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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 54ª, en miércoles 26 de septiembre de 2018
Ordinaria
(De 16:17 a 19:4)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE, Y JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 51ª y 52ª, ordinarias, en 11 y 12 de septiembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 126, inciso segundo, del Código Sanitario.
-Artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo.
-Artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 del Código de Aguas.
-Artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886 y artículo 495 del Código del Trabajo.
-Artículos 429, inciso primero, y 162, incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, del Código Penal.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Contralora General de la República (S):
Informa sobre la figura del "delegado ministerial" en la Dirección del Servicio de Salud de la Región de O'Higgins: asunto planteado en nombre del Senador señor Letelier.
Del señor Ministro de Salud:
Se refiere al estudio realizado a alumnos de la Escuela Rosa Medel, de Coronel: materia requerida en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Ministro de Agricultura:
Da respuesta a petición, manifestada en nombre del Senador señor Elizalde, relacionada con la modificación del decreto que regula la denominación de origen de los vinos del secano interior.
Del señor Secretario General de Carabineros:
Atiende preocupación del Senador señor Chahuán referida a la dotación de funcionarios de Carabineros en la comuna de Cabildo.
Del señor Intendente de Antofagasta:
Remite copia de los documentos que se señalan sobre la inhabilidad de la autoridad regional para pronunciarse acerca de la continuidad de un proyecto minero: solicitud efectuada en nombre del Senador señor Araya.
Del señor Superintendente de Salud (S):
Contesta consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a las licencias médicas presentadas en la Isapre Nueva Masvida.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Resuelve petición, expresada en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre la situación de las máquinas de azar presentadas como de destreza.
De la señora Directora del Servicio Nacional de Menores:
Aporta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor Prohens, relacionados con los Programas de Representación Jurídica (PRJ) de ese Servicio.
Del señor Seremi de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía:
Adjunta respuesta relativa al estado del proyecto de mejoramiento del paseo peatonal Borde Río, de Nehuentue: consulta expedida en nombre del Senador señor García.
Del señor Director del SERVIU de Aisén:
Envía información sobre las alternativas de saneamiento del sitio que se individualiza, de la comuna de Chile Chico, y los requisitos para obtener el subsidio de marginalidad habitacional: asunto planteado en nombre del Senador señor Sandoval.
Del señor Alcalde de Talcahuano:
Atiende inquietud del Senador señor Navarro relativa al alumbrado público de esa comuna.
Del señor Alcalde de Tomé:
Señala datos sobre el remplazo de una barrera de contención en la calle Lord Cochrane, de esa localidad: requerimiento efectuado en nombre del Senador señor Navarro.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Mociones
De los Senadores señor Ossandón, señora Aravena y señor Prohens, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.995, que establece bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, incorporando la definición y prohibición que indica (boletín N° 12.119-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Senador señor Letelier, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, para restringir la sobreocupación de viviendas (boletín N° 12.120-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo y se manda ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
De los Senadores señor Chahuán, señora Aravena y señores Elizalde, Girardi y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que sanciona penalmente conductas que atentan contra el medio ambiente (boletín N° 12.121-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Comunicaciones
Del Senador señor Guillier, con la que informa que se ha incorporado a la bancada regionalista el Senador señor Navarro.
--Se toma conocimiento.
De los Senadores señora Provoste y señores Latorre y Quintana, con la que solicitan que, mediante oficio de la Corporación, se pida a la Corte Suprema su opinión acerca del proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín N° 12.107-04).

El señor MONTES (Presidente).- Consulto el parecer de la Sala para resolver acerca de esa solicitud.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma

El señor COLOMA.- Señor Presidente, me sorprende un poco la solicitud que se ha formulado, pues el Parlamento está obligado a pedir informe de la Corte Suprema sobre proyectos de su competencia.
Por tanto, no entiendo bien con qué fundamento en esta ocasión se solicita la opinión del Máximo Tribunal.
Me parece que acceder a lo que se le pide a la Sala implicaría entrar en una calificación más bien política, lo que, como Corporación, no me parece adecuado.
Obviamente, en cada proyecto que tenga que ver con la organización y las atribuciones de los tribunales debe oírse previamente a la Corte Suprema, pues así lo establece la Constitución. Pero no me parece que lo que se nos pide ahora se encuentre dentro de las atribuciones del Congreso Nacional.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, el artículo 16 de nuestra Ley Orgánica Constitucional señala específicamente que debemos pedir la opinión de la Corte Suprema cuando los proyectos contengan normas referidas a la organización o a las atribuciones de los tribunales de justicia.
Entonces, no procede solicitar una opinión jurídica a otro órgano del Estado, pues nosotros también tenemos tal calidad y, como ente autónomo, estamos dotados de plenas facultades para tomar nuestras propias decisiones en las materias pertinentes.
Tratándose de la organización o de las atribuciones de los tribunales, sí es procedente oír a la Corte Suprema. Pero este no es el caso, porque, según lo que acabo de escuchar, se está solicitando una opinión general del Máximo Tribunal sobre el proyecto que se individualiza, lo cual, en mi concepto, se aparta por completo de lo que dispone nuestra Ley Orgánica Constitucional.
Por otro lado, señor Presidente, debo señalar que la iniciativa en comento se remitió a la Comisión de Constitución a los efectos de que emita su pronunciamiento sobre el debido proceso y, asimismo, que esta mañana ya fijamos el martes próximo para realizar una sesión ad hoc, en la que nos reuniremos con profesores de Derecho Constitucional, para luego enviar a la Sala el informe correspondiente.
En consecuencia, debemos tener cuidado con esta petición tan general, que a mi juicio es improcedente.

El señor MONTES (Presidente).- Creo interpretar a la Sala si digo que no hay acuerdo para acoger la solicitud de oficiar como Corporación a la Corte Suprema.
Siendo esa la opinión predominante, parece innecesario votar.
Entonces, se rechaza la petición formulada, Y ya veremos qué pasa en la Comisión de Constitución.
Terminada la Cuenta.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, por acuerdo de esta Sala, en la Comisión de Economía estábamos analizando la moción de los Senadores señoras Provoste y Órdenes y señores Latorre y Elizalde que consagra la paridad de género en los directorios de las empresas y sociedades anónimas. Nuestro propósito es fusionarla con una moción de los Senadores señora Allende y señor Harboe que modifica diversos cuerpos legales para establecer la representación de género en los directorios de las empresas públicas, que se presentó hace algún tiempo.
Ambos proyectos de ley se encuentran en primer trámite constitucional, y sus ideas matrices tienen relación directa entre sí.
Por ello, señor Presidente, en sesión de esta mañana la Comisión de Economía resolvió unánimemente solicitarle que recabe el acuerdo de la Sala para fusionar esas dos iniciativas, lo que nos posibilitará tramitarlas en conjunto.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías acceder a la solicitud que acaba de formular la Honorable señora Rincón?
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Ya no es necesaria mi intervención, señor Presidente, pues iba a referirme al asunto que se acaba de zanjar.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.



