REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

Legislatura 372ª

Sesión 29ª, ordinaria

Martes 18 de junio de 2024

(De 16:15 a 19:59)

Presidente, señor José García Ruminot

Vicepresidente, señor Matías Walker Prieto

Secretario General subrogante, señor Julio Cámara Oyarzo

REDACCIÓN DE SESIONES

ASISTENCIA

--Allende Bussi, Isabel

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Araya Guerrero, Pedro

--Bianchi Retamales, Karim

--Carvajal Ambiado, Loreto

--Castro González, Juan Luis

--Castro Prieto, Juan Enrique

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Cruz-Coke Carvallo, Luciano

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Ebensperger Orrego, Luz

--Edwards Silva, Rojo

--Espinoza Sandoval, Fidel

--Flores García, Iván

--Gahona Salazar, Sergio

--Galilea Vial, Rodrigo

--García Ruminot, José

--Gatica Bertin, María José

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Keitel Bianchi, Sebastián

--Kusanovic Glusevic, Alejandro

--Kuschel Silva, Carlos Ignacio

--Macaya Danús, Javier

--Moreira Barros, Iván

--Núñez Arancibia, Daniel

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Pascual Grau, Claudia

--Prohens Espinosa, Rafael

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

--Rincón González, Ximena

--Saavedra Chandía, Gastón

--Sandoval Plaza, David

--Sanhueza Dueñas, Gustavo

--Sepúlveda Orbenes, Alejandra

--Van Rysselberghe Herrera, Enrique

--Velásquez Núñez, Esteban

--Vodanovic Rojas, Paulina

--Walker Prieto, Matías

Concurrieron, además, la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá Morales; y los ministros de Hacienda, señor Mario Marcel Cullell, y secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto.

Actuó de Secretario General subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 25 señoras senadoras y señores senadores.

El señor WALKER (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SEÑORITA ISIDORA AILEN QUINTANA AGUILERA, HIJA DEL SENADOR SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL, RECIENTEMENTE FALLECIDA

El señor WALKER (Vicepresidente).- Al inicio de esta sesión vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de la señorita Isidora Ailen Quintana Aguilera, hija del honorable senador señor Jaime Quintana Leal, recientemente fallecida.

(Los asistentes se ponen de pie y la Sala guarda un minuto de silencio).

Muchas gracias.

En nombre de la Mesa del Senado, le expresamos nuestras más profundas condolencias a nuestro colega el senador Jaime Quintana y a toda su familia en estos momentos dolorosos.

Tiene la palabra la senadora Loreto Carvajal.

La señora CARVAJAL.- Gracias, Presidente.

Quiero manifestar el más profundo agradecimiento en nombre de nuestro querido colega, presidente de nuestro Partido Por la Democracia, integrante de nuestra bancada, pero especialmente padre.

Las circunstancias más tristes de la vida no hacen sino reflejar tal vez el mayor dolor para un padre por lo que significa el fallecimiento de una hija, en este caso de Isidora, cuyo funeral ha finalizado a estas horas en la ciudad de Temuco.

El senador Quintana me señaló que se ha sentido acompañado y me pidió transmitir que agradece, como ya decía, cada una de las muestras de cariño, de apoyo que le han manifestado en mensajes de WhatsApp, en llamadas telefónicas, para acompañarlo a la distancia en momentos tan difíciles para un ser humano, fundamentalmente para una familia, una madre y, en particular, un padre.

Así que, en nombre de nuestro querido colega, reitero sus agradecimientos a cada una de las bancadas, a cada uno de los senadores y a cada una de las senadoras, quienes le han expresado su sentir y, por supuesto, lo han acompañado en el dolor que significa vivir una situación tan difícil para cualquier ser humano, en especial, como digo, para un padre.

Transmito este mensaje en nombre del senador Quintana, y por cierto, en el suyo, Presidente.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muy buenas tardes.

Me sumo a las palabras de la senadora Loreto Carvajal.

Ayer recibí una llamada del senador Jaime Quintana, quien nos encargó fundamentalmente como Mesa expresarles sus agradecimientos, el de su esposa y el de su familia. Señaló que ha recibido el saludo y que ha sentido la compañía de cada una de las senadoras, de cada uno de los senadores, en estos momentos, tan dolorosos y tan difíciles.

Cumplo, por supuesto, con transmitirles esos sentimientos, porque lo encargó de manera muy especial.

III. CUENTA

El señor GARCÍA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.

"Mensaje de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República

Con el que inicia un proyecto de ley que reajusta los valores del Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar, reactiva el aporte pagado a través del Bolsillo Familiar Electrónico por los meses de invierno de 2024, e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Boletín N° 16.933-05).

--Pasa a la Comisión de Hacienda.

Doce Mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República

Con los tres primeros, hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes proyectos de ley:

-El que reajusta los valores del Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar, reactiva el aporte pagado a través del Bolsillo Familiar Electrónico por los meses de invierno de 2024, e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Boletín N° 16.933-05).

-El que modifica la ley N° 21.363, para eximir de la aplicación del artículo 40 bis de la ley N° 19.925, a las bebidas alcohólicas que se señalan (Boletín N° 16.606-01).

-El que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletines Nos 7.567-07, 7.727-18 y 5.970-18, refundidos).

Con el cuarto y el quinto, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:

-La que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines Nos 11.144-07 y 11.092-07, refundidos).

-La que crea el Seguro de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA (Boletín N° 12.662-11).

Con los cinco siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:

-El que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres (Boletines Nos 10.576-13, 12.719-13 y 14.139-34, refundidos).

-El que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica (Boletín N° 15.480-13).

-El que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS) (Boletín N° 16.391-01).

-Sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín N° 11.608-09).

-El que define a los establecimientos de salud como asistenciales-docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior (Boletín N° 14.088-11).

Con el undécimo, hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", en relación con el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en conocimiento, y modifica la ley N° 21.105, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en los términos que indica (Boletín N° 16.441-19).

Con el último, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto del proyecto de ley que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes N° 21.522, N° 21.523 y N° 21.527 (Boletín N° 15.816-07).

--Se toma conocimiento de los retiros y de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

Cinco de la Honorable Cámara de Diputados

Con el primero, comunica que en sesión celebrada el día de ayer, aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, correspondiente al Boletín N° 15.140-15 (con urgencia calificada de "discusión inmediata"), con excepción de la que indica, que ha rechazado. En razón de lo anterior, corresponde la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República.

--Se toma conocimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento del Senado, se designa a los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones como miembros de la referida Comisión Mixta.

Con el segundo, informa que, en sesión de fecha de ayer, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez, correspondiente a los Boletines Nos 14.445-13, 13.011-11 y 14.449-13, refundidos.

--Se toma conocimiento y atendido que el proyecto contiene normas de ley orgánica constitucional, se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República para consultar si hará uso de la facultad que le otorga el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

Con el tercero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión, correspondiente a los Boletines Nos 16.304-31, 16.305-31 y 16.310-31, refundidos.

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Con el cuarto, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar un permiso para asistir a personas en riesgo de suicidio, correspondiente al Boletín N° 16.267-13.

--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Con el quinto, informa que en sesión de esta fecha, aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que perfecciona la ley N° 19.657, sobre concesiones de energía geotérmica, para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica, correspondiente al Boletín N° 12.546-08.

--Se toma conocimiento y en atención a que el proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras y se remitió a Su Excelencia el Presidente de la República, se registra el oficio en el archivo, junto con sus antecedentes.

Del Excmo. Tribunal Constitucional

Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:

-frases "solo" y "cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente", contenidas en el artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal (Rol N° 15440-24-INA).

-artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 15446-24-INA).

-artículo 48, de la Ley de Rentas Municipales (Rol N° 15441-24-INA).

-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en la frase "Tampoco procederá respecto de aquellos delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile" (Rol N° 15452-24-INA).

-frase "y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento", contenida en el artículo 429, inciso primero, parte final, del Código del Trabajo (Rol N° 15280-24-INA).

-artículo 206, del Código Civil (Rol N° 15463-24-INA).

-artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil (Rol N° 15467-24-INA).

-artículo 1°, inciso cuarto, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 14485-23-INA).

-artículo 12, inciso segundo, de la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias (Rol N° 15422-24-INA).

-artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública (Rol N° 14798-23-INA; Rol N° 15000-23-INA).

-artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290 (Rol N° 15496-24-INA).

--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Remite copia de sentencia pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido al artículo 27, de la Ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores (Rol N° 14861-23-INA).

--Se manda archivar el documento.

Del señor Presidente de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones

Por el que solicita se remitan dentro del plazo señalado en el inciso segundo del artículo 4 de la ley N° 21.603, que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, antecedentes sobre la dieta y otros estipendios asociados al cargo parlamentario, con el objeto de dar cumplimiento al mandato que le impone a la referida Comisión el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República.

--Se toma conocimiento.

Del señor Director del Servicio Electoral

Por el que solicita se informe sobre las personas a las que el Senado les haya rehabilitado la ciudadanía de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República, y respecto de aquellas que no hayan obtenido dicha rehabilitación, con el objeto de mantener permanentemente actualizado el Registro Electoral, según lo dispuesto en los artículos 13 y 19 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

--Se toma conocimiento, y pasa a la Secretaría General del Senado para los fines correspondientes.

De la señora Contralora General de la República (S)

Da respuesta a requerimiento de la Honorable Senadora señora Vodanovic, relacionado con las deudas previsionales que mantiene el Departamento de Educación Municipal de Linares con los docentes de dicha comuna, desde el año 2023.

Responde requerimiento del Honorable Senador señor Araya, relativo la admisibilidad de la postulación de la persona jurídica que indica, en el marco del concurso para programas de inversión convocado por la Delegación Presidencial Regional del Biobío.

Se refiere a solicitud de información del mismo señor Senador, acerca del estado de tramitación de la presentación efectuada por la persona que indica, quien cumple funciones en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

De la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública

Remite antecedentes solicitados por la Honorable Senadora señora Gatica, respecto del estado del proyecto "Reposición Retén Reumén, comuna de Paillaco, región de Los Ríos", las condiciones de habitabilidad de la infraestructura policial y las iniciativas de mejoramiento del cuartel.

Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Consigna información solicitada por la Honorable Senadora señora Núñez, respecto de diversos asuntos vinculados con la aplicación en la región de Antofagasta del Plan de Emergencia en el Transporte de Cargas Peligrosas.

Del señor Ministro (S) de Transportes y Telecomunicaciones

Se refiere a petición de la Honorable Senadora señora Vodanovic, para que se califique con urgencia el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de exigir a los propietarios o concesionarios de estaciones de servicio mantener el registro que indica, correspondiente al Boletín N° 16.771-15.

Del señor Ministro del Deporte

Se pronuncia acerca de la comunicación de la Honorable Senadora señora Vodanovic, por la que puso en su conocimiento la situación que afecta a la deportista que individualiza, quien ha tenido dificultades en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Atiende solicitud de la Honorable Senadora señora Carvajal, para que se brinde el apoyo necesario a la deportista paralímpica que indica, con el objeto de que sea debidamente acompañada durante su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Del señor Subsecretario (S) del Medio Ambiente

Da respuesta a inquietud de la Honorable Senadora señora Vodanovic, en relación con los recientes hallazgos presentados en un estudio de la Universidad de Chile, que revela graves riesgos para la salud, especialmente de niños, asociados al uso de plaguicidas en la región del Maule.

Del señor Gobernador Regional de Antofagasta

Contesta requerimiento del Honorable Senador señor Araya, relacionado con la aprobación, por parte del Consejo Regional, de un convenio de transferencia de recursos para el programa "Más Vivienda, Mejor Región 2024-2028".

Al mismo señor Senador, informa sobre la evaluación de los antecedentes de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos "Por la Memora Histórica" de Antofagasta, cuya iniciativa postulada al concurso que indica ha sido declarada inadmisible.

De la señora Gobernadora Regional del Maule

Atiende inquietud de la Honorable Senadora señora Rincón, respecto de la situación de acoso laboral que habría afectado a la funcionaria que indica, que presta servicios en la repartición a su cargo.

Del señor Superintendente de Pensiones

Comunica, a petición del Honorable Senador señor De Urresti, los antecedentes recabados en torno a la situación previsional de la persona que individualiza.

Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios

Envía, a petición del Honorable Senador señor De Urresti, el catastro y ubicación de los grifos públicos instalados en el sector urbano de Paillaco, y se pronuncia sobre la factibilidad de instalar dicha infraestructura hídrica en otros sectores de la comuna.

Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal

Proporciona información solicitada por la Honorable Senadora señora Allende, en relación con el retraso en el llamado a licitación de un carro de ataque inicial financiado con recursos del Consejo Regional de Valparaíso, y la nómina de adquisiciones de material especializado para el combate de incendios y de seguridad del personal en la referida región.

--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.

Informes

De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín N° 14.615-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

Cinco informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:

-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado Federal de Austria, suscrito en Santiago, Chile, el 7 de abril de 2022 (Boletín N° 16.445-10).

-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de Islandia y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en Oslo, Noruega, el 24 de marzo de 2022 (Boletín N° 16.446-10).

-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Chile, firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 27 de enero de 2022 (Boletín N° 16.447-10).

-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Chile, firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 27 de enero de 2022 (Boletín N° 16.448-10).

-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el 3 de junio del año 2029, como el Día de la Conmemoración, en la región de Arica y Parinacota, del Centenario del Tratado de Lima (Boletín N° 16.822-10).

De las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas en las circunstancias que se señala (Boletín N° 15.805-07) (con urgencia calificada de "suma").

De la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros (Boletín Nº 16.703-25) (con urgencia calificada de "suma").

De la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 1 de febrero de cada año como el Día Nacional de la Cueca Porteña (Boletín N° 16.073-24).

--Quedan para Tabla.

Moción

De los Honorables Senadores señoras Allende y Campillai, y señores Sandoval y Velásquez, con la que inician un proyecto de ley que regula el diseño y la accesibilidad universal en el mercado financiero (Boletín N° 16.927-35).

--Pasa a la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad".

El señor BUSTOS (Prosecretario).- Es todo, Presidente.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, señor Prosecretario.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor GARCÍA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el señor Secretario, quien dará lectura a los acuerdos de comités.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- Señor Presidente, los comités, en sesión celebrada el lunes 17 de junio, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Considerar en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy las siguientes iniciativas:

-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala (boletín N° 15.805-07).

-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal (boletín N° 14.615-05).

-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros (boletín N° 16.703-25), siempre que se hubiere recibido el informe respectivo de la Comisión de Seguridad Pública.

2.- Al inicio de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 19 de junio, efectuar un homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile con motivo de la conmemoración del 91° aniversario de la institución.

Asimismo, para este efecto, acordaron otorgar hasta cinco minutos a cada comité para hacer uso de la palabra.

3.- Tratar en tabla de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria del miércoles 19 de junio, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.363 para eximir de la aplicación del artículo 40 bis de la ley N° 19.925 a las bebidas alcohólicas que se señalan (boletín N° 16.606-01), siempre que fuere despachado por la Comisión de Agricultura y se hubiere recibido el respectivo informe.

4.- Considerar en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 19 de junio de 2024 las siguientes iniciativas:

-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para la protección de la infraestructura crítica del país (boletín N° 16.143-02), siempre que fuere despachado por la Comisión de Defensa Nacional y se hubiere recibido el informe respectivo.

-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbononeutralidad (boletín N° 16.078-08).

-Proyecto de ley que reajusta los valores del subsidio único familiar y la asignación familiar, reactiva el aporte pagado a través del Bolsillo Familiar Electrónico por los meses de invierno del año 2024, e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (boletín N° 16.933-05), siempre que hubiere ingresado el mensaje respectivo.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

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El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra el senador Keitel.

El señor KEITEL.- Gracias, Presidente.

La Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, por la unanimidad de sus integrantes, acordó solicitarle a la Sala abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece y regula determinados derechos de autor en materia de propiedad intelectual respecto de los artistas y creadores de obras visuales de imagen fija, obras de arte gráficas y plásticas (boletín N° 13.098-24), hasta las 12 horas de mañana, 19 de junio, las que deberán presentarse en la secretaría de la Comisión.

Eso, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por su señoría?

--Así se acuerda.

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El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra el senador don Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Estimado Presidente, hoy día en la Comisión de Constitución tomamos el acuerdo de solicitar una apertura de plazo adicional, por quince minutos, para reingresar indicaciones en el proyecto contenido en el boletín N° 13.991-07, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

Esta solicitud es algo muy formal y tiene como fundamento salvar un inconveniente administrativo que existió con la dirección del correo electrónico al momento del ingreso de indicaciones dentro del plazo establecido, el cual venció el 17 de junio, a las 12 horas.

Acordamos esto en la Comisión de Constitución, y el nuevo plazo es por quince minutos.

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el senador De Urresti en nombre de toda la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?

--Así se acuerda.

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El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra el senador don Iván Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, Presidente.

Seré muy breve.

Hay un proyecto que dice relación con seguridad municipal, y hemos conversado con el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Ossandón, para poder tratarlo en Comisiones unidas de Gobierno y de Seguridad.

Creemos que es un tema de interés común. Nosotros estamos trabajando en el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, así como en otros; por lo tanto, creo que perfectamente podemos sumar esfuerzos y darle un solo trámite a esa iniciativa.

Entiendo que empezaron hoy con el debate respectivo, según me señaló el senador Ossandón; pero desde su presidencia hay voluntad para que podamos trabajar en conjunto esta materia.

Pido autorización para ello.

El señor GARCÍA (Presidente).- Entendemos, senador Flores, que hay acuerdo de ambas comisiones y le están solicitando a la Sala que las autorice para funcionar...

El señor FLORES.- Unidas.

El señor GARCÍA (Presidente).- Unidas.

¿Habría acuerdo para autorizar aquello?

Es un proyecto sobre...

El señor FLORES.- Seguridad municipal.

El señor GARCÍA (Presidente).- ... funciones municipales en materia de seguridad.

¿Habría acuerdo para que sea analizado por las comisiones de Gobierno y de Seguridad, unidas?

--Así se acuerda.

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El señor FLORES.- En un segundo orden, y aunque no lo he conversado con el senador De Urresti, en la minuta de los acuerdos de la Comisión de Seguridad también se considera plantear que existen tres mociones referidas a una misma materia.

Una de ellas prohíbe el reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por una caución económica, en el caso de imputados vinculados a asociaciones criminales, correspondiente al boletín N° 16.903-07. Cuando se trata del crimen organizado, en términos generales, nosotros estamos planteando que no pueda haber cambio de la prisión preventiva por otras medidas cautelares, dada la gravedad que significa su presencia. No queremos que se repita lo sucedido en Los Vilos.

La segunda moción se refiere a la aplicación de medidas cautelares y otras que indica, tratándose de imputados pertenecientes a asociaciones criminales, correspondiente al boletín N° 16.917-07.

Y una tercera moción modifica el Código Procesal Penal en materia de regulación de la caución para reemplazar la prisión preventiva, correspondiente al boletín N° 16.920-07.

Lo que solicitamos a esta honorable Sala es que estos tres proyectos, que se encuentran radicados en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sean conocidos por la Comisión de Seguridad Pública una vez que sean despachados por dicho organismo, por tratarse de materias cuyo ámbito de competencia abarca a ambas.

Y si la Sala accediere a lo anterior, pido además que las tres iniciativas se refundan, de modo que puedan ser estudiadas simultáneamente por la Comisión de Seguridad Pública, porque todas se encuentran en primer trámite constitucional, Presidente.

Eso es.

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Tendríamos acuerdo en proceder...

No hay acuerdo.

Senador Flores, yo quisiera sugerir que conversara el tema con el senador De Urresti y quizás de aquí a mañana pudieran traer una propuesta a la sala.

Ojalá hubiera acuerdo. Y, si no, votaríamos su propuesta.

¿Les parece que procedamos de esa manera?

Ah, perdón, senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Presidente, no quiero sonar descortés en lo que voy a señalar, pero lo voy a decir con todas sus letras y en castellano.

La Mesa y usted, como Presidente, y el Vicepresidente, tienen la obligación de hacer cumplir el reglamento que rige esta Corporación, el cual es claro y preciso respecto de las competencias de cada comisión.

Me resulta molesto, como presidente de la Comisión de Constitución -y creo que interpreto a quienes ocuparon y ocuparán el cargo-, que permanentemente se esté disputando la competencia y el grado de conocimiento en materia de delitos, es decir, un ámbito de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por parte de otras comisiones.

Lo que le pido a usted, como Presidente, es que, más que someter a votación esta situación, donde uno puede estar o no de acuerdo y puede ganar o perder, haga cumplir el reglamento. Si no, cada comisión va a solicitar la fusión o incorporación de proyectos de otras competencias.

Entonces, o llevamos el asunto a Régimen o modificamos la estructura...

Por cierto, alguien recordaba acá la semana pasada el momento cuando se creó la Comisión de Seguridad Pública. En un principio se estableció con un margen temático para determinados temas: Carabineros, políticas públicas. Y actualmente estamos ampliando su competencia a tipos penales.

Presidente, insisto en que no me es grato que haya cuestionamientos en cada una de estas discusiones. Tengo la mejor relación con el senador Flores -lo comentaba hace poco, o con otros senadores-, pero debemos entender cuáles son las competencias de cada comisión.

No veo que esto ocurra con Hacienda, ni con Agricultura, independiente del tema, en que permanentemente estemos disputándonos esa situación.

Entonces, por favor, le pido claridad en esto y no estoy de acuerdo con lo que usted plantea como fórmula de solución.

El señor GARCÍA (Presidente).- Senador De Urresti, el senador Flores no ha señalado que los proyectos salgan de la competencia de la Comisión de Constitución, sino que después los vea Seguridad.

Lo que hemos propuesto es que conversen ustedes. Y si hubiera acuerdo, bien. Y si no, se vota en sala. Es el procedimiento reglamentario. Y por supuesto que otras comisiones tienen derecho a plantearlo. Pero, si no hay acuerdo, será la Sala, en definitiva, la que resuelva.

Tiene la palabra la senadora Luz Ebensperger, y luego, el senador Flores.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidente.

Déjeme disentir de lo último que dijo. Creo que este no es el tema reglamentario, sino aquello que ha planteado el senador De Urresti. Las competencias de cada comisión están señaladas en el reglamento. Y puede resolverlo la Sala, imagino yo, cuando haya alguna duda razonable. Pero, cuando se habla de proyectos de ley que tipifican delitos, claramente dicha materia está establecida dentro de las competencias de la Comisión de Constitución.

El unir dos comisiones hace más lenta la aprobación de los proyectos. Y se trata de proyectos sobre una materia que es urgente y donde no hay otra comisión.

Efectivamente, Constitución tiene más trabajo; no creo que haya en el Senado otra comisión que funcione tres días. E incluso el senador De Urresti ha manifestado su voluntad de sesionar en una cuarta jornada.

Nosotros estudiamos los proyectos, por la importancia que tienen, con mucha mucha detención y durante el tiempo que sea necesario para que salga una buena iniciativa.

Entonces, decir "bueno, si no hay acuerdo, lo resuelve la Sala" es pasar a llevar el reglamento, Presidente.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Senador don Iván Flores.

El señor FLORES.- Presidente, no quiero polemizar, pero aquí hay una cuestión relativamente clara.

Si alguien me demuestra lo contrario, podré reconocer que estoy equivocado, pero el reglamento no establece con meridiana claridad cuáles son las competencias en este tipo de materias entre una comisión y otra, porque varias pueden ver, particularmente hoy día, los proyectos relacionados con delincuencia.

Estos tres boletines, Presidente, no tipifican delitos. Lo que estamos haciendo es inhibir una facultad que, a nuestro entender, se está utilizando mal, tratándose del crimen organizado, como para que se pueda sustituir la prisión preventiva, por ejemplo, por otras medidas merced a las cuales a ese delincuente no lo encuentran nunca más. Y mucho menos con el pago de fianza, que el artículo segundo que contempla uno de esos proyectos prohíbe expresamente, además de que ningún fiscal pueda subsidiar su presencia con asistentes de fiscal u otra persona, como ocurrió en Los Vilos.

Es muy simple. No estamos hablando de penas.

Ahora, hay una ambigüedad en el reglamento. Nosotros no queremos sustituir la tarea de Constitución, pero deseamos que se traten rápidamente dichas iniciativas. Entendemos que no es por dejación de sus integrantes, pero la sobrecarga de trabajo hace que los proyectos pasen mucho tiempo en la Comisión de Constitución. El retraso, probablemente, no tiene que ver con la voluntad de los colegas; se relaciona con la sobrecarga que la aqueja.

Si nosotros vemos esos proyectos, los sacamos en una semana. Y no es cierto que la Comisión de Constitución sea la única que se reúne más de una vez a la semana. Nosotros la semana pasada nos reunimos cinco veces. Hoy ya llevamos dos y mañana vamos a reunirnos dos más, nuevamente, porque aquí hay la necesidad y el interés país por seguridad.

Estamos trabajando en cuatro proyectos en simultáneo. Y esta materia hemos decidido sacarla en un par de días.

Entonces, queremos colaborar y no quitarles estos proyectos a Constitución, aun cuando no tipifican ningún delito, Presidente.

Solamente eso.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Flores.

Se han inscrito para intervenir el senador Insulza y la senadora Claudia Pascual.

Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Presidente, muchas gracias.

Yo creo que hay asuntos pendientes desde hace bastante tiempo, fundamentalmente por la carga de trabajo de las comisiones. Eso es real. Pero también es cierto que las comisiones tienen fijadas sus atribuciones.

Me llamó la atención -lo digo francamente- que, por ejemplo, hace unos días aprobáramos un proyecto sobre reincidencia, que modifica artículos del Código Penal y del Código Civil, cuando en verdad considero que esas materias son propias de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Ahora, es cierto que entre Hacienda y Constitución se llevan más de la mitad de los proyectos del Senado. Es una realidad. Pero el reglamento es claro respecto de lo que hace cada comisión.

Entonces, considero que este tema no debería ser discutido. A lo mejor deberíamos debatir qué podemos cambiar, qué podemos reformar. Pero en la aplicación actual del reglamento, lo que corresponde es que esos proyectos sean vistos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Senador Insulza, reitero que la solicitud del senador Iván Flores apunta a que después de que los vea Constitución, los proyectos los pueda analizar la Comisión de Seguridad. No le está quitando atribuciones.

Senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.

Sobre el punto, yo puedo entender que se pida aquello y que a lo mejor se deberían distribuir con más alternativas los distintos proyectos en tramitación en la Comisión de Constitución. Pero, específicamente sobre el punto que se propone acá, me parece del todo pertinente traer a colación, considerando que en los tres boletines que se nombran hay inclusive modificaciones sobre quiénes deben actuar en una serie de situaciones relacionadas con el Ministerio Público, que en la Comisión de Constitución estamos tramitando el fortalecimiento del ente persecutor; por lo tanto, tendría que haber una mirada más sistémica, la cual no podría aplicarse con tres iniciativas dentro de la cuales una busca reformar el hecho de que un fiscal, por ejemplo, no pueda ser reemplazado en su tarea por un abogado o por un fiscal asistente.

Lo digo porque, en este caso, no es un problema de egoísmo: de de no querer que pasen a otro lado, sino que justo en este momento hay un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, para el cual ya están terminadas todas las sesiones de audiencia y lo estamos votando, que considera una mirada sistémica de fortalecimiento del Ministerio Público y pensamos que los argumentos entregados acá debieran estar contemplados en esa discusión y no repartidos en tres boletines relacionados con prisión preventiva. No sé si me explico, Presidente.

Entonces, quiero reforzar las razones aquí señaladas para que esos boletines puedan ser vistos de forma más sistémica en la Comisión de Constitución, al calor de la discusión sobre el Ministerio Público.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora.

Senador don Felipe Kast.

El señor KAST.- Gracias, Presidente.

Yo le pediría que este asunto ojalá pudiéramos tratarlo en una sesión de comités, o tal vez armar alguna comisión de trabajo, porque esto siempre ocurre. Y a mí me parece realmente absurdo que se quiera instalar la idea de que hay comisiones de primera y de segunda categoría.

Sinceramente creo que todas las comisiones tienen derecho a pedir que se analicen las competencias. Antes no estaba creada la Comisión de Seguridad Pública -de la cual incluso hoy día no soy parte- y me parece del todo pertinente que sus miembros quieran tratar aquellas materias que tengan pertinencia con seguridad.

Entonces, este verdadero celo que veo en algunos de querer llevarse la pelota para la casa no lo comparto, creo que no corresponde. Y además estoy leyendo el reglamento y en ninguna parte señala que la Comisión de Seguridad no pueda examinar estas materias. O que alguien me muestre dónde se establece, por favor, porque al parecer aquí todos recurren al reglamento de una forma bastante flexible.

Por lo mismo, Presidente, le pediría que esta materia se analizara con calma, no tal vez en la Sala, y que un grupo de senadores puedan ojalá dirimir, porque tampoco me gusta mucho que andemos pasando por todas las comisiones, porque eso dilata todo.

Yo preferiría que tuviéramos un criterio más ordenado y, como decía la senadora Pascual, que eventualmente los proyectos se pudieran distribuir, porque también hay recarga de trabajo, como señalaban algunos. Pero que, en el fondo, en ciertas materias nos permitan avanzar con cierta celeridad.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Gracias, senador Felipe Kast.

Consideraremos todas las opiniones para mejor resolver.

Vamos al Orden del Día.

IV. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 15805-07

NORMAS GENERALES SOBRE USO DE LA FUERZA PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LAS FUERZAS ARMADAS EN FUNCIONES DE RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO, DE PROTECCIÓN DE RECINTOS MILITARES O DE LA SEGURIDAD PÚBLICA INTERIOR

El señor GARCÍA (Presidente).- Ofrezco la palabra al señor Secretario para la relación del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, en las circunstancias que se señalan, con informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas (boletín N° 15.805-07).

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- El señor Presidente pone en discusión general el proyecto recién mencionado.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 15.805-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- Este proyecto de ley tiene como objetivo normar el uso de la fuerza del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones, así como el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o de la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y la ley.

Las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, hacen presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutieron solo en general esta iniciativa de ley. Y dejan constancia de que aprobaron la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores señora Vodanovic y señores Araya, Durana, Flores, Huenchumilla, Macaya, Ossandón, Pugh, Quintana y Saavedra.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 29 y siguientes del informe de las comisiones unidas y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, señor secretario.

Ofrezco la palabra al presidente de las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad para que rinda el informe, senador don Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Gracias, Presidente.

Esta propuesta de ley, iniciada en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, tiene por objetivo normar el uso de la fuerza del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones, así como el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o de la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y la ley.

Al respecto, el Primer Mandatario pone de relieve que regular por ley tales reglas otorga solidez a los derechos humanos consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile y permite dar cumplimiento a aquellos instrumentos que son referentes en la materia a nivel mundial.

Connota, asimismo, que el texto presentado contempla normas claras y justas para proteger el buen ejercicio de la labor policial y revestirla de más eficacia. Lo mismo ocurre, agrega, en el caso de los cuerpos armados y de los servicios bajo su dependencia cuando, extraordinariamente, son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior.

Este proyecto de ley ingresó al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, el 4 de mayo del año en curso, dándose cuenta de él el día 7 del mismo mes, luego de haberse despachado por la Cámara de Diputados después de más de un año de tramitación, puesto que ingresó a cumplir el primer trámite constitucional en abril de 2023. Actualmente, tiene "suma" urgencia para su despacho.

Conforme a lo acordado previamente por los comités, la Sala lo remitió para su estudio a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas.

El texto despachado por la Cámara de origen consta de diecisiete artículos permanentes y de una disposición transitoria, agrupados en los siguientes cuatro títulos: título I, "Disposiciones generales"; título II, "Reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública"; título III, "Del uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias establecidas en la Constitución y la ley", y título IV, "Disposiciones finales".

Las instancias legislativas que presidí, ciñéndose a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, discutieron solo en general esta proposición de ley, para lo cual dedicaron cuatro sesiones. En ellas recibieron en audiencia a la ministra del Interior y Seguridad Pública; a la ministra de Defensa Nacional; al ministro secretario general de la Presidencia; al jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; al director de justicia y auditor general de Carabineros de Chile; a la jefa de la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile; a los auditores generales de las Fuerzas Armadas, y a dos destacados abogados penalistas.

Durante su examen, las comisiones unidas coincidieron en la necesidad de elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza que hoy se encuentran contenidas en cuerpos normativos de categoría inferior.

Recordaron que el proyecto fue presentado por el Ejecutivo a solicitud de las policías y de las Fuerzas Armadas, y también de distintos sectores de la ciudadanía y de parlamentarios.

Estimaron que recoger en la ley las reglas de uso de la fuerza hará posible que los tribunales las consideren en los casos que conozcan. Hoy, lamentaron, al ser normas de rango infralegal, no siempre son tenidas en cuenta por los tribunales al momento de su aplicación.

Por su parte, juzgaron que los ciudadanos tendrían certeza acerca del actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de los cuerpos armados cuando sean llamados a cuidar el orden público o la seguridad pública interior.

Durante el análisis del texto despachado por la Cámara de Diputados, algunos legisladores miembros de las comisiones unidas advirtieron la ausencia de ciertos principios en el artículo 3, principalmente el de proporcionalidad, y abogaron por su reincorporación.

Por otro lado, observaron que este considera solo tres reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas, en circunstancias de que las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, en el primer trámite constitucional, consideraban ocho, y la moción, que trata la misma materia, contenida en el boletín N° 16.079-02, sobre este punto contempla nueve.

Representantes del Gobierno anunciaron propuestas de enmienda durante la discusión particular para volver a las mencionadas ocho reglas, delimitando con mayor claridad el contenido de cada una de ellas.

De igual modo, los parlamentarios constataron que los grados de resistencia o agresión se corresponden con las etapas de uso de la fuerza, sin que se trate de una escala lineal o ascendente.

Adicionalmente, algunos miembros de las comisiones unidas demandaron que la Dirección General de Aeronáutica Civil quede sujeta, en lo pertinente, a los preceptos de esta ley, tal como lo hace el artículo 11 con la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

Los integrantes de las instancias legislativas también hicieron ver que las policías están formadas para el control del orden público, en tanto que las fuerzas castrenses no, por lo que solo deben actuar en casos excepcionales. Al efecto, especial importancia atribuyeron a la participación de los cuerpos armados en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz (Cecopac).

Otro aspecto relevante durante las sesiones dedicadas al examen de esta propuesta legal fue la competencia de los tribunales para conocer de las causas que se originen con ocasión de las reglas de uso de la fuerza, la solicitud de regular por ley el empleo de las armas menos letales, las eximentes de responsabilidad penal, y evitar la sobrerregulación y superposición de regulaciones.

Tras concluir su análisis, las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, por la totalidad de sus integrantes, honorables senadores señores Araya, Durana, Flores, Huenchumilla, Macaya, Ossandón, Pugh, Quintana y Saavedra, y señora Vodanovic, estuvieron contestes en aprobar en general esta iniciativa de ley, recomendando igual decisión a la Sala.

Es todo cuanto puedo informar, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Pedro Araya.

Para intervenir en este proyecto se han inscrito, hasta el momento, el senador Van Rysselberghe, la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Matías Walker y el senador Rojo Edwards.

Entonces, en ese orden comenzaremos a ofrecer la palabra.

También se ha inscrito el senador don Gastón Saavedra.

Senador Van Rysselberghe, tiene la palabra.

La señora EBENSPERGER.- ¿Puede abrir la votación?

El señor GARCÍA (Presidente).- Están solicitando abrir la votación, ¿habría acuerdo para acceder a ello?

Así se acuerda.

En votación.

(Durante la votación).

Tiene la palabra el senador Van Rysselberghe.

El señor VAN RYSSELBERGHE.- Muchas gracias, Presidente.

Saludo a los ministros que nos acompañan, la ministra Tohá y el ministro Elizalde.

Dicho lo anterior, es importante señalar que el objetivo central de este esperado proyecto es generar una serie de normas que regulen el uso de la fuerza por parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, como también respecto del personal de las Fuerzas Armadas cuando es llamado a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución y la ley.

De la misma forma, es relevante decir que este proyecto de ley fue presentado el 10 de abril del año pasado por el Presidente de la República, pero que se mantuvo sin movimientos hasta agosto del 2023, cuando el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones. Sin embargo, no fue sino hasta marzo de este año que el Gobierno presentó un nuevo paquete de indicaciones por medio del cual se retomó derechamente la discusión de este proyecto, dada la polémica que generó el contenido de las primeras indicaciones.

La razón de fondo de la polémica relacionada con este proyecto radica, a mi juicio, en que no se ha entendido bien que las reglas de uso de la fuerza parten de la hipótesis de que un miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad se vea en la situación de tener que hacer uso de la fuerza para cumplir sus funciones de control de orden público bajo diferentes circunstancias que no impliquen una agresión directa a su persona, pero que sí requieran la utilización de diferentes mecanismos coercitivos con el objetivo de resguardar el orden público.

Es bajo esa hipótesis que la normativa que hoy se está analizando aparece como correcta, pues contiene estatutos diferenciados para las Fuerzas de Orden y Seguridad y para las Fuerzas Armadas, partiendo de la base de que se trata de cuerpos uniformados destinados a funciones diferentes y que, por tanto, requieren un uso diferenciado de la fuerza.

Respecto a otro tema polémico de este proyecto, cual es la pertinencia de la justicia militar en casos que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, solo quiero hacer presente un punto. La aplicación de la justicia militar para estas personas sería solo de carácter excepcional, esto es, solo se aplicaría en casos de estado de excepción constitucional, resguardo de fronteras, infraestructura crítica y resguardo del orden público con relación a los actos electorales y plebiscitarios, tal y como lo señala nuestra Constitución Política de la República.

Por tanto, la justicia militar no actuaría por ningún motivo en aquellos casos de marchas autorizadas o no autorizadas, como se ha querido instalar mañosamente por el oficialismo. Por el contrario, en ese caso solo aplicarían las correspondientes reglas del uso de la fuerza, mas no la transferencia de competencias, pues no se trata de ninguna de las hipótesis contempladas en esta modificación.

En tal sentido, estimo fundamental otorgar la certeza de que cuando nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad y nuestras Fuerzas Armadas deban concurrir a asistir en estados de excepción constitucional, resguardo de fronteras, infraestructura crítica y resguardo del orden público con relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, van a ser protegidas por jueces y fiscales que, de una u otra forma, han demostrado un fuerte activismo contra las personas uniformadas.

Espero que en la discusión particular de este proyecto estos puntos y otros puedan ser mejorados, abordados y debidamente discutidos, de manera de garantizar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sus derechos, sin que eso implique pasar a llevar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Votaré a favor, Presidente.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senador Van Rysselberghe.

Ofrecemos la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Muchas gracias, Presidente.

Este es un proyecto muy relevante, y muchas personas en sus casas, que nos están viendo, deben decir: "¿Qué son las RUF?". Bueno, finalmente estas RUF, a las cuales hemos aludido en varias ocasiones cada vez que hay problemas de orden y seguridad graves en el país, son las que van a permitir que estas normas generales de uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad se adapten a las circunstancias que hoy vive el país.

En tal sentido, claramente necesitamos una buena regulación que permita a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cumplir adecuadamente sus funciones en labores de orden público y seguridad, o bien aclarar las normas restrictivas, ambiguas o confusas, que terminan con el personal de dichas instituciones en complejos procesos penales de los cuales ya hemos sido testigos.

Más allá de lo profesional que pueda ser justamente cada uno de los intervinientes en estos casos, son personas y, por lo tanto, evidentemente que esto genera que, si no tienen las normas tan claras, tan definidas y tan estructuradas, obviamente tiendan a sentir miedo de las represalias, considerando que también hemos visto casos muy puntuales en los que incluso hoy día, después de muchos años, hay carabineros que han quedado en libertad luego de ser acusados por la Fiscalía porque finalmente no ha habido pruebas para condenarlos.

Los años 2022 y 2023 fueron años muy difíciles para la seguridad en Chile. Se cometieron homicidios muy graves y prácticamente se duplicaron en función de un país que tiene una inmigración ilegal muy grande que no han sido capaces de controlar. Y eso, nos guste o no, está influyendo no solo en el número de crímenes, sino también en su crudeza, como ocurre obviamente con los desmembramientos de personas, asesinatos, sicariatos, entre otros.

Claramente, nunca escuchamos, solo en la televisión y en series, sobre organizaciones criminales tan peligrosas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, o el mismo Tren de Aragua, que hoy día habita nuestro país, y no hemos sido capaces -y esto va a ser un proceso yo diría de mediano a largo plazo- de terminar con las acciones de estas organizaciones criminales, que se suman a las organizaciones chilenas que ya estaban presentes en distintos barrios de nuestro país, principalmente en la región Metropolitana y el norte de Chile.

Pero tampoco puedo olvidar la situación de terrorismo que existe en la macrozona sur, donde, entre el 2013 y el 2024, hemos tenido 8.373 hechos de violencia, promovidos fundamentalmente por organizaciones muy radicalizadas y terroristas como la Coordinadora Arauco-Malleco, la Resistencia Mapuche Lafkenche, la Liberación Nacional Mapuche, la Weichán Auka Mapu y la Resistencia Mapuche Malleco. Las nombro a todas porque muchas veces se cree que la única organización terrorista es la CAM. Lamentablemente, tengo que decirles que hoy día tenemos más de once organizaciones terroristas que siguen infundiendo miedo en la macrozona sur.

Basta decir que no hemos podido aclarar todavía el crimen horroroso que implicó el asesinato de tres carabineros y después la quema de sus cuerpos en la Octava Región.

Los narcofunerales, los sicariatos, los secuestros, los atentados terroristas y las ejecuciones son, lamentablemente, una realidad hoy día en Chile. Pero esto no tiene que ser eterno, en la medida que tanto el Gobierno como obviamente los órganos del Estado, incluyendo el Poder Legislativo y el Poder Judicial, hagan lo que tengan que hacer. En ese sentido, es muy relevante que estemos avanzando hoy día en este proyecto.

Son las organizaciones criminales las que diariamente violan los derechos humanos, lo que ha sido reconocido por muchos tratados internacionales, suscritos y ratificados por Chile, como el derecho a la vida; el derecho a la integridad física y psíquica; el derecho de propiedad; si no fuera por el proyecto de usurpación, que fue muy complejo en su tramitación, hoy día estaría todavía en vilo el derecho a la seguridad del que fuimos despojados en La Araucanía hace casi veintisiete años; el derecho a la libertad religiosa, y el derecho a la educación (ochenta y un iglesias se han quemado en la macrozona sur; veintitrés escuelas).

Cabe recordar también que el artículo 5° de la Carta Fundamental, dos veces ratificada en estos últimos dos años, dice que "es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Lo he dicho en otra oportunidad: tenemos cientos de desplazados en La Araucanía que han tenido que trasladarse de sus lugares de origen y de vida, ya que no es posible vivir ahí porque les han quemado todo, y algunos incluso han perdido su vida.

De este modo, hay que evaluar este proyecto desde la perspectiva de si cumple con su finalidad de otorgar a las Fuerzas Armadas y de Orden reglas claras y justas que permitan efectivamente a los agentes de orden y seguridad resguardar nuestros derechos humanos frente al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado, además de proteger sus propios derechos, delimitando su forma de actuar para que no tengamos problemas posteriores en la aplicación de la norma.

Este proyecto define muchos aspectos, como lo que tiene que ver con el cumplimiento de funciones, que también aplica al personal de las Fuerzas Armadas cuando es llamado a cumplir funciones de resguardo. Ya lo sabemos: infraestructura crítica. Define los conceptos de armamento, más letal, menos letal. Consagra los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad, racionalidad y rendición de cuentas. Establece normas sobre formación y capacitaciones, entre otros.

Quisiera terminar diciendo que hay aspectos que se deben mejorar en nuestra opinión, como perfeccionar la definición de objetivo legítimo, presente hoy en el proyecto, toda vez que se confunde. Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deben actuar conforme a la Constitución y las leyes, y eso debe contemplar el objetivo legítimo y ninguna otra consideración.

El principio de responsabilidad es un tema que hay que revisar.

Tampoco, en mi opinión, resulta muy razonable lo que establece el artículo 4 en torno al tema de la disponibilidad presupuestaria.

Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deben tener todo lo necesario para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. No se puede restringir jamás, ni dar señal de restricciones, en lo referente a los recursos en la protección de la ciudadanía.

Es muy relevante también la prohibición de la tortura, que igual está en el Código Penal, en el artículo 150 A; no sabemos por qué es tan reiterativo esto.

Por otro lado, y para terminar, quiero dejar instalado lo relativo a contemplar una norma de justicia especializada para los casos de las Fuerzas de Orden y Seguridad, o de las Fuerzas Armadas, cuando el personal se vea involucrado en hechos que revisten caracteres de delito, con motivo u ocasión de encontrarse en el cumplimiento de funciones. Es decir, es importante volver a analizar y reanalizar la pertinencia de la justicia especializada, la que debería ser, en estos casos, la justicia militar. Obviamente, vamos a comprometer indicaciones respecto de esto.

Lo peor en un espacio como este, el Senado, es no discutir todos los temas. Queremos unas RUF fortalecidas; que efectivamente cumplan con los derechos humanos establecidos, pero que también sean efectivas en su ámbito de acción. De lo contrario, vamos a seguir teniendo funcionarios de Orden y Seguridad, y también fuerzas militares, con miedo de actuar porque desconocen cuál va a ser el efecto de sus acciones, que evidentemente son siempre en torno a resguardar y cumplir sus funciones, para las cuales han sido mandatados.

Así que yo voy a aprobar este proyecto, y comprometo indicaciones respecto a la justicia militar.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena.

Ofrecemos la palabra al senador don Matías Walker.

El señor WALKER.- Muchas gracias, Presidente.

Lo primero que quiero es pronunciarme a favor, obviamente en general del proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas cuando cumpla funciones de resguardo del orden público y de la seguridad pública interior, y valorar el trabajo de las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad del Senado.

Se trata de un trabajo acucioso que finalmente permite que el Senado se pueda pronunciar respecto de la idea de legislar, que no me cabe duda de que se va a aprobar, espero que por unanimidad, siendo consistentes con la agenda de fast track legislativo en materia de seguridad que concordamos con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, al igual que en materia de reactivación económica, con el ministro Mario Marcel, de Hacienda, acá presente también y a quienes aprovecho de saludar.

Este proyecto -es importante hacer memoria, y lo dijeron muy bien los senadores que emitieron los informes- lo aprobamos como reforma constitucional que creaba el estado de infraestructura crítica. En virtud de eso también aprobamos que, dentro del estado de infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas pudieran resguardar las fronteras. De ahí que con la senadora Rincón, la senadora Ebensperger y otros colegas presentamos un proyecto, también de reforma constitucional, para que esa presencia fuera permanente.

Pero faltaba particularizar, en este proyecto de ley, la regla del uso de la fuerza tanto para las Fuerzas Armadas como para Carabineros.

Y, sin perjuicio de que se va a fijar un plazo para presentar indicaciones a fin de mejorar el proyecto -espero que no vaya más allá de un mes porque es importante no perder el sentido de urgencia que tienen las RUF-, creo que se está sometiendo a la consideración de la Sala del Senado un muy buen texto.

Mucho se dijo en el debate de este proyecto en la Cámara de Diputados; mucho se lo criticó. Recuerdo que un diputado dijo por ahí que estábamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano respecto a la Ley Nain-Retamal, y que las RUF debilitaban el uso privilegiado de la fuerza contemplado en esta ley. ¡Y eso no es así! Este proyecto es absolutamente complementario y consistente con la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Nain-Retamal.

Sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero poner tres ejemplos, Presidente.

Cuando se menciona el objetivo legítimo, en la definición, elemento central de este proyecto de ley, se define objetivo legítimo como "la finalidad que persigue el uso de la fuerza; la que debe estar en conformidad a la ley. Se entenderá como objetivo legítimo el deber encomendado al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en conformidad con lo anterior". Y después se define el principio de la racionalidad.

Recuerdo que la ministra del Interior nos invitó a muchas sesiones de trabajo prelegislativo, donde vimos la legislación comparada, en que se hacía mucho énfasis en el principio de la racionalidad en el uso de la fuerza. Creo que queda muy bien definido en el proyecto de ley. Se señala que "constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de ésta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar, contexto y el nivel de peligrosidad de éstos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados".

Eso es algo muy importante porque nadie podría decir, en virtud de esta definición del principio de racionalidad en el uso de la fuerza, que las Fuerzas Armadas o Carabineros, al hacer uso de la fuerza, deben ocupar el mismo medio.

No está contemplado el principio de la proporcionalidad porque hubo toda una discusión. Yo creo que eso está definido en los principios generales del derecho y desde luego en el Código Penal.

Respecto de los deberes, quiero recalcar que se define el deber de resguardar la vida y la integridad de terceros: "cuando se recurra al uso de la fuerza se deben adoptar las medidas razonables para resguardar la vida y la integridad física de terceras personas". Después, con relación a la concordancia de las reglas del uso de la fuerza con las normas del Código Penal, el artículo 15 del proyecto señala lo siguiente: "Se presume que concurre la circunstancia eximente del cumplimiento del deber prevista en el artículo 10 N° 10 del Código Penal," -como sabemos, se refiere a la legítima defensa- "respecto del personal policial o militar que, en cumplimiento al mandato recibido, actúa de conformidad con las reglas de uso de la fuerza contenidas en la presente ley, cualquiera que sea el daño o afectación que se ocasione a las personas o cosas".

Además, dispone: "Se presume que concurren las circunstancias de la legítima defensa exigidas en el artículo 208 del Código de Justicia Militar y en el artículo 10 N° 4 y N° 6 del Código Penal, respecto del personal policial o militar que en razón de su cargo, o en cumplimiento de las funciones previstas en esta ley y cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, respecto de aquel que impida o trate de impedir la consumación de delitos que atenten contra la vida o integridad física del personal policial, militar o de terceros".

Y concluye este artículo: "No serán civilmente responsables los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas que en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones previstas en la presente ley, hayan causado daños o la destrucción de una cosa, siempre y cuando no se haya obrado con dolo directo, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del Estado".

O sea, Presidente, nadie que estudie este proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza podría afirmar que los funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas no están protegidos.

Se discutió mucho respecto de la eventual aplicación o no de la justicia militar. En esto, Presidente, creo que hemos sido muy claros: todos los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, todos los gobiernos democráticos, desde el año 90 en adelante -y ese proceso concluyó incluso en el Gobierno del Presidente Piñera-, han sido consistentes en traspasar competencias desde la justicia militar a la justicia civil.

Nosotros reiteramos un principio: los delitos cometidos contra civiles deben ser conocidos y juzgados por la justicia civil. Y no hay nada que altere o deba alterar ese principio.

Aquello es absolutamente consistente con la protección de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el ejercicio de su deber, contenido en este proyecto de ley, el cual, sin duda, podrá ser perfeccionado, pero respetando esa evolución, en consonancia con las normas de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y refrendados en todos los gobiernos democráticos, desde 1990 en adelante.

He dicho, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Matías Walker.

Ha solicitado la palabra la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Ministra, tiene la palabra.

La señora TOHÁ (ministra del Interior y Seguridad Pública).- Muchas gracias, Presidente.

Es una instancia muy relevante que finalmente estemos en la votación en general de esta iniciativa, que nació de un mensaje del Presidente de la República y que ha hecho un recorrido bastante importante desde la Cámara de Diputados hasta llegar aquí.

Este proyecto se originó, efectivamente, en un protocolo de acuerdo que se firmó a propósito de la reforma constitucional que habilitó el despliegue militar en las fronteras y para el resguardo de la infraestructura crítica.

En esa oportunidad acordamos presentar, en cierto plazo, una legislación en esta materia. Y así se hizo. La reforma constitucional se ingresó en enero de 2023 y este proyecto se presentó en el mes de abril. En paralelo, se firmó el "Compromiso transversal por la seguridad", donde también se incorporó la definición del Ejecutivo de presentar una propuesta legislativa sobre el particular.

El proyecto se presentó en abril del año pasado y, en virtud del debate, se le hizo una indicación en agosto y, posteriormente, otra en marzo de este año. Desde agosto de 2023, el proyecto siempre estuvo con urgencia "suma" o con "discusión inmediata".

Durante el trascurso de la discusión se fueron formulando sucesivas indicaciones que recogieron inquietudes surgidas de los integrantes de las comisiones y también de los auditores de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la PDI, quienes fueron consultados en varias oportunidades, lo cual fue permitiendo pulir el texto.

Como resultado de la tramitación, el texto original tuvo algunos cambios. Uno muy importante es que se definió que el proyecto se aplica tanto a las policías como a las Fuerzas Armadas cuando desempeñan roles en materia de orden y seguridad públicos.

Sin embargo, de la versión original, que hacía aplicable la totalidad de la ley exactamente por igual tanto a las Fuerzas Armadas como a las policías, se pasó a una normativa en que las reglas de uso de la fuerza se regulan de manera distinta de acuerdo a las características particulares de estos organismos. No obstante, se mantienen principios, deberes y definiciones generales que son comunes. Entonces, el proyecto tiene una parte que es común, que son estas tres cosas: principios, deberes y algunas definiciones generales; y otra parte que es específica.

En la parte que es común, en general hubo bastante acuerdo. Se establecieron principios que rigen para ambos: de legalidad, de necesidad, de responsabilidad, de racionalidad y de rendición de cuentas. El desacuerdo que existió fue respecto al principio de proporcionalidad, que estaba en la propuesta original y que no se aprobó en la Cámara de Diputados.

Respecto de los deberes, se establecen en común, para ambos tipos de organismos, los siguientes: deber de precaución, de identificación, de advertencia, de gradualidad o progresión, de resguardo de la vida e integridad de tercero, de prestar auxilio a las víctimas, de reportar, de denuncia obligatoria de delitos de los que se tenga noticia en los procedimientos, y también el deber de protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes.

También, como regla común, se establece la obligación de tener capacitación e instrumentos apropiados para que las fuerzas desarrollen su labor.

En la parte diferenciada, en el caso de las fuerzas de policía, se realiza una regulación mucho más detallada, considerando que estas desarrollan, de manera habitual y permanente, una infinidad de procedimientos de seguridad. Las Fuerzas Armadas lo hacen de manera excepcional y participan en procedimientos que son, digamos, menos variados en su naturaleza.

Respecto a las policías, se establece el uso de la fuerza contemplando distintas variantes, según el grado de resistencia o agresión que deban enfrentar, el que puede ser de distinto tipo: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

Entonces, de acuerdo a las distintas situaciones que se van enfrentando, la policía tiene disponibles progresivas formas de actuar. Esto implica diferentes etapas que se definen para el uso de la fuerza, lo que determina la respuesta que se puede dar respecto del sujeto que se tiene enfrente.

En cambio, en el caso de las Fuerzas Armadas, lo que se hizo, en un principio, fue establecer ocho reglas, que son formas de proceder de acuerdo a escenarios distintos. Esas ocho reglas, en la Cámara de Diputados, se redujeron a tres solamente. Este es uno de los temas más complejos que tiene el proyecto y que voy a explicar a continuación.

Por último, en la fase final, que también es común, se establecen las eximentes o presunciones ligadas a la responsabilidad penal: cómo juega la responsabilidad penal con relación al cumplimiento de las reglas de uso de la fuerza. En esta materia el proyecto también sufrió cambios muy importantes en la votación final en la Cámara de Diputados.

¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos como Ejecutivo?

En primer lugar, queremos decir que nos parece que este proyecto ha madurado bien, que ha ido incorporando distintas perspectivas, y que es sólido. La propuesta que se hizo aquí, en el Senado, también alimentó su debate; se enriqueció lo hecho en la Cámara de Diputados con lo que se presentó acá. Nosotros esperamos que se apruebe la iniciativa; que el debate ciertamente enriquezca su texto, pero que sea ley lo antes posible.

Sin embargo, hay algunas materias que nos parece que el Senado debiera mirar con atención, porque quedaron resueltas de una manera en la que hay que reflexionar.

Una primera preocupación es la eliminación del principio de proporcionalidad. La razón para suprimir este principio fue la aprensión en la Cámara de Diputados de que proporcionalidad fuera algo así como simetría, y proporcionalidad no quiere decir simetría ni igualdad: proporcionalidad significa que se guarde relación con la magnitud de la acción que se tiene al frente.

Claramente el principio de racionalidad se puede ocupar en términos de proporcionalidad, pero no es evidente que represente ese mismo contenido. El principio de racionalidad dice relación con que todos los demás principios se deben aplicar en virtud de las circunstancias, considerando sus condiciones. Es un principio general.

Pero el principio de proporcionalidad es más específico, implica que haya alguna relación entre el riesgo, la acción que se está enfrentando y la respuesta que se tiene.

La racionalidad es muy clara cuando hay una amenaza de vida: cómo juega la racionalidad respecto a cuál debe ser la respuesta. Pero muchas veces las acciones de las Fuerzas de Orden no tienen que ver con una amenaza de vida, sino con detenciones donde no hay amenaza de ningún tipo, con procedimientos en los que no están en riesgo ni la vida ni la integridad de las personas. Y ahí el principio de proporcionalidad igualmente es válido, y es tan válido que en todas las reglas de uso de la fuerza que examinamos en el ámbito internacional está presente, y en las reglas actuales que tienen las policías y las Fuerzas Armadas también se encuentra presente.

Hay que decir, además, que ni las Fuerzas Armadas ni las policías plantearon en ningún momento reparos con el principio de proporcionalidad. Bueno, es un tema para la discusión qué se va a hacer con este principio.

También es una materia de preocupación el que se haya eliminado la posibilidad de reglamentar la aplicación de las reglas de uso de la fuerza en procedimientos policiales específicos. A raíz de la inquietud que había en la Cámara, se decía que con los reglamentos se iba a borrar con el codo lo que se había escrito con la mano. Pero todos sabemos que los reglamentos no pueden contradecir lo que establece la ley; deben especificar, para procedimientos específicos -valga la redundancia-, cómo se aplican esos principios legales generales. Esto es muy importante, porque las reglas de uso de la fuerza son, como ya lo hemos escuchado en este debate, totalmente generales; son principios, normas, deberes que después hay que aplicar a circunstancias específicas.

Esas circunstancias específicas son muy variadas; van desde un allanamiento para un caso de detención de una banda de crimen organizado hasta la detención de un menor de edad que acaba de robar en un almacén de la esquina, o hasta un parte policial a un vehículo que iba a exceso de velocidad.

Y el traspaso de estas reglas a esas circunstancias específicas, históricamente, siempre se ha regulado a través de normas más detalladas, que les dan una orientación específica a los efectivos respecto a cómo las reglas se aplican en ese caso: cómo se actúa cuando hay que derribar una puerta; cómo se actúa si esa puerta es blindada; cómo se actúa si en esa casa hay niños; cómo se actúa si las casas del lado están o no están ocupadas.

Entonces, tener reglamento es lo que nos permite que estos principios generales los llevemos a situaciones más específicas y que estos tengan valor; que no solo sean recomendaciones de buena crianza, sino aplicaciones de la ley exigibles a las fuerzas.

Bueno, se eliminó la posibilidad de reglamentar con normas supralegales de ningún tipo, y nosotros consideramos desde el Ejecutivo que esto es un problema para la aplicación de la ley.

También nos preocupa la manera en que quedó resuelto el listado de reglas para las Fuerzas Armadas. En el caso del proyecto del Ejecutivo, eran ocho reglas; en el proyecto del Senado, nueve, y en la Cámara se redujeron a tres: en el fondo, que esté presente, que haga esfuerzo de comunicación, que dispare. Esas tres reglas quedaron. La gradualidad desapareció.

Y la verdad es que hoy día las Fuerzas Armadas, cuando se despliegan, disponen de armas no letales. No solo tienen la posibilidad de disparar o no disparar; cuentan con otros instrumentos y necesitan reglas que les digan cómo ocuparlos, sobre todo si van a estar presentes en actividades de orden público.

Entonces, es necesario introducir un mejoramiento respecto de cómo quedó resuelto este tema en la Cámara.

Por último, Presidente, es muy importante abordar la manera en que quedaron resueltas las presunciones de inocencia o de actuación legal. Lo que nosotros teníamos planteado eran exenciones de responsabilidad, y en la Cámara esa norma se transformó en presunciones de inocencia. El problema es que estas deben convivir con las presunciones de la Ley Nain-Retamal, pero quedaron redactadas de distinta manera. Entonces, hay que armonizar estas disposiciones en su redacción, porque, al ser diferentes, crean confusión y nadie sabe quién puede salir ganando o quién puede salir perdiendo. En todo caso, el espíritu es bastante parecido, similar, lo que hace que esa parte sea totalmente posible de corregir.

En definitiva, Presidente, se trata de una propuesta legislativa muy importante, que el país ha estado esperando por largos años y que tenemos cerca. Si trabajamos intensamente en los próximos meses, puede ser ley. Los puntos de debate que todavía tiene abiertos son abordables. La discusión ha madurado lo suficiente como para darnos pistas acerca de cómo podríamos resolver bien los temas que aún requieren ser perfeccionados en esta etapa del tratamiento del proyecto.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, ministra.

Se encuentran inscritos diez senadoras y senadores.

Precederemos en el siguiente orden: senador Edwards, senador Saavedra, senador José Miguel Insulza, senador Chahuán, senadora Ximena Rincón, senadora Claudia Pascual, senador Durana, senador Coloma, senador Flores, senador Núñez, y se acaba de sumar el senador Pugh.

Senador Rojo Edwards, tiene la palabra.

El señor EDWARDS.- Gracias, Presidente.

Escuchaba con atención a la ministra, quien, claro, se aleja de la idea de que quede el principio de racionalidad y lo quiere cambiar por el de proporcionalidad, ¡pero además que todo quede a reglamento! O sea, con reglamento y con proporcionalidad perfectamente podría decirse "bueno, si lo atacan por piedras, usted tiene que devolver piedras", porque el principio que estaría con proporcionalidad quedaría en la ley, y por lo tanto, devolver piedras a una turba de atacantes con piedras sería perfectamente posible dentro del actuar de las policías.

Si se van a dejar cosas sujetas a un reglamento, con mayor razón tiene que quedar el principio de racionalidad. Eso es clave para que las RUF no contradigan lo ya avanzado en la Ley Nain-Retamal ni deroguen de paso lo que está en el Código de Justicia Militar, particularmente en su artículo 208.

Quizá la ministra nos podría aclarar eso, porque lo que acabo de señalar sería una interpretación razonable de lo que se está proponiendo o, por lo menos, de lo que yo le entendí, Presidente.

Ahora quiero hablar de otra cosa.

Me parece que, si los chilenos queremos vivir seguros, ¡más vale que les garanticemos juicios justos a los carabineros y a los militares, pues!, porque el resto, al final, es música y poesía. Uno no puede pedirle a un carabinero -muchos de ellos con más de treinta años de antigüedad, o incluso menos- participar en un procedimiento judicial si al más mínimo error pierde el trabajo, pierde sus ahorros, si es que los tiene, pagando abogados, porque los de la Defensoría no están funcionando tan bien en contra del INDH, para luego enfrentar prisiones preventivas y, quizá, terminar preso. Y si tienen más años en la institución pierden el trabajo y la pensión, que es para el resto de la vida.

Entonces, si seguimos tratando así a los carabineros, usted puede hacer las RUF que quiera, pero el crimen organizado y los delincuentes nos van a ganar la carrera. Tienen que existir juicios justos, que hoy día no los hay, porque son demasiados los fiscales -digamos las cosas como son- anticarabineros, aparte de que algunos jueces están altamente ideologizados. Y así es muy difícil garantizar juicios justos.

Por eso, una de las cosas que debemos lograr en este proyecto, a mi juicio, es que nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tengan certeza jurídica para poder restablecer y hacer valer el Estado de derecho.

En consecuencia, vamos a presentar, en conjunto con los senadores Kusanovic y Chahuán y la senadora Gatica, una indicación para que, en los casos de estado de excepción, protección de infraestructura pública y resguardo de fronteras, exista justicia militar, justicia especializada.

Presidente, en todo el mundo y en muchos casos existen tribunales especializados. En Chile tenemos muchos y de distinta naturaleza: de libre competencia, de familia, etcétera. Además, existen tribunales militares en todas partes del mundo y no solamente para tiempos de guerra.

La justicia militar que tiene Chile es híbrida, al igual que en la gran mayoría de las democracias del mundo. Claro, el primer trámite es para personas más ligadas al ámbito militar; pero después están las cortes de apelaciones, dentro de las cortes marciales, y luego, en el tercer trámite, se va a la Corte Suprema; por tanto, no se puede decir que es una justicia completamente sacada del sombrero. Yo creo que sugerir que lo democrático es juzgar a uniformados solamente en tribunales civiles no es correcto y no aguanta ningún test que uno pueda ver en las democracias del mundo.

He escuchado a senadores que buenamente dicen: "El principio es que todo vaya a la justicia civil". ¡Claro! Pero el principio es que todos tengamos un juicio justo. Y es exactamente eso lo que no está pasando en opinión de muchos de nosotros con carabineros.

Además, Carabineros ha sido golpeado. Yo sé que el Presidente Boric envió este proyecto, según lo que entiendo; pero también me acuerdo de las imágenes de él encarando a carabineros mientras atrás quemaban la plaza y quemaban las pymes.

Entonces, las policías no han sido bien tratadas.

Muchas veces tampoco se han aplicado los códigos que corresponden, como, por ejemplo, el de Justicia Militar, que en su artículo 208 dice: "Será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida".

Por lo tanto, el principio de racionalidad y también la eximente de responsabilidad ya existen; lo que pasa es que el activismo judicial muchas veces no permite que se apliquen como corresponde y se hace uso de otros códigos, lo cual implica que finalmente los militares y carabineros no reciben un juicio justo, algo que es clave para que los chilenos podamos vivir tranquilos. Si a los carabineros no les damos un juicio justo, malamente nos van a poder defender.

Lo que pasó con los infantes de Marina en el caso de Yordan Llempi es un ejemplo; pero también me tocó visitar al capitán de carabineros Gino Arias, quien hoy día está siendo perseguido, hoy día está impedido de ejercer sus labores policiales y se encuentra en prisión preventiva en Temuco por su actuar en el marco del estallido delincuencial en la ciudad de Valparaíso.

Él hoy día, además, si bien no ha sido dado de baja, no está recibiendo su sueldo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo paga los abogados? ¡Si se quedan absolutamente sin nada! Claro, no está dado de baja, pero se quedó sin nada.

Esto tiene que cambiar. Y una forma de hacerlo es asegurar un juicio justo en estos casos, a través de la justicia militar, que es la especializada, la que entiende lo que está pasando, de modo que por lo menos sea la que tramite en primera instancia y después pueda seguir el proceso en las cortes marciales, en conjunto, por cierto, con las cortes de apelaciones y, obviamente, con la Corte Suprema.

Presidente, yo personalmente voy a aprobar este proyecto, pero espero poder mejorarlo mediante indicaciones, incluyendo a la justicia militar, al igual que en todas las partes del mundo: justicias militares híbridas, justicias militares que se utilizan como tribunales especializados y que son parte de la mayoría de las democracias, para darles certeza jurídica a nuestros carabineros y a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, para que cuando vayan a ser juzgados tengan una justicia que hoy día no están recibiendo en opinión de muchos de nosotros.

Es importante agregar ese tema, además de defender con mucha fuerza el principio de racionalidad, porque, si no lo incorporamos, será una especie, como decíamos, de derogación tácita- de la Ley Nain-Retamal y también del artículo 208 del Código de Justicia Militar.

Debe incorporarse el principio de racionalidad, que hoy día yo por lo menos, con mucha preocupación, escuché que la ministra quería sacar y cambiarlo por el principio de proporcionalidad, además de dejar muchas cosas a nivel de reglamento, lo cual no da garantías de que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener reglas de uso de la fuerza claras para poder saber el marco de acción en el cual pueden trabajar sin ser objeto de persecución judicial a posteriori.

Así que yo voy a aprobar el proyecto, Presidente.

He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Edwards.

Le vamos a ofrecer la palabra al senador Gastón Saavedra, y luego, al senador Insulza.

Tiene la palabra, senador don Gastón Saavedra.

El señor SAAVEDRA.- Muchas gracias, Presidente.

Hoy en esta sala, al igual que como lo hice en las comisiones unidas, concurro con mi voto a favor de esta iniciativa, que consagra a nivel legal las etapas del uso de la fuerza por parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en el resguardo del orden público y de nuestra seguridad interior.

En síntesis, se trata de cómo abordamos el nivel de fuerza que los uniformados usarán con relación con el grado de resistencia o agresión al que se vean enfrentados, que no es una escala lineal, inevitablemente ascendente, sino un uso proporcional y racional atendidas las circunstancias de hecho.

De esta manera, se hace urgente contar con un marco legal cuando las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad concurran a tareas de resguardo del orden público, atendidas la vivencias del estallido social del día 18 octubre del 2019 y las protestas sociales posteriores a esa fecha, con las serias consecuencias de violaciones a los derechos humanos que se vieron, que dejaron secuelas en personas heridas o, peor aún, mutiladas, así como consecuencias jurídicas y procesos judiciales aun en tramitación en contra de uniformados imputados.

Regular los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro tipo de instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior debe tener como objeto el uso racional y proporcional de la violencia legítima que ejerce el Estado a través de quienes tienen el mandato legal para ello, con la finalidad de resguardar su propia seguridad y la de terceros, sea su integridad o sus bienes.

Asimismo, estas normas deben considerar la hipótesis de que al frente de nuestros uniformados estarán chilenos, ciudadanos de nuestro país, lo que implica como desafío conformar una doctrina de nuestras instituciones armadas que aborde estas tareas, para evitar tragedias y el consecuente enjuiciamiento de las conductas de integrantes de dichas instituciones.

Por ello, desde ahora este proyecto debe incorporar la proporcionalidad en el uso de los medios para repeler una agresión o un objetivo de detención, por ejemplo, que sea coherente con la racionalidad del uso de dichos medios.

Me parece esencial, en ese sentido, no usar armas letales contra los rostros de las personas, atendiendo la trágica historia recientemente vivida en octubre del 2019 y meses posteriores.

Regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta, pues la prevención, control y sanción de la violencia policial es uno de los desafíos del país en materia de seguridad pública, ya que la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos. Asimismo, ello debe ser la orientación de la formación de nuestras Fuerzas Armadas cuando se requiera su presencia para la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de zonas fronterizas, los estados de excepción constitucional o el cuidado de las elecciones.

Usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento del deber, así como la proporcionalidad del tipo y nivel de fuerza empleada, debe determinarse en atención al grado de resistencia o agresión, que son elementos fundamentales para fortalecer el legal desempeño de nuestras fuerzas policiales y militares y a la vez resguardar los derechos fundamentales.

¡Nunca el uso de la fuerza legítima del Estado debe ser excesiva en relación con el objetivo legítimo que se pretende alcanzar!

Espero que podamos avanzar en las comisiones unidas en mejoras a esta buena iniciativa y adecuar normativamente esta materia a los estándares internacionales, alejados de soluciones populistas que plantean "militares en las calles" como si fueran una panacea para abordar el problema complejo que entrañan las temáticas de inseguridad y delincuencia.

