INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ASIGNATARIAS DE PENSIÓN DE INVALIDEZ. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor GARCÍA (Presidente).- Pasamos al siguiente asunto del Orden del Día, correspondiente al informe de la comisión mixta constituida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República a fin de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.
--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 14.445-13, 13.011-11, 14.449-13, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para que me pueda reemplazar por unos minutos la senadora Luz Eliana Ebensperger?
Acordado.
Senadora, por favor.
(Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la senadora Luz Ebensperger).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La señora Presidenta pone en discusión el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto recién individualizado.
Esta iniciativa inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto compuesto por siete artículos permanentes y tres disposiciones transitorias, con el propósito de aumentar el porcentaje de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, contemplando, además, como medida alternativa, la donación en dinero.
Posteriormente, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al mencionado proyecto, las cuales fueron aprobadas por el Senado en el tercer trámite constitucional, con excepción de tres de ellas, recaídas en los números 4) y 5) del artículo 1°, modificatorio de los artículos 157 bis y 157 ter, respectivamente, del Código del Trabajo, y en el artículo primero transitorio de la iniciativa.
Dichas modificaciones, rechazadas en el tercer trámite constitucional, dieron lugar a la formación de la comisión mixta que, como forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas cámaras, acordó, con las votaciones que en cada caso se registran en su informe, proponer lo siguiente:
-En el artículo 1°, respecto del número 4), que modifica el artículo 157 bis del Código del Trabajo, sustituirlo por otro que reemplaza en su inciso primero el guarismo "1%" por "2%", referido a la contratación de personas con discapacidad o pensión de invalidez en las empresas de 100 o más trabajadores.
-Respecto del ordinal 3 de la letra c) del número 5), que modifica el inciso cuarto del artículo 157 ter del Código del Trabajo, referido a la posibilidad de las empresas que no puedan cumplir la obligación de contratación de personas con discapacidad o pensión de invalidez, de efectuar donaciones en dinero a los proyectos o programas que se indican, aprobar la sustitución del numeral 6) que dicho ordinal contempla, para disponer que las empresas obligadas no podrán destinar más del 50 por ciento de los recursos de la donación a una única organización y, adicionalmente, que dichos recursos deberán destinarse al menos a un proyecto o programa a ejecutar en una región distinta de la Metropolitana.
-Incorporar un número 6), nuevo, que modifica el artículo 157 quáter del Código del Trabajo, agregando en el inciso segundo, relativo a las empresas que deben promover en su interior políticas de inclusión, la obligación de proporcionar un protocolo de ambientes laborales acordes a los parámetros establecidos en la ley N° 20.422, el que deberá ser entregado anualmente a las personas trabajadoras.
-En el artículo transitorio, aprobar el inciso primero resuelto por el Senado y como incisos siguientes los incisos segundo y final en los términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, disponiendo en el primer inciso que la ley entrará en vigencia al momento de su publicación en el Diario Oficial, salvo lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° permanentes, que entrarán en vigencia el primer día del decimotercer mes siguiente a la fecha de la publicación.
Los incisos siguientes establecen que las modificaciones que señala se harán efectivas a partir del primer día del mes de enero del año siguiente al envío del informe sobre cumplimiento de la cuota del 1 por ciento de contratación de personas con discapacidad y/o asignatarias de una pensión de invalidez en el 80 por ciento de las empresas e instituciones obligadas.
Corresponde, por tanto, que el Senado se pronuncie respecto de la propuesta efectuada por la referida comisión.
En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por esta cámara de origen en el primer trámite constitucional, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, los acuerdos adoptados por el Senado en el tercer trámite, la proposición de la comisión mixta y el texto final como quedaría de aprobarse dicha propuesta.
Es todo, señora Presidenta.
La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).- Le damos la palabra al presidente de la comisión mixta, senador Cruz-Coke.
El señor CRUZ-COKE.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Por su intermedio, vengo a presentar el informe de la comisión mixta a la que le correspondió estudiar el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (boletines números 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11, refundidos).
La comisión mixta, reunida en sesiones de fechas 30 de mayo y 5 de junio del presente año, llegó a un acuerdo para resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley recién individualizado.
Es pertinente recordar que la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, realizó más de dieciséis modificaciones al texto despachado por el Senado, de las cuales nuestra Corporación rechazó solo tres.
Para una rápida comprensión de los disensos entre ambas cámaras y las proposiciones de la comisión mixta, indicaré cuáles fueron esas tres diferencias y cuál fue el acuerdo adoptado respecto de cada una de ellas.
La primera diferencia se observó en el texto de la Cámara de Diputados que establecía, en el artículo 157 bis del Código del Trabajo, la obligación de las empresas de 100 o más trabajadores de contar en sus reglamentos internos con un protocolo de trato que permitiera responder a la necesidad de los trabajadores que se encuentren en situación de discapacidad o sean asignatarios de pensión de invalidez. El Senado rechazó dicho texto en el tercer trámite constitucional.
Por ello, la proposición de la mixta consiste en establecer, en el inciso segundo del artículo 157 quáter del Código del Trabajo, la obligación del empleador de proporcionar un protocolo de ambientes laborales conforme a los parámetros de la ley No 20.422, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, protocolo que deberá ser entregado anualmente a las personas trabajadoras.
Esta propuesta fue acordada en forma unánime por los y las integrantes de la comisión mixta, senadora Sepúlveda, senadores Cruz-Coke, Galilea y Moreira, diputadas Marlene Pérez y Camila Rojas y diputados Jorge Guzmán y Daniel Melo.
La segunda diferencia entre ambas cámaras, recaída en el artículo 157 ter del Código del Trabajo, se refería a aquellas empresas obligadas a la contratación de personas con discapacidad o pensionadas por invalidez y que decidieran el cumplimiento alternativo mediante donaciones, disponiéndose que no podrían destinar más del 50 por ciento de estas a una sola organización y, adicionalmente, que los recursos donados deberían destinarse al menos a un proyecto o iniciativa que se fuera a ejecutar en una región distinta de la Metropolitana.
La proposición de la comisión mixta consiste en mantener la idea central aprobada por la Cámara de Diputados agregando la exigencia al caso de recursos donados que se destinen al menos a un proyecto en una región distinta de la Metropolitana, de que la entidad ejecutora deberá tener domicilio acreditable en la región en la que se ejecuten esos recursos -valga la redundancia, pero es bueno aclararlo-, y para acreditar esto último, las instituciones donatarias deberán extender el certificado No 60 del Servicio de Impuestos Internos y entregarlo al empleador donante. Esta propuesta fue aprobada con la abstención del senador Galilea.
Y a pesar de que no está consignado en el informe, importa destacar también que en la discusión se señaló que ojalá fuera una norma que se revise con cierta periodicidad -está aquí la ministra, a quien aprovecho de saludar-, para que las donaciones efectivamente se lleven a cabo, dado que es comúnmente sabido que, cuando se aplican fondos comunes o aquellas van a destinatarios distintos a los que la donación inicial iba dirigida, estas suelen no realizarse, como hemos visto en distintas leyes en esta materia.
La tercera diferencia surgió debido a la sustitución por parte de la Cámara de Diputados del artículo primero transitorio, que fijaba la entrada en vigencia del aumento del 1 al 2 por ciento de contrataciones de personas con discapacidad, vinculada con la exigencia de la emisión de un informe (de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social y Familia y de Hacienda) que acreditase el cumplimiento de esta cuota en el 80 por ciento de las empresas e instituciones obligadas; asunto que -vuelvo a repetir, porque es importante señalarlo- no se cumple a la fecha. Por tanto, para pasar del 1 al 2 por ciento hoy día sería necesario que hubiese cumplimiento de ocho de cada diez obligados y todavía estamos lejos de ese porcentaje, pero al menos esto pone un gatillo para que, al haberse cumplido por el 80 por ciento, se pase ya al 2 por ciento, lo que es deseable, pero que sabemos que no se cumple. Esperamos que con estas modificaciones tienda a existir una mayor ejecución.
La proposición de la comisión mixta fue mantener lo aprobado por la Cámara de Diputados, con excepción del inciso primero, que fue reemplazado por la norma resuelta por el Senado, dado que regula la entrada en vigencia de la normativa aplicable a las personas con discapacidad en el Estatuto Administrativo, en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y en el Estatuto de los Asistentes de la Educación. Esta proposición fue acordada en forma unánime por las y los integrantes de la comisión mixta.
Señora Presidenta, conforme a lo anteriormente expresado, solicito a la Sala que tenga a bien aprobar las proposiciones del órgano bicameral, cuyo propósito es contar con textos legales que aseguren el cumplimiento efectivo de lo preceptuado.
Asimismo, es importante recordar que esta iniciativa de ley aumenta del 1 al 2 por ciento el número de personas con discapacidad, o que sean asignatarias de pensión de invalidez, que deberán ser contratadas o mantenerse contratadas por empresas de 100 o más trabajadores y las instituciones públicas que tengan dotación de 100 o más funcionarios.
Dicho nuevo porcentaje entrará en vigencia a partir del primer día del mes de enero del año siguiente al envío del informe ministerial que acredite el cumplimiento de la cuota del 1 por ciento en el 80 por ciento de las empresas e instituciones públicas también obligadas.
Con todo, y excepcionalmente, el primer informe ministerial deberá ser emitido dentro del plazo de doce meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Es todo cuando puedo informar, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Cruz-Coke.
Ofrecemos la palabra a la señora ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro.
La señora TORO (ministra de Desarrollo Social y Familia).- Muchas gracias.
Primero quiero saludar a todos los senadores y las senadoras.
Agradezco también al senador Cruz-Coke por el informe.
Una cosa que quiero destacar, ante todo, es el amplio acuerdo y consenso que hemos visto en la tramitación de esta ley. Si bien se llegó a comisión mixta, en todos los trámites hubo en general unanimidad, y eso da cuenta de una voluntad y preocupación transversal por hacer efectiva la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Así que agradezco la disposición que hubo en la comisión mixta para resolver estas diferencias con propuestas de consenso.
Simplemente quiero resaltar cuál es la importancia de esta modificación.
La ley de inclusión laboral de personas con discapacidad entró en vigencia el año 2018 y, si bien ha habido avances importantes, se han identificado elementos que dan cuenta de que hoy día no se está cumpliendo a cabalidad.
Los informes de evaluación de los distintos años han dado cuenta no solo de un bajo cumplimiento de la ley, sino incluso de una baja ejecución de la obligación de comunicar a la Dirección del Trabajo, y eso hace que hoy día, por ejemplo, no tengamos suficiente información respecto del cumplimiento de la normativa.
Así que esa es una primera necesidad de la que da cuenta este proyecto de ley.
Otra preocupación tiene que ver con la fiscalización de sus disposiciones y con la falta de capacidades, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, para aumentar la cuota de contratación. En tal sentido, quisiera destacar que las principales modificaciones que se introducen en este proyecto, además del aumento del 1 al 2 por ciento de la cuota de contratación, que sin duda es un estándar relevante, tienen que ver con las maneras de garantizar, efectivamente, su cumplimiento, modificando el régimen de multas para evitar que termine siendo más favorable recibir una sanción que el seguimiento de la ley y el objetivo de la inclusión.
La iniciativa refuerza la regulación de las medidas subsidiarias, estableciendo y asegurándonos de que sean efectivamente subsidiarias y de que no sean la forma de cumplimiento principal, y además de que, cuando se haga este tipo de cumplimiento -el senador Cruz-Coke lo detalló en su informe-, se asegure que las donaciones efectuadas a instituciones sin fines de lucro no se concentren todas en la región Metropolitana, sino que también se promueva la inclusión laboral a lo largo de todo el país.
Además, se aumenta la contratación en la Dirección del Trabajo para mejorar justamente la fiscalización.
Por otra parte, cuando hablamos del sector público, el proyecto establece normas importantes en tal sentido, tanto en la modificación de las reglas que regulan el ingreso a la Administración del Estado, a los municipios y al cargo de asistente en la educación pública como con respecto al requisito de salud compatible y tener enseñanza media completa, entendiéndose que estos requisitos se cumplen también por las personas con discapacidad que han egresado de escuelas especiales.
Asimismo, se aumentan las capacidades de fiscalización en el sector público, que hasta ahora no estaban suficientemente reguladas, pues era una preocupación para el Estado que estas no se cumplieran completamente.
Por eso se le entregan expresamente funciones fiscalizadoras en esta materia a la Contraloría General de la República, pero también se especifican obligaciones que recaen sobre las jefaturas de los servicios, cuyo incumplimiento puede configurar responsabilidad administrativa.
Se incorpora además, en el sector público, la figura del gestor de inclusión, que ya contempla la ley respecto del sector privado.
Entonces, con estas modificaciones creemos que vamos complementando una ley que ya tiene varios años de vigencia, pues nos hemos ido dando cuenta en su implementación, revisando los informes pertinentes, de que se deben ir llenando aquellos vacíos o aspectos en los que faltó una mayor regulación.
Así que, por cierto, agradezco la disposición de todos los senadores y las senadoras en esta materia, especialmente en la comisión mixta.
Creo que este proyecto es un ejemplo de que, cuando hay preocupaciones transversales que hablan de la inclusión y de fomentarla efectivamente a lo largo de todo el país, podemos llegar a acuerdos y consensos que van en beneficio de las personas.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, ministra.
Se encuentran inscritas e inscrito para intervenir la senadora Isabel Allende, la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Fidel Espinoza y la senadora Alejandra Sepúlveda.
Senadora Isabel Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.- Gracias, Presidente.
Primero, saludo a la ministra de Desarrollo Social, que nos acompaña; al ministro de la Segprés, Álvaro Elizalde, y, a través de la ministra, muy especialmente al director del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, porque fue recientemente nombrado nuevo presidente del Programa Iberoamericano de Discapacidad, conocido por su sigla "PID", para los años 2024-2026.
Este organismo intergubernamental, que nació en 2018 en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, es el más importante de Iberoamérica y tiene como propósito, por cierto, contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos.
Por lo tanto, me parece muy importante hacer esta mención y por eso, ministra, saludo al director del Servicio Nacional de la Discapacidad. En ese sentido, pienso que hasta cierto punto este es un reconocimiento hacia Chile por las políticas que hemos implementado y por nuestra especial preocupación con respecto a la discapacidad.
En seguida, voy a referirme al texto que nos presenta la comisión mixta.
Primero, felicito el trabajo de dicha instancia, en virtud del informe que nos acaba de entregar el senador Cruz-Coke.
Pienso que era importante haber resuelto las diferencias, sobre todo considerando que teníamos una ley desde el 2018, pero que no se estaba aplicando a cabalidad -lejos de aquello- y por lo tanto resulta fundamental buscar distintos mecanismos que nos permitan incentivar su cumplimiento, más que recurrir al ejercicio sancionatorio de las multas.
Al respecto, el hecho de aumentar de 1 a 2 por ciento la cuota de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez en las empresas que tengan más de 100 trabajadores o en entidades públicas con más de 100 funcionarios parece razonable. Sin embargo, creo que también es razonable -valga la redundancia- el acuerdo a que llegó la comisión mixta, porque no debiéramos partir por aumentar al 2 por ciento si no hemos logrado ese cumplimiento, que es bastante bajo y no llega ni siquiera al 50 por ciento, sino que bordea el 30 o 40 y tantos por ciento.
Por lo tanto, resultaría acertado decir, previo informe, cuando nos haya comunicado la Dirección del Trabajo y tengamos un conocimiento acabado de que el cumplimiento supera el 80 por ciento, "pasemos al 2 por ciento". Pero haberlo impuesto ahora la verdad es que no tenía mucho sentido, dado que si no logramos cumplir con el 1 por ciento tampoco íbamos a alcanzar el 2 por ciento, menos si lo establecemos de manera inmediata.
También quiero destacar que hemos ido dejando atrás un cierto paradigma más bien asistencialista para ir a lo que debe ser, a lo que corresponde y a lo que está de acuerdo con la Convención sobre la Discapacidad. Estamos hablando de comprender a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Y entonces es nuestra obligación realizar todas las adecuaciones necesarias para que ellas puedan ejercer libremente sus derechos y gozar de ellos de manera autónoma.
En ese sentido, cabe destacar que se han introducido modificaciones para que la Ley de Inclusión Laboral pueda implementarse, como decía, correctamente.
Del mismo modo, me parece de relevancia, además de lo relacionado con el 1 o 2 por ciento que se comentó, modificar el régimen de multas.
Es importante también que, por cierto, las donaciones que se hagan a fundaciones sin fines de lucro no solo se concentren en la región Metropolitana, sino que vayan, por supuesto, a nuestras regiones.
Igualmente resulta muy fundamental buscar una mejor fiscalización del sector público.
No podemos dejar atrás la falta de fiscalización y de información que ha habido, pues, por supuesto, todo esto redunda en el incumplimiento de la legislación, que, como dije, tenemos desde el 2018.
Por ejemplo, se ha evidenciado que de 6.541 empresas con más de 100 trabajadores, han cumplido la obligación de reportar solo 2.821 de ellas, es decir, apenas un 44 por ciento. Estas son las empresas que reportan, porque, obviamente, tenemos muchas que ni siquiera lo hacen. Y en el sector público, de 418 instituciones, cerca del 35 por ciento cumple con la ley.
Por lo tanto, como aquí se ha dicho, esto evidencia una muy baja implementación, tanto en el sector público como en el privado.
Además, ha habido dificultades administrativas para que la Dirección del Trabajo pueda obtener el universo de las empresas obligadas y, por lo tanto, realizar una fiscalización mucho más efectiva.
Asimismo, han existido trabas en la contratación de personas en el sector público, dado que se exigía -y es importante mencionarlo aquí- un certificado de educación media completa, sin que ellas pudieran acreditar, por ejemplo, que han complementado o terminado sus estudios bajo la modalidad de educación especial.
Por otro lado, me parece necesario reforzar al Sence con programas y proyectos sobre discapacitación laboral, ya que existe una baja cantidad de contratos vigentes desde la entrada en vigencia.
Por eso son importantes las modificaciones que hemos señalado.
En tal sentido, es relevante que se determine un mejor concepto en torno a lo que se entiende por "razones fundadas" que habilitan a la empresa para la utilización de medios alternativos al cumplimiento. Aquellas razones tienen que ser muy fundadas, toda vez que lo que queremos es que se cumpla con la obligación, no que se pague una multa. ¡Que se cumpla!
Ahora, resultan además importantes la aplicación de ofertas en la Bolsa Nacional de Empleo y las modificaciones relacionadas con el gestor de inclusión que debe haber en cada uno de nuestros servicios públicos para que fomente e informe sobre la inclusión.
Creo que ya mencioné lo relativo a las donaciones, pero también es fundamental que estos contratos no solo se realicen para ciertos cargos administrativos -a lo mejor son menores, pero todos resultan importantes-, sino que también exista la posibilidad de contratar profesionales, ya que como país tenemos que ir superando los obstáculos que ponemos a las contrataciones y al desarrollo profesional de muchos estudiantes que han logrado superar sus discapacidades y han conseguido recibir un título pero no pueden insertarse en lo laboral, por todas las dificultades que nosotros ponemos todavía como sociedad.
En ese sentido, existen personas con distintas profesiones -profesores, abogados, ingenieros incluso- que perfectamente podrían estar ejerciendo lo que estudiaron.
En esa línea, quiero recordar una vez más lo que logramos con esta ley gracias a la carta que me envió un joven estudiante de derecho cuyo anhelo en la vida era ser parte del Poder Judicial pero que, obviamente, de acuerdo a nuestro Código Civil, no era posible. Si hay alguna satisfacción que podemos mostrar hoy día en nuestro Congreso es que se aprobó la moción que presentamos para terminar con el impedimento de que jóvenes abogados, pudiendo ser ciegos, ingresaran al Poder Judicial.
Me parece importante también cumplir con otras normas en relación con las entidades receptoras de donaciones que hemos señalado, y además con las vinculadas a las multas que, como ya indicaba, no necesariamente nos interesan más, aunque se hayan subido, sino que lo primordial es que se cumpla con la obligación.
