REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 34ª, en martes 9 de mayo de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 19:26)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y JUAN HAMILTON, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno y del Trabajo y Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 28ª, ordinaria, en 5 de abril del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 29ª, ordinaria, en 11 de abril del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Once de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional d e Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales. (Boletín Nº 2.035-06).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los nueve siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. (Boletín Nº 1.803-07);
2) Proyecto de ley que prohíbe el ingreso al territorio nacional de desechos provenientes de terceros países. (Boletín Nº 150-11);
3) Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. (Boletín Nº 1.575-10);
4) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica de la cooperación económica en Chile en virtud del reglamento "ALA", sus anexos y protocolos, suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y la Comunidad Europea, en Bruselas, el 24 de noviembre de 1998. (Boletín Nº 2.423-10);
5) Proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal. (Boletín Nº 1.630-07);
6) Proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones. (Boletín Nº 1.832-03);
7) Proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos. (Boletín Nº 2.289-05);
8) Proyecto de ley que modifica el artículo 8º de la ley Nº 18.985, sobre donaciones para fines culturales, y otras disposiciones que indica. (Boletín Nº 2.288-04), y
9) Proyecto de ley que reforma los Institutos Tecnológicos de la Corporación de Fomento de la Producción. (Boletín Nº 1.960-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último incluye en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional el proyecto de ley que concede, por especial gracia, nacionalidad chilena al religioso señor Antonio Casarin Manzán. (Boletín Nº 2.412-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que incrementa el Fondo a que se refiere la ley Nº 19.030. (Boletín Nº 2.475-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 1.575-10).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y a la de Relaciones Exteriores.
Con el último comunica que ha accedido a la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto de ley que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980. (Boletín Nº 2.053-13).
--Se toma conocimiento, se agrega el documento a sus antecedentes y se manda archivar.
Del señor Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo al financiamiento del proyecto sobre Capacitación y Mejoramiento de Técnicas de Pesca para Organización de la Comuna de Pichilemu.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno referido a la posibilidad de aumentar la dotación del personal destinado al resguardo de la seguridad ciudadana en Pichilemu.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange acerca de petición de la Municipalidad de Queilén en orden a derogar el decreto que estableció que la bahía de dicha comuna era apta para el ejercicio de la acuicultura.
De la señora Ministra de Educación, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre cobertura del proyecto ENLACES.
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, en cuanto a construcción del Megaproyecto Nueva Supercarretera Ruta Cinco Sur.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, atinente a los problemas que afectan a los productores de ajo en la Séptima Región.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales, con el que contesta dos oficios enviados en nombre del Senador señor Lagos, relativos a nómina de las propiedades fiscales enajenadas en la Primera Región en el período comprendido entre 1990 y 1999.
Del señor General Director de Carabineros, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Urenda, referente a estudios que han requerido las municipalidades de la Región Metropolitana, durante los últimos cinco años, para proceder a modificar los límites de velocidad que establece la ley Nº 18.290.
Del señor Subsecretario de Pesca, con el que da contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la necesidad de incrementar los recursos para las labores de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca en Pichilemu.
De la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, acerca de la posible instalación de una planta de reciclaje de basura en la intersección de las calles San Francisco y Observatorio, en la comuna de La Pintana.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, respecto a problemas derivados de la actividad cuprífera en el país.
Del señor Fiscal Nacional Económico, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, en cuanto a las nuevas tarifas del Puerto de Antofagasta.
De la señora Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referente a los nombres de las personas fallecidas durante los últimos cinco años en la Primera Región.
Del señor Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, con el que da contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo al estado actual de las negociaciones en materia de transporte aéreo.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
De la Comisión de Salud, en el que solicita autorización del Senado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 38, inciso segundo, del Reglamento de la Corporación, para trasladarse a la Octava Región con el objeto de tomar conocimiento directo de los hechos que servirán de base para dar cabal cumplimiento al encargo de la Sala en orden a efectuar un Diagnóstico de la Discapacidad en Chile.
--Se accede.
Informe
De la Comisión de Biblioteca, recaído en el proyecto de acuerdo que modifica el Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional.
--Queda para tabla.
Comunicación
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, con la que remite la cuenta pública de actividades realizadas el pasado viernes 28 de abril.
--Se toma conocimiento.
Solicitudes
De los señores Tomás Rodrigo Villavicencio Pizarro y Armando Medina Fernández, con las que piden la rehabilitación de sus ciudadanías. (Boletines Nºs. S 492-04 y S 493-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En la presente sesión corresponde, en primer lugar, recibir al Presidente del Parlamento de Hungría, Excelentísimo señor János Äder.
Solicito al señor Edecán invitarlo a él y a la delegación que lo acompaña a que pasen a la Sala.
--El señor János Äder y su comitiva ingresan al Hemiciclo.
RECIBIMIENTO A PRESIDENTE DE ASAMBLEA NACIONAL DE HUNGRÍA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Excelentísimo señor János Äder, Presidente de la Asamblea Nacional húngara, Honorables señores Parlamentarios miembros de la delegación, señor Embajador:
En nombre del Senado de Chile, tengo el honor de daros la más cordial bienvenida.
Sean mis primeras palabras de profundo agradecimiento, en nombre de esta Corporación y a título personal, por todas las atenciones que recibí del Parlamento húngaro durante mi reciente visita oficial a esa nación. Hace sólo unos días, en la bella ciudad de Budapest, tuve la oportunidad de sentir, de modo muy cercano y directo, los fuertes lazos de amistad, respeto y admiración que existen entre nuestros dos pueblos. Espero que durante su permanencia en Chile, Vuestra Excelencia y la delegación que lo acompaña experimenten el mismo sentimiento de aprecio.
Creo estar en lo cierto cuando afirmo que la sólida relación bilateral entre nuestros países debe cimentarse en un profundo respeto mutuo, así como en el diálogo franco, fluido y enriquecedor que rige en todos los ámbitos.
Como es de su conocimiento, tenemos procesos históricos similares en lo que respecta a la recuperación pacífica de nuestras democracias, ocurrida a fines de la década de los ochenta. Ambos países heredamos situaciones no resueltas del pasado, las que estamos tratando de enfrentar con responsabilidad y prudencia, sacando las necesarias lecciones de experiencias comparadas, pero buscando constantemente caminos propios y soberanos, los que conducen a encontrar soluciones armónicas en nuestros respectivos pueblos.
En Chile siempre hemos admirado la rica y milenaria historia de vuestro pueblo, sembrada tanto de éxitos como de fracasos, y construida muchas veces en el dolor de su gente.
Aquí, en este Senado, en 1956 se levantaron las voces de una amplia mayoría de Senadores para reclamar en contra de la brutal invasión de vuestro país por tropas extranjeras, que lograron acallar al pueblo húngaro en su grito libertario. Muchos de los que éramos jóvenes salimos a las calles a reclamar en repudio de esa acción tan brutal en contra de un pueblo indefenso. Lo que en aquel tiempo pareció una lucha estéril e imposible, volvió a florecer, como la primavera, casi tres décadas después, porque en definitiva se impuso lo que ha sido siempre la vocación del pueblo húngaro: su voluntad de vivir en una Patria independiente y democrática.
Ambos países, además de la reconstrucción democrática, tenemos experiencias coincidentes en lo que respecta al desarrollo económico y social. La rápida y decidida implementación en nuestras naciones de un esquema social de mercado que permite un crecimiento sostenido y, al mismo tiempo, humano, ha posibilitado la mejoría en las condiciones de vida de nuestros habitantes, lo que ha merecido elogiosos comentarios de muchos organismos internacionales y de especialistas en la materia.
Chile y Hungría también comparten anhelos y expectativas de un mejor futuro, así como intenciones de paz y cooperación en el plano mundial. Por lo mismo, nuestros países buscan fomentar su presencia y participación en los organismos internacionales, fortaleciendo los vínculos e intercambios con otros Estados y regiones. Expresión de lo anterior es la política de apertura comercial, fomento y diversificación de exportaciones, desarrollo turístico e intercambios en materias culturales que vienen implementando exitosamente ambas naciones. En este contexto, creemos que tenemos mucho más por hacer.
Nuestro comercio bilateral es pequeño y hay un amplio espacio para crecer. Próximamente -así esperamos- Hungría se incorporará como socio a la Unión Europea. También esperamos que Chile, en las negociaciones que inicia en el mes de junio, concrete con dicho organismo un tratado de libre comercio, lo cual nuevamente permitirá avanzar juntos a ambos pueblos.
Tengo la certeza, señor Presidente y distinguidos señores Parlamentarios, de que mi reciente visita a Hungría, así como vuestra presencia hoy en el territorio nacional, son una clara expresión de la decisión de concretar nuestras aspiraciones comunes.
En el convencimiento de que su visita al país representa todo un símbolo de la antigua amistad entre Chile y Hungría y de sus nuevas proyecciones, en esta ocasión, con el acuerdo del Senado, me permitiré hacer entrega a Vuestra Excelencia, por primera vez en este Hemiciclo, del mayor reconocimiento que podemos hacerle, condecorándolo con la Orden al Mérito del Senado de la República de Chile. Estoy seguro de que Su Excelencia llevará esta distinción como signo de amistad y de compromiso de colaboración futura.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala).
--El señor Andrés Zaldívar (Presidente) procede a la condecoración.
--(Aplausos en la Sala).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Excelentísimo señor Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría.
El señor ÄDER (Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría).-
Estimado señor Presidente, Honorable Senado, señoras y señores:
En primer lugar, agradezco las palabras del señor Presidente, que tanto nos honran, así como la condecoración que Su Señoría me impuso en nombre del Senado chileno. Pienso que ella ha sido conferida al pueblo húngaro, al pueblo de un país que ya es miembro de la OTAN y se está aproximando a su ingreso a la Unión Europea.
Estoy agradecido por las palabras amistosas de Su Señoría, que dan testimonio de la alta consideración mutua existente entre nuestros respectivas naciones. Doy gracias también por la calurosa bienvenida y la atenta hospitalidad que percibimos, tanto yo como los integrantes de la delegación que me acompaña, desde el primer momento de nuestra visita a Chile.
Estimado señor Presidente, Honorable Senado:
Son numerosos los elementos que pueden unir a países y naciones: el idioma común, el clima común o las fronteras comunes. Nuestros dos países no comparten ninguno de los rasgos enumerados. No obstante, a pesar de las distancias, del tamaño de continentes enteros, es maravilloso constatar cuántas cosas unen a nuestros pueblos. Coincidimos, por ejemplo, en el amor a la libertad; en el apego a las tradiciones democráticas y a la independencia nacional.
Los movimientos de liberación de los últimos doscientos años y la necesidad de convertirse en una nación política independiente se alimentaron de la misma fuente a un lado y otro del océano Atlántico.
Fue éste el paralelismo histórico que descubrió uno de los pensadores chilenos más destacados del siglo XIX, Francisco Bilbao, quien, en su mensaje enviado en 1854 a Kossuth, líder de la guerra de la independencia de Hungría, rindió homenaje a toda la historia europea de los húngaros.
Esta misma idea de la similitud intelectual y espiritual de los dos pueblos es la que compenetra el escrito de Bilbao titulado "La palabra de Hungría", en el cual conmemora con tono emotivo y de entusiasmo la revolución burguesa y la revolución de 1848-49 de nuestro pueblo. Este mismo respeto mutuo ganó expresión cuando, en el 40º Aniversario de la revolución húngara de 1956, justamente aquí, en el Senado de Chile, se llevó a cabo la conmemoración festiva, enlazada con el 1100º Aniversario de nuestra conquista del territorio patrio.
En los umbrales del nuevo milenio, Hungría nuevamente ha llegado a una importante fecha histórica. En el 2000, año del cambio de milenio, festejamos el 10ºAniversario de la transformación democrática de Hungría y el 1000º Aniversario de la fundación del Estado.
Es por ello motivo de especial alegría para mí el poder visitarlos justamente en este año, para extender a ustedes y al pueblo de Chile la mayor consideración del Poder Legislativo húngaro y de nuestra nación.
Nuestra joven democracia cívica de diez años, apoyándose en nuestras tradiciones democráticas de casi dos siglos, posibilitó que nuestro país se hiciera apto para alcanzar éxitos extraordinarios. Hungría, hoy por hoy, ya dispone de una de las economías de desarrollo más dinámico de Europa; el equilibrio financiero del país se mantiene estable, y la mano de obra y los conocimientos tecnológicos húngaros son competitivos incluso a nivel internacional.
En el centro de la atención de nuestras aspiraciones políticas se encuentra la adhesión, lo más rápido posible, a la Unión Europea. Sin embargo, a lo largo de nuestros esfuerzos de integración, ni por un instante perderemos de vista aquellas posibilidades que añadan nuevas perspectivas y oportunidades a las relaciones húngaro-chilenas.
Pudimos constatar con satisfacción que Chile maneja su adaptación a la región suramericana con el mismo carácter abierto con que nosotros tratamos nuestra integración a la Unión Europea. El convenio marco que conecta las organizaciones de integración determinantes de ambas regiones y las prometedoras negociaciones mantenidas sobre la base del mismo nos estimulan alegando que al cabo de algunos años este marco multifacético en dinámico crecimiento podrá dar nuevas perspectivas a nuestro sistema de relaciones bilaterales. Como versa el dicho, del encuentro de almas congeniales nacen luego las amistades más duraderas.
Estoy sinceramente convencido de que esta comunidad espiritual, cuyas raíces se remontan a la Historia, constituirá también en el futuro la base más sólida de las relaciones cada vez más estrechas entre nuestros pueblos democráticos y amantes de la libertad.
Muchas gracias por la atención prestada.
--(Aplausos en la Sala).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Reitero nuestros agradecimientos al señor Presidente del Parlamento húngaro, como también a los miembros de su Delegación.
Tengo la más absoluta certeza de que, en lo que resta de su visita a Chile, seguirán recibiendo nuestra hospitalidad y cariño.
Del mismo modo, deseo que la gira del señor Presidente por otros países de América Latina culmine con gran éxito.
Y así como nosotros aspiramos a obtener un espacio en la Comunidad Económica Europea, queremos que ustedes, por supuesto con mayor derecho, materialicen igual anhelo de su Gobierno y de su pueblo.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Su suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:48.
--Se reanudó a las 16:54.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continúa la sesión.
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y FRANCIA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el primer lugar del Fácil Despacho figura el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el "Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República Francesa", suscrito en Santiago el 25 de junio de 1999, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2440-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 4 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 33ª, en 3 de mayo de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
La Comisión de Relaciones Exteriores hace presente que la iniciativa debe ser aprobada con quórum calificado -es decir, con el voto favorable de a lo menos 25 señores Senadores-, por afectar el ejercicio del derecho a la seguridad social
En su informe hace una reseña del instrumento internacional objeto del proyecto de acuerdo, señalando que consta de 31 artículos.