Hoy esta normativa es un aporte en el contexto de nuestro compromiso de contar con más seguridad para nuestra comunidad.

Votaré a favor, Presidente.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Gracias a usted, senador Gastón Saavedra.

Le ofrezco la palabra al senador don José Miguel Insulza, y luego, al senador don Francisco Chahuán.

Tiene la palabra, senador Insulza.

El señor INSULZA.- Gracias, Presidente.

En medio de la crisis de seguridad pública que ha vivido nuestro país, creo que el tema del establecimiento de reglas claras en el uso de la fuerza se ha considerado indispensable, al punto que hoy día tenemos dos proyectos paralelos, similares, y de tramitación separada.

Ahora, es importante regular esta materia, estoy claro en eso, porque se trata de proteger la salud y la vida de las personas, y también de resguardar el Estado de derecho.

Por esa razón, debemos tener mucho cuidado en el uso de los precedentes y de las palabras. Necesitamos regular al máximo, con detenimiento, la redacción, y oír la opinión de expertos vinculados al tema.

Presidente, no es del caso probablemente, pero esta mañana leí el artículo de un distinguido politólogo, Claudio Fuentes, quien nos dice que en este Gobierno se han aprobado más del doble de proyectos de seguridad que en cualquier otro gobierno anterior. Y, respecto de muchos de ellos, nosotros tenemos que preguntarnos si realmente aumentan la seguridad de la gente o la ponen en mayor riesgo.

Un caso concreto lo escuché aquí cuando un senador dijo que era indispensable que cuando un policía dispare sea juzgado por un tribunal militar, en circunstancias de que la víctima generalmente va a ser civil, y va a ser, como lo ha dicho aquí el senador que me precedió en el uso de la palabra, generalmente un ciudadano, que probablemente puede estar por cometer una transgresión, pero que igualmente es un ciudadano que tiene derechos.

Y, dicho sea de paso, el senador Edwards también dijo algo de un carabinero de treinta años. En realidad, el carabinero de treinta años ya lleva diez años en el ejercicio del cargo; por tanto tiene bastante experiencia.

De ahí que creo indispensable entrar a discutir este tema, Presidente, y muy en particular algunos principios básicos, como el de proporcionalidad. Este principio está consagrado en normas internacionales que el país ha aprobado.

La proporcionalidad indica que se usa la fuerza de las armas cuando la propia vida o la de las personas a las que se debe custodiar están en riesgo. Y, como se me ha dicho acá, se ha aprobado una normativa por la cual primero se avisa, se espera un momento y después se dispara. Eso no es proporcionalidad, sino lisa y llanamente un uso de la fuerza completamente indebido.

Por lo tanto, es necesario vincular este principio, pues el uso de la fuerza debe coincidir con el grado de resistencia o agresión y con los medios empleados, así como tener siempre presente que lo que está en juego es el resguardo de la propia vida o la de terceros, no de los que están delinquiendo, sino de terceros en general. Por eso me parece que hay algunas normas en el otro proyecto que regulan mejor la misma materia.

Pienso lo mismo respecto al establecimiento de la legítima defensa. Ciertamente, si una persona se abalanza sobre un policía, como ocurrió en Panguipulli, y están a punto de herirlo con un arma letal que puede causar la muerte, está bien, yo acepto que el policía dispare: es en defensa de la propia vida. Pero, si en lugar de lo que ocurrió, el sujeto hubiera escapado, no se le puede disparar por detrás, porque al huir no recibió el llamado que se le estaba haciendo.

Por tanto, para mí este tema es muy grave. La verdad es que yo al menos no creo que sea bueno disponer semejantes facultades, que a la larga van a terminar por coartar los derechos civiles y la legalidad dentro del país.

En suma, voy a votar a favor de este proyecto, Presidente, aunque espero que todas estas cosas se puedan cambiar.

Quiero advertir desde ya que no nos parece aceptable en absoluto la violación del principio de proporcionalidad que viene en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, ni mucho menos aumentar las facultades de la justicia militar cuando haya casos de civiles que reciben cierto tipo de represión. Yo creo que los tribunales civiles son lo primero, y tiene que aplicarse una justicia proporcional. Son principios absolutamente intransables para nosotros.

Voto a favor, Presidente.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senador Insulza.

Ofrezco la palabra al senador don Francisco Chahuán; luego, a la senadora Ximena Rincón.

Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Gracias, Presidente.

Señor Presidente, honorable Sala, el proyecto de ley para el cual hemos sido convocados en esta oportunidad, que establece las reglas del uso de la fuerza, conocidas como "RUF", para cuando deban intervenir tanto las fuerzas policiales como personal de las Fuerzas Armadas, en forma excepcional, en el control del orden público o resguardando las instalaciones de infraestructura, me parece absolutamente adecuado para la consecución de sus fines, lo mismo que en la forma en que lo ha establecido el informe de las Comisiones de Defensa y de Seguridad, unidas, ya que contiene definiciones y principios claros que dichos efectivos deben observar en el cumplimiento de sus respectivos cometidos.

Igualmente, la definición y contenido de cada una de las reglas del uso de la fuerza que pueden emplearse en forma gradual por quienes están convocados a observarlas están muy bien estructurados para su cabal cumplimiento en el caso de que los miembros de estas fuerzas deban recurrir al empleo de las mismas con pleno respeto y resguardo a los derechos fundamentales de las personas a las cuales se ven eventualmente enfrentados en el legítimo ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, estimo totalmente acertadas las exenciones de responsabilidad penal que se establecen en el artículo 10, Nº 10, del Código Penal, para el personal policial o militar en cumplimiento del mandato recibido, que actúa de conformidad con las reglas del uso de la fuerza contenidas en este proyecto, cualquiera que sea el daño o afectación que se ocasione en las personas o en las cosas.

De igual modo, es plenamente ajustada a derecho, en mi concepto, la concurrencia de la legítima defensa, exigida en el artículo 208 del Código de Justicia Militar y en el artículo 10, números 4° y 6°, del Código Penal, respecto del personal policial o militar que en razón de su cargo o en cumplimiento de las funciones previstas en este proyecto, cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor, impida o trate de impedir la consumación de delitos que atenten contra la vida o integridad física del personal policial, militar o de terceros.

Por las consideraciones antes expuestas, voto favorablemente esta moción, que se encuentra en discusión general.

Presentaremos una indicación, suscrita por la senadora Rincón, el senador Rojo Edwards y la senadora Gatica, justamente para incorporar otros elementos en el debate.

He dicho, señor Presidente.

Voto favorablemente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Chahuán.

Tiene la palabra la senadora Ximena Rincón; luego, la senadora Claudia Pascual.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.

El año 2023 terminó con una profundización manifiesta de la crisis de seguridad en el país. Observamos un aumento de 5,5 por ciento en los delitos de mayor connotación social respecto del año 2022, sin contar que el año anterior estos delitos ya se habían incrementado en un alarmante 45,3 por ciento con relación al 2021. A esta preocupante tendencia, Presidente, se suman las cifras más altas de percepción de inseguridad registrada en nuestro país según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), en la que un 90,6 por ciento de la población manifestó sentir inseguridad.

Eventos como secuestros extorsivos, descuartizamientos, narcotráfico y crimen organizado transnacional son parte del lamentable registro delictual del año 2023. Si bien hay noticias positivas, como la desarticulación por parte de Carabineros de Chile de la banda "Los piratas del Tren de Aragua" y otros líderes o soldados del crimen organizado en el norte del país, estas noticias positivas se ven menguadas cuando miramos la crisis al interior de las cárceles. Quedamos con la sensación de que la justicia llega, pero llega incompleta; la carrera delictual se fortalece, pero la carrera de su combate se debilita. Ya lo señalamos varios de nosotros, Presidente, la semana pasada, en Incidentes, cuando relatamos lo que vimos en la Cárcel de Alta Seguridad.

En este contexto de inseguridad, el proyecto de ley, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza por el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cobra una relevancia especial. La inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado que afectan a los chilenos hay que combatirlos sin demora y sin complejos. No podemos darnos el lujo de postergar decisiones que son exigidas por todos para devolver la seguridad y la tranquilidad a nuestros territorios. Los chilenos y chilenas demandan respuestas y acciones concretas hoy, no mañana, al calor de las elecciones que vamos a enfrentar.

La legislación sobre el uso de la fuerza debe ser una herramienta efectiva para combatir la criminalidad y asegurar el orden público, garantizando un uso eficiente y racional de los recursos del Estado. Esta ley debe garantizar los principios de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, y que en su implementación sea monitoreada y evaluada constantemente mediante indicadores claros y transparentes. Asimismo, debe darse la garantía a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, de que al usar sus facultades no serán perseguidas injustamente, menos cuando desempeñen una labor fundamental para que Chile vuelva al orden perdido.

La capacitación continua del personal de seguridad, la implementación de tecnologías de monitoreo y la creación de un comité independiente de revisión son propuestas que no pueden esperar más. La eficacia de nuestras fuerzas de seguridad depende de la claridad de las reglas bajo las cuales operan y de la confianza que la ciudadanía tiene en que dichas reglas se aplican de manera justa y transparente.

El principio de necesidad y proporcionalidad a nivel legal que propone el proyecto de ley es necesario, pero esas directrices no pueden quedar solo en el papel. La implementación efectiva de estos principios debe ser monitoreada mediante métricas claras que permitan evaluar su cumplimiento. Estudios recientes muestran que en países como España y Francia el uso excesivo de la fuerza ha sido contenido gracias a la implementación de rigurosos sistemas de control y auditoría.

Por ello, proponemos que en la discusión particular se explore la creación de unidades al interior de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, que monitoreen las métricas de aplicación del uso de la fuerza y se encarguen de recopilar, analizar y publicar datos sobre todos los incidentes relacionados, de manera de mejorar los protocolos y los reglamentos que se dicten para la futura aplicación de esta normativa.

Asimismo, Presidente, es fundamental hacer efectiva la capacitación y rendición de cuentas. El proyecto de ley destaca en su artículo 4 la importancia de la capacitación del personal. Sin embargo, esta formación debe ser continua y actualizada, basada en estándares comprobados. Además, la rendición de cuentas debe ser una práctica constante.

Es necesario analizar el impacto de la fuerza letal. Análisis de derecho comparado muestran que el uso de armamento letal debe ser la última opción, reservada solo para situaciones donde otras medidas no sean suficientes, y sin duda prever mecanismos legales que no inhiban a los funcionarios de hacer uso de ella cuando la situación lo amerite, como la protección de la vida propia o de personas que estén en vulneración. La ley debe incluir protocolos generales para el uso de armamento letal y menos letal, asegurando que las fuerzas de seguridad utilicen primero métodos no letales, siempre que sea posible, mientras que los reglamentos especificarán a nivel técnico indicadores para determinar su uso en casos concretos.

Finalmente, creemos que en la etapa de la discusión particular de este proyecto pueden ser incorporadas y reforzadas las siguientes propuestas.

Primero, el establecimiento de un comité de revisión que analice y audite los informes semestrales sobre el uso de la fuerza. Este comité debe estar compuesto tanto por expertos en materias de orden público y seguridad como por representantes de las diferentes ramas policiales y Fuerzas Armadas, en su caso. Su función debe ser asegurar la imparcialidad y la transparencia en la evaluación de los índices y en la implementación de las políticas de uso de fuerza; normalizar y equiparar los protocolos, y evacuar los informes obligatorios para garantizar el respaldo a los funcionarios policiales que actúen en cumplimiento de su deber.

Segundo, reforzar el uso de la tecnología para monitoreo. La implementación de tecnologías como cámaras corporales y sistemas de geolocalización ha mejorado significativamente la transparencia y responsabilidad en el uso de la fuerza. Estas tecnologías deben ser utilizadas de manera sistemática y los datos recopilados deben ser revisados regularmente. Además, se debe garantizar la protección de la privacidad de los individuos y el uso responsable de la tecnología.

Señor Presidente, seguramente en la discusión particular se abrirá nuevamente la intención de incorporar el tema de la justicia militar.

Como ya señalaba mi colega el senador Walker, para no enturbiar la rápida tramitación del proyecto y considerando que creemos firmemente que el Estado debe respaldar el actuar correcto de los funcionarios a quienes les encomienda la protección de los ciudadanos, estimamos de relevancia incorporar ciertos temas que hemos instalado en el debate.

1.- Facultar al Ministerio Público para la creación de una fiscalía o unidad especializada.

2.- Hacer obligatorio que el juez tenga a la vista los informes que emitan los auditores de las Fuerzas Armadas o sus análogos en las fuerzas policiales.

3.- Armonizar la indicación, incorporada en la Cámara, que permite que el funcionario, al acreditar cumplimiento del deber acatando la RUF, pueda usar la eximente del artículo 10, N° 10, del Código Penal, la llamada "legítima defensa privilegiada" o "Nain-Retamal", para daños en las personas o en las cosas.

En definitiva, señor Presidente, necesitamos que la discusión en este trámite quede fuera de las consignas ideológicas que no le sirven ni al buen ambiente político ni menos aún a las soluciones que piden los chilenos en materia de seguridad.

Por eso, votamos en general a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Ximena Rincón.

Ofrezco la palabra a la senadora Claudia Pascual; luego, al senador José Miguel Durana.

Senadora Pascual, tiene la palabra.

La señora PASCUAL.- Gracias, Presidente.

Saludo a la ministra y al ministro presentes en sala.

Quiero, en primer lugar, partir manifestando que el uso de la fuerza es exclusivo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas; no la puede utilizar cualquier ciudadano ni ciudadana. Por eso es que el Estado se debe dotar de especificaciones y reglamentaciones muy controladas, porque, si no, esto sería el viejo Oeste de las películas de antaño.

Por eso tampoco es menor -y nosotros al menos lo consideramos positivo- elevar a rango legal las normas sobre uso de la fuerza, primero, porque con ello se da un debate democrático de cara a la ciudadanía; segundo, porque a partir de ese debate se puede hacer pedagogía en la ciudadanía, dar certeza y claridad de cómo van a actuar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas, pero, al mismo tiempo, damos certezas a la actuación de esos funcionarios y funcionarias. Creemos que eso es relevante.

Sin embargo, el contenido del proyecto que llega de la Cámara Baja es distinto al mensaje presidencial.

Desde ese punto de vista, a nosotros no nos parece adecuado aprobar de buenas a primeras este proyecto si es que no se introducen cambios para permitir que esta legislación retorne a la racionalidad de asegurar el adecuado funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública -por cierto, la protección de las mismas-, pero, simultáneamente, la racionalidad en materia de derechos humanos en aras de la convivencia de quienes vivimos hoy día en el país.

A nosotros nos parece preocupante lo que se plantea, por ejemplo, en materia de utilización de la fuerza potencialmente letal, que no está definida, pese a que en el artículo 8 se habilita su uso para una serie de hipótesis que resultan excesivamente amplias y ajenas a la regulación internacional en la materia. Se permite el uso de la fuerza no solo para proteger la vida o integridad de un funcionario o de una tercera persona, sino incluso para el cumplimiento de órdenes judiciales, la detención de una persona que oponga resistencia, impedir la fuga de alguien o la protección de la infraestructura crítica. Es decir, se habilita un tipo de fuerza que no está definido para hipótesis que implican una mezcla de conceptos, de categorías y de planos. Esto debe mejorarse.

Lamentamos absolutamente la eliminación del principio de proporcionalidad en el proyecto -y quiero ser clara aquí a propósito de la intervención del senador Rojo Edwards-, pues lo que estamos alegando es reponer el principio de proporcionalidad y no eliminar el principio de racionalidad.

El principio de proporcionalidad debe implicar el tipo y grado de fuerza utilizada y el daño que razonablemente cabe esperar que se provoque por su empleo. Deberá ser proporcional a la amenaza que representa una persona o un grupo de personas, o al delito que una persona o grupo esté cometiendo.

La supresión de estos criterios objetivos que guían el empleo de la fuerza podría favorecer la arbitrariedad y la discrecionalidad en el actuar de las funcionarias y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y, por ende, también la impunidad.

La eliminación de la prohibición del disparo al rostro, al torso o a la parte superior del abdomen nos parece que también es un retroceso.

Aquí recientemente se puso el ejemplo de la persona que murió en Panguipulli. Todos los que vimos los videos en su momento pensamos que esa persona se habría detenido exactamente igual si se le hubiese disparado a una pierna. Y, sin embargo, se le provocó la muerte porque se le disparó al torso. Ese es el tema. Incluso más, al parecer ese carabinero no tenía la suficiente experticia, pues no era de COP, sino de tránsito.

Asimismo, tenemos la preocupación por un tema que tanto se ha planteado: las eximentes de responsabilidad penal.

Me parece que, lejos de relajar, como decía el senador Walker, lo que ya se hizo con la llamada "Ley Nain-Retamal" (No 21.560), con la que nosotros tuvimos también reparos, aquí lo que se hace incluso es ampliarla.

Por lo tanto, desde esa perspectiva no se hace ninguna mención a la gravedad de las actuaciones. Pareciera que un funcionario, por el solo hecho de hacer uso de la fuerza en el ejercicio de su cargo, ya está listo con las eximentes. O sea, el peso de la prueba queda en la víctima y no en quien ha hecho un uso excesivo de la fuerza.

Nosotros creemos que, en ese marco, estos temas tienen que cambiar.

En resumen, nos parece necesario tomar en cuenta que varios de los organismos no gubernamentales de derechos humanos y la propia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas han hecho observaciones y han planteado sus preocupaciones por esta ley.

Y por eso las paso a titular:

1.- Incorporar el principio de proporcionalidad. Queremos que dicho principio se reponga, pues no está en el proyecto que hoy día estamos votando en general.

2.- Mantener la distinción, internacionalmente aceptada, entre arma letal y arma menos letal, y restringir el uso de la fuerza letal únicamente a situaciones en que se encuentre en riesgo la vida o la integridad de las personas.

3.- Mantener la norma sobre la prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pareciera que aquí el fin justifica los medios. Yo también quiero que no haya delincuencia ni crimen organizado, pero eso no me da derecho, una vez que ya detuve a un delincuente, a rematarlo en el suelo o a torturarlo para sacarle confesión. ¡De verdad!

4.- Incorporar la prohibición de apuntar al rostro, a la cabeza o al torso, por sobre la parte baja del abdomen, con armamento menos letal.

5.- Incorporar la prohibición de hacer uso de la fuerza contra las personas detenidas.

6.- Eximentes de responsabilidad penal en el cumplimiento del deber y la legítima defensa en conformidad a la ley.

7.- Improcedencia de la justicia militar con relación al uso de la fuerza. Esto nos parece fundamental.

8.- Reglamentos sobre uso diferenciado de la fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas.

9.- Fortalecer el principio de rendición de cuentas e incorporar la participación de la sociedad civil en la revisión de los reglamentos y los protocolos.

Finalmente, Presidente, cuando se hace una defensa enconada del retorno a la justicia militar -y lo voy a poner con otros ejemplos-, cualquier institución que se autorregula, se autoinvestiga y se autosanciona tiene muchas más posibilidades de caer en arbitrariedades, discriminaciones o situaciones en las que no se tenga ningún control.

Por lo mismo, si los involucrados o las víctimas son civiles, es mejor y tiene que existir la prevalencia del Código Penal, como actualmente ocurre.

A mí me parece que, desde esa perspectiva, resulta tremendamente relevante poner al menos estos nueve o diez puntos que hemos resumido al final como piezas claves para la tramitación particular del proyecto.

Es por este tipo de reparos que hoy día nosotros, como Comité del Partido Comunista, nos vamos a abstener a la espera de la reposición de estos temas en las indicaciones del Ejecutivo.

Muchas gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Gracias a usted, senadora Claudia Pascual.

Ofrezco la palabra al senador don José Miguel Durana; luego están inscritos el senador Coloma, el senador Flores y el senador Núñez.

El señor DURANA.- Gracias, Presidente.

Saludo a los señores ministros de Estado.

Este proyecto de ley tiene por objeto regular la forma y las circunstancias en que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad utilizan los recursos humanos y medios empleados en el cumplimiento de sus funciones.

La primera reflexión que realizo es por qué estamos discutiendo este proyecto de ley si es el propio Estado el que ha dotado de fuerza a nuestras instituciones para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, debiera ser el propio Estado el llamado a proteger a sus funcionarios y no tenerlos permanentemente bajo la amenaza de las acciones que contra ellos emprenden fundamentalmente fiscales que a todas luces buscan notoriedad pública.

Luego de la promulgación de la Ley Nain-Retamal, hace casi un año, se consideraba que nuestras policías habían quedado lo suficientemente resguardadas desde el punto de vista jurídico, pues se habían incorporado en el Código Penal normas que reforzaban la protección legal a gendarmes, carabineros y detectives.

Esta iniciativa parte de la hipótesis en la cual un uniformado es quien se ve amenazado o agredido en alguna situación particular, cuando este se encuentra realizando funciones de orden público o de seguridad pública interior. Y se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo del orden público, repele o impide una agresión que puede afectar gravemente su integridad física, su vida o la de un tercero, empleando, obviamente, las armas u otro medio de defensa.

En ese contexto y con esta ley, obviamente uno piensa que podríamos haber evitado legislar la normativa de las RUF, pero lamentablemente no hemos sido capaces de dar las garantías necesarias a quienes resguardan la seguridad pública, en especial a aquellos que son llamados, como en el caso de las Fuerzas Armadas, a cumplir funciones en situaciones de excepción o extraordinarias.

Por lo tanto, este proyecto termina siendo urgente y pertinente en lo que respecta a su aprobación en general.

La diferencia es que las reglas del uso de la fuerza tienen que partir de la hipótesis de que la actuación de las Fuerzas Armadas es de carácter excepcional, de excepción constitucional, para el resguardo de fronteras, para el futuro proyecto de infraestructura crítica urbana o el resguardo del orden público. Estos dos últimos han sido muy solicitados por la ciudadanía, la que nos exige el uso de las Fuerzas Armadas para resguardar ciertas zonas del país. Y no solo lo exigen las personas, sino también los alcaldes, las autoridades, porque muchos sectores del país han sido tomados por el crimen organizado, por bandas criminales y por personas extranjeras fundamentalmente, pero también chilenos, que actúan sin temor a matar e, incluso, a perder su propia vida. En todas las regiones del país hay zonas tomadas por la droga y el crimen organizado, como es cerro Chuño, en Arica.

Es por eso que las normas que hoy estudiamos y buscamos perfeccionar aparecen como correctas, pues contienen estatutos distintos y diferenciados para las Fuerzas de Orden y Seguridad y para las Fuerzas Armadas, partiendo de la base de que se trata de cuerpos uniformados destinados a funciones diferentes y que, por lo tanto, hacen un uso diferenciado de la fuerza a través del empleo de medios distintos.

Cabe señalar que uno de los puntos que han generado mayor polémica es el referido a la resolución de conflictos.

Las críticas al uso de la justicia militar, en lo personal, no son objetivas. Los principales argumentos que se esgrimen en su contra es que constituiría un privilegio para los militares.

Hoy la justicia militar debe ser entendida sin colores ni intereses políticos. Se tienen que valorar su importancia, sus funciones y su existencia, especialmente en tiempos de paz. Porque la justicia militar en tiempos de paz se encuentra integrada, a nivel de cortes marciales, por dos ministros de la Corte de Apelaciones, siendo presididas por uno de ellos. Y, como todos saben, la última instancia en la justicia militar corresponde a la Corte Suprema.

Por lo tanto, si desconfiamos de la justicia militar, bueno, estamos desconfiando entonces de todo el proceso y desacreditando el sistema judicial chileno y, también, el de justicia militar.

Voto a favor, haciendo un llamado a que este proyecto sea analizado y valorado en todos sus aspectos.

Va a haber un interesante análisis en la discusión particular. Pero esta no la podemos hacer desde la perspectiva de trincheras políticas irracionales, sino pensando, finalmente, en lo que hoy día nos exigen los ciudadanos, que quieren volver a transitar por las calles de nuestro país de manera tranquila, segura y donde obviamente exista una policía que los pueda cuidar.