Por eso quiero valorar el trabajo de la comisión mixta. Me parece bien y, por cierto, anuncio desde ya mi voto a favor.
También quisiera señalarle a la ministra de Desarrollo Social, aquí presente, que este no es el único proyecto con el que vamos a agotar las posibilidades de cumplir con nuestro compromiso internacional -la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-, sino que debemos avanzar en muchos otros temas.
Por eso aprovecho de recordarle que hemos presentado una moción relacionada con el etiquetado universal de medicamentos, que está siendo analizada en la comisión respectiva y me agrada mucho que la sigan tramitando; otra que promueve la inclusión de personas con discapacidad en las artes, la cultura y el patrimonio, estableciendo una mayor ponderación a los proyectos que postulen a fondos públicos y tengan como público principal, por ejemplo, personas con discapacidad o que las integren como sus trabajadores artistas; otra que suprime las discriminaciones que todavía subsisten en nuestro Código Civil; otra que establece una mayor ponderación o puntaje para las empresas privadas que contraten con el Estado y establezcan medidas especiales de inclusión, y finalmente, una que fortalezca el derecho a la información en los medios de comunicación social y los sitios electrónicos del Estado.
Son cinco mociones que ojalá se sigan tramitando y espero que la ministra de Desarrollo Social o el Gobierno pueda patrocinar alguna de ellas porque nos parecen muy relevantes.
Y la sexta moción que me interesa destacar, ministra, por su intermedio, Presidente, que también espero pueda ser trabajada, tiene que ver con la inclusión en el sistema financiero. Para decirlo en corto, fácil y rápido, hoy día una persona ciega, por ejemplo, no tiene posibilidad alguna de acceder al banco en forma electrónica, sobre todo a los cajeros automáticos u otros medios de pago, porque los números de las máquinas no están hechos de manera continua, sino al azar, lo que representa una dificultad aún superior.
Creo que hay muchas maneras. Y estoy segura de que la comisión relacionada con el área financiera estaría de acuerdo en apoyar esta moción, que vamos a presentar el día de hoy, para que podamos avanzar también en integrar modalidades de pago y facilidades para las personas que padecen algún grado de discapacidad.
Por eso, Presidente, voto a favor.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Isabel Allende.
El señor CRUZ-COKE.- ¿Podría abrir la votación, Presidente?
La señora ALLENDE.- Sí, ábrala.
El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en abrir la votación?
El señor ESPINOZA.- Sí.
La señora SEPÚLVEDA.- De acuerdo.
El señor GARCÍA (Presidente).- Así se acuerda.
En votación.
(Durante la votación).
Ofrecemos la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Gracias, Presidente.
La verdad es que tengo sentimientos encontrados con este proyecto.
Primero, quiero saludar a la ministra presente y partir por hacer un análisis de los datos, de la realidad.
En 2024 solo un 48,8 por ciento de las empresas obligadas a informar la inclusión de personas con discapacidad cumplen este trámite y, por otro lado, esa cuota solamente la alcanza un 44 por ciento, lo que han dicho varios senadores que me antecedieron, en el contexto de un 1 por ciento de contratación. Hoy día estamos aspirando a un 2 por ciento. Pero en el sector público la situación es muy muy desalentadora: solamente un 34 por ciento. Y en el caso de los municipios la cifra es cercana a un 20 por ciento. Esto es muy muy negativo.
Por eso nos alegra que la Contraloría vaya a fiscalizar esta normativa, toda vez que puede ser un incentivo para cambiar las cosas.
No hay que olvidar que el 22 por ciento de la población adulta en Chile padece cierto grado de discapacidad, y de ella solo el 30 por ciento logra algún nivel de ocupación, muy por debajo del 58 por ciento de las personas sin discapacidad. Y de este 20 y tantos por ciento de discapacitados que hay en Chile, el 64,5 por ciento se encuentra completamente inactivo. En el caso de La Araucanía, el porcentaje es aún mayor. Nosotros tenemos cifras más altas todavía: un 22 por ciento de personas con discapacidad.
Y quiero hacer dos puntos para la historia de la ley.
Lo primero es que los países desarrollados que tienen altos índices de ocupación para personas con algún grado de discapacidad poseen registros muy avanzados en cuanto al tipo de invalidez, dónde se encuentran y todas sus condiciones. Hay discapacidades porcentuales en cuanto a la movilidad, discapacidades visuales y auditivas, y eso también genera ciertas habilidades para una cosa u otra. O sea, existe cierta categorización del tipo de discapacidad, cierta descripción, muy clara y evidente en torno a la edad, etcétera, para permitirles a esas personas realizar determinados oficios y prohibirles cosas que no pueden hacer.
Hoy día Chile adolece de esa información, fundamental para mantener un registro, ojalá georreferenciado, que permita hacer un cruce de datos a fin de entregar una oferta laboral vinculada a personas con estas dificultades.
Por otro lado, se cree -así lo dicen las estadísticas- que, si todas las empresas cumplieran con la normativa vigente, probablemente no tendríamos el número de personas con discapacidades para poder emplear, porque muchas de ellas carecen de una condición de empleabilidad, producto de su edad o por encontrarse postradas, lo que no les permitiría acceder al trabajo.
Entonces, como ocurre con muchas otras normas que hemos aprobado -y esto no es responsabilidad de este gobierno ni del anterior-, tengo la sensación de que somos muy buenos para hacer leyes que no se cumplen, leyes que son bonitas en el escritorio para poder decir, como otros países, "sí, tenemos una ley de inclusión para personas con discapacidad", pero en la práctica no las cumplimos porque faltan todos los ingredientes para ese propósito, entre ellos, el mayor de todos, que es el tema cultural. Chile no está preparado culturalmente para hacer una inclusión de verdad. Yo creo que nos falta muchísimo desde la arquitectura, la disposición de las calles, etcétera.
Hemos sacado normas para asegurar el acceso universal que no se cumplen. O sea, todo es norma y todo es ley por escrito para decir que hacemos cosas que no hacemos, porque no somos un país desarrollado y porque culturalmente nos falta mucho, incluso en la educación escolar, media, universitaria.
Realmente tenemos que darnos cuenta de que las personas que son diferentes por sufrir alguna condición especial no necesariamente no sirven para muchas cosas; todo lo contrario.
Los que hemos tenido la suerte de poder estudiar en otros países lo sabemos. Y voy a nombrar Japón, porque es el que vi más de cerca. En ese país toda la industria automotora trabaja con personas que presentan mucha discapacidad física, auditiva e incluso visual. Y cada una de las tareas de las distintas secciones se encuentra vinculada a un tipo de discapacidad. De hecho, hay empresas donde el cien por ciento de sus trabajadores tienen algún tipo de discapacidad y la infraestructura está hecha para ellos, desde los accesos, los vehículos, todo.
Entonces, ¿hemos pensado realmente en la discapacidad de una manera integral en todos los aspectos que debiéramos tomar?
Yo siento que, lamentablemente, hacemos muchas cosas para decir que las hacemos pero en el fondo no las hacemos bien o las hacemos de manera muy superficial, y por lo tanto en la práctica no se cumplen.
Finalmente, las personas con algún grado de discapacidad tienen muchas dificultades en este país para acceder a un trabajo. Si esos inconvenientes existen para las personas que no presentan discapacidades, podemos imaginarnos lo difícil que es para quienes sí las tienen. Y eso hace que las estadísticas digan que estamos aprobando un 2 por ciento, pero en la práctica no hemos llegado ni siquiera al 0,1 por ciento, según los datos que hoy día manejamos.
Claramente, la empresa privada nos lleva una delantera que difícilmente el sector público, así como funciona, va a cumplir, excepto que se cursen multas o aparezcan observaciones de la Contraloría. Y eso está mal, porque esto sí tiene que ser algo con mucha más apertura y conciencia, sobre todo habiendo un porcentaje tan alto de discapacidad.
Yo voy a votar a favor, porque sería medio raro votar en contra, pero en la práctica creo que hay muchas cosas por hacer, sobre todo profundizar en una política laboral que incluya el acceso a las personas con discapacidad, no solamente colocar multas, e incorporar mayor fiscalización.
Me parece que hay algo más profundo que no se está viendo y que claramente puede significar que subamos a un 3 por ciento en unos años más, pero probablemente no lleguemos más que al 0,5 si seguimos de esta manera.
Así que voto a favor, pero quiero dejar mi opinión instalada, pues creo que varios proyectos, no solo este, son más nominativos que prácticos.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora Carmen Gloria Aravena.
Senador Fidel Espinoza, tiene la palabra; luego, la senadora Alejandra Sepúlveda.
El señor ESPINOZA.- Muchas gracias, Presidente.
Ocho de cada diez familias, no hogares, tienen un integrante con algún grado de discapacidad. Esas son las cifras, las estadísticas.
Por lo tanto, quienes conocemos la discapacidad, sus efectos, sus sufrimientos y las consecuencias que genera tenemos la plena convicción de que este proyecto contribuye a ir avanzando en una materia de alta sensibilidad.
Si esto lo traducimos a nivel mundial, veremos que uno de los ámbitos en los que todavía, a pesar del siglo que estamos viviendo, hay exclusión es justamente en el laboral con las personas con discapacidad.
Por eso queremos decir también, con orgullo, que hemos avanzado, y de buena forma. Al respecto, deseo recordar que tuve el honor de ser Presidente de la Cámara de Diputados, la cual es un buen ejemplo de inclusión dentro de las instituciones: el trabajo que realiza ahí la profesional Patricia Badani es simplemente espectacular. Ello es un buen ejemplo de que muchas veces nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta de que algo así opera dentro de esta institución, del Congreso Nacional. De ahí que es bueno graficarlo.
Ahora bien, obviamente, hay que generar incentivos para que se respete la ley; hay que establecer elementos para que la inclusión laboral, como han dicho quienes me han antecedido en el uso la palabra, signifique avances importantes en políticas públicas que determinen mejores condiciones y perspectivas a fin de fortalecer un área fundamental.
La inclusión laboral de personas con discapacidad tiene que ser parte, ciertamente, de lo que la propia OIT ha señalado: la capacidad de prosperar y contribuir plenamente en el trabajo en un entorno libre de discriminación. Por eso, Presidente, la inclusión tiene por fin que todos los individuos y grupos sociales gocen de las mismas oportunidades y los mismos derechos, sin importar sus características, su origen, su género, su cultura o sus necesidades.
Por ello, valoro el proyecto que hoy ha venido a defender la ministra Toro, porque creemos que, desde todo punto de vista, es una contribución, que estas modificaciones al Código del Trabajo fortalecen un área en que todavía estamos al debe, a pesar de que hemos avanzado.
Hoy día no hay construcción en el ámbito de la vivienda que no genere condiciones para personas con discapacidad. Contamos con un programa de vivienda que no tiene otro país, ni en el continente ni en el resto de las naciones del mundo, que vaya integrando a personas con discapacidad con derechos concretos. Las casas que hoy entrega el Estado en las regiones, cuando algún miembro de la familia poseedora del subsidio padece algún grado de discapacidad, cuentan con elementos distintos a los de las viviendas que se están otorgando al lado, con respecto a accesos, puertas, condiciones de habitabilidad.
Presidente, hay que avanzar mucho más en inclusión. Creo que vamos por buen camino, pero aún nos falta mucho. Debemos seguir trabajando para que efectivamente se cumplan, tanto en lo privado como en lo público, los requerimientos y los porcentajes en la materia. No sacamos nada con aprobar porcentajes de inclusión si después ello no se ve traducido en mejores condiciones para las personas que optan a esos trabajos, las cuales, en la gran mayoría de los casos, aportan sustancialmente, tanto en la empresa privada como en el sector público.
Hay consenso respecto del proyecto en cuanto a aumentar la cuota de contratación en 1 por ciento más; sin embargo, se constatan falencias en la implementación y cumplimiento del 1 por ciento ya vigente, como lo han dicho aquí las senadoras Ebensperger y Allende. De acuerdo con la legislación actual, en caso de verificación de infracción por parte de la Dirección del Trabajo, las multas se aplican sin considerar elementos como la cantidad de trabajadores que la empresa debió haber contratado y no lo hizo, entre otras tantas materias.
Señor Presidente, anuncio mi voto a favor de este proyecto, y me doy la licencia, en treinta segundos, para decirle a la señora ministra Javiera Toro: muchas gracias, ministra, no solo por este proyecto, sino también por lo que va a ocurrir en la región de Los Lagos esta semana gracias al trabajo que usted desarrolló en el tiempo en que estuvo en el Ministerio de Bienes Nacionales, porque la localidad de Las Cascadas se vestirá de gala el viernes para recibir actas de radicación, trabajo realizado bajo su mandato -porque ningún otro gobierno lo había hecho- y que comenzó con el seremi de la época y con el alcalde de Puerto Octay.
Muchas gracias.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Fidel Espinoza.
A continuación, tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda; luego podrá intervenir el senador don Juan Antonio Coloma.
La señora SEPÚLVEDA.- Muchas gracias, Presidente.
Saludo a la ministra y a su equipo; destaco el liderazgo que ha tenido como jefa de la cartera para sacar adelante este proyecto, que comparto, pero en el cual debemos llevar a cabo cambios culturales importantes.
Cuando vimos esta materia en la Cámara de Diputados, hace algunos años, la propuesta era un 5 por ciento. No un 1, un 2, o un 3, sino ¡un 5 por ciento! Y cuando escuchamos a personas, fundamentalmente profesionales, con algún grado de discapacidad, siempre nos plantearon -y nosotros concordábamos absolutamente con ellos- que era la sociedad la que hacía la diferencia en términos de las condiciones para ejercer la función que estaban capacitados para realizar. Eran profesionales altamente calificados, y si ellos no tenían la posibilidad de hacerlo, uno se podía imaginar qué significaba para otras personas sin los niveles de calificación.
Estuvimos con ingenieros, con agrónomos, con gente que realizaba un trabajo específico y además importante en una empresa; pero debían hacer las adaptaciones que correspondían al lugar de trabajo, a los baños, a todo un entorno, cuestión que, yo diría, valía la pena realizar, porque, al incorporar a una persona con discapacidad, también el entorno era capaz de sensibilizarse, de ayudar y promocionar una cultura distinta, más solidaria, más amigable, más cooperativa y que funcionara de buena manera; incluso el ambiente laboral mejoraba. Entonces, uno veía que podíamos encontrar solo factores positivos al tener este factor y este porcentaje de contratación de personas asignatarias de pensión de invalidez o con discapacidad.
Además, se colocó esta restricción de sobre los 100 trabajadores tanto para empresas privadas como para instituciones públicas.
Por eso considero tan relevante el protocolo, el cual va a permitir sensibilizar a toda la empresa, a toda la institución, en cuanto a cómo tiene que funcionar, cómo debe ser la convivencia que ha de darse al interior de ella, y además concordarlo con las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo que sea algo entendible, elegible, capaz de llegar efectivamente a cada uno de los rincones tanto de la empresa privada como de la institución pública.
Sin embargo, no puedo dejar, no de sorprenderme, sino de lamentar que como institución pública no estemos dando el ejemplo. No sé si eso es fácil de remediar o no. Quizás desde aquí se ve muy fácil; pero conversamos, dialogamos y discutimos si, por ejemplo, los PMG, que deben estar conectados con la factibilidad de que una institución reciba o no mayores remuneraciones, pueden ser una alternativa de estímulo positivo para hacer visible la discapacidad y la meta que debemos cumplir como Estado.
La otra alternativa es lo que pasa cuando no se cumple con una ley: viene el castigo, un castigo a los directores de servicio, etcétera; o que la bajada de la decisión, a través de la aprobación de este proyecto de ley, tenga que ser tomada, ejecutada, realizada por esa institución pública, por ese director de servicio.
¡No puede ser que hoy día se incumpla una ley de la república: deben entregarse las condiciones para que aquello que se estableció sea factible de realizar!
Entonces, Presidente, voy al siguiente aspecto que modifica la comisión mixta: la fiscalización. Se mejoran los procesos de fiscalización a través de una mayor dotación, para estos efectos, en el Ministerio del Trabajo y también en la Contraloría General de la República.
Uno lamenta que tenga que haber esta sensación de látigo para que se cumpla una ley que, además, es altamente sensible y que tiene que ver con mejorar el espíritu de una empresa y con cambios culturales.
Lamento, asimismo, lo del propio Estado. Y quizás ahí, con la ayuda de este protocolo que se va a realizar en las empresas, con la fiscalización de la Contraloría, con el estímulo que debería entregar el Gobierno para que esto sea factible, con el estímulo que hay que darles a los directores de servicio, podamos tener este cambio cultural.
Nosotros, en su minuto, analizamos el cumplimiento de la ley en la Cámara de Diputados. Yo no sé cómo estamos aquí, en el Senado, Presidente, pero en la Cámara de Diputados teníamos más del 5 por ciento de personas con discapacidad contratadas. La pregunta, Presidente, Secretario General, es cómo estamos aquí, en casa: ¿cumplimos o no a lo menos con el 1 por ciento? Porque deberíamos dar el ejemplo. Reitero: en la Cámara teníamos el 5 por. Y habría que cumplir por una razón lógica: nosotros elaboramos la ley. Por lo tanto, debemos tratar de dar el ejemplo.
Ahora bien, existe una salida alternativa que no nos gusta mucho, porque no estamos cumpliendo el objetivo principal, cual es buscar el cumplimiento a través de la ejecución de proyectos que tengan que ver con la inclusión laboral. Pero le hemos puesto hoy día, además, un adjetivo que para nosotros es bien relevante: que la mayoría o parte importante de los proyectos deba ir a regiones. Y eso, de que deba ir a regiones, que quede en el espíritu de la ley, en la discusión que entregamos hoy, porque al parecer algunos creían que no estaba bien delimitado o establecido en la redacción del proyecto. Pero lo que quiso decir el legislador, la legisladora, es que un 50 por ciento debería ir hoy día a instituciones de carácter regional.
La verdad es que la mayoría de las divergencias que hubo con la Cámara de Diputados fue resuelta en la comisión mixta. Ojalá podamos tener, a partir de unos meses más, un buen informe de la ministra que nos permita decir que estamos cumpliendo, acelerando los procesos. Y espero que lo antes posible podamos tener este 1 por ciento, para posteriormente seguir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa, más solidaria.
Muchas gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).- Gracias a usted, senadora.
Con respecto a su consulta, de si el Senado está cumpliendo con los estándares establecidos, me aseguran que así es.
La señora SEPÚLVEDA.- ¿Podría decir el porcentaje?
El señor GARCÍA (Presidente).- ¿Podría indicar el porcentaje, señor Secretario?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Hasta ahora estamos dentro del margen establecido, del 1 por ciento.
Cuando entre a regir el 2 por ciento, tendremos que considerarlo al momento en que se incorporen nuevas personas a la Corporación...
La señora SEPÚLVEDA.- ¡Estamos en el límite, entonces!
La señora ALLENDE.- ¡Bastante pobre!
El señor GARCÍA (Presidente).- Estamos cumpliendo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Estamos cumpliendo.
La señora SEPÚLVEDA.- ¡En la Cámara es el 5 por ciento!
El señor GARCÍA (Presidente).- Estamos cumpliendo, que es lo importante.
La señora SEPÚLVEDA.- ¡Estamos en el límite, Presidente!
La señora ALLENDE.- ¡Sigue siendo muy pobre!
El señor GARCÍA (Presidente).- Muy bien.
Muchas gracias, senadora Alejandra Sepúlveda.
Ofrezco la palabra al senador don Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Muchas gracias, Presidente.
En cuanto a la pregunta de la senadora Sepúlveda, efectivamente me consta lo que se señala desde la Mesa, porque en su momento vimos que el Senado cumpliera con la norma pertinente. Y está cumplida respecto de la actual disposición; sobre la futura, obviamente, habrá que adecuarlo. Pero siempre he visto la mejor voluntad para ello y también preocupación particular de los funcionarios en tal sentido. Quiero dejar superclaro eso.
Ahora bien, Presidente, creo que hay leyes que son difíciles de hacer cumplir y que no siempre son evidentes. Pero, en la misma medida, existen algunas extraordinariamente importantes y generadoras de culturas fundamentales sobre una sociedad. Y a mí me parece que ahora estamos ante ese tipo de legislación. Reconozco que quizás me puede influir que en algún momento -no hace muchos años- fui parte de distintas campañas de algo que parecía casi como obvio, que decía relación con el número de sillas de ruedas que podría haber en una región.
A través de una fundación internacional que lamentablemente ya no está en Chile, llamada "Wheelchair", que fue muy relevante en estas materias, se hizo el enorme aporte de llevar sillas de ruedas a personas que por padecer discapacidad no podían movilizarse. Estoy hablando de movilizarse, no de algo más. Y ahí uno se encuentra con un mundo completamente increíble: ¡increíble increíble!
Quiero relatar esto brevemente.
Nosotros hacíamos el aporte en las plazas de las ciudades. Recuerdo una vez a una niñita -debe de haber tenido unos doce años- que fue llevada por sus padres a Talca; vivía a siete cuadras de la plaza -¡siete!- y no la conocía. No la conocía, y lo hizo por este motivo. ¡Y de ahí para delante se le abrió un mundo!
De esas cosas que relato una, puedo mencionar treinta; son casos muy impresionantes.
Una de las cuestiones que también me sorprendieron harto fue la cantidad de jóvenes que llegaba y planteaba la dificultad que tenía con posterioridad para integrarse al mundo laboral, a pesar de contar con todas las condiciones.
Yo no sé bien por qué -y hablamos esto con la senadora Ebensperger-, pero en el caso del mundo informático, capacidad que muchos aprenden casi no presencialmente y después para trabajar se requiere una oportunidad, aquello es muy difícil: ¡ha sido histórica y culturalmente difícil! No digo que haya mala voluntad; es difícil mentalizarse, entender que una sociedad justa tiene que ver con eso: con dar oportunidades.
Con relación a las oportunidades a veces hay que generar una obligatoriedad. Y les aseguro que después ello irá produciéndose automáticamente; conozco muchos casos en que va ampliándose esa facultad por el aporte que se hace a ese trabajo.
Entonces, sé la dificultad que puede enfrentar el mundo de la empresa ante un requerimiento de esa naturaleza. A primera vista parece muy complejo, por cuanto es un mundo bastante desconocido. Es un mundo gravemente desconocido, a mi juicio, porque estamos hablando -según la estadística que recuerdo; la ministra podrá corregirme- de que aproximadamente un 17 por ciento de las personas tiene algún tipo de discapacidad. Apalabran mucho este concepto; se habla de "discapacidad", particularmente en los jóvenes. Y quiero ser cuidadoso con la expresión, porque algunos hablan de "capacidades diferentes", otros de "discapacidad". Me dijeron al final que usara esa expresión.
Entonces, Presidente, es muy impresionante lo que las oportunidades pueden hacer.
Claro, uno lucha un poquito contra una cultura que probablemente existe en el mundo del emprendimiento, de no enfrentar más retos de los que naturalmente se tienen. Pero pienso que este es de los que valen la pena asumir desde un punto de vista de país.
Comparto plenamente lo que han dicho varios en cuanto a que uno nota que el Estado está atrasado, y gravemente, en muchos casos. Espero que la conciencia que se vaya generando ayude a ir superando aquello y esto se convierta en una política pública que, más allá de que tenga que ser obligatoria, sea además apreciada, querida, valorada.
Creo que tenemos un enorme espacio en tal sentido. Mucho de eso se ha logrado -quiero decirlo, porque a veces algunos no plantean esto con la firmeza con que debiera hacerse- a través de la Teletón, que nos cambió quizás la forma de mirar la capacidad de recuperación, de enfrentar desafíos, de generar condiciones que están en una lógica que merece ser reconocida.
Pero este es un paso que la legislación tiene que dar. Y sé que ha sido difícil. Yo entendí parte de lo que fue la discusión de la comisión mixta, pues me parece razonable que en un país se debatan estas materias, pero con altura de miras y con ganas de llegar a un entendimiento en cuestiones que no son fáciles. Porque más fácil a veces es hablar de otras cosas; quizás estas no van a llenar los titulares. Pero bueno, pienso que los titulares del alma son los que importan en los países, no solamente lo que está escrito.
Así que yo valoro este proyecto. Se hizo una transición que considero factible de lograr. Sé que el primer acercamiento no será el más fácil y probablemente nos van a criticar por dar un paso que podría ser relevante, y además, sin tener la alternativa de contestar rápidamente que el Estado sí lo está haciendo.
Habría sido bastante más fácil si se tratara de un asunto de nivelación; posiblemente hay mucho atraso. Pero son riesgos o esfuerzos que valen la pena, pensando en el Chile grande, no en el de la cuña corta: en el Chile grande.
Voto a favor.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Juan Antonio Coloma.
A continuación, están inscritos el senador Francisco Chahuán, el senador Enrique van Rysselberghe y el senador Francisco Huenchumilla.
Les daré la palabra en ese orden.
Senador Francisco Chahuán, puede intervenir.
El señor CHAHUÁN.- Presidente, en nuestro país hay 3.291.602 personas con algún grado de discapacidad: 587.709 son niños, niñas y adolescentes; 2.703.893 son mayores de dieciocho años; 17, 6 por ciento de la población adulta de nuestro país, efectivamente, tiene algún grado de discapacidad.
Por eso es tan importante enfocarse en estas discusiones. Y ciertamente, cuando presentamos, junto con la senadora Aravena, las exsenadoras Goic y Muñoz y el senador Moreira, una de las mociones que están fusionadas en el proyecto que estamos aprobando hoy, lo que buscábamos era establecer una meta que fuese más ambiciosa respecto de la incorporación de las personas con discapacidad.
A mí me consta el cumplimiento que hace este Parlamento. La Cámara de Diputados hace un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de la incorporación de personas con discapacidad. También sucede lo mismo en el Senado con personas con discapacidad visual. En el caso de la Cámara de Diputadas y Diputadas, se trata de personas con discapacidad cognitiva. He estado trabajando junto con ella y allí hacen un tremendo esfuerzo en este ámbito.
Ciertamente, tenemos otros temas que destacar.
Cuando el Gobierno pone como uno de sus pilares el cuidado -me tocó acompañar a la ministra en la Moneda durante el lanzamiento del pilar Chile Cuida-, ello habla de la sensibilidad en estas materias.
El cuidado para cuidadoras o cuidadores es fundamental. También lo es el acompañamiento a gran cantidad de asociaciones de personas con enfermedades graves, incurables, raras o poco frecuentes, o que dicen relación principalmente con personas postradas.
En mi trabajo legislativo he estado vinculado a estos temas. Durante nuestra gestión, a través de distintas iniciativas, hemos entregado más de 8.500 sillas de ruedas y más de 1.500 catres clínicos para dar ayudas técnicas a las personas de nuestra región que viven con algún grado de discapacidad.
Esto partió cuando estábamos en el cerro Barón, en Valparaíso. Me tocó golpear una puerta y vi a alguien que se arrastraba en el piso y le pregunté a la madre, y bueno, después visualicé: era Karina. Ella estuvo esperando durante cuatro años una silla de ruedas. Escúchenme: ¡cuatro años por una silla de ruedas! Por eso partimos con esta iniciativa de entrega de ayudas técnicas en nuestra región.
Entonces, uno dice: "¡Pucha, hay que hacer un esfuerzo muy contundente!". ¡La cantidad de personas postradas que están esperando un catre clínico o un colchón antiescaras es brutal!
Lo mismo sucede con las listas de espera para sillas de ruedas. Debimos llevar adelante una lucha muy importante para que se codificaran las sillas de ruedas, con el fin de que las personas pudieran postular a ellas. Se producía una indignidad por la espera y la espera para llegar a acceder a una silla de ruedas.
Por ello, si hay algo que me deja muy contento con la función que hemos logrado en el Parlamento, es, justamente, la entrega de esas ayudas técnicas en nuestra región.
¿Y por qué era tan importante aumentar el porcentaje de incorporación de personas con discapacidad tanto en el sector público como en el sector privado? Porque, si no les damos esa herramienta, tenemos un problema.
Ahora bien, le quiero transmitir a la ministra una dificultad que es gruesa. Aprovecho este momento porque es la oportunidad de hacerlo. Estos temas no salen en los medios; no les interesan porque no hay conflicto. Estas materias dicen relación, justamente, como se decía recién, con la construcción de la patria grande, pero generan poco impacto en los medios. El problema al que hago referencia tiene que ver con la obtención del carnet de discapacidad. Lo señalo porque he estado ayudando a personas que se encuentran en lista de espera para acceder a ese documento.
Les quiero contar lo que nos pasa con la Compín: las personas esperan meses, ¡meses! Puedo dar el testimonio de personas con nombre y apellido, que eran profesionales muy competentes que sufrieron un infarto cerebrovascular y quedaron con discapacidad. Escúchenme: a uno de esos profesionales le están dando hora ¡para tres o cuatro meses más!
En consecuencia, ¿cómo logramos establecer una cultura de inclusión si nuestro aparato estatal no está a la altura de esas circunstancias?
También aprovecho de mencionar que cuando nos referimos a un sistema de cuidados de lo que estamos hablando, básicamente, es de cómo ponemos a tono al Estado para que entienda que esto de verdad es una prioridad.
Por lo tanto, la articulación que debe existir entre la Compín, para entregar los certificados de personas con discapacidad, y el cuidado que ha de existir respecto del cumplimiento de las normas, es clave.
Por eso es tan importante que en este proyecto se establezca una revisión periódica cada tres años para ir viendo los grados de cumplimiento, particularmente en el sector público. Eso es clave.
A la vez, cómo somos capaces de exigir, además, que el componente regional en materia de donaciones también sea relevante. El que no pueda destinarse más allá del 50 por ciento a la región Metropolitana habla, justamente, de ese componente para los efectos de establecer la visualización del país completo. Porque, si para una persona que vive en la región Metropolitana es difícil, imagínese, ministra -por su intermedio, Presidente-, lo que significa para alguien que vive en Aysén o en una localidad rural de la región de Valparaíso, de la región de O'Higgins o de la región de La Araucanía, por mencionar solo algunas. Es muy muy difícil.
Entonces, le quiero pedir a la ministra que esta incorporación de parte del Gobierno a un sistema de cuidados, efectivamente, sea un pilar fundamental.
Me gustaría hablarles de los seminarios sobre cuidado para las cuidadoras que nosotros hacíamos. Los realizábamos hace ya más de ocho años en nuestras oficinas, en su momento, cuando se podía hacer. Lográbamos reunir a una gran cantidad de personas que llegaban, justamente, porque nadie se preocupaba de la salud, ni física ni mental, de las cuidadoras o de los cuidadores. ¡Nadie!
En consecuencia, la situación es bastante compleja. Para qué hablar de las personas que están sufriendo algún grado de discapacidad.
Por lo tanto, Presidente, simplemente quiero señalar que esto es un avance, al cual hemos contribuido con nuestro proyecto, que está fusionado con otras dos iniciativas: una, la moción de las exsenadoras Van Rysselberghe, Muñoz y Goic, el exsenador Letelier y el senador Galilea, y la otra, un mensaje presidencial que data de 2021, del Gobierno anterior, del Presidente Piñera.
Entonces, se debe ver cómo trabajamos todos juntos, porque esto no es una cuestión de gobiernos, sino de cómo el Estado se pone a la altura. Y por eso acompañé al Presidente hace unos días en el lanzamiento de esta política nacional de cuidados en la Moneda.
Hace pocos días también estuve planteándole a la ministra la situación de los hogares de menores -en la antigua nomenclatura- y cómo debemos ser capaces de tener ahora una política de cuidados respecto de niños, niñas y adolescentes y también de personas mayores.
En definitiva, para mí esta ha sido una labor central. Y por eso quiero destacar que hoy día estemos en presencia de este proyecto, que constituye un avance en dignidad.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Chahuán.
Ofrezco la palabra al senador don Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes del Ejecutivo, particularmente a nuestra ministra de Desarrollo Social, que se encuentra acá, en la sala del Senado.
El proyecto de ley que hoy día votamos constituye un gran avance en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya que la crisis económica, social y sanitaria causada por el COVID-19 ha generado diversos efectos en el ámbito laboral, los cuales han afectado principalmente a los grupos más vulnerables.
Actualmente existe una normativa que contiene una serie de leyes que promueven la integración social de las personas con discapacidad y que abordan sus derechos con un enfoque intersectorial, lo que genera un importante avance en esta materia.
Sin embargo, hay desafíos pendientes y resulta de sumo necesario mejorar la actual regulación, teniendo en cuenta que a partir de datos entregados por el II Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado en 2015 por el Senadis, se evidenció la baja inclusión laboral que viven las personas con discapacidad.
En tal sentido, es urgente generar medidas que permitan avanzar en incentivar y mantener la contratación de este grupo de personas, y con ello fomentar el cumplimiento de la obligación contenida en en el artículo 157 bis del Código del Trabajo.
El proyecto que votamos hoy día recoge adecuadamente la necesidad de promover la inserción laboral, teniendo una evaluación previa y cierta gradualidad en su implementación, considerando también que no basta con el solo establecimiento de normativas y sanciones al respecto, sino que ello se debe acompañar asimismo de un cambio cultural en las personas, en las empresas y en las formas de contratación que existen actualmente.
En tal sentido, el proyecto busca crear mecanismos más flexibles para el cumplimiento de la cuota establecida, por ejemplo, homologando la licencia de educación media para quienes acrediten haber completado sus estudios en modalidad de educación especial, lo que era considerado una piedra de tope por las personas con discapacidad que buscaban postular al sector público.
De la misma forma, en la comisión mixta se acordó mejorar la redacción de ciertos artículos, a fin de permitir una mejor aplicación de la ley, a través de un artículo transitorio que establece que aumentará la cuota del 1 al 2 por ciento de contratación toda vez que se acredite que el empleador ha cumplido en un 80 por ciento la cuota actual del 1 por ciento. Con esto se permite asegurar que habrá gradualidad y consagración del guarismo que se exige hoy, antes de aumentarlo.
Finalizo mi intervención reiterando que, a mi juicio, el proyecto representa un avance y que durante su tramitación en este Congreso se lograron los consensos necesarios para asegurar de forma efectiva una mayor inclusión laboral en nuestro país.
Por todo esto, Presidente, votaré a favor.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Van Rysselberghe.
Senador don Francisco Huenchumilla, tiene la palabra.
El señor HUENCHUMILLA.- Muchas gracias, Presidente.
Yo creo que este es un proyecto virtuoso. Y me remito a las diversas intervenciones que han realizado las senadoras y los senadores en la sala. Por tanto, concuerdo con los conceptos que aquí se han vertido.
Solo quiero hacer un comentario puntual, señor Presidente, acerca de un aspecto en que hubo diferencias entre ambas cámaras y respecto de la solución que se dio. Porque quiero recordar, más allá de lo virtuoso que puede ser este proyecto y de sus buenas intenciones, que lo que nosotros estamos haciendo y dictando acá es una norma legal.
Uno de los atributos que debe tener una norma es ser eficaz, o sea, poseer la capacidad para lograr el efecto deseado. Si la ley tiene un propósito, un objetivo, la pregunta es si lo que escribimos en el articulado es capaz de lograr el efecto deseado, es decir, si la norma es eficaz. ¿Por qué lo digo? Porque la diferencia que se presentó entre las cámaras, entiendo que en el artículo 157 bis, se resolvió con el cambio de la expresión o el concepto "reglamento" por "protocolo".
Entonces, la pregunta que formulo en esta instancia del debate, y para la historia de la ley, para la interpretación que más adelante organismos como el Ministerio del Trabajo o eventualmente los tribunales realicen sobre la materia, es por qué se cambió "reglamento" por "protocolo". Ese problema no se manifestó acá en el debate.
El concepto de reglamento está en la nomenclatura de nuestro derecho constitucional y administrativo. Y por eso nosotros hablamos de leyes, reglamentos, ordenanzas e instrucciones.
Cuando nos referimos a protocolo, siempre nos acordamos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del ceremonial. A veces, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos llega a un protocolo con el Ministerio de Hacienda. No les creamos mucho a los economistas, porque esa palabra, digamos, no es exacta.
En el derecho administrativo yo llego hasta las instrucciones, pero aquí estamos colocando un protocolo.
Por consiguiente, la pregunta es: ¿tiene dicho concepto la misma fuerza legal para darles eficacia a nuestras buenas intenciones?
En el derecho del trabajo -ya que estamos hablando de eso-, el reglamento interno tiene la virtud de que se entiende incorporado a los contratos de trabajo. Pero respecto a los protocolos, francamente (yo no participé en la discusión en la Comisión, por lo que estoy haciendo un análisis a partir de lo que escuché y de lo que leí del proyecto), no sé qué se tuvo en vista con dicha expresión.
Yo entiendo que el protocolo va más bien en la dirección de generar un cambio cultural en la organización de la empresa, más allá de establecer una obligación específica en los contratos de trabajo. En este sentido, que se haga una remisión a la ley N° 20.422 me deja más tranquilo, pues ese protocolo, que tendrá que dictar el empleador, va a generar cierta obligación, primero moral, a fin de ver si será posible avanzar en un mejor clima organizacional de la empresa con dicho concepto.
Yo creo que nosotros podríamos decir, para que quede en la historia de la ley, que protocolo es un conjunto de reglas o instrucciones a seguir para la correcta organización de una empresa, en este caso. O lo otro que podríamos señalar es que protocolo es una pauta para saber qué hacer y cómo actuar en diferentes situaciones al interior de la empresa, entre los distintos trabajadores, entre la empresa y su organización, entre la empresa y sus derechos y obligaciones.
Por lo tanto, señor Presidente, yo tiendo a hacer una interpretación positiva, no obstante me parece que un protocolo tiene menos fuerza jurídica y eficacia que un reglamento interno dentro de una empresa. Pero reitero: al referirse a la ley N° 20.422, creo que se le da el correcto sentido de lo que tendría que ser este protocolo, y espero que la Dirección del Trabajo y los tribunales puedan interpretarlo con sentido positivo, con sentido virtuoso, porque eso es lo que persigue la ley en proyecto.
Muchas veces, para lograr transformaciones, se requieren cambios culturales. Y en materia de discapacidad todos sabemos lo que ha costado, los años que se han requerido en nuestro país para que haya una actitud, una conducta, un ambiente de respeto hacia esa situación, esa condición.
Con ese alcance, señor Presidente, que hago en esta etapa legislativa al informe de la comisión mixta y al acuerdo que se logró entre ambas cámaras, anuncio que voy a votar favorablemente el informe de dicho órgano.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Huenchumilla.
Ofrezco la palabra al senador don Gastón Saavedra; luego, al senador don Jaime Quintana, y después, a la senadora Yasna Provoste.
Senador Saavedra, tiene la palabra.
El señor SAAVEDRA.- Gracias, Presidente.
En primer lugar, saludo a la ministra aquí presente.
Se termina un proceso legislativo que arroja como resultado avances. Ello no estuvo exento de discusiones. Incluso pudimos ser testigos de las quejas del mundo empresarial, hasta en los medios de comunicación masiva, porque se establecían nuevas rigideces en el mercado del trabajo.
Lo que finalmente debemos hacer es abrirnos culturalmente a empatizar y hacer realidad este trato igualitario que plantea la ley y la igualdad de oportunidades que se debe tener en la vida. Tal vez un 20 por ciento de la población tenemos -yo uso lentes- discapacidades. Por lo tanto, esta población no puede estar al margen del desarrollo del país y de los beneficios del crecimiento.
Por consiguiente, debe existir un acto de generosidad en cuanto a abrirse -reitero- culturalmente a un cambio que permita un acceso igualitario al mundo del trabajo de las personas con discapacidad.
También quiero destacar lo siguiente.
No solo se permite que estén en el trabajo cotidianamente, en la jornada de ocho horas, sino que también el proyecto abre la posibilidad de que ahora haya convenios de prestación de servicios, por ejemplo, para profesionales. ¿Por qué una empresa no puede contratar a un abogado con alguna discapacidad para que preste sus servicios, o a alguien con otra profesión, para que pueda desempeñarse por esa vía? Así, podrían formar parte de este proceso de incorporación para alcanzar la meta del 2 por ciento de personas con discapacidad contratadas en el caso de empresas que tengan 100 o más trabajadores.
Asimismo, está la otra posibilidad de acceder al sector público, que acá se muestra como el más lento o reticente a cumplir con la meta del 1 por ciento. Y por eso que existen dudas razonables respecto de alcanzar el porcentaje del 2 por ciento, porque se exige dentro de los requisitos haber cumplido con la enseñanza media en el sistema regular. Pero la ley que estamos aprobando va a permitir el reconocimiento de los estudios de aquellos jóvenes y adultos que hayan logrado egresar de escuelas especiales.
Por tanto, esa medida posibilitará que cumplan con el requisito en igualdad de condiciones respecto de aquellas personas que hayan egresado del "sistema convencional de educación", si se pudiera llamar así.
Entonces, se otorga esa alternativa para que puedan acceder a los diferentes estamentos que componen la Administración Pública de nuestro país, abriendo una ventana para mejorar los guarismos existentes en aras de alcanzar la meta del 2 por ciento de contratados en el sector público.
Por lo tanto, este proyecto constituye, qué duda cabe, un avance virtuoso respecto de cómo el país comienza a cambiar, espero con una velocidad un poco mayor, para alcanzar la incorporación plena de las personas con discapacidad, que constituyen del orden del 20 por ciento de la población, a las cuales no las podemos excluir de ser parte de la fuerza de trabajo activa. Porque, al mismo tiempo, con ello se alcanza la realización plena de muchos que han asistido a la universidad y obtenido sus títulos profesionales; de lo contrario, sobreviene la frustración al no poder, luego de sus estudios, ser parte de la Administración Pública o emplearse en alguna empresa.
Reitero: con la iniciativa se otorga la posibilidad de resolver el problema a través de la contratación de la prestación de servicios de personas con discapacidad que puedan conformar empresas o consultoras para ser parte de estos procesos.
Así que anuncio mi voto a favor. Creo que el proyecto significa un avance. Pero sí, ministra, permanentemente tenemos que ir viendo cuánto vamos cumpliendo y qué dificultades se van presentando para que este proceso de cambio cultural, de integración plena y de trato igualitario entre connacionales se pueda ir generando, con el propósito de que haya un país distinto en cuanto al respeto a las personas y -reitero- a la integración plena de los hombres y mujeres que conformamos la nación.
He dicho, Presidente.
Voto a favor.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Saavedra.
Ofrezco la palabra al senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que esta discusión es bien necesario que la sostengamos como país. Más que a las instituciones, esto debiera permear al conjunto de la sociedad.
En ese sentido, quiero destacar y felicitar la labor y la agenda de la ministra Javiera Toro en materia de inclusión.
El Presidente Boric hacía mención, pocos días atrás, como se ha dicho aquí, al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; hubo un lanzamiento y la firma del respectivo proyecto. Por lo tanto, hay una agenda consistente, robusta en materia de inclusión, y también innovadora. Y este proyecto es innovador. Porque tenemos la modificación al Código del Trabajo del año 2017, pero luego vino la pandemia. Entonces, uno podría pensar que ha habido varias razones a la hora de explicar por qué no se ha cumplido con la cuota establecida.
Según información oficial, alrededor de la mitad de las empresas han informado al servicio respectivo del Ministerio del Trabajo acerca de la inclusión del 1 por ciento, como señalaba muy bien el senador Gastón Saavedra. La pregunta es qué pasa con la otra mitad. Probablemente, si no informan es porque no lo están cumpliendo o cumpliendo de otra manera, por ejemplo, vía donaciones. Entiendo que las donaciones muchas veces se hacen a fundaciones que promueven la inclusión laboral, lo que también es necesario y saludable para la sociedad.
Pero es imposible -por lo menos desde mi perspectiva- no comparar esta situación con lo que anualmente significa el hito, tan relevante para la sociedad y para el país -y por eso digo que corresponde a una conversación más de sociedad y no solo de instituciones del Estado-, que es la Teletón. Nadie puede poner en discusión que la Teletón es una fundación que, desde el punto de vista de la rehabilitación, es extraordinaria. Durante todo un año se trabaja fuertemente para obtener los recursos necesarios.
Seguramente muchas empresas y muchos de los empresarios que vemos donando en la Teletón colaboran permanentemente con esta causa y ayudan durante el año. No me cabe ninguna duda de que muchas de aquellas empresas hacen un esfuerzo por cumplir la normativa del Código del Trabajo respecto al 1 por ciento. Pero considero que no es suficiente. Si finalmente el Ejecutivo -y en buena hora- se ha visto en la necesidad de promover la presente discusión, es porque no se está cumpliendo o porque se cumple de manera limitada.
De ahí que, como decía el colega Saavedra recién, uno se pregunta por qué no se contratan servicios profesionales de personas con discapacidad. Yo creo que surge esta pregunta. Los temas de la discapacidad son muy relevantes en cualquier sociedad, porque hoy día los indicadores, y también los estudios, muestran una baja inclusión laboral. El senador Van Rysselberghe citaba recién un estudio del 2015, de hace nueve años ya, que evidenciaba esa realidad.
Entonces, a la hora de donar, cuando hay mayor visibilidad y mayor publicidad gracias a un evento como puede ser la Teletón, uno ve que muchas o todas las empresas están ahí; sin embargo, ante una situación que tiene que ver con el día a día, al parecer no muchas empresas están. Claro, alguien puede promover o fomentar la inclusión laboral, pero eso no necesariamente le llega a la persona discapacitada que necesita desempeñarse laboralmente.
Por eso yo considero que aquí, más allá de las sanciones, el tema es cómo -y lo señalaba un colega también- se puede promover, mediante un protocolo, una mayor conciencia al interior de la empresa acerca de la importancia de la incorporación de trabajadores en esa situación. Por supuesto que puede haber empresas que, por sus tareas o faenas específicas, tal vez requieran a personas con cierta especialización, pero no puedo creer que no haya algún área en la cual puedan desempeñarse.
Entonces, en buena hora se está actualizando la ley y se está poniendo una meta un tanto más alta, pero sería bueno que quienes no han cumplido hoy con ese 1 por ciento se pongan al día, porque, si no, esto puede volver a ser letra muerta. Y nuestro país no puede darse ese lujo, sobre todo cuando tenemos un porcentaje cercano al 20 por ciento de personas que viven y sufren algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o transitoria
Con todo, voto a favor. Me parece un tremendo avance esta puesta al día de la legislación, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Quintana.
Ofrezco la palabra a la senadora Yasna Provoste, y luego, al senador Ricardo Lagos.
La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidente.
Saludo, por su intermedio, a la ministra de Desarrollo Social, que se encuentra presente en la discusión de esta iniciativa.
Presidente, es inevitable señalar que una sociedad inclusiva distribuye su desarrollo con justicia entre quienes la integran, beneficiando a toda la comunidad; sin embargo, hoy Chile ofrece una larga lista de inequidades asociadas a diferencias propias de la realidad humana. Por ejemplo, en nuestro país existe discriminación hacia las mujeres, los adultos mayores, los grupos étnicos y las personas que enfrentan alguna situación de discapacidad.
La inclusión repercute en la calidad de vida de las personas y de sus familias; por lo tanto, lo que hoy día está en juego es el tipo de sociedad en la que queremos vivir.
Creo que este proyecto coloca a las personas y su dignidad en el centro y aborda estos desequilibrios de género, de origen social, étnico, por creencias religiosas o por una situación de discapacidad.
Cada uno de nosotros se pregunta si esta ley contribuye a distribuir con mayor equidad el desarrollo en nuestra sociedad.
¿Es necesaria esta ley? Sí, porque, a la luz de lo que ha sido durante tantos años la actual implementación, tenemos problemas evidentes en la fiscalización.
Según indicadores globales sobre personas con discapacidad que están hoy día en el mundo del trabajo, se estima que su participación ni siquiera alcanza al 40 por ciento del total de aquellos que se reconocen con algún tipo de discapacidad.
Además, cuando uno mira los grados de cumplimiento de las empresas, particularmente de las grandes, y del Estado, se percata de que aún estamos al debe. Porque debiéramos ser capaces de garantizar que las empresas hagan las adecuaciones y ajustes necesarios para la incorporación de personas en situación de discapacidad; debemos perfeccionar la ley para mejorar los incentivos que permitan lograr aquello; debemos ser capaces de desarrollar programas de gestión de personas más inclusivos en el Estado, de modo que la dotación del aparato público sea un reflejo de la diversidad de nuestra sociedad, y que incluso los cargos de liderazgo puedan ser ejercidos por funcionarios que enfrentan algún tipo de discapacidad.
Estamos muy lejos del eslogan "Chile, un país inclusivo". Las cifras que se debaten en esta discusión son una muestra fehaciente de lo insuficiente que resulta aún la Ley de Inclusión Laboral.
Me alegro de que en este proyecto se incorpore un número mayor de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, porque una de las dificultades tiene que ver con la baja fiscalización, merced a la cual muchos sectores utilizan subterfugios para no cumplir la ley.
Por lo tanto, el fortalecimiento del rol de la Dirección del Trabajo mediante mayores medidas sancionatorias, priorizando dentro de su quehacer institucional el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral y la aplicación de sanciones a las empresas, incluido el Estado, tiene que ser un eje muy importante en esta nueva etapa.
Así es que voto a favor de las adecuaciones establecidas por la comisión mixta, Presidente.
He dicho.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senadora Yasna Provoste.
Ofrezco la palabra al senador Ricardo Lagos.
También se ha inscrito la senadora Ximena Rincón.
El señor LAGOS.- Muchas gracias, señor Presidente.
Esta legislación, que estoy seguro de que vamos a aprobar el día de hoy, es de aquellas que no van a tener ningún titular, pero que hacen una diferencia en nuestro país y en el tipo de sociedad que queremos construir. Apunta a la inclusión de chilenos y chilenas, y también extranjeros que habitan en nuestro país, a quienes les generamos el espacio para que puedan dignificarse como personas; no se trata solamente de asegurarles un ingreso, que es importante, mediante un trabajo, sino de darles la oportunidad de sentirse parte de una comunidad.
Las discapacidades están distribuidas uniformemente en nuestra sociedad. A los que les va mejor somos repocos, comparado con aquellos que la tienen más difícil, pero en todos los sectores hay personas con discapacidad, tanto nacionales como extranjeros.
Con esta legislación generamos una condición para que esas personas se sientan parte de la comunidad en que viven. Y por eso creo que transmite valores muy importantes,
Por cierto, se acompañan elementos contrarios para enfrentar la discriminación que nos ha acompañado en tantas áreas de nuestro país.
Uno mira hacia atrás y se acuerda del voto censitario, donde aquel que poseía recursos y tierra podía votar y elegir autoridades versus otros que no podían hacerlo. ¡Así de sencillo! Ese era el Chile del siglo XIX.
Hasta hace muy poco las mujeres eran consideradas relativamente incapaces a la hora de contraer matrimonio. ¡Otra discriminación! Nos ha costado un kilo avanzar en esta materia, sin eliminar la posibilidad de la sociedad conyugal y todas sus limitaciones. Pero por lo menos se ha generado la opción.
¡Qué decir de los hijos naturales y de los ilegítimos! ¡Costó otros tres, cuatro kilos sacarles esa discriminación, y con todo tipo de defensas!
Y una discriminación indirecta de principios del siglo XX fue la Ley de Instrucción Primaria, que tomó diecinueve años aprobar porque había sectores que sostenían: "Total, si usted trabaja en el campo, no es necesario que estudie hasta cuarto básico; ¡para qué va a estudiar!".
¡Esas son discriminaciones!
Y para qué hablar de las discriminaciones más modernas que había en Chile hasta los años noventa, cuando una joven que quedaba esperando guagüita era retirada del colegio, de su establecimiento. ¡Flor de discriminación...! ¡No se podía educar!
Perdón, y eso se aplicaba solamente a la mujer embarazada, a la joven, no al varón, ¡que seguramente debe haber colaborado a generar ese embarazo...! Él seguía estudiando, si es que tenía ganas. ¡Así era!
Con esta legislación, considero que daremos una señal importante del tipo de sociedad que queremos construir. Y por eso me gusta.
Tengo claro, y la ministra creo que habrá tomado debida nota, que tendremos problemas para que se cumpla. Porque hay muchos ejemplos en derecho comparado respecto de legislaciones espectaculares en materia de pensiones, en el ámbito laboral y de la salud que no se cumplen.
Entonces, la pregunta es cómo lo vamos a hacer acá, si tendremos la capacidad. Y para eso se supone que en este proyecto de ley se fortalecen las funciones fiscalizadoras. Deberá haber un reporte permanente respecto de este tema. Para eso se establecen mejoras en relación con la donación.
Esta discriminación -teniendo claro que va a ser complicado su cumplimiento, y que es una discriminación positiva- establece una cuota -porque eso es lo que hacemos- muy discutida en las ciencias sociales, en la sociología, como señal económica. Pero sin estas exigencias a veces es difícil ir generando cambios culturales.
Aquí, por supuesto que se hace según la medida, y se distingue entre empresas pequeñas, grandes y medianas.
De acuerdo a las cifras que tenemos acá, al año 2024 se aprecia que, de las 6.541 empresas con más de 100 trabajadores, menos de la mitad, un 48,8 por ciento, cumple con la obligación de informar, ¡solo con la obligación de informar! ¡Vaya a saber uno cuánto es el cumplimiento efectivo! Y algo similar ocurre con el sector público. Como se está hablando de informar, y no de cumplir, si no se informa difícilmente vamos a saber si están cumpliendo.
Creo que es posible tener un sistema mejor, aprovechando las tecnologías disponibles en materia de la información, de la inteligencia artificial. Están todas las condiciones para que esto sea mucho más expedito y mucho más claro; tengámoslo presente.
Termino señalando que hay discapacidades de distinto tipo, algunas reconocidas por la legislación. Hace poco este Congreso aprobó el Día Nacional de la Concientización sobre el Diagnóstico de Apraxia del Habla Infantil, una condición que afecta a niños y niñas que tienen la incapacidad para transmitir oralmente lo que están pensando. Presentan dificultades de lenguaje, pero sus condiciones psíquicas, mentales y sus aptitudes están todas sanas y normales como las de cualquiera de nosotros. Bueno, como hoy día no está reconocida en Chile como una discapacidad, quienes la tienen no reciben ningún beneficio, ni siquiera para obtener los subsidios y apoyos que reciben quienes presentan necesidades educativas especiales.
Y de esos ejemplos estamos repletos, porque a medida que progresa la sociedad chilena y nos ponemos un poquito más sofisticados, vamos tratando de resolver temas que antes no existían porque o se ocultaban y pasaban inadvertidos, o cada familia tenía que arreglárselas sola.
Por eso me gusta esta legislación: porque, más allá de que el cumplimiento no sea todo lo que yo quisiera, quiere decir que nos estamos poniendo de acuerdo todos los sectores involucrados y reconocemos que hay un valor respecto de la inclusión laboral a la hora de hablar de la discapacidad. Y eso es un tremendo avance como sociedad.
Muchas gracias.
Votaría favorablemente, pero estoy pareado.
El señor GARCÍA (Presidente).- Muchas gracias, senador Ricardo Lagos.
Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
He escuchado atentamente el debate sobre esta modificación a la ley N° 21.015, que ya tiene algunos años. Porque nos costó avanzar en esta legislación, que, como ustedes recordarán, surge de una serie de mociones parlamentarias que nos tocó aunar e impulsar en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. No fue fácil. Se revisaron las experiencias de otros países, entre ellos España.
Claro, uno ve que pasan los años y no se logra todo lo que se quería con esta legislación. En aquel tiempo se pudo aprobar ese 1 por ciento con una serie de normativas, desde sanciones hasta estímulos para la contratación, donde se podía optar por pagar o entregar beneficios en dinero para incentivar a quienes se dedicaran a esto. Pasa el tiempo y avanzamos, pero no todo lo que quisiéramos. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Porque hoy viene una modificación que aumenta del 1 al 2 por ciento: ¿qué hacemos para generar cambios no solo culturales, sino que además lleven a cabo prácticas diferentes?
Lo que nos dijeron los países de Europa que habían adoptado esta modificación es que en estos las empresas tenían mejores resultados no solo en la relación laboral, sino también en la productividad.
Entonces, ¿qué hemos medido respecto a aquello? ¿Qué ha ocurrido, durante este tiempo, con esta obligación? ¿Se ha reportado efectivamente ese cambio cultural, con mejores ambientes laborales y una mayor productividad? ¿Tenemos empresas que se suman a esta lógica y que lo asumen así?
Hoy vamos a hacer un cambio importante: aumentar el 2 por ciento, con modificaciones interesantes que se han discutido en todas las etapas legislativas y con un cambio concluyente en la comisión mixta.
Presidente, creo que debemos preguntarnos cómo hacer que estas normativas generen efectivamente una valoración en la ciudadanía. Y eso no es una obligación solo del Estado ni del Ejecutivo; tiene que ver con todas y todos.
La senadora Sepúlveda lo preguntaba: ¿qué pasa con el cumplimiento aquí, en el Senado, con relación a lo que hace la Cámara? Todos podemos contribuir a que esto sea mejor. Y no puede ser que solo por leyes lo vayamos logrando. Las normas ayudan a los cambios culturales, pero hemos escuchado a varios de nuestros colegas señalar: "Todavía no se llega a todo el potencial".
No hay una verdadera fiscalización, no hay verdaderas sanciones. Y la verdad es que creo que debemos ser capaces -y ese es un desafío para todos nosotros, incluido el Ejecutivo- de demostrar que esto es beneficioso; de hacer que se tomen medidas, Presidente, porque hay convicción de que se obtienen mejores resultados y un óptimo ambiente laboral. Yo creo que en eso, desde el Estado, desde el Gobierno, desde el Parlamento, estamos al debe.
Sería muy interesante que cuando discutamos el Presupuesto de la nación podamos hacer al menos una evaluación del Estado, del Parlamento, del servicio público y ver qué ha pasado con el cumplimiento de esta ley.
Nosotros vamos a votar favorablemente esta modificación, pero creo que tenemos un tremendo desafío por delante.
Gracias, Presidente.
El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, senadora Ximena Rincón.
¿Han votado todas las señoras y los señores senadores?
Quiero anticipar que ha pedido la palabra, una vez que entreguemos los resultados de la votación, la señora ministra de Desarrollo Social y Familia.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la comisión mixta (33 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro Prieto, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Edwards, Espinoza, Flores, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Latorre, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Velásquez.
No votó, por estar pareado, el señor Lagos.
El señor GARCÍA (Presidente).- Aprobado el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley que introduce modificaciones a distintos cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora TORO (ministra de Desarrollo Social y Familia).- Muchas gracias, Presidente.
Simplemente quiero señalar la importancia de esta iniciativa de ley, y agradezco a todos los senadores y senadoras por su aprobación unánime.
Creo que esto refleja temas en los que podemos ir avanzando en conjunto, con una mirada transversal, haciéndonos cargo también -tomo nota de varios de los elementos que se plantearon- de que se trata de la modificación a una legislación vigente que justamente busca revisar lo que se hizo antes y asegurar su cumplimiento efectivo.
Reitero mis agradecimientos. Tal como algunos ya lo han señalado, como Gobierno acabamos de presentar una iniciativa de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que ingresó por la Cámara pero que luego se va a discutir aquí, en el Senado, y espero que podamos tener una discusión con esta amplitud y mirada de país, ya que estos son temas que nos convocan.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (Presidente).- A usted, ministra Javiera Toro.
Por haberse cumplido su propósito, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a los oficios que han llegado a la Secretaría.