambos numerales del artículo 1 de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador solicite su discusión y votación.
La referida comisión, además, efectuó diversas modificaciones al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron acordadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, esto es, el artículo 1, con excepción de su número 6; y el artículo 2, permanentes, ambos en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, como reglamentariamente corresponde.
También se pronunció respecto de las indicaciones presentadas ante dicha instancia.
Además, dicha comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que introdujo modificaciones en las siguientes disposiciones del texto despachado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en su segundo informe: en el artículo 1, numerales 1; 2, acápite "En el inicio tercero", letra b); 3, letra c); 4; y 13, letra b), ordinal i, segundo acápite. Asimismo, incorporó un artículo transitorio nuevo.
Las referidas enmiendas de la Comisión de Hacienda, así como las mencionadas normas de su competencia, fueron aprobadas con las votaciones unánimes que registra en su informe, con excepción de una de ellas, que fue sancionada por mayoría de votos, por lo que será puesta en discusión y votación en su oportunidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existieren indicaciones renovadas.
Entre las enmiendas unánimes, la relativa al número 8, nuevo, del artículo 1 requiere de 25 votos favorables para su aprobación, por tratarse de una norma de quorum calificado.
Modificaciones que fueron aprobadas por mayoría de votos, en el artículo 1 del proyecto, que modifica la ley No 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros:
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, en la sustitución del número 1, que pasó a ser 2, que modifica el artículo 2 de la ley, las enmiendas contempladas respecto del inciso primero, signadas con las letras a) y b), que se encuentran en las páginas 2 y 3 del comparado; y la enmienda al inciso final, para agregar una oración final, que figura en las páginas 6 y 7 del comparado.
De la Comisión de Hacienda, en la sustitución del número 4 nuevo, que modifica el artículo 6° de la ley, la enmienda consistente en intercalar un inciso tercero, signada con el ordinal ii), que se encuentra en las páginas 12, 13, 14 y 15 del comparado.
Sus señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las modificaciones realizadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda y el texto que resultaría de aprobarse estas modificaciones.
En consecuencia, como ha sido indicado, habría que votar todas aquellas normas que no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe, todas las enmiendas acordadas por unanimidad y, por último, las tres modificaciones aprobadas por mayoría.
Asimismo, se debe hacer presente que el Ejecutivo ha ingresado la indicación comprometida...
El señor GARCÍA (Presidente).-
Tengo la impresión de que la indicación que llegó a la Mesa no es exactamente lo que se había acordado.
Señor Secretario, termine la relación; luego de ello le ofreceremos la palabra a la presidenta de la Comisión, y, posteriormente, al ministro.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Como se indicó, ha llegado a la Mesa una indicación presentada por el Ejecutivo, a la que se le dará lectura en su oportunidad, la cual, para ser admitida a tramitación, requiere el acuerdo unánime de la Sala. Y, tal como resolvieron recién sus señorías, de haber unanimidad para ello, se efectuaría una sola votación, que comprendería todas las normas señaladas precedentemente, incluidas las enmiendas acordadas por mayoría y la indicación del Gobierno.
La indicación que ha ingresado el Ejecutivo es del siguiente tenor.
Al artículo 1, para modificar el numeral i del literal b) del numeral 13 en el siguiente sentido:
1) Reemplázase la segunda viñeta por la siguiente:
"-Agrégase, a continuación de la frase "y eficiencia en beneficio de los usuarios", la siguiente oración: ", junto a la infraestructura habilitante necesaria para el uso de las tecnologías incorporadas. Además, los Gobiernos Regionales podrán convocar a programas de renovación de los taxis básicos, ejecutivos y de turismo, definidos en el decreto supremo N° 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 1992, o el que lo reemplace, para prestar los servicios de transporte remunerado de pasajeros por medio de vehículos con cero emisiones, además de la infraestructura habilitante necesaria para el uso de la tecnología que se trate. Durante cuatro años contados desde la publicación de esta ley, el beneficio de renovación de vehículos antes indicado será aplicable para optar a la renovación por vehículos a combustión interna o de tecnologías híbridas.".".
Ese es el texto de la indicación ingresada por el Ejecutivo, que -reitero- requiere el acuerdo unánime de la Sala para ser incorporada a tramitación.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para incluir la indicación señalada.
El senador De Urresti está pidiendo la palabra.
El señor DE URRESTI.-
Presidente, antes de dar la unanimidad para eso, sería bueno explicar de dónde nace la indicación.
Creo que es en Hacienda.
No somos integrantes de Hacienda; entonces, hay que ver, más allá de lo que usted ha señalado, cuál es su propósito.
Yo sé que hay mucho interés de Hacienda en este tipo de situaciones, y me imagino que es por los taxistas que no estaban incluidos. Sin embargo, considero importante que haya mayor explicación al respecto, por las facilidades que estamos dando para tramitar un proyecto muy relevante que favorece a las regiones, pero en que hemos visto mucho gato pasado por liebre durante años, y el ministro lo sabe.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muy bien. Gracias.
El señor DE URRESTI.-
Pero, ¡no! Espéreme un poquito. No he terminado mi intervención.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Sí, tiene razón, senador.
El señor DE URRESTI.-
Es importante que todos sepamos lo que se está votando, no solo lo que se ha señalado; cuál es el objetivo de la indicación.
Está en la sala la presidenta de la Comisión de Transportes, y sería bueno que ella pudiera informar sobre esta situación, o el Ejecutivo.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senador, tiene razón.
Vamos a pedir la unanimidad para el ingreso de la indicación luego de escuchar a la presidenta de la Comisión y al ministro.
Tiene la palabra la senadora Ximena Órdenes para que entregue el informe de la Comisión de Trasportes.
La señora ÓRDENES.-
Señor Presidente, el proyecto que esta Sala va a discutir en particular, en segundo trámite constitucional, tiene su origen en mensaje del Presidente de la República, señor Gabriel Boric, de fecha 29 de junio de 2022, y establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros.
Cabe consignar que, luego de su aprobación en general por la Sala del Senado el 1 de marzo de 2023, se abrieron tres plazos para presentar indicaciones, por lo que corresponde en esta oportunidad presentar el segundo informe.
En el mencionado plazo se presentaron cincuenta y seis indicaciones al texto aprobado en general.
Durante el análisis de este proyecto, la Comisión contó con la participación del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz; del subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza; del jefe de gabinete del ministro, señor Roberto Flores; del jefe de gabinete del subsecretario de Transportes, señor Óscar Sandoval; del jefe de asesores del Ministerio, señor Cristóbal Pineda, y de la coordinadora legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz.
La Comisión se abocó al estudio de cincuenta y seis indicaciones presentadas al texto aprobado en general, dejando constancia del debate de que fueron objeto, como asimismo de las disposiciones en que ellas inciden y de los acuerdos adoptados sobre las mismas.
El objetivo de esta iniciativa es disponer los recursos públicos necesarios para enfrentar la compleja coyuntura económica del transporte público remunerado de pasajeros mediante la implementación de mecanismos urgentes que permitan ejecutar políticas públicas orientadas a un transporte público moderno, sustentable, más igualitario, mediante modificaciones de las normas legales que sustentan el funcionamiento y regulan los actuales sistemas de transporte público del país.
Las enmiendas incorporadas al proyecto en líneas generales son las siguientes:
1.-
Se amplió la definición del objeto de los subsidios para el transporte público.
2.-
Se incrementaron los fondos permanentes que conforman los subsidios al transporte público. En cuanto a los subsidios transitorios, también se incrementan los montos y la transitoriedad se extiende hasta el año 2032. Además, se unifican los subsidios transitorios, actualmente divididos en el subsidio especial y en el subsidio especial adicional. Así, el subsidio especial adicional desaparece.
3.-
Se reconocen dos nuevos modos de transporte sustentable, se incorporan los ciclos como parte de la definición de los modos de transporte público.
4.-
Se fortalece la regulación contractual de los sistemas regionales de la siguiente manera:
i) En zonas rurales y de modo debidamente justificado, se incorpora una excepción para poder subsidiar el transporte de pasajeros en modo marítimo, lacustre o fluvial en lugares donde ya existía oferta privada.
ii) Se faculta a los gobiernos regionales para que realicen una priorización de proyectos nuevos respecto de los subsidios del Ministerio de Transportes destinados al transporte remunerado de pasajeros en zonas aisladas, al transporte escolar y al transporte rural.
iii) Se amplía la atribución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el uso de la figura de los bienes afectos a la concesión para aquellos contratos que se presten en las zonas a las que se refiere el artículo 2°, numeral ii), de la ley N° 20.378 (zonas fuera de Red), y respecto de aquellos beneficiarios de subsidios que presten los servicios de transporte remunerado de pasajeros en zonas aisladas, transporte escolar y transporte rural.
5.-
Se establecen nuevas obligaciones de información por parte del Ministerio a ambas cámaras respecto de:
i) la implementación y resultados de los planes antievasión;
ii) los planes de expansión de Red; y,
iii) el gasto fiscal que implica la entrega de los subsidios.
6.-
Se propone una reestructuración de los límites de las modificaciones tarifarias en el Sistema Red y dos modificaciones a la regulación de las variaciones tarifarias. Al respecto, se elimina el límite actual de que la tarifa en el Sistema Red deba ser en múltiplos de diez y se amplían los casos en que aplicaría el límite para los aumentos tarifarios correspondientes al 5 por ciento respecto de la tarifa adulto vigente en el Sistema Red.
7.-
Se establecen obligaciones de confidencialidad para los miembros del Panel de Expertos.
8.-
Se agregan las siguientes facultades para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
i) Para poder ejecutar, por medio de su presupuesto, obras públicas mayores que sean complementarias a la infraestructura de transportes.
ii) Para realizar actos sobre bienes muebles e inmuebles (adquirir, instalar, administrar, arrendar, operar y recibir en comodato). Actualmente, estas facultades están restringidas solo para terminales de buses e intermodales, y se incorpora una regla programática en el sentido de que las facultades se amplían a fin de asegurar la conectividad en zonas aisladas del país.
iii) Para realizar proyectos piloto por un tiempo limitado (un año) y que tengan por objeto probar nuevas tecnologías o evaluar la extensión geográfica de los sistemas o servicios de transporte público, y
iv) Para requerir información a los concesionarios y beneficiarios de los subsidios de transporte escolar, rurales y zonas aisladas.
9.-
Se amplían las obligaciones al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de entrega de información:
i) Se establece la obligación para el Ministerio de informar anualmente a las comisiones de Transportes de ambas cámaras respecto de la implementación y resultados de los planes de antievasión en el transporte público.
ii) Se establece la obligación para la Dirección de Transporte Público Mayor, por medio del Ministerio, de informar al Ministerio de Hacienda todos los contratos que utilicen subsidios al Sistema Red.
10.-
Se reestructura la administración del Fondo de Apoyo Regional (FAR) para fortalecer la toma de decisiones de los gobiernos regionales con la incorporación de las siguientes modificaciones:
i) Dentro de los programas de apoyo al transporte regional, regulado en el artículo 5° de la ley N° 20.378, se otorga una facultad a los gores para que prioricen al Ministerio de Transportes proyectos nuevos en materia de transporte en zonas aisladas, en transporte escolar y en zonas rurales.
ii) Se reformula también la regulación del FAR, eliminando la opción de que por medio de este fondo se financie cualquier proyecto de desarrollo regional. El objeto de esta eliminación es enfocar el FAR en proyectos de transporte público o en proyectos habilitantes para este, y se limitan los destinos del Fondo para iniciativas de transporte público mayor, colectivo menor, ciclos y conectividad terrestre, marítima, lacustre, aérea y fluvial.
iii) A su vez, se reemplazó el nombre de este fondo por "Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional", enfocado en su objetivo de destinarlo a proyectos de transporte, y agrega la palabra "conectividad" a fin de reconocer también esta clase de servicios que actualmente se presta en zonas aisladas. Así, el nombre propuesto para el FAR, repito, es "Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional".
iv) Dentro de las modificaciones a la regulación del FAR, para el financiamiento de los programas de renovación (letra a) del artículo cuarto transitorio), se habilita el financiamiento de infraestructura asociada a la electromovilidad (cargadores) para colectivos y se incorpora a los taxis básicos para que puedan optar a programas de renovación de vehículos cero emisiones junto con la infraestructura asociada. Se faculta al Gore de la región Metropolitana para financiar programas de renovación dentro de las provincias de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto (zona Sistema Red).
v) Al eliminarse la opción de que el FAR financie proyectos de "desarrollo regional", se reemplaza la letra c) del artículo cuarto transitorio por una habilitación para el financiamiento de proyectos de inversión que constituyan infraestructura habilitante para la implementación de servicios de transporte público o para la conectividad de zonas aisladas.
vi) Asimismo, se establece que al menos un 50 por ciento de la asignación con cargo al Fondo se destine a proyectos de renovación de vehículos o a proyectos de infraestructura de transportes o a gastos operacionales. Para este fin, se establece que el Ministerio de Transportes deberá prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales con el objeto de que estos puedan ejecutar estos fondos.
vii) Luego, se establece que, si se trata de subsidios operacionales, los gores deberán ejecutarlos con la validación técnica del Ministerio de Transportes, el que, además, será el órgano ejecutor de estos subsidios.
A fin de fiscalizar el uso del porcentaje antes indicado para los programas correspondientes, se establece una obligación a los gobiernos regionales de informar anualmente a las comisiones técnicas de Transportes de ambas cámaras respecto de los proyectos ejecutados con estos fondos.
11.-
Se propone la creación de directorios de transporte público regionales y la conformación de comités de transporte regional, integrados por seremías relacionadas con el desarrollo urbano, a fin de establecer una acción coordinada en el diseño del transporte público. Se establece que la conformación de los comités sea siempre que exista alguna ciudad o comuna con algún tipo de regulación. Y se excluye a la región Metropolitana, dado que su complejidad amerita la existencia de un directorio que ya se encuentra en plena operación... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Estoy terminando.
Se deja para un reglamento la determinación de la estructura orgánica de estos directorios.
12.-
Se amplían las facultades contractuales para los sistemas regulados regionales mediante la inclusión de figuras que actualmente solo se encuentran restringidas para el Sistema Red. Tales son:
i) Se integran los servicios complementarios para los servicios regionales.
ii) Se amplía la facultad para requerir información a los operadores.
iii) Se amplía la aplicación del régimen de bienes afectos a la concesión para que puedan ser incorporados en los contratos regionales.
13.-
Por último, se modifican las reglas de adjudicación en procesos de licitación de las plantas de revisión técnica. Actualmente, la adjudicación solo se basa en mejor precio. La modificación abre la posibilidad de generar mejores licitaciones, permitiendo que la adjudicación sea al que presente la propuesta más ventajosa, evaluando la oferta técnica y económica. Además, se replica el modelo de bienes afectos a la concesión que existe para las licitaciones de Red.
Finalmente, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, la discusión de los preceptos abordados y los acuerdos alcanzados a su respecto.
Es cuanto puedo informar en mi calidad de presidenta de la Comisión.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Ximena Órdenes.
Ofrezco la palabra al señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor MUÑOZ (ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero saludar a las y los senadores que se encuentran presentes, y especialmente a quienes conforman las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, con quienes trabajamos de manera colaborativa para generar un buen proyecto de ley, el que hoy se somete a votación particular.
La presentación que ha hecho la presidenta de la Comisión de Transportes me parece suficientemente clara y detallada. Por lo tanto, más bien voy a concentrar mi exposición solo en la indicación que ingresó el Ejecutivo, que es especialmente sentida por el gremio de los taxistas.
Hago presente que por primera vez en la historia de la ley de subsidios se facultará a los gobiernos regionales para subsidiar taxis.
El Ejecutivo, durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, presentó una indicación que permite la renovación de estos vehículos por automóviles cero emisiones, la que fue aprobada. Luego, en la Comisión de Hacienda se aprobó una indicación que permite gradualidad en la renovación de vehículos de taxis básicos por vehículos convencionales por un período de seis años.
Con todo, dado el interés del gremio de que exista un período de transición, el Ejecutivo propuso una indicación -está en sus manos- para que este período sea de cuatro años y no de seis, pero que además beneficie no solo a taxis colectivos, sino también a taxis ejecutivos y de turismo; y que la renovación pueda incluir a vehículos con tecnologías híbridas.
Esta reducción de seis a cuatro años obedece a que el país se ha propuesto alcanzar una flota de transporte público cien por ciento cero emisiones al 2040. Dado que los taxis operan en regiones hasta quince años, eso exige que los nuevos vehículos que se sumen al sistema sean eléctricos o cero emisiones muy pronto.
Esperamos su apoyo para la aprobación de esta indicación.
Desde el Ministerio agradecemos el trabajo y el interés de las señoras y los señores senadores en mejorar este proyecto de ley, que tiene por finalidad última beneficiar a la población de nuestro país, de modo que puedan contar con un transporte público confiable, accesible y de buena calidad.
Muchas gracias.
(Aplausos en tribunas).
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, señor ministro.
Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas no hacer manifestaciones, para que nos ayuden al pronto despacho del proyecto.
¿Habría unanimidad para incorporar la indicación del Ejecutivo?
El señor COLOMA.-
Sí.
El señor GARCÍA (Presidente).-
La referida a los cuatro años.
¿Hay acuerdo?
La señora RINCÓN.-
Sí.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Así se acuerda.
(Aplausos y manifestaciones de apoyo en tribunas).
La señora EBENSPERGER.-
Presidente, ¿la Comisión de Hacienda no va a dar un informe?
El señor COLOMA.-
Falta el informe de Hacienda.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Están solicitando el informe de la Comisión de Hacienda, senador Lagos.
Senador Ricardo Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, no es mucho más lo que puedo agregar.
La Comisión de Hacienda conoció el proyecto en comento "en su caso".
Abrimos un plazo para indicaciones y se presentaron diecinueve, la mayoría de la cuales fueron declaradas inadmisibles, mientras otras se aprobaron.
De estas, algunas son las que motivaron la indicación que presentó el Ejecutivo en el día de hoy, por cuanto la proposición que se aprobó en la Comisión establecía una transición de seis años y, además, se aplicaba a determinado rubro del sector taxis. En este caso, se ha reducido la gradualidad, presentada por el Ejecutivo, pero se amplía el universo de beneficiarios.
En lo medular, eso es lo que ocurrió.
En la Comisión recibimos una cantidad muy grande de comentarios de distintas instituciones:
-De la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile.
-De la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile.
-De la Asociación de Taxistas Independientes de Chile.
-De la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo.
-De la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile.
Además, concurrieron funcionarios de Gobierno.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones determinó que, de conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda debía pronunciarse solo respecto a disposiciones en su caso, que correspondían a una parte sustantiva del proyecto.
Las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda dicen relación básicamente con los siguiente:
-Perfeccionamientos de redacción.
-Información sobre ejecución y cumplimiento de los planes antievasión.
-Publicación del informe de gestión.
-Gradualidad en la renovación de los vehículos a combustión interna.
-Evaluación técnica económica del panel de expertos, que analice la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos entregados mediante los subsidios para el sistema de transporte público de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
Con respecto al financiamiento -para terminar este informe-, la modificación de la ley N° 20.378 va a permitir mantener vigentes los montos de los aportes especiales dispuestos en ella e incrementar el monto del subsidio permanente.
Por otra parte, dado que los recursos dispuestos para la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto tienen su equivalente o espejo en regiones, esta reforma permitirá mantener el nivel de recursos destinados al FAR, que figura con un nombre distinto, como informó recién la presidenta de la Comisión de Transportes.
Finalmente, para el año 2024 se contempla un mayor gasto fiscal de $ 870.497.249 (miles).
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Lagos.
La señora EBENSPERGER.-
Abra la votación, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Sería una sola.
La señora RINCÓN.-
Sí.
El señor COLOMA.-
Sí.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Así se acuerda.
En votación.
(Durante la votación).
Se han inscrito el senador Van Rysselberghe, la senadora Pascual, el senador Keitel, el senador Bianchi, el senador Coloma, el senador Kusanovic, la senadora Rincón, el senador Walker, la senadora Allende, el senador Sandoval, el senador De Urresti, la senadora Provoste, el senador Chahuán y la senadora Órdenes.
Vamos a ofrecer la palabra en ese orden.
¿Habría acuerdo en que las intervenciones fueran de tres minutos?
La señora RINCÓN.-
Sí.
El señor DURANA.-
Dos.
La señora PASCUAL.-
No.
El señor GARCÍA (Presidente).-
La senadora Pascual no da el acuerdo.
Muy bien.
Ofrezco la palabra al senador Enrique van Rysselberghe.
(Diálogos en la sala).
Aclaro que estamos con cinco minutos, porque no hubo acuerdo para bajarlos a tres.
Senador Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Muchas gracias, Presidente.
Saludo al ministro y a su asesora Viviana Díaz.
Como se señaló en el informe del proyecto de ley que entregó nuestra presidenta de la Comisión de Transportes, su objetivo es disponer de recursos públicos para enfrentar la compleja coyuntura económica y sanitaria del transporte remunerado de pasajeros, mediante la implementación de mecanismos urgentes que permitan ejecutar políticas públicas orientadas a un transporte público moderno, sustentable y más igualitario, a través de modificaciones de las normas legales que sustentan el funcionamiento y regulan los actuales sistemas de transporte público del país.
En la práctica, lo que hace este proyecto es definir un nuevo marco de financiamiento para los sistemas de transporte público de regiones y de la región Metropolitana, aumentando el monto del subsidio permanente, y ampliar a los sistemas de transporte público regional figuras que modernicen y aseguren la continuidad de sus servicios.
Lo anterior se justifica en que en los últimos años los costos de todos los sistemas de transporte del país han ido al alza, producto de un escenario multifactorial, marcado por el excesivo tiempo de congelamiento tarifario, la disminución de la demanda dada la emergencia sanitaria, la inflación, el aumento de costos de operación y el alza del precio internacional del petróleo, todo lo cual generó un escenario de estrechez financiera, a lo que se suma la alta incertidumbre a la que estos factores están sujetos.
Pero, Presidente, el cambio más significativo de este proyecto es, a mi juicio, la resolución y mejora que se genera para la utilización del Fondo de Apoyo Regional, más conocido como "FAR", que todas las regiones de Chile tienen a su disposición.
Actualmente, los gobiernos regionales están limitados en el uso de estos fondos solo para inversión y no para gastos. Lo anterior ha implicado que estos dineros solo hayan sido invertidos en infraestructura, y no necesariamente asociada al transporte, y en cualquier otro proyecto que no suponga un gasto permanente.
Con la nueva ley en proyecto se introducen cambios importantes en el FAR, como el manejo y la decisión por parte de los gobiernos regionales del 100 por ciento de estos fondos, dejando de depender administrativa y financieramente de Santiago, y además se determina que el 50 por ciento de los recursos deberá ser utilizado cada año en forma exclusiva en obras relacionadas directamente con la conectividad en transporte o en telecomunicaciones.
Sobre este último punto quiero hacer un especial énfasis, ya que con esta nueva normativa se abre la posibilidad de que parte de los recursos del FAR se utilicen en proyectos de conectividad digital. Con la incorporación de este objetivo dentro de los destinos posibles de este fondo, la administración regional del FAR podrá considerar avances en proyectos de conectividad, especialmente en regiones extremas y en zonas rurales, donde actualmente la brecha digital continúa siendo una importante fuente de disparidad entre las áreas urbanas y centrales del país.
De la misma forma, este nuevo texto toma el resguardo sobre una serie de materias que han preocupado a diversos actores regionales del transporte público, como es el asegurar que las remuneraciones de los trabajadores del transporte no se vean afectadas, producto de la entrega de subsidios a los servicios en que se desempeñan, o el flexibilizar los plazos considerados para la implementación de los programas que permitan renovar vehículos del transporte público en regiones, en consideración a su antigüedad.
Finalmente, Presidente, quiero destacar la labor realizada por los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y sus asesores legislativos, en conjunto con el ministro Juan Carlos Muñoz y su equipo legislativo del Ministerio de Transportes, quienes trabajaron en forma seria y metódica para lograr los acuerdos necesarios tendientes a consensuar la redacción en una serie de materias relacionadas con este proyecto de ley, que resultaron innovadoras y que entregan a las regiones mayores facultades financieras y técnicas con el objeto de mejorar y ampliar los sistemas de transporte público para todos los chilenos.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Claudia Pascual; luego, el senador Sebastián Keitel.
La señora PASCUAL.-
Gracias, Presidente.
Yo voy a aprobar este proyecto de ley, porque me parece que es sumamente importante. Pero deseo dejar establecido además un principio con el cual quiero ser muy coherente. Lo he hecho en votaciones anteriores y seguiré haciéndolo en votaciones sucesivas.
Voy a apoyar todo proyecto de ley que implique el transporte público mejorado en todas y en cada una de las regiones de mi país.
Voy a aprobar cualquier proyecto de ley que permita mejorar las condiciones de conectividad y de transporte ¡en todas las comunas rurales de la región Metropolitana!
Pero también quiero que se escuche alguna vez la desigualdad y la inequidad de la región Metropolitana, donde no todo es Santiago centro.
Para dar a Puente Alto, a La Florida no le quiero quitar a Cucaraví, a Melipilla o a San José de Maipo; para dar a Colina, a María Pinto o a Tiltil no le quiero quitar a La Pintana, a Lo Espejo o a Pudahuel.
Eso lo digo porque aquí existía el compromiso de tener otra indicación, que no fue ingresada por el Ejecutivo, porque se escuchó solo a una parte de la región Metropolitana. Creo que no podemos seguir con la lógica de que para dar a unos les tengo que quitar a otros. ¡De una vez por todas, emparejemos hacia arriba, no hacia abajo!
De verdad, lamento mucho lo anterior. Y a pesar de aquello, votaré a favor de este proyecto, porque me parece que es muy relevante para todas las regiones de Chile, para las zonas rurales de nuestra región. Pero lamento que quede al "debe" la indicación comprometida con los gremios de taxis colectivos de Puente Alto, San Bernardo, Maipú y La Florida.
Muchas gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Gracias a usted, senadora.
¿Tendríamos acuerdo para disminuir los tiempos de intervención a tres minutos?
¿Habría acuerdo?
Así se acuerda.
Ofrecemos la palabra, entonces, al senador Keitel.
(El senador Bianchi hace gestos de rechazo).
¡Ah, no, perdón! El senador Bianchi no da la unanimidad.
Senador Keitel, tiene la palabra.
El señor KEITEL.-
Gracias, Presidente.
Yo voy a hablar dos minutos.
Uno de los grandes temas que afectan a las regiones, especialmente a las más aisladas, es la falta de un transporte público de calidad, accesible y, en definitiva, digno para los pasajeros.
Por eso, uno de los reclamos que más escuchamos por parte de los vecinos y las vecinas es que, a diferencia de lo que ocurre en Santiago, donde constantemente debemos subsidiar el transporte por las altas tasas de evasión, los recursos para las demás regiones no alcanzan o simplemente no llegan.
Presidente, este proyecto me parece que apunta justamente a terminar con esta falta de equilibrio, inyectando más recursos para esta materia y flexibilizando a la vez el criterio para su uso, al permitir que se puedan financiar proyectos de infraestructura o conectividad digital, así como también las operaciones en transporte y no solo la inversión, como ocurre actualmente.
También quiero destacar el hecho de que se haya incorporado la creación de directorios de transporte público regionales y que en zonas rurales se hubiese dispuesto una excepción para poder subsidiar el transporte de pasajeros en modo marítimo o fluvial en lugares donde ya exista oferta privada.
Presidente, mejorar la conectividad y la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores y niños, debe ser un foco en nuestras políticas públicas con urgencia. Espero que estos nuevos recursos sirvan justamente para cumplir con esta tarea.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Keitel.
Tiene la palabra el senador Karim Bianchi, y luego, el senador Juan Antonio Coloma.
El señor BIANCHI.-
Presidente, en esta instancia yo quiero agradecer -por su intermedio- al ministro de Transportes, porque ha entendido cómo poner en el centro a las regiones, a las personas y priorizar la necesidad de las zonas aisladas.
Un punto destacable es que las mejoras de este proyecto nacen de un sentir ciudadano y de la preocupación constante que hemos podido transmitir al Ejecutivo, el que las ha traducido en lo que hoy nos presenta.
Esta iniciativa no solo viene a fortalecer el rol del Estado en materia de conectividad, sino que también a hacer justicia respecto de algo que por años no se resolvió, como es incluir a los taxis básicos, de turismo y ejecutivos como sujetos relevantes en el transporte público.
Por lo tanto, vamos a decir cosas positivas, como que esta cartera logró entender a cabalidad lo que significa la descentralización.
Dentro de los cambios positivos encontramos los siguientes:
-Se logra la definición del objeto de los subsidios para el transporte público.
-Se incrementan los fondos permanentes que conforman los subsidios al transporte público.
-Se aumentan los montos de los subsidios, al igual que la transitoriedad, que se extiende hasta 2032.
-Se fortalece la toma de decisiones de los gobiernos regionales, otorgándoles la facultad para que prioricen nuevos proyectos en materia de transporte en zonas aisladas, en transporte escolar y en zonas rurales.
-El FAR (Fondo de Apoyo Regional) se enfoca estrictamente en proyectos de transporte público o en proyectos habilitantes para este.
-Se habilita el financiamiento de infraestructura asociada a la electromovilidad para los colectivos.
-Se incorporan taxis básicos para que puedan optar a programas de renovación de vehículos cero emisión, junto con infraestructura asociada.
-Se habilita el funcionamiento de proyectos de inversión que constituyan infraestructura habilitante para la implementación de servicios de transporte público o de conectividad en zonas aisladas.
-Y se establece que al menos un 50 por ciento de la asignación con cargo al Fondo se destinará a proyectos de renovación de vehículos o a proyectos de infraestructura de transporte.
Quiero hacer una especial mención al ministro de Transportes porque en Magallanes, por ejemplo, ha existido el ímpetu de hacer participar a la ciudadanía en las mejoras del transporte público.
En Natales logramos ser testigos de cómo por primera vez se logró realizar una jornada de participación ciudadana que se tradujo en que una zona tan aislada y con un potencial de desarrollo turístico tan importante va a contar con transporte público mayor.
Lo mismo sucedió con un trabajo que logramos desarrollar con el Ministerio de Transportes: se triplicó el subsidio a la demanda en transporte marítimo para los habitantes de Tierra del Fuego. Y quiénes más aptos para hablar de la importancia de la conectividad y de la descentralización de las políticas públicas que personas que deben sortear las barreras propias por hacer patria en una zona de rezago.
La conectividad tiene el poder de cambiar vidas, señor Presidente. Por tanto, el trabajo que hacemos en la discusión del proyecto cobra especial relevancia en la medida en que logramos materializar los esfuerzos realizados.
Las zonas aisladas siempre son víctimas de las promesas y de los sueños incumplidos. Y hoy damos un paso gigante para continuar avanzando en la entrega de resultados.
Gracias, Presidente.
¡Y ahora sí le doy la unanimidad, si la pide...!
El señor GARCÍA (Presidente).-
¡Gracias a usted, senador...!
(Risas).
Tiene la palabra el senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidente.
Yo creo que se ha explicado en detalle esta iniciativa de larga tramitación. Se dijo al principio, por parte del Secretario, según entiendo, que es del año 2022; por ello, hay que hacer el esfuerzo máximo por avanzar.
No me voy a hacer cargo de todo lo que planteó la presidenta de la Comisión de Transportes en su explicación más profunda, sino que me referiré nada más que a la indicación final que ha presentado el Ejecutivo y que nace, tal como dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, de indicaciones que presentamos con la senadora Rincón, las cuales se juntaron para efectos de lograr algo con harto sentido y que quería plantear.
El Ejecutivo asumió el asunto y al final la gracia de llegar a acuerdos tiene que ver con la capacidad de entenderse.
Básicamente, se trata de cómo en el potencial de renovación del parque vehicular incluimos a los taxis básicos, ejecutivos y de turismo, que no tenían acceso al beneficio, y respecto de esa opción permitir que no sea automática la transición a la electromovilidad.
Yo represento a una región, al igual que la mayoría de los senadores, donde la capacidad de conexión hoy día es imposible.
Lo que se planteó, y fue aprobado unánimemente en la Comisión, fue una gradualidad, que en principio había quedado en seis años. El Gobierno presentó una indicación que lo rebaja a cuatro, pero incorpora -la indicación original consideraba solo a los básicos- también a los taxis de turismo y ejecutivos, que es algo que se había propuesto por distintos miembros de este Congreso.
Entonces, al final resulta mejor la capacidad de llegar a un entendimiento y avanzar hacia la electromovilidad, porque esto tiene un sentido; no es casual. O sea, procura alcanzar una meta y eso es importante. Pero también se hace cargo de una realidad regional. Las metas tienen que ser graduales e incentivarse, y no me cabe duda de que cuando se plantee que con posterioridad al mencionado plazo los subsidios se relacionarán con la electromovilidad, se ayudará a que se instalen con tiempo las capacidades de estructura para convertirlo en una realidad y que no sea solo teórico.
Me parece que al final, no exento de problemas, si esto no ha sido fácil, se llega a un buen acuerdo. Dejo de lado las discusiones respecto del sentido del espejo mismo, que también se discutió en la Comisión de Hacienda, porque hablamos de cantidades importantes que a veces a uno le gustaría que se pudieran administrar de manera distinta.
Algo se avanzó, y eso dijo la presidenta de la Comisión, en la línea de dar más espacio para hacer otras cosas, pero claramente con el horizonte del transporte.
Y en la materia particular de los taxis, se ha tomado una buena decisión, que ayuda a modernizar el parque, dando opciones a trabajadores que generalmente son independientes y que hacen un esfuerzo muy grande por mantener la capacidad de conectividad, que siempre hay que valorarla y defenderla.
Por eso, Presidente -y ciñéndome voluntariamente al tiempo por usted sugerido-, vamos a aprobar el proyecto, y me parece bueno que hayamos llegado a un entendimiento de esta naturaleza.
He dicho, Presidente.
(Aplausos en tribunas).
El señor GARCÍA (Presidente).-
¿Tenemos acuerdo para que las intervenciones sean de tres minutos?
No hay acuerdo.
Senador Kusanovic, tiene la palabra.
El señor KUSANOVIC.-
Gracias, Presidente.
Quiero destacar un aspecto muy relevante del proyecto, aunque no se haya logrado todo lo solicitado al Gobierno, que representa un avance y que tiene que ver con una demanda muy sentida de los taxistas, quienes no son considerados en el acceso a fondos públicos para mejorar la prestación del servicio que realizan, con lo cual se podrían optimizar las condiciones de seguridad de los pasajeros, la incorporación de mayor tecnología e innovación, la renovación de sus vehículos, entre otras inversiones que beneficiarían directamente a los usuarios.
Todo lo anterior sería de gran ayuda para el gremio de los taxistas, sobre todo en momentos en que atraviesan una gran crisis producto de la irrupción masiva de aplicaciones de transporte que por años funcionaron de manera desregulada en el país y sin mayores exigencias, lo que ha reducido significativamente su parque vehicular por las condiciones desiguales de operación, produciendo una clara distorsión del mercado.
Pero aquí ha existido un gran pecado de parte de mis amigos taxistas, que es el parque cerrado de taxis -algo que nunca debió haber ocurrido-, lo que no solo les ha afectado directamente, sino también a miles de familias que están detrás de ellos.
Las aplicaciones de transporte para mí, dicho sea de paso, no son una nueva forma de transporte -idea que se llegó a instalar en nuestro país y que muchos empezaron a repetir sin mayor análisis del problema-, sino que se trata de una nueva forma de llamado entre el pasajero y el servicio que utiliza. Porque antes usábamos la mano para llamar al taxi en la calle, luego lo hicimos con el teléfono, después con el celular y ahora utilizamos las aplicaciones.
La prestación del servicio de transporte desde el punto "A" al punto "B" sigue siendo exactamente la misma de siempre, con mayor o menor tecnología, y eso no ha cambiado.
De haberse entendido así -y nos habríamos ahorrado muchos problemas-, habríamos incorporado derechamente a las empresas de aplicaciones de transporte en el decreto supremo N° 212 como una suerte de "e-taxi", y habrían funcionado todos con las mismas reglas del juego. Y si se querían disminuir las exigencias, se podría haber hecho mediante la modificación de dicho decreto para todos y no estableciendo condiciones desiguales, que es lo que se produjo.
En consecuencia, las reglas que se exigen para el funcionamiento de los taxis, y que no obligan a los vehículos que se utilizan mediante aplicaciones, trajo una serie de perjuicios, sumándose a los que produjo la pandemia para este gremio.
Entonces, su consideración en este proyecto como beneficiarios de los programas de modernización del transporte público que sean convocados por los gobiernos regionales trae al menos un respiro que les permitirá acceder a la renovación de los taxis básicos y facilitará su transición a la electromovilidad y a otros de cero emisiones, lo que incluye la infraestructura habilitante necesaria para ello.
Lo establecido es a todas luces insuficiente, pero al menos se ha incorporado a los taxis básicos, y eso es un avance respecto a lo que teníamos.
Con todo, señor Presidente, espero que este Gobierno siga emparejando la cancha a los taxistas, no como un favor, sino como un acto de justicia para quienes cumplen las normas en nuestro país.
Gracias.
(Aplausos en tribunas).
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted senador, Alejandro Kusanovic.
Tiene la palabra la senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Presidente, la verdad es que tengo sentimientos encontrados.
Quiero partir felicitando a Ximena Órdenes y a toda la Comisión de Transportes, a Ricardo Lagos y a toda la Comisión de Hacienda, pero no estoy contenta.
Con usted y con el senador Coloma trabajamos la indicación para establecer el plazo de seis años para que hubiera un tiempo mayor y se había aprobado.
Concordamos con el Gobierno hoy día, después de conversarlo con Carlos Calderón, Luis Dubó, Héctor Carrasco, Matías Jaque, Víctor Adasme, Alexis Hernández y muchos y muchas otras, que fueran cuatro años y se incluyera a todo tipo de vehículos.
Pero también había el acuerdo, Presidente -y yo entiendo la molestia de la senadora Pascual-, de facultar, ¡facultar! Y solo se señala que los gobiernos regionales podrán destinar recursos para poder hacer esta renovación.
No está el ministro aquí, en la sala. Y no sé por qué.
El señor COLOMA.-
Se encuentra en la Cámara.
La señora RINCÓN.-
Nos acompaña una asesora del ministro, a quien le pregunté sobre el particular y me dijo: "Las presiones, senadora". ¿Presiones de quién? Si aquí no hay chilenos de primera y de segunda.
Yo, Presidente, soy mujer de región, del Maule, y con el senador Coloma muchas veces hemos visto cómo se nos posterga, sobre todo en este tema. Pero aquello también ocurre en la región Metropolitana -ahí me tocó ser intendenta-, en toda su zona rural y periférica.
Entonces, no se entiende que alguien presione para que no se le otorgue una facultad, que podrá o no ejercer, al gobernador o gobernadora. Y no me parece justo, Presidente.
Si yo hubiese sabido que esta indicación concordada con el Ejecutivo se iba a ingresar, no hubiese dado la unanimidad. Solo la di por el compromiso que había también de ampliar la modalidad hasta la facultad. Me alegro que lo establecido se haya logrado extender a todo tipo de vehículos menores. Pero no puede ser que se deje afuera a una parte importante de hombres y mujeres de esfuerzo en nuestro país que ocupan el transporte público para moverse todos los días.
Es algo que tenemos que reparar. ¿Por qué? Por la dignidad de las personas.
Voy a respaldar el proyecto, que, como dijo la senadora Pascual, recoge parte del acuerdo. Pero me voy con sentimientos encontrados de frustración y de una suerte de engaño.
Gracias, Presidente.
(Aplausos en tribunas).
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senadora.
Tiene la palabra el senador Matías Walker y luego la senadora Isabel Allende.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
También, por supuesto, quiero valorar el trabajo de las Comisiones de Transportes y de Hacienda.
Los ciudadanos y ciudadanas de la región de Coquimbo a veces miran desde lejos las inversiones en el Metro y las inversiones en buses eléctricos, que este año por fin van a llegar a nuestra región, porque seguimos esperando, por ejemplo, la solución que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se había declarado como proyecto de interés público bajo el sistema de concesiones para el sistema de tranvías en la conurbación Coquimbo y La Serena.
Por eso que lo dispuesto en cuanto al subsidio al transporte público en regiones, que siempre hemos denominado "fondos espejo del Transantiago", que es casi un eufemismo a estas alturas, lo vemos con la esperanza de que se constituya en un instrumento concreto de equidad territorial.
Quiero agradecer particularmente a los dirigentes de nuestra región -y los nombró también la senadora Rincón- Luis Dubó, Carlos Calderón y otros con los que luchamos para que esta equidad territorial se aplicara también a los programas de renovación de taxis básicos, ejecutivos y de turismo, en regiones que viven del turismo, como Coquimbo.
Además, muchas veces los taxis son un vehículo de transporte muy importante para llevar a adultos mayores a los consultorios, a los cesfam, a las postas rurales, o también a personas en situación de discapacidad.
Me alegro y valoro que el ministro haya acogido la indicación que presentó la senadora Rincón en la Comisión, junto con el senador Coloma y a usted mismo, Presidente, y que se haya incorporado lo propuesto, aunque no en la forma como todos hubiésemos querido. Ello es relevante, porque para personas que acaban de hacer un tremendo esfuerzo para renovar su vehículo de trabajo el hecho de volver a realizar otra inversión en tres años más era una cosa materialmente imposible.
Por eso quiero valorar la disposición del ministro para presentar una indicación y ampliar ese plazo a cuatro años.
Tenemos que seguir trabajando en materia de equidad territorial para el transporte terrestre y marítimo, y también en materia de transporte público. No puede haber ciudadanos de primera y segunda clase en regiones.
Yo creo que hoy día estamos dando un paso importante, y queremos valorarlo. Por eso, también he acompañado con mi aprobación este proyecto de ley.
Gracias, Presidente.
(Aplausos en tribunas).
El señor GARCÍA (Presidente).-
Gracias, senador Walker.
Tiene la palabra la senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidente.
Quiero partir señalando que voy a apoyar este proyecto, que introduce diversos perfeccionamientos al sistema de transporte público, en particular en cuanto a su financiamiento.
Soy una convencida de la absoluta necesidad de fortalecer nuestro transporte público.
En general, en diversas partes del mundo existen distintos tipos de subsidios. ¿Por qué? Por los altos costos que supone la infraestructura y la operación misma del sistema, pero aquello supone beneficios que significan mejores flujos, dignidad para los ciudadanos que ocupan el transporte público y también sostenibilidad medioambiental. Debemos avanzar hacia nuestro compromiso por la electromovilidad y ojalá cada vez más lleguemos a ser capaces de cumplir nuestras metas para ir dejando atrás los elementos contaminantes. Y, por cierto, que logremos la equidad territorial.
Valoro que se incrementen los fondos del componente permanente de los subsidios y la prórroga de los mismos.
Creo que es importante que se hayan establecido cuatro años para la renovación del transporte, porque necesitamos la mejora de los vehículos, y nos parece muy bien que se incorporen los taxis básicos, de turismo y ejecutivos.
Considero una buena iniciativa, porque conocemos el rol que cumplen los taxis, particularmente en regiones.
En cuanto a los fondos FAR, los famosos "fondos espejo", que la verdad resulta bastante opaco el espejo en las regiones y nunca sabemos cuánto llegó, cómo se gastó, y es una permanente discusión que hemos sostenido año con año en la Ley de Presupuestos, me alegro que ya no se dilapiden en otras cosas que no sea infraestructura de transporte.
Tenemos que habilitar el transporte público, no podemos seguir subsistiendo de la manera como ocurre, por ejemplo, en nuestra región de Valparaíso.
Pero hay otros temas.
En el caso de los taxis colectivos, hay que poner ojo con las relaciones entre los propietarios y los choferes, quienes a veces deben desarrollar extensísimas jornadas de trabajo para poder pagar la cuota diaria de arriendo del vehículo.
Y respecto a los conductores de buses, queremos que se mejoren sus condiciones laborales y que se les traspasen parte de los subsidios, o sea, que no signifiquen una disminución de sus remuneraciones.
Por supuesto, me hago cargo de la preocupación de los municipios rurales que no quieren verse postergados ni perjudicados con esta habilitación al Gore metropolitano. Me parece muy justo que tengamos en consideración aquello.
Y mis últimas palabras van dirigidas a explicar nuestras dificultades en la región de Valparaíso.
En verdad, la tan anhelada y postergada licitación del transporte del Gran Valparaíso es urgente. He hablado con el ministro, y ahora mismo conversábamos en la tarde, sobre el compromiso del Gobierno que espero que se cumpla. Sé que el ministro lo tiene entre sus prioridades y me alegro. Es fundamental que para el año 2025, que es cuando se ha anunciado la licitación, estén asignados los recursos en la Ley de Presupuestos para partir a lo menos con el 40 por ciento de lo proyectado. No podemos seguir con las condiciones actuales en que se desenvuelve nuestro transporte público en Valparaíso, donde cotidianamente se ven largas filas en los paraderos producto de la reducida flota.
Por cierto, el informe que emanó desde la Contraloría sobre la materia es lapidario. Hay muchas irregularidades: disminución arbitraria de flota, incumplimiento de frecuencia, exceso de velocidad, y para qué vamos a mencionar a los choferes que están cortando el boleto.
Por esas situaciones nos urge esa licitación, pero en el intertanto doy mi apoyo, porque es fundamental fortalecer nuestro sistema de transporte público. Y me alegro de que se haya llegado a un acuerdo para esta indicación referida a los taxis.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Isabel Allende.
Tiene la palabra el senador David Sandoval y luego el senador Alfonso de Urresti.
El señor SANDOVAL.-
Muchas gracias, Presidente.
Sin duda que cuando hablamos de transporte público desde la perspectiva de las regiones -por cierto, nos alegramos de todos los avances en este ámbito- nos percatamos de la diferencia abismal que existe entre el transporte público metropolitano y el transporte en regiones, y más todavía en las zonas alejadas.
En la región de Aysén, para que la asesora del ministro tome nota de la situación, no tenemos transporte público de pasajeros. Recién se va a implementar un proyecto, con algunas discusiones respecto de algunos cuestionamientos por su diseño, por su financiamiento o por el calendario para suplir un problema que tenemos en la ciudad de Coyhaique: no hay un transporte público de pasajeros y, por lo tanto, estamos exentos de todos los beneficios asociados a subsidios para los adultos mayores y otros.
Es más, ello me gustaría sobremanera, porque es necesario que el Ministerio, en particular, entienda que en regiones como las nuestras valoramos las iniciativas de esta naturaleza, que adquieren una dimensión bastante más significativa cuando se les da cierto nivel de atribuciones a los gobiernos regionales para hacer mejoras en este tema.
Cuando hablamos de un sistema de transporte de calidad, seguro y eficiente, evidentemente que la gente de la región de Aysén y de ciudades como las que señalo tienen el legítimo derecho de acceder también a ello. Hoy día eso no existe, ¡definitivamente no existe!
Entonces, se debe imponer al Ministerio de Transporte una acción todavía mucho más eficiente. Es más, cuando hablamos del fortalecimiento de la regulación contractual de los sistemas regionales, tengo que señalar al Ministerio -por su intermedio, señor Presidente- que no se están pagando ni siquiera los subsidios de transporte lacustre en la región de Aysén, que une zonas fronterizas como Río Ibáñez y Chile Chico.
No se está pagando el transporte subsidiado marítimo entre Puerto Yungay y Pascua, que une nada menos que a algunas comunas tan relevantes como la de Ibáñez en el Fiordo Mitchell. Los pagos se realizan con cuatro y cinco meses de demora. Yo pediría que se transmitiera que no puedo transformarme en un intermediador de la cobranza entre la empresa y el Ministerio, hay que regular y establecer un mecanismo que asegure la optimización de estos servicios. Eso no es lógico, y lo he planteado cada vez que está el ministro, porque estos servicios son fundamentales para esas comunas, ¡absolutamente fundamentales!
Por ello, creo que en este contexto nosotros en lo personal vamos a apoyar este tema por los avances que significa, y queremos que frente a esta realidad se tome conciencia, como bien señalaba el senador Walker, acerca de si hay o no ciudadanos de primera o segunda categoría. Bueno, en nuestra región de Aysén hay una clara condición de desventaja en el transporte público, que debe corregirse.
El proyecto debe apuntar a iniciativas como estas, a ver cómo corregimos esa situación.
Sinceramente, espero que este tema, que significa un avance, contribuya precisamente a eso. Pero no es posible que en regiones como la nuestra, por ser lejana, no tengamos un sistema de estas características con la eficiencia que se merecen todos los habitantes de la región de Aysén. Además, con lo que existe tenemos dificultades para los respectivos pagos, con demoras que ya superan todas las exigencias, incluso las propias normas que se fija el Estado en los mecanismos de pronto pago.
Espero, francamente, que contribuyamos a la mejora de estos sistemas, que se tome nota respecto de lo que estamos planteando con relación al Ministerio de Transportes.
Vamos a votar a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Sandoval.
Tiene la palabra el senador De Urresti, luego la senadora Yasna Provoste y después el senador Francisco Chahuán.
Senador De Urresti.
El señor de URRESTI.-
Presidente, creo que este proyecto merece la mayor atención y discusión.
Este debe ser uno de los proyectos que, al menos para quienes representamos regiones extremas, rurales, debiera tener la mayor importancia.
Creo que el no considerar en este proyecto de ley que se puedan hacer cambios, modificar, favorecer o cambiar la vida de nuestros habitantes es eludir la discusión.
Quiero partir por lo primero, a propósito de los taxistas que están en las tribunas y de que se ha ingresado la indicación. Vamos a apoyarla de todas maneras. Creo que se hace justicia con taxis básicos, ejecutivos, de turismo, porque es un sector que estaba quedando fuera. Estaban los colectivos, las micros, pero este sector estaba excluido.
Hay dos aspectos que para mí es fundamental abordar, pero no quiero dejar pasar lo que el senador Sandoval consignó. Son decenas las veces que hemos tenido que estar llamando al Ministerio para que paguen un pinche subsidio por una lanchita en la Isla del Rey, comuna de Corral.
¡No puede ser que la burocracia santiaguina juegue con la capacidad económica que no tiene un lanchero de la bahía de Corral o de algún otro lugar! Creo que los senadores de regiones con lagos, ríos, y de distintos lugares no podemos permitirlo, ¡Es indigno! No se puede trabajar con la plata de ese pequeño empresario, que no lo es propiamente tal, porque muchas veces se trata de pescadores reconvertidos a los que no se les paga un mes, dos meses, y luego terminan pidiendo préstamos para el petróleo y otras cosas.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al Ministerio que se debe buscar una fórmula pues eso es algo administrativo. Los cheques se firman en Santiago, y eso no puede ser. Si creemos en las regiones, se deben firmar en las regiones. Si son subsidios de un millón y tanto; algo así no puede seguir ocurriendo.
En cuanto al tema de fondo, creo que se avanza en este proyecto, y quiero agradecer al Ministerio por corregir una anomalía, y lo digo con todas sus letras, que no era sostenible.
En la región Metropolitana se invierte la plata del Transantiago en transportes, y este está mejorando. Hay menos ruido, menos contaminación, hay un sistema. En las regiones no se ha avanzado en un sistema de transportes. ¿Por qué? Porque acá se hizo una trampa, y lo digo con todas sus letras, en cuanto a que en las regiones el Fondo de Apoyo Regional es para que se gaste en cualquier cosa. Los gobiernos regionales andan inventando proyectos: pavimentan veredas, paraderos, cualquier cosa para gastar esos recursos. En Santiago toda la plata del Transantiago es para transporte; y en regiones está bien que se haya incluido la norma que señala que al menos el 50 por ciento de la asignación con cargo al Fondo se destinará a proyectos de renovación de vehículos o a proyectos de infraestructura de transporte o en gastos operacionales.
Acá me quiero detener en un aspecto que consigna la letra c) del artículo cuarto transitorio del proyecto de ley, en que se establece precisamente que se puede apoyar "Cualquier otro proyecto de inversión distinto de los señalados anteriormente, los que deberán constituir infraestructura habilitante para la implementación de servicios de transporte público o para la conectividad de zonas aisladas". Aquí hago la referencia a algo que me hubiera gustado que escuchara el ministro -creo que su asesora puede consignarlo para que se entienda en la historia de la ley-, porque esto lo conversamos en la Comisión: el transporte ferroviario.
Me parece muy bien que el Presidente Boric haya planteado una política de trenes para Chile, que siendo justo viene de una labor que, al menos, en la compra de equipos se realizó anteriormente.
Nuestro país de una vez por todas debe tener una política en materia ferroviaria para entender que la red de conectividad, principalmente entre la Calera y Puerto Montt, pueda renovarse, recuperarse y habilitarse.
Uno se alegra cuando ve que se inaugura un paradero entre Quepe, Pitrufquén, Cajón y distintas localidades cercanas al Gran Temuco. Lo mismo ocurre con la inauguración de los trenes a Chillán y de Llanquihue a La Paloma, pero quiero señalar, para que quede en la historia de la ley -que lo confirme el Ejecutivo-, que acá se puede invertir efectivamente en proyectos de infraestructura y de operación ferroviaria, porque ese fue el compromiso, para que el transporte en las regiones vaya mejorando y se equipare la cancha. Quiero que en la región de Los Ríos existan trenes de cercanía. Somos la única región en la que no hay servicio ferroviario desde la región de Valparaíso. Y eso no es justo, no es equitativo.
Espero que el Presidente pueda hacer anuncios y que tengamos en operación, a propósito de estos fondos, la capacidad de habilitar. Me lo decía el senador Quintana, que es representante de la región de La Araucanía: se ha estado invirtiendo en paraderos en distintas localidades cercanas a la gran ciudad para poder recoger y dejar pasajeros y tener un servicio de cercanía más eficiente.
Por eso, voy a votar a favor de este proyecto, porque avanza en los aspectos de equiparar, al menos al 50 por ciento, los gastos en transporte, y en la inversión en ferrocarriles, conforme a la letra c), para que quede claro en la historia de la ley.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Alfonso de Urresti.
Le ofrezco la palabra a la senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, hace un año, en la discusión en general de este proyecto, le pedimos al Ministro de Hacienda que aprovechara la oportunidad de prorrogar esta ley hasta el año 2032, y no como inicialmente lo pensaba hacer el Ejecutivo, que era por un tiempo muy muy acotado. Y, además, le pedimos que los recursos del fondo espejo, subsidio en las regiones, se destinaran a mejorar la calidad del transporte público regional, lo que también implica acrecentar la vida de millones de chilenos y chilenas.
Ya en el último debate de la Ley de Presupuestos para el año 2024 el ministro de Hacienda respaldó nuestras indicaciones destinadas a fortalecer el transporte público regional, y en la Comisión de Transportes -saludo a su presidenta- se respaldaron las iniciativas que presentamos junto con la senadora Órdenes y el senador Alfonso de Urresti, destinadas a centrar el FAR, subsidio espejo, en financiar proyectos de modernización del transporte público en regiones.
En un contexto de descentralización regional debemos darle prioridad al desafío de mejorar la calidad del transporte público en regiones. Y en Atacama esto significará avanzar con mayor velocidad en la modernización del transporte público en las cabeceras de provincia: en Copiapó, en Vallenar, en Chañaral, además de fortalecer la conectividad de las otras comunas con polos urbanos.
Por eso que votaré a favor, teniendo además en la mirada el trabajo incansable de dirigentes de nuestra región, como Juan Castillo en Copiapó, Verónica Santos en Vallenar.
Y también, Presidente, porque la iniciativa en examen nos permite avanzar en el transporte público menor, como son los taxis colectivos, que en regiones tienen un fuerte desarrollo.
Es así que en esta nueva fase los dueños de los taxis colectivos podrán acceder a un programa de electromovilidad dirigido a las distintas regiones del país, lo cual significa un importante salto para este sector. En consecuencia, se transforma la situación del antiguo FAR, en que solo un 15 por ciento estaba destinado a transporte público regional y con el resto, como lo dijo la senadora Allende, se financiaban obras de desarrollo regional, como edificios municipales, canchas de fútbol, cosas que deberían ser financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero no por esta vía.
Creo que los cambios que propusimos, y que fueron respaldados por unanimidad en la Comisión de Transportes, y que son la base de lo que votamos en el día de hoy en particular, generan un proceso de modernización orientado a mejorar el transporte público en regiones y a terminar, además, con el estado actual de un transporte público regional, que es malo, inseguro y muchas veces muy caro.
La implementación del proyecto significa un enorme desafío en materia de gestión regional, lo cual implicará que las secretarías regionales ministeriales de transporte deberán estar a la altura.
Yo me alegro de que se haya acogido también nuestra propuesta de crear comités regionales de transporte público, en donde la autoridad tendrá que dialogar con los actores del sistema a fin de mejorar la calidad, discutir los trazados del transporte público en las diversas regiones de nuestro país, de esos espacios regionales, donde debe mejorar la coordinación, la convivencia entre el transporte público mayor y el menor para que nuestros ciudadanos tengan una mejor conectividad.
Este proyecto, en especial lo acordado y aprobado por unanimidad en la Comisión de Transportes, Presidente, no me cabe duda de que constituye un paso muy importante para las regiones, para mejorar nuestro transporte público, ya que tendremos así una conectividad desarrollada, más segura, lo que llevará a mejorar la calidad de vida de quienes son usuarios del transporte público mayor o menor en las regiones.
No hay duda de que estos recursos, que son cuantiosos (945 mil millones este año), irán a modernizar el transporte público regional, lo cual mejorará la calidad de vida en las regiones. Y eso, sin duda, es una buena noticia para nuestro país.
Por eso votó a favor del texto aprobado en la Comisión de Transportes y en la Comisión de Hacienda, con las indicaciones que aquí se han planteado.
Muchas gracias.
He dicho.
(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER (Vicepresidente).-
A usted, senadora Yasna Provoste.
A continuación, se ofrece la palabra al senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, honorable Sala, por supuesto que este proyecto busca resolver algunas materias por las que hemos luchamos ¡muchos años!
Primero, que el FAR efectivamente se pueda decidir en un 100 por ciento en regiones y que el 50 por ciento de este pueda destinarse a materias de conectividad y transporte.
Recuerdo que, en cada discusión de la Ley de Presupuestos, junto con el senador Navarro, el senador Letelier y muchos de los que están hoy día en la sala del Senado, justamente fiscalizábamos que en definitiva se supiera en qué se invertía el fondo espejo del Transantiago en regiones. Y nos encontrábamos con una sorpresa. Tal como decía la senadora Allende -por su intermedio-, era un panorama oscuro: no se sabía en qué se invertía dicho fondo; por nuestra parte fiscalizábamos a través de oficios, y la sorpresa era mayúscula cuando comprobábamos que gran parte de esos recursos se invertían en materias distintas a conectividad y transporte.
Por otra parte, junto con el senador Baldo Prokurica, hace muchos años, también presentamos las primeras iniciativas para que en definitiva se pudiera incorporar el transporte menor en todo esto.
Bueno, finalmente fue en la presente Administración que eso se consiguió. Y lo valoramos en toda su dimensión, porque el transporte menor dio persistentemente una tremenda lucha para incorporarse al subsidio del transporte público.
Asimismo, que se establezcan programas de electromovilidad para regiones va en la dirección correcta, porque permitirá darle sostenibilidad al transporte público.
Pero sin lugar a dudas creemos que el hecho de haber dejado afuera a treinta y dos comunas de la provincia de Santiago, incluyendo también a San Bernardo y Puente Alto, es por supuesto uno de los temas pendientes.
Yo quiero hacerle ver también -por su intermedio- a la asesora y ojalá al ministro que el transporte menor en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, tiene un problema; porque de alguna manera debe competir con la evasión del sistema Red y con la informalidad del transporte particular.
Por lo tanto, ese es un tema que deberíamos enfrentar en algún minuto, porque además son nueve mil familias que están afectadas justamente por aquello. Y había un compromiso de incorporar una indicación al respecto, pero lamentablemente no llegó.
Por supuesto que como senador de región valoro la propuesta que hoy día tenemos sobre la mesa. Es un avance sostenido; es un avance sustantivo. Sin lugar a dudas es clave que las regiones comiencen a tomar decisiones respecto a en qué se invierte el fondo espejo.
Insisto: el haber incorporado en el plan de charratización a los taxis básicos, al turismo y ejecutivos también es un avance sostenido. Habíamos hecho una apuesta para que se consideraran más años. No obstante, nos parece que cuatro es un acuerdo que permitirá compatibilizar las metas que hay desde el punto de vista de la descarbonización del transporte. Por tanto, se va en la dirección correcta.
Finalmente, acá también se requiere hacer un esfuerzo mayor en términos del transporte ferroviario.
Nosotros somos parte de la bancada ferroviaria con el senador De Urresti -por su intermedio, Presidente-, y sin lugar a dudas creemos que insistir en la construcción de redes ferroviarias y, sobre todo, cumplir con las metas logísticas para el transporte del 30 por ciento de las cargas a los puertos es fundamental.
En ese contexto no solo en materia de transporte de pasajeros, sino también en el transporte de carga es clave que podamos contar con vías ferroviarias que en definitiva potencien en toda su extensión ese transporte en nuestro país.
Valoramos el proyecto. Nos parece un avance. Y esperamos que, en definitiva, en algún minuto sean incorporadas también las comunas de la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.
Desde regiones celebramos que en definitiva podamos empezar a tomar decisiones respecto a en qué invertir los recursos del fondo espejo del Transantiago, cuestión que fue una tremenda lucha dada en su oportunidad en este Parlamento, en este Senado, y que de alguna manera hoy en día se reclama, para que tengamos finalmente un transporte público mucho más eficiente y cercano.
Por supuesto que la idea de una red integral que incorpore, por ejemplo, la región de Valparaíso, los ascensores, el metro, con mucha fuerza en ese plan integrado es relevante. Y que de alguna manera también lo es que se avance en lograr la relicitación o la licitación del transporte público en regiones, que es una tarea pendiente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Francisco Chahuán.
(Aplausos en tribunas).
Queremos recordar como Mesa, a propósito de todas las intervenciones y las diversas consultas de los senadores y las senadoras, que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, tuvo que dirigirse a la Cámara de Diputados, convocado para una sesión especial. Por eso que está presente en la sala la asesora legislativa, señora Viviana Díaz, a quien, si hubiera unanimidad, al final de la sesión le otorgaríamos la palabra para responder las consultas que se han efectuado.
Le ofrecemos la palabra, a continuación, para hacer su intervención, a la presidenta de la Comisión de Transportes, la senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidente.
Quiero comenzar saludando a los dirigentes que se encuentran en las tribunas y que nos acompañan esta tarde.
Creo que hoy se cristaliza una etapa que es muy importante para todos aquellos que somos parte de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Quiero valorar el trabajo que realizamos junto a los senadores y asesores, y también el trabajo coordinado con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La discusión de este proyecto no fue nada sencilla, y a mi juicio estuvo marcada, en particular -y por eso quiero destacar la indicación que presentamos con el senador De Urresti y la senadora Provoste-, por la inequidad que observábamos en la aplicación del FAR respecto de la relación que se tiene en las regiones con la región Metropolitana.
Nosotros observábamos que en la región Metropolitana existía un sistema transporte público integrado entre Metro y buses de superficie, que además gradualmente ha ido ampliando su cobertura en distintas zonas, que va avanzando sostenidamente hacia la electromovilidad, con altos estándares de servicio. Y cada uno podría dar testimonio respecto a la situación bastante precaria que vivíamos en las regiones.
Hoy día yo quiero destacar que hemos logrado, a partir del debate legislativo, que se garantice que al menos el 50 por ciento de los montos del FAR se destinen exclusivamente para mejorar el transporte público regional.
Y digo esto, porque también lo que fuimos observando -y requerimos información al respecto- era que mayoritariamente los recursos del FAR, el fondo espejo, en algunas regiones se utilizaban para proyectos que no digo que no sean relevantes, pero que consisten, por ejemplo, en la construcción de edificios consistoriales, la construcción de una piscina, la construcción de infraestructura para la salud, que obviamente son necesidades regionales, pero para eso no era el fondo espejo. Por lo tanto, creo que hoy día damos un paso histórico, porque vamos a poder generar mayor equidad en lo que tiene que ver con el transporte público regional.
También logramos otros cambios positivos, Presidente, como incorporar en esta última fase de discusión legislativa en el Senado que los gores puedan convocar a programas de renovación de los taxis básicos. Creo que ese es un buen acuerdo. Y lo digo, porque en muchas de nuestras regiones claramente los buses no son la principal red de transporte de pasajeros: son los colectivos, son los taxis básicos. En ese sentido, creo que el proyecto también hace resonancia con lo que nos demandaban a quienes representamos nuestros territorios.
Asimismo, hoy día creo que hay mayor claridad respecto a las obligaciones. Acá se va a estar informando a las comisiones de ambas cámaras respecto del avance de esto y se va a poder monitorear claramente cómo se aplica esta ley.
Creo que otro aspecto positivo tiene que ver con que se crean comités regionales. O sea, va a haber una acción más coordinada para pensar el transporte público específico en las regiones.
En suma, Presidente, yo creo que todos los cambios que se introdujeron dan cuenta, a mi juicio, de un trabajo legislativo que fue serio, representativo de las necesidades de nuestras regiones, y este proyecto termina yendo mucho más allá del incremento y extensión de los fondos, que era el objetivo original, pues se hará cargo, además, de redefinir el modelo de subsidio, los mecanismos de administración de los fondos a nivel regional, con lo que a mi juicio efectivamente nos acercamos a contar con un transporte público moderno, sostenible y de calidad para los usuarios de todo el país.
Esto no fue sencillo. Nosotros incluso sosteníamos "un peso para Santiago, un peso para regiones" y pedíamos que se ocupara exclusivamente en transporte público regional, pero garantizamos que respecto de un 50 por ciento, a lo menos, exista -entre comillas- la obligatoriedad de que se utilice para generar y mejorar el transporte público regional. En la Cámara de Diputados el porcentaje era de un 20 por ciento.
Espero que esto efectivamente sea ratificado, ya que va a significar un avance importante en la calidad del transporte para los habitantes de las regiones.
He dicho, Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senadora Ximena Órdenes, presidenta de la Comisión de Transportes.
A continuación, le ofrecemos la palabra al senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Hace un par de semanas me reuní, no a propósito de este proyecto, con el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, y con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Quillota, justamente por una mesa de trabajo que estaban levantando para mejorar el transporte a corto, mediano y largo plazo, pensando en que el tren va a pasar por Calera y todo lo que había que generar, pero también por la necesaria regulación del transporte público en la provincia y en las zonas rurales, apartadas, en las que ya se sienten el patio trasero de la región de Valparaíso.
Ponían un ejemplo en el que la micro, el transporte, entre Quillota y Calera vale 1.000 pesos aproximadamente, mientras que entre Valparaíso y Viña vale 500 pesos, por los subsidios que se concentran en la zona metropolitana.
Pero este sentimiento de desregulación del sector del transporte público, de abandono de las zonas rurales, se replica en distintas provincias de la región de Valparaíso, no solo en la provincia de Quillota, en la que tuvimos esta reunión, sino que también en las de Petorca, Los Andes, San Felipe, etcétera.
Y entre otras cosas llegamos a la conclusión de lo necesario que era avanzar en esta dirección, y que el famoso fondo espejo, estos fondos de aporte regional, tengan una obligación de direccionarse, focalizarse desde los gobiernos regionales al sector de transporte, e incluso ver proyectos que no se presenten a partir de un municipio, sino que de una provincia, a propósito de la conurbación urbana o en lugares donde el límite entre una comuna y otra muchas veces es difuso, o entre sectores rurales y urbanos, etcétera.
Entonces, nos parece que esto va en la dirección correcta, es un mandato bien concreto. Ayuda a poner criterios de transparencia en este fondo espejo, que muchas veces se destina actualmente a otros fines, pero no necesariamente a mejorar el transporte público en nuestras regiones, e insisto, particularmente en aquellas provincias que están más alejadas de las zonas metropolitanas en términos de subsidio, de regulación, de un diseño de transporte público, y no en esta lógica muchas veces de "ley de la selva" que hay con las licitaciones, con las empresas, los recorridos, etcétera.
Por último, quiero mencionar y valorar esta indicación de última hora, o acuerdo, que incluye a los taxis, colectivos, que también son parte de la vida cotidiana -lo conversábamos con la senadora Pascual, por su intermedio, Presidente- de muchísima gente, en muchas comunas donde el transporte del bus, la micro, no llega. Y, por tanto, la gente usa el taxi, el colectivo y, por tal razón, hay que incluirlos en la lógica de la red de transporte, con la que la gente se moviliza para llegar a sus lugares de trabajo, a sus hogares, a los colegios, etcétera, o para conectarse con otros puntos de tren, metro y la red de autobuses.
Por tanto, tenemos mucho que mejorar todavía y este proyecto avanza en esta dirección, sobre todo con criterios y mandatos más claros en la ley para los gobiernos regionales, que hoy día son elegidos democráticamente y, por tanto, tendrán mayor nivel de discrecionalidad, en el buen sentido, para poder mirar con más atención aquellos dolores que hay en nuestras regiones respecto al transporte público, en las que muchas veces se tiene el sentimiento de que las decisiones se toman desde un escritorio en Santiago, alejado de las realidades que viven cotidianamente las personas.
Voto a favor, Presidente.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
A usted, senador Juan Ignacio Latorre.
A continuación, le ofrezco la palabra al senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, Presidente.
No es menor que ahora estemos interviniendo senadores de regiones y que un senador de la región de Coquimbo presida la sesión, porque lo primero que se logra con este nuevo modelo de financiamiento del transporte público remunerado de pasajeros es, precisamente, corregir la distorsión que existe en el FAR.
Debemos tener mejor trazabilidad de todos los recursos que se reciben en regiones, para que estos vayan en directo apoyo a las personas, y el transporte es esencial. Por lo tanto, debemos pedir que en los procesos de modernización de los gobiernos regionales que tenemos, este sea el inicio de un sistema de cartolas, para saber exactamente qué ingresa y finalmente cómo se llega a apoyar a las personas.
Si bien se resuelve de alguna manera el transporte mayor y menor, creo que uno de los aspectos más importantes que se ha considerado nace precisamente de una indicación del senador García, la senadora Rincón y el senador Coloma, relacionada con ese transporte cotidiano, mencionado por quienes me antecedieron.
El taxi, como medio de transporte, aparece en Francia, en París, a fines del siglo XIX, en 1899 específicamente, de la mano de Georges Button, un emprendedor. Muchos de quienes están presentes hoy valoran esta actividad.
En Chile tiene más de cien años -1916, 1920 se estima- con el Chevrolet 490, que era el modelo que se produjo masivamente en esa época, y era el más fácil de adquirir.
Tenemos un servicio cotidiano que ha sido desde el inicio regulado con licencia y tarifa. Eso es lo que estamos viendo en una indicación, donde se logró este acuerdo transversal.
¿Por qué digo esto? Porque no podemos mirar a ninguno de los sistemas de transporte como el hermano o el primo más pobre; son todos importantes.
Por eso, hay que reconocer el trabajo de los dirigentes, que lograron posicionar este tema. Específicamente, a Carlos Calderón; y, en particular, para la región de Coquimbo, señor Presidente, a Luis Dubó, quien hoy nos está viendo a la distancia desde esas tierras remotas.
Porque queremos decirles a las personas que están en regiones, con esfuerzo, sacando adelante a sus familias, la educación de sus hijos, dando un servicio de calidad, que queremos que los apoyos lleguen, para dejar a todos en igualdad de condiciones.
Señalaban senadores de la hermosa región de Aysén que la única manera era usar estos medios. O sea, son parte esencial de los sistemas de transporte.
Y cabe aspirar a lo que hoy existe en la región Metropolitana. Valoro que tengamos un metro, un sistema de transporte que se está rápidamente descarbonizando, que es el sueño de muchos. Pero es imposible lograrlo instantáneamente.
Un solo ejemplo: ¿cuántas personas, barrios, familias, regiones, quedaron sin electricidad con los cortes de luz?
Esto, señor Presidente -por su intermedio, para que le llegue al ministro de Transportes-, es un riesgo sistémico, porque si pretendemos que todo nuestro sistema sea de electromovilidad, ¿qué vamos a hacer cuando se caiga la luz? Es un tema no menor.
De ahí viene la necesidad de haber incluido la transición con sistemas híbridos, como una alternativa real para poder mitigar un riesgo que existe. Porque no podemos descansar solo en una tecnología.
Los esfuerzos logrados así lo señalan. Espero que podamos tener mucha más data para que en las próximas evaluaciones podamos ver cómo va esta ley, y darnos cuenta de si efectivamente se lograron todos los efectos que queríamos ahora.
Por lo pronto, es un acuerdo político valioso.
Felicito, por su intermedio, a la presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, senadora Ximena Órdenes, aquí presente, por el trabajo hecho; a las senadoras y senadores que hicieron sus aportes para precisar tanto aspectos del FAR, como aquellos relacionados con este transporte cotidiano, el taxi, tanto de servicios especiales, como básicos, de turismo y ejecutivos.
A todos aquellos que hoy son conductores de estos medios de transporte les expresamos también nuestro reconocimiento, porque gracias a ellos podemos llegar seguros a destino. Nuestras vidas dependen de las personas que nos trasladan y nos transportan.
Por eso, queremos que cuenten con los recursos para que sus vehículos estén bien, con todos los sistemas de seguridad, y ellos en la mejor condición para poder realizar su trabajo.
Por eso, voto a favor, señor Presidente.
He dicho.
Muchas gracias.
(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Kenneth Pugh.
Finalmente, le ofrecemos la palabra a la senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
No voy a repetir todo lo que acá se ha dicho. Trataré de ser muy breve. Solo quiero decir cuatro cosas.
Cuando uno escucha los discursos, ve que es un proyecto que va a ser aprobado por unanimidad, y eso habla de su importancia.
Primero, mejorar el transporte público es mejorar directamente, no solamente la vida y el trabajo que realizan quienes manejan estos taxis, sean básicos, colectivos, ejecutivos o de turismo, sino que también la calidad de vida de los ciudadanos, que van a tener la posibilidad de contar con un mejor transporte público.
En segundo lugar, espero también que el tercer trámite en la Cámara de Diputados sea breve.
Acá se ha felicitado, y también lo reitero, tanto a la Comisión de Transportes como a la Comisión de Hacienda. Se ha trabajado de la mano de los gremios este proyecto, y también con el Ejecutivo. Y esperamos que tenga un respaldo rápido para que se convierta en ley.
En tercer lugar, solo cabe lamentar el haber bajado de seis a cuatro años. Los cuatro años se comienzan a contar desde que se publica la ley. Y cuando uno conoce todo el trámite de la administración pública, no pareciera mucho tiempo. Pero esperemos que así sea, o que, bueno, pueda hacerse el día de mañana alguna modificación, si así se estima, y se convenza el Ejecutivo de que el plazo de cuatro años es corto.
Finalmente, Presidente, quiero no solamente felicitar y agradecer el trabajo que también han hecho los gremios que hoy día nos acompañan en las tribunas, sino reconocer especialmente a la Federación de Taxis y Colectivos de Iquique, que han estado presentes, haciendo un periplo por todos los parlamentarios de la región, pidiendo ayuda en las indicaciones de la manera como hoy día se han aprobado.
Así que agradezco el trabajo realizado por todos los gremios.
Por cierto, votamos a favor, Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos en tribunas).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto?
El señor WALKER (Vicepresidente).-
¿Han votado todos los señores senadores y todas las señoras senadoras?
El señor DE URRESTI.-
Hice una consulta y hay unanimidad...
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Lamentablemente, senador Alfonso de Urresti, podría haber unanimidad, pero no hay quorum suficiente para adoptar acuerdos.
El señor DE URRESTI.-
Podemos autorizar que hable la asesora del Ministerio.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
No tenemos quorum para permitir la intervención de la asesora.
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto, incluida la indicación presentada por el Ejecutivo (32 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
exigido, y queda despachada la iniciativa en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se hace presente que, en el número 8, nuevo, que se refiere al artículo 17...
La señora PROVOSTE.-
¿Por qué no apareció el resultado en la pantalla?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Estaba. Ya se levantó la pantalla.
Respecto al numeral referido del artículo 17, que agrega en el inciso primero una frase final, que establece una obligación de reserva, dicha norma es de quorum calificado y requiere 25 votos para su aprobación. Habiéndose superado ese quorum, también se entiende aprobada.
(Aplausos en tribunas).
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muy bien.
Despachado el proyecto para su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Senador Alfonso de Urresti, usted había pedido la palabra.
El señor DE URRESTI.-
Presidente, había expresamente solicitado aclarar un punto. Se lo pedí al ministro, antes de que legítimamente tuviera que abandonar la sala para concurrir a la Cámara de Diputados. Hablé con la asesora. Y aquí represento también al senador Quintana.
Es importante que exista claridad respecto de una norma para ferrocarriles, de una serie de obras anexas que se están haciendo en la operación, particularmente en las estaciones, en lugares que complementan el servicio. Es de toda lógica.
Para evitar cualquier interpretación en contrario, le pediría, ya que está acá la asesora legislativa, a quien autorizamos para ingresar, que se pudiera dejar constancia de esa situación, seguramente en el tercer trámite o en la comisión mixta, si hubiera alguna discrepancia. Lo dejo planteado en la historia de la ley para evitar cualquier interpretación, especialmente en los gobiernos regionales, para inversión en este modo ferroviario.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador De Urresti.
Estamos seguros de que en las etapas legislativas que restan el Ministerio de Transportes, a través del ministro o de la propia asesora legislativa, señora Viviana Díaz, podrá aclarar todas las dudas que se han expresado en este debate.
Queremos agradecer especialmente a todos los dirigentes del transporte que nos acompañaron también en el desarrollo de esta sesión.
Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De: señora CAMPILLAI.
Para: delegado presidencial regional de Valparaíso y alcalde de Valparaíso.
Asunto: situación de inseguridad en pasaje Juana Ross, entre calle Victoria y avenida Argentina.
De: señor DE URRESTI.
Para: ministro de Educación.
Asunto: posibilidad de volver a contar con subvención "piso rural".
De: señora GATICA.
Para: ministra del Interior y Seguridad Pública, general director de Carabineros de Chile, subsecretario del Interior y directora nacional de Arquitectura.
Asunto: diseño de proyecto "Reposición Retén Reumén, comuna de Paillaco, región de Los Ríos" e incorporación de un programa de mantenimiento y conservación del cuartel en Ley de Presupuestos.
Para: ministra de Salud.
Asunto: información sobre catastro de niños con distrofia muscular de Duchenne.
Para: subsecretario de Obras Públicas, director nacional de Vialidad y director regional de Vialidad de Los Ríos.
Asunto: requerimientos de dirigentes vecinales de comuna de Río Bueno sobre inicio de proyecto "Asfalto Chin Chin-Licán"; incorporación de señalética informativa y acceso a localidad de Nolguehue; conservación o recapado de ruta Crucero-Mantilhue, y arreglo de baches en acceso a puente Contra y puente sobre estero Pitrileufu.
Para: gobernador regional de Los Ríos, alcaldesa de Valdivia, seremi de Desarrollo Social y Familia, concejales de Valdivia y director regional del Servicio de Evaluación Ambiental.
Asunto: información sobre estado actual de proyecto "Construcción y Operación Relleno Sanitario Los Ríos" y "Plan de cierre", vida útil e inversiones planificadas para vertedero Morrompulli.
De: señor HUENCHUMILLA.
Para: ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Asunto: estado de protocolo de acuerdo firmado entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Asociación Nacional de Funcionarios de dicho servicio.
De: señor KUSANOVIC.
Para: ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Asunto: estado de infraestructura de telecomunicaciones licitada para servicio móvil en base O'Higgins, Territorio Antártico Chileno.
De: señor MACAYA.
Para: director de Serviu de O'Higgins.
Asuntos: 1) Estado de escrituración de viviendas de villa Las Pircas de Requínoa y de vivienda de villa Nueva Cordillera de Rancagua. 2) Recepción por parte del Serviu de terreno de sector Los Lirios (Requínoa).
De: señor VAN RYSSELBERGHE.
Para: ministra de Salud, subsecretaria de Salud y subsecretario de Redes Asistenciales.
Asunto: conocer si medicamentos bioequivalentes de laboratorios de la India que están siendo entregados en establecimientos de salud pública a pacientes con enfermedades crónicas cuentan con estudios y certificaciones del Instituto de Salud Pública de Chile.
Para: subsecretario del Interior.
Asunto: realización de gestiones administrativas para responder a solicitud de pensión de gracia de exminero que identifica, quien cumple con requisitos al efecto.
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--Se levantó la sesión a las 21:00.
Rodrigo Obrador Castro
Jefe de la Redacción