Muchas gracias, Presidente.

Voto a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).- Gracias a usted, senador Durana.

Ofrecemos la palabra al senador don Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.

Yo creo que este es uno de los temas más decisivos a la hora de llevar a cabo lo que se plantea comúnmente en este hemiciclo en cuanto a que para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el delito común hay que usar el máximo posible de las fuerzas del Estado.

Ese es un dicho que han planteado desde el Ejecutivo y desde el Parlamento, casi sin limitación, y que obedece también a un signo de los nuevos tiempos, que no solamente se viven en Chile sino también en el resto del mundo. Porque hoy día las amenazas de ese crimen organizado, de ese narcotráfico y de ese delito común son muy distintas de las que existían hace décadas y hoy día están generando un grado de incertidumbre, de temor, de angustia ciudadana que, obviamente, obliga a repensar la naturaleza de las instituciones en su forma de actuar en la vida pública.

Ciertamente las Fuerzas Armadas, en su origen, tenían otra misión. Eso ha sido desde siempre y así se ha planteado categóricamente. Pero algo ocurre a lo menos en Chile -entiendo que en otras partes también-, donde, por ejemplo, el 75 por ciento de la población sostiene que es clave que las Fuerzas Armadas contribuyan a labores de seguridad pública. Y he visto decisiones transversales en materia política en abono a esa idea, así como también he observado en el Ejecutivo un planteamiento de esa naturaleza.

Entonces, lo primero es discutir -y es legítima la discusión- si las Fuerzas Armadas pueden estar o no en este tipo de funciones. Y lo que plantea este proyecto, que viene con aprobación unánime en esta materia, es que sí deben cumplir un rol en la seguridad pública, que es distinto de lo que tradicionalmente hacían.

O sea, ¿estamos innovando a ese respecto? Sí, y es una innovación relevante.

Ahora, para que se innove tenemos que decidir cuáles son las reglas, porque lo que uno no puede pretender es que no se considere esto respecto de quienes han sido formados en una lógica A, que es la defensa del país, lo que probablemente está mucho más vinculado a agresiones externas.

Las Fuerzas Armadas, posteriormente, han ido cambiando su rol y han participado en asegurar la paz en el resto del mundo, donde han colaborado no solamente en América, sino también en las partes más alejadas. Todavía hay fuerzas nuestras en Bosnia y Herzegovina.

Sin embargo, se ha planteado cambiar el rol y ahora se está diciendo que las Fuerzas Armadas tienen un rol clave en la seguridad pública en determinadas funciones, no en todas, pero sí en algunas muy definitivas, particularmente en materia de infraestructura.

Entonces, despejada esa primera discusión, que es legítima -yo no he visto a nadie que diga que no debieran estar en ese rol, lo que también me parece lógico-, lo que hay que hacer es ver cuáles son los principios que deben orientar ese trabajo. Y a mí me parece que este proyecto lo hace en forma muy realista y muy adecuada.

Quiero partir por el tema más complejo, que es el principio de racionalidad. Para ser franco, yo no puedo entender algo distinto al principio de racionalidad. Porque aquí no puede operar la proporcionalidad. No es que, si les tiran una piedra, las Fuerzas Armadas devuelven la piedra; o si les tiran un palo, que devuelvan el palo. ¡Eso es absurdo! Las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, ni es lo que yo espero que hagan cuando defiendan el Estado de Chile y la seguridad de nuestro país.

Por eso, lo lógico es la racionalidad, principio que se adopta en muchas partes del mundo. ¡Si tampoco estamos innovando mucho al respecto!

A mí me sorprende que aparezca como si esto fuera un pecado. ¡No! A mi juicio, al menos -y uno puede equivocarse-, ello es de la esencia al incorporar y entregar un rol de este tipo a las Fuerzas Armadas, que, dicho sea de paso, no han pedido. Más bien es el país el que lo está solicitando, a través de su institucionalidad -eso es muy claro-. Entonces, a lo menos habría que decirles: "Ustedes pueden hacer un uso de la fuerza con racionalidad, conforme a los hechos, al lugar, al contexto y al nivel de peligrosidad". ¡No puede ser de otra manera!

En este punto quiero hacer una pequeña referencia a la Ley Nain-Retamal, porque también se discutió -era otro debate- y se desconfió del actuar de Carabineros. Se decía que podíamos tener las calles llenas de personas agredidas por sus funcionarios sobre la base de este principio distinto de presunción de inocencia que había. Lo cierto es que llevamos más de un año y ello no ha ocurrido. No ha habido ningún estallido que uno pudiera plantear en esa lógica, en que Carabineros hubiera hecho un mal uso de ese principio. ¡Por el contrario, han hecho un buen uso!

En tal sentido, creo que han reaccionado de manera distinta a como lo estaban haciendo antes. Porque era muy diferente -y se ha planteado- que un carabinero hiciera uso de la fuerza y que con ello se expusiera automáticamente a ser puesto al margen de la institución o a no recibir su sueldo, ¡por hacer uso de la fuerza en defensa del Estado! Ese principio fue el que se modificó. Ello no fue fácil. Hubo una sesión tensa en el Senado, muy influida por la Cámara de Diputados, que creo que también actuó en forma correcta. Y se cambió ese principio, que, en mi opinión, ha resultado. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí.

Yo no concibo un rol de las Fueras Armadas sin un principio de racionalidad para entender su accionar. Para ello, tiene que considerarse:

-El deber de identificación. Antes de recurrir al uso de la fuerza, obviamente, el funcionario debe identificarse como tal, mediante, entre otros elementos, el uniforme de la respectiva institución con el distintivo, que debe ser único e intransferible.

-El deber de advertencia, siempre que las circunstancias operativas lo permitan, porque hay situaciones que no lo harán posible. ¡Ojalá no ocurra! Pero hay que entender que puede suceder. Sin perjuicio de ello, el concepto me parece bien.

-El deber de gradualidad o progresión. El uso de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel que sea racionalmente necesario y aumentar o disminuir según las circunstancias, por ejemplo, el nivel de peligrosidad de la situación, los grados de resistencia o agresión y el nivel de fuerza necesaria para hacer cesar una amenaza.

¡Son temas distintos! Obviamente, eso tiene que ver con el deber de gradualidad y de racionalidad, porque de otra manera sería imposible.

Las disposiciones finales del proyecto respecto de la eximente de responsabilidad que debe aplicársele a la persona, a mi juicio, apuntan a la forma adecuada de entender el uso de la fuerza.

Este tema se ha discutido y se va a seguir discutiendo. Pero tenemos un precedente relevante con la Ley Nain-Retamal, acerca de la cual muchos estaban escépticos, y que hoy día se considera un gran avance dentro de la forma de plantear el Estado de derecho dentro de una sociedad que es amenazada -no nos equivoquemos- por el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común.

En esa misma lógica, Presidente, creo que este es un tema clave para mover la aguja en materia de seguridad, cuyos problemas siguen existiendo, a pesar de los numerosos esfuerzos legislativos que se han hecho. Ojalá esto hubiera sido aprobado dentro de los plazos a los que nos habíamos comprometido, pero estamos avanzando. Y siempre voy a valorar que se avance.

Eso sí, cada día que se pierde también le cuesta a Chile.

No es decir simplemente: "Nos podemos demorar un poco más o un poco menos". ¡No! Porque son opciones que se van desechando o riesgos que se van acrecentando.

Por eso le doy tanta importancia a esta normativa y valoro la forma como se ha planteado el proyecto, que me parece que está bien concebido. Obviamente, en la discusión particular se verá si hay algo que mejorar. Pero una cosa es mejorar la iniciativa y otra es desnaturalizarla. A veces, el riesgo de desnaturalizar es el riesgo más grande que puede haber en un escenario dramático. Tan dramático es que les estamos cambiando el rol, por bastante unanimidad, a las Fuerzas Armadas.

Entonces, por lo menos entreguémosles las herramientas, las garantías y las seguridades a las Fuerzas Armadas porque, si van a asumir el cuidado del país, también hay que cuidarlas para que desempeñen su labor como corresponde.

Por eso, voto a favor.

He dicho, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, senador Juan Antonio Coloma.

A continuación, le ofrecemos la palabra al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Iván Flores.

El señor FLORES.- Muchas gracias, Presidente.

Saludo a la señora ministra del Interior, al señor ministro de Hacienda y al señor ministro secretario general de la Presidencia, quienes están presentes en la sala.

Creo que este es uno de los proyectos en donde debemos hacer el máximo esfuerzo no solo para apurar el tranco, sino también para ofrecer a Chile y a sus instituciones una normativa que permita generar certezas: a la comunidad, respecto del rol, el alcance y los deberes que efectivamente, en el cumplimiento de su labor, deben tener las instituciones del Estado, y por otra parte, a la mismas instituciones del Estado, para que puedan proteger a la ciudadanía, particularmente para defender el Estado de derecho.

Lo que es simple de decir la verdad es que de pronto resulta difícil en cuanto a la percepción por parte de la ciudadanía y de las propias policías o las Fuerzas Armadas cuando tienen que actuar.

En ese contexto, debemos apurar la tramitación del proyecto con la mejor voluntad posible, para que nuestras policías y Fuerzas Armadas puedan tener claro cuáles son las reglas que en definitiva les van a permitir actuar con seguridad, con soltura y de cara a la ciudadanía.

Creo que lo que va a ocurrir hoy día -espero que así sea- será una aprobación, si no por unanimidad, por una amplísima mayoría, que permitirá iniciar inmediatamente un debate en particular, luego de abierto el período para presentar indicaciones. Y ojalá que sea un debate rápido. Asimismo, espero que lo trabajemos en las Comisiones unidas de Defensa y de Seguridad, para traer a la sala un buen proyecto.

Sin duda, ello debemos hacerlo en un escenario sin excluyentes prelaciones y con más valoración de la razonabilidad de la respuesta; con la separación de los alcances entre las policías y las Fuerzas Armadas, porque poseen roles distintos; con la introducción de mejoras, precisiones o aclaraciones, por ejemplo, respecto de aquello que haya quedado de una manera un poco extraña en cuanto al principio de la proporcionalidad versus el principio de la racionalidad. Eso es algo que debemos trabajar en un buen debate.

Tenemos que trabajar en la presunción de procedencia en las causas de justificación; en las condiciones para el uso de la fuerza potencialmente letal; en el equipamiento y las tecnologías de nuestras policías y Fuerzas Armadas, que no pueden depender de la disponibilidad presupuestaria -y aprovecho que está presente el ministro de Hacienda-, dada la situación en que nos encontramos.

En cuanto a esto último, sabemos que hoy día -aprovechando también la presencia de la ministra del Interior- la primerísima necesidad es contener el avance del crimen organizado, de la comisión de delitos en términos generales y de la inseguridad en la ciudadanía.

Por lo tanto, cuando se habla del equipamiento para estas instituciones, no podemos depender exclusivamente de una disponibilidad presupuestaria, pues -y quiero ser muy claro- el equipamiento adecuado de las Fuerzas Armadas y de las policías permite reducir el riesgo letal. Cuando no hay equipamiento adecuado -eso lo dicen todos los especialistas-, la verdad es que, en el intento de cumplir su deber, los efectivos pueden utilizar fuerzas que de verdad generen resultados letales, ¡cosa que no queremos! Pero, claramente, el uso de armamento letal está permitido. ¡Por algo lo utilizan!

En ese contexto, Presidente, solicito el máximo esfuerzo a los colegas para tramitar rápidamente este proyecto, una vez que sea aprobado en general -no me cabe duda de que así será-, para partir de inmediato con la discusión y el debate en particular.

Voy a votar a favor, Presidente.

Gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).- A usted, senador Iván Flores.

Le ofrezco la palabra al senador de la región de Coquimbo Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Gracias, Presidente.

Efectivamente, este es un proyecto de ley muy esperado y que nosotros mismos solicitamos en distintos debates públicos. ¿Por qué lo solicitamos? Porque tener definidas las reglas del uso de la fuerza en una ley es totalmente distinto a que estén solo en circulares de las Fuerzas Armadas o de las policías, como ocurre hoy día.

Nos parece que, si la sociedad chilena y la democracia les van a entregar la posibilidad a las Fuerzas Armadas de intervenir en situaciones excepcionales en materia de orden público, de seguridad interior, obviamente las Fuerzas Armadas y la policía han de saber y tener claro cuáles son las condiciones bajo las cuales deben actuar. Y es un acto de responsabilidad del mundo político ser claros, precisos y lo más rigurosos posibles en esta materia.

Por eso nos parece muy correcto -y en la Cámara de Diputados estuvimos a favor de este proyecto- que ello sea establecido por ley.

Pero acá, Presidente, hay que ser muy claro y muy preciso también en lo que ha ocurrido. El proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo es muy distinto de lo que salió de la Cámara de Diputados. ¡Y es importante que los senadores y las senadoras tengan conciencia de lo que están votando!

Presidente, la Cámara de Diputados eliminó el principio de la proporcionalidad, que no es lo mismo que la racionalidad. ¡Son dos conceptos distintos!

Acá se ha dicho: "¿Es que cuando les tiren piedras a los efectivos de las Fuerzas Armadas quieren que respondan con piedras?".

Yo les quiero recordar al senador Coloma, al senador Rojo Edwards, que ya intervinieron, lo que pasó el 19 de octubre de 2019 en La Serena. Frente al mall, había desplegado un contingente militar que recibió piedras de unos manifestantes y ellos respondieron con balas de salva y balas de verdad: una descarga de fusilería. Producto de esa descarga de fusilería tuvimos un joven muerto -Romario Veloz- y un trabajador (iba a su casa en ese minuto, no participaba en la manifestación) que quedó con una herida que lo ha invalidado de por vida.

¿Esa es la respuesta proporcional? Por supuesto que no es la respuesta proporcional.

Uno podría preguntarse, entonces, sin ser experto, ¿por qué no se disparó al aire?, ¿por qué no se insistió en ocupar balas de salva?, ¿por qué no se usó armamento no letal? ¿Quiere decir que ustedes están de acuerdo, al eliminar el principio de la proporcionalidad, en que, cada vez que un carabinero o un militar reciba una piedra, responda disparando balas y usando armas de guerra? ¿Es ese el tipo de acción que queremos y que vamos a dejar a disposición de los miembros de las Fuerzas Armadas si los involucramos en tareas de orden interno, de seguridad o de orden público?

A mí me parece que eso es un crimen, Presidente. Y es escandaloso que este Senado vaya a avalar una medida de ese tipo. Por eso creemos tan importante que el principio de proporcionalidad se reincorpore en las indicaciones que esperamos del Ejecutivo.

También se eliminó la prohibición de disparar al rostro. Todas las reglas en torno a cómo detener, neutralizar a una persona que puede estar cometiendo un delito, que amenaza la vida de otro, establecen que hay partes donde primero se dispara, que son las menos letales del cuerpo. ¿Bajo qué lógica se puede decir que hay que disparar al rostro de una persona sino en una situación evidentemente excepcional? La norma que establecía que no se debía disparar al rostro, excepto en situaciones excepcionales, imprevistas, también se suprimió.

Otra disposición que se eliminó es la de no detener el uso de la fuerza cuando un sujeto está reducido. Uso la fuerza para reducir a un sujeto, muy bien; pero, una vez que está reducido, dejo de usarla porque él ya no tiene ninguna posibilidad de agredir o de causar un daño. Pero, ¿qué se plantea?: "No, se sigue usando la fuerza". Es decir, lo que queremos es que haya maltrato y una especie de actitud de venganza sobre la persona que fue reducida. Creo que esto es absolutamente irracional. No tiene ninguna lógica pedirles a las instituciones policiales o a las Fuerzas Armadas que actúen así.

Otra norma que se suprimió en este proyecto famoso que despachó la Cámara fue la que impide adoptar medidas inmediatas en un sumario sobre el personal de las Fuerzas Armadas o el carabinero involucrado en una situación de uso excesivo de la fuerza. Por supuesto que los carabineros y el personal de las Fuerzas Armadas tienen derecho a una defensa, y una defensa que debe ser apegada al Estado de derecho. Pero, en ese intertanto, tiene que cursarse un sumario si existe una situación de grave uso excesivo de la fuerza. Pero esto también se impide.

Entonces, lo que ocurre acá es que nos están llevando a votar un proyecto muy distinto del que presentó el Ejecutivo.

Y podemos seguir sumando algunas cosas, como disposiciones generales que establecen nuevas eximentes de responsabilidad penal que no están en las actuales reglas del uso de la fuerza fijadas por las circulares actuales. Además, se establece el cumplimiento de deberes.

Entonces, Presidente, acá se ha cambiado significativamente el contenido del proyecto de ley original.

También aquí se agregó una nueva noticia. No estando satisfechos con todas estas normas que se agregaron, más encima el senador Rojo Edwards nos dice que se va a proponer que se reincorpore la justicia militar para juzgar casos en los cuales hayan participado miembros de las Fuerzas Armadas o de Carabineros en acciones que involucren a civiles.

Nosotros ya tenemos la experiencia, en dictadura, de lo que es la justicia militar. Sabemos cómo opera y bajo qué lógica. Evidentemente, las normas internacionales establecen que los civiles deben ser juzgados por civiles. No hay ningún motivo por el cual quien no es funcionario de las Fuerzas Armadas tenga que ser juzgado por tribunales militares.

Por lo tanto, Presidente, lo que queremos es que este proyecto de ley avance y permita, en casos excepcionales, por supuesto, el uso de la fuerza tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas en situaciones de orden interno, que esperamos sean las menos. También deseamos, obviamente, como todos los chilenos y las chilenas, caminar seguros por las calles; pero también que las Fuerzas Armadas hagan un uso racional y proporcional de esa fuerza y no que acá se entregue un cheque en blanco que al final termine desprestigiando a las propias instituciones militares.

¡Si ustedes creen que con este tipo de normas ayudan a las Fuerzas Armadas, están equivocados! ¡Hacen todo lo contrario! ¡Lo que están haciendo es que las están deslegitimando! ¡Lo que están haciendo es inducirlas a un uso irracional de la fuerza! Y eso, tarde o temprano, va a ser cuestionado por la sociedad.

Por eso, Presidente, esperando que en el debate en particular se repongan las normas que he señalado, nos vamos a abstener en este proyecto de ley, a pesar de que lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Creemos que es tremendamente necesario, pero no puede ser desvirtuada esta discusión, como ha sido hasta ahora, en el proyecto que nos llegó desde la Cámara.

He dicho.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Gracias, senador Daniel Núñez.

A continuación, le ofrecemos la palabra al senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.- Muchas gracias, Presidente.

Valoro mucho las intervenciones anteriores, las que he escuchado con atención, para poder fundamentar algunas de las cosas que creo importante poner a la vista en esta discusión, que es muy relevante.

Estamos hablando del uso de la fuerza legítima del Estado.

¿Por qué el Estado tiene fuerza legítima? Para garantizar el Estado de derecho. Nadie puede estar sobre la ley. Y por eso, cuando ocurren situaciones extremas y excepcionales, pueden concurrir incluso las Fuerzas Armadas.

No es lo que se quiere. En un Estado de derecho normal son las policías las encargadas de la seguridad y el orden público. Pero hay excepciones que ya hemos visto, y algunas que se pueden empezar a generar en forma mucho más sistemática.

Chile está bajo una amenaza grande, que hoy no sabemos cómo enfrentar. Para eso se requieren capacidades especiales, pero facultadas.

Yo quiero referirme en lo general a los aspectos que creo relevantes.

El artículo 1, referido al objeto, señala exactamente lo que esta ley debe hacer: "normar el uso de la fuerza por el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en el cumplimiento de sus funciones". Y en el inciso segundo del mismo artículo se dispone que también se va a aplicar a las Fuerzas Armadas.

Señor Presidente, la palabra clave aquí es "normar". ¿Por qué? El Diccionario de la Real Academia dice respecto de la voz "norma": "regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.".

El artículo 1 plantea exactamente lo que debe hacer esta ley: normar. Y esta no es una ley de reglas, porque no estamos reglando, sino normando.

Pido entonces, señor Presidente, hacerle llegar esta observación al Ministerio del Interior -la ministra no está en la sala-, para que revisemos este aspecto.

Tenemos que partir de un concepto más grande, más amplio, como el concepto de la norma: la regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades.

¿Y por qué señalo lo de las tareas y las actividades, señor Presidente? Porque en las definiciones se ha agregado una relativamente extraña: la del objetivo legítimo. ¿Es legítimo algo porque se le pone apellido de legítimo? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. ¿Por qué un objetivo es legítimo si yo lo defino en su naturaleza de esa forma: objetivo legítimo? Esto, en jerga militar, que es la que entienden aquellos que van a hacer uso de la fuerza, se llama "misión".

Y lo que le falta a esta ley es hablar en lenguaje claro para quienes van a usar la fuerza. No es un objetivo legítimo, sino una misión que el Estado encomienda, que tiene una tarea y un propósito. Esa es la definición tradicional del mundo militar, del mundo que emplea la fuerza legítima que tiene el Estado.

A las fuerzas hay que darles misiones; por eso uno tiene normas. Y lo que estamos definiendo son normas. Y, junto con las normas, también los medios o métodos con los cuales se va a aplicar esta fuerza. No es un listado numerado. Las reglas están a otro nivel. Aquí tenemos que dar normas y definir medios o métodos.

Luego -y esto es muy importante, señor Presidente-, creo que debemos revisar qué queremos decir con esto de "objetivo legítimo". Insisto: esa es una misión que tiene una tarea y un propósito, lo cual va a desprender después la consigna, que es lo que señala hoy nuestro ordenamiento jurídico y que cumplen los soldados. Los soldados van a recibir consignas, y sobre la base de eso actuarán. Si esta ley no parte de normas, no baja con misión y no tiene consigna, no se podrá entender ni aplicar.

Si seguimos avanzando, señor Presidente, veremos que el Estado se ha encargado de internar legítimamente el armamento que usan sus policías y fuerzas armadas. No es armamento que ande en la calle portado por civiles. Por lo tanto, no se podría presumir que una persona, cuando es enviada a hacer uso de la fuerza legítima que tiene el Estado, sale a delinquir.

Hoy no se permite portar armas. Las personas pueden poseer un arma registrada, pero esta debe estar guardada en su domicilio. Los únicos que pueden portarlas son las policías y las Fuerzas Armadas, en las excepciones en que a ellas se les determina que tienen que estar.

No es propio, entonces, que si se da una orden, una misión con una tarea y un propósito, con una consigna, y esto se cumple, después la persona tenga que ir a responder personalmente -como ha ocurrido, señor Presidente- por haber disparado al aire, como si eso hubiese sido algo que no estuviera considerado dentro de las acciones que debe realizar.

Estamos llegando al absurdo de tener una cantidad de elementos externos asociados a un proceso que es delicado y complejo. ¿Por qué? Porque lo que se está ocupando es armamento menos letal. Tal como se señaló, todas las armas, hasta un lápiz, pueden ser letales; todo se puede convertir en algo letal si es usado de una manera que produzca ese efecto. ¿Qué se tiene definido a nivel internacional? El armamento menos letal, porque las armas no letales no existen: van a causar algo que incluso podría producir la muerte de la persona.

Y posteriormente vienen todos los métodos o medios potencialmente letales. ¿Por qué hay que hacer la diferencia? Porque no es que se esté usando un arma letal para matar a una persona; se está utilizando para controlar una situación. Y, tal como se ha indicado, hay diferentes formas de usar un armamento que es letal, pero que en su empleo la consigna, las normas que tenga, permitan que sea solo potencialmente letal, que es lo que precisamente se busca. No se quiere fuerzas que salgan a matar a personas: se necesita la fuerza legítima del Estado para controlar situaciones. Y eso es algo que el Estado debe asumir.

Hoy vemos defensas individuales a costa del bolsillo de cada persona. Cuando hablamos de debido proceso, para estos casos excepcionales en que el Estado ha comprado el arma, la munición, ha entrenado a la persona, la ha vestido, le ha dado la orden de usar el arma, esta lo único que hace es apretar el gatillo. Y su tarea es hacerlo bien. Por eso debe tener una misión que baje a una consigna que le dé claramente las indicaciones de lo que debe realizar.

Si somos capaces de poner estos elementos en una ley, se podrá entender y después se reglará como se necesite. Pero creo que, tal como se ha abordado ahora, estamos tratando de juntar en un mismo cuerpo legal diferentes elementos que por su naturaleza tienen que ser entendidos de forma distinta.

Hoy estamos hablando solo de reglas, como si esto fuera tan sencillo como una receta para hacer algo: "Mire, junte esto con esto y con esto y va a obtener esto otro". Eso no resulta en la vida real. Para eso las personas tienen que entrenarse, capacitarse y partir a edad temprana portando un arma.

Por ello, señor Presidente, se autorizó incluso a los aspirantes y a los alumnos de Carabineros, y también a los de la Policía de Investigaciones que así lo tienen, a portar armamento a edad temprana en sus prácticas profesionales.

Lo mismo ocurre en la formación militar que se hace, y en algo muy importante, que es el reconocimiento de todo soldado conscripto cuando recibe su arma, porque quiere decir que ya está preparado para usarla.

Ello es lo que caracteriza a las personas que han recibido el equipamiento, la instrucción, el armamento del Estado. Y si el Estado los necesita, también debe hacerse cargo del proceso posterior. Eso quizás nos podría llevar, con el debido proceso, a una defensoría penal pública militar. Quiero poner esto en ese contexto para ver qué se necesita a fin de dar garantías a quienes harán uso legítimo de la fuerza del Estado.

Va a estar muy interesante la discusión, pero me parece que debemos centrar nuestros esfuerzos en traducir esto en un lenguaje que sea aplicable para aquellos que deben hacer uso de la fuerza y partir desde las normas, hablar de la misión, con tarea, con propósito; de la consigna, que es lo que recibe la persona que debe ejecutar la acción, y finalmente de todos los medios y métodos menos letales o potencialmente letales.

Eso nos garantizaría una ley que se pueda aplicar con claridad y que las personas, tanto las que van a hacer uso de la fuerza legítima, del armamento, como las que verán a las policías o a los militares en esas condiciones, sepan qué van a enfrentar y lo que tienen que hacer, porque en los dos lados deben existir reglas muy claras para evitar los enfrentamientos que hemos visto, a los que hoy no hemos sido capaces de dar una solución.

Espero que podamos llegar a un acuerdo y estoy disponible para ese debate.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Kenneth Pugh.

Los últimos inscritos son la senadora Paulina Vodanovic y el senador Alejandro Kusanovic.

Tiene la palabra la senadora Paulina Vodanovic.

La señora VODANOVIC.- Muchas gracias, Presidente.

Este proyecto de ley, sobre uso de la fuerza en la función policial, debe necesariamente ponernos al día en muchos aspectos en que nuestro país está muy retrasado.

En primer lugar, el uso de la fuerza en la labor que ejercen Carabineros de Chile, la PDI, las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, Gendarmería de Chile y la DGAC es distinto al de cualquier ciudadano. Todas estas instituciones están ordenadas legalmente, mandatadas a intervenir ante delitos tanto para interrumpir el actuar de los delincuentes como para apresarlos. En este último tiempo esta no es solo una obligación, sino que derechamente constituye un clamor ciudadano.

En esto se diferencian radicalmente de la actitud que puede tener cualquier persona; por tanto, no se les pueden aplicar las mismas reglas que al resto de la población cuando se hace uso de la fuerza. No basta con las definiciones genéricas que el Código Penal hace de la legítima defensa o del cumplimiento del deber.

Venimos reiterando desde hace tiempo que no se deben dejar excesivos espacios de interpretación a los tribunales y que las personas nos eligen a nosotros, los parlamentarios, para definir las reglas claras por las que deben guiarse; no debemos delegar ni renunciar a esta función.

Eso mismo requieren los funcionarios que hacen uso de la fuerza: un conjunto de leyes que los respalden y que coincidan en su interpretación desde su entrenamiento hasta la posterior evaluación de su aplicación por parte de un juez. El presente proyecto avanza sustancialmente en esta tarea.

En segundo lugar, el proyecto avanza en un compromiso con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Ya en el caso Lemún Saavedra, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Chile se había comprometido a regular especialmente el uso de la fuerza policial, lo que se cumplió en parte mediante un decreto de noviembre de 2018.

Posteriormente, en septiembre de 2019, considerando las olas de protestas y los casos de violencia policial alrededor del mundo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió la observación general N° 36, en que señaló expresamente: "Se espera de los Estados partes que adopten todas las medidas necesarias para evitar que sus fuerzas del orden cometan privaciones arbitrarias de la vida. Entre esas medidas figuran leyes apropiadas para controlar el uso de fuerza letal por los agentes de las fuerzas del orden y procedimientos que garanticen una adecuada planificación de las intervenciones de mantenimiento del orden de modo que se atienda la necesidad de minimizar el riesgo que estas suponen para la vida humana".

Hoy, casi cuatro años después, tenemos la tarea de aunar voluntades y criterios para contar con una regulación de la fuerza policial realista, eficaz, contra las diferentes formas del crimen, respetuosa de los derechos humanos y fundamentalmente clara tanto para los funcionarios públicos que la ejercen como para quienes pueden eventualmente padecerla.

El proyecto, sin duda, es susceptible de mejoras. Solo para mencionar una que salta a primera vista: no incluye a los funcionarios de Gendarmería, ni al personal AVSEC de la DGAC.

Presidente, no puedo dejar de referirme a lo que han mencionado algunos senadores que me han precedido en el uso de la palabra y que confunden conceptos como racionalidad y proporcionalidad.

El primero se mantiene en el presente proyecto de ley, no se sustituye ni deroga; y con respecto al segundo, el senador Coloma confunde la proporcionalidad con la igualdad de armas: piedra contra piedra, palo contra palo. En ningún país en que se establece el principio de proporcionalidad se sostiene que ese sea el contenido, ni en Alemania, ni en España, ni en la ONU en sus múltiples manuales sobre mantención de la seguridad pública en operaciones de paz.

El principio de proporcionalidad dice relación con una respuesta en el mismo nivel y no en el arma. A la fuerza física o al uso de objetos menos contundentes, como piedras y palos, Carabineros debe responder con su armamento menos letal, que estamos entregándoles como Estado, desde bastones retráctiles a municiones de impacto kinético, pasando por gas pimienta, en sus distintas formas, y otros implementos.

El proyecto de ley que votamos hoy en general dispone que, frente a una agresión que puede producir un daño grave a la salud, o la muerte, Carabineros debe responder con sus armas. Por eso, y atendiendo también a lo señalado por el senador Núñez, repondremos la proporcionalidad, que eliminó la Cámara de Diputados, así como otras normas.

Estos temas se verán en las Comisiones unidas de Seguridad y de Defensa, y en esta ocasión votaré a favor de este proyecto en su discusión general.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Paulina Vodanovic.

Ofrecemos la palabra al senador don Alejandro Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.- Gracias, Presidente.

A mí me preocupa cuando hacemos una ley nueva, ¡pues generalmente terminamos peor de lo que estábamos antes...!

Entonces, me inquieta este tema, por el relativismo que tienen las cosas. ¡Todo es relativo! Resulta que no hay nada concreto, pero las reglas deben tener algo definido.

Yo no sé por qué los jueces no quieren aceptar los reglamentos de las instituciones. Y sucede que los reglamentos hay que transformarlos en leyes porque los jueces no los consideran. ¡Pero si son parte del Estado! ¡Por qué no se consideran! ¡Hay algo que está fallando!

Me preocupa esto de la proporcionalidad, por ejemplo, cuando alguien ataca con un cuchillo a un policía. Si tú atacas a un policía con un cuchillo, ¡lo quieres matar! Por consiguiente, que te puedan matar es parte de las reglas del juego. Pero se dice: "¡No! ¡Que le disparen en la mano! ¡Que le disparen en el pie!".

Hace tiempo presenté un proyecto que incorpora la "regla de los 21 pies", que se usa en Estados Unidos, que es la distancia en que puedes alcanzar a sacar el revólver y disparar cuando alguien se te viene encima con un cuchillo. ¡Y se quiere que cuando lo saquen le apunten a la persona en la uña del dedo gordo del pie...! ¡Estas cosas no son así!

Cuando alguien ataca a un policía con un cuchillo, corre el riesgo de resultar muerto, y la persona que va a hacer eso tiene que saber que es así. Porque cuando yo vulnero la seguridad y el orden público existe la posibilidad de que me maten. ¡Y los delincuentes deben saber esto! Pero no, ¡se plantea este tema relativista de la proporcionalidad...!

Cuando vulnero el orden público y la seguridad y uso piedras que pueden matar a una persona, corro el riesgo de que me disparen y que mi vida termine.

Es la única manera de que el Estado garantice el orden y la seguridad pública, cuestión que desde hace muchos años no se está haciendo en Chile.

¡Hasta cuándo vamos a seguir con este relativismo moral, que nos está llevando a la destrucción del país!

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Kusanovic.

No tenemos más senadoras o senadores inscritos.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (40 votos a favor y 3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvieron las señoras Pascual y Provoste y el señor Núñez.

El señor GARCÍA (Presidente).- Queda aprobado, entonces, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Plazo para presentar indicaciones: se propone que sea hasta el jueves 18 de julio, a las 12 horas, en la Secretaría General del Senado. Es exactamente un mes.

¿Les parece a sus señorías?

Así se acuerda.

Pasamos, a continuación, al segundo proyecto de la tabla, que contiene normas de quorum especial.

Boletín N° 14615-05

MODERNIZACIÓN DE NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL

El señor GARCÍA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.128, sobre responsabilidad fiscal, con informe de la Comisión de Hacienda, el cual será discutido en general y en particular.

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 14.615-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para hacer la relación correspondiente.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley mencionado precedentemente.

Al respecto, el Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".

El objetivo de esta iniciativa es complementar, modernizar y adecuar a los nuevos escenarios políticos y sociales la normativa del manejo fiscal responsable y consistente en el cuidado de las cuentas fiscales para el desarrollo del país y sus habitantes, mediante nuevas herramientas que permitan robustecer más la institucionalidad de las finanzas públicas fortaleciendo su calidad y transparencia.

La Comisión de Hacienda hace presente que este proyecto fue discutido en general y en particular por dicha instancia en virtud del acuerdo adoptado por la Sala del Senado con fecha 30 de agosto de 2022.

La referida comisión deja constancia, además, de que aprobó en general la propuesta de ley por la unanimidad de sus integrantes, honorables senadores señores Coloma, García, Insulza, Kast y Lagos. Y en particular aprobó la iniciativa con las modificaciones y las votaciones, también unánimes, que consigna en su informe.

Adicionalmente, la Comisión de Hacienda propone a la Sala sustituir la denominación de la iniciativa legal por la siguiente: "Proyecto de ley que promueve la responsabilidad y transparencia de la gestión financiera del Estado". Lo anterior, en razón de las enmiendas que introdujo al texto del proyecto y que abarcan otros cuerpos legales, además de la ley Nº 20.128.

Finalmente, hace presente que el inciso primero del artículo 25, contenido en el numeral 8 del artículo primero de la iniciativa, requiere de 25 votos favorables para su aprobación por corresponder a una norma de quorum calificado.

El texto que se propone aprobar se trascribe en las páginas 186 y siguientes del informe y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, ofrezco la palabra al senador don Juan Antonio Coloma.

El señor SAAVEDRA.- ¡Abra la votación!

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Habría acuerdo?

Respecto de este proyecto tenemos a lo menos dos votaciones. En primer lugar, debemos votar la idea de legislar, y luego habría que efectuar dos votaciones separadas, solicitadas por el senador Núñez, pero que, si él acepta, podríamos juntar, porque...

(El senador Núñez hace gestos con su mano indicando su negativa a lo señalado por el señor Presidente).

No acepta.

Entonces, tendríamos la votación general del proyecto, más las dos solicitudes de votación separada.

¿Habría acuerdo para abrir la votación respecto de la idea de legislar?

El señor SAAVEDRA.- ¡Sí!

El señor GARCÍA (Presidente).- Acordado.

(Durante la votación).

Les recuerdo que el proyecto tiene normas de quorum especial.

Vamos a tocar los timbres para que sus señorías vengan a votar.

Tiene la palabra el senador Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.

En nombre del presidente, Ricardo Lagos Weber, el cual hoy día se halla en Temuco acompañando al senador Jaime Quintana, a quien también aprovecho de mandarle, al igual como lo hizo todo el Senado, un afectuoso saludo, voy a intentar rendir el informe de uno de los proyectos más complejos de explicar que hemos visto en los últimos años. Así que voy a recurrir a algunos apuntes para los efectos de poder hacer esto un poco más razonable.

La Comisión de Hacienda tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el entonces Vicepresidente de la República, señor Rodrigo Delgado Mocarquer.

En virtud del acuerdo adoptado por la Sala el 30 de agosto de 2022, el proyecto de ley fue discutido en general y en particular a la vez por los integrantes de la referida instancia.

Cabe hacer presente -y esto hay que entenderlo, porque refleja un poco la reflexión que ha habido- que en el mes de enero de 2022, y estando el proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", el Ejecutivo formuló las indicaciones números I, II y III, contenidas en el mensaje de fecha 3 de enero de 2022, que se describen en el informe, las que fueron retiradas el 19 de agosto de 2022, en que, a su vez, se formularon a la iniciativa catorce indicaciones nuevas.

Aprovecho de agregar que hace un par de meses se presentó un tercer paquete de indicaciones. O sea, el proyecto recibió un conjunto de indicaciones, las cuales fueron modificadas en una segunda instancia y mejoradas en una tercera oportunidad.

¿Cuál es el objetivo de la presente iniciativa? Básicamente, complementar, modernizar y adecuar a los nuevos escenarios políticos y sociales la normativa del manejo fiscal responsable, consistente en el cuidado de las cuentas fiscales para el desarrollo del país, a través de nuevas herramientas que permitan robustecer la institucionalidad de las finanzas públicas, fortaleciendo su calidad y transparencia.

Yo quiero destacar que el proyecto, como lo he explicado, es producto de la continuidad de una lógica de Estado. Aquí hay la vocación por ser responsables fiscalmente que se ha repetido. Y hoy día se trata de anticipar escenarios frente a un mundo mucho más complejo y generar un robustecimiento de las normas para ser capaces de enfrentar los desafíos fiscales.

En particular, se contemplan los siguientes objetivos, para que los anoten bien:

Se complementa la regla del balance estructural con un ancla de deuda bruta del Gobierno central y se establece un mecanismo de cláusula de escape que permitirá al gobierno desviarse temporalmente de las metas fiscales del balance estructural en determinados supuestos.

En segundo lugar, se modifica el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones.

En tercer término, se amplían las funciones de evaluación, monitoreo y opinión del Consejo Fiscal Autónomo en las materias que se indican, lo que también se modificó al final.

En cuarto lugar, se explicita la oportunidad de la presentación de los informes financieros que hace la Diprés, sumada a la necesidad de publicar un informe financiero consolidado que creo que es bien relevante.

En quinto lugar, se establecen nuevas funciones informativas para la Dirección de Presupuestos, tema que también fue muy discutido. Y aquí quiero valorar la actitud de la propia Dirección de Presupuestos en términos de avanzar en una lógica de mayor transparencia.

Por último, se permite que personas jurídicas designadas a través del Ministerio de Hacienda realicen intercambios temporales de valores de deuda pública en el contexto del programa de formadores de mercado.

Como decía, la iniciativa ha tenido su historia. Lo primero fue cambiarle el nombre por el siguiente: "Proyecto de ley que promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado", lo cual obedece a las modificaciones que ha experimentado el texto mismo.

Quiero destacar un par de cosas antes de ir a puntos más particulares.

Respecto de la asistencia, se hizo un particular esfuerzo, a través de los años, por mostrar una capacidad de escuchar a quienes han tenido responsabilidades fiscales en nuestro país. Se recibió, por cierto, al ministro Mario Marcel, cuya participación fue muy activa; a la coordinadora legislativa Consuelo Fernández y al asesor Andrés Smith.

También estuvieron presentes el exministro Rodrigo Cerda; el excoordinador macroeconómico Cristóbal Gamboni; el antiguo coordinador legislativo José Riquelme, y la directora de Presupuestos. ¿Qué quiero destacar con esto? Que asistieron los equipos económicos y las direcciones de presupuestos de gobiernos distintos: asistió la directora actual, Javiera Martínez, el coordinador macroeconómico Maximiliano Acevedo, más la asesora Montserrat Toledo, pero también la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres.

Participaron asimismo asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; y del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez y el secretario ejecutivo. También contamos con la asistencia de exministros de Hacienda y expresidentes del Banco Central: Ignacio Briones, Felipe Larraín y Vittorio Corbo.

O sea, se hizo el máximo esfuerzo por darle una lógica de Estado a la responsabilidad fiscal, que es lo que merece.

En cuanto al estudio de la iniciativa legal, se valoró en forma transversal, porque esto ayuda a fortalecer la responsabilidad fiscal. Hubo interés por conocer la metodología del Ejecutivo para medir el nivel de deuda, la conveniencia de decidirse por indicadores que registren la deuda bruta o la deuda neta, y se ahondó en conceptos de deuda óptima y de deuda prudente y sobre qué decisiones tomar para no generar un escenario de estrés fiscal.

De igual manera, se debatió a fondo el sentido y alcance de materias recogidas en la iniciativa, como la cláusula de escape, que es una cosa novedosa, o el programa de formadores de mercado, que también va en la misma línea.

Se resaltó el rol -y eso también lo quiero valorar en forma especial- del Consejo Fiscal Autónomo, que, recordemos, tuvo su origen hace no mucho tiempo, en materia de responsabilidad fiscal y por la seriedad de sus informes técnicos, y hubo acuerdo para robustecer sus atribuciones y las condiciones actuales de sus consejeros.

Hubo temas que quedaron para una discusión en otro escenario, como la automaticidad de ingresos de emergencia o la creación de políticas de fondos para desastres naturales, por la complejidad que había en poder plantearlo.

También el Gobierno destacó que el proyecto de ley es una continuidad de Estado y hace más exigible el cumplimiento de las metas fiscales de lo que acontece actualmente, todo lo cual representa un avance muy relevante.

¿Sobre qué giró la discusión?

Voy a necesitar más tiempo, Presidente; no mucho más, porque voy a tratar de ser breve.

Primero, se modifica el decreto de política fiscal y regla dual. Según aquello, el Presidente de la República, en los primeros días de su mandato, establecerá el decreto de política fiscal, que deberá contener un pronunciamiento explícito sobre las implicancias y efectos que tendrá sobre el balance estructural; incluir un ancla de deuda de mediano plazo, y ser acompañado de un apartado metodológico explicativo.

El Consejo Fiscal Autónomo, a su vez, deberá emitir su opinión acerca de la idoneidad de las metas al cierre de cada año.

En el evento excepcional de que haya una sustitución del decreto cuando se active una cláusula de escape o por otras causales extraordinarias, se deberá justificar e informar al Congreso y al Consejo Fiscal Autónomo.

Adicionalmente, cuando al cierre definitivo del año fiscal la política pueda estar desviada de las metas establecidas sin que se cumplan las condiciones para activar la cláusula de escape, el Ministerio de Hacienda deberá establecer las acciones correctivas necesarias para retornar a una situación fiscal sostenible, oyéndose al Consejo Fiscal Autónomo.

En segundo lugar, se aumentaron las cláusulas de escape. ¿Y qué son? Básicamente, mecanismos que permiten el desvío temporal de las reglas fiscales existentes como respuesta a eventos inusuales, a shocks que están fuera del control de los países y que lamentablemente hemos visto que ocurren. La pandemia fue un shock y generó algo que estaba fuera del control de los países.

Lo anterior debería ser activado en circunstancias en que sea necesaria una respuesta contracíclica de gran magnitud de la política fiscal, como puede ocurrir ante crisis económicas, desastres naturales, shocks migratorios, shocks en los precios de los commodities, rescates bancarios o por razones de seguridad nacional.

También se analizó quiénes recomiendan la aplicación de dichas cláusulas.

Ante eventos extraordinarios es el Ministerio Hacienda el que hasta por dos años puede avanzar en esa línea, y se explicitan en el proyecto cuáles son las causas de activación de dichas cláusulas y cuál es la lógica de información, con todos los datos que debemos obtener por parte del CFA.

En tercer lugar, se plantean los informes financieros, que es un tema distinto, donde se señala que se deberán elaborar informes financieros de los proyectos de ley y convenios internacionales que el Presidente presente a tramitación, incorporando un análisis de largo plazo para aquellas iniciativas con impacto significativo en las proyecciones de ingresos y/o gastos.

La oportunidad para presentar los informes financieros es hasta antes de la cuenta del proyecto de ley, convenio internacional o indicaciones de que se trate.

Y se establece el deber de publicar un informe financiero consolidado en los treinta días siguientes a la publicación de la ley.

¿Cuántas veces se ha planteado en este Congreso la necesidad de hacer un seguimiento respecto de lo que era su informe y lo que pudo haber generado una ley en sí misma? Ahora se establece el deber de realizar el seguimiento de su impacto.

En cuarto lugar, tenemos una aspiración de mejor gasto, evaluación y transparencia, donde la Diprés deba informar anualmente sobre ciertas materias a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado y publicar en su la página web sobre la eficiencia del gasto.

Adicionalmente, hay lógicas en cuanto a la extinción de los fondos que se consideran en los fondos de reserva.

Se especifica que el principal objetivo del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) es estabilizar las finanzas públicas en el tiempo ante cambios abruptos en el ciclo económico. La idea es que preferentemente acumule recursos en todos los casos en que el superávit fiscal lo permita producto del ejercicio anual, para ser utilizados con motivo principal de la estabilidad en la provisión de bienes y servicios públicos a través del tiempo, conforme a las reglas que conocemos en materia de acumulación y uso.

Se establecen normas respecto del aporte.

Y en el programa de formadores de mercado, el Fisco, a través del Ministerio de Hacienda, designará entidades con el fin de proveer liquidez a los títulos soberanos, lo cual implica una serie de obligaciones: participar en el mercado primario; actuar como creador de mercado en el mercado secundario; proveer información de mercado a la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, y emitir informes trimestrales.

Por otra parte, hubo modificaciones a la ley que creó el Consejo Fiscal Autónomo, que insisto en valorar, al cual se le agrega una nueva función institucional, que es evaluar y monitorear las proyecciones de los indicadores que guíen las reglas fiscales vigentes, y de los activos financieros del Tesoro Público, para el año en ejecución, el presupuestado y aquellos comprendidos en el programa financiero de mediano plazo, incluyendo los escenarios alternativos.

Se establecen incompatibilidades con el cargo de consejero y también se genera un incremento en la cantidad de reuniones máximas consideradas en la dieta, a fin de reconocer la dedicación horaria que hoy día se presta, que hemos visto en los distintos informes que han presentado, por ejemplo, en la Mixta de Presupuestos, que son especialmente útiles al momento de tomar decisiones.

Se hicieron varias modificaciones en la última parte de la discusión, escuchando muchas de las sugerencias que había planteado la Comisión de Hacienda, y se estableció que el decreto de política fiscal deberá contener un pronunciamiento explícito de las implicancias y efectos que tendrá su política fiscal sobre el balance estructural y el anclaje de la deuda.

Habrá un pronunciamiento sobre el rol de la política de activos del Tesoro Público en el Informe de Finanzas Públicas.

Se modificaron algunas cláusulas de escape, que ya he descrito de alguna forma.

Finalmente, se modifica y se consagra a nivel legal el Informe de Finanzas Públicas trimestral; queda específicamente incorporado dentro de la ley el informe trimestral con la actualización del escenario fiscal que considere una proyección de ingresos y gastos.

Como ven, se trata de un tema que no es simple y tampoco significa que no sea muy importante. Da una garantía al país de que la responsabilidad fiscal es parte de los activos, que se mantiene, y que espero se vigorice a partir de este proyecto.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, y ojalá que lo mismo suceda con la votación que se produzca en la sala del Senado.

He dicho, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, senador Juan Antonio Coloma, por su completo informe, en representación de la Comisión de Hacienda.

Le ofrezco la palabra a continuación al señor ministro Mario Marcel.

El señor MARCEL (ministro de Hacienda).- Muchas gracias, Presidente.

Como usted bien acaba de señalar, el informe que ha dado el senador Coloma sobre el análisis que hizo la Comisión de Hacienda ha sido bien completo, así que simplemente quisiera destacar un par de cosas.

Primero, cómo este proyecto refleja la manera en que ha ido evolucionando nuestra institucionalidad fiscal.

El proyecto modifica la ley N° 20.128, del año 2006, que incorporó elementos de gestión financiera en la regla fiscal, en aplicación desde el 2001, pero que hasta ese momento no se había visto reflejada en la legislación.

Luego, como se señala en el mismo proyecto, en el 2019 se dictó la ley N° 21.148, que creó el Consejo Fiscal Autónomo, agregando, por tanto, una institución que cumple un rol importante en términos de seguimiento y evaluación de lo que va siendo el cumplimiento de las metas de política fiscal.

La iniciativa en análisis hace ajustes a estas dos legislaciones, de tal manera de fortalecer la regla fiscal y crear una cláusula de escape para aquellas situaciones excepcionales en las cuales no se pueda cumplir la regla fiscal.

Asimismo, fortalece el Consejo Fiscal Autónomo desde el punto de vista de sus recursos y su operación.

Al mismo tiempo, agrega una serie de disposiciones ligadas a la gestión de activos y pasivos públicos, particularmente a través de las normas de operación de los fondos soberanos, de reserva de pensiones y de estabilización económica y social, así como al programa de formadores de mercado, que corresponde a operaciones que realiza el Ministerio de Hacienda y que permiten desarrollar el mercado por deuda pública, sin necesariamente incrementar los compromisos fiscales.

Eso está en este proyecto, que ha tenido una tramitación relativamente larga, porque fue iniciado en el Gobierno anterior; después vino la discusión con la actual Administración, al comienzo de su período, y finalmente la Comisión de Hacienda incorpora ahora un conjunto de indicaciones que hoy día aparecen integradas en su informe.

Por lo tanto, es un proyecto que busca dar un paso adicional en la institucionalización de nuestra política fiscal, fortaleciendo la aplicación de reglas, pero también estableciendo las situaciones en las cuales estas no se puedan cumplir, donde fija el procedimiento a través del cual se establecen esas excepciones, y también el regreso al cauce de la política fiscal una vez superada la emergencia.

Presidente, quisiera referirme a las dos normas sobre las cuales, entiendo que por solicitud del senador Núñez, se ha pedido votación separada.

La primera se refiere al rol del Consejo Fiscal Autónomo para evaluar la idoneidad de las metas de política fiscal al momento de formularse en el decreto que debe emitirse al comienzo del mandato del gobierno.

A este respecto, la preocupación que expresa esta votación separada es atendible porque, según entiendo, lo que busca es no confundir la responsabilidad del Ejecutivo, por la formulación de la política fiscal, versus la responsabilidad del Consejo Fiscal Autónomo.

En ese sentido, hay que tener claro que lo que señala este artículo, y destaco particularmente lo que está al final, es que el Consejo Fiscal Autónomo emite una opinión fundada acerca de la idoneidad de las metas formuladas para la sostenibilidad fiscal, en el marco de sus potestades legales. Este último componente, "el marco de sus potestades legales", tenemos que leerlo en consonancia con la ley que creó el Consejo Fiscal Autónomo.

Entonces, en el artículo 2° de la ley N° 21.148, al señalar las funciones del Consejo, se especifican: evaluar y monitorear; participar como observador; formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del balance estructural; manifestar su opinión; evaluar la sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas públicas, y asesorar al Ministerio de Hacienda.

Estos son los encabezados de cada una de las funciones que se le establecen al Consejo Fiscal Autónomo.

De ahí debemos colegir que el hecho de que el Consejo Fiscal emita una opinión respecto de la idoneidad de las metas es básicamente para plantear públicamente las características de la política fiscal que se está implementando, o que se pretende implementar, a través del decreto, pero eso no obsta que el Ejecutivo ejerza o formule la política fiscal a través de ese medio.

Entonces, es importante tener presente que el rol que cumple el Consejo Fiscal Autónomo al momento de informar acerca de lo que implica la política fiscal formulada por el gobierno no incide en la responsabilidad y la facultad del Ejecutivo para formular esa política fiscal.

El segundo punto se refiere a la aplicación de las cláusulas de escape y las situaciones en las cuales estas se puedan invocar.

Lo que señala el proyecto sobre la cláusula de escape es que se aplica en los casos en los cuales hay eventos extraordinarios y transitorios, ajenos al accionar propio de la administración y que ocasionen un deterioro significativo en la actividad económica, el empleo, o que perjudiquen la situación financiera o de sostenibilidad económica y/o social del país. Es decir, la cláusula de escape está planteada para situaciones que, por su envergadura, no sean posibles de absorber a través de otros medios que no sea suspender durante un tiempo el cumplimiento de la regla fiscal.

Por supuesto, hay muchas situaciones excepcionales no predecibles que se producen en el curso de los años, pero que son de una envergadura menor que permite que sean absorbidas dentro del manejo fiscal regular o de la generación de recursos adicionales que posibiliten mantener la meta de política fiscal sin necesidad de invocar la cláusula de escape.

Este último caso es el que acabamos de conocer a propósito de los incendios en la región de Valparaíso durante este verano, como ustedes recordarán, porque se acaba de legislar sobre la materia. Y lo que hizo el Ejecutivo fue plantear un mecanismo de generación de recursos adicionales para financiar el costo de la reconstrucción a raíz de esos incendios.

Por lo tanto, no es necesario invocar una cláusula de escape, sino que es posible generar recursos adicionales para abordar esos gastos sin necesidad de estar recortando otras partidas.

En el fondo, cuando hablamos de una cláusula de escape nos estamos refiriendo a eventos de tal envergadura que no pueden ser absorbidos ni dentro de la gestión normal del Presupuesto ni a través de medidas transitorias, como las que acabo de mencionar, y que es lo que obliga a invocar la cláusula de escape.

¿Qué ejemplos tenemos?

Existen ejemplos bien cercanos, como la pandemia, o la crisis del COVID-19. También está el caso del terremoto del 2010. En ambas situaciones se abandonaron las metas de política fiscal, pero se hizo de acuerdo a la institucionalidad actual, que consistió simplemente en dejar de cumplirlas, sin indicar por cuánto tiempo ni a través de qué mecanismo se retomaría el cauce de la política fiscal.

Lo que se plantea aquí es que para ese tipo de situaciones se genere este dispositivo, pero de una manera regulada, indicando cómo ir recuperando la situación fiscal una vez superada la emergencia.

Ese es el sentido de lo que aquí está señalado.

Por lo tanto, lo relevante es lo que el proyecto da a entender con relación a estas cláusulas de escape respecto de las magnitudes de los eventos a los cuales se está respondiendo, y al hecho en particular de que sean ajenos al accionar propio de la Administración.

O sea, aquí no se está haciendo una distinción entre eventos que se producen por una causa humana y por causa de la naturaleza, sino que se está poniendo el énfasis en su envergadura y en que no correspondan a acciones de una Administración que, por su propia incapacidad de manejar bien la economía o sus finanzas públicas, termine abandonando también la regla fiscal.

Entonces, creo que podemos aclarar el sentido de las normas para las cuales el senador Núñez estaba pidiendo votación separada. Así que espero que podamos clarificar bien el sentido de eso y votarlo idealmente en conjunto con el resto de la normativa.

Gracias, Presidente.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor ministro.

Le ofrezco la palabra, a continuación, al senador José García Ruminot.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidente.

Quiero saludar al señor ministro de Hacienda, que se encuentra con nosotros.

En primer lugar, quiero señalar que esta iniciativa fue ingresada en septiembre del 2021 bajo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y forma parte del fast track legislativo acordado con el Ejecutivo.

Tanto en los últimos años como por el estallido social y la pandemia del COVID-19 se deterioraron fuertemente nuestras finanzas públicas, reflejándose en contantes déficits fiscales, menor ahorro de fondos soberanos, aumento de la deuda bruta y mayores pagos por concepto de intereses.

Según el último Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de este año, finalizamos el 2023 con un déficit fiscal estructural de 2,7 por ciento del producto interno ruto, y un déficit efectivo de 2,4 por ciento, también del producto interno bruto. La deuda bruta se ubicó en 39,4 puntos porcentuales del PIB: poco más de 125 mil millones de dólares. Las proyecciones para este año indican que los déficits fiscales persisten: déficit estructural de 2,2 por ciento del producto interno bruto; déficit efectivo de 1,9 puntos porcentuales del producto interno bruto, mientras que la deuda bruta cerraría en 40,6 por ciento del PIB.

Estos antecedentes demuestran lo crucial que es despachar este proyecto para lograr la sostenibilidad fiscal en el corto plazo y reafirmar el carácter de política fiscal dual; es decir, la meta de balance estructural con un ancla de nivel prudente de deuda, que actualmente se estima en un 45 por ciento del producto interno bruto.

¿Cuáles son los ejes más relevantes de este proyecto?

En primer lugar, define y regula las cláusulas de escape vía decreto, las cuales son desvíos de la política fiscal del gobierno de turno a causa de factores exógenos a este, ya sea por desastres naturales o shocks económicos de gran envergadura. Se define que la cláusula de escape no puede ser mayor a dos años.

Asimismo, el Ejecutivo deberá presentar un plan de convergencia fiscal para retomar las metas de balance estructural definidas en la política fiscal original.

Una segunda materia es que se brinda mayores atribuciones al Consejo Fiscal Autónomo, órgano que asesora al Ministerio de Hacienda en el manejo de las finanzas públicas, el cual tendrá un mayor pronunciamiento sobre las decisiones de política fiscal y un rol más activo.

Respecto a los informes financieros consolidados, la Diprés deberá elaborar un informe financiero consolidado, una vez publicada la ley, que muestre el impacto en ingresos y gastos de la política pública.

Se establecen nuevas reglas de retiro del Fondo de Reserva de Pensiones, destinado a apoyar financieramente las obligaciones previsionales.

Finalmente, señor Presidente, quiero relevar la importancia de este proyecto para el manejo responsable y prudente de las finanzas públicas, reafirmando nuestro compromiso con la convergencia y sostenibilidad fiscal.

Voto a favor, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor WALKER (Vicepresidente).- Muchas gracias, senador José García Ruminot.

Le ofrecemos la palabra, a continuación, a la senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.

Quiero saludar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al ministro secretario general de la Presidencia, quienes se encuentran presentes en la discusión de este proyecto, que, tal como lo ha dicho el ministro, busca perfeccionar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es un legado clave de los gobiernos de la Concertación.

Chile ha mantenido una gestión financiera fiscal responsable y ordenada que ha contribuido al desarrollo económico y social de nuestro país. Esta sólida gestión también nos ha permitido avanzar en la resolución de los problemas de desigualdad que están presentes en Chile y que aún se mantienen. Además, es necesario conservar ahorros para enfrentar diversas crisis, como la que ocurrió recientemente ante la pandemia.

Y esta tarea de mayor equidad social no ha terminado. Hay muchos desafíos sociales que requieren un financiamiento fiscal permanente y una mayor inversión fiscal para generar un país con más inclusión social.

Al respecto, quiero llamar la atención, si me lo permite el ministro secretario general de la Presidencia, sobre algunos temas que son importantes en el debate de nuestro país, como el subsidio eléctrico para las familias más vulnerables, que busca atenuar el impacto de las fuertes alzas tarifarias que se van a vivir en este semestre y el próximo.

De los 120 millones de dólares que significa el costo anual de este subsidio, solo 20 millones provienen de aportes fiscales. El resto son subsidios cruzados provenientes de clientes residenciales de mayores consumos. Un subsidio como este requiere un mayor financiamiento fiscal de modo permanente. No podemos estar debatiendo cada tres años si es necesario o no un subsidio para las familias más vulnerables a fin de atenuar las altas alzas tarifarias.

Garantizar el acceso a servicios básicos como la electricidad requiere de apoyos permanentes y no por tres años, como se estableció en la ley N° 21.667, debido a la restricción fiscal que se ha señalado.

También, a pesar de la crisis de natalidad que estamos viviendo, se requiere incrementar la inversión para tener una mejor educación, desde la cuna, desde la primera infancia, que sea de calidad en el presente y en el futuro. Y aquí estamos estancados desde hace años.

Así como a algunos en esta sala les preocupan los niveles de deuda fiscal, a mí, en lo personal, también me preocupa lo que hemos hecho desde hace ya muchos años: una baja o lenta ejecución de los recursos fiscales en el ámbito de la inversión pública, en infraestructura y para qué decir en proyectos de innovación productiva.

Entonces, miremos lo que está pasando hoy, en este año 2024. Se requiere mejorar la ejecución de la inversión en innovación, en tecnología, que tienen la Corfo, el Ministerio de Ciencia. Hasta abril, en la Corfo los programas de innovación llevaban una ejecución de tan solo 14 por ciento en promedio; y en ciencias, de 24 por ciento. Para poder crecer en la nueva economía, se requiere innovar. En Chile no se están ejecutando oportunamente los recursos para innovación, como lo demuestra la ejecución presupuestaria en la Corfo o en el Ministerio de Ciencia, solo por dar estos ejemplos.

En materia de proyectos de inversión, hay lentitudes que son inexplicables en el Poder Judicial, en el Ministerio de Salud, en ciertas áreas del Ministerio de Obras Públicas, en la educación pública.

Por lo tanto, tenemos un desafío, que es mejorar la calidad de la gestión pública, que no quiero que se olvide en este debate, que tiene mucho que ver con la responsabilidad fiscal.

Dadas las explicaciones del ministro en su intervención, voy a votar a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora.

Ofrecemos la palabra al senador don Carlos Ignacio Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Gracias, Presidente.

Quiero también anunciar mi voto favorable a este proyecto, tan importante, relativo a la promoción de la responsabilidad fiscal y la transparencia en la gestión financiera del Estado.

En los últimos dos años, los indicadores de crecimiento, de inflación, han sido particularmente malos: estamos estancados. Pero este estancamiento viene desde el 2014, a partir de la reforma tributaria.

La inversión interna y también la externa están muy reducidas. La inversión tanto pública como privada ha perdido poder adquisitivo. Ello ha afectado la capacidad de inversión nacional e internacional; pero sobre todo la privada, porque hemos vivido un proceso inflacionario generado por las malas políticas públicas que vienen desde el Gobierno y desde el Congreso, de nosotros mismos.

Hace dieciséis años que viene reduciéndose la productividad de los factores. Los indicadores de educación no dejan de bajar, particularmente en la educación pública y los servicios locales de educación, que están muy mal gestionados. Y, sin embargo, seguimos perseverando en esa política equivocada.

Fíjese, Presidente, que se ha subido el impuesto a las empresas y a las personas. Hoy día el impuesto a las empresas en Estados Unidos es de 21 por ciento, y en Chile, de 27 por ciento. ¿Cómo salimos en esa foto? ¿A dónde se van los recursos?

Con las personas pasa algo por el estilo. ¿Por qué hemos llegado a este extremo? Porque no se considera como impuesto a los fondos previsionales, ni muchas veces a las cotizaciones en salud.

La calidad y la eficiencia de nuestra inversión y de nuestro gasto se deterioran año tras año. Existe gran cantidad de partidas presupuestarias, unos dos tercios, mal evaluadas, pero que se siguen incrementando año a año. No les hacemos caso a las entidades evaluadoras. Ahora decimos que les empezaremos a hacer caso a otros organismos, como el Consejo Fiscal Autónomo, etcétera, etcétera. Pero aquí hay expertos, asesores de los propios parlamentarios, de los propios ministerios, que nos advierten de la situación y nosotros aun así nos equivocamos.

La deuda de los ministerios no deja de crecer, particularmente la de los Ministerios de Salud, de Vivienda, de Obras Públicas. Hay atrasos, tramitología y permisología. Hay ministerios especializados en detener inversiones públicas, como el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene prácticamente paralizadas las construcciones de viviendas. Por ejemplo, en Osorno la municipalidad compró unos terrenos y ahora sucede que son todos humedales, por lo que solo se puede construir en un tercio de ellos. ¡Para qué los compran! ¡Por qué no lo advierten a tiempo!

Con Obras Públicas pasa lo mismo: hay gran cantidad de obras detenidas porque por el camino se han hecho insoportables los costos y los precios.

Nuestras empresas públicas están endeudadas también. Hoy día ya estamos superando el 45 por ciento señalado acá si se considera a todas las entidades.

En cuanto a la deuda de los municipios, nosotros estamos atrasados con esta cifra, particularmente en el municipio de Chiloé -lo he mencionado otras veces-, y en el de Puerto Montt. La deuda pública llega a 17.000 millones.

Se acaba de cumplir el primer cumpleaños del show de las fundaciones, de las corporaciones. ¡No se ha recuperado un peso! Todas las platas que arbitrariamente se traspasaron desde ministerios, desde algunas corporaciones, desde municipios, desde gobiernos regionales no se han recuperado y nos vuelven a decir: "Hagamos un pacto fiscal y subamos los impuestos". ¿Para qué?

Tenemos un deterioro fiscal de las cuentas públicas al que no se le hace caso. Durante las vacas gordas, que es cuando debiéramos ahorrar, no se ahorra, se gasta; y durante las vacas flacas se gasta y nos endeudamos dramáticamente.

Aquí hay varios aspectos específicos. Respecto a la calidad y la transparencia, me parece que todo está suficientemente advertido, pero no se hace caso a las luces de advertencia.

La deuda bruta del Gobierno central, como digo, no se calcula en su totalidad. Aquí faltan las empresas, faltan las corporaciones, faltan los municipios y algunos ministerios, que están pésimamente gestionados, porque también tenemos fallas en las superintendencias que tienen que ver con esto.

A la Contraloría uno le advierte: "Señores, así como vamos habrá un déficit en tal o cual municipio". Pero seguimos avanzando y nos caemos al precipicio. Nadie frena la mala gestión. Todo se calcula según antiguos anhelos, viejas aspiraciones, en fin; pero no se evalúa técnicamente tanto la parte social como privada de los proyectos.

En cuanto a los informes de finanzas públicas, conozco muy pocas acciones correctivas y estas son la excepción. A mí me gustaría saber todas las advertencias que hemos recibido y qué acciones correctivas se han hecho al lado. ¡Nada! Y a veces se aumenta el presupuesto de las mismas partidas mal evaluadas.

Creo que muchas veces el Gobierno es autor o, en el mejor de los casos, cómplice de la mala gestión de los recursos fiscales. Así que hago un llamado a hacerle caso a toda la institucionalidad que hoy día tenemos.

El Consejo Fiscal Autónomo deberá trabajar más; seguramente va a tener que gastar más, no lo sé, pero tampoco le vamos a hacer caso. Estamos llenos de asesores, en la Biblioteca, en el Senado, tenemos apoyo. Nunca se les hace caso. Los proyectos una y otra vez aparecen mal evaluados y volvemos a gastar y aumentar sus presupuestos, y cada cierta cantidad de años se pretender volver a subir los impuestos cuando ya no es posible si nos comparamos con otros países.

En las distintas mediciones internacionales también estamos cada vez un poquito peor. Tenemos aspectos fundamentales olvidados. Hoy día Perú está terminando de inaugurar un megapuerto en Chancay, y nosotros aquí, mirando para la carnicería.

No hacemos nada; estamos con los discursos. Aquí se anuncia productividad, investigación, transferencia tecnológica. ¿En qué, cuando son muy pocas las inversiones?

En mi región no se aumenta la producción. Cada vez tenemos menos ganadería, menos producción forestal, menos producción de acero. En esto último les están echando la culpa a los chinos por la mala producción, pero en realidad se están construyendo menos viviendas.

Entonces, las cosas que estamos planteando, nosotros creemos que las va a hacer alguna oficina o un ente o un indicador.

Pese a todo lo anterior, yo voto a favor. Y hago presente, de nuevo, que voté en contra del presupuesto fiscal de este año, por las mismas razones que estoy explicando.

Gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senador Kuschel.

Se ha inscrito la senadora María José Gatica.

Tiene la palabra, senadora.

La señora GATICA.- Gracias, Presidente.

Primero, quiero saludar a los ministros que nos acompañan hoy en la sala.

Yo voto a favor del proyecto, Presidente.

Sin embargo, aprovechando la instancia de que se encuentran aquí dos autoridades del Ejecutivo, quisiera hacer nuevamente el requerimiento al ministro Elizalde para que se ayude a las familias de Neltume, de la comuna de Panguipulli.

Ojo, en la comuna de Panguipulli hace un par de días se logró desbaratar la fábrica clandestina de armas más grandes que se ha encontrado en la historia de nuestro país. De esa misma comuna estoy hablando yo.

Esas familias forman parte de distintos comités de vivienda de Neltume y llevan tres años esperando que la burocracia estatal se ponga de acuerdo para poder traspasar un terreno que es de Bienes Nacionales, pero lamentablemente las autoridades no han sido capaces de hacerlo.

Así que, por su intermedio, Presidente, solicito nuevamente que el Ejecutivo haga la pega, porque el panorama que se ve en nuestro país no es bueno.

Si no queremos que esta cosa siga empeorando, contribuyamos todos.

Insisto en hacer esa petición, Presidente.

Por otro lado, ya que está aquí el ministro Marcel, quisiera reiterar una petición que hemos hecho durante mucho tiempo y que espero que se ejecute en una acción concreta: darle dinamismo a la economía de nuestro país.

Hoy día se habla de permisología cuando realmente se tiene que llamar "burocracia estatal", ¿cierto?, burocracia estatal que está identificada en dos grandes focos, que lamentablemente, en la región de Los Ríos, están sumamente latentes: uno tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales y el otro, con el Servicio de Evaluación Ambiental.

¿Sabían ustedes que en estos dos últimos años han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental cerca de ochenta proyectos en mi territorio y solamente dos han sido aprobados?

Ahí les doy un buen ejemplo de lo que significa la famosa burocracia estatal, que hoy día es llamada "permisología", porque a los chilenos, y sobre todo al Estado, nos gusta cambiarles el nombre a las cosas: decimos "contribuciones", cuando realmente son impuestos, o "permiso de circulación". ¡Son impuestos!

¡Digamos las cosas tal y como son! Empecemos a decir las cosas como son a nuestra gente.

Además, estos dos temas en los que me enfoco lamentablemente aumentan mucho la burocracia estatal y lo único que generan es paralización de proyectos, paralización de inversiones, y frenan los empleos. Y si no hay trabajo, la gente no tiene con qué comer. ¡Así de simple!

Hace un par de días me llegó un caso crítico que a mí por lo menos nunca me había tocado: una persona estaba en una situación tan lamentable que no tenía qué comer. Nunca me había pasado. Yo soy nueva aquí, en el Congreso, pero llevo hartos años trabajando en el servicio público. Y claro, para nosotros es fácil hablar de la boca para afuera, pero tener la necesidad es distinto. Lograr empaparnos de la real necesidad que se está viviendo hoy día en el país es fundamental. ¡Y para eso estamos aquí, pues!

Por eso quiero hacer aquí el traspaso de la solicitud -y también es un compromiso que estableció el Presidente de la República en su cuenta pública- de agilizar los procesos burocráticos de nuestro país.

Asimismo, quiero saber, en el caso específico de la Ley sobre Monumentos Nacionales, en qué va la mejora a su reglamento. Hace un par de meses se comprometieron desde el Consejo de Monumentos Nacionales a actualizar ese reglamento.

Y aquí vuelvo al ejemplo de siempre, que ya parece reiterativo, majadero, que es la construcción del hospital de La Unión. Ese proyecto lleva adjudicado cerca de dos años; cuenta con la plata, con todo; pero, lamentablemente, por este tipo de situaciones, por la no ejecución de las tareas, por la no definición, por la falta de certezas, está paralizado.

Por otro lado, me toca trabajar mucho con comités de vivienda, y en este punto yo adhiero al comentario que hizo el senador Kuschel. Hay un plan de emergencia habitacional que está enfocado en las familias más vulnerables de nuestro país. Los subsidios siempre van a existir; por lo tanto, esa gente siempre va a recibir una ayuda del Estado.

Pero, ¿qué pasa con la clase media? ¿Qué respuesta les damos a esas personas, considerando que los bancos, lamentablemente, no están entregándoles créditos hipotecarios para que puedan adquirir una propiedad -y endeudarse al fin y al cabo-, propiedad que en algún momento va a poder ser suya?

¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál va a ser la solución que les vamos a entregar: seguir inventando más impuestos para continuar acogotando a las familias chilenas, o buscar otra solución, con un plazo acotado, de aquí a dos o tres años?

En vez de aumentar impuestos a los chilenos, hagamos una rebaja, por ejemplo, en las contribuciones, en el impuesto al patrimonio, en el IVA a la construcción, etcétera. Podemos hacer una modificación en ese sentido con un plazo acotado, ministro -por su intermedio, Presidente-, para empezar a bajar el valor de las propiedades.

Al fin y al cabo, ese es el problema que existe hoy día en nuestro país: las propiedades siguen subiendo de precio, pero los sueldos no suben; al contrario, aumenta el desempleo.

Pongo esta propuesta sobre la mesa, Presidente, porque creo que la cosa no se ve para bien. ¡No se ve para bien!

Ya tuvimos un estallido social, y todos sabemos cuál fue su resultado. Y en ese momento la situación económica en nuestro país no estaba en las condiciones en que se encuentra hoy día. Por lo tanto, si en algún momento la justificación fueron 30 pesos, hoy día la justificación podría ser perfectamente que no hay plata para comprar el pan para tomar desayuno o para tomarse una taza de café. ¡Así de sencillo!

Creo que estamos a tiempo de hacer modificaciones; pero aquí hay que dejar de lado las ideologías políticas y entender que hay que apoyar la inversión privada y no cerrarle la puerta.

Muchas gracias, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora María José Gatica.

Señor Secretario.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto?

La señora PASCUAL.- ¡Espere, Presidente!

(Luego de unos instantes).

El señor GARCÍA (Presidente).- Senadora Pascual, ¿pudo votar?

¿Senadora Sepúlveda?

(Ambas senadoras hacen gestos indicando que el sistema de votación no les funciona).

Parece que se nos cayó el sistema.

Estamos revisando.

Senadora Pascual, ¿cómo vota?

La señora PASCUAL.- A favor.

El señor GARCÍA (Presidente).- Vota a favor.

Senadora Alejandra Sepúlveda, ¿cómo vota?

La señora SEPÚLVEDA.- A favor.

El señor GARCÍA (Presidente).- Vota a favor también.

Muchas gracias.

Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, salvo las normas respecto de las cuales se pidió votación separada (30 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Macaya, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvo la señora Rincón.

El señor GARCÍA (Presidente).- Aprobada la idea de legislar y, de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento, se dan por aprobados, en particular, todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones, quedando consignado el quorum respectivo.

El señor Secretario va a indicar las solicitudes de votación separada que presentó el senador Daniel Núñez; luego le vamos a ofrecer la palabra al senador para que las explique, e inmediatamente después votaremos, si les parece.

Señor Secretario.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- Señor Presidente, el honorable senador Daniel Núñez ha pedido votación separada del inciso primero del artículo 1, contenido en el numeral 1 del artículo primero del proyecto, y del artículo primero, numeral 3.

Esas son las dos solicitudes de votación separada.

El señor GARCÍA (Presidente).- Tiene la palabra el senador Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Presidente, con relación a la primera solicitud de votación separada, quiero clarificar que no existe una diferencia con respecto al proyecto de ley -por eso con la señora Pascual lo votamos a favor- en cuanto al principio de responsabilidad fiscal: que ante gastos permanentes tenga que haber ingresos permanentes.

También compartimos el hecho de que en tiempos de bonanza, como ocurrió con el superciclo del cobre hace unos años, el Estado debe tener ahorros que le permitan enfrentar coyunturas críticas, como la que vivimos y el ministro detalló, por ejemplo, con el COVID, donde justamente hicimos uso de los fondos soberanos que se acumularon en el período del superciclo del cobre.

Sin embargo, creemos que institucionalizar un pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo sobre la idoneidad de las metas de política fiscal establecidas por el Ejecutivo excede el ámbito técnico de este organismo, establecido en el artículo 2 de la ley 21.148, y significa darle atribuciones de pronunciamiento sobre la política económica del Gobierno.

Esa es nuestra diferencia, y por eso la palabra "idoneidad", que fue bien explicada por el ministro, nos parece que no debería estar contenida en el proyecto de ley.

Por esa razón, Presidente, hemos hecho esta solicitud de votación separada.3

El señor GARCÍA (Presidente).- Muy bien.

En votación el inciso primero del artículo 1...

El señor COLOMA.- ¿Por qué no lo explica el ministro?

El señor GARCÍA (Presidente).- El ministro ya se refirió al tema. Pero, por supuesto, si solicita el uso de la palabra, no habría problema en otorgársela.

Yo entiendo que...

El señor ELIZALDE (ministro secretario general de la Presidencia).- Presidente, que hable el ministro primero, porque ayuda a entender la votación separada.

El señor GARCÍA (Presidente).- Le ofreceremos la palabra, entonces.

Senador Núñez, entiendo que usted no está de acuerdo en que el Consejo Fiscal Autónomo, dentro de los sesenta días corridos siguientes al decreto en que se establezcan las metas, se tenga que pronunciar.

¿Ese es su reparo?, ¿esa es su observación? Para tenerlo claro.

El señor NÚÑEZ.- No, Presidente.

Nosotros no estamos de acuerdo en que el Consejo Fiscal Autónomo tenga que emitir una opinión fundada acerca de la idoneidad de las metas formuladas. Eso es lo que cuestionamos, no que dicho organismo se pronuncie, porque hoy día lo hace. Nos parece que el concepto "idoneidad" se inmiscuye en las atribuciones políticas del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la ley establece que el Consejo Fiscal Autónomo es un organismo técnico y debe pronunciarse precisamente sobre los aspectos técnicos de lo que el Ejecutivo ha hecho, de la metodología, del cálculo de los ingresos; no de la idoneidad de las políticas.

Eso es lo que nosotros no compartimos.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muy bien.

Está muy claro, senador Núñez.

Ministro don Mario Marcel, tiene la palabra.

El señor MARCEL (ministro de Hacienda).- Gracias, Presidente.

Yo había explicado anteriormente que la redacción de este inciso, sobre el Consejo Fiscal Autónomo, culmina con el agregado "en el marco de sus potestades legales", y estas potestades, de acuerdo con la ley que creó dicho órgano, en general tienen que ver con evaluar, monitorear, observar, formular observaciones, manifestar su opinión, asesorar. Pero esas opiniones, que se formulan de manera pública, no necesariamente obligan al Ejecutivo a modificar su política fiscal.

Y en particular este inciso, en lo referido a "la idoneidad de las metas formuladas para la sostenibilidad fiscal", está en línea con la letra e) del artículo 2 de la Ley del Consejo Fiscal Autónomo, que incluye, entre sus responsabilidades, "Evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones".

Entonces, esta disposición no modifica la facultad del Ejecutivo de formular y ejecutar su política fiscal; simplemente incorpora una opinión o una evaluación por parte de este organismo técnico dentro de ese marco.

Eso es lo que quisiera aclarar respecto de este punto en particular.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, ministro.

Ha pedido la palabra el senador don Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Presidente, yo creo que la gracia de tener un Consejo Fiscal Autónomo es justamente que pueda expresar un punto de vista, que no es vinculante, pero que busca la adecuación de una norma determinada.

Quienes hemos estado en las reuniones de la Comisión Mixta de Presupuestos -el senador Núñez también ha participado- hemos escuchado muchas veces lo que plantea este consejo: peligros, opciones, alertas, visiones, adecuaciones. Y eso es exactamente lo que se le está estableciendo a través de instrumentos.

El senador Núñez tiene todo el derecho a pedir la votación separada, eso no está en cuestión; la discusión es que votar en contra de este inciso, a mi juicio, limita parte de lo que fue un avance muy importante en esta legislación, sobre responsabilidad fiscal, que le da precisamente esta visión más amplia al Consejo Fiscal Autónomo conforme a la ley. Especifiquemos que la norma está anclada en la ley, no está yendo más allá, porque no podría haberlo hecho.

Es muy importante tener ese aporte, que hasta ahora ha sido muy valorado. Así que yo pido votar a favor, porque es lo que de alguna manera el mismo Ejecutivo planteó, y creo que va en la línea correcta.

El señor GARCÍA (Presidente).- El señor Secretario nos va a aclarar el sentido de la votación, porque puede que haya interpretaciones distintas de si se vota a favor o en contra.

Por eso es mejor que...

El señor COLOMA.- ¡Pero si es votación separada!

El señor GARCÍA (Presidente).- Sí, es votación separada, pero la interpretación del señor Secretario es que se vota la indicación.

Por lo tanto, quienes están...

La señora PASCUAL.- ¡No!

El señor COLOMA.- ¡No es así!

(Rumores).

El señor GARCÍA (Presidente).- Señor Secretario, explique el punto, por favor.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- El senador Núñez está pidiendo votación separada del inciso primero del artículo 1, contenido en el numeral 1 del artículo primero...

El señor COLOMA.- ¡Se vota la norma, entonces!

(Rumores).

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¡Perfecto!, ¡perfecto!

El señor GARCÍA (Presidente).- Por lo tanto, quienes quieren que el texto quede tal cual votan a favor; quienes quieren que el texto no esté votan en contra.

En votación.

El señor INSULZA.- ¿Se vota la indicación, entonces?

El señor GARCÍA (Presidente).- No.

El senador Núñez pidió votación separada. Por lo tanto, quienes quieren mantener el texto como viene de la Comisión votan a favor; quienes quieren que no se incorporen estas expresiones, este inciso primero, tienen que votar en contra de la indicación...

El señor INSULZA.- ¿Todo el inciso?

El señor GARCÍA (Presidente).- El inciso completo, todo el primer inciso, exactamente.

(Pausa).

Señor Secretario.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Han votado todas las señoras y los señores senadores?

Perdón lo reiterativo, pero a veces los señores senadores están por aquí cerca y se quedan sin emitir su voto.

¿Han votado todas las señoras y los señores senadores?

Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso primero del artículo 1, contenido en el numeral 1 del artículo primero del proyecto (17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención).

Votaron por la afirmativa las señoras Gatica, Órdenes, Provoste y Vodanovic y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Flores, García, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Pugh, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe y Walker.

Votaron por la negativa la señora Pascual y los señores Núñez y Velásquez.

Se abstuvo la señora Sepúlveda.

El señor GARCÍA (Presidente).- Aprobado el inciso tal como venía en el informe de la Comisión de Hacienda.

Señor Secretario, indique cuál es la siguiente votación separada.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- La siguiente solicitud del senador Núñez es para votar de manera separada el numeral 3 del artículo primero.

El señor GARCÍA (Presidente).- Senador Núñez, tiene la palabra para explicar esta segunda solicitud de votación separada.

El señor NÚÑEZ.- Presidente, en el caso de este numeral, es necesario explicitar que no nos oponemos al establecimiento de las cláusulas de escape. Por el contrario, creemos que ellas tienen que ser más amplias en las causales que se definan, porque, como decía el ministro, por ejemplo, según las que están identificadas, uno podría interpretar que el desastre que ocurrió acá, en Valparaíso y Viña del Mar, por el incendio quedaría fuera de las situaciones excepcionales que se han fijado, ya que no corresponde a un desastre natural, sino a una catástrofe provocada por la acción humana, como lamentablemente hemos sabido, por la investigación de la Justicia.

Entonces, a nosotros nos parece que estas causales son demasiado restrictivas y, en algunos casos, interpretables. Esto es muy relevante, porque los gobiernos enfrentan contingencias y emergencias en las cuales deben hacer gastos mayores, y no nos parece razonable ponerles trabas y límites a gastos que, obviamente, son excepcionales.

Además, estimamos que volver a la meta del balance estructural solo en dos años es muy poco tiempo. Lo razonable sería haberlo dejado a lo menos en tres o cuatro años.

Por eso, Presidente, pedimos la votación separada de este numeral.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muy bien.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MARCEL (ministro de Hacienda).- Gracias, Presidente.

Primero, es importante especificar que lo que está planteado es la votación separada del numeral completo, que es la normativa que regula la cláusula de escape, tanto lo relativo a invocarla como las características o condiciones en las que se invoca y cómo opera.

Entonces, hay que tener claro que se está pidiendo votación separada respecto de toda la normativa sobre cláusula de escape.

En segundo lugar, cabe destacar que la cláusula de escape está planteada para situaciones en las cuales la envergadura del evento que se esté enfrentando sea tal que no resulte posible absorberla o resolverla financieramente por una vía que no sea abandonar la meta de política fiscal.

Por supuesto, en Chile hay muchos eventos que ocurren durante el año que tienen magnitudes que permiten resolverlos dentro del marco presupuestario o, como ocurrió en el caso de los incendios de la región de Valparaíso, mediante la generación de ingresos adicionales para poder financiar el esfuerzo de reconstrucción. En este caso no fue necesario invocar una cláusula de escape; lo que se hizo fue buscar los ingresos para financiar los gastos que demanda la reconstrucción.

Los eventos a los cuales estamos haciendo referencia acá son aquellos como la pandemia, la crisis del COVID, que no solamente en Chile sino en muchos países del mundo llevó a abandonar estas metas; o los terremotos, como ocurrió efectivamente en el 2010, cuando también se abandonó la meta fiscal por las necesidades de la reconstrucción que hubo particularmente durante ese año y el siguiente. Para los años subsiguientes ya se fue convergiendo de vuelta a las metas fiscales.

Entonces, es la magnitud de los eventos y su implicancia sobre la política fiscal lo que justifica la invocación de una cláusula de escape. No es tanto la naturaleza misma del acontecimiento, aunque el texto hace referencia a "eventos extraordinarios y transitorios, ajenos al accionar propio de la administración y que ocasionen un deterioro significativo en la actividad económica, el empleo o perjudiquen considerablemente la situación financiera o sostenibilidad económica y/o social del país".

Ese es, básicamente, el sentido de la norma. Lo que hace es crear este mecanismo, con una forma de invocarlo y de aplicarlo que permite asegurar que no sea un desvío permanente de las metas fiscales.

Eso sería, Presidente.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, ministro.

Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Me parece suficiente la explicación del ministro, Presidente. Así que sugiero votar a favor.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muy bien, muchísimas gracias.

¡Ah!, perdón, Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Presidente, solamente para decir que voy a votar a favor, pero en realidad creo que, si la indicación hubiera sido para mejorar la redacción, probablemente habría sido más adecuada, porque a mí ni lo de idóneo ni esta explicación me parece precisamente satisfactorio; lo que pasa es que, puesto en la opción de rechazar el artículo, por cierto que lo voy a votar a favor. Pero quería dejar constancia de eso: que probablemente una mejoría de la redacción habría sido un poquito más adecuada.

Gracias.

El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias.

En votación.

(Luego de unos instantes).

Llamamos a las señoras senadoras y a los señores senadores a emitir su voto.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto?

El señor GARCÍA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el numeral 3 del artículo primero (19 votos a favor y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Gatica, Órdenes, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Flores, García, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Pugh, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvieron la señora Pascual y el señor Núñez.

El señor GARCÍA (Presidente).- Se mantiene el texto tal como venía redactado desde la Comisión de Hacienda.

Por haberse aprobado todas sus normas, queda despachado el proyecto.

Muchísimas gracias.

Muy buenas tardes.

Habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que se han solicitado.

PETICIONES DE OFICIOS

--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:

De: señora ALLENDE:

Para: fiscal nacional del Ministerio Público.

Asunto: número de delitos de aborto ingresados ante el Ministerio Público, según tipo penal; número de personas imputadas, formalizadas y condenadas por dicho delito desde 2020 a la fecha.

Para: ministro de Economía, ministra de Minería, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ministro de Energía y ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Asunto: enviar estudios, informes y estadísticas disponibles sobre porcentaje de participación de mujeres en sectores de la construcción, minero, de transporte, energético, de finanzas y de investigación y desarrollo.

Para: ministra del Trabajo y Previsión Social.

Asunto: posibilidad de patrocinar proyecto de ley que agiliza la tramitación de pensiones de invalidez para enfermos terminales.

Para: ministra de Salud y ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Asunto: informar sobre implementación de ley No 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Para: subsecretaria del Deporte.

Asunto: proyectos beneficiados con fondos públicos, con sus respectivos montos asignados, personas o entidades ejecutoras y períodos de ejecución.

Para: seremi de Deportes de Valparaíso.

Asunto: dar a conocer proyectos beneficiados en la región de Valparaíso con fondos públicos, con sus respectivos montos asignados, personas o entidades ejecutoras, lugares y períodos de ejecución.

Para: presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero.

Asunto: información sobre medidas de inclusión a personas con discapacidad en servicios financieros ofrecidos por la banca, lineamientos en atención de clientes y estándares mínimos para accesibilidad universal en puntos de venta y cajeros automáticos.

Para: directora de Junaeb.

Asuntos: 1) Medidas adoptadas por organismo a su cargo con respecto a resultados de "Mapa Nutricional" y otros estudios sobre mala nutrición en niños, niñas y adolescentes del país, especialmente en región de Valparaíso.

2) Información sobre convocatorias realizadas durante primer trimestre de 2024 a federaciones y confederaciones de manipuladoras de alimentos, así como estado de avance de las mismas y acuerdos adoptados (reiteración de oficio No 370/INC/2024).

Para: director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

Asunto: normas que regulan autorización y funcionamiento de clínicas veterinarias, plan de fiscalización y nómina de sanciones aplicadas desde 2020 a la fecha, desagregadas por región y/o comuna.

Para: directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Asunto: ejecución de presupuesto de la Red SAMU del servicio a su cargo.

Para: director del Serviu de Valparaíso.

Asunto: estado de proyecto de reparación de puente Capuchinos (avenida España, Viña del Mar) y solicitud de nómina de proyectos en ejecución en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

De: señor ARAYA.

Para: contralora general (S) de la República.

Asunto: cumplimiento de protocolos en asignación de subsidios por parte de Serviu de Antofagasta a dos exfuncionarias de dicha repartición.

De: señor DE URRESTI:

Para: ministra de Obras Públicas y directora de Obras Hidráulicas.

Asuntos: 1) Proyectos de agua potable rural en sectores Los Ciruelos (comuna de Los Lagos), La Luma-Hierbas Buenas (comuna de Paillaco) y Chancoyan (comuna de Valdivia).

2) Proyectos de obras públicas planeados para sector Las Lajas (comuna de Los Lagos).

3) Antecedentes sobre modificaciones estimadas al DFL 50 y, consecuentemente, al manual de diseños SSR vigentes, relativo a la definición de arranques domiciliarios asociados a un inmueble, no a viviendas existentes.

Para: ministra de Obras Públicas y director de Vialidad.

Asunto: información respecto de programa de reposición de puentes ruta T-45 Riñihue-Flor del Lago-Enco, comuna de Los Lagos.

Para: ministro de Vivienda y Urbanismo y ministra del Medio Ambiente.

Asunto: antecedentes acerca de contenido de convenio firmado este mes por ambas carteras y la FAO para iniciar un proceso a fin de elaborar una estrategia nacional de infraestructura verde para Chile.

Para: ministro de Vivienda y Urbanismo y Serviu de la Región de Los Ríos.

Asunto: información sobre estado de subsidios entregados por la cartera, a partir del Programa de Habitabilidad Rural (DS10), para la "Construcción en Sitio del Residente" a diferentes familias y personas de las localidades de Los Ríos.

Para: ministro de Agricultura, director del Consejo Nacional de Riego y encargado de Oficina Birregional de Riego de Los Ríos y Los Lagos.

Asunto: posibilidad de contar con una oficina regional del Consejo Nacional de Riego con atención exclusiva para región de Los Ríos.

Para: director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Asunto: revisión de solicitud de posesión efectiva presentada por familia de don Eduardo Vera Reyes, a quien se le atribuyen herederos inexistentes en calidad de hijos, a fin de dar curso a tramitación que se mantiene pendiente.

De: señora GATICA.

Para: Presidente de la República y ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Asunto: solicita atender requerimiento del "Frente de Trabajadores de Sename Los Ríos", en orden a dar cumplimiento a compromisos asumidos durante la tramitación de la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

De: señor KEITEL.

Para: ministro de Hacienda.

Asunto: estado de solicitud formulada a ministra del Interior y Seguridad Pública por bomberos de región del Biobío para recibir la ayuda económica que les permita reembolsar los gastos en que incurrieron a fin de atender emergencias producidas por últimos temporales.

Para: ministro de Educación, ministra de Salud y directora nacional de Junaeb.

Asunto: plan para correcta fiscalización de calidad de los alimentos entregados a niños por Junaeb, considerando los conceptos de comida saludable establecidos por el ministerio de Salud.

Para: ministro de Educación y seremi de Educación del Biobío.

Asunto: plan para abordar el retraso en el pago de remuneraciones a los trabajadores de sector educacional municipal de Lota.

Para: ministro del Deporte, director del Instituto Nacional del Deporte, alcalde de San Pedro de la Paz y presidente del Comité Olímpico.

Asunto: plan para abordar el correcto traspaso de implementos deportivos utilizados en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a las organizaciones de remo y canotaje de San Pedro de la Paz.

De: señor KUSANOVIC.

Para: presidente de BancoEstado.

Asunto: agradecimiento por favorable acogida a petición de aceleramiento de ampliación de sucursal de BancoEstado en ciudad de Puerto Natales.

De: señor LATORRE.

Para: ministra de Minería, ministro de Agricultura, ministra de Salud y superintendenta del Medio Ambiente.

Asunto: diversos requerimientos de información, fiscalización y medidas de control y mitigación a raíz de falla en muro de confinamiento de relave de minera Las Cenizas (comuna de Cabildo), ocurrido el 13 de junio, y de consecuencial desbordamiento de material peligroso hacia afluentes de río cercano a viviendas, además del temor de vecinos de que tal situación se agrave con nuevo sistema frontal pronosticado para la zona.

De: señor MACAYA.

Para: ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Asuntos: 1) Informe sobre estado actual de concesiones de telecomunicaciones otorgadas a WOM y contratos vigentes que dicha empresa mantiene con la autoridad administrativa, y 2) Acciones a propósito del proceso, bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, solicitado por WOM en tribunales de ese país.

De: señora RINCÓN.

Para: ministra de Obras Públicas.

Asuntos: 1) Poner en conocimiento conducta contraria a la ley de funcionarios encargados de jornadas de participación social sobre proyecto de camino costero de Pelluhue y solicitar procedimiento sumario al efecto, y 2) Evaluación del trazado alternativo al camino que indica.

De: señor VAN RYSSELBERGHE.

Para: ministra del Interior y Seguridad Pública y subsecretario del Interior.

Asunto: solicitud para terminar con toque de queda en comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo sin levantar estado de excepción constitucional de emergencia.

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--Se levantó la sesión a las 19:59.

Rodrigo Obrador Castro

Jefe de la Redacción