La Comisión acogió la iniciativa en general y particular por unanimidad, y recomienda a la Sala aprobarla en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, voy a informar simultáneamente tanto este proyecto de acuerdo como el que aprueba el Convenio de Seguridad Social suscrito por nuestro país con la República Portuguesa.
Ambos instrumentos son similares entre sí y tienen por objetivo principal que los nacionales de los Estados Partes puedan beneficiarse de las cotizaciones efectuadas por ellos en los respectivos países, manteniendo la continuidad previsional de las personas que se trata de proteger. Esto reviste enorme trascendencia, pues el goce de los derechos de la seguridad social debiera reflejarse al final del desarrollo de la actividad laboral de cada una de ellas.
En lo esencial, los Convenios recogen los principios jurídicos de universal aceptación en materias de seguridad social, los cuales fundamentan este tipo de instrumentos internacionales, que son la igualdad de trato entre las Partes Contratantes, la totalización de períodos, la exportación de beneficios, la colaboración administrativa, etcétera.
Por otra parte, cabe destacar que Chile ha suscrito últimamente convenios similares con Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Quebec (Canadá), Suecia, Suiza y Uruguay, y que está negociando al respecto con otro significativo número de países.
Es importante hacer notar que el Convenio con Francia beneficiaría a 20 mil chilenos radicados en ese territorio, mientras el suscrito con Portugal, a 160.
Las disposiciones de ambos instrumentos inciden en materias relativas al ejercicio del derecho a la seguridad social, por lo cual los proyectos de acuerdo deben ser aprobados con quórum calificado ¿según indicó el señor Secretario-, en virtud del Nº 18 del artículo 19 de la Carta, en relación con el artículo 63, inciso tercero.
Finalmente, es del caso puntualizar que los dos proyectos de acuerdo fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (28 votos favorables).
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y PORTUGAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y la República Portuguesa", suscrito en Lisboa el 25 de marzo de 1999, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
¿Los antecedentes sobre el proyecto (2441-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 4 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 33ª, en 3 de mayo de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores ya informó acerca de este proyecto de acuerdo al referirse a la iniciativa anterior.
En consecuencia, si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (28 votos favorables).
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE CHILE Y COSTA RICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de las inversiones" y su protocolo, suscritos en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de julio de 1996, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2460-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 11 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 33ª, en 3 de mayo de 2000.
El señor LAGOS (Secretario).-
En el informe se hace presente que el principal objetivo del proyecto es establecer un marco jurídico adecuado para regular tanto los derechos y las obligaciones del Estado receptor de los capitales como los de los inversionistas extranjeros, estatuto en el que se compatibiliza el legítimo interés de éstos con el del Estado receptor de las inversiones, favoreciéndose, de ese modo, la transferencia y movilidad de capitales.
La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, aprobó el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, y propone al Senado adoptar igual predicamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, Chile ha convenido a la fecha un número importante de tratados de promoción y protección de inversiones.
Este nuevo acuerdo de inversiones con Costa Rica importa un compromiso en orden a estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, todo lo anterior en conformidad a lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales.
El propósito de este tratado, así como el de los ya suscritos en la materia, es establecer un marco jurídico adecuado para regular tanto los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales como los de los inversionistas extranjeros, estatuto en el que se compatibiliza el legítimo interés de éstos con el del Estado receptor de las inversiones, favoreciéndose, de ese modo, la transferencia y movilidad de capitales.
Cabe hacer presente que son numerosos los países con los cuales Chile ha firmado estos convenios de protección de inversiones. Como están consignados en el informe, no los mencionaré.
Según los antecedentes entregados a la Comisión por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el total de la inversión de capitales chilenos materializada en Costa Rica entre los años 1990 y 1998 asciende a 6,9 millones de dólares.
Por su parte, la inversión autorizada de Costa Rica en Chile durante 1974-1999 alcanza los 7,9 millones de dólares, mientras que la materializada en igual período asciende a 2,7 millones de dólares.
Por último, es oportuno señalar que la Comisión de Relaciones Exteriores, por la unanimidad de sus miembros, dio su aprobación al proyecto de acuerdo.
Eso es todo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobaría el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES DE CARABINEROS Y DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados, con urgencia calificada de "simple", que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de la de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1803-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 10 de agosto de 1999.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
Hacienda, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
El señor LAGOS (Secretario).-
Respecto de esta iniciativa cuya discusión se aplazó por acuerdo de la Sala, esta Secretaría ya hizo la relación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, con la autorización del actual Presidente de la Comisión de Constitución, deseo informar brevemente sobre este proyecto, cuya tramitación me correspondió iniciar mientras desempeñaba la presidencia de esa Comisión.
Se trata de una moción cuyo principal objetivo es permitir que el mayor número de personal de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones se destine a labores propiamente policiales, reduciéndose su obligación de efectuar tramitaciones judiciales ¿fundamentalmente notificaciones y citaciones- sólo a algunas más bien de carácter excepcional.
Estas normas, tal cual las conocimos al comienzo de su estudio en junio del año pasado fueron analizadas por distintas instituciones.
De acuerdo con la primera presentación e informes preparados por Carabineros de Chile, aparecía como particularmente atractivo, desde el punto de vista del ahorro de tiempo, que el personal de Carabineros dedicado a repartir citaciones -según antecedentes entregados, un mil 177 funcionarios por día- cumpliera labores más propiamente policiales.
Como decía, el texto de esta iniciativa también fue sometido al conocimiento de diversas instituciones, tales como la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, Regional Santiago; la Asociación Nacional de Magistrados de Menores de Chile; la Asociación Nacional de Asistentes Sociales del Poder Judicial; el Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local; la Asociación de Receptores Judiciales Regional Santiago. En fin, se trata de una larga lista de importantes organismos vinculados con estas materias. Pues bien, del análisis efectuado por éstos, se pudo apreciar que, si bien compartían que el objetivo del proyecto aparecía beneficioso, por uno o por otro motivo empezaron a surgir diversas inquietudes respecto de lo que podría significar sustraer esta atribución a Carabineros de Chile sin definir un sistema de notificaciones que la reemplazase, porque esas tareas iban a ser asumidas por organismos inexistentes o por funcionarios ya enteramente sobrepasados en sus actividades laborales, como son los del área judicial.
La suma de estas opiniones nos hizo pensar que el proyecto ¿interesante y valioso en su concepción global- no estaba debidamente desarrollado, porque no generaba un sistema de notificaciones de reemplazo del vigente.
Adicionalmente, se advirtió que la normativa carecía de antecedentes económicos necesarios para afrontar esas nuevas responsabilidades. Aun cuando teóricamente éstas podrían cumplirse por funcionarios judiciales, lo más probable es que no sólo debería incrementarse su número, sino también los medios de movilización y otros recursos.
Por todos estos antecedentes, la Comisión de Constitución, no obstante compartir el propósito fundamental de la iniciativa, estimó por completo atendibles las inquietudes que despertó en distintos ámbitos, fundamentalmente del Poder Judicial, en cuanto a prever la forma de subsanar satisfactoriamente cometidos que en lo sucesivo no corresponderían a las mencionadas instituciones policiales. Además, al no consignarse el mayor gasto que ello significaría, en la Comisión se observó que había un problema de mayor envergadura.
Por eso, transmitimos a las autoridades de Gobierno la imposibilidad de continuar avanzando en el despacho del proyecto en la forma como estaba formulado y le solicitamos que tuviese a bien reformularlo de una manera que permitiera concluir su tramitación. Por tratarse de cuestiones económicas ¿por lo tanto, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo-, el propio Gobierno, mediante los Ministerios de Justicia y del Interior, presentó una indicación sustitutiva para dar al menos cumplimiento parcial a los objetivos del proyecto y subsanar las inquietudes presentadas hasta ese minuto.
En efecto, en noviembre de 1999, el Ejecutivo formuló la referida indicación, con las firmas de los señores Ministros del Interior, de Justicia, y de Hacienda de ese entonces, que permitió llegar a un texto que fue conocido por la Comisión en los términos señalados y, en lo fundamental, despachado con muchas indicaciones, que se hallan contenidas en el informe que obra en poder de los señores Senadores.
El proyecto, en lo primordial, tuvo por objeto definir que ciertas tareas o notificaciones de resoluciones judiciales podían ser sustraídas del quehacer de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, en su caso, y que, por lo tanto, era posible buscar un sistema de reemplazo, como el empleo de la carta certificada, a fin de aligerar la carga de esos organismos policiales. A éstos, en cambio, se les entregaría esa labor sólo en determinadas resoluciones judiciales.
Para ello, fue necesario diferenciar cuáles serían las comunicaciones, citaciones, notificaciones, órdenes de investigar, requerimientos, apercibimientos, órdenes de arresto o de aprehensión que requerirían el auxilio de la fuerza pública para su notificación, tarea que, en consecuencia, no puede quedar sustraída de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, en su caso. Sin embargo, hubo otras que, por su forma o características, sí podían ser reemplazadas por un mecanismo como el de la carta certificada u otro semejante, sin que ello entrabara o dificultara la acción judicial o que colocara a las personas en situación de inequidad ante la ley.
Como Sus Señorías pueden apreciar en el informe, luego de una solicitud hecha por nuestra Comisión a los representantes del Ministerio de Justicia, viene un desarrollo de los distintos tipos de resoluciones judiciales comprendidas dentro del campo de la acción procesal, en los ámbitos civil, penal, laboral, de pensiones alimenticias y de policía local, y en cada una de ellas se señala cuándo es o no es posible una propuesta de cambio de forma de notificación. Las innovaciones más importantes se hallan en los ámbitos penal -en un tipo de comunicación-, laboral -también en algunas muy específicas-, de pensiones alimenticias y de policía local.
La indicación sustitutiva en comento fue nuevamente sometida a conocimiento de las diversas instituciones que nos asesoraron inicialmente. Su texto fue aprobado por Carabineros y la Policía de Investigaciones y, en general, valorado ¿diría- por las demás instituciones judiciales, sin perjuicio de mencionar que en ellas, en general, existe todavía un cierto escepticismo o recelo por la eventual eficacia que podría representar esta nueva forma de proceder en las notificaciones.
En el seno de nuestra Comisión hubo bastante acuerdo en el contenido de dicha indicación, y todas las modificaciones introducidas en el análisis pormenorizado de cada una de las disposiciones del proyecto fueron aprobadas. En definitiva, todos los acuerdos se adoptaron en forma unánime por los miembros de la Comisión.
Ahora bien, deseo señalar que hay una materia que reviste especial importancia, porque viene a corregir una normativa anterior aprobada por el Congreso, que suprimió la detención por sospecha y estableció ¿por así decirlo- un sistema de control de identidad. La experiencia obtenida en su aplicación práctica, nos llevó a introducirle algún tipo de correcciones, que se hallan recogidas en la citada indicación. Esta materia se describe en el informe. En lo fundamental, se mantiene la idea de autorizar a la policía para solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta.
En cuanto al lugar y la forma de acreditar la identidad, la Comisión estuvo de acuerdo en que la identificación debe realizarse donde la persona se encuentre y no necesariamente ser trasladada a otro lugar. Con relación a los medios para identificarse, se amplió la posibilidad de hacerlo mediante documentos de identificación emanados de la autoridad pública. De acuerdo con la actual legislación, ello sólo puede efectuarse por cédula de identidad. Sin embargo, de aprobarse la norma en comento, no sólo podría recurrirse a dicho carné, sino también a la licencia de conducir o al pasaporte, en el entendido que se trata de documentos oficiales expedidos por la autoridad que permitirían dar seguridad en la individualización de la persona. Sólo en caso de que ésta no hubiese podido acreditar su identidad, podrá ser conducida a la unidad policial más cercana, donde se le darán facilidades para acreditar su identidad por otros medios. Si esto último no resultare posible, la persona podrá autorizar por escrito que se le tomen fotografías y huellas digitales, las que sólo podrán ser utilizadas para fines de identificación, después de lo cual deberá ser puesta en libertad. En caso de negarse a la identificación, será conducida a la unidad policial más cercana, donde se le citará a comparecer ante el Fiscal del Ministerio Público por infringir ciertas disposiciones procesales penales. El afectado tendrá, por cierto, el derecho de comunicarse con su familia o con la persona que indique para dar cuenta de su permanencia en el cuartel policial. En todo caso, el conjunto de los trámites establecidos en este artículo no deberá prolongarse, en lo posible, por más de cuatro horas. Este plazo se definió una vez discutida la propuesta del Ejecutivo, que lo reducía a sólo dos horas, por un problema de realismo respecto de todo lo que dicho trámite pueda significar.
En resumen, se trata de un proyecto que, con las modificaciones que le introdujo la Comisión de Constitución, a mi juicio, cumple con los objetivos fundamentales de reducir la participación policial en actividades netamente administrativas. No todas ellas lo son; algunas requieren de todos modos el auxilio de la fuerza pública, como hicieron presente muchas personas, incluso algunos señores Senadores. Aún más, las notificaciones que realiza Carabineros, cuando se trata de determinados sectores densamente poblados, constituyen verdaderas rondas de prevención policial y, por lo tanto, no pueden mirarse sólo como un acto administrativo. Además, hay cierto tipo de notificaciones que nunca podrán llevarse a cabo sin el auxilio de la fuerza pública.
En consecuencia, pareció razonable reducir un poco la ambición inicial del proyecto que nos ocupa y circunscribirla a las notificaciones en que es prescindible la presencia de Carabineros.
Aún no se ha dimensionado el tamaño de la fuerza policial que se verá liberada de dicha carga administrativa. Ciertamente, no serán los mil 177 funcionarios que señalaba el primer estudio que nos hizo presente Carabineros; podrían alcanzar a algunos centenares, pero, por lo menos, serán muchos los que podrán -aprobada esta iniciativa- dedicar mayor tiempo a la seguridad pública en prevención de la tranquilidad de la ciudadanía.
En el caso específico del control de identidad, nos parece que las disposiciones incorporadas corrigen las dificultades producidas en la aplicación práctica de la normativa vigente, sin volver a las inquietudes que provocaba la detención por sospecha. Es útil que Carabineros pueda, ante ciertas circunstancias fundadas, requerir y lograr la individualización de una persona respecto de la cual exista algún indicio de estar o haber estado en la comisión inminente de un hecho ilícito que, si bien carece aún de las características de un delito in fraganti, se halla en el borde o límite del mismo.
Por las razones expuestas, y habiendo sido aprobadas por unanimidad todas las disposiciones del proyecto, los miembros de la Comisión de Constitución solicitan al Senado que se pronuncie favorablemente sobre el mismo.
Finalmente, en vista de que diversos señores Senadores han hecho presentes inquietudes sobre algunos puntos específicos, sugiero aprobar en general el proyecto y fijar plazo para la recepción de indicaciones que puedan perfeccionar el texto sometido hoy al conocimiento del Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, sólo complementaré el acabado informe entregado por el Senador señor Larraín.
La Comisión de Hacienda conoció y aprobó por la unanimidad de sus integrantes el artículo 6º del proyecto, el cual dispone que el mayor gasto que generará esta iniciativa legal se financiará con cargo a los respectivos presupuestos institucionales.
Se trata de un proyecto simple, pero de alto interés e impacto. Como aquí se indicó, la idea matriz consiste en aumentar el número de horas-hombres en la labor de Carabineros e Investigaciones destinada a funciones propiamente policiales, mediante la disminución de obligaciones que estas instituciones deben cumplir, tales como notificaciones y otros trámites no estrictamente policiales.
Un informe elaborado por Carabineros señala que se estimó que en 1999 el tiempo promedio ocupado en el cumplimiento de las órdenes judiciales alcanzó a 2 millones 459 mil horas. Esta cifra resulta de multiplicar el número de órdenes judiciales anuales, levemente inferiores a 2 millones, por el tiempo promedio necesario para cumplir la diligencia, que Carabineros estima en 76 minutos exactamente. Ello significa que el número de funcionarios que se precisan anualmente para llevar a cabo esta tarea alcanza a mil 177, que corresponde a la cifra indicada por el Senador señor Larraín.
Por otra parte, de acuerdo con información también proporcionada por la Dirección General de Carabineros, el número de funcionarios directamente operativos asciende a 31 mil 200 efectivos.
Si se hace una relación entre tal cantidad de carabineros, correspondiente a la dotación policial efectiva, y los mil 177 que quedarían liberados al aplicar las modificaciones del proyecto, se concluye que aumentaría en 3,8 por ciento el personal policial directamente operativo.
Ahora bien, si se pretende obtener el mismo resultado sobre la base del aumento directo de la dotación policial, esto le significaría al Fisco cerca de 5 mil 800 millones de pesos, lo que sería muy desfavorablemente comparado con el costo del proyecto.
Efectivamente, de acuerdo con el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, el mayor gasto fiscal anual que resulta de modificar la forma como se efectúan las citaciones y notificaciones derivadas de los procedimientos penal, laboral y de menores, alcanza solamente a 441 millones de pesos. Ése es el costo del proyecto. Es decir, el incremento del gasto sería menor del 10 por ciento de lo que implicaría contratar directamente el citado número de carabineros. Tal sería el efecto de la aplicación de estas nuevas disposiciones.
Todo esto demuestra que el proyecto es muy favorable, debido a que el costo financiero es sustancialmente menor si se procede por esta vía, y no por la de aumentar la dotación de personal, independientemente de que todos tenemos conciencia de que todavía hay muchísimo por avanzar en esta materia. En consecuencia, la iniciativa en estudio apunta en la dirección correcta.
Por esa razón, la Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus integrantes, también recomienda a la Sala la aprobación del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA GALLO.-
Señor Presidente, aunque el proyecto es misceláneo, tiene por objetivo básico -como aquí se ha señalado- que exista mayor eficacia por parte de Carabineros de Chile en el combate a la delincuencia.
La iniciativa contiene una serie de normas tendientes a evitar trámites inútiles, como la ratificación de denuncias por robo ante los tribunales, o ¿como se ha indicado- comprobar con mayor eficiencia, con un documento fidedigno, la identidad de las personas. Además, se incluyen modificaciones a la Ley de Alcoholes, a la del Servicio Médico Legal y a la relativa a la Violencia Intrafamiliar.
El punto que produjo mayor debate se refiere a eximir a Carabineros de los trámites de notificaciones judiciales, a fin de que dedique ese tiempo a la prevención y represión del delito.
La discusión fundamental se centró -y no sin razón- en que algunos de los trámites de notificación judicial cumplen una función preventiva cuando son realizados por Carabineros, y en que es muy difícil que ellos puedan ser efectuados por otros funcionarios, especialmente cuando se trata de lugares con altos índices de peligrosidad. De allí que se llegó a una solución salomónica, mediante la cual se entrega al juez la atribución de determinar, en cada caso, cuándo la notificación puede ser realizada por un funcionario del ámbito de la justicia o por un carabinero.
Asimismo, debemos tener en cuenta que las notificaciones en los sectores rurales, donde los policías tienen la posibilidad de conocer mejor a las personas, son muy distintas de las llevadas a cabo en las áreas urbanas.
Por ello, estimo que la redacción actual de la iniciativa es bastante ecuánime y avanza en cuanto a que se incorporen más carabineros a las funciones propiamente policiales. Sin duda alguna, el éxito de la iniciativa dependerá del criterio de los jueces, pues es posible que, por inercia, continúen entregando a la policía uniformada la función de notificar.
Por lo tanto, junto con la aprobación del proyecto también debe haber un cambio de actitud en el Poder Judicial respecto de discernir, en cada caso, cuándo es más conveniente que determinadas notificaciones las realicen tales o cuales funcionarios, según el tipo de diligencia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente, el proyecto se halla claramente orientado a destinar mayor dotación policial a Santiago, como Capital de la República, en desmedro de las Regiones, por cuanto en éstas no existe el problema que se pretende solucionar.
Hay que considerar, especialmente, que la iniciativa en análisis no valora que con el cumplimiento de órdenes judiciales -como ocurre hasta ahora- una parte de las dotaciones de las distintas unidades y destacamentos de Carabineros cumple con su función básica, cual es la prevención, aspecto que es fundamental en el quehacer de la policía uniformada.
Deseo dejar constancia de que el proyecto es consecuencia de la política del segundo Gobierno de la Concertación por no haber mantenido la proporción histórica entre "dotación policial" y "aumento poblacional" de Chile, al no completar oportunamente las dos mil plazas pendientes de la primera Administración del mencionado conglomerado político.
Al hablar de números, en los antecedentes del proyecto se considera la impactante cifra de mil 177 funcionarios para el cumplimiento diario de órdenes judiciales. Pero nada se dice que de esta cantidad, sólo 160 se emplean en la zona metropolitana con dedicación exclusiva; los otros mil 17 pertenecen al resto del país. Entonces, los cálculos que figuran en los datos entregados, dentro de los cuales figuran enormes cantidades en horas-hombre empleadas y costo-día por cada uno, son absolutamente relativos.
No se puede llegar a todas partes en vehículo, como en Santiago, y por ello no es muy ajustado a la realidad calcular en minutos cuánto demora el cumplimiento de una orden, de cualquier índole que ésta sea.
El informe de la Comisión de Hacienda propone que el mayor gasto que pudiere irrogar esta iniciativa legal se financiará con cargo a los respectivos "presupuestos institucionales". Puedo deducir entonces que otros organismos que no sean Carabineros o Investigaciones van a cumplir estas diligencias judiciales. La pregunta es ¿quiénes? ¿Se formará un cuerpo especial, o se aumentarán las dotaciones de empleados judiciales, visitadoras sociales, etcétera? Si es así, ¿quién va a pagar estos mayores gastos? Se habla de presupuestos institucionales, y podríamos inferir entonces que los cinco mil ochocientos millones -que según el estudio de horas-hombre-día, al parecer sobrarían- se destinarían a pagar a quienes ejerzan estas funciones. En el caso de que así fuera, falta conocer el cálculo día-hombre-gasto, que debería presentar Investigaciones.
Se indica que hay mil ciento setenta y siete funcionarios dedicados a este concepto, pero debemos considerar que son de la planta legal de Carabineros, y continuarán siéndolo. Por lo tanto, esa suma no se economiza, sino que se requiere para pagar sueldos, equipo, etcétera, de este mismo personal.
Estimo que es el Gobierno el que debería disponer los fondos necesarios para que, de acuerdo con el artículo 7º de la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, se pueda contratar en forma temporal a personal civil para reemplazar en labores de oficina a funcionarios con experiencia policial. Podrían ser ex funcionarios, y con ello se mantendría un nexo directo con la Institución, y en Santiago suplirían a parte de los 160 funcionarios.
Por otra parte, es conveniente subsanar los vacíos de procedimiento práctico que actualmente se producen debido a la derogación de la figura de la "detención por sospecha", que contemplaba anteriormente el Código de Procedimiento Penal y que fue modificada hace un año.
La aplicación de las actuales formas legales, que no consideran la detención por sospecha de individuos que presentan aparentes características de cometer o tener intenciones de cometer algún ilícito, o simplemente merodean sin causa justificada por lugares muy distantes de su domicilio, está ocasionando reclamaciones directas de la ciudadanía, pues las fuerzas policiales carecen de las facultades de que disponían con anterioridad. Por ejemplo, aunque se observe a individuos en actitudes que producen amedrentamiento a los habitantes de un domicilio o sector poblacional y a los cuales se les podría atribuir malas intenciones, al presentarse la fuerza policial sólo puede limitarse a comprobar el hecho y a preguntar respecto de su presencia en el lugar. Por ello, comparto lo expresado en el proyecto relativo a las modificaciones del artículo 260 bis del Código de Procedimiento Penal, mediante lo cual, por lo menos, se tendrá la posibilidad legal de exigir la identificación individual. Debemos considerar además que en otros países, como España y Francia, existe actualmente la institución de la identificación como control policial ante actitudes sospechosas.
Pero para la aplicación práctica de la última frase del inciso primero de este artículo, es incompleto el texto propuesto pues, al hablar de la identificación del individuo en el lugar en que se encuentre, "el funcionario deberá darle facilidades para encontrar y exhibir" los documentos de identificación respectivos. Ello puede significar que él o los funcionarios deberán acompañar a esta persona hasta donde él indique que tiene los documentos, aun cuando sea a varios kilómetros de distancia o en otro sector poblacional. ¿En qué calidad irá entonces este ciudadano: como detenido, retenido o acompañante? No lo dice el proyecto.
Asimismo, tengo dudas acerca de cómo se aplicará en la práctica el inciso segundo de este artículo, pues, según este inciso nuevo, al negarse una persona a identificarse en el cuartel deberá ser citada ante el tribunal por la falta al Nº 5 del artículo 496 del Código Penal. La pregunta es entonces, ¿a quién se cita? Ello en vista de que la identidad no está comprobada, y la citación carece absolutamente de efecto si el individuo ha proporcionado una identidad, domicilio o antecedentes falsos. Ahora, a quien se lleva al cuartel por negarse a identificarse, ¿va en calidad de arrestado, detenido o retenido? Es importante clarificar esta inquietud para evitar conflictos posteriores por vacío de la ley. Esta persona, además, ¿es ingresada a la documentación de la guardia del cuartel? Legalmente correspondería, pues deberá dejarse constancia de su citación al tribunal, indicando día y hora.
Igualmente, habrá dificultades para fichar y fotografiar a quien lo autorice por escrito, para los efectos de lograr su identificación. Ello en razón de que Carabineros no dispone de elementos ni de especialistas que, en menos de cuatro horas, puedan informar sobre este tipo de filiación.
Estimo que el artículo 8º de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, tendrá dificultades en su aplicación porque en muchas oportunidades las personas que deban cumplir el requerimiento de pago, y no sean carabineros, no estarán dispuestas a ingresar a sectores poblacionales de riesgo, o a enfrentar al afectado, ya que seguramente éste reaccionará en forma violenta y entonces, para darle cumplimiento, solicitará resguardo policial, que saldrá de las mismas unidades policiales.
Igual comentario es aplicable al artículo 5º del proyecto, relativo al cumplimiento de órdenes derivadas de notificaciones por actos de "violencia intrafamiliar". Por ello, estimo que estas notificaciones deben ser cumplidas exclusivamente por personal policial.
Comparto plenamente las observaciones indicadas en el texto de la iniciativa por la Asociación Regional de Magistrados, la Asociación Nacional de Magistrados de Menores, la Asociación Nacional de Asistentes Sociales del Poder Judicial, del Instituto de Jueces y Secretarios, Abogados de Policía Local, y de la Asociación de Receptores Judiciales, en cuanto a que, de limitarse la tramitación de órdenes judiciales por personal de Carabineros, se resentirá notablemente la función que ellos desarrollan.
Por lo anterior, considero que lo único que debe modificarse en el aspecto de disminuir el cumplimiento de órdenes judiciales por parte de Carabineros o Investigaciones, son aquellas citaciones o notificaciones que pueden realizarse por correo, en la forma especificada en el informe de la Comisión y cuyo costo debe ser asumido por cada servicio.
Finalmente, concuerdo totalmente con las enmiendas introducidas al Código de Procedimiento Penal en los artículos 83, 90 y 91, que facilitarán enormemente las funciones administrativas de la Policía, pues mediante ellas no será necesario citar a los funcionarios que han firmado, a ratificar los partes. Tampoco lo será el que el denunciante ratifique su denuncia ante el tribunal, pues, para evitarlo, se especifican claramente en el proyecto los detalles que deberá contener el acta de la denuncia.
Señor Presidente, estimo conveniente que, una vez aprobada en general, la iniciativa vuelva a Comisión para el examen de los antecedentes a que me he referido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, en años recientes, el problema de la delincuencia ha pasado a ser uno de los temas que más preocupan a la población, según lo demuestran diversas encuestas de opinión pública. Cabe destacar al respecto que Chile no es un caso aislado en la materia, pues resulta casi una constante el que cuando la economía se expande y el ingreso por habitante sube, se incrementan conjuntamente las oportunidades y las tentaciones para delinquir.
En ese contexto, se percibe una demanda creciente de la ciudadanía por estabilidad y paz social, porque el progreso requiere necesariamente una cuota importante de seguridad pública, convirtiéndose ésta en un bien cada vez más preciado. Esta situación ha sido el detonante de la adopción de una serie de medidas implementadas por el Gobierno y la comunidad, tendientes a combatir y rebajar los niveles delictivos. Entre ellas se cuentan diversas iniciativas legales, como el proyecto que nos ocupa, a través del cual se busca esencialmente mayor disponibilidad del personal de Carabineros e Investigaciones en labores propiamente policiales. Así, estas instituciones dejarían de lado las de índole administrativa, que obligan en la actualidad a distraer parte importante de su personal, alejándolo de sus tareas primordiales, consistentes, según la Constitución Política de la República, en dar eficacia al Derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.
Se observa, además, que si bien la delincuencia se ha incrementado en niveles importantes, lo que refleja una visión bastante desesperanzadora sobre el tema, deben desarrollarse estrategias públicas adecuadas en cuanto a la prevención y control del delito. Para ello, es de gran importancia conocer las percepciones de la ciudadanía al respecto, con el objeto de focalizar mejor las políticas de seguridad ciudadana.
Ahora bien, al entrar a analizar el contenido de la propuesta, podemos vislumbrar, en primer término, que el proyecto viene en modernizar a la policía, en cuanto a que la dispersión y complejidad de las funciones de ese cuerpo institucional conspira contra su eficiencia, lo que supone revisar a fondo las tareas y liberar de funciones netamente administrativas que otros agentes pueden cumplir.
En tal sentido, en materia de citaciones y notificaciones judiciales, un estudio estadístico de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros previó que el diligenciamiento de un millón 941 mil 404 órdenes judiciales proyectadas anualmente a nivel nacional se traduce en una disminución de la vigilancia preventiva policial de 2 millones 459 mil 111,7 horas, requiriéndose para su cumplimiento un mil 177 funcionarios por día, con un costo mínimo, sólo por ese concepto, de 5 mil 801 millones 44 mil 500 pesos.
Por otra parte, 25 por ciento de los funcionarios de Carabineros se destinan a funciones administrativas -aclaro que son de carácter externo, no interno-, cifra que a simple vista demuestra la conveniencia de la presente iniciativa legal, que viene a reforzar la labor preventiva de la Institución, a la que se sustrae de funciones administrativas ajenas a sus tareas esenciales.
En esa forma se optimiza el aprovechamiento del recurso policial, escaso y caro, de tal modo que los efectivos contribuyan a reforzar la seguridad pública con una mayor presencia de funcionarios en la calle, en particular en las zonas catalogadas de alta peligrosidad. Igualmente, se liberan recursos que se asignan a la Institución, para destinarlos a una mayor tecnificación, y es posible, también, contar con un contingente mayor para dar cobertura a las zonas marginales y extremas, donde la escasez policial obliga a la población más desvalida a utilizar sistemas primitivos de autodefensa.
Otro aspecto interesante del proyecto radica en liberar a los funcionarios policiales de concurrir al tribunal a declarar acerca del hecho de haber recibido la denuncia y del contenido expresado en ella por el denunciante, pues tal diligencia involucra gran pérdida de tiempo para el policía que espera ser atendido, así como en su desplazamiento hasta el tribunal.
Al respecto, la iniciativa dispone expresamente el contenido del acta de la denuncia, con el objeto de que ésta se baste a sí misma. De esta manera, se elimina un trámite que en la práctica carecía de mayor trascendencia, ya que el funcionario no hacía más que ratificar en el tribunal lo ya establecido en la denuncia.
Asimismo, y en relación con lo anterior, otro aspecto esencial del proyecto, que constituye un aporte real en seguridad ciudadana, consiste en el hecho de que el denunciante ya no deberá concurrir al tribunal a ratificar la denuncia para que el organismo proceda, requisito que los tribunales exigen en la actualidad y que hace desistir a muchas personas por temor a enfrentarse con el delincuente o con sus familiares. De ese modo, la iniciativa simplifica dicho trámite, que a menudo resulta tedioso e involucra pérdida de tiempo para las víctimas, lo que viene a zanjar un obstáculo determinante de que un alto porcentaje de afectados desista de proseguir la acción judicial y deje en la impunidad a gran cantidad de delincuentes. Lo anterior explica que alrededor de 40 por ciento de los delitos ni siquiera llegue a ser denunciado.
Seguidamente, se sustituye el sistema de control de identidad establecido en la ley sobre detención por sospecha, que data de hace un año y medio. La iniciativa dispone que en casos fundados la policía podrá requerir la identidad a cualquier persona, exigencia que se puede satisfacer por la vía de distintas alternativas, como los documentos expedidos por la autoridad pública: cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Si media una negativa a exhibirlos, se citará ante el juzgado de policía local respectivo para que se responda por la falta, sin perjuicio del traslado al cuartel policial más cercano para la identificación por otros medios.
La sustitución contribuirá a paliar en parte el grave daño que provocó a la labor policial la supresión de la detención por sospecha, lo que trajo como consecuencia una sensación de impunidad para los delincuentes, permitiendo, así, aumentar los niveles delictivos.
Finalmente, se establecen normas tendientes a agilizar los trámites que los funcionarios de Carabineros deben llevar a cabo en recintos hospitalarios con el objeto de tomar exámenes de alcoholemia y otros que deben practicarse para determinar lesiones ocurridas en un accidente de tránsito. De esa manera se evitará distraer a dicho personal de su labor policial, perdiendo tiempo en la custodia de los detenidos y lesionados.
En conclusión, si bien la presente iniciativa no abarca la totalidad de las funciones que la Institución de Carabineros ha estimado prescindibles, representa, sin lugar a dudas, un esfuerzo significativo que coadyuvará a los fines de mayor eficiencia policial que inspiran al articulado, el cual se inserta dentro de un conjunto de medidas destinadas a combatir el flagelo de la delincuencia, en pro de la seguridad pública, bien actualmente escaso y apreciado por toda la ciudadanía.
Anuncio mi voto favorable, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, desde luego, también votaré a favor la idea de legislar acerca del proyecto.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha realizado, como es su costumbre, un trabajo muy positivo, que ha permitido mejorar sustantivamente el texto despachado por la Cámara de Diputados.
Lo que ocurre en este caso es que hay dos cuestiones que no se pueden separar y que están en juego: por una parte, la seguridad ciudadana, donde se reclama que los efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones estén disponibles, sobre todo, para los efectos de prevenir la comisión de delitos; y, por la otra -tan importante para la paz social como lo anterior -, el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Nuestra realidad ha determinado que diversos cuerpos legales entreguen al personal de Carabineros y policial la tarea de dar cumplimiento a órdenes judiciales y, particularmente, efectuar algunas notificaciones. Ése es un trabajo del que hoy el país no puede prescindir, porque no tiene un sustituto.
Como se deja constancia en los informes, prácticamente dos millones de órdenes judiciales al año deben ser cumplidas por Carabineros. Si el personal de esa Institución y de la Policía de Investigaciones fuera absolutamente retirado de tal función, resulta evidente que la administración de justicia dejaría de operar en campos tan importantes como menores, policía local, penal.
De ahí que había que equilibrar las cosas, y, a mi juicio, la Comisión ha contribuido a ello. Con todo, me quedan algunas preocupaciones.
El mecanismo que se ha buscado para facilitar el buen funcionamiento de la administración de justicia es el empleo en mayor medida de la notificación por carta certificada. Ésa no es una forma nueva de notificación en la legislación chilena, pues se halla presente en muchos aspectos del sistema judicial. No ha estado exenta, sí, de dificultades: no son pocas las nulidades procesales vinculadas justamente a las formalidades de que se rodea a la carta certificada.
Además, la práctica de ese tipo de notificación descansa en un servicio de correos eficaz y de amplia cobertura. Y todos sabemos lo que ha ocurrido con Correos de Chile, la cantidad de postas que en su minuto fueron levantadas y la baja cobertura actual del servicio, concentrada principalmente en los grandes centros urbanos.
Por eso, la propia Comisión ha tenido que reconocer como inevitable que el juez cometa, en definitiva, al personal policial y de Carabineros la realización de esas gestiones. Y se debe ser realista en la apreciación de los efectos concretos que provocará la aprobación del proyecto.
A lo anterior se añade la circunstancia ¿aunque es factible que ello sea modificado en la discusión particular- de que no siempre se ha precisado adecuadamente el contenido de la notificación por carta certificada, lo que puede dar lugar a nulidades procesales. Es algo que se debe evitar en aras de una buena administración de justicia.
De otro lado, no puede olvidarse el hecho de estar ya próxima la entrada en funcionamiento de la gran reforma procesal penal y de que las facultades que la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal en estudio entreguen a los fiscales determinará que el requerimiento al personal de Carabineros y policial sea muy alto.
En definitiva, se encuentra todavía pendiente la búsqueda de una gran solución final, indudablemente vinculada a la existencia de una policía judicial bajo dependencia de los órganos con responsabilidad jurisdiccional. Entre tanto, la solución planteada permitirá liberar parcialmente a algunos funcionarios de tareas que no les son propias y en las que, además ¿tal como revelan las propias cifras entregadas-, registran baja productividad: 6,3 órdenes judiciales por carabinero al día, con dedicación absoluta a dicha labor. Obviamente, si esa productividad se compara con la de un receptor o un funcionario de directa dependencia del Poder Judicial, es considerablemente más baja, lo que revela un mal uso de recursos públicos que la ley en proyecto permite corregir.
Pero no se debe caer en una apreciación ligera y optimista de los efectos prácticos de la reforma en estudio y sí asumir que la tarea de contar con un sistema adecuado de notificaciones administrado por el propio Poder Judicial seguirá pendiente una vez que la iniciativa se transforme en ley. No obstante, se da, indiscutiblemente, un paso adelante.
Por eso, votaré favorablemente la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que los antecedentes entregados por los señores Senadores informantes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda han ilustrado sobre la unanimidad que concitó en cada uno de esos organismos la idea de sacar adelante el proyecto que hoy se propone a la Sala. Y, a mi juicio, ése es el espíritu que anima a todos.
Por eso, me ha llamado la atención parte de la exposición del Senador señor Stange, en la que deja constancia de que el proyecto "es consecuencia de la errada política del segundo Gobierno de la Concertación, de no haber mantenido la proporción histórica entre "dotación policial" y "aumento poblacional" de Chile, al no completar oportunamente las dos mil plazas pendientes del primer Gobierno de la Concertación.".
A mi juicio, ello es hilar delgado y tratar de culpar a un Gobierno que entregó mucho en beneficio del país y, sobre todo, de Carabineros. También se podría recordar aquí que durante los 17 años del Régimen militar -en el que tuvo una participación fundamental el ex General Stange- no se aumentó una sola plaza en Carabineros. En los 10 años de Gobierno de la Concertación se ha procedido de acuerdo con las posibilidades. Y en la Administración del Presidente Frei Ruiz-Tagle no se coparon las dos mil vacantes no por ausencia de recursos, sino porque la Institución no disponía de establecimientos necesarios para preparar tal contingente. Sin embargo, se destinaron más de 40 millones de dólares a renovar todo el parque de vehículos, comprar motos y mejorar las comunicaciones, ya que hoy día cada carabinero está comunicado con su central. Es decir, se invirtió en modernización.
Entonces, no es justo referirse al tema en la forma señalada, cuando son otras las causas más profundas de que exista preocupación por la delincuencia. No cabe duda de que la inquietud esencial de la sociedad es la seguridad ciudadana. Ésa fue una cuestión ampliamente debatida durante la campaña presidencial y, como en otras materias, hubo acuerdo entre los candidatos para buscar una solución rápida y eficaz.
La delincuencia constituye uno de los problemas más difíciles de solucionar. En el hecho, el costo que demanda combatirla se estima en 2,5 por ciento del producto interno bruto, según un estudio de la Fundación Paz Ciudadana. Tal cantidad es la mitad de lo que se gasta en Estados Unidos, en circunstancias de que en ese país se cometen cuatro veces más delitos que en Chile.
Al parecer, no existe clara conciencia de que una de las mejores fórmulas para combatir el delito es dedicarle el ciento por ciento del tiempo de los funcionarios que han recibido formación para ello. Me refiero a Carabineros e Investigaciones. Por tal causa, estimo imprescindible que ese personal se abstenga de labores administrativas externas que lo distraen de su tarea esencial. Nuestra legislación -por cierto, bastante obsoleta en la materia- le impone una serie de cometidos que, gracias al proyecto, deberían ser eliminados de sus actividades diarias. A modo de ejemplo, un funcionario debe comparecer ante el tribunal para ratificar lo expuesto en el parte, en caso de delito flagrante.
Uno de los temas más delicados es el de las notificaciones en procesos civiles, criminales, laborales, de menores y de policía local. En el informe de la Comisión de Constitución se hace referencia a que la proyección de órdenes judiciales para el año pasado fue de un millón 941 mil 404, y el tiempo promedio para cada una de ellas, de 76 minutos. En síntesis, la operación de notificaciones demandaría un total de 2 millones 459 mil 111,7 horas anuales, empleadas en actividades que nada tienen que ver con la verdadera labor profesional.
Me parece meridianamente claro que el escenario actual en el país, donde se presencia un aumento exorbitante de la delincuencia, amerita con largueza la aprobación de esta iniciativa, que interpreta plenamente las necesidades de la protección debida a nuestros ciudadanos y que contribuyen a facilitar el trabajo policial en una correcta dirección.
Anuncio que votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, el proyecto apunta a liberar más personal de Carabineros de Chile de funciones ajenas a su razón de ser. Pero con ello se presentaría un problema de fe pública, ya que cuando sus funcionarios entregan notificaciones se identifican mediante su uniforme y por el número de sus placas de servicio, y por eso se les reconoce como autoridad. De manera que las personas notificadas tienen la certeza, normalmente, de que lo son por funcionarios policiales. Además, el uso indebido del uniforme constituye un delito sancionado con dos tipos de penas en el Código de Justicia Militar.
Por consiguiente, se presenta una duda en cuanto al sentido general de los artículos en análisis y su intencionalidad. ¿Cómo se protegerá la fe pública y se asegurará que los funcionarios civiles que entreguen las notificaciones son los correspondientes a la autoridad judicial o administrativa que las ordena? En ese caso, parecería necesario disponer en todos los artículos que tratan la materia la obligatoriedad de que dichos funcionarios se identifiquen como tales en forma previa ante quienes serán notificados. De otra manera, a poco andar se correría el riesgo de que ciertos individuos burlaran a la autoridad y se hiciesen pasar por receptores judiciales, comisionados de los tribunales o receptores visitadores, y de que tuvieran lugar fraudes a la fe pública y a las personas. En este sentido, parece conveniente contemplar la obligatoriedad de que se identifiquen los funcionarios que efectúan las notificaciones. Esto es para proteger también los derechos de las personas notificadas.
El segundo aspecto apunta a que resulta necesario determinar quién será el encargado de llevar un registro central oficial de los funcionarios que cumplirán esas tareas. Dicho registro permitirá identificar realmente la legalidad de la acción, pues es posible que aparezca un segundo grupo de delitos ¿los que hagan suponer un hecho-, y que en un momento dado comiencen a ocurrir fraudes y se afecte nuevamente la fe pública.
Como tercer punto, cabe destacar que en el proyecto no se establece claramente quién notificará las resoluciones, por cuanto se habla de "oficina de correos". ¿Debe entenderse, entonces, que la Comisión se refiere a la Empresa de Correos de Chile o que puede tratarse también de alguno de los servicios de correo privados que existen en la actualidad? En mi opinión, sería bueno despejar esa duda, ya que podría agilizar los trámites de los señores jueces y de otras autoridades.
Por último, surge una pregunta: ¿qué defensa tiene el sistema en caso de huelga? Lo señalo porque es factible que los funcionarios se agrupen, como es lógico, en determinada organización y que aparezca ese tipo de manifestación. Esto significaría que Carabineros nuevamente debería asumir su papel, ya que la justicia estaría frenada en su accionar por la interposición de un conflicto de índole político económico, o económico por parte de los funcionarios o de las personas encargadas de la notificación.
Señor Presidente, ésas son las observaciones generales que deseaba formular
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, nos encontramos frente a un proyecto de ley que -como se ha dicho- tiene por objeto hacer más eficiente la labor de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Esto se pretende lograr, fundamentalmente, relevando a los funcionarios pertenecientes a esas instituciones de la realización de determinadas actuaciones judiciales, como citaciones y ciertas notificaciones; en otros casos, otorgando el valor necesario a las denuncias y partes escritos que ellos presentan a los tribunales de justicia, sin la necesidad de que se deba comparecer a ratificarlos; y por último, haciendo más expedita la atención que se les debe prestar en los diferentes centros hospitalarios cuando concurran custodiando a personas para que constaten las lesiones que ellas hubieren sufrido.
Sin duda, éstas son las modificaciones más relevantes, las que apuntan -como señalé al comienzo- a que la labor de los funcionarios de esas instituciones -Carabineros e Investigaciones- se circunscriba a lo estrictamente policial y no se desvíen recursos humanos y materiales en actuaciones que, si bien son importantes desde un punto de vista judicial, pueden ser suplidas por otros funcionarios dependientes de los tribunales de justicia.
La ciudadanía observa cómo la delincuencia, no pocas veces, ha puesto en jaque el accionar de esas instituciones, lo que se traduce en una sensación de impotencia, de temor y de desconfianza hacia la autoridad en la solución de ese grave problema.
Por lo anterior, esta iniciativa legal, haciéndose eco de las aprensiones señaladas, se encamina hacia la correcta utilización de los escasos medios policiales, materiales y humanos, con el objeto de dar solución a dicho problema y, de paso, recobrar en la ciudadanía la confianza en sus instituciones, la cual nunca debe perderse.
Sin duda, con un proyecto aislado no se logrará el propósito de terminar con el problema delictual; pero es un paso importante que apunta en esa dirección y que, siendo parte de una política integral en materia de seguridad ciudadana, dará los resultados deseados.
Ahora bien, consideradas así las cosas, daré mi aprobación a la iniciativa en análisis. Sin embargo, debemos tener presente que existe en estudio un proyecto de ley para reemplazar nuestro actual Código de Procedimiento Penal, y es de esperar que los diversos preceptos que se modifican a través de esta iniciativa y que dicen relación con las normas de carácter procesal penal, no se constituyan en letra muerta una vez aprobado el referido cuerpo legal.
Por lo demás, tal inquietud ya la hice notar al votar el proyecto de ley que modifica el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal y amplía las facultades de los tribunales ordinarios para investigar en recintos militares y policiales, ya que, si enmendamos normas de carácter procesal penal, lo menos que se puede pretender es que ellas sean recogidas en el nuevo Código del ramo. Si no fuera así, tendrían una vigencia demasiado fugaz.
En virtud de estas consideraciones, y sin perjuicio de la inquietud señalada, votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, frente a determinadas aprensiones que escuché a un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra y a otras que he conocido también de un distinguido Honorable colega que tuvo una función muy directa y bastante importante en Carabineros, se me produce realmente una cierta confusión, pues se trata de opiniones versadas, técnicas y muy profesionales, que se contraponen, por ejemplo, con lo que señala actualmente la Institución. Ésta, mediante oficio emitido el 16 de agosto de 1999, hizo llegar su parecer acerca de este proyecto de ley, señalando que comparte plenamente su contenido.
Por lo tanto, me produce extrañeza que Carabineros ¿vale decir, quienes están ejerciendo la función en este momento- emita una opinión muy favorable respecto de esta iniciativa y que otras personalidades, que fueron autoridades en su tiempo, tengan hoy día ciertos enfoques más complejos.
Por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de su Director General, don Nelson Mery, estimó también que el proyecto en comento cumple adecuadamente con el objetivo propuesto.
Se trata de personas que se encuentran actualmente en funciones. Incluso, el mismo Servicio Médico Legal ha expresado que no ve inconveniente en los artículos 3º y 4º, que inciden en las labores de servicio por parte de Carabineros.
Señor Presidente, señores Senadores, hay un aspecto que nadie puede desconocer: el robo en nuestro país ha aumentado en 40 por ciento. Y también ha incrementado el grado de violencia tanto en los delitos que se cometen contra las personas, como los que se efectúan en las casas o residencias.
Según informaciones que me fueron entregadas, Carabineros necesita 16 mil hombres más. Actualmente, cuenta con 34 mil funcionarios, y el 25 por ciento de ellos ¿a mi juicio, éste es un dato que avala la presentación del proyecto- se dedica a labores administrativas. Esto significa que uno de cada cuatro cumple ese tipo de tareas.
A mi juicio, es bueno que en el Senado se diga qué labores corresponde desempeñar a Carabineros. A las anteriores hay que agregar, por ejemplo, el control del tránsito; todo lo relacionado con actividades deportivas; la elaboración de informes de factibilidad para autorizar las prácticas que se realizan en las calles, como carreras de maratón, pichangas de fútbol y actividades de clubes de barrio. Además, tiene a su cargo la prevención y control de contrabando en las aduanas, el control de los aeródromos, la conexión entre los cuarteles y entidades bancarias y las alarmas.
Lo anterior parece razonable. Pero, más encima, le corresponde el control de las artes marciales, la preparación de brigadas escolares para la seguridad en el tránsito, las cobranzas judiciales y, más aún, la custodia del Congreso Nacional. También está a cargo de la Defensa Civil, del control de drogas, de la emisión de contaminantes y del empadronamiento vecinal para otorgar certificados de residencia.
¿Por qué Carabineros debe realizar todas esas actividades?
Además, se encarga de la prevención de la violencia en los recintos deportivos y de la explotación forestal. Asimismo, debe estar presente en Extranjería y Ferrocarriles, como también realizar el control de la fiebre aftosa, auxiliar con la fuerza pública al Servicio de Impuestos Internos y fiscalizar la asistencia a clases de los estudiantes. Porque, de acuerdo con el decreto ley Nº 5.292 de 1929, Carabineros debe fiscalizar que los alumnos cumplan y que los padres supervisen la asistencia a la enseñanza básica obligatoria. También controla que se dé cumplimiento a la leyes de alcoholes y vinagres, de caza, de tenencia de armas, de mataderos y de menores.
Realmente, no sé cómo podemos exigir más a esa Institución, donde el 25 por ciento de sus funcionarios desarrolla todas estas actividades.
Por tales razones, votaré favorablemente la iniciativa, ya que si bien es cierto no soluciona todos los problemas que apartan a esa fuerza policial de sus funciones específicas, constituye un paso sumamente importante para combatir el flagelo de la delincuencia, que es uno de los problemas fundamentales que hoy preocupan a la sociedad chilena.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay otros oradores inscritos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar.
El señor HAMILTON.-
Que se apruebe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Debe fijarse plazo para formular indicaciones.
Propongo que sea hasta el 5 de junio.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, la verdad es que el proyecto demoró bastante en la Comisión, donde costó mucho llegar a acuerdos, de manera que podría establecerse un término relativamente corto, de unos 15 días.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Lo que ocurre es que la próxima semana no podrá tratarse la iniciativa; luego viene el 21 de mayo y el consiguiente receso, y las sesiones se reiniciarán el 6 de junio.
El señor MORENO.-
Entonces, que se reciban hasta el 4.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Es casi lo mismo. Yo había sugerido el 5.
El señor HAMILTON.-
Perfecto.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el 5 de junio.
PROHIBICIÓN DE INGRESO DE DESECHOS PROVENIENTES
DE TERCEROS PAÍSES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde continuar ocupándose en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prohíbe o regula, en su caso, el ingreso al territorio nacional de desechos o residuos provenientes de terceros países, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (150-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 10 de junio de 1992.
Informe de Comisión:
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 32ª, en 2 de mayo de 2000.
Discusión:
Sesión 33ª, en 3 de mayo de 2000 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La iniciativa quedó para segunda discusión, para la cual se encuentran inscritos algunos oradores.
Advierto a los señores Senadores que, debido a la hora, reglamentariamente deberé reducir a la mitad el tiempo de las intervenciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, quien dispondrá de siete minutos y medio.
El señor SABAG.-
Para mí es más que suficiente.
Señor Presidente, el proyecto se fundamenta en la necesidad de prevenir que los países industrializados, donde la eliminación de desechos constituye un grave problema, celebren con chilenos algún convenio en virtud del cual tales desechos pudieren ingresar al territorio nacional.
Al respecto, nuestra Constitución Política garantiza, en el artículo 19, Nº 8º, "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.". Y en una ley se prohíbe el ingreso de desechos nucleares. En todo caso, el país debe llenar el vacío legal en la materia propuesta en la presente iniciativa.
Internacionalmente se ha aceptado el principio de que cada país debe solucionar en su propio territorio el problema de los desechos. Quiero poner especial énfasis en que las actividades de reciclaje podrían encubrir una forma de recibir en Chile desechos de países industrializados.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, nuestro país ha suscrito la Convención de Basilea, donde se encuentra tipificado como delito el tráfico ilícito de desechos peligrosos. En su momento, Chile notificó a la autoridad internacional su intención de no recibir en su suelo desechos peligrosos.
Por otra parte, también hemos suscrito la Convención de Jamaica, que otorga a los Estados sin litoral el derecho de acceso al mar para el ejercicio de ciertas facultades, entre ellas la libertad de tránsito por el territorio de los Estados ribereños por todos los medios de transporte. Cualquier cuestión en que haya coalición de intereses puede resolverse por la vía del establecimiento de reservas y restricciones. Con todo, siempre deberá quedar protegido el bien jurídico superior, que en este caso está constituido por la protección de la salud humana y del ecosistema.
Ha sido preocupación especial del Senado ajustar el contenido del proyecto a lo establecido en la Convención de Basilea, por lo cual se elaboró un modelo de legislación nacional que refleja el espíritu de aquélla.
Uno de los aspectos más importantes del texto en estudio es la definición de "desechos o residuos peligrosos". Al efecto, dispone que se entenderá por tales "a los materiales o sustancias, cualquiera que sea su clase, forma o naturaleza, a cuya eliminación o disposición final se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de la legislación nacional o de convenios internacionales y que, por su cantidad, concentración o características físico-químicas o infecciosas, puedan convertirse en un riesgo para la vida o la salud de las personas, incluidas las generaciones venideras, o para el mantenimiento de los ciclos, procesos o equilibrios ecológicos que condicionan, soportan o favorecen la vida en su multiplicidad de manifestaciones.".
Sin duda nos encontramos ante una definición sumamente amplia, cuyo contenido específico deberá ser precisado, en el sentido de confeccionar una lista de los desechos y residuos peligrosos -labor que ha sido encomendada al Ministerio de Salud-, a través de un reglamento que complementará la futura ley.
Un aspecto muy importante que debe tomarse en cuenta dice relación a la necesaria concordancia jurídica de la normativa en análisis con la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que dio origen a la CONAMA.
El texto primitivo se presentó con antelación a la dictación de la ley Nº 19.300. En consecuencia, la aplicación de la nueva normativa deberá considerar que cualquier autorización sobre residuos peligrosos deberá ser acompañada de un Estudio de Impacto Ambiental. Esto amplía el ámbito de aplicación de ella, porque cubre actividades que consideren la "Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radiactivas, inflamables, corrosivas o reactivas.", como se consigna en el artículo 10 del cuerpo legal mencionado.
A mi juicio, la iniciativa, que prohíbe una actividad determinada, debería ser complementada por otra donde se establezca la obligación de eliminar esas sustancias. El reglamento debería contemplar este tipo de situaciones y no limitarse únicamente a sancionarlas. Sólo será posible lograr los objetivos que persigue el proyecto por medio del completo cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigentes en Chile.
La futura ley, acompañada de una clara definición de los elementos de carácter tóxico y del cumplimiento irrestricto de sus normas, permitirá liberar al país de una situación de grave peligrosidad para sus habitantes y su medio ambiente.
Reitero que votaré favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa estuvo muchos años en estudio en el Senado, luego de haber sido despachado por la Cámara de Diputados en 1992.
En cuanto a sus fines fundamentales: evitar los riesgos que implica la entrada de desechos peligrosos y no peligrosos (a lo cual ya se refirió otro señor Senador) al territorio nacional o su paso por nuestro mar, me parece loable.
Sin embargo, deseo preguntar al señor Presidente de la Comisión en qué forma se concilian las normas de la iniciativa -considerando la manera en que fueron aprobadas por ese órgano técnico- con la realidad y con los compromisos internacionales contraídos por Chile.
Antes que todo, es bueno que en el articulado se insista en el concepto de "mar presencial". El Derecho Internacional se va formando a través de precedentes, muchas veces totalmente unilaterales. Por ello, es necesario ir introduciendo en nuestro derecho dicho concepto, cuya determinación y origen se deben a un integrante del Senado: al Honorable señor Martínez, ex Comandante en Jefe de la Armada.
Cabe señalar que en los casos en que se ha mencionado el concepto de "mar presencial" -por ejemplo, en las leyes vinculadas con la pesca-, más que definirse lo que significa "mar presencial", se ha delimitado, explicitando que es una parte de la alta mar que tiene características muy especiales en lo concerniente a su vinculación con el territorio chileno, por cuanto se trata del orden de 20 millones de kilómetros cuadrados de mar donde no hay más tierras emergentes que las chilenas, característica difícil de encontrar en otros mares del mundo.
En todo caso, en este mar, en virtud de determinadas normas internacionales, algunas relacionadas con la protección de la vida marítima, existe una responsabilidad de Chile y de su Marina, y hay intereses específicamente nacionales. En consecuencia, el reiterar cada vez que sea posible el concepto de mar presencial es bueno para nuestro país y en el futuro puede servirnos de base para ir creando un conjunto de derechos adicionales.
Sin embargo, en lo concerniente al tránsito de desechos y residuos peligrosos u otros desechos, nos encontramos con que quizás la normativa aprobada por la Comisión va a chocar con ciertos compromisos internacionales.
Lo anterior, sin perjuicio de que personalmente no noto una debida correspondencia y armonía entre las diversas disposiciones del proyecto. Por ejemplo, cuando se prohíbe en el artículo 3º "el ingreso y tránsito de desechos o residuos peligrosos", se hace referencia al "territorio nacional, su espacio aéreo, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva", pero no se menciona el mar presencial. No obstante, para el ingreso y tránsito de desechos o residuos no contemplados en el listado a que se refiere el artículo 4º -es decir, otros desechos, que cabe suponer que son menos peligrosos-, sí se introduce el concepto de mar presencial.
Pues bien, en un caso y otro, conviene recordar que tanto las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores como las de la Dirección del Territorio Marítimo señalaron que nuestras facultades para tal prohibición o control chocan con acuerdos internacionales, como la Convención de Basilea, de la que aquí se ha hecho mención, y con la Convención de Jamaica. En consecuencia, quizá aquí tenemos simplemente letra muerta, pues no veo que en la práctica sea posible que naves chilenas, a 500 ó 1.000 millas de nuestra costa, detengan un barco, especialmente de cualquier gran potencia, para averiguar si lleva o no desechos o residuos peligrosos.
De ahí, entonces, mi planteamiento en cuanto a la conveniencia de aprobar el proyecto -porque su lineamiento general es perfectamente loable- y mantener de alguna manera el concepto de mar presencial. Pero, sí, sería menester conciliar sus disposiciones, porque -como dije- no juegan todas debidamente entre ellas y algunas colisionarían con normas internacionales, según hacen ver en el mismo informe la Dirección del Territorio Marítimo y el Director de Política Especial de la Cancillería, que sostienen que no podríamos ejercer nuestras facultades porque el derecho a paso inocente o el derecho a libre circulación en el mar se contradirían con las referidas normas.
Por otra parte, no está de más hacer ver que esto puede requerir una revisión. Porque, incluso, en el artículo 7º, inciso tercero, se llega a señalar que "Existirá un registro de las mercaderías que transiten por el mar presencial o el espacio aéreo nacional". Obviamente, será bastante difícil abrir un registro para el paso de mercancías de tal naturaleza por el mar presencial si las naves no entran a nuestro mar territorial y, por lo tanto, no tocan los puertos chilenos.
Reitero que, atendida su buena intencionalidad, la iniciativa merece ser aprobada en líneas generales. El concepto de mar presencial, en la medida en que podamos seguir recalcándolo, creará precedentes e irá introduciéndose en el Derecho internacional. Pero, en lo que concierne a la normativa concreta, pienso que no podríamos establecer preceptos que resultaran inaplicables o que contrariaran convenios que Chile ha suscrito.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Con relación al comentario que hizo el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, debo recordar que existe en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente una norma que establece que tanto la Comisión Nacional del Medio Ambiente como la Armada Nacional llevarán un registro de los elementos contaminantes y que se están aplicando en el mar presencial, el que está definido en el artículo 2º, número 25), de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Simultáneamente, esto se repite en la Ley de Pesca respecto de las actividades que se desarrollan con miras a controlar que no se estén vulnerando aspectos sometidos a la legislación chilena, como es el tamaño de los peces y la veda. De hecho, en este momento tenemos un problema con la Unión Europea justamente porque no se respetan nuestras vedas, que responden a una disposición interna.
Eso, por un lado.
De otra parte, repitiendo la idea, la CONAMA está obligado a llevar un registro de las actividades que pueden ser contaminantes en el mar presencial.
Eso es lo que se está planteando.
En la ley en proyecto hay tres artículos que mencionan el punto, pero con sometimiento a la legislación chilena cuando el origen es de nuestro país. En el resto no se interfiere. Y tampoco hay oposición a los tratados internacionales.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
A continuación está inscrito el Honorable señor Díez, quien no se encuentra en la Sala.
Por tanto, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, intervendré brevemente, sólo para confirmar algunas de las observaciones que se han hecho acerca de esta iniciativa.
En cuanto a lo que señaló el Honorable señor Viera-Gallo, por la vía de la indicación, ciertamente, hay que corregir los artículos 3º y 4º para consignar que habrá dos clases de desechos: los peligrosos y los no peligrosos. Los primeros van a ser prohibidos, salvo acuerdos internacionales que establecerán sus regulaciones; y los otros se regirán por la ley en proyecto y la Ley sobre Bases.
Con respecto a las observaciones que formuló el Senador señor Díez en sesión anterior, únicamente quiero confirmar (como lo expresa el informe en los antecedentes complementarios que señalamos) que todos los aspectos que hizo ver en su oportunidad la Comisión Nacional del Medio Ambiente fueron incluidos en la versión particular desarrollada por la Comisión, preliminar al texto que se propone a la Sala.
En tal sentido, la CONAMA quería tener tuición en la elaboración del listado. Y esto se hace a través del Ministerio de Salud, pero previa participación en el decreto respectivo de la Secretaría General de la Presidencia, que a la vez dirige CONAMA, y del Ministerio de Minería, sector donde mayor grado de conflictos puede haber entre actividades productivas y entes que deben adoptar resguardos en materia de salud o de medio ambiente.
También, complementando la observación que hizo el Senador señor Martínez, debo añadir que la Ley sobre Bases del Medio Ambiente, en su artículo 33, dispone que los organismos competentes desarrollarán programas de medición y control de la calidad ambiental del aire, agua y suelo, puntualizando que en el caso del mar presencial se compilarán los antecedentes sobre esas materias. Hoy día es factible efectuar controles en el mar de manera más económica mediante los posicionadores satelitales y los sistemas de coordinación que establece el Convenio de Basilea. Y este concepto, hecho carne en la legislación chilena, dentro de las posibilidades, también está en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Creo, señor Presidente, que todos estos aspectos pueden debatirse con más acuciosidad dentro del plazo disponible para presentar indicaciones.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay otros señores Senadores inscritos.
El señor HORVATH.-
Para votar en este momento, habría que tocar los timbres, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
También, por acuerdo unánime de la Sala, podríamos cerrar el debate y votar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 10.
--Así se acuerda.
)---------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores pidió autorización para sesionar paralelamente con la Sala, en conjunto con la Comisión de Minería, a fin de analizar el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina.
--Se accede a lo solicitado.
El señor HOFFMAN (Prosecretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CARIOLA:
Al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, con relación a CAMINO ENTRE MAIHUE Y PUERTO FUY (DÉCIMA REGIÓN).
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Justicia, sobre DIFICULTADES DE ACCESO A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía; al señor Ministro de Bienes Nacionales; a la señora Directora Ejecutiva de CONAMA; al señor Secretario Regional Ministerial de Economía y Energía de la Undécima Región, y a la señora Directora Regional de CONAMA, en cuanto a ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PROYECTOS ALUMYSA Y DE RÍO PASCUA (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Justicia, sobre FECHA DE CREACIÓN DE JUZGADO DE MENORES DE COYHAIQUE Y DE JUZGADO DE LETRAS DE PUERTO CISNES (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Agricultura; a la señora Directora Ejecutiva de CONAMA; al señor Director Nacional de CONAF; al señor Director General de Aguas; al señor Secretario Regional Ministerial de Agricultura de la Undécima Región; al señor Director Regional de CONAF de la Undécima Región; al señor Director Regional de Aguas de la Undécima Región, y al señor Presidente Regional de CORMA, Undécima Región, sobre PROTECCIÓN DE BOSQUE NATIVO, DE CUENCAS PREVENTIVAS DE EROSIÓN Y DE CALIDAD DE AGUAS EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Del señor LAGOS:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, en lo relativo a ENAJENACIONES DE PROPIEDADES FISCALES EN PRIMERA REGIÓN EN 1990, 1991 Y 1992 (remisión de datos faltantes).
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
COMENTARIOS SOBRE DEFENSA JUDICIAL DE SENADOR SEÑOR PINOCHET
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, he leído con mucha atención la defensa que el brillante abogado don Ricardo Rivadeneira ha hecho del General Pinochet en el juicio sobre desafuero, y me parece importante formular algunas consideraciones al respecto, sin ninguna intención, por cierto, de influir en el curso del proceso.
En primer lugar, tengo a la vista la respuesta que en su momento el Ejército dio al Informe Rettig, en la cual queda muy claro que la Institución, comandada a la sazón por el General Pinochet, consideró que ese documento establecía una verdad unilateral que obviaba la existencia en el país de un estado de guerra que habría legitimado el uso de la fuerza para alcanzar -expresión textual- "la victoria total". Se estima que tal estado de guerra se hallaba legalmente establecido y que los consejos de guerra habrían actuado conforme a Derecho.
Según el Ejército, "Los hechos que la comisión recoge bajo el concepto de "violaciones de derechos humanos cometidas por particulares bajo pretextos políticos" formaron parte de una planificada estrategia de sectores importantes de la izquierda marxista chilena e internacional, tendiente a recuperar el poder perdido en 1973".
Más adelante se hace un reconocimiento: "Es cierto que en la sucia guerra desatada por el extremismo pudieron darse situaciones indeseables e imprevisibles, pero también lo es que una táctica conocida de la subversión es la de vocear la denuncia de torturas con carácter de escándalo". O sea, en este contexto, las violaciones a los derechos humanos son, cuando no negadas, completamente minimizadas.
En la respuesta del Ejército, por otro lado, se afirma que el Informe Rettig habría incurrido en injustas apreciaciones sobre el General Pinochet, quien a la sazón cumplía la función ejecutiva, señalándose textualmente: "La institución percibe que la calificación que se hace sobre la función ejecutiva durante el gobierno militar constituye una evidencia más de que en la redacción del Informe ha influido la conocida posición de quienes recurren a todo tipo de argumentos para denigrar la figura y la imagen del comandante en jefe del Ejército en el desempeño de su gestión presidencial", todo lo cual llevaría a "una conciencia colectiva sesgada" sobre lo ocurrido durante el Régimen militar.
Como dije, no es mi ánimo influir en el juicio mismo; pero atribuyo mucha importancia a la conciencia colectiva que se ha ido formando a raíz de todos estos hechos. Y si uno lee el alegato del señor Ricardo Rivadeneira, no puede sino concluir lo siguiente.
En primer lugar, el propio abogado sostiene al inicio algo muy importante: que el General Pinochet no le ha podido dar las orientaciones de su defensa; que apenas se ha podido reunir una vez con él, y que aquél no está en condiciones de enfrentar el procedimiento penal. En palabras textuales, señala que le habría gustado "haber recibido de él las orientaciones acerca de cómo quiere ser defendido. Eso lo digo claramente: No ha sido posible.".
Entonces, lo primero que uno debe concluir es que las afirmaciones del abogado Rivadeneira a lo mejor no reflejan el pensamiento del General Pinochet. En cambio, el documento anterior sí lo refleja, porque lleva la firma de quien a la sazón era el Comandante en Jefe del Ejército.
Sin embargo, creo que nadie puede pensar que al menos el contenido básico de la defensa del abogado Rivadeneira no fue concordado y discutido con el círculo más cercano y más íntimo del propio General Pinochet.
En esa defensa resulta interesante comprobar que no se niegan las graves violaciones a los derechos humanos. Se acepta que en el norte hubo ejecuciones extrajudiciales y ajusticiamientos ilegales de 72 personas. Y eso no tiene ningún paliativo, nada que, en palabras del abogado Rivadeneira, pueda justificarlo. Él dice: "lo que resulta más claro de todo el proceso es que las 72 personas fueron todas muertas. Lo que sucede es una cosa distinta. Lo que sucede es que los cuerpos de algunos de esos detenidos que fueron fusilados fue con los años encontrado o identificados y respecto de los demás no han sido encontrados esos cuerpos.".
"O han sido encontrados los cuerpos," (se añade en párrafo aparte) "pero no han sido identificados". "Los tres de Copiapó existen los restos, se están identificando, y los 13 de Calama¿ El caso más claro es el de Calama. En Calama, Ilustrísimo Señor, fueron retiradas de la cárcel 26 personas que estaban detenidas y fueron trasladadas a un lugar y allí fueron todas fusiladas y muertas.
"Algunos cuerpos fueron enterrados clandestinamente. Los cuerpos de esas 26 personas fueron encontrados, pero sucede que, de esos restos, 13 han sido identificados y 13 no lo han sido hasta ahora.
"Se trata no de detenidos desaparecidos, sino que de algo que es todavía peor."- ¡peor que detenido desaparecido!- "Se trata de personas que estaban detenidas, que fueron ejecutadas y que luego de ser inhumadas o depositados sus restos en lugares desconocidos o en alguna tumba no identificada de algún cementerio, sus cuerpos no han podido ser encontrados o no han podido ser identificados".
Primero, considero muy importante que la defensa del General Pinochet acepte los hechos del juicio. O sea, que acepte que en la "caravana de la muerte" hubo ejecuciones extrajudiciales, al margen de toda ley, incluso por encima de la ley de la guerra.
En segundo lugar, me parece relevante destacar lo que indica la defensa más adelante: que hubo un encargo del General Pinochet respecto de esa "caravana". La defensa dice que no sabe si ese encargo era para "suavizar" o para "endurecer" la justicia militar. Eso queda en la incógnita. Pero lo que sí es claro es que el General Pinochet no se encontraba al margen de los hechos y que, después de que ocurrieron (como se indica en la página 27 del alegato de don Ricardo Rivadeneira), "El general Pinochet declara que se le informó de fusilamientos.".
Respecto de la responsabilidad política o penal, la defensa expresa algo que me parece muy importante leer en esta Sala, por lo menos para que quede en la historia.
Dice don Ricardo Rivadeneira: "A mí no me cabe duda que en estos hechos -de la misión del general Arellano- y en otros hechos ocurridos durante el gobierno militar, se incurrió en responsabilidades políticas y, probablemente, en graves responsabilidades políticas. Yo así lo he declarado en otras oportunidades, Señoría Ilustrísima.
"Yo he manifestado mi punto de vista, en el sentido de que en los temas de Seguridad Interior del Estado, de creación y manejo de organismos para reprimir atentados en contra de esta Seguridad, se incurrió incluso por el Presidente Pinochet en responsabilidades políticas".
Eso no lo dice el Informe Rettig -por tanto, no se puede contradecir como lo hizo en su minuto el documento del Ejército-, sino quien defiende al General Pinochet.
"Creo" ¿manifiesta más adelante el señor Rivadeneira- "que cometió errores políticos en el manejo de los temas y organismos de seguridad, pero con la misma energía, no se me ha pasado jamás por la mente la duda de que pueda haber incurrido en responsabilidad penal, que haya participado en hechos sancionables penalmente, juzgables criminalmente ante tribunales de justicia".
Bueno. Es lógico que diga eso el abogado que está defendiendo a un procesado. Pero lo interesante es que el propio señor Rivadeneira sostiene que su defendido había incurrido en graves responsabilidades políticas en la conducción del Estado.
Ahora, no sólo se trataría de errores, sino de que de esa conducción -esto es lo importante- se derivan directamente -por el ejercicio del mando- crímenes o, cuando menos, violaciones gravísimas a los derechos humanos, como son algunas de las que dan origen a las querellas por homicidios, asesinatos, torturas, lesiones, ejecuciones extrajudiciales por sobre la ley de la guerra y de los convenios de Ginebra, desapariciones forzosas, deportaciones, relegaciones.
Me parece relevante dejar constancia para la historia de que el alegato del defensor del General Pinochet, justamente al hacer efectivo el reconocimiento de estos hechos, es la confirmación de que ha habido responsabilidad política.
El propio abogado señor Rivadeneira sostiene que no se podía hacer efectiva la responsabilidad política del General Pinochet en virtud de una prohibición legal que lo impedía. Por lo tanto, cuando se señala que el camino es el del juicio político, debo señalar que, al menos en el caso que nos ocupa, esa vía estaba clausurada.
Es evidente que el alegato del señor Ricardo Rivadeneira persigue exculpar penalmente al General Pinochet, pero al hacerlo lo inculpa políticamente. Y creo que eso es lo que va a quedar para la historia como el hecho más trascendente de su alegato. Su defensa no tendrá tanto el mérito de haberlo sustraído, tal vez, de una eventual responsabilidad penal, sino de haber confirmado lo que el Informe Rettig sostuvo, es decir, su responsabilidad política como Jefe del Estado cuando se cometieron esos hechos.
Por eso, y para terminar, considero que lo más importante a estas alturas es la responsabilidad política de quien dirigía el país cuando esos hechos ocurrieron.
La responsabilidad penal ante los tribunales quedará entregada a los jueces. En ello no corresponde intervenir a los ciudadanos ni mucho menos al Parlamento. Pero sí cabe señalar que, respecto del primer punto, la historia quedará, en mi opinión, bien establecida, no sólo por el gran mérito de Raúl Rettig al conducir el Informe que lleva su nombre, sino también por la contribución de quien asumió la defensa del General Pinochet ante los tribunales.
--Pasa a dirigir la sesión, en el carácter de Presidente accidental, el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité Institucionales 2.
El señor LAVANDERO.-
El Comité Institucionales 2 y el Comité Mixto me han cedido su tiempo.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
PONENCIA SOBRE IMPUESTO TOBIN A TRANSACCIONES FINANCIERAS. OFICIOS
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, ante los devastadores efectos de la trasnacionalización económica, y principalmente de la falta de control y creciente desregulación del capital financiero, crece la preocupación en diferentes sectores de la ciudadanía mundial. Parlamentos, centros académicos, sindicatos, organismos económicos han alzado su voz frente a las consecuencias de la hegemonía de movimientos de capitales financieros.
La Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (Attac-Capítulo Chile), organización integrada por la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable y organizaciones sociales y académicos han impulsado el impuesto Tobin. Se trata de un impuesto internacional uniforme, que va del 0,1 por ciento al 0,5 por ciento sobre los movimientos de capitales de corto plazo.
James Tobin, Premio Nobel de Economía, ex consejero del Presidente Kennedy, profesor de la Universidad de Yale ¿y también un elemento que consideró muy importante el economista y Senador, señor Alejandro Foxley-, propuso establecer un impuesto a las transacciones de divisas en 1978.
Dicho impuesto fue diseñado como un freno a la especulación que provoca agudas fluctuaciones en los tipos de cambio y serios daños a las economías. La idea no fue acogida con entusiasmo en su momento, pues era un período de optimismo y confianza en los tipos de cambio flexibles. Al irrumpir en los años siguientes diversas crisis cambiarias, renació la propuesta del impuesto Tobin para reducir la volatilidad en el mercado de divisas.
En los años noventa, dos hechos adicionales agudizaron el interés sobre la idea de Tobin y sus variantes.
En primer lugar, el inmenso crecimiento del mercado de divisas, el cual llegaba a la asombrosa y especulativa cifra de 1.8 billones de dólares de inversión diarios, de acuerdo con el informe del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en 1998, y el correspondiente incremento de la inestabilidad monetaria, como la crisis de 1992 en el Sistema Monetario Europeo y la de 1994 en México. En Alemania, parlamentarios propusieron en 1998 una moción argumentando que entre 1975 y 1994 las transacciones en el mercado de divisas se habían multiplicado por 80, mientras el comercio internacional lo había hecho solamente por 2,5 veces. Ello significaba que, mientras el comercio internacional había aumentado en 31 por ciento, la especulación financiera de corto plazo se había incrementado en 80 por ciento, causando un desajuste colosal en las distintas economías.
En segundo lugar, como el impuesto podría generar sumas sustanciales, la idea llamó la atención de quienes se preocupan por la financiación pública del desarrollo, la que se ve acentuada por los retos fiscales de los Estados, así como por la creciente necesidad de una cooperación internacional en la solución de problemas relacionados con el medio ambiente, la pobreza, la paz y la seguridad.
En función de la fórmula adoptada, y que he señalado anteriormente, el impuesto Tobin podría generar entre 150 y 300 mil millones de dólares anuales.
La ONU y el Banco Mundial estimaron en 1997 que el costo de erradicar las peores formas de pobreza y de proveer una básica protección medioambiental rondaría los 225 mil millones de dólares anuales.
Estos antecedentes son de extraordinaria relevancia e importancia para el desarrollo y el progreso social de distintos países de más bajos ingresos.
En un momento dado, se argumentó en contra del impuesto Tobin, porque podría aumentar las barreras al comercio internacional, lo cual podría producir la caída de éste. La probabilidad de que ello ocurra es extraordinariamente limitada.
Dado que el comercio es esencial para el crecimiento económico, es improbable que un impuesto mínimo corte la demanda comercial en diversos países. Hasta un 40 por ciento del comercio actual tiene la forma de una remesa de bienes entre las sucursales de corporaciones transnacionales -ya este elemento en sí es importante, especialmente las transacciones efectuadas entre las filiales y las casas matrices, materia que, con motivo del cobre, he tocado varias veces en esta Sala-, financiadas por entradas contables, en vez de conversiones de una moneda a otra. Por lo tanto, la mayor parte de estas transacciones ni siquiera están sujetas a impuesto, como lo he determinado en las diversas oportunidades en que me ha correspondido hacer uso de la palabra en este Hemiciclo.
De hecho, con la aplicación del impuesto Tobin el comercio podría gozar de mayor confianza en los niveles de tasa de cambio, lo que permitiría una mejor planificación y pronóstico de las transacciones comerciales.
Un impuesto sobre las transacciones de divisas sería un elemento estratégico de la gestión financiera global, pues podría, primero, reducir los flujos de divisas y capitales de corto plazo y especulativos, que constituye el aspecto más interesante del impuesto Tobin; segundo, estimular la autonomía de la política nacional, que en la medida en que se acerca una globalización, no sobre las empresas multinacionales, sino en cuanto a una gestión financiera del mundo, es evidente que los países van perdiendo la autonomía de sus decisiones dentro de sus propias fronteras; y tercero, restablecer la capacidad impositiva de los estados-nación, afectada por la internacionalización de los mercados.
El impuesto es una fórmula para reducir los flujos desestabilizadores, atractivamente simple. Su base tributaria consiste en transacciones de muy corto plazo, de doble dirección especulativa y de arbitraje financiero en el mercado interbancario. A mayor frecuencia de las transacciones, mayor carga supone el impuesto. Así, se pretende desincentivar las transacciones a corto plazo, sin perjudicar el comercio internacional, los flujos de capital a largo plazo, ni los ajustes en el valor de las monedas, consecuencia de cambios en la economía real.
El gravamen sobre los "negocios normales" no sería significativo, gracias al reducido tipo impositivo ¿como he señalado- del 0,1 por ciento al 0,5 por ciento (en función, por supuesto, del propósito específico). De acuerdo con los cálculos de Parlamentarios alemanes, asumiendo un tipo del 0,2 por ciento, un especulador que trabaje sobre la base de movimientos diarios se enfrentará a un gravamen de 48 por ciento anual; un inversor con un horizonte temporal semanal pagará 10 por ciento, y si ampliamos el plazo a una perspectiva mensual la carga representaría solamente 2,4 por ciento. Como 40 por ciento de las transacciones de divisas tiene un horizonte temporal de menos de dos días -hay que darse cuenta de lo que esto significa: se trata del capital especulativo internacional que busca ingresar sus capitales donde sea atractivo para obtener utilidades sin dejar absolutamente nada para el país receptor-, y el 80 por ciento -estamos hablando de 1,8 billones de dólares diarios- no alcanza a la semana, el impuesto, indudablemente, tendría un efecto calmante.
El impuesto apunta al centro de la inestabilidad financiera contemporánea: los mercados de divisas post-Bretton Woods. El paso a tipos de cambio flexibles, la desregulación de los mercados financieros y de divisas y la introducción de nuevas tecnologías, han causado una enorme expansión de los mercados de divisas. Tipos de cambios inestables ofrecen amplias oportunidades para el ávido especulador en los mercados al contado y de opciones, así como en los mercados de arbitraje de interés correlacionados.
Los intentos unilaterales de los países para ganar estabilidad en sus tipos de cambio a través de vinculaciones y anclajes (normalmente con el dólar) conllevan unos costos crecientes: es necesario acumular y mantener ingentes reservas internacionales para intervenir en el mercado de divisas y contar con unos tipos de interés local extremadamente elevados para atraer al capital extranjero. Estos intentos, apoyados en países de Asia y América Latina por el Fondo Monetario Internacional durante los años noventa, generalmente han fracasado.
El reducir la inestabilidad conllevará los beneficios de una menor incertidumbre, de una menor dispersión de recursos, de una reducida necesidad de transacciones de protección (se denomina "hedging") y de una menor inestabilidad en las variables macroeconómicas en general. El capital debería orientarse a tomar la forma de inversiones a largo plazo más productivas y con claros beneficios para el crecimiento económico.
Un impuesto sobre el mercado de divisas es una imposición sobre flujos internacionales de capital y como tal es un contrapunto fiscal y regulador frente a la globalización y a la liberalización del capital. En un entorno donde la soberanía económica de los estados-nación se ve reducida, la idea ofrece la oportunidad de recuperar algo de la pérdida del poder fiscal de los Gobiernos. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de una política supranacional de impuestos y de redistribución de los ingresos entre la comunidad internacional. Además, cuenta con la ventaja de tratarse de un impuesto sobre un sector relativamente poco gravado actualmente. Existe una disyuntiva entre los objetivos de estabilización y financiación del desarrollo: cuanto mayor éxito tenga el impuesto como freno de la especulación, menores ingresos generará. Sin embargo, incluso si la compraventa de divisas disminuye radicalmente, el ingreso continuaría siendo todavía muy significativo. Cabe señalar que los impuestos sobre las transacciones de divisas no son la única opción impositiva susceptible de coordinación internacional, pero sí la más lucrativa.
Al presente, el 84 por ciento de todas las transacciones extranjeras ocurre sólo en nueve países. La implantación del impuesto Tobin en éstos y otros países puede otorgar inicialmente un régimen de impuesto factible.
De acuerdo con estimaciones del PNUD, el costo para eliminar las peores formas de pobreza mundial asciende a 80 mil millones de dólares anuales. En forma similar, Jubileo 2000 estima que el costo aproximado para terminar con la deuda externa de los países del sur se eleva a 160 mil millones de dólares.
Un impuesto Tobin que ascienda a los 250 mil millones de dólares podría proporcionar financiamiento independiente para medidas de asistencia a nivel mundial. Esto es en especial relevante a la luz de las drásticas reducciones en la asistencia mundial.
A principios de los años 90, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promovió el impuesto Tobin y durante la preparación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhagen, en 1995, aparecieron muchos estudios al respecto.
Un reciente estudio de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) en prevención de crisis, apoya la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, sin mencionar a Tobin. Es de esperar que las organizaciones de la ONU se mantengan favorables al impuesto, principalmente debido al atractivo de los ingresos.
La propuesta del impuesto "Tobin" ya la hizo suya el Gobierno finlandés; y los de Francia y Australia han defendido en el pasado la idea de un gravamen sobre las transacciones de divisas. El Primer Ministro de Malasia declaró que el comercio de divisas "es innecesario, improductivo y completamente inmoral", añadiendo que "debería ser parado". Los miembros de la APEC (Cooperación Económica del Asia-Pacífico) han discutido esta proposición.
En Canadá, Suiza, Alemania y Francia y en el Parlamento Europeo se han debatido mociones sobre dicho impuesto. El Congreso canadiense, de igual modo, lo aprobó por abrumadora mayoría. Mil 500 parlamentarios a nivel mundial le han entregado también su respaldo, y en Brasil 100 congresales crearon el Frente Parlamentario por el Impuesto Tobin. En enero pasado, el pleno del Parlamento Europeo rechazó por sólo seis votos la posibilidad de que se estudiase la creación de un gravamen sobre los movimientos internacionales especulativos de capital.
Obviamente, el signo más alentador llegó en marzo de 1999, cuando el Parlamento canadiense aprobó, por gran mayoría, una moción presentada por un diputado, a título personal, en la que se señalaba: "En opinión del Parlamento, el gobierno debería promulgar y liderar la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras en coordinación con la comunidad internacional.".
Este hecho supone un paso muy importante, ya que como Canadá es un miembro del G-7, actor central junto a Estados Unidos en las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y uno de los inversores más importantes en la última década en América Latina, en especial en Chile -con el cual suscribió un tratado de libre comercio en 1997-, puede colocar los impuestos sobre las transacciones de divisas de nuevo en la agenda internacional.
En Chile, el aumento sustantivo de la inversión extranjera en la última década ha estado ligado al relajamiento de los mecanismos de regulación de ingresos por parte del Estado, que, en algunos casos, llegó a subsidiar tales inversiones.
Simultáneamente, en la década de los noventa se produjo un gran aumento del porcentaje de capitales de corto plazo, especulativos, en nuestra economía, al registrarse una inversión de cartera por un total de 10 mil 54 millones de dólares, con un curso tendencialmente creciente que alcanzó sus puntos más altos en 1997 y 1999.
Al ingreso de recursos se sumó el fuerte crecimiento de los montos colocados fuera del país por los inversionistas institucionales (administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos), a pesar de que Chile requiere de recursos para su desarrollo.
A la suspensión de la aplicación del encaje por el Banco Central, se prevé una eventual eliminación de la restricción a la salida de capitales.
Las consecuencias sociales de estas evoluciones son todavía más graves para los países dependientes, que se ven brutalmente afectados por la crisis financiera al obligar a los Gobiernos a reducir al mínimo los presupuestos de los servicios sociales, y condenan a las sociedades al subdesarrollo. Por su parte, las tasas de interés, más elevadas que en los países del norte, contribuyen a destruir las empresas nacionales, concretándose privatizaciones y desnacionalizaciones salvajes para encontrar los recursos exigidos por los inversores.
Cuando existen sistemas de jubilación, los empleados se ven obligados a sustituirlos por un mecanismo de fondos de pensiones, que conducen a someter aún más sus propias empresas a los imperativos de la rentabilidad inmediata, a ampliar la zona de influencia de la esfera financiera y a persuadir a los ciudadanos de la obsolescencia de sistemas solidarios entre naciones, pueblos y generaciones. La desregulación afecta el mercado del trabajo y tiene como consecuencia la degradación de las condiciones de empleo, el aumento de la precariedad y del paro y el desmantelamiento de los sistemas de protección social.
En estas condiciones, se ha reducido la autonomía del Estado chileno para determinar políticas económicas, trasladándose crecientemente la capacidad decisoria fuera de las fronteras nacionales. Es grave que ¿repito- en la medida en que se acrecienta el poder financiero internacional las grandes medidas financieras ya no se tomarán en Chile, sino en el extranjero y provocarán, en algunos casos, efectos deplorables. Ello significa entregar el país a un mercado ciego, en favor de las empresas transnacionales.
Sin embargo, entendiendo que la iniciativa en comento debe ir acompañada de reformas económicas y políticas, favorecemos la aplicación en la economía nacional del mecanismo de encaje, cuya utilidad fue reconocida internacionalmente, y la mantención de la cláusula que impide la salida, antes de un año, de los capitales ingresados al país.
La iniciativa indicada debe llevar al Gobierno y al Parlamento chileno a postular este planteamiento en el marco de los acuerdos comerciales multilaterales en negociaciones con la Unión Europea y en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), así como en las reuniones que se desarrollarán en la Asamblea Mundial del Milenio de las Naciones Unidas, entre mayo y septiembre del presente año.
Resulta particularmente importante para Chile discutir el tema con el Gobierno y el Parlamento de Canadá, por los lazos económicos y jurídicos internacionales que los unen.
Las posibles acciones comunes tienen como objetivo poner trabas a la especulación internacional; tasar los ingresos de capital; sancionar los paraísos fiscales; impedir la generalización de los fondos de pensiones; promover la transparencia de las inversiones en los países dependientes; establecer un marco legal para las operaciones bancarias y financieras a fin de no penalizar todavía más a los consumidores y a los ciudadanos, teniendo en cuenta que los empleados de las instituciones bancarias pueden jugar un papel importante en el control de estas operaciones, y apoyar la reivindicación de la anulación general de la deuda pública de los países dependientes, y la utilización de recursos liberados a favor de los pueblos y del desarrollo sustentable, que muchos llaman "el pago de la deuda social y ecológica.".
Señor Presidente, he querido resumir al máximo mi intervención respecto de este interesante tema, el impuesto "Tobin", el cual comienza a ser tratado en diversos países y en la comunidad internacional.
Por esa razón, solicito que se oficie al Ministerio de Hacienda; al de Economía, Fomento y Reconstrucción, y al de Relaciones Exteriores, por los antecedentes que se deban promover en el concierto internacional, y también, para su factibilidad y estudio, al Director del Servicio de Impuestos Internos.
Al finalizar, agradezco la colaboración recibida en la campaña iniciada en Chile por parte de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC, Capítulo Chile), que ha comenzado a tratar esta materia. Asimismo, hemos realizado algunas conferencias de prensa al respecto. Y nos interesa que el Gobierno reciba estos antecedentes e informaciones para promover la aplicación del señalado impuesto no solamente en Chile, sino en el concierto y en los escenarios internacionales, comerciales, financieros y económicos.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
Ningún otro señor Senador intervendrá en el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano.
En el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
DECLARACIONES DE MINISTRA DE CORTE DE APELACIONES DESTITUIDA. OFICIO.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, este fin de semana la ex jueza señora Gloria Olivares formuló ciertas declaraciones respecto de las cuales, a mi juicio, el Senado debiera pedir más antecedentes. Ella sostuvo que el año pasado se habrían perdido más de dos mil millones de pesos en el sector judicial. Al parecer, hoy día el señor Ministro de Justicia habría afirmado que efectivamente se iniciará un sumario por esa situación.
Como miembro de la Comisión de Hacienda, creo importante estar informados al respecto. Por lo tanto, solicito oficiar al señor Ministro de Justicia a fin de que proporcione a esta Corporación los antecedentes del caso y, si hay sumario, quién lo está llevando a cabo, porque debemos saber cómo en un Poder del Estado podría perderse tanto dinero.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, de conformidad con el Reglamento.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
INADECUADA APLICACIÓN DE LEY DE AMNISTÍA
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, la Ley de Amnistía ¿decreto ley Nº 2.191, de 1978- es de origen político y constituye precisamente una solución política para una situación de enfrentamiento interno ocurrida en Chile. Es una ley absolutamente política, y si se aplica favoreciendo a unos y no a otros, transforma a estos últimos en perseguidos políticos; es decir, víctimas del poder político que nos gobierna. Por eso, las situaciones que se han ido concatenando en nuestro país han llevado a que los militares en retiro se hayan convertido en potenciales "perseguidos políticos". Y que aquellos que están detenidos o presos sean detenidos o presos políticos. Lo anterior se agrava al dejarse sin efecto la prescripción del delito, sin que ello cause la más mínima duda por parte de quienes aceptan su justificación sobre la base de que no se aplica en este seudodelito permanente de "detenido desaparecido secuestrado". Ello afecta en este momento, entre otros, a don Augusto Pinochet Ugarte, ex Presidente de la República, Senador vitalicio en ejercicio y ex Comandante en Jefe del Ejército.
Entonces, la figura penal del "detenido desaparecido secuestrado", aceptada por algunos de nuestros tribunales de justicia, contraría la letra y el espíritu de dos normas basadas en principios de Derecho universalmente reconocidos y que son la Prescripción y la Amnistía, leyes de la República en plena vigencia y que nunca el Legislativo las ha derogado o cambiado.
Ambas instituciones tienen por objeto establecer la necesaria paz y convivencia que deben imperar en el interior de los Estados y la seguridad que éstos deben otorgar a sus habitantes, garantizándoles que no se perpetuarán indefinidamente situaciones que puedan afectarles eventualmente. Se trata de dos normas que, más que lograr la justicia, tienden a imponer el orden y dar seguridad.
Es ilustrativo al respecto lo que los considerandos segundo y tercero de la Ley de Amnistía citada establecen a la letra:
"1.-
El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido, y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos.
"2.-
La necesidad de una férrea unidad nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que debe regir los destinos de Chile".
La no aplicación de la prescripción y la amnistía llevan, sencillamente, a que cualquier militar, carabinero o detective en retiro, incluyendo a civiles colaboradores, puedan ser obligados a comparecer a un tribunal del crimen, aunque ello no signifique un sometimiento a proceso o una sentencia condenatoria. Sin embargo, este hecho ¿que se encuadra en la obligación de toda persona de cooperar con la acción de la Justicia- se ha transformado, por la odiosa y sistemática campaña tendiente a minar el prestigio de las Fuerzas Armadas y de Orden, en un motivo de escándalo que, hábilmente publicitado, importa una condena sin juicio ni fallo previo, la que es prácticamente imposible revertir.
Estos hechos resultan más inaceptables y bochornosos si se tiene en consideración que muchos de los que propugnan esta sistemática y vesánica persecución han gozado de los beneficios de esas leyes que ahora desconocen, ya que sus acciones delictuales debidamente comprobadas fueron declaradas "prescritas", o bien, se acogieron a "amnistía".
Esto, en la práctica, no hace sino desconocer la garantía constitucional de igualdad ante la ley, que en nuestro país es de larga data, pues está contemplada no sólo en la actual Constitución, sino también en las de los años 1925 y 1833.
Todo ello ¿reitero- nace de la peculiar figura del "detenido desaparecido" que se encuentra "secuestrado" y, por lo tanto, vivo, la que, no obstante cualquier lucubración, pugna abiertamente con una mínima razón. No es dable que existan desaparecidos que estén en esa situación por veinte o más años. Seamos realistas. Aunque sus restos no se hayan encontrado, no es posible que ellos se hallen hasta este momento "secuestrados" en algún lugar al que la Justicia no ha podido acceder. Por dolorosa que sea, y respeto este sentimiento, la conclusión necesaria es que ellos fallecieron y, consiguientemente, no se encuentran secuestrados ya que este delito ¿el secuestro- tiene como sujeto pasivo a las personas, mas no, como en este caso, a los cadáveres.
Por consiguiente, los militares en retiro están expuestos a que la opinión pública, por las razones anotadas, tenga la convicción de que han cometido delitos que ni siquiera se determinan.
Lo mencionado significa una nueva violación de un derecho consustancial a la persona humana, que también está considerado y garantizado en nuestra Carta Fundamental. Me refiero al "derecho a la honra", que después del derecho a la vida es, sin lugar a dudas, el más importante del ser humano. Nadie borrará la deshonra que significa aparecer en los medios de comunicación "citados" a declarar en los procesos por presuntivas violaciones a los derechos humanos, lo que con la orquestada campaña que se ha fraguado induce a la mayoría de los que la reciben a formarse la convicción de que nos encontramos frente a delincuentes. Además, nuevamente se da un doble estándar, una distorsión de trato. Mientras estos militares son llamados a declarar, teniendo de ello pleno conocimiento los medios de comunicación y, por ende, todo el país, los decretos que acogieron a los procesados o a los condenados a los beneficios de la amnistía tuvieron el carácter de "reservados", con el objeto de que sus beneficiarios que ¿insisto- eran subversivos, que hacían terror con fines políticos, y no meros idealistas, pudieran reinsertarse en nuestra sociedad con mayor facilidad, y no figurando en tales aspectos.
Queda de manifiesto nuevamente el distinto trato dispensado a unos y el que se pretende dar a otros.
¿Cuál es la solución real? Ésta debe plantearse en el ámbito político y, en consecuencia, tanto el Ejecutivo como el Legislativo no pueden desentenderse de buscarla.
Por estas razones, propongo que se constituya una Mesa de Unidad Nacional, que permita buscar no una solución judicial -porque ésta se encuentra ahora fuera del Estado de Derecho al desconocerse en esta materia dos principios jurídicos fundamentales, como son la Amnistía y la Prescripción-, sino acuerdos políticos en los que la Ley de Amnistía y la prescripción se refuercen y apliquen en su real sentido, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 19 de abril de 1978, y se extiendan, en una segunda etapa, incorporando todos los hechos punibles de carácter político debidos a las acciones de los grupos subversivos, como también los provenientes de la reacción de las fuerzas de seguridad cometidos desde el 20 de abril de 1978 al 11 de marzo de 1990.
Esa solución me parece la más viable para lograr una concordia nacional, con la que debemos iniciar y vivir el siglo XXI.
He dicho.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, quisiera intervenir.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
Si el Comité Institucionales 1 le cede el tiempo que le resta, no existe inconveniente para ello, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Por supuesto, señor Presidente.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
CRISIS PESQUERA ARTESANAL EN ZONA AUSTRAL. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en la sesión pasada me referí al conflicto que viven los pescadores artesanales de Aisén. Por hechos bastante connotados publicados en la prensa, se conoció otro posterior en la Duodécima Región, en Magallanes, y algo que había ocurrido antes en la Región de los Lagos.
La verdad es que, por el grado de aislamiento de la Undécima Región, en particular de Puerto Aisén, Chacabuco y el sector del litoral, la cuestión no es del todo conocida a nivel nacional, pero es lejos más grave que lo divulgado por los medios de prensa. Hoy en día, miles de pescadores artesanales con sus familias se hallan en franco proceso de paralización y han realizado una serie de tomas pacíficas -y otras no tanto- en los terminales pesqueros, la Gobernación, la Federación de Pescadores Artesanales y el Servicio Nacional de Pesca.
Lo grave es que, aparte no haberse recibido una respuesta rápida de la autoridad, ojalá sin presiones, respecto de una acción que era previsible, también se está afectando al sector industrial, pues las principales empresas se encuentran actualmente imposibilitadas de salir con sus recursos. Incluso, las naves industriales han debido ser desviadas hacia otros sectores, han procesado lo poco que les quedaba como para ser refrigerado, y, también, miles de trabajadores han tenido que parar sus actividades, fundamentalmente en las empresas Fríosur y Pesca Chile. Ello significa ir aumentando el grado de conflicto.
Las soluciones expuestas por los pescadores artesanales son, en su gran mayoría, de orden administrativo, lo que significa instalar el posicionador satelital, para obtener transparencia en cuanto a las áreas en las cuales se extraen los peces. La ley respectiva ya fue despachada por el Congreso Nacional y está el reglamento, y todavía la autoridad no llega a la materialización del sistema.
Cabe destacar la conveniencia del perfeccionamiento del registro de pescadores artesanales, en el cual figuran personas que no desarrollan la actividad, en tanto que otras que sí la ejercen no han podido ser incorporadas, ya que se trata de especies en plena explotación. Y un caso dramático se plantea con el recurso loco, respecto del cual gente de la más variada procedencia, cuando se otorgan cupones para la extracción, aparece con "residencia" -entre comillas- en la Región de Aisén, accediendo a las cuotas. Obviamente, ello es un insulto a las personas que sacrificadamente viven y cuidan el recurso en el sector y sufren la depredación de personas provenientes de otras partes.
Como es obvio, resulta necesaria la flexibilidad en la determinación de las fechas para la pesca y el acceso a las exiguas cuotas de algunos recursos como el congrio o la merluza austral. No se puede señalar de un día a otro el momento para pescar ni definir fechas rígidas en los meses en que el mar está en malas condiciones. No todos se informan con la misma acuciosidad ni en el mismo momento. En el fondo, lo que se requiere es mayor transparencia.
Por lo tanto, solicito al Ministerio de Economía, del cual dependen la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, que en el más breve plazo se haga presente en la Región de Aisén, para poder llevar a cabo una negociación sin presiones que verdaderamente satisfaga al sector de los pescadores artesanales que efectivamente residen en la Región y tomar las medidas del caso tanto en el ámbito administrativo como a través de las iniciativas legislativas en distintas etapas de tramitación en el Parlamento. En consecuencia, pido que se envíe un oficio, en mi nombre, tanto al señor Ministro de Economía como al señor Subsecretario de Pesca y al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, para que el asunto se solucione en el más breve plazo posible, en la línea armónica de los petitorios presentados por los pescadores artesanales, sin afectar a la pesca industrial.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
La tiene, Su Señoría.
El señora MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, quisiera que mi nombre también fuese incluido, para apoyar el planteamiento del Honorable señor Horvath, si éste no tiene inconveniente.
El señor HORVATH.-
Ninguno.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, conforme al Reglamento, en nombre del Senador señor Horvath, con la adhesión del Senador señor Martínez.
El señor HAMILTON (Presidente accidental).-
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
______________
--Se levantó a las 19:26.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción