REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
Legislatura 372ª
Sesión 22ª, ordinaria
Miércoles 15 de mayo de 2024
(De 16:17 a 18:35)
Presidente, señor José García Ruminot
Vicepresidente, señor Matías Walker Prieto
Secretario General, señor Raúl Guzmán Uribe
REDACCIÓN DE SESIONES
I.ASISTENCIA
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Retamales, Karim
--Campillai Rojas, Fabiola
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro González, Juan Luis
HYPERLINK "https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=1218" --Castro Prieto, Juan Enrique
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cruz-Coke Carvallo, Luciano
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Edwards Silva, Rojo
--Flores García, Iván
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Gatica Bertin, María José
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Keitel Bianchi, Sebastián
--Kusanovic Glusevic, Alejandro
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Moreira Barros, Iván
--Núñez Arancibia, Daniel
--Órdenes Neira, Ximena
--Pascual Grau, Claudia
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Saavedra Chandía, Gastón
--Sandoval Plaza, David
--Sanhueza Dueñas, Gustavo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Vodanovic Rojas, Paulina
--Walker Prieto, Matías
Concurrieron, además, el ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto; la ministra secretaria general de Gobierno, señora Camila Vallejo Dowling, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega.
Asimismo, se encontraba presente la subsecretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacios.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 19 señoras senadoras y señores senadores.
El señor GARCÍA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
"Treinta Mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República
Con el primero, el segundo y el tercero, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
-El que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres (Boletines N°s 10.576-13, 12.719-13 y 14.139-34, refundidos).
-El que crea un Registro de Deuda Consolidada (Boletín N° 14.743-03).
-El que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (Boletines N°s 14.445-13, 13.011-11 y 14.449-13, refundidos).
Con los veintiún siguientes, retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
-El que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala (Boletín N° 15.805-07).
-El que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes N° 21.522, N° 21.523 y N° 21.527 (Boletín N° 15.816-07).
-El que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (Boletín N° 15.975-25).
-El que crea el Ministerio de Seguridad (Boletín N° 14.614-07).
-El que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados (Boletín N° 14.971-21).
-El que autoriza construir un memorial y circuito de memoria, en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte (Boletín N° 15.278-24).
-El que modifica la ley N° 18.216 para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva (Boletín N° 15.408-25).
-El que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Boletín N° 11.175-01).
-El que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad (Boletín N° 16.078-08).
-El que modifica la ley N° 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional (Boletines N°s 16.223-29, 12.648-29, 14.984-29, 15.091-29, 15.598-29, 15.890-29, 15.904-29 y 15.919-29, refundidos).
-El que aprueba el Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, hecho en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019 (Boletín N° 14.775-10).
-El que modifica diversos cuerpos legales, en materia de fortalecimiento del Ministerio Público (Boletín N° 16.374-07).
-El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento (Boletín Nº 15.534-14).
-El de reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín N° 9.119-18).
-El que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (Boletín Nº 13.991-07).
-El que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas (Boletín Nº 16.504-33).
-El que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones (Boletín N° 14.964-24).
-El que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal (Boletín N° 16.621-05).
-El que modifica la ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República (Boletín N° 16.625-07).
-El que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en conocimiento, y modifica la ley N° 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en los términos que indica (Boletín N° 16.441-19).
-El que modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días (Boletín N° 16.729-06).
Con los seis últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
-La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
-La que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea (Boletín N° 14.838-03).
-La que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes (Boletín N° 15.751-11).
-La que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía (Boletín N° 16.371-24).
-Sobre armonización de la ley N° 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y Modifica Normas Legales que Indica, y la ley N° 20.032, que Regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados, con la ley N° 21.430, Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Boletín N° 15.351-07).
-La que establece una ley marco de suelos (Boletín N° 14.714-01).
--Se toma conocimiento de los retiros y las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados
Con el que informa que, en sesión de esta fecha, aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios y establece otras medidas para la reconstrucción, correspondiente al Boletín N° 16.704-05.
--Se toma conocimiento y en atención a que el proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras y se remitió a S.E. el Presidente de la República, se registra el oficio en el archivo, junto con sus antecedentes. Mociones
Del Honorable Senador señor Durana, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional, que modifica la Carta Fundamental, con el objeto de considerar a la región de Arica y Parinacota entre los territorios especiales (Boletín N° 16.843-07).
De los Honorables Senadores señoras Aravena y Carvajal, y señores Chahuán, Ossandón y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, con el objeto de fortalecer los derechos y la participación de víctimas y querellantes (Boletín N° 16.844-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables Senadores señor Saavedra, señoras Allende, Aravena, Órdenes, Pascual, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic, y señores Araya, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, De Urresti, Durana, Espinoza, Galilea, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Ossandón, Pugh, Quintana y Velásquez, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya a las autoridades competentes la adopción de las medidas que correspondan para actualizar la normativa que regula la seguridad en los espectáculos asociados al fútbol profesional, en los términos que indican (Boletín N° S 2.543-12).
De los Honorables Senadores señoras Campillai, Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Rincón y Sepúlveda, y señores Araya, Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Espinoza, Insulza, Keitel, Kusanovic, Latorre, Núñez, Saavedra, Sandoval y Velásquez, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, disponga las acciones pertinentes para elaborar una política pública de protección a las personas que padecen enfermedades raras o poco frecuentes, que contemple la atención integral de los pacientes y sus familias y otras medidas que señalan (Boletín N° S 2.544-12).
De los Honorables Senadores señora Provoste, señor Prohens, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Pascual y Sepúlveda, y señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Durana, Espinoza, Galilea, García, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, presente un proyecto de ley para modificar la ley N° 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, con el objeto de incorporar la protección financiera de enfermedades raras o poco frecuentes (Boletín N° S 2.545-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad".
El señor BUSTOS (Prosecretario).-
Es todo, Presidente.
Gracias.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
Sobre la Cuenta, se ofrece la palabra.
Tiene la palabra la senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Presidente, solicito que la Secretaría envíe el medio de verificación de la hora en que ingresaron los proyectos de acuerdo que se han señalado en la Cuenta del día de hoy.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Podemos atender el requerimiento.
Por supuesto, senadora, lo vamos a hacer.
La señora PROVOSTE.-
¡Me consta que no es así!
El señor GARCÍA (Presidente).-
Por eso, lo vamos a verificar.
Gracias, senadora.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
Senador Iván Moreira, tiene la palabra por punto de reglamento.
El señor MOREIRA.-
Presidente, es una petición que quiero hacerle a la Sala.
Hace algunos días esta Sala determinó a qué comisiones irían los boletines 10.576-13, 12.719-13 y 14.139-34, refundidos, correspondientes a un proyecto de ley que dice relación con el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Nosotros hablamos con la ministra del Trabajo el día de hoy, porque este proyecto se envió a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de la Mujer y Equidad de Género.
Conversamos con el Gobierno respecto al hecho de que hoy día estamos empeñados en el tema previsional; tenemos el proyecto sobre sala cuna, y una comisión mixta está viendo una iniciativa relacionada con cuotas para personas con discapacidad en el ámbito laboral.
Entonces, Presidente, nosotros queremos que este proyecto vaya a la Comisión de la Mujer y, una vez que haya pasado por dicha comisión y haya sido visto en general, se envíe a la Comisión de Trabajo, ya que en ese momento tendremos el tiempo suficiente para atenderlo.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Gracias, senador Moreira.
¿Tendríamos acuerdo para que el proyecto, que primero iría a la Comisión de Trabajo y luego a la Comisión de la Mujer, sea tratado al revés, es decir, primero por la Comisión de la Mujer y luego por la de Trabajo?
--Así se acuerda.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
Ha solicitado autorización para ingresar a la sala la señorita Macarena Lobos Palacios, subsecretaria general de la Presidencia.
¿La autorizamos?
La señora PROVOSTE.-
¿Por qué no le da una autorización permanente, Presidente?
El señor GARCÍA (Presidente).-
¡Una autorización permanente, dice la Senadora Provoste...!
Tenemos que consultarlo sesión a sesión.
(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).
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El señor GARCÍA (Presidente).-
Senador don José Miguel Insulza, usted ha pedido la palabra.
El señor INSULZA.-
Presidente, solamente quiero hacerle ver que, después de haberlo planteado hace un tiempo, hace una semana por lo menos, la situación en la Comisión de Relaciones Exteriores sigue exactamente igual.
Desgraciadamente, en el día de ayer estaba yo presidiendo la comisión y se encontraban presentes los senadores Edwards y Latorre, pero no hubo quorum, porque en realidad uno ocupó un cargo y el otro tiene que ocuparlo ahora, así que todavía no conseguimos resolver el problema.
Este es un tema que no tiene que ver con los inconvenientes que tuvimos hace algún tiempo, Presidente. Este es un reemplazo que estaba hecho y escrito. O sea, el papel ya está. No es que alguien haya dejado de firmar un papel o que alguien tenga que firmar un papel después. ¡El reemplazo está hecho! Lo que pasa es que no se ha puesto en vigor porque la Secretaría aún no me lo comunica así.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Gracias, senador Insulza.
Efectivamente, tenemos una dificultad ahí.
Seguimos insistiendo y haciendo gestiones para resolverla. Esperamos hacerlo durante los próximos días, de manera que al regreso de la semana regional pueda estar resuelta favorablemente.
Muy bien.
Vamos al Orden del Día.
CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS
El señor GARCÍA (Presidente).-
Figura en el primer lugar de la tabla el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas (boletín N° 13.991-07), con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en discusión general y con urgencia calificada de "suma".
Este proyecto tiene normas de ley orgánica constitucional y de quorum calificado.
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 13.991-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GARCÍA (Presidente).-
El señor Secretario hará la relación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión general el proyecto de ley referido, correspondiente al boletín N° 13.991-07.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".
Los objetivos del proyecto de ley son los siguientes:
Primero, crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas como una entidad pública descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, definiendo sus funciones y atribuciones.
Segundo, definir la forma en que se estructurará y funcionará este nuevo servicio público y los derechos de los funcionarios que serán traspasados desde las corporaciones de asistencia judicial y de otras reparticiones públicas a este nuevo organismo.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, solo discutió en general la iniciativa de ley.
La referida comisión deja constancia de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señoras Ebensperger y Pascual y señor De Urresti.
Asimismo, consigna que los artículos 4°, inciso segundo; 11; 12, inciso segundo; 34 y 37 permanentes de la iniciativa tienen rango de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 36 tiene el carácter de norma de quorum calificado, por lo que requiere 25 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 92 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Para el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tiene la palabra su presidente, senador don Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, corresponde que esta honorable Sala se pronuncie en general acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas (boletín N° 13.991-07), iniciativa que tiene urgencia calificada de "suma".
Su origen se encuentra en un mensaje del entonces Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, que fue estudiado y debatido previamente por la Cámara de Diputados.
Se dio cuenta de esta iniciativa en la sala de esta Corporación en sesión de 20 de marzo de 2024, disponiéndose su estudio en general por la Comisión que presido.
Durante su análisis se escuchó al Gobierno, representado por el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Justicia, el subsecretario de Prevención del Delito y los representantes de los funcionarios de esta última repartición.
Igualmente, la Comisión recibió en audiencia al director de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago y a los dirigentes de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que reúne a todos los trabajadores de las cuatro corporaciones de asistencia judicial que existen en el país.
Asimismo, se escuchó a expertos y académicos de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Las Américas; a los representantes de la Fundación Amparo y Justicia; de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, de Valparaíso, Coquimbo y Atacama, y a la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tal como se consigna en extenso en el informe de la Comisión.
Mediante este proyecto se busca dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política, norma que asegura a todas las personas el derecho a defensa jurídica y acceso a la justicia. Agrega esta disposición que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Añade que la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas a efecto de ejercer la acción penal reconocida por la Constitución y las leyes.
El derecho de acceso a la justicia es un principio fundamental y pilar del Estado de derecho. Es un "medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados". Por ello, es obligación del Estado contar con una institucionalidad adecuada que permita disponer de mecanismos de efectiva protección de las víctimas en tres momentos procesales: en la información previa a un proceso en que se analizarán los ilícitos que las han afectado; en el proceso mismo, y en la ejecución de lo resuelto.
Para la real protección de este mandato, es indispensable que las personas tengan la capacidad para reconocer y defender sus derechos.
Por ello, las diversas condiciones que pueden afectar esta...
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senador De Urresti, disculpe la interrupción.
Le sugeriría que acercara un poco más su micrófono, porque le escuchamos bien bajito.
La señora EBENSPERGER.-
¡Está cumpliendo penitencia...!
El señor DE URRESTI.-
¡Voy a partir de nuevo...! (Risas).
El señor GARCÍA (Presidente).-
Gracias, senador.
Disculpe.
El señor DE URRESTI.-
Continúo.
Por ello, las diversas condiciones que pueden afectar esta capacidad, como la situación de pobreza o el pertenecer a un grupo en condición de vulnerabilidad, constituyen barreras que deben ser removidas por el Estado y por quienes integran el sistema de justicia.
Para cumplir con este mandato constitucional, el proyecto propone crear -y esto es importante- un nuevo órgano público de alcance nacional denominado "Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas", entidad administrativa descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, se definen sus funciones y atribuciones.
El propósito es permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal, asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección y de apoyo sicológico y social; asesoría y representación jurídica de las personas naturales víctimas de delitos, y de la administración del sistema de mediación familiar que consagra el título V de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.
Este nuevo servicio desarrollará programas destinados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia, tanto de la población en general como de aquellos grupos que requieran de especial protección.
Se fijan las funciones y atribuciones del Servicio, su organización, los requisitos para ser nombrado director nacional y directores regionales del Servicio. Asimismo, se precisa la normativa aplicada a su personal y el patrimonio del organismo.
La Dirección Nacional se organizará funcionalmente en tres subdirecciones: Subdirección de Defensoría de las Víctimas, Subdirección de Líneas de Acción y Programas, y Subdirección de Operaciones. Los subdirectores y subdirectoras estarán adscritos al segundo nivel jerárquico del Sistema de Alta Dirección Pública de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.
Existirán, además, un departamento de auditoría y control y un departamento jurídico y fiscalía, dependientes directamente del director nacional.
Por otra parte, se establece que este servicio será el continuador legal de las corporaciones de asistencia judicial que existen en nuestro país.
En este punto, cabe recordar que actualmente existen cuatro corporaciones diferentes y autónomas. Entre sus principales prestaciones destaca la representación en juicio mediante el patrocinio otorgado por sus abogados, los cuales son asistidos, solo en algunas materias, por postulantes al título de abogado. Asimismo, brindan servicios de promoción de derechos y de prevención de conflictos dirigidos a toda la comunidad.
Por último, las corporaciones otorgan atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de delitos a través de centros integrales y especializados destinados a asesorar a las personas para ejercer sus derechos en juicio, obtener reparación y superar las consecuencias traumáticas derivadas de los ilícitos.
Llevar a cabo estas tareas de un modo uniforme y homogéneo a nivel nacional demanda importantes desafíos, los que pretende asumir el nuevo servicio que se crea.
Se requiere, por tanto, avanzar hacia un nuevo ente público que garantice el acceso a la justicia de quienes habitan nuestro país, con una mejora permanente de la calidad de sus prestaciones.
El párrafo 3° del título I se refiere al personal del servicio, consignándose en primer lugar que se regirá por el Código del Trabajo y será seleccionado mediante concurso público, y solo se establece la planta de directivos, la cual quedará sujeta al Sistema de Alta Dirección Pública.
En el título II se regulan los derechos de los usuarios de este servicio y los deberes de quienes en él se desempeñen, especialmente respecto de las personas que han sido víctimas de delitos.
En este sentido, el servicio proveerá asesoría, defensa, representación jurídica, asistencia psicológica y social a las personas naturales víctimas de delitos, que carezcan de defensa jurídica en materia penal. Sin perjuicio de lo anterior, otorgará defensa especializada a las personas que sean víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad o integridad sexual, y la libertad ambulatoria.
En particular, el servicio crea lo siguiente:
En primer lugar, deberá otorgar información y asesoría a las víctimas de delitos acerca de sus derechos y la forma de ejercerlos.
Segundo, otorgará asesoría e información a las víctimas de delitos respecto de las medidas cautelares y de protección que pueda solicitar el fiscal a cargo y su seguimiento, ya sea respecto de aquellas que este pueda ordenar por sí mismo como de las que requieran autorización del tribunal. Para estos efectos, el servicio podrá establecer las coordinaciones necesarias para acceder a esta información, cautelando la debida reserva de la misma.
Tercero, otorgará orientación a las víctimas de delitos respecto de programas estatales a los que puedan acceder.
Cuarto, proporcionará representación jurídica a las víctimas de delitos a fin de permitir su participación en el proceso penal.
Quinto, otorgará asistencia psicosocial a las víctimas en procura de mitigar los efectos negativos del delito y evitar su victimización secundaria. El otorgamiento de las prestaciones de asistencia psicológica y social en beneficio de las víctimas usuarias del servicio se realizará con independencia del ejercicio de las acciones judiciales de las que sean titulares.
En el título III el proyecto establece las bases del funcionamiento de la coordinación interseccional y otorga al Ministerio de Justicia la facultad para crear comisiones técnicas o asesorías interministeriales, con el objeto de establecer la política pública referida al acceso a la justicia.
Finalmente, el título IV contiene disposiciones adecuatorias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Código Orgánico de Tribunales, en el ámbito de la asistencia judicial y del privilegio de pobreza.
Igualmente, se modifican la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia y el sistema de mediación familiar
, y el Código del Trabajo. Se derogan diversas leyes, medida que es consecuencia de la aprobación de este proyecto.
Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tuvo la oportunidad de examinar en detalle los principales antecedentes, fortalezas y materias que podrán ser perfeccionados durante la discusión en particular.
En este sentido, se estudiaron los siguientes puntos, que procedo a enumerar para ir terminando.
Primero, la conveniencia de crear un servicio de alcance nacional que garantice el acceso a la justicia y la defensa de las víctimas, de conformidad con el mandato que estatuye el párrafo tercero del número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Segundo, los principales programas y servicios de atención jurídica a las personas, que serán asumidos por el nuevo ente público.
Tercero, la forma y modo en que el mencionado servicio cumplirá las tareas que actualmente ejecutan las corporaciones de asistencia judicial; el Programa de Apoyo a Víctimas (PAV), dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y los Centros de Atención Integral a las Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), dependiente de las mencionadas corporaciones.
Cuarto, el análisis de las funciones del nuevo servicio y las prestaciones que recibirán sus usuarios (información; asesoría y representación jurídica; asistencia psicosocial; mediación familiar y solución colaborativa de conflictos).
Quinto, la estructura y los órganos que integrarán el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Sexto, el régimen del personal del servicio y su estatuto. Asimismo, se consideró la forma en que se traspasarán los funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial y de la Subsecretaría de Prevención del Delito a este nuevo organismo.
Séptimo, las normas aplicables a los postulantes que realizan su práctica profesional para acceder al título de abogado en las actuales corporaciones de asistencia judicial.
Por último, hago presente que este proyecto consta de cuarenta y nueve artículos permanentes y de veinte disposiciones transitorias.
Luego de examinar todos estos antecedentes, la comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó recomendar a la Sala del Senado la aprobación general de este proyecto de ley, en los términos acordados en el primer trámite constitucional.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador De Urresti, por su completo informe.
Tenemos inscritos, hasta el momento, diez senadoras y senadores.
Este proyecto, como se ha dicho, contiene normas de ley orgánica y de quorum calificado.
¿Tendríamos acuerdo para abrir la votación manteniendo los tiempos?
Así se acuerda.
Por lo tanto, se abre la votación.
(Durante la votación).
Se encuentran inscritos hasta el momento los senadores Pedro Araya, Matías Walker, Luz Ebensperger, Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, Carmen Gloria Aravena, José Miguel Insulza, Juan Ignacio Latorre, Claudia Pascual y José Miguel Durana.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En votación.
El señor CRUZ-COKE.-
¿Me permite, Presidente?
El señor GARCÍA (Presidente).-
Senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.-
Una duda de procedimiento, Presidente.
Entiendo que ciertas normas de quorum especial se van a votar aparte. ¿O no?
El señor DE URRESTI.-
No. Es una sola votación.
El señor CRUZ-COKE.-
¿Es una sola votación?
El señor GARCÍA (Presidente).-
Sí, una sola votación.
La señora ALLENDE.-
Es en general.
El señor CRUZ-COKE.-
Perfecto.
Gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Sí, porque es discusión en general. Una sola votación.
Está abierta la votación.
Tiene la palabra el senador don Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Gracias, Presidente.
Han pasado más de dos décadas en las que se ha intentado, en distintas oportunidades y por varios gobiernos, crear un organismo que permita hacer realidad el derecho a acceso a la justicia. Sin embargo, todos esos esfuerzos fallaron.
En esta ocasión ha llegado a segundo trámite constitucional el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
La consolidación de esta política pública, a través de la creación de una nueva institucionalidad, dotada del personal y de los recursos económicos necesarios, es una buena noticia, como también lo es la perspectiva de Estado que le ha imprimido el Gobierno del Presidente Boric a esta iniciativa.
Así, en vez de presentar un nuevo mensaje, el Presidente de la República continuó con la tramitación del proyecto de ley iniciado en un mensaje del Presidente Piñera, sobre el cual envió indicaciones para mejorar y perfeccionar la arquitectura institucional del nuevo servicio.
Esta es la forma de hacer buenas políticas públicas.
Quisiera destacar que generar políticas públicas que permitan hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia es la mejor forma en que el Estado se hace cargo de dos derechos civiles y políticos consustanciales a la democracia: la igualdad ante la ley y el derecho a la justicia.
Sin la garantía de un sistema institucional efectivo y oportuno de acceso a la justicia para los ciudadanos, particularmente los que pertenecen a los grupos más vulnerables, el derecho a la justicia se torna una mera formalidad, una declaración, una pura expectativa.
Este proyecto de ley, además, se hace cargo de una profunda demanda y necesidad ciudadana: la atención, defensa y representación jurídica de las víctimas de delitos.
Señor Presidente, no podemos sino complacernos con este importante avance, el cual apoyé en la Comisión de Constitución y ahora respaldaré en la votación en general.
Pero, al mismo tiempo, me parece que existen algunos temas pendientes en el proyecto, de los cuales deberá hacerse cargo en la discusión particular.
En primer lugar, es necesario asumir un modelo de atención y resolución, más allá de la mediación de los conflictos jurídicos que afectan mayoritariamente a las personas, y que no tienen una resolución jurídica expedita a través de los mecanismos judiciales tradicionales.
Se trata de enfrentar la resolución de lo que se denomina genéricamente como "las pequeñas causas", esto es, conflictos de vecindad, incivilidades, conflictos en condominios, infracciones a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y demandas de menor cuantía, que cada día adquieren una mayor repercusión en las relaciones de vecindad.
En segundo lugar, desarrollar o perfeccionar, en caso de que exista, un modelo de atención y resolución de conflictos para las personas afectadas por los proveedores de servicios públicos o regulados.
Un tercer punto, que creo debe abordarse en la discusión particular, tiene que ver con revisar y hacer compatibles las funciones de representación de las víctimas del servicio, con las funciones que se le asignan a la división de víctimas del Ministerio Público, unidad a la que se le están asignando mayores recursos en el marco del proyecto de fortalecimiento del ente persecutor.
Finalmente, para un efectivo cumplimiento del rol de representación jurídica de las víctimas, más allá de que puedan contar con asistencia letrada, es necesario revisar el rol del querellante en el actual sistema de persecución penal. Sin una revisión del rol del querellante, así como de sus atribuciones y de lo que puede o no puede hacer en el nuevo proceso penal, estaremos generando una expectativa ciudadana que probablemente se terminará frustrando.
Todos sabemos que hoy el papel del querellante en el proceso penal, dada la estructura que tiene el sistema, es bastante ínfimo a la hora de incidir en una investigación penal.
En ese sentido, si bien es cierto eso no es tema de este proyecto, creo que debería estudiarse cuál será el rol del querellante, sobre todo si estamos pensando que este nuevo servicio se hará cargo de representar a las víctimas en el proceso penal.
Dicho lo anterior, Presidente, votaré a favor de esta iniciativa.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Pedro Araya.
Tiene la palabra el senador Matías Walker.
El señor WALKER.-
Muchas gracias, Presidente.
Me alegro mucho de que el día de hoy estemos votando y aprobando en general, y con un plazo específico después para presentar indicaciones, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de delitos.
Esta iniciativa, que hemos concordado, debe estar dentro de las prioridades de la agenda de seguridad.
Saludo al ministro de Justicia y felicito el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sin duda, este proyecto va a permitir que las víctimas de la delincuencia cuenten con asesoría letrada, concreta, para obtener reparación.
Muchas veces, al no obtener justicia ni reparación, en el caso de las víctimas de delitos violentos se produce una victimización secundaria y se desincentiva la posibilidad de que las víctimas puedan denunciar.
Esto lo hemos visto en terreno al conversar con los vecinos que muchas veces han sido objeto de robos, quienes nos plantean "senador, para qué voy a presentar una denuncia si finalmente la fiscalía tuvo que archivar mi caso, mi denuncia, por no haber proporcionado mayores antecedentes en la identificación del agresor, del delincuente, del asaltante o la persona que entró a robar a mi hogar". Y eso obviamente produce un desincentivo.
O lo que nos dicen las mismas policías, que muchas veces detienen una y otra vez a los mismos autores de los delitos de robo y, finalmente, quedan en libertad.
Por eso es muy importante el proyecto de ley sobre reincidencia, que está en la comisión mixta liderada por el senador Iván Flores, y que espero muy pronto podamos tenerlo en tabla, porque forma parte -y así lo concordamos con el Presidente de la República y la ministra del Interior- de las siete prioridades en materia de fast track legislativo en seguridad.
Me parece particularmente relevante que en el título II, párrafo 1°, Del acceso a la Justicia, al definir quiénes son los usuarios del servicio, se establezca que -y leo casi textual- el servicio proporcionará asesoría y representación jurídica a aquellos que no puedan obtenerlas por sí mismos o que pertenezcan a grupos de especial protección, como las víctimas de los delitos.
Esa definición me parece fundamental.
El proyecto que crea la defensoría de las víctimas lo habíamos presentado en la legislatura anterior con el entonces diputado Gonzalo Fuenzalida y otros. Y en un momento fue asumido por el Gobierno del Presidente Piñera, pero tenía un problema: no contemplaba un aumento de recursos, en ese momento, a lo que era el presupuesto de las corporaciones de asistencia judicial.
Y recuerdo que nosotros lo conversamos con el ministro de Justicia de ese entonces, Hernán Larraín, y le dijimos que, sin mayores recursos, es decir, con los mismos recursos de la Corporación de Asistencia Judicial, no íbamos a lograr la defensoría que pretendían las víctimas de los delitos más violentos.
Finalmente, ese proyecto no prosperó.
Por eso me parece muy bien que, bajo el impulso del ministro de Justicia y de este Gobierno, se pueda dar una fisionomía más concreta a este proyecto de ley que mejora el acceso a la justicia y crea esta defensoría de las víctimas, con ese apellido también.
No tenemos que olvidar también -y lo conversaba con el ministro Luis Cordero- la situación de los niños, niñas y adolescentes. Hemos visto en la Comisión de Infancia, que preside la senadora Carmen Gloria Aravena, la situación del programa Mi Abogado, que es muy importante, pues permite que los niños, niñas y adolescente tengan también un defensor judicial, una debida asistencia letrada para los efectos de ser representados en un juicio. Y ese es un programa que, al alero de este nuevo servicio, hay que fortalecer.
Conversábamos recién con la senadora Ximena Rincón la dramática cifra que dio a conocer hoy día el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, en el sentido de que más de dos mil niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual infantil en los últimos dos años.
Nosotros hemos avanzado en la legislación. Creamos un tipo penal especial el año pasado, que tipifica el delito de explotación sexual infantil, el delito de explotación pornográfica infantil y también la producción de material pornográfico infantil, con este apellido, para calificarlo como delito de explotación propiamente tal lo que antes mal se llamaba "prostitución infantil", que no es otra forma que una explotación.
Hoy día está tipificado en nuestra legislación, pero la cifra tan preocupante que ha dado a conocer el defensor de la Niñez nos debe interpelar a todos.
Hemos creado un nuevo organismo, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que se ha denominado el "Servicio Mejor Niñez".
Estamos avanzando también en la Comisión de Infancia con el proyecto que adecua la ley sobre garantías con el nuevo Servicio de Protección Especializada.
Siempre dijimos en la legislatura anterior que primero debíamos aprobar la ley sobre garantías de la niñez y después el servicio. Finalmente, una discusión ideológica, absurda a mi juicio, derivó en el intertanto en presentaciones ante el Tribunal Constitucional, lo que provocó que estuviéramos despachando la Ley de Garantías después del nuevo Servicio de Protección Especializada.
Entonces, necesitamos tener una coherencia en la Defensoría de la Niñez. Y eso también es un desafío para este nuevo servicio, que va a ser un continuador de las competencias que tiene actualmente la Corporación de Asistencia Judicial.
Por eso mi invitación, Presidente, es a que en la discusión particular no miremos solamente el rol que tiene este nuevo servicio en la defensoría de las víctimas de los delitos violentos, sino también muy especialmente la figura del defensor de la Niñez, a través del programa Mi Abogado, que es muy importante fortalecerlo.
Hemos visto en regiones, en La Serena y en otras ciudades de la región de Coquimbo, que está haciendo un esfuerzo muy importante el personal de la Corporación de Asistencia Judicial y que este nuevo servicio también debe tener esta visión proinfancia.
Obviamente, he dado mi voto favorable a la aprobación general de este proyecto de ley.
Muchas gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Matías Walker.
El señor COLOMA.-
Presidente, ¿por qué no acorta los tiempos?
La señora EBENSPERGER.-
Sí, acorte los tiempos.
El señor GARCÍA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para reducir el tiempo de las intervenciones a siete minutos?
La señora VODANOVIC.-
A tres.
El señor DE URRESTI.-
A cinco.
La señora PASCUAL.-
No, Presidente.
El señor GARCÍA.-
No hay acuerdo.
El señor COLOMA.-
¿Quién no quiere?
La señora PASCUAL.-
Yo no quiero.
Vamos recién en la segunda intervención.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger; luego, la senadora Isabel Allende y el senador Juan Antonio Coloma.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Efectivamente, este es un proyecto importante en el que se ha dado una gran discusión en la Comisión de Constitución, y que es esperado hace mucho tiempo para reorganizar e institucionalizar el acceso a la justicia, que hoy día ejercen principalmente las corporaciones de asistencia judicial.
Sabemos que tenemos cuatro corporaciones de asistencia judicial a lo largo del país, que agrupan a distintas regiones, pero todas ellas con funcionamientos disímiles en sus jornadas, en remuneraciones, en formas de enfrentar las defensorías o los patrocinios que deben asumir.
Y, por lo tanto, es del todo necesario el institucionalizar.
¡Y qué decir de crear la Defensoría de las Víctimas! Hoy día aquellas personas que son víctimas de un determinado delito y que carecen de recursos para pagar un abogado quedan supeditadas a lo que pueda o no hacer la Fiscalía, que algunas veces, además -y perdón el vocabulario a lo mejor coloquial-, poco las pesca, y no tienen una adecuada representación para hacer valer sus derechos.
Por lo tanto, a mí me parece del todo importante la creación de este nuevo servicio.
Sin perjuicio de ello, creo que puede, y debe, mejorarse el proyecto durante su discusión en particular respecto de varios temas.
Ha habido muchas dudas, especialmente de todos los funcionarios que se unificarían en este nuevo servicio, tanto de las corporaciones como de los programas que se llevan a cabo en mediación, en la Subsecretaría de Justicia y en la de Prevención del Delito, de defensa de víctimas. Además, tenemos que resolver cuál va a ser la dotación o la planta que este nuevo servicio va a tener. Acá solamente se establece que se faculta al Presidente para que, después de determinado tiempo de instalados los servicios, se cree esta planta.
Hace mucho rato, y desde hace ya varios gobiernos, que al menos en el Senado se había llegado a una especie de acuerdo en cuanto a no entregar, independiente de quién sea el que ejerza el cargo de presidente, un "cheque en blanco" en materia de creación de las plantas, lo cual, al involucrar recursos públicos, es facultad exclusiva del Presidente de la República. Pero, en los proyectos de ley de creación de nuevas plantas, por lo menos debieran establecerse ciertos márgenes, límites o bordes al ejercicio de esta facultad.
De la misma manera, han surgido muchas dudas -no es la discusión central en el proyecto, pero creo que se puede incorporar- respecto de la realización de las prácticas profesionales.
En las corporaciones de asistencia judicial un tercio de las personas que llevan adelante las causas son los postulantes.
Hay una larga lista de espera también.
Entonces, cuando escuchamos tanto a representantes de la asociación de funcionarios de la corporación como también -creo no equivocarme- al centro de alumnos de la Facultad Derecho de la Universidad de Chile, vemos que hoy día, para hacer la práctica, o para postular a ella, en una corporación con el fin de poder obtener el título de abogado se requiere estar egresado solamente. Y probablemente debiera exigirse haber dado la licenciatura. Porque no siempre aquellos que hacen la práctica terminan jurando como abogados, ya que finalmente no rinden su licenciatura, es decir, no cumplen todos los requisitos exigidos para jurar ante la Corte Suprema.
En consecuencia, también se acordó conversar y resolver sobre si sería conveniente o no -a mí me parece que sí, debido a las largas listas de espera- al menos, si no se quiere cambiar el requisito, priorizar en la postulación para hacer la práctica a quienes ya hayan dado la licenciatura; es decir, que lo único que les falte para jurar como abogado sea realizar la práctica profesional.
Lo otro que llama la atención, y claramente es por efectos presupuestarios -no es un proyecto que necesite pocos recursos-, tiene que ver con la entrada en vigencia. Si bien la Constitución permite que una ley entre a regir en forma parcelada, aquí va desde uno a cuatro años en las últimas regiones en que, desde su publicación, se instalarían estos nuevos servicios.
Cuarenta y ocho meses para un proyecto tan importante pareciera ser un plazo excesivo que creo que habría que revisar.
Presidente, en términos generales -vuelvo a decir-, es un proyecto importante. Junto con el senador Coloma ya habíamos presentado una iniciativa en este mismo sentido. Se está viendo esta y me parece bien. Al menos nosotros no peleamos por autorías, sino que creemos que lo perseguido al plantear esos proyectos finalmente se traduzca en ley por el bien de la ciudadanía, pues cuando uno presenta una iniciativa es porque piensa que se requiere esa normativa.
Así que espero que este proyecto se apruebe por una amplia mayoría en general y que se fije prontamente el plazo para la presentación de indicaciones para poder seguir avanzando como corresponde en su tramitación.
Gracias, Presidente.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Isabel Allende. Y luego intervendrá el senador don José Miguel Durana.
La señora ALLENDE.-
Gracias, Presidente.
Parto por saludar al ministro y a la subsecretaria aquí presentes.
Asimismo, quiero señalar que estoy de acuerdo con que la autorización para el ingreso de la subsecretaria doña Macarena Lobos, quien nos acompaña reiteradamente, sea permanente, para no tener que estar pidiendo permiso para ello en cada sesión. Así que comparto la sugerencia de la senadora Provoste en tal sentido.
Presidente, garantizar el acceso a la justicia es importante para la cohesión de las sociedades democráticas.
La igual protección de ley en el ejercicio de sus derechos es un principio fundamental, pero poco vale el establecimiento de este u otros derechos si no es recurrible ante la justicia en caso de incumplimiento, o si esta depende de la capacidad económica de las personas para contratar abogados, ya que termina siendo inaccesible para ciertos sectores.
Este proyecto aborda dos dimensiones muy relevantes: por una parte, el acceso a la justicia que tienen los actuales usuarios de las corporaciones de asistencia judicial, que típicamente se refieren a materias civiles o de familia; y, por la otra, la de aquellos que han sido víctimas de delitos, es decir, que se halla relacionada con materias penales.
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia que se crea va a ser un órgano descentralizado, dotado personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Será el continuador legal de las cuatro corporaciones de asistencia judicial que actualmente tenemos en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana y Biobío, que se dividen las competencias del territorio nacional. Por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso tiene competencia obviamente en la región, pero además en las regiones de Atacama y de Coquimbo, y así sucesivamente; y la Corporación de Asistencia Judicial de la región Metropolitana tiene competencia en las regiones del Maule, de O'Higgins y de Magallanes.
Asimismo, este servicio va a tener por objetivo, lo cual me parece muy relevante:
-Permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; y el otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no se la puedan procurar por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección y de apoyo psicológico y social;
-El otorgamiento de asesoría, representación judicial, apoyo social y psicológico en los casos y medios que corresponda respecto de las víctimas, y
-La administración del sistema de mediación familiar.
En razón de lo anterior, se destaca especialmente que a su alero se creará la esperada y necesaria "Defensoría de las Víctimas", con lo cual se consolidarán dos importantes programas públicos hoy existentes: los centros de atención integral a víctimas (CAVI), que actualmente están a cargo del Ministerio de Justicia; y el Programa de Apoyo a Víctimas (PAV), a cargo del Ministerio del Interior.
Valoro que estos programas finalmente se institucionalicen dentro de un servicio especializado y de manera permanente, ya que parece existir bastante consenso sobre la necesidad de que aquellas personas que hayan sido víctimas, en particular de delitos violentos, puedan tener apoyo social, psicológico y obviamente también el otorgamiento de asesoría y representación judicial.
Especialmente destacable es que esta iniciativa permita a las víctimas acceder a la información, y que se contemple un mecanismo de gestión que facilite la coordinación administrativa y técnica para la evaluación, derivación y seguimiento de los casos.
Las dificultades que usualmente tiene la gente cuando se enfrenta al sistema judicial son: no tener dinero para un abogado; no contar con información o un reporte de su caso una vez que se hacen denuncias o se interponen querellas; y también el trauma con que muchas veces queda una persona que ha sido víctima de un delito.
Este proyecto pretende, al menos, satisfacer esas necesidades, porque se contará con abogados, trabajadores sociales y psicólogos.
Asimismo, me parece adecuado que esta propuesta tenga un período de implementación gradual, ya que la experiencia indica muchas veces que habrá que ir haciendo ajustes.
Valoro especialmente que se hayan aumentado significativamente los recursos.
Aquí hay que considerar que el presupuesto inicial era cercano a mil millones de pesos y actualmente tiene un presupuesto de 12 mil millones de pesos.
Todo esto permitirá fortalecer áreas específicas, modificar el enfoque y atención del modelo de las CAJ, ya que no bastaba únicamente con reunirlas en una única institucionalidad; así como focalizar la atención de la víctima con trabajo interdisciplinario.
Sin embargo, no puedo dejar de hacer presente algunas inquietudes u observaciones que han planteado funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, el Colegio de Abogados y estudiantes de derecho.
En primer lugar, creo que el traspaso de funcionarios debe considerar las mejores condiciones laborales posibles para todos ellos. Es conocido que existen diferentes realidades en las distintas CAJ, y no solo me refiero al régimen contractual, sino también al número de funcionarios adecuados que debe contemplarse, porque muchas veces la carga de trabajo es muy grande, y ese exceso puede hacer que no se reciba la mejor calidad de atención.
También es importante mejorar las condiciones que tienen los estudiantes de derecho para hacer su práctica.
Esta inquietud la observaron la presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, el Colegio de Abogados, en fin, y plantearon la posibilidad de hacer -por intermedio de la Mesa se lo digo al ministro- convenios con distintas instituciones públicas para realizar la práctica (me refiero a la de los estudiantes de derecho). Actualmente, existen acuerdos con el Ministerio Público, y podría haber otros con diferentes ministerios, con la Contraloría, e incluso con el propio Congreso. No todos los abogados son litigantes, y los que no lo son podrían destacarse en otras materias.
También hay que pensar en lo que significa realizar esta práctica: son seis meses de trabajo sin remuneración. Quizás sería adecuado que al menos tuvieran cierta cobertura de salud, transparencia en sus evaluaciones, y que de alguna manera se les financiara transporte y alimentación, es decir, que existiera mayor certeza en este ámbito.
Tal vez sería deseable pensar también en la atención de ciertos sectores de ingresos medios, para que, con algún tipo de copago, puedan contar con algún abogado, a lo mejor no tan conocido en la plaza, pero a un menor costo, lo cual les permita a esas familias acceder a este servicio.
¿Por qué digo esto? Porque toda la atención gratuita está focalizada, por supuesto, en los sectores de menores ingresos, es decir, las personas deben estar por debajo del 50 por ciento del Registro Social de Hogares, o encontrarse con especial situación de vulnerabilidad, pertenecer al Sistema de Protección Social, a Chile Solidario o a los Prais.
En definitiva, Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto, lo creo muy relevante; y, por cierto, podremos recoger diversas inquietudes y observaciones durante su discusión en particular.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Isabel Allende.
Tiene la palabra el senador don José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
Este proyecto obviamente es muy importante para muchas personas, porque existe muy poca comprensión del diseño de la reforma procesal penal, que crea el Ministerio Público como representante de la sociedad, que establece la Defensoría Pública en representación de los imputados, pero en que no hay una figura que vele por los intereses de las víctimas.
Y, desde esa mirada, este proyecto permitirá unificar diversos servicios, como corporaciones de asistencia judicial, Centros de Atención Integral a Víctimas, Programa de Atención a Víctimas, en un nuevo organismo: el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Ello, obviamente posibilitará un claro acceso a la justicia a través de la identificación de un solo servicio que brinde orientación legal, asesoría, representación jurídica a quienes han sido víctimas de delito y que no pueden procurarse aquello para su protección y defensa.
El servicio que se busca crear con esta iniciativa va a permitir acceso a la justicia en todas las regiones, y excepcionalmente podrá otorgarla también a través de terceros.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito también por el Ministerio de Hacienda, identificará las líneas de acción, los programas, los criterios, lo que fundamentalmente va a permitir el acceso a la justicia a miles de personas que hoy no tienen una defensoría real ante problemas jurídicos, en especial en relación con el crecimiento de la delincuencia, el crimen organizado y todo lo que hoy está viviendo Chile.
El escenario no es distinto respecto de las víctimas de delitos, en un país donde los homicidios se han casi duplicado en diez años, donde hay nuevas formas de comisión de delitos y en que evidentemente no ha existido una defensoría que hubiera permitido a las víctimas contar con un abogado que las apoyara.
Sin duda, en la construcción de esta normativa va a ser básica la discusión en particular de su articulado, y a ello debemos todos contribuir decididamente.
Voto a favor, porque ciertamente se trata de un gran avance que va a permitir a las víctimas tener herramientas jurídicas para enfrentar de mejor forma la delincuencia que hoy día amenaza a Chile.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Durana.
Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Presidente, no me cabe duda de que este proyecto ha sido muy esperado principalmente por las miles de víctimas de la macrozona sur, y en especial de la región de La Araucanía. Fue presentado por el Presidente Piñera, pero su tramitación ha demorado más de la cuenta, y Chile claramente está en deuda con muchas víctimas; porque la ley, que es absolutamente garantista hoy día, otorga grandes privilegios a quienes cometen delitos, pero muy pocos, prácticamente ninguno, a quienes son víctimas.
Este proyecto de ley, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, representa claramente un avance significativo en el fortalecimiento del estatuto de víctimas en nuestro país; se enmarca además en una tendencia normativa a nivel internacional, lo cual es muy positivo.
Ser víctima de un crimen no solo implica daños materiales, sino también profundas heridas emocionales y psicológicas. Para quienes somos de la macrozona sur y hemos tenido la oportunidad de trabajar con varias agrupaciones de víctimas podemos constatar esto. Nuestro sistema actual, lamentablemente, no aborda de manera integral estas múltiples dimensiones del daño. Por eso la creación de una institucionalidad específica resulta fundamental.
Esta nueva entidad no solo proporcionará asesoría y representación jurídica, sino también ofrecerá un apoyo multidisciplinario, incluyendo atención psicológica, social y de mediación. De esta manera, se reconoce que el proceso de recuperación de una víctima va más allá de lo estrictamente legal y requiere un enfoque integral. ¡Claramente! Las víctimas son seres humanos, y de una u otra forma la vida cambia para siempre después de un delito grave cometido en contra de una persona o de su familia.
Es importante destacar que hay muchas víctimas que sufren en silencio y que por desgracia no se atreven a denunciar, porque hacerlo normalmente no las ayuda en nada. Muchas veces, cuando uno les pregunta, dicen: "Prefiero no denunciar, porque no pasa nada".
En este contexto, no puedo dejar de mencionar a nuestras víctimas de La Araucanía, que han recurrido a algunas organizaciones de la sociedad civil que les posibilitaron el acceso a este tipo de asesorías integrales, que del Estado lamentablemente no han obtenido.
Tampoco puedo dejar de decir que de alguna manera esto es muy tardío. En el caso de la región de La Araucanía llevamos veintisiete años de violencia, más de siete mil atentados en los últimos ocho años; por lo tanto, esta demanda siempre ha sido urgente.
Durante demasiado tiempo hemos operado bajo la premisa de que la justicia solo se logra mediante la aplicación de penas a quienes cometen delitos. Sin embargo, en mi opinión, esa es una visión muy reduccionista, porque ignora la complejidad del problema -como bien señalé-, y lo más grave es que deja de lado a las víctimas y la gran necesidad de una reparación integral.
Un sistema jurídico que se entiende únicamente como un mecanismo de castigo está condenado al fracaso en su lucha contra el crimen. La experiencia a nivel internacional demuestra que la mera retribución no es suficiente para prevenir la reincidencia. Sabemos lo que hoy día ocurre con las cárceles, donde lamentablemente no se recupera a los delincuentes; y, además, estamos viviendo una situación de delincuencia tremendamente grave.
En resumen, valoramos muchísimo este proyecto de ley, que fortalece el estatuto de las víctimas, crea una institucionalidad dedicada a su atención integral y nos invita a repensar nuestro enfoque frente al fenómeno delictivo, pasando de un sistema puramente retributivo a uno que pone a las víctimas en el centro y que busca una reparación integral.
Esperamos efectivamente que este proyecto avance muy rápido. Tenemos una deuda -repito- con las víctimas, y no solo necesitamos sentir que disminuye ostensiblemente la delincuencia, sino que además somos una sociedad más justa, más segura, más humana, sobre todo cuando hoy, cada vez que prendemos un televisor en la mañana, evidenciamos la cantidad de víctimas que quedan indefensas y de las cuales nadie se hace cargo.
Voy a votar a favor de este proyecto en general.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena.
¿Tendríamos acuerdo para acortar los tiempos de las intervenciones a cinco minutos?
¿Habría acuerdo?
La señora PASCUAL.-
Seis minutos.
El señor GARCÍA (Presidente).-
¿Seis minutos?
La señora ALLENDE.-
Está bien seis.
La señora VODANOVIC.-
Tres minutos.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A ver, dejémoslo en cinco minutos para que tengamos acuerdo.
Acordado.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
Saludamos a los representantes de las asociaciones de funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, que se encuentran en las tribunas y que, por supuesto, siguen con la mayor atención este debate y la aprobación en general de este importante proyecto de ley.
Muy bienvenidos y muchas gracias por estar aquí a los dirigentes que representan a las corporaciones de asistencia judicial.
Saludo también a la Agrupación del Adulto Mayor de la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.
Muy bienvenidas, muy bienvenidos.
(Aplausos en la sala y en tribunas).
)------------(
El señor GARCÍA (Presidente).-
Ofrezco la palabra al senador don José Miguel Insulza, por cinco minutos.
El señor INSULZA.-
Presidente, muchas gracias.
Voy a acortar mi presentación.
Yo solo quiero hacer ver un punto, a raíz de lo que se decidió al comienzo del debate de este proyecto.
Estamos todos de acuerdo en la creación de este servicio. Pero en otros casos no es tan simple. Por lo tanto, abrir la votación antes de que se haga la discusión a mí me parece que no es propio en todo caso, Presidente.
Yo valoro mucho esta iniciativa, porque el acceso a la justicia -voy a usar el término "acceso a la justicia"- representa la concreción orgánica de un derecho que es fundamental en toda democracia, que es el derecho a la justicia y a la protección de la ley en el ejercicio de ese derecho.
Además, creo que este proyecto se encamina hacia el logro de mejores estándares en materia de igualdad ante la ley, igualdad de trato, no discriminación en una materia fundamental para el Estado social y democrático de derecho, al punto de que esto ha sido desarrollado especialmente en el derecho internacional de los derechos humanos como la norma de ius cogens imperativo.
Se aprecia mucho en este proyecto su orientación hacia una integralidad y una positiva transformación de la tradicionalmente llamada "asistencia legal". Busca superar distintos tipos de barreras al acceso a la justicia. Estas barreras pueden ser sistemáticas, como el desconocimiento de los derechos y los medios para hacerlos valer; económicas o instrumentales, como la carencia de recursos para emprender una acción y sostenerla; y sustantivas, es decir, la ausencia de respuestas justas y oportunas a las necesidades de los justiciables en un mundo diverso, complejo y cambiante.
En buena medida, todas estas ideas están incorporadas en los temas de servicios sociales, especialmente en la atención a víctimas de delitos, los que, por definición, son violencias y vulneraciones inaceptables en la dignidad de las personas.
También son parte de esta integralidad la inclusión de programas y acciones de educación y difusión jurídica popular o masiva; la apertura de la oferta de atención hacia los métodos colaborativos de solución de conflictos, en especial la mediación; la dimensión colectiva o de interés público de diversas controversias jurídicas, a veces difíciles de procesar bajo lógicas administrativas, como es el caso del contencioso socioambiental, las causas de consumidores, las llamadas "pequeñas causas" de carácter económico, comunitario o vecinal, que tienen la misma dignidad que cualquier otra, pero que el sistema en general hasta ahora tiende a despreciar.
Agrego también la necesidad de aceptar la titularidad de las acciones por organizaciones sociales y de la sociedad civil; la aplicación especializada del saber profesional pertinente a colectivos vulnerables, incluyendo como prioridad la tarea de su propio empoderamiento para llevar a cabo las acciones.
Además, Presidente, valoro sustantivamente la regionalización de este nuevo servicio y la concentración de la defensa de víctimas de delitos, que hasta ahora ven los Centros de Atención Integral de Víctimas (CAVI), las corporaciones de asistencia judicial y el Programa de Apoyo de Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Es importante que en este proyecto se unifique todo esto en una sola institución que, a la larga, busque mejorar la calidad del servicio en beneficio de los usuarios.
Presidente, para terminar -porque me han dejado muy poco tiempo-, a mi juicio, se debe tener presente el daño que en general provoca a todas las personas en calidad de víctimas y a menores de edad la victimización secundaria.
Llamo "victimización secundaria" a cuando el sujeto entra en contacto con las instituciones públicas y estas no lo atienden, o atienden tarde sus requerimientos, o lo hacen de manera imperfecta.
Creo que este nuevo servicio debe incluir necesariamente esta consideración.
Y, por último, es algo positivo que el proyecto contemple convenios en materia de práctica profesional, que incorpore a los postulantes a las corporaciones de asistencia judicial a lo largo del país.
Este extenso contingente de postulantes al título de abogado requiere condiciones idóneas para enfrentar su práctica, lo cual supone que haya una supervisión efectiva en su actuación.
Y también debería significar -lo digo porque he visto situaciones prácticas- alguna forma de paliar los gastos de tiempo, actividad, transporte y otras cosas que requieren los postulantes para hacer sus prácticas, elementos a los que muchas veces no tienen ningún acceso.
Apoyo el proyecto de ley.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador José Miguel Insulza.
Tiene la palabra el senador don Juan Ignacio Latorre; luego, la senadora Claudia Pascual; y luego, el senador Juan Antonio Coloma, en ese orden.
Senador Latorre, tiene la palabra.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia, Luis Cordero, y también a la subsecretaria de la Segprés, Macarena Lobos.
Yo valoro mucho este proyecto de ley. Creo que es una demanda muy sentida en la ciudadanía y, además, es una iniciativa que ya tiene algún tiempo de tramitación y que solo estamos votando en general, por tanto, obviamente, vendrá un tiempo de indicaciones para la discusión en particular.
Esta iniciativa busca crear un nuevo servicio público, descentralizado, llamado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que otorgue una respuesta unificada, pertinente a las necesidades jurídicas de las personas. Para ello, contempla una amplia oferta de prestaciones agrupadas en líneas de servicio, basadas esencialmente en la asesoría, la defensa y la representación jurídica otorgada por personal profesional con un reconocimiento y preocupación especial por los grupos más vulnerables de la población. Ello, precisamente, hace accesible la justicia, como el nombre del servicio lo indica.
Dentro de los deberes y funciones del organismo, está, por una parte, el otorgar información y asesoría a las víctimas de delitos acerca de sus derechos y la forma de ejercerlos. Ya se ha dicho que muchas veces las personas, las familias deciden ni siquiera hacer la denuncia frente a un delito porque no tienen la expectativa, la esperanza de encontrar respuesta en la justicia. Y, por tanto, ahí hay un primer objetivo, que es informar y asesorar a las víctimas sobre sus derechos y la forma de ejercerlos. Sabemos que la denuncia en sí misma es un indicador importante a la hora de ir tomando decisiones de seguridad pública a nivel territorial, en las comunas, en las regiones, etcétera.
Por otro lado, esta entidad busca otorgar asesoría e información a las víctimas de delitos respecto a las medidas cautelares y de protección que pueden solicitar al fiscal a cargo y acerca de su seguimiento, ya sea respecto de aquellas que este pueda ordenar por sí mismo, como aquellas que requieran autorización del tribunal. Para estos efectos, el Servicio podrá establecer las coordinaciones necesarias para acceder a esta información, cautelando la respectiva reserva. Se trata de temas sensibles, jurídicos, técnicos, especializados, de los que muchas veces las familias no tienen información, orientación, y, por tanto, este servicio deberá entregarlas de manera gratuita.
Otra función del Servicio es entregar orientación a las víctimas de delitos respecto a programas estatales a los que puedan acceder y también otorgarles representación jurídica a fin de permitir su participación en el proceso penal y el ejercicio de las acciones civiles destinadas a perseguir las responsabilidades derivadas del hecho punible. Es muy muy relevante que cuando una persona, de manera individual, se enfrenta a otro organismo, ya sea una empresa o alguna institución del Estado, pueda ejercer, por ejemplo, demandas civiles de reparación.
Y otro aspecto que me parece muy muy sensible es el de otorgar asistencia psicosocial a la víctima en procura de mitigar los efectos negativos del delito, evitar su victimización secundaria. La entrega de prestaciones de asistencia psicológica y social en beneficio de las víctimas de delitos usuarias del servicio se realizará con independencia del ejercicio de las acciones judiciales de las que sean titulares. Este es un tema muy muy sensible, porque mientras las policías hacen su trabajo, el Ministerio Público investiga la comisión de delitos -que a veces se puede tardar mucho tiempo- y se sigue todo el proceso judicial para hacer justicia, la persona o las familias víctimas de delitos graves quedan muy traumadas, muy dañadas sicológicamente. Por tanto, la respuesta oportuna, pertinente, temprana, ayuda a contener esos efectos negativos, mientras -insisto-, de manera paralela, se realiza la investigación penal y se busca la justicia, con las policías haciendo su trabajo, etcétera.
Y después hay otras materias, que tienen relación con aspectos laborales, donde me parece importante garantizar la uniformidad de criterios respecto a los trabajadores que vienen de las corporaciones de asistencia judicial o a los profesionales que están hoy día en los programas de asistencia a víctimas que dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así como aquellos de los centros de atención integral a las víctimas de delitos violentos, porque todo eso debería juntarse, fusionarse en este nuevo servicio que se está creando.
En consecuencia, esta iniciativa es muy importante, la voto a favor y espero que avance en su trámite en particular en la Comisión de Constitución.
Gracias, Presidente.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
A usted, senador Juan Ignacio Latorre.
Tiene la palabra la senadora Claudia Pascual.
La señora PASCUAL.-
Gracias, Presidente.
En primer lugar, quiero saludar al ministro, a la subsecretaria, a los representantes de las asociaciones de las corporaciones de asistencia judicial que nos acompañan.
Me parece muy relevante que este proyecto de ley pueda ser sopesado y aquilatado en su total envergadura.
Esta iniciativa no solo habla de la Defensoría de las Víctimas, sino que establece el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Es decir, esto es más amplio que la Subdirección de Defensoría de las Víctimas que se va a crear, pues implica centralizar lo que actualmente tiene el Estado en distintos programas, tanto en la Subsecretaría de Prevención del Delito como en el propio Ministerio de Justicia, a propósito de los programas de mediación, y, a su vez, lo que han hecho históricamente las corporaciones de asistencia judicial en defensoría y orientación legal, por ejemplo, en situaciones laborales, en mediaciones vecinales, en mediaciones familiares, en lo que se nombraba aquí con relación a niños, niñas y adolescentes, etcétera.
Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría que este proyecto fuera aquilatado en esa envergadura, ya que es muy relevante la institucionalidad que se quiere crear. Implica no solo asumir los presupuestos de cada una de las corporaciones de asistencia judicial y de los programas que actualmente están alojados en la Subsecretaría de Prevención del Delito y en el Ministerio de Justicia, por el hecho de juntarse, sino que también se requiere un impulso relevante en materia financiera para aumentar y mejorar el servicio.
Este servicio, además, plantea una situación bien importante, pues va a fortalecer lo que la propia Constitución dispone, en el sentido de que toda persona tiene derecho a la defensa jurídica. Pero eso es una parte. El acceso a la justicia también implica visualizar la información, la asistencia o reparación sicológica, además de lo que pueden ser otras líneas, no solo en materia de justicia, como cuando ocurren delitos, sino, por ejemplo, a propósito de una línea de trabajo todavía embrionaria, que tiene que ver con la mediación vecinal o la justicia restaurativa en ese ámbito.
Creo que es importante tenerlo en cuenta. Esta iniciativa no es solo para delitos de alta connotación pública, sino que va a ser bastante más amplia. Por eso me parece importante destacar todos estos ámbitos, pues el servicio tiene una llegada mayor.
Y, por cierto, seguirá teniendo el trabajo que han hecho las corporaciones de asistencia judicial en cuanto al apoyo a las personas que no tienen medios para pagar un abogado.
Por otro lado, con todo lo bueno que tiene esta idea y con el impulso y el fortalecimiento que le da el mensaje de este Gobierno a las ideas legislativas que venían de administraciones anteriores, todavía tengo inquietudes -ya lo decía la senadora Allende- con relación a las condiciones laborales de los distintos estamentos que van a confluir en este nuevo servicio, en el sentido de que no haya desigualdad desde esa perspectiva.
Por otro lado, a mí al menos, en las audiencias de la discusión en general, me quedó la duda y la inquietud, por falta de una opinión más técnica, respecto de una rectoría educativa. ¿Qué se va a hacer con las prácticas profesionales? ¿Cómo se incorporan? ¿Se necesita cambiar el procedimiento?
Yo soy de otra carrera, de otra profesión, donde uno debía rendir el examen de grado antes de hacer la práctica. Entiendo que eso no ocurre en el caso de los abogados. Por tanto, me parece que falta una rectoría educativa más técnica.
Desde ese punto de vista, estoy dispuesta a seguir conversando estas materias en la discusión en particular.
Todavía me genera inquietudes -por eso le solicito al Ejecutivo trabajar esto en el debate en particular- las definiciones en materia de sujetos y sujetas prioritarias de atención, la exclusión de personas que también podrían requerir el servicio, etcétera.
Desde esa perspectiva, todavía nos queda mucho por discutir. Sin embargo, creo que lo mejor es aprobar la idea de legislar para mejorar el texto en la discusión en particular en el segundo trámite en el que ya estamos, lo cual puede ser realmente relevante para cumplir con el mandato, no solo constitucional, sino de la ley, de que toda persona tiene derecho a la defensa jurídica y, sobre todo, a una información y asistencia jurídica gratuita, que no necesariamente es la representación, a efectos de ejercer ese derecho.
Muchas gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senadora Claudia Pascual.
Tiene la palabra el senador don Juan Antonio Coloma.
Luego el senador Francisco Chahuán y la senadora Paulina Vodanovic.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidente.
Doy por repetidos los conceptos que ya han señalado varios parlamentarios y parlamentarias respecto del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que obviamente son comentarios importantes.
Yo me quiero referir en estos pocos minutos básicamente a la implicancia de la Defensoría de las Víctimas.
Recordemos que hoy día el país está viviendo una crisis en materia de seguridad extraordinariamente severa. Lo hemos planteado muchas veces y desde todos los ámbitos. Basta decir que los delitos más violentos, de mayor connotación social (homicidios, secuestros, sicariato, tráfico de drogas), según el último reporte estadístico, han experimentado un enorme incremento. Incluso, se ha asociado al aumento de ingreso de causas sin imputado conocido, que hoy día es más o menos el 58 por ciento, y a la disminución de condenas efectivas, sumado al aumento de los tiempos de enjuiciamiento criminal.
Esta es una realidad que estamos tratando de abordar desde distintos puntos de vista. No hay una sola bala de plata para enfrentar la inseguridad. Obviamente, tiene que ver con temas preventivos, sancionatorios, del funcionamiento de las policías y de los ministerios, pero también legislativos.
Y dentro de ese esfuerzo se acordó tratar esta iniciativa en la agenda de seguridad, entre los treinta y un proyectos establecidos, veintidós de los cuales fueron aprobados en tiempo y forma hasta el mes de diciembre. De esa fecha se ha producido una suerte de "frenazo", por llamarlo así, porque hasta hoy -me tocó presidir durante tres meses este trabajo, así que soy parte del problema- se ha aprobado solo un proyecto, y obviamente quedan ocho que son relevantes.
Dentro de esos ocho, a mi juicio, este es muy esencial, el de la Defensoría de las Víctimas, que viene a ser un rebaraje -en palabras mías- de la forma de enfrentar los procesos penales. Porque hasta el día de hoy -dicho en simple-, el Ministerio Público investiga cuando se comete un delito, y de alguna manera representa el rol del Estado, el bien común. Y una vieja discusión es cuánto debe hacerse cargo de la víctima, pero da la impresión de que no constituye una parte, o un eje, esencial del funcionamiento mismo del Ministerio, el cual tiene otras preocupaciones, ¡y por Dios que es importante que lo haga de la mejor manera posible!
Por otro lado, estaba la Defensoría. Y la Defensoría a secas uno la asocia jurídicamente con la defensa de quienes delinquen, de quienes han cometido delitos.
Y el asunto fue muy debatido.
Con relación a eso, simplemente puedo señalar, producto de la experiencia de los años, que se discutió bastante cuando cambió el sistema con la reforma procesal penal si la víctima quedaba o no en una situación desbalanceada en ese proceso. Creo que con el paso del tiempo se ha comprobado que efectivamente hay un desbalance.
Y cualquiera de los senadores aquí presentes coincidirá en que los hechos más dramáticos que nos llegan a nuestras oficinas es cuando una persona que ha sido víctima de un delito se siente abandonada, y no solo desde un punto de vista humano, que resulta muy complejo, sobre todo en delitos más violentos, sino también desde la perspectiva penal. A veces no cuentan con la información necesaria, porque la estructura judicial -y quiero ser claro en esto, no quiero achacar responsabilidades- nació de una forma que generara un balance entre el Ministerio y la Defensoría. Pero la víctima, como tal, que debería ser el objeto fundamental de nuestra preocupación, hoy día se encuentra en una situación desbalanceada. Y de ahí nace la necesidad de que exista esta nueva realidad.
Nosotros con la senadora Ebensperger presentamos un proyecto que creemos bien ideado, pero si esta iniciativa avanza, no tenemos problema en apoyarla.
Porque la filosofía detrás es generar una concentración para que el Ministerio Público se haga cargo con mayor vigor, con mayor interés y con mayor foco de la debida constatación de los hechos y de la aplicación de sanciones, para que actúe y accione penalmente a nombre del Estado; y que la Defensoría ya no sea solo una institución para quienes cometen delitos, porque habrá otra, una defensoría de las víctimas.
A partir de esta realidad, que comprendía a distintas instituciones, hoy día se genera el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
A mi juicio, esa es la importancia esencial del proyecto y creo que le va a dar más justicia al sistema.
Espero que esta propuesta legislativa ayude siempre a que la víctima de un delito se sienta más acompañada, se sienta alguien cuya preocupación excluyente es su realidad, tanto desde un punto de vista jurídico como humano, por todo lo que significa sentirse acogido en un proceso que muchas veces es dramático -todos quienes lo hemos vivido lo sabemos-, ¡dramático!, y en donde obviamente una sensación de desamparo genera un verdadero drama.
El proyecto va a permitir que funcione mejor nuestro sistema. Así lo esperamos. Sí me gustaría que en la discusión particular se acortaran los plazos, porque se puede extender por largos años y esto es urgente. Cuando las realidades se demoran mucho, dejan de ser realidades.
Voto a favor, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Juan Antonio Coloma.
Tiene la palabra la senadora Paulina Vodanovic.
La señora VODANOVIC.-
Gracias, Presidente.
El proyecto que hoy votamos en general es fundamental para mejorar el sistema de justicia chileno. El tiempo ha dado cuenta de que, pese a las continuas reformas en materias procesales y civiles, no hemos puesto suficiente esfuerzo en dar protagonismo directo a un interés concreto de las personas individuales: que se haga justicia en sus casos.
Esto es particularmente grave en materia penal, donde se creó el Ministerio Público como un ente que debía representar los intereses estatales, los de la víctima y mantener su objetividad respecto al imputado. Evidentemente, esto va en perjuicio de la víctima, que requiere una asesoría especializada y que se vele directamente por sus intereses. Si el imputado tiene un servicio público entero a su disposición, como es la Defensoría Penal Pública, la víctima debiera contar con algo similar.
Durante años, las corporaciones de asistencia judicial han desempeñado su labor con escasa infraestructura, un estatuto laboral precarizado para sus funcionarios permanentes y recursos materiales que no corresponden a lo que debiera ser una asistencia judicial moderna y eficaz.
Presidente, quiero saludar a los trabajadores que se encuentran en las tribunas; a todas las asociaciones, las federaciones que también han participado en el proyecto, y particularmente a aquellos que están hoy día presentes.
Hay que sincerar que el proyecto no se hace cargo de todos los inconvenientes que actualmente sufren las corporaciones de asistencia judicial como prestadores de servicios a la ciudadanía, así que corremos también el riesgo de traspasar los problemas de estas corporaciones al nuevo servicio.
Actualmente, los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial cuentan con una recarga de trabajo similar al del Ministerio Público, pero en materia laboral y de familia, en un sistema judicial que no da abasto en cuanto a los receptores judiciales y al auxilio de la fuerza pública para cumplir con su función de entregarle una respuesta oportuna al patrocinado.
Estos y otros problemas actuales, que no encuentran una respuesta clara en el presente proyecto, han sido relevados por la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (Anfunpro) y por otras organizaciones durante la tramitación de la iniciativa, a través de presentaciones y oficios que han hecho llegar a este Senado.
Me parece que a la hora de configurar esta política pública es importante escuchar tanto a las autoridades como a los trabajadores que día a día cumplen la función tan esencial de otorgar un acceso real a la justicia, en especial a las personas en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes y adultos mayores.
Voto a favor.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.
Tiene la palabra el senador Francisco Chahuán. Luego, la senadora Loreto Carvajal, el senador Rodrigo Galilea, la senadora Ximena Rincón y el senador Alejandro Kusanovic.
Senador Chahuán, tiene la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, honorable Sala, cuando se está tramitando este proyecto de ley, me gustaría hacer un poco de memoria respecto de quien impulsara fuertemente en su momento una reforma constitucional: el senador Alberto Espina.
El senador Espina encabezó una reforma constitucional que permitiría justamente este acceso, contando con el apoyo de muchos de nosotros, entre los cuales usted mismo, Presidente, estuvo luchando por este tema durante largo tiempo.
Pues bien, lograr que la bajada de la reforma constitucional se tradujera en una defensoría que estuviese integrada por un servicio nacional de acceso a la justicia, transformando la actual corporación de asistencia judicial en un organismo que permitiera avanzar en esa dirección, era fundamental.
Este fue un proyecto que se presentó durante el Gobierno del Presidente Piñera y pasaron distintos gobiernos.
Quiero recordar también que uno de los hechos que lo gatilló y motivó fue un homicidio ocurrido en San Antonio: el caso del Jano. El Jano era un chiquillo de dieciséis años que fue brutalmente apuñalado en la esquina de su casa.
Fuimos a hablar en ese momento con el ministro Bulnes. Y eso motivó el compromiso del Gobierno del Presidente Piñera para sacar adelante un proyecto. De hecho, sostuvimos una entrevista incluso con el propio Primer Mandatario para poder encabezar y empujar aquello.
Y ha sido este Gobierno, y quiero agradecerles al Presidente de la República, al ministro de Justicia, al ministro secretario general de la Presidencia y a la subsecretaria de la Segprés, el que finalmente ha tomado la decisión de ponerle "suma" urgencia y sacarlo adelante.
¿Por qué es tan importante el proyecto? Porque, en definitiva, dice relación con una inequidad que muchas víctimas sostenían, en el sentido de que, frente a la posibilidad de contar con un apoyo fundamental por parte de los victimarios, ellas quedaban hoy día en una evidente, ¡evidente!, desprotección.
Y acá básicamente se trata de cómo logramos dar apoyo para revertir aquello.
Quiero recordar al Jano, joven de San Antonio que fue brutalmente asesinado; quiero recordar al ministro Bulnes; quiero recordar al Presidente Piñera, y quiero recordar también que cuando se unen las voluntades para buenos propósitos se va en la dirección correcta.
Por tanto, simplemente deseo señalar que los términos en que está expresado el proyecto nos van a permitir proporcionar asesoría y representación jurídica, así como apoyo social y psicológico, especialmente a grupos vulnerables de personas víctimas de delitos, garantizar un adecuado acceso a la justicia a sectores particularmente sensibles y establecer instancias de coordinación como el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia y los comités operativos regionales, para asegurar la implementación efectiva del Plan Nacional de Acceso a la Justicia y la coordinación adecuada de los diferentes actores involucrados.
Avanzar en este proyecto significa avanzar en equidad, avanzar para que la justicia sea justa, ¡la justicia sea justa!, y que sea oportuna.
Por eso, vamos a votar favorablemente la iniciativa.
He dicho, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Francisco Chahuán.
Tiene la palabra la senadora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL.-
Gracias, Presidente.
Quiero saludar, al igual como lo han hecho los demás colegas, a la máxima autoridad en materia de justicia en nuestro país, que es el ministro de Justicia, y, por cierto, a la subsecretaria de la Segprés.
Voy a comenzar teniendo en consideración el titular de este proyecto, que conlleva una premisa de la cual hace rato deberíamos habernos hecho cargo.
¿Los chilenos y las chilenas tienen acceso igualitario a la justicia? La respuesta claramente es "no", como en muchas otras materias que, a propósito de nuestras labores y diferentes responsabilidades, hemos querido que se modificaran.
En cuanto al acceso a la justicia existe, como dirán algunos, una gran gama de opiniones. Pero lo bueno y lo concreto -y aquí van mis felicitaciones al Ministerio de Justicia en la persona de su ministro- es que nos hemos y se han hecho cargo de aspectos muy relevantes, como la indefensión en que se encuentran las víctimas y su entorno cuando ocurren hechos delictuales, los que hoy día hay que enfrentar de una manera absolutamente desconocida para la mayoría de los chilenos y las chilenas.
Por cierto, hemos ido transitando hacia una institucionalidad bien asistencial, que es básicamente lo que ha significado la Corporación de Asistencia Judicial, la cual, para quienes hemos pasado por las escuelas de derecho, entendemos que es absolutamente insuficiente, y no por la capacidad de los postulantes, hombres y mujeres, sino porque hay la visión de una institución o entidad que no da abasto ni en lo económico, ni en lo estructural.
De ahí que no sea menor saludar a los representantes de las corporaciones de asistencia judicial que se encuentran acá, porque están comprometidos con la nueva institucionalidad, y porque debemos sentar bases sólidas para que este caminar y este relato, que los incluye de manera protagónica, sea bien garantizado.
Por supuesto que valoramos que hoy día nos hagamos cargo de la asimetría existente al apersonarse, al ir a un tribunal y tratar de entender un procedimiento judicial muchas veces de la nada y donde han sido afectados no solo bienes, sino también circunstancias personales que cambian vidas y alteran absolutamente el entorno, sobre todo el de la familia.
Sin duda, este proyecto es muy relevante, porque crea, como ya se ha mencionado, una institucionalidad llamada "Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos" como una entidad pública descentralizada. Y debo suponer que, tal cual lo establece la iniciativa, va a haber dependencias y representaciones en todas las regiones del país, lo que desmitifica el actual accionar donde hoy día tenemos, a propósito de la Corporación de Asistencia Judicial, solo cuatro entidades, considerando el camino que se ha recorrido y las observaciones que muchos de nosotros hemos manifestado y que no vienen al caso mencionar.
Por cierto, el Servicio tendrá también patrimonio propio y estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través de la competencia, sin duda, del Ministerio de Justicia.
Como ya se mencionaba, habrá que definir la forma en que se estructurará y, por supuesto, cómo van a estar establecidos los mecanismos de incorporación de funcionarios.
Solo quisiera señalar -Presidente, por su intermedio, al ministro- que, a mi juicio, ya era tiempo de que nos hiciéramos cargo en serio de lo que implica -y lo decíamos hace un rato- la circunstancia de defenderse, pero también de ser asistidos de manera justa y oportuna frente a procedimientos judiciales que obviamente deben ser garantizados por el Estado. Pero, al mismo tiempo -y aquí hago el punto-, hay que pensar -me imagino que el Ministerio lo ha hecho- que la gestión judicial debe ser también más ágil, porque hoy día no da lo mismo que haya que contratar para muchos de los casos o bien solicitar una intermediación por parte de la corporación a cuando existe una institucionalidad creada, porque aquello va a aumentar -perdonen la expresión- ostensiblemente la demanda de justicia.
Por tanto, esto también supone remirar o diagnosticar cómo están operando muchos tribunales no solo en materias penales, sino también de familia, donde hay mucha observación a propósito de la defensa no solo de las personas, sino especialmente de niños,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... y de adultos mayores, lo que muchas veces se hace muy complejo. Y, obviamente, en estas circunstancias, en esta nueva institucionalidad merecen estar bajo ciertos estándares, lo que, por supuesto, tiene que ver con las respuestas, las necesidades, la eficacia y la gestión que supone esta mayor demanda.
Solo deseo insistir en que veamos de qué manera ello también podrá darse en las regiones. Porque hay un punto respecto al establecimiento de esta institucionalidad, puesto que la región que me toca representar estaría esperanzada en que ello podría ser en cuarenta y ocho meses más. Y yo quisiera que ahí también -esto va a ser un tema en la discusión en particular, sin duda- se pudiera ver cómo se hace eco para que, en materia de justicia, las regiones vulneradas y con mayores déficits en muchos otros aspectos pudieran ser medidas y miradas de una manera más próxima y que no sean las última de la lista. Como digo, esas aproximaciones las podremos ver en la discusión en particular.
Estamos ante un gran proyecto, del cual estoy conteste no solo como integrante de la bancada del PPD, sino también como su representante, en apoyarlo sin ninguna duda.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Loreto Carvajal.
Ofrezco a palabra al senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidente.
Hay ciertas instituciones o situaciones que finalmente se caen de maduras en un país. Y creo que la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos es una de ellas.
Todos somos conscientes de cómo el país fue abordando desafíos en torno a la justicia, estableciendo la Defensoría Penal Pública, también el Ministerio Público, reformando todo nuestro sistema procesal penal y contando siempre con una institución ya antigua -aprovecho de saludar a los dirigentes que nos acompañaron en todo este proceso-: las famosas corporaciones de asistencia judicial, las cuales, haciéndose eco de su mandato de proteger a los más vulnerables, a quienes tienen privilegio de pobreza, brindan asesoría en distintas partes del territorio.
Pero finalmente en el país, ya sea porque cambió en su dinámica del crimen o porque la ciudadanía hizo mucho más clara su demanda de justicia, se necesitaba hacer una mejora sustancial respecto del tema. Porque ya no bastaba la Corporación de Asistencia Judicial, sino que había que crear este servicio para todas las personas, ¡para todas las personas!
Por supuesto que la ley -y aquí tendremos que ver algunas mejoras- otorga algunas prioridades: trata de una manera a las víctimas de delitos penales y, por cierto, trata de otra forma a las personas que necesitan asistencia en materia de familia, civil, en fin, en cuestiones de ese orden. En definitiva, a través del apoyo de abogados, de psicólogos, de asistentes sociales, se busca que todos aquellos que en nuestro país hayan sido víctimas de delitos reciban apoyo.
En lo que llevamos de conversación en la Comisión de Constitución, yo preguntaba mucho por qué hay una proporción tan grande de psicólogos y asistentes; mucho más que de abogados. Y es básicamente -esto me explicaron y es muy interesante saberlo y transmitirlo- porque si no hay un apoyo psicológico completo a la persona que ha sido víctima del delito, esta simplemente no persevera en las acciones judiciales.
Esto se ve con claridad en los casos de violencia intrafamiliar, pero también en otro tipo de delitos que se pueden cometer.
La persona que no tiene una red de apoyo psicológico y social simplemente no persevera y se siente completamente vulnerada en sus derechos.
Otra cosa que me parece interesante de destacar es el esfuerzo de que haya una coordinación interministerial. El tema de las víctimas no tiene que pasar solo por una institución, sino que debe aprovecharse toda la institucionalidad del Estado para hacer valer este apoyo no solo judicial, sino, como decía, social que necesita quien ha sido víctima de un delito.
Finalmente, quiero destacar las modificaciones que se hacen en materia de convenios para practicantes.
Aquí hay una cuestión que vamos a ver en las indicaciones respecto de las experiencias que tienen las corporaciones de asistencia judicial en cuanto a la enorme diferencia entre aquellos que ya son licenciados y aquellos que son egresados.
Quienes ya han obtenido su licenciatura y pasaron el examen de grado tienen un concepto mucho más claro y orgánico de las leyes. Por lo tanto, pueden efectivamente ayudar a las víctimas y no llegar a aprender con ellas.
Esta materia puede ser sencilla, pero es bien importante porque no se trata de que en este servicio alguien vaya a aprender a defender, sino que llegue gente que ya cuenta con las herramientas para defender de manera coherente y consistente a quienes han sido víctimas de un delito.
Así es que por supuesto que voto a favor. Participaremos con algunas indicaciones. Pero me parece que este proyecto, presentado por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, se hace cargo de una pretensión muy sentida de la ciudadanía y nosotros tenemos la obligación de que vea la luz cuanto antes.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Rodrigo Galilea.
Le ofrezco la palabra a la senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
En los dos últimos años 2 mil menores fueron explotados sexualmente en nuestro país. De ellos, 296 se encuentran bajo -comillas- "el cuidado del Estado de Chile".
A esta brutal cifra podríamos agregar datos en materia de violación, asesinato, sicariato y una larga lista de delitos que, lamentablemente, Presidente, ya ni siquiera nos conmueve.
¡Dos mil menores han sido abusados sexualmente en nuestro país!, según un reporte conocido el día de hoy.
Y tenemos cuatro corporaciones de asistencia judicial en Chile.
Cuando las repasamos, uno reconoce que claramente no hemos reaccionado a la necesidad de brindar respuestas a la ciudadanía.
La Cajmetro comprende a las regiones Metropolitana, O'Higgins, del Maule y Magallanes y Antártica Chilena.
La verdad es que es una agrupación que nos dimos administrativamente.
La Cajval contempla a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
No voy a seguir, Presidente.
Lo que quiero decir es que claramente el proyecto lo debemos aprobar en general, pero tenemos que abordarlo con mucha minuciosidad en particular.
Este proyecto, respecto del cual valoro que el Ministerio lo impulse y apoye; que se haya presentado en el Gobierno anterior, y que recoja, como lo han dicho algunos colegas, iniciativas de parlamentarios que estuvieron en este Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados, con anterioridad, es de vital importancia.
La creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos es un proyecto que necesita avanzar no solo con celeridad, sino también con rigurosidad.
La iniciativa aborda la necesidad de tener un sistema centrado en las personas, reconociendo que un número significativo de hombres y mujeres, de niños y niñas en nuestro país tienen necesidades jurídicas insatisfechas.
Según un estudio realizado en 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 44,5 por ciento de las personas encuestadas tuvieron necesidades jurídicas en el último año y ello implica que cuatro de cada diez personas en Chile requieren los servicios de asistencia judicial no solo de orientación legal, sino también de mediación, de representación y de acceso a los tribunales.
Sin embargo, el 43 por ciento de estas necesidades jurídicas no estaban siendo satisfechas.
En áreas críticas como vivienda, discriminación, salud y seguros de salud, estas necesidades superan el 50 por ciento.
Sin lugar a dudas...
(Rumores).
Les pido a los colegas que, por favor, dejen intervenir sin interrupciones.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
¡Por favor!
La señora RINCÓN.-
Gracias.
Sin lugar a dudas, existe la necesidad de tener un sistema de defensoría integral.
Aunque el proyecto establece la defensoría de víctimas, es imprescindible ampliar la cobertura a una defensoría ciudadana integral, Presidente. Sin duda, la defensa de las víctimas de delitos es fundamental, pero también debemos atender a aquellos ciudadanos que enfrentan injusticias en áreas como las mencionadas y que no reciben acceso a la justicia.
Debemos garantizar, Presidente, que cada chileno y chilena, especialmente quienes no cuentan con recursos propios, tengan acceso a asesoría y a representación judicial.
No basta con la orientación. Necesitamos que puedan ser representados.
Aquí hago un reconocimiento a los funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial que han señalado de manera reiterada, cada vez que discutimos el Presupuesto de la Nación, la falta de recursos.
Ayer nos relataban al Vicepresidente y a mí, en una reunión que sostuvimos, cómo ellos deben apelar a que les devuelvan los pagos de licencias médicas para tener recursos.
Nos contaban cómo las oficinas -esto ha sido debate una y otra vez- no cuentan con infraestructura mínima.
Y muchas veces quienes recurren a la Corporación de Asistencia Judicial no encuentran respuesta a su necesidad porque son atendidos de manera tardía o insuficiente.
Presidente, considero que hay un tremendo aporte de los funcionarios. Pero es necesario extender la representación a todo el país, hacerlo de manera acelerada, dotarlos de financiamiento y de ayuda suficiente para que no repitamos los errores del pasado y que tengamos a las personas en el centro para responder adecuadamente a la necesidad de que las víctimas efectivamente tengan acceso a la justicia.
Vamos a apoyar la idea de legislar, vamos a aprobar en general, pero consideramos que hay que ser tremendamente rigurosos en la discusión en particular.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senadora Ximena Rincón.
Ofrecemos la palabra al senador Alejandro Kusanovic y luego al senador Kenneth Pugh.
Senador Kusanovic.
El señor KUSANOVIC.-
Gracias, Presidente.
El tener una defensoría de víctimas de delitos va a ayudar a hacer un poco de justicia en el país y a eliminar ese sentimiento de abuso e impunidad que existe.
Esta institución tiene como objetivo principal proteger y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, ofreciéndoles apoyo legal, psicológico y social durante todo el proceso judicial.
Algunas de sus obligaciones serán:
-Brindar asesoramiento legal a las víctimas sobre sus derechos y alternativas legales.
-Acompañar a las víctimas durante las diferentes etapas del proceso judicial.
-Facilitar el acceso de las víctimas a servicios de apoyo psicológico y social.
-Abogar por los intereses de las víctimas ante las autoridades.
Contar con esta institución en el país contribuye a empoderar a las personas afectadas por un delito, a asegurar que reciban el apoyo necesario para superar la situación traumática que han vivido y a consolidar el sistema de justicia penal en general.
En resumen, este proyecto es una decisión que puede mejorar significativamente la protección de los derechos de las víctimas y la eficacia de la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
Gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Muchas gracias, senador Alejandro Kusanovic.
Tiene la palabra el senador Kenneth Pugh, que es hasta el momento el último inscrito, y luego de ello vamos a ofrecer la palabra al señor ministro de Justicia.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia presente en la sala, recordando que hoy, 15 de mayo, es el Día del Juez y la Jueza.
Es muy importante en nuestro sistema de administración de justicia poder dar a cada uno lo que merece. Hoy las víctimas merecen no solo el apoyo jurídico, sino también sicológico.
Para tener una persecución penal efectiva necesitamos primero que las víctimas denuncien. ¡Si las víctimas no denuncian, no vamos a poder seguir adelante con el proceso!
Muchas personas hoy se abstienen de denunciar porque se sienten desprotegidas, porque sienten que nadie las va a poder ayudar. Y eso es lo primero que debemos atender.
Si somos capaces de fortalecer el apoyo para que las víctimas estén presentes, y cuando digo estén presentes, me refiero primero a su humanidad, y con todo el apoyo sicológico y siquiátrico que sea necesario por lo que han tenido que vivir.
Ser víctima es algo que no le deseo a nadie, pero aquellos que lo han sufrido han tenido que pasar por innumerables sesiones, terapias para poder después enfrentar con ese apoyo a la persecución penal.
El apoyo a las víctimas hoy no se da de la forma que nos gustaría. Por eso, creo que es fundamental esta discusión tal como se ha señalado, y, en particular, después precisar la forma en que se va a lograr y medir.
Nuestro sistema de persecución penal se mejora apoyando primero a las víctimas que han sufrido todos los flagelos que hoy estamos viendo y que están superando aquellas cosas a las que incluso estábamos acostumbrados o que tolerábamos. Hoy la violencia es extrema, y eso genera situaciones que llevan al límite a las personas, porque existe un nivel mucho mayor.
Tenemos, entonces, que actuar con rapidez.
Señor Presidente, pido, en este lugar, que seamos capaces de ponernos en el lugar de las personas que son víctimas, tener empatía con ellas. Este no es un tema solo jurídico, este es un tema humano, esencial, de darles a esas personas algo que perdieron producto de una situación que nadie espera.
Estoy seguro de que este proyecto nos va a ayudar en la persecución penal efectiva y va a permitir también hacerse cargo de aquello que no queremos ver.
Recordando, entonces, el Día del Juez y la Jueza, pidiéndoles a ellos que puedan administrar justicia de la mejor forma posible, pongamos a disposición de las víctimas toda la ayuda que les podamos dar para superar esos momentos tan duros y difíciles que vivieron.
Voto a favor, señor Presidente.
He dicho.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, senador Kenneth Pugh.
Ofrecemos la palabra al señor ministro de Justicia.
El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, saludo a las senadoras y senadores presentes.
Durante las intervenciones que se han realizado en esta sesión se podría graficar la importancia de este proyecto en dos dimensiones.
La primera, que la manera en que estamos concibiendo el acceso a la justicia no es simplemente una cuestión de representación judicial. De hecho, los orígenes del sistema de asistencia judicial descansan fundamentalmente en las obligaciones iniciales que tenían los colegios de abogados, que luego pasaron a las corporaciones de asistencia judicial. Una visión asistencialista del derecho que, en rigor, ponía énfasis en una cosa distinta de lo que podría implicar un tratamiento igualitario.
De lo que hoy hablamos es de una cosa distinta, que es el derecho al acceso a la justicia, que como derecho fundamental supone el derecho que tiene toda persona, sin ningún tipo de discriminación, de hacer valer de modo justo y equitativo ante cualquier autoridad, no solo la de los tribunales, los derechos que le ha conferido la Constitución.
Ese primer aspecto es uno de los cambios significativos de este proyecto, y trata, probablemente en esta primera dimensión, de responder a algunas inquietudes que aquí se han planteado.
La segunda dimensión tiene que ver con algo que planteó la senadora Aravena.
Desde la perspectiva de la víctima, este proyecto supone mirar el sistema de un modo distinto al simplemente retribucionista.
La senadora, creo yo acertadamente, indica por qué esto simplemente no es una manera de concebir una representación judicial para las víctimas.
De hecho, lo que la evidencia demuestra, y así lo ha considerado el Ministerio de Justicia, es que las víctimas, en primer lugar, más que asistencia letrada, ante todo, tienen derecho y quieren saber, y, en segundo lugar, quieren recibir el apoyo del Estado y sus instituciones.
Pero, sus señorías, mi explicación estaría incompleta si no tuviéramos en consideración las trayectorias.
La primera reforma significativa al sistema de asistencia jurídica para transformar las corporaciones en un solo servicio data del año 1992, bajo la Administración del Presidente Aylwin. El segundo esfuerzo fue bajo el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle. Ambos proyectos finalmente fueron archivados por el Congreso.
Durante los años 2006 y 2010 el Ministerio de Justicia tuvo dos anteproyectos conocidos públicamente sobre el servicio de acceso a la justicia, y que recién terminaron en un proyecto ingresado bajo la Administración anterior del Presidente Piñera y que este Gobierno ha seguido tramitando.
Vuestras señorías, contrariamente a lo que se cree, por más de treinta años se ha querido legislar en materia de acceso a la justicia y de unificar el sistema de las corporaciones de asistencia judicial no solo por una cuestión razonable de política pública, sino que esencialmente por un sistema eficiente de prestación pública.
Por eso el rol de los funcionarios y funcionarias de las corporaciones es tan relevante y su presencia en las tribunas del Senado es significativa dado el apoyo que han prestado al desarrollo del proyecto y las exigencias que progresivamente han impuesto para su perfeccionamiento.
Estas dos dimensiones, acceso a la justicia y defensoría de las víctimas en una visión distinta a la simple representación judicial, son las que explican la forma y modo en que este proyecto ha sido estructurado y la manera en que se integran distintos programas que hoy día se encuentran dispersos en el sector público, tanto desde el punto de vista de las defensas especializadas, que tienen buenas evaluaciones, como de aquellas que están apuntadas al contenido y a la prestación a las víctimas.
No puedo terminar esta intervención sin señalar que uno de los aspectos claves que impidió avanzar en esta iniciativa al exministro Larraín, quien me precedió en la Administración anterior en el cargo que hoy día invisto, y la razón fundamental por la que el proyecto no pudo avanzar en la Cámara de Diputados no fue por el contenido, sino fundamentalmente por el compromiso presupuestario.
El presupuesto de este proyecto, con las indicaciones del Ejecutivo, ha sido multiplicado doce veces respecto al texto original. Esto no es simplemente en términos de decir que esta iniciativa sea mejor, sino en los términos concretos de que esta Administración ha continuado los objetivos planteados por el proyecto, pero fundamentalmente fortaleciendo la línea más débil en su oportunidad, que era la asistencia a las víctimas.
Por último, la iniciativa legal dimensiona el acceso a la justicia de un modo distinto de lo concebido hasta el día de hoy. Y buena parte de las inquietudes planteadas por las senadoras y los senadores en esta sala están refundidas en el propio texto del proyecto.
Por último, el Ejecutivo agradece a las asociaciones de la federación de funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, porque han participado activamente en mejorar un conjunto de contenidos para el perfeccionamiento de las prestaciones públicas de esta iniciativa, como asimismo a los miembros de la Comisión de Constitución, tanto de la Cámara como del Senado, que han permitido que este proyecto sea hoy día discutido en la sala.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).-
A usted, señor ministro.
¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?
¿Han votado todas las señoras senadoras y todos los señores senadores?
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto de ley (41 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza y Walker.
El señor GARCÍA (Presidente).-
El plazo para presentar indicaciones lo vamos a fijar en la próxima sesión.
Aprobada la idea de legislar, el proyecto vuelve a la Comisión para que se inicie su discusión en particular.
CREACIÓN DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO SOSTENIBLE BASADA EN CONOCIMIENTO
El señor GARCÍA (Presidente).-
Corresponde ahora tratar el proyecto que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en conocimiento, y modifica la ley N° 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en los términos que indica.
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.441-19) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Sobre este punto, la senadora Luz Ebensperger había pedido la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Presidente, en nombre del Comité de la UDI, pido segunda discusión para este proyecto, que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Así lo haremos, senadora.
No tengo quorum para tomar acuerdos, pero...
La señora EBENSPERGER.-
No necesita acuerdo para esto.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Naturalmente, así lo vamos a hacer.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Quizá sea mejor que pasemos a la hora de Incidentes directamente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GARCÍA (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De: señor ARAYA.
Para: ministra del Interior y Seguridad Pública.
Asunto: información sobre cantidad de cámaras de seguridad y televigilancia operativas y no operativas en comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla, así como número de tales dispositivos adquiridos con recursos ministeriales para región de Antofagasta desde 2022.
De: señor ESPINOZA.
Para: ministro de Justicia y Derechos Humanos y director general de Gendarmería de Chile.
Asunto: medidas adoptadas en relación con fallecimiento de estudiante de Escuela de Formación Penitenciaria, Esforpen.
De: señor LATORRE.
Para: Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred.
Asunto: información sobre trabajo realizado desde el 23 de marzo de 2024 a raíz de incendios forestales que impactaron comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar.
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El señor GARCÍA (Presidente).-
En Incidentes, en el tiempo del Comité Partido Evópoli e Independiente, se ofrece la palabra.
En el tiempo del Comité Partido Comunista, se ofrece la palabra.
En el tiempo del Comité Partido Federación Regionalista Verde Social e Independiente, tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda.
INFORME SOBRE ACCIDENTE LABORAL EN DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO. OFICIO
La señora SEPÚLVEDA.-
Gracias, Presidente.
Bueno, lamentablemente hemos tenido otro accidente en Codelco, en El Teniente, en donde cinco trabajadores han sufrido complicaciones en términos de la seguridad en su trabajo. A través de la comunicación con varios dirigentes de esa minera, me han manifestado la preocupación por estos hechos, que han sido reiterados en las distintas divisiones de Codelco.
En forma especial, yo represento en esta Sala a Rancagua, a Machalí, donde hoy día está emplazado este importante yacimiento.
Por tales razones, Presidente, solicito, si lo tiene a bien, oficiar al Ministerio del Trabajo -ya conversé con la ministra sobre este tema-, para que específicamente nos den a conocer cuál fue la situación vivida por estos cinco trabajadores que sufrieron este accidente, como también qué es lo que ha pasado con estos accidentes en un tiempo de dos a tres años. Y, además, queremos saber qué investigaciones se han efectuado respecto de los accidentes fatales sufridos en este importante yacimiento de Codelco Chile.
Muchas gracias, Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora senadora, conforme al Reglamento.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senadora Alejandra Sepúlveda.
En el tiempo del Comité Partido Demócratas Chile, se ofrece la palabra.
En el tiempo del Comité Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el senador Juan Ignacio Latorre.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE AVANCES EN PLAN DE RECONSTRUCCIÓN POR INCENDIOS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. OFICIO
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Esta intervención tiene por objetivo oficiar al Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres por los incendios ocurridos en febrero en la región de Valparaíso, donde fallecieron 135 personas según el Servicio Médico Legal y hubo más de 6.000 viviendas destruidas, afectadas, además de la pérdida de biodiversidad: cerca de 9.000 hectáreas.
Con fecha de 23 de marzo de este año, el Gobierno, desde las competencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, presentó el Plan de Reconstrucción para las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Ayer aprobamos en el Senado el Fondo Nacional para la Reconstrucción Transitoria, por 800 mil millones de pesos.
En dicha fecha, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en su rol de coordinador del Comité de Ayudas Tempranas, entregó la información de la construcción... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Un minuto más para cerrar. Gracias, Presidente.
Decía que se informó de la construcción de 584 viviendas de emergencia, lo cual abarca el 49 por ciento del catastro.
Recorriendo territorialmente vemos que todavía hay falencias en la etapa inicial de emergencia y, por tanto, el oficio pide la información respecto de la cantidad de personas habilitadas para tener viviendas de emergencia, la cantidad de viviendas de emergencia que se han instalado a la fecha, las viviendas que falta por instalar, su recepción, el acceso a servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, o viviendas también que han tenido problemas estructurales en contexto de lluvia.
Todavía hay familias que están habitando en sus terrenos en carpas. Por lo tanto, es muy importante para poder transitar bien al plan de reconstrucción poder cerrar de manera adecuada la etapa inicial de emergencias y ayudas tempranas.
Este es el oficio que solicito al Senapred, por su intermedio, Presidente.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor senador, conforme al Reglamento.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias, senador Juan Ignacio Latorre.
En el tiempo del Comité Partido Republicano, ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra el senador Kenneth Pugh.
PETICIÓN DE INGRESO DE PROYECTO DE LEY PARA MATERIALIZAR OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN COMUNAS AFECTADAS POR CATÁTROFES.
OFICIO
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
El primer oficio es a Su Excelencia el Presidente de la República, para solicitar que ingrese un proyecto de ley que permita la materialización rápida de la reconstrucción no solo de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, sino que de todas las que hayan sido afectadas por grandes siniestros donde haya existido un estado de catástrofe y donde se dispongan de recursos para facilitar la construcción rápida de viviendas, ojalá industrializadas, que son las más rápidas de instalar, y que puedan ejecutarse -como lo contempla el fondo que se ha aprobado- usando la integración público-privada, pero agilizando los trámites con los diferentes ministerios y sectoriales, para que todos esos permisos sean revisados ojalá por un inspector fiscal designado que coopere y actualice esta información.
Esto, en atención a que los vecinos ya han tratado de buscar soluciones incluso en autoconstrucción, lo que no ha sido posible, porque la permisología no se los ha permitido. Como complemento, entonces, a la ley que se está aprobando para generar el Fondo de Reconstrucción, solicito que se estudie un mecanismo para poder generar permanentemente, en todas las comunas que hayan sido afectadas por siniestros, donde haya existido un estado de catástrofe y existan los recursos, una forma rápida de construcción.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor senador, conforme al Reglamento.
DECLARACIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL PARA RODEO DE VILLAGRA EN COMUNA DE JUAN FERNÁNDEZ. OFICIO
El señor PUGH.-
El segundo oficio, señor Presidente, es a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para poder declarar como patrimonio inmaterial de la comuna de Juan Fernández el Rodeo de Villagra.
Esta historia me ha llegado y la encuentro realmente increíble.
Todos los años, en el primer fin de semana del mes de febrero, la comunidad juanfernandecina se desplaza al sector del valle de Villagra, desde tiempos inmemorables, a realizar esta actividad. Lo menciono porque la data que manejo es de 1877, cuando se organiza el primer rodeo por el colonizador Alfred von Rodt.
Este rodeo se ha mantenido permanentemente y queremos que se declare como patrimonio inmaterial de la isla.
Pido que se efectúen los estudios necesarios y se nos indique qué se requeriría para que se pueda concretar esta declaración.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor senador, conforme al Reglamento.
SOLICITUD DE POLÍGONO PARA HABILITACIÓN DE PARQUE EN VALLE DE VILLAGRA EN COMUNA DE JUAN FERNÁNDEZ. OFICIO
El señor PUGH.-
El tercer oficio es a quien hoy está a cargo de los terrenos que estaba administrando Conaf en el archipiélago de Juan Fernández, específicamente en este sector del valle de Villagra, para poder generar un polígono que permita la habilitación de un parque para que la población pueda celebrar esta costumbre que he descrito y que, como digo, viene de fines del siglo XIX.
Puede ser la Conaf, que es la autoridad que existe actualmente, o el nuevo Servicio de Biodiversidad, que es el que lo va a recibir. La idea es poder formalizar la entrega de un espacio de terreno que permita que este patrimonio inmaterial siga celebrándose.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INFORMACIÓN SOBRE CONCURSO PARA INSTALACIÓN DE OBSERVATORIO DEL SUR DE RAYOS GAMMA. OFICIOS
El señor PUGH.-
Finalmente, señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores y a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a fin de que puedan comunicar qué esfuerzo está haciendo Chile para poder ganar el concurso que permitiría instalar el observatorio del sur de los rayos gamma, conocido por las siglas en inglés "SWGO".
Existen tres países compitiendo (Perú, Argentina y Chile) por tener este observatorio. Se requiere un terreno de más de una hectárea, con una altura de sobre 4.500 metros, una planicie, una meseta. Y eso Chile lo tiene. Existe en el norte el parque astronómico, específicamente donde está el Observatorio ALMA, y allí podría instalarse un sensor de esta naturaleza.
Estamos hablando de un sensor grande, de cinco mil receptores. Se requiere la construcción de estanques de agua de cuatro metros de altura y cuatro metros de diámetro, y eso lo puede hacer la región. Se tendría que disponer del agua necesaria, que debe ser llevada para cumplir las condiciones, y de una central eléctrica para el apoyo de energía. Tales son los requerimientos que debiera satisfacer el país.
Por lo tanto, hacen falta las cartas de apoyo tanto de la Cancillería, de toda el área de ciencia y tecnología, como de nuestro Ministerio.
Solicito que se nos pueda informar en qué estado está esto, porque el concurso dura muy poco tiempo. En los próximos meses se va a resolver y el país que logre juntar todos los apoyos y convocar a todo el mundo público, privado y académico -las tres aspas de la OCDE-, será capaz de proponerlo.
En beneficio de la investigación del país y de que podamos apoyarlo, la región de Valparaíso, a través de la Universidad Técnica Federico Santa María, que ya ha trabajado en física de partículas, está disponible para hacer todas las coordinaciones respectivas, y de hecho representa a Chile en este grupo; pero se requiere el apoyo para que nuestro país exprese su deseo y, además, el compromiso para sacar adelante este tremendo observatorio de rayos gamma.
El hemisferio sur es el que está orientado hacia el centro de la galaxia, por lo que resulta adecuado para recibir toda esta información, y así crear una nueva industria de astronomía, no solo de observación como lo tenemos hoy, sino también de estudio de todas estas radiaciones que se pueden detectar desde nuestro territorio.
Eso sería, señor Presidente.
Muchas gracias.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor senador, conforme al Reglamento.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Muchas gracias a usted, senador Kenneth Pugh.
En el tiempo del Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano, le ofrezco la palabra a la senadora Yasna Provoste.
NECESIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL. OFICIOS
La señora PROVOSTE- Muchas gracias, Presidente.
Ante la urgencia de invertir y modernizar la educación inicial, es necesario señalar algunos elementos en esta hora de Incidentes.
Primero, hace ya muchos años, en el marco de los debates de las leyes de presupuestos, hemos reclamado la necesidad de que podamos concordar un real plan de mejoramiento de la educación inicial que implique una homologación de las herramientas para atender a niñas y niños, como también respecto de las condiciones laborales y remuneracionales en la justa retribución de las profesionales.
Me alegra la presencia de la subsecretaria de la Segprés en esta sala, porque ella ha sido garante de muchos de estos temas en las diversas discusiones de leyes de presupuestos, en este proceso de homologar las condiciones para quienes se desempeñan en los jardines vía transferencias de fondos, en comparación con las trabajadoras de Integra y de Junji.
Ya la historia nos ha mostrado, analizando las causas del desarrollo de importantes sociedades, con claridad una conclusión: tener una educación inicial de calidad ayuda a construir mejores relaciones, mejores sociedades, una mejor democracia, en definitiva, una mayor cohesión social.
Por eso, para nosotros es muy importante, Presidente, que la educación inicial de calidad sea entendida con sentido de urgencia y como un elemento crucial para el desarrollo social, neurológico de la infancia temprana.
Por lo mismo, porque se trata de una herramienta efectiva para disminuir las brechas socioeconómicas, para apoyar las habilidades cognitivas, el desarrollo académico y todo lo que hemos venido trabajando durante largos años en nuestro país, se requiere tener una política sostenida de modernización de la educación inicial.
Además, todo eso tiene un apoyo social muy transversal, como lo reveló con mucha claridad el reciente debate público sobre "sala cuna sí, guarderías infantiles no".
Sin embargo, para que se pueda cumplir dicho mejoramiento con criterios de justicia, de equidad, los estándares de la educación inicial deben ser abordados. Para ello se requiere avanzar con mayor urgencia en la homologación laboral y técnica. Ya hemos dado el debate, tenemos ley, hemos comprometido la instalación de mesas de trabajo con los distintos subsistemas de la educación inicial: VTF, Junji e Integra.
En el año 2023, cuando se discutía el Presupuesto para el año 2024, se constituyó una mesa de trabajo con los distintos gremios de los jardines vía transferencia de fondos, que en conjunto con la senadora Ximena Órdenes y el senador García, hoy Presidente del Senado, concurrimos como garantes, y se resolvieron las urgencias planteadas por los gremios en ese momento.
Además, lo que acordamos, en noviembre pasado, con el Ejecutivo, para que fuera implementado durante el año 2024, fue renovar la mesa de trabajo con las organizaciones de trabajadoras, con aquellas que fueran más representativas de los jardines infantiles vía transferencias de fondos, con un propósito claro: proponer cambios al decreto N° 67 del Ministerio de Educación, que data del año 2010, con especial énfasis al sistema de financiamiento de los jardines infantiles vía transferencias de fondos, incluidos los administrados por los servicios locales de educación pública.
Estamos ya casi concluyendo el quinto mes del año y esta mesa de trabajo sobre el proceso de homologación solo se ha reunido una vez -¡una sola vez!-, y, reitero, estamos concluyendo el mes de mayo.
Se ha pedido información; se ha solicitado a la subsecretaria de Educación Parvularia que pueda agendar la nueva reunión -se lo pedimos ya hace bastante tiempo a través de nuestros asesores- para mayo, pero aún no se tiene una respuesta. Y ya todos nos vamos a semana regional.
Se ha solicitado información, además, sobre las líneas de financiamiento, cuáles van a ser los parámetros remuneracionales en el sector, para que los gremios también puedan elaborar propuestas que sean responsables, sensatas, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna.
Entonces, a mí me parece que lo que ha ocurrido este año es realmente muy preocupante. No vemos que sea una tarea prioritaria en el Ministerio de Educación, en la Subsecretaría de Educación Parvularia, construir un acuerdo de carácter muy transversal por medio del diálogo con los gremios, con los parlamentarios que hemos estado como garantes en este proceso sobre la homologación de las condiciones laborales y mayor equidad para el financiamiento de la educación inicial, que apunten a homologar tales condiciones, así como las remuneraciones de las trabajadoras de los jardines vía transferencias de fondos, de manera de comenzar, en definitiva, un ciclo que eleve la calidad de la educación inicial.
Nos parece un tremendo error no darle prioridad a esta mesa de trabajo, que fue acordada el año 2023 para que funcionara a partir del año 2024. Como digo, hasta la fecha no haya tenido un funcionamiento normal que permita, además, concluir en un acuerdo que mejore la calidad de la educación inicial en nuestro país.
Dicho lo anterior, Presidente, yo quiero reiterar nuestro llamado al ministro de Educación para que se cumpla lo acordado en el protocolo que se suscribió para aprobar la Ley de Presupuestos, el mismo en el que participó la Comisión de Educación del Senado en noviembre del año 2023, para enfrentar la crisis de los servicios locales de educación pública y en la educación inicial. Pido que hagamos una evaluación seria sobre los grados de cumplimiento que... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).
El señor WALKER (Vicepresidente).-
Se le concede un minuto más, senadora.
La señora PROVOSTE-... deben abordarse en esa materia.
De tal manera, solicito que se envíe copia de esta intervención al ministro de Educación, a la subsecretaria de Educación Parvularia, a la Secretaría General de la Presidencia, porque también ellos fueron garantes de lo comprometido.
De la misma forma, Presidente, solicito a la Dirección de Presupuestos que nos informe al respecto. Y, particularmente, en materia de bienios. Cuando un profesor o profesora cumple su bienio, se le comienza a pagar inmediatamente. Sin embargo, a una trabajadora de los jardines vía transferencias de fondos que cumple bienio a mediados de año no le empiezan a pagar sino hasta marzo del año siguiente.
Lo señalo solo para graficar un conjunto de inequidades que deben enfrentar día a día profesionales de la educación que realizan las mismas tareas, que atienden a nuestros niños y niñas, y que, sin embargo, tienen condiciones laborales, remuneracionales y de acceso a beneficios muy distintas de las que tienen otros profesionales de la educación.
He dicho, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora senadora, conforme al Reglamento.
El señor WALKER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, se ofrece la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, se ofrece la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido Por la Democracia e Independientes, se ofrece la palabra.
Muchas gracias. Y agradecemos especialmente la presencia de la subsecretaria Macarena Lobos.
Muy bien, por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:35.
Rodrigo Obrador Castro
Jefe de la Redacción