NUEVO PRIMER INFORME PARA PROYECTO REGULATORIO DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE AZAR Y FUSIÓN DE INICIATIVAS SOBRE LA MATERIA

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, con relación al proyecto, en primer trámite constitucional, que regula la explotación de máquinas de azar (boletines Nos 8.820-06 y 10.811-06, refundidos), incluido en el tercer punto de la tabla de esta sesión, solicito que vuelva para un nuevo primer informe a la Comisión de Gobierno.
Lo conversamos en esa instancia, y la idea es, por existir bastantes iniciativas sobre la materia, evacuar un solo informe que unifique todos los proyectos.
Además, debo informar que hoy el Ministro Blumel nos señaló que el Gobierno probablemente mandará una indicación acerca del mismo asunto.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Hay acuerdo en cuanto a que el proyecto vuelva a la Comisión de Gobierno para la emisión de un nuevo primer informe que consolide todas las iniciativas existentes sobre la materia, más la eventual indicación del Ejecutivo?
¿Le parece a la Sala?
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, nos encontramos ante una situación relacionada con el punto que acabamos de discutir: la opinión previa de la Corte Suprema sobre proyectos específicos.
En efecto, el artículo 10 de la iniciativa a que se refiere la Honorable señora Ebensperger establece atribuciones para los tribunales de justicia.
Por consiguiente, en este caso sí procede pedir informe al Máximo Tribunal respecto de la disposición que individualicé.
Lo hago notar, señor Presidente, para que la Sala o la Comisión realice el trámite correspondiente.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Solo quiero dejar una constancia, señor Presidente.
Yo no estoy de acuerdo, pues creo que hay que prohibir, eliminar este tipo de juego.
Cuando se dice "Vamos a fusionar todos los proyectos", entiendo que es para continuar regulando la materia.
Yo no soy partidario de la regulación: entre las regiones de nuestro país que más máquinas de azar tienen, ¡la de Los Lagos, a la que represento en el Senado, figura en el tercer lugar!
Me parece que esta es la primera vez que estoy de acuerdo con el Senador Navarro en una materia.
Quiero dejar constancia de mi posición, señor Presidente.
Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo: soy partidario de eliminar las máquinas de tal índole; y para ello estamos preparando un proyecto de ley.

La señora EBENSPERGER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- Antes se hallan inscritos otros oradores, Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el proyecto referido, que ya está en el Hemiciclo, fue discutido y votado en general y particular en el primer informe.
Su tramitación ha sido larga.
En mi opinión, atendidas la envergadura y la gravedad de la situación existente, que afecta a nuestro país entero, debiera abrirse el debate en esta Sala para que todos los Senadores comprendamos de qué estamos hablando.
Hay dos iniciativas de ley: una, de mi autoría, que busca prohibir y eliminar las máquinas de azar en forma gradual, y otra que procura regularlas y legalizarlas.
Parece paradójico que se intente legalizar una situación que se extiende por todo nuestro territorio y que, según la Asociación Chilena de Municipalidades, involucra a 600 mil máquinas.
Señor Presidente, ¡todas las autoridades de Gobierno han señalado que esas máquinas son un desastre, una pesadilla!
Reitero: hay que abrir el debate.
No estoy de acuerdo con la vuelta a Comisión, pues considero que todos los Senadores debemos conocer el fondo del proyecto para formarnos opinión y decidir.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, precisamente ese es el sentido de que la iniciativa vuelva a la Comisión de Gobierno, donde hay bastante consenso en torno a la prohibición.
Lo que ocurre es que cuando se votaron los dos proyectos, el que ahora está en la Sala y el del Senador Navarro, se determinó que este último era inadmisible porque llevaba aparejada una indemnización, lo que significaba un gasto que no podía plantearse aquí, por las razones que conocemos. El otro se aprobó en el entendido de que debía resolverse el punto que expuse.
Ahora, yo comparto el planteamiento del Senador Navarro.
Hoy día las máquinas en cuestión están prohibidas porque hace mucho tiempo el Estado decidió que los juegos de azar eran propios solo de los casinos. No obstante, por un resquicio legal aparecieron las mal llamadas "máquinas de destreza", que son las que han proliferado a lo largo de nuestro país.
La idea de que el proyecto vuelva a la Comisión de Gobierno y podamos tratarlo en conjunto con otras iniciativas es tener también una visión sobre aquellas que no plantean regular sino prohibir la explotación de las máquinas de azar.
En definitiva, se procura llegar a esta Sala con el problema resuelto de mejor manera.
Mi humilde opinión, señor Presidente, va en la línea de la prohibición. Y, básicamente, eso pasa por aclarar en la Ley de Casinos la definición de "máquinas de azar" diciendo que "son máquinas de azar todas aquellas que den un premio en dinero o avaluable en dinero", teniendo cuidado de que ello no afecte a las que entregan pequeñas cosas a niños, como peluches.
Así se resuelve el problema en forma en definitiva.
Ahora, la cuestión se soluciona no solo prohibiendo. En efecto, el Código Penal establece sanciones debido a que en Chile el juego ilícito es ilegal.
Eso es lo que se busca.

El señor MONTES (Presidente).- Voy a aclarar qué se está discutiendo en este momento.
La Senadora señora Ebensperger, en nombre de la Comisión de Gobierno, solicitó que el proyecto que regula la explotación de máquinas de azar no se discutiera en general en la Sala todavía, sino que fuera objeto de un nuevo primer informe.
El Senador señor Huenchumilla agregó que, dado que el artículo 10 incide en las atribuciones de los tribunales de justicia, debe oírse previamente a la Corte Suprema.
Reitero que la iniciativa está para discusión general.
Entonces, luego de escuchar a los tres oradores que restan terminemos el debate y tomemos una decisión, para la que no se requiere unanimidad, sino mayoría.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, adhiero a lo planteado por la Honorable señora Ebensperger.
Yo soy contrario a las máquinas en cuestión. De hecho, en 2013, con los Senadores García, Bianchi, Tuma y Cantero, presentamos un proyecto de ley, cuyo boletín lleva el número 9.068-06 -pedimos que también se considere en la fusión-, destinado a prohibir esa clase de máquinas.
Conforme al artículo 131, número 7°, del Reglamento del Senado, solicito que todos los proyectos relativos a la materia se refundan y vuelvan a la Comisión de Gobierno.
Además, debo puntualizar que en la discusión no se escuchó al Director del Servicio de Impuestos Internos, cuya opinión me parece absolutamente necesaria.
De otro lado, al igual que el Senador Huenchumilla, considero que en el nuevo informe de la referida Comisión se debe dar cuenta de la consulta efectuada a la Corte Suprema.
En cuanto al tema de fondo, simplemente debo destacar que ¡hoy día en Chile existen más máquinas de azar que en Las Vegas...! Ello habla de su proliferación, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestro territorio.
Insisto en la importancia de volver el proyecto a la Comisión de Gobierno; fusionar las iniciativas existentes sobre la materia; pedir el informe pertinente a la Corte Suprema, y escuchar al Director del Servicio de Impuestos Internos.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimo que este tema debiera involucrar a todos los miembros del Senado.
Por eso, suscribo el planteamiento del colega Navarro, pues me gustaría que la Sala discutiera en general el proyecto. Ello, sin perjuicio de estar absolutamente de acuerdo con lo que señaló el Senador Chahuán.
A pesar de que firmé la iniciativa que hace presente la necesidad de regular la materia, ahora voy a suscribir el proyecto que presentaron el colega Chahuán y otros Senadores, ya que considero indispensable prohibir. ¡Y lo digo con todas sus letras!
Me alegra que la Comisión de Gobierno haya optado por la fusión de los proyectos, porque ello hace más integral la discusión de esta materia al tener en cuenta todas las visiones.
Juzgo importante -por eso, suscribo lo expresado por el Senador señor Navarro- que todos nos metamos en la controversia sobre la cuestión antes del debate en particular. La discusión general en la Sala, para saber lo que se trata en este ámbito, no constituye un impedimento.
A mi juicio, la mayoría de los presentes hemos prestado atención al intercambio de opiniones en la prensa. No me parece bueno que el tema vuelva al Hemiciclo sin que todos podamos escuchar a los que han llevado el análisis en la Comisión, a los que han seguido el asunto en los medios de comunicación y a los que han tenido alguna participación, en su minuto, en las mociones.
Estimo que el punto reviste importancia. Lo que pasa en los barrios de nuestras comunas es relevante. La gente más sencilla se está empobreciendo producto de las máquinas, que no son ni de azar ni de destreza: en muchos casos, están arregladas y roban la plata.
Por lo tanto, creo que antes de que el texto volviera a la Comisión sería bueno -repito- realizar la discusión general en la Sala.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, los Senadores señora Van Rysselberghe, señor Kast y quien habla presentamos hace alrededor de dos meses un proyecto vinculado, no solo a regular, sino también a prohibir las máquinas de azar. En ese contexto, suscribo lo planteado por mi colega Ebensperger respecto de la vuelta de la iniciativa a la Comisión.
Si bien es importante el debate en la Sala, opino que es preciso discutir necesariamente sobre un texto refundido, porque todos tenemos claro que esos aparatos son nocivos principalmente para el segmento con más dificultades en nuestro país. Por lo tanto, habrá un espacio para abordar detalladamente este aspecto. Dialogar no es nunca una pérdida de tiempo, pero me parece que primero debemos asignarle a la Comisión el trabajo de estudiar todos los articulados.
Obviamente, quien habla y los que hemos suscrito el proyecto de prohibición del juego de azar juzgamos necesario dar término a una situación como la que se está viviendo, que empobrece cada día más a la clase trabajadora.
Muchas gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Ya se han registrado tres intervenciones.
Ahora corresponde la del Honorable señor Soria y...

El señor BIANCHI.- Había pedido la palabra.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Sobre el mismo tema? Se está entrando en el fondo y es una cuestión reglamentaria.
Puede intervenir el Senador señor Soria.

El señor SORIA.- Señor Presidente, Honorable Corporación, lo hago para expresar mi más absoluto rechazo a la iniciativa que pretende legalizar la instalación y funcionamiento de máquinas de juego en los barrios de todo el país.
Por el pueblo de Chile, anuncio mi voto en contra.

El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, estamos discutiendo si el texto vuelve o no para un segundo primer informe.
¿El Senador señor Letelier quiere hablar sobre el asunto?

El señor LETELIER.- Es para una moción de orden.
El señor MONTES (Presidente).- Los que acojan la solicitud de la Honorable señora Ebensperger de que el articulado se envíe a la Comisión para un segundo primer informe votan que sí.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, entiendo que los proyectos se fundan en que las máquinas existen y alguien las ha declarado al menos legales, porque están funcionando. Por lo tanto, el rechazo en general significa, en ambos casos, que no habrá ley sobre la materia, sea que se regule o que se suprima. La normativa tiene que volver igualmente a la Comisión, entonces, haya refundición o no.
Quien habla, por lo menos, debe decir desde ya que estará en contra de las máquinas; pero si se opone ahora a la idea de legislar, estará a favor, pues van a seguir funcionando sin regulación.

El señor MONTES (Presidente).- Repito que nos ocupamos en si el texto vuelve o no a la Comisión, no todavía en la idea de legislar.

El señor INSULZA.- En todo caso, tiene que volver.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, lo que pasa es que se precisa sincerar el asunto, efectivamente. Reconozco que hay una presión pública.
Con el Senador señor Chahuán, en su momento, y posteriormente con otros colegas elaboramos ya desde el año 2013 iniciativas en la línea de eliminar, simplemente, estas máquinas ilegales. Y como en todos estos años se establecieron en todo el país y el propio Estado lo permitió al dejarlas ingresar, habiéndose casi normalizado a pesar de ser absolutamente irregulares, suscribimos hace un tiempo otro proyecto en orden a regularlas. Pero, claramente, el objetivo de todos los presentes, al parecer, es impedir el funcionamiento de tales aparatos.
¿Cuál es el problema de establecer un plazo? Fijemos uno para que la Comisión vea rápidamente las distintas iniciativas y sometamos a debate en el Congreso la definición de si las máquinas serán reguladas o simplemente desaparecerán, como muchos esperamos.
Más allá de la presión que pueden ejercer los propios casinos, repito que se requiere un sinceramiento de la cuestión.
Por lo tanto, pido contemplar un término para que la Comisión vea la materia lo más pronto posible y el debate se traiga a la Sala a fin de que podamos zanjar la situación de estos aparatos, que son del todo ilegales.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo la proposición de la señora Senadora que inició el debate, pero existe una dificultad para poder acogerla: en una misma iniciativa no se puede regular y prohibir. Son dos cosas distintas.

El señor MOREIRA.- Exactamente.
El señor LETELIER.- Por ende, corresponde realizar la discusión y, al final, resolver cómo actuar. No es posible llevarla solo a la Comisión. Si se juntan todos los proyectos, no cabe la fusión: son como el agua y el aceite. Se trata de dos normativas distintas. Concuerdo con el Senador señor Moreira en el sentido de que primero necesitamos debatir. Al final veremos si votamos en general. Pero es preciso resolver dónde se halla la voluntad mayoritaria del Senado a fin de orientar al órgano técnico.

El señor MONTES (Presidente).- En votación la solicitud de la Honorable señora Ebensperger en el sentido de que el proyecto vuelva a la Comisión y se hagan las fusiones correspondientes.
Los que estén de acuerdo se pronunciarán a favor, y los que quieran que sea sometido como está a la discusión de la Sala, en contra.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 22 votos contra 6 y un pareo, se aprueba la petición.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores De Urresti, Letelier, Moreira, Navarro y Soria.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor MONTES (Presidente).- La Honorable señora Órdenes deja constancia de su intención de voto en contra.

¿El Senador señor Chahuán desea intervenir para una cuestión de Reglamento?

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, se entiende que el objetivo de la vuelta del texto a la Comisión es fusionar...

El señor MONTES (Presidente).- Así lo planteó la peticionaria.
El señor CHAHUÁN.- Para dejar ello autorizado por la Sala.

El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, sin perjuicio de la votación realizada, quiero hacer una reflexión.
Se trata de una iniciativa que no estaba en el Orden del Día. La regulación de las máquinas de azar ha suscitado una tremenda controversia en el país. No soy autor de ninguna de las mociones, pero, de acuerdo con lo que me expresa uno de los autores, los textos son contradictorios. A mí me preocupa que, producto de un pronunciamiento, de antecedentes con los que no hemos podido contar en forma previa, ejerzamos una opción.
No estoy juzgando ninguna de las posiciones.
Por mi parte, estoy por una prohibición absoluta de este tipo de máquinas, pero creo que, por la implicancia que han registrado en nuestra sociedad, por lo extendidas que se hallan en cada ciudad, tiene que haber una consideración seria y acuciosa al respecto.
Insisto en que no cuento con información para definir la fusión o el tratamiento por separado. Sí creo que claramente existen dos criterios completamente distintos: hay quienes exponen la necesidad de regularizar, de legalizar, y otros -me incluyo entre ellos- plantean la prohibición. Porque, tratándose de la discusión, en su momento, acerca del proyecto sobre casinos, cabe recordar que el juego, el azar, se contempló precisamente en forma restrictiva a través de la ley, la cual, entre cosas, lo prohíbe en la Región Metropolitana y establece un número acotado de establecimientos donde se puede realizar.
Sin perjuicio de que la votación ya se ha realizado, pido que la Secretaría anticipe situaciones de esta naturaleza, sobre todo en relación con temas en que los Senadores tenemos que votar informadamente. Creo que eso es importante, al efecto de generar principalmente el debate que vendrá en el futuro.

El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, aclaro que la iniciativa se encuentra en el tercer lugar del Orden del Día y que eso motivó a la señora Senadora para pedir que volviera a la Comisión.
El señor DE URRESTI.- Por lo mismo, efectuemos la discusión de fondo, pero...

El señor MONTES (Presidente).- Eso se dirimió recién. Se votó, y la mayoría pensó otra cosa.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solo deseo recalcar -no soy miembro de la Comisión de Gobierno, cuyos cinco integrantes se encuentran presentes- que las dos ideas matrices son distintas, irreconciliables e incompatibles. Un proyecto busca prohibir, y el otro, legalizar. Y resulta claro que efectivamente no hay posibilidad de refundirlos.
Solo quiero advertir que en Rancagua hay un local con 220 máquinas.
Me parece que, de repente, se busca dilatar el asunto. Si me equivoco, pido disculpas a mis colegas, pero ello lo venimos haciendo hace demasiado tiempo.
El Senador señor Ossandón dio a conocer que los dueños de los aparatos le ofrecieron dinero. Lo denunció públicamente.
Y el lobby ejercido parece que llegó a la Moneda, porque el Gobierno dice de la nada que va a ver la regulación, entre comillas. El señor Subsecretario de Hacienda no ha hablado en ningún momento de eliminación. La actividad potente de estos empresarios habría llegado hasta allá.
Entonces, no quiero que haya ni una duda o sospecha de que esta Corporación quiere evitar el debate. De allí mi posición en orden a discutir, para poder argumentar, y a que cada uno tome posición y decida respecto de su voto.
Pero no hay posibilidad de refundir ambos proyectos. Es preciso resolver en orden a prohibir y eliminar o a regular y legalizar. Por mi parte, quiero lo primero.

El señor MONTES (Presidente).- Eso ya se definió. Hubo claramente una mayoría.

La señora EBENSPERGER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- No se trata de entrar a un debate.
Sea muy breve, Su Señoría. Ya le había dado la palabra.

La señora EBENSPERGER.- Lo seré, señor Presidente.
Me parece muy injusto lo dicho por el Senador señor Navarro al dejar establecida una suspicacia en el sentido de que se quiere retrasar.
Mi posición personal es de una absoluta prohibición. Y así es, además, el proyecto que presenté. Si hoy discutimos en general el que se contempla, cabe hacer presente que solo se trata de regular. Esa es la razón por la que tiene que volver a la Comisión, no por negar ningún debate ni retrasarlo. El señor MONTES (Presidente).- El problema es muy complejo. En otros países se hace lo mismo por el celular. Hay redes donde se apuesta en Internet. Entonces, no es llegar y decir si las máquinas se acaban o no. Tenemos que asumir el fondo de la cuestión.
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El señor MONTES (Presidente).- La primera de los inscritos para otras materias es la Honorable señora Allende.
Tiene la palabra.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me había registrado bastante antes.
Los Senadores señora Rincón y señor Elizalde plantearon la fusión de dos iniciativas exactamente iguales, una presentada un poco antes y otra después. Agradezco el gesto de acoger la moción que había planteado, porque se trataba del mismo tema. Entonces, quisiera expresarlo públicamente. Estaba inscrita para referirme a eso y no a lo que sucedió después.
Ocurre muy a menudo que se presenta un proyecto, y un tiempo después, otro muy similar. Ojalá hubiera colaboración en las Comisiones en el sentido de proceder a una fusión, porque es una manera más expedita de legislar, sin estar viendo uno por uno.
Es una recomendación general, que cabe desear que acoja también la Presidencia del Senado, para que pudiera señalarles a los órganos técnicos, en general, que fusionasen iniciativas referentes exactamente al mismo tema.
He dicho.
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El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Especial relacionada con la Mujer y la Igualdad de Género, que sesionó hoy día por primera vez, informo a la Sala que acordamos fijar hasta el miércoles 10 de octubre próximo para que los órganos técnicos en que se hallen radicados distintos proyectos en la materia manifiesten su conformidad a fin de traspasarlos.
Una vez cumplido el plazo sin que nos hayan llegado se entenderá automáticamente que pasarán a ser tramitados por nuestra Comisión.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que ello se verificara hasta esa fecha, tratándose del oficio que hoy mandó la Secretaría?

El señor QUINTANA.- Con el pronunciamiento de cada Comisión.

El señor MONTES (Presidente).- Así es.
Acordado.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, como Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, solicito fijar un nuevo plazo, hasta las 18 del martes 2 de octubre, para presentar indicaciones en la Secretaría al proyecto de ley que regula el contrato por obra o faena. El acuerdo respectivo lo suscribimos todos los integrantes el día de hoy.

El señor MONTES (Presidente).- Sería la sexta prórroga.

El señor LETELIER.- Es la última.

La señora GOIC.- El Ejecutivo va a formular una indicación antes de esa fecha.

El señor MONTES (Presidente).- Si no hay objeciones, se accederá.
Acordado.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado una solicitud de la Comisión de Hacienda para abrir un nuevo plazo de indicaciones, hasta el 28 del mes en curso, con relación al proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A."

El señor MONTES (Presidente).- Si no hay objeciones, se accederá.
Acordado.
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El señor MONTES (Presidente).- Hay una petición del Ministro del Trabajo para que se autorice el ingreso de la Subsecretaria de Previsión Social, señora María José Zaldívar, y de la Jefa de Estudios de Previsión Social, señora Mónica Titze.

El señor LETELIER.- ¡Hay resistencia...!

El señor MONTES (Presidente).- ¿Ninguna de las dos?
No hay acuerdo
Asimismo, se solicita autorizar la asistencia a la sesión del señor Claudio Alvarado, Subsecretario General de la Presidencia.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A REGÍMENES DE PROTECCIÓN SOCIAL


El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.002-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 53ª, en 25 de septiembre de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es instaurar la obligatoriedad de
cotizar por parte de los trabajadores independientes para tener acceso a las prestaciones de seguridad social, la que se materializará en la declaración anual de impuestos de abril de cada año, a partir del 2019, a través del aumento gradual de la retención del 10 por ciento por los honorarios hasta llegar al 17 por ciento.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la mayoría de sus miembros. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señora Goic y señores Allamand, Durana y Letelier. Se abstuvo la Senadora señora Muñoz.
Cabe tener presente que los artículos 1°, 2°, 3° y 4° permanentes y los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios son de quorum calificado, por lo que requieren para su aprobación de 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 41 a 51 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general.

Ofrezco la palabra a la Senadora señora Goic para que informe sobre el trabajo de la Comisión.

La señora GOIC.- Señor Presidente, tal como ha señalado el señor Secretario, la iniciativa propone establecer la obligatoriedad de cotizar por parte de los trabajadores independientes, con lo cual se da cumplimiento al artículo 89 y siguientes del decreto ley Nº 3.500, gracias a la modificación introducida el 2018 por la ley Nº 20.255, que hace obligatoria la afiliación al sistema de capitalización individual de toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, ejerza una actividad por la que obtiene rentas del trabajo.
Es lo que coloquialmente entendemos como las personas que "boletean", que emiten boletas de honorarios.
El proyecto en análisis tiene como sustento para la mencionada obligatoriedad el acceso de los independientes a la misma protección de los regímenes de seguridad social que se aplica hoy día a los trabajadores dependientes. Para ello, se obliga a cotizar a todos los trabajadores independientes de menos de 55 años, en el caso de los hombres, y menos de 50 años, las mujeres, al 1 de enero de 2012, sobre una base imponible del 80 por ciento de la renta bruta anual.
La retención del 10 por ciento, que afecta a las boletas de honorarios, se aumentará gradualmente desde el próximo año (2019) en 0,75 por ciento anual, lo que implica que al 2026 se alcanzaría un 16 por ciento. En el noveno año se fija un alza del 1 por ciento, lo que permitiría llegar a una retención total de 17 por ciento, con lo cual se cubrirán las cotizaciones tanto previsionales como de salud.
Una vez materializada la declaración anual de impuestos en abril de cada año, a partir del 2019, se asegurará la cobertura en todas las prestaciones pagadas. En este punto el proyecto consagra un nuevo orden de prelación para el pago de las coberturas: se empezará por el seguro de invalidez y sobrevivencia, y luego seguirán el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la Ley SANNA, las prestaciones de salud común y, finalmente, las cotizaciones para previsión.
La Subsecretaria de Previsión Social, señora María José Zaldívar, explicó que con esa nueva prelación se busca garantizar la cobertura de los seguros de salud común y de índole familiar; esto es, prestaciones de corto o mediano plazo, sin desconocer la relevancia del aporte para las pensiones, la que será incrementada gradualmente desde un 3 por ciento hasta llegar al 10 por ciento.
Como Presidenta de la Comisión, quiero señalar que fue la Subsecretaria quien llevó la discusión de esta iniciativa. Ella tiene bastante expertise en este tema. Por tanto, es una pena que no pueda estar en la Sala. Probablemente, en algunos aspectos -no me cabe duda de que el Ministro será capaz de contestar adecuadamente- ella habría aportado una mejor comprensión en esta discusión en general.
El proyecto establece en su artículo segundo transitorio una alternativa para los nueve primeros años, que consiste en poder cotizar para pensión y salud por una remuneración imponible menor. Ello ayudará a enfrentar la situación que tenemos en el presente.
Cabe recordar que esta obligación fue aprobada el 2008 en la reforma previsional del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, pero hemos ido postergando sucesivamente la modificación en estudio. Sin ella, se implementaría la retención completa a partir del próximo año.
También se plantea un cambio en la cobertura de los beneficios.
Hoy se hace el cobro por beneficios que no necesariamente se prestaron en el año anterior, según el esquema de la ley vigente. En la iniciativa se contempla la cobertura hacia delante -al 2019 en este caso-, pensando en la retención o devolución que se hace con la declaración de impuestos de este año.
Ello implica una mejor y completa cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, del de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, y de la aplicación de la Ley SANNA para los trabajadores y las trabajadoras desde el primer año.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó la idea de legislar sobre esta materia por cuatro votos a favor, de los Senadores Allamand, Durana y Letelier y de quien habla, y 1a abstención de la Senadora Muñoz, dejándose constancia de la preocupación que había respecto de la situación de los trabajadores del sector público que están actualmente a honorarios.
En este aspecto existen dos mundos.
El primer grupo está dentro de los servicios centralizados. Para estos funcionarios se solicitó mantener la lógica que ha imperado durante los últimos años: traspasar a los trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes a la contrata. Este compromiso fue suscrito y cumplido por la Presidenta Bachelet mediante glosas presupuestarias que autorizaron: el 2016, 3.886 traspasos, y el 2017, 7.619. Para el 2018 se aprobaron, en el artículo 24 de la ley Nº 21.053, 8 mil traspasos a contrata.
Señor Presidente, pida un poquito de silencio a la Sala. Pienso que ayudaría a comprender este proyecto, que es relativamente complejo y de interés para los Senadores y las Senadoras. Y para el señor Subsecretario de la SEGPRES yo creo que también.

El señor MONTES (Presidente).- Solicito silencio a la Sala.
Continúe, señora Senadora.

La señora GOIC.- Es sabido que un gran número de trabajadores públicos a honorarios tiene un vínculo de subordinación y de dependencia de su autoridad. Ellos cumplen labores y horarios distintos de los que son atribuibles a las personas a honorarios, por lo que es muy importante dar cumplimiento a los traspasos autorizados en la Ley de Presupuestos para el 2018 y continuar con el establecimiento de cupos para estas personas.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social informó a la Comisión que el Gobierno no va a interrumpir la política de autorizaciones para modificar la calidad jurídica de honorario a contrata. Es muy importante que dicha autoridad, aquí presente, refrende tal compromiso ante la Sala.
El segundo grupo de trabajadores del sector público a honorarios se refiere a los que se desempeñan en los municipios.
Quiero diferenciar su situación porque es distinta. Ellos no quedan dentro de este compromiso de traspaso a la contrata, que en el otro caso se ha ido cumpliendo, tal como fue prometido.
En este ámbito hay distintas realidades.
Durante la discusión del proyecto en la Comisión, recibimos a las dos agrupaciones de funcionarios municipales a honorarios. Sus representantes plantearon, en general, su respaldo a la iniciativa y manifestaron su preocupación por su régimen de contratación. Ello está pendiente, pues se observa una diversidad de situaciones: a algunos se les respetan las vacaciones, a otros no; a algunas se les respeta el prenatal y posnatal, a otras no.
Sabemos que se trata de trabajadores que, en rigor, tienen un vínculo de subordinación y dependencia. Si bien su realidad no está contenida dentro de las ideas matrices de la iniciativa, debe ser abordada. Nos preocupa ver cómo ellos quedan protegidos.
Los aspectos principales del proyecto ya los he expresado. La idea es que lo aprobemos en general.
Habrá que revisar varios detalles durante la discusión en particular.
Aún nos queda por avanzar en materia de cotización de los independientes, en especial de quienes boletean a honorarios. Objetivamente, se han perdido diez años en que podían haber cotizado; sobre todo, pensando en los trabajadores y las trabajadoras más jóvenes. Eso, sin duda, incidirá significativamente en su pensión.
Además, cabe recordar que la normativa vigente puede tener una aplicación muy compleja si no introducimos esta modificación, si no generamos una alternativa antes de la operación renta que se cierra el próximo año.
Por eso, recomendamos aprobar la idea de legislar.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que ha sido muy contundente la intervención de la Senadora Goic.
Quiero señalar que este proyecto, ingresado por nuestro Gobierno, es de la mayor importancia y debe ser discutido con la premura que el tema amerita y con la altura de miras que el país nos demanda.
En ese contexto, existe en Chile un porcentaje muy importante de compatriotas que, al no ser trabajadores dependientes, está fuera del régimen normal de protección de salud y del ahorro obligatorio destinado a sus futuras pensiones.
Los llamados "trabajadores a honorarios" (aquellos profesionales independientes, trabajadores por cuenta propia que emiten boletas de honorarios y también, lamentablemente, una cifra importante de personas que prestan servicios al Estado y a las municipalidades) se encuentran en la situación descrita.
Según cifras del Servicio de Impuestos Internos, cerca de 215 mil trabajadores del sector público -¡215 mil trabajadores!- emiten boletas de honorarios.
Desde el año 2008 existe una legislación sobre el particular. Pero, debido a las circunstancias económicas y al alto costo que significa para esos trabajadores, se ha ido postergando la entrada en vigencia de la obligación de cotizar al haberles otorgado la posibilidad de que renunciaran a ello al hacer su declaración. Hasta el día de hoy el 75 por ciento de los trabajadores a honorarios ha renunciado a cotizar. Obviamente, el fin que se ha perseguido no se ha alcanzado.
¿Cómo nos hacemos cargo de este problema?
La respuesta no es el voluntarismo. Eso ya se intentó y no funcionó. Se requiere responsabilidad y gradualidad -¡responsabilidad y gradualidad!-, lo que da mayores garantías de éxito.
El proyecto de ley del Gobierno viene a solucionar, entonces, dos grandes temas que no quedaron bien resueltos en la legislación actual.
El primero es la gradualidad del descuento, lo que le permite al trabajador llegar en un plazo de ocho años a cumplir con su obligación en régimen.
La segunda es que, a diferencia de la ley vigente, el descuento desde su retención abarcará el total de lo que ese trabajador debe destinar a salud y previsión, incluyendo los accidentes del trabajo.
En la actualidad, el trabajador que no renuncia a cotizar debe complementar el 10 por ciento retenido con fondos propios para cumplir el monto total de la obligación.
Al cumplir con esta, los trabajadores independientes podrán acceder a los mismos beneficios que los dependientes con contrato laboral: en materia de pensiones (de vejez, de invalidez y sobrevivencia), de seguridad laboral (seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), de salud (la cotización del 7 por ciento permite al trabajador independiente acceder al sistema bajo la modalidad de libre elección, ya sea en FONASA o en una isapre) y de otros beneficios previsionales, tales como el derecho a la asignación familiar y el derecho a afiliarse a una caja de compensación.
En materia de beneficios tributarios, además, posibilita el ahorro previsional voluntario (APV) y la rebaja de las cotizaciones previsionales como gasto efectivo de los ingresos brutos.
Es muy cierto que el proyecto no mejora las pensiones de quienes están a punto de jubilar. Pero ese no es su objetivo.
La propuesta del Gobierno del Presidente Piñera es seria, gradual, fundamentada, y debe ser aprobada en beneficio de los más de 215 mil trabajadores de nuestro país.
Votaré a favor.
He dicho.
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El señor MONTES (Presidente).- Antes de proseguir con el debate, quiero saludar a la delegación de cuarto medio del Colegio María Auxiliadora de Valdivia, encabezada por el señor Cristián González.
¡Bienvenidos al Senado de la República!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, estamos llamados a votar en general un proyecto que, sin duda -quiero subrayarlo: ¡sin duda!-, puede abordarse de diferentes maneras y que dice relación con la obligación de cotizar de los trabajadores independientes tanto para salud como para previsión.
La cifra que entregó el Servicio de Impuestos Internos -no completó el dato el colega que me antecedió en el uso de la palabra- indica que más de dos millones de personas boletean en nuestro país. El 10 por ciento corresponde a trabajadores vinculados, directa o indirectamente, al sector público. Es decir, es altísimo el universo de la fuerza de trabajo que boletea.
Y muchos de esos trabajadores sí recurren al Estado para prestaciones de salud y de previsión, particularmente en lo que dice relación con beneficios como la pensión básica solidaria.
No existe en nuestra cultura laboral la convicción de la importancia de formalizar las relaciones de trabajo. El Estado en esta materia es cómplice de entregar boletas ideológicamente falsas todos los meses -¡todos los meses!-, por cuanto ahí no impera una prestación propia del código comercial, sino una relación de subordinación y dependencia laboral. Esa es la realidad, a lo menos, de las aproximadamente 200 mil personas que trabajan para los municipios, los Ministerios y los gobiernos regionales de nuestro país.
Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema. El Estado para ahorrarse recursos -¡para ahorrarse recursos!- genera un mecanismo por medio del cual los trabajadores prefieren obtener ingresos presentes, en vez de hacer lo mismo que otros trabajadores del sector público: pagar del sueldo bruto propio los fondos previsionales y de salud.
Y para el resto de los trabajadores, cerca de dos millones de personas, existe una situación similar.
Señor Presidente, quiero -por su intermedio- decirles a las personas que les gusta hacer muecas desde las tribunas...
--(Manifestaciones en tribunas).
... que primero escuchen y después terminen de hacer la reflexión.

El señor MONTES (Presidente).- Ruego guardar silencio a quienes nos acompañan en las tribunas.
Continúe, señor Senador.

El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
Es evidente que todos los trabajadores prefieren rentas presentes en vez de postergar gastos para su jubilación. Por eso hay una ley que obliga a la cotización.
Numerosos trabajadores del sector privado, si pudiesen no cotizar, no lo harían.
Es más, muchos aceptan que sus empleadores les impongan por una cantidad inferior a sus ingresos reales, lo cual genera un tremendo daño a sus pensiones y jubilaciones.
Por lo tanto, este debate, que en nuestro país ha durado más de cincuenta o sesenta años, pues comenzó hace mucho tiempo en nuestra sociedad, debemos abordarlo escuchando las diferentes realidades de los trabajadores.
Muchos funcionarios del sector público no quieren este proyecto por una razón: porque significa la reducción de sus rentas líquidas.
Y ese es un problema que el Estado tiene que sincerar.
Si a un trabajador que gana 500 mil pesos le sacan el 20 por ciento de sus ingresos, va a quedar con 400 mil pesos líquidos versus los 450 mil que podría percibir hoy día. ¡Eso hace la diferencia!
En consecuencia, el primer problema en el sector público que debemos abordar es cómo nos hacemos cargo, como sociedad, del daño que les hemos causado a esos trabajadores.
Sin embargo, el problema mayor radica en el sector privado, según los datos del Servicio de Impuestos Internos.
En lo que respecta a dicho sector, hay que preguntarse cuál es la obligación del Congreso. ¿Necesitamos incentivar a los trabajadores para que coticen? Es decir, ¿les vamos a pedir que, por favor, coticen? Porque eso es un poco lo que está detrás del proyecto: qué incentivos generar para que estos trabajadores coticen.
Por eso, la propuesta del proyecto es fomentar, primero, las prestaciones mediatas, las de salud: acceder a bonificaciones FONASA o del sistema de seguridad social vinculado a temas presentes (accidentes del trabajo, licencias médicas, Ley SANNA). Pero se posterga aquello que será más complejo, como son las cotizaciones previsionales.
Todos sabemos que cada año de postergación de las cotizaciones previsionales perjudica inmensamente las pensiones. Y aquí tenemos un debate sobre la gradualidad, por un lado, pero también sobre los incentivos: cuánto se destinará a salud, cuánto irá a previsión.
Es evidente que para trabajadores que están al final de su vida laboral, para quienes tienen 50 años de edad y les queda poco tiempo antes de jubilar, cotizar durante solo 10 o 15 años no les sirve de nada. Por tanto, este proyecto es de una complejidad mayor. No podemos poner a todos los trabajadores independientes en el mismo casillero. Sería un error.
Por ende, si bien voté a favor de la idea de legislar en la Comisión, tengo muchas aprensiones en cuanto a las priorizaciones que se han establecido y a que se trate de la misma forma a la mayoría de los trabajadores. Son realidades muy distintas.
Por eso, estuve a punto de sumarme a la Senadora Muñoz en su propuesta de abstenernos en la votación de la idea de legislar hasta que se clarificaran tales aspectos. Lo único que cambió mi decisión para aprobar en general el proyecto fue la existencia de un plazo fatal, pues debemos enfrentar esta situación, que es real, antes del término del año tributario. En abril del 2019 la ley vigente va a generar un impacto, y nosotros debemos evitar que ese impacto sea perjudicial.
Quiero ser bien honesto, señor Presidente. Mi mayor problema con esta iniciativa es el siguiente: no creo que las AFP deban administrar las platas de los trabajadores en un sistema previsional. Soy partidario de no darles ni un peso más a las AFP. Esto no significa que uno no esté consciente de que esa gran masa de recursos, más de 220 mil millones de dólares, deba invertirse, capitalizarse, servir para la economía, incluso variando hacia donde puedan invertirse esos dineros, para que acompañen, más directamente, los intereses nacionales: la infraestructura, las políticas públicas.
Entiendo que el debate sobre las administradoras de fondos de pensiones, sobre el cambio del modelo previsional, lo vamos a tener a partir de cuando el Presidente Piñera anuncie el envío de un proyecto sobre la materia, y ello dentro de determinado contexto, porque él retiró la iniciativa que había presentado la Presidenta Bachelet. Teníamos un texto para haber hecho este debate -lo deberíamos estar haciendo-, pero el Presidente Piñera retiró el proyecto ingresado por su antecesora, pues venía con otro marco, con otro esquema de discusión, donde, como dijo la ex Ministra Krauss, no se permitía un peso más para las AFP.
Lo planteo, señor Presidente, porque aquí las cotizaciones previsionales, bajo el esquema que existe para estos más de 2 millones de trabajadores, significa que irán a esas cuentas.
Entiendo que aquella dimensión de este proyecto será muy relativa, pues dependerá de lo que hagamos con el modelo general de pensiones.
Debemos abordar la situación de los trabajadores independientes, en particular del sector público. El Estado debe generar un mecanismo distinto del que se aplicó a los trabajadores del FOSIS, que pasaron de honorarios a contrata sufriendo una baja muy significativa en sus sueldos líquidos. De ahí la natural resistencia que muchos manifiestan cuando los invitan a pasar de honorarios a contrata, ya que, como los niveles de remuneraciones son relativamente bajos en su mayoría, la obligación de cotizar afecta demasiado.
Yo, señor Presidente, invito a votar favorablemente la idea de legislar, entendiendo que existen varias aristas del proyecto que deberemos analizar para lograr una mirada integral.
Todos en esta Sala tenemos algo en común: desde que entramos a esta Sala y hasta que se levanta la sesión nos ponemos más viejos. Todas las personas se ven afectadas por el sistema previsional, y los trabajadores independientes necesitan una solución adecuada para su jubilación.
He dicho.

El señor COLOMA.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente, manteniendo los tiempos?

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independiente a los regímenes de protección social busca un equilibrio entre el acceso de ellos a prestaciones a las que solo pueden acceder los trabajadores dependientes, y la necesaria gradualidad que se debe dar a este proceso, de forma tal de precautelar sus intereses.
Actualmente, en nuestro país miles de personas prestan sus servicios en el sector público bajo la modalidad de "contratación a honorarios". Y es impresentable que trabajadores del Estado, que se desempeñan en beneficio de toda la comunidad, se vean privados, ellos y sus familias, de acceder en igualdad de condiciones con los trabajadores dependientes a los regímenes de seguridad social.
Esta realidad se hace más visible en el ámbito municipal, donde la mayoría de sus funcionarios se mantiene a honorarios.
Según la legislación vigente, desde enero de 2018 los trabajadores independientes deben pagar sus cotizaciones, destinadas a las prestaciones de salud y pensiones futuras. Este pago está siendo cumplido por un porcentaje bajísimo de trabajadores, con lo cual, de no buscarse un adecuado equilibrio entre la necesidad de imponer a la que se encuentran obligados y la gradualidad de su incorporación al sistema de cotizaciones, estas miles de personas se encontrarán, en el mes de abril del 2019, con la obligación de pagar la cobertura del año tributario que termina, e incluso se darán cuenta de que no solo no recibirán ningún monto por devolución de sus impuestos, sino que además serán deudores de la diferencia entre el 17 por ciento de los ingresos que deben cotizar por todos los conceptos contemplados en la normativa, y el 10 por ciento de los impuestos que les hayan sido retenidos.
Considerar la gradualidad de la incorporación de los trabajadores a honorarios e independientes constituirá un incentivo para que los trabajadores informales empiecen a cotizar, accediendo a las prestaciones de salud y previsionales. Ellos suman, a nivel nacional, 2.383.020 personas.
En la Región de Arica y Parinacota, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de ocupación informal alcanzó, en el último trimestre, 35,5 por ciento, muy superior al índice nacional. En el caso de las mujeres, esta informalidad llegó al 37,5 por ciento. Y, lo más preocupante, se incrementó a 52 por ciento en el rango de trabajadores entre 15 y 24 años.
El hecho de que la mayoría de los trabajadores jóvenes ariqueños y parinacotenses sean informales implica que ellos no cotizan y, por lo tanto, se genera un serio problema público para lograr una adecuada cobertura de salud y un inmenso problema en las pensiones futuras de nuestros jóvenes y sus familias.
Es por eso que este proyecto de ley no solo debe permitir generar condiciones de igualdad para los trabajadores independientes, sino también constituir un incentivo para combatir la informalidad laboral.
La necesidad de dar solución a estos apremiantes problemas debe ser resuelta con la mayor urgencia. Y este proyecto de ley, si bien perfectible, nos permitirá generar las condiciones para alcanzar una adecuada solución.
Voto a favor, señor Presidente.
--(Aplausos en tribunas).

El señor MONTES (Presidente).- ¡Silencio en las tribunas!
No corresponde efectuar expresiones de ninguna naturaleza cuando habla un señor Senador.

El señor MOREIRA.- ¡Pueden mover las manos!

El señor MONTES (Presidente).- Pueden manifestarse de forma silenciosa, como lo está indicando el Senador señor Moreira, con mucha gracia.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda este es un tema relevante, y es de los típicos que tienen una larga data y que, de repente, se tratan como si fueran problemas recientes. Sin embargo, es claro que la desprotección previsional, laboral y de salud de miles de trabajadores chilenos -aquí se hablaba de más de 2 millones- es una deficiencia evidente que hay que intentar resolver el día de hoy.
Antes de entrar a dar mi opinión sobre el proyecto en general, no puedo, señor Presidente -excúseme-, dejar de referirme a lo que algunos señores Senadores han puesto delante de sus computadores. Lo menciono porque muchos de ellos fueron Ministros de Estado y gobernaron durante 24 años. Pues bien, la zona de sacrificio a la que creo que se refieren (Puchuncaví-Quintero) fue creada durante esos Gobiernos.
Por lo tanto, por pudor, sería bueno que ofrecieran disculpas por haber creado dicha zona de sacrificio.
Vuelvo ahora al asunto que me compete, señor Presidente.
Nosotros tenemos un alto número de personas que trabajan por cuenta propia desprovistas de toda protección social, previsional y de salud.
Cuando el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó la reforma previsional el 2008 se nos dijo que aquello quedaba absolutamente resuelto. Y todos concurrimos con nuestros votos a aprobar un sistema para que los trabajadores independientes, es decir, aquellas personas que entregan una boleta de servicios por su labor, pudieran incorporarse a todo lo que significa un sistema previsional.
La realidad demostró que el análisis, la hipótesis y la teoría en los cuales se basó la reforma previsional del año 2008 eran absolutamente erróneos: se buscaba proteger a los trabajadores, pero, en definitiva, los castigaba profundamente en sus remuneraciones. En mi opinión, hay que buscar una fórmula y trabajar intensamente para que ello no sea así y el proceso resulte lo menos dañino posible.
Por lo mismo, creo que esta segunda propuesta del Gobierno del Presidente Piñera, que considera elementos de gradualidad y de prelación en cuanto hacia dónde deben ir los recursos, constituye un mecanismo que puede tender a que los trabajadores sigan avanzando en una forma de estar protegidos (reitero: previsionalmente, laboralmente, y en salud), sin que sus remuneraciones se vean afectadas de manera tan dramática, como ha ocurrido, evidentemente, con el proyecto del 2008, es decir, desde hace diez años.
Hace una década nosotros deberíamos haber resuelto esta deficiencia. En ese momento se nos dijo que quedaba absolutamente solucionada, pero ahora nos damos cuenta de que seguimos en la misma situación. Y sería bueno, señor Presidente, que no solo buscáramos la manera de resolver el problema que afecta a los trabajadores independientes que boletean, sino también la de miles de personas que trabajan por cuenta propia y tienen capacidad e imaginación para inventar, en condiciones extremadamente difíciles, algún medio que les permita llevar ingresos a sus hogares, pero que se hallan absolutamente desprovistos de cualquier tipo de protección social.
¡Ese es el gran desafío!
A mi juicio, debemos aprobar en general este proyecto y trabajar fuertemente con el Gobierno con el objeto de mejorarlo en particular, para que verdaderamente cumpla el objetivo de proteger a trabajadores que hoy día están desprotegidos y para que el efecto que cause en sus remuneraciones sea menor que aquel que se dio con ocasión de la propuesta del 2008.
Si logramos avanzar verdaderamente en eso, podremos incorporar a un número importante de trabajadores a la protección social. De lo contrario, en diez años más el Senado tendrá que volver a discutir una normativa de esta naturaleza, pues la presión, movilización y percepción de los trabajadores tenderá a que lo que se está haciendo es absolutamente negativo para ellos. Y en mi concepto no está en el espíritu del proyecto, ni en la voluntad política del Presidente Piñera, ni tampoco en la decisión que cada uno de nosotros pueda tomar en esta ocasión en cuanto a que eso sea así. Por el contrario, creemos que la gradualidad que se establece y la prelación que se plantea son los caminos adecuados.
Ojalá que en el debate haya ideas y propuestas que permitan que uno de los temas más sensibles para la sociedad chilena como lo es el previsional siga avanzando y resolviéndose, no con eslóganes, no con retórica, sino con decisiones de políticas públicas que verdaderamente vayan por la vía de establecer un sistema de seguridad social que dé garantías a todos y a cada uno de los trabajadores de nuestro país.
Por tales razones, voto que sí.

El señor MONTES (Presidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que la votación ya está abierta.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, fíjese que no es fácil hacer una reflexión que puede terminar como un cuestionamiento.
Lo que pasa es que estamos obligados a avanzar en esta materia. Y es legítimo, en mi concepto, preguntarnos adónde vamos a llevar a estos poco más de dos millones de personas, mujeres y hombres, con el sistema previsional futuro.
Digo que estamos obligados -así ya lo han hecho ver varios señores Senadores- porque cuando se discutió la reforma previsional del año 2008 se decidió aplicar la obligatoriedad a partir del 2016. Después de sostener varias conversaciones con señoras y señores Senadores, se hizo espacio a la posibilidad de una prórroga. Y es así como se logró que aquello empezara a regir a contar del próximo año.
Ante eso, lo que hicimos fue escuchar la propuesta del actual Gobierno, la que, tal como lo conversé con el señor Ministro del Trabajo, en alguna medida nos encauza hacia la búsqueda de una solución progresiva.
Esta solución progresiva ofrece, en primer lugar, todos los resguardos necesarios en materia de derechos a la salud, de previsión y de seguros en general.
Lo anterior hace que uno, aun cuando tenga un juicio absolutamente crítico y se halle pendiente el debate respecto del futuro sistema previsional, tenga que votar a favor la idea de legislar en esta oportunidad.
Lo que está pendiente, señor Presidente, es ponerle un fin, una lápida a los contratos a honorarios a los cuales el Estado ha recurrido, de manera abusiva, durante toda su historia. Aquí ha habido un abuso extraordinario de su parte. Y esa situación no la resuelve, desgraciadamente, el proyecto que nos ocupa.
Por eso, hemos señalado que aquí el Estado igual se lava las manos al no asumir la responsabilidad y la obligación de tener en mejores condiciones a las funcionarias y los funcionarios públicos.
Y me asaltan otras dudas, señor Presidente.
¿Vamos a obligar, a mujeres y hombres que se hallan a diez años de jubilar, a entrar a este nuevo sistema? ¿Les vamos a asegurar a ellos una jubilación medianamente digna?
¡No va a ser así! ¡No va a ser así, señor Presidente!
Y por eso es que lo que estamos haciendo hoy día es aprobar la idea de legislar, pero debemos buscar acuerdos, consensos, para no llevar a estas personas a una situación que se sume a toda la crisis que ya tenemos con quienes reciben jubilaciones absolutamente de hambre.
Quiero valerme de esta votación, señor Presidente, para reclamar, porque si bien hemos escuchado anuncios por parte del propio Presidente de la República con relación a una próxima reforma previsional, la verdad es que no la conocemos en detalle. Por lo tanto, es legítimo reclamar para que podamos conocerla cuanto antes. Lo deseable hubiese sido que en forma previa a tratar la situación de los funcionarios y personas que boletean mes a mes, a lo menos les hubiésemos dado alguna garantía respecto de a qué sistema los estamos llevando, y si es o no favorable en sus futuras jubilaciones. ¡Y eso no lo tenemos, señor Presidente!
Por eso, es bueno volver a reclamar para que lo antes posible ingrese a este Congreso la anunciada, bullada reforma previsional que dé solución a quienes puedan pensionarse en fecha próxima y a quienes hoy estén jubiladas o jubilados y se encuentren en una precariedad completa en materia previsional.
Por lo tanto, señor Presidente, sin duda este debate debíamos tenerlo. ¡Si esto lo hablamos el año 2008!
Generamos proyectos de acuerdo; tratamos de prorrogarlo.
Hace poco tiempo lo hablé con el propio Ministro del Trabajo; él acogió nuestra petición. Pero, en el ánimo de buscar salidas, fórmulas, se ha logrado este proceso gradual que por lo menos en una primera instancia les va a permitir tener todos los resguardos sociales y previsionales; y, además, posibilitará que quienes no puedan concurrir con el 10 por ciento de lo que les corresponde en el ámbito previsional y el 7 por ciento restante en salud tengan una gradualidad para los próximos años, y, de esta manera, vayamos corrigiendo esa situación.
Sin embargo, obviamente, el gran debate se relaciona con la futura reforma previsional profunda que Chile va a conocer, donde estos dos millones de personas que boletean mes a mes no se incorporen a la suma del negocio de las AFP, sino que por lo menos les podamos permitir a los ciudadanos elegir entre lo privado y lo público. Pero la situación, tal cual está dada al día de hoy, no resiste más análisis respecto del sistema previsional que tenemos y que, obviamente, no comparto.
Señor Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto del Ejecutivo, en el entendido de que, si no lo hacemos, tal como se dio en la iniciativa que discutimos el 2008, el próximo año las personas deberán enterar absolutamente todo el porcentaje pertinente, y eso significaría un perjuicio mucho mayor que el que tendrían con esta propuesta legislativa.
He dicho.
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El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a los alumnos del Instituto O'Higgins, de Maipú, Región Metropolitana, que vienen acompañados del señor Eduardo Galleguillos.
¡Sean bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, se han entregado muchas razones ya. Solamente voy a agregar un par, antes de votar favorablemente este proyecto, reconociendo todos los problemas que puede presentar y que espero veamos en la discusión particular en la Comisión y luego en la Sala.
En primer lugar, es inevitable votarlo a favor, por los plazos que rigen en la normativa vigente. De lo contrario, se obligaría a los trabajadores independientes a enterar las cotizaciones en su totalidad, a partir de la próxima declaración de renta. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la iniciativa y en la urgencia de aprobarla, para que pueda favorecer a estas personas que ahora pagarán solo una parte y además de manera progresiva, gradual.
En segundo lugar, es importante señalar que se trata de una propuesta legislativa que tiene su origen en el Ejecutivo, pero el problema que aborda fue puesto de manifiesto por un conjunto importante de parlamentarios de todas las tiendas políticas, lo que realmente demuestra la preocupación de este Congreso por la situación que afecta a los trabajadores independientes, que, como lo señalaba la Senadora Goic, deberíamos haber solucionado hace diez años o más.
Quiero agregar que esta no es una iniciativa, como creo que lo decía el Senador Durana, para los trabajadores independientes informales. Para participar de esta forma de pago de cotizaciones de salud, las personas deben haber cancelado sus impuestos, las rentas gravadas por el artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Por lo tanto, es gente que paga tributos, que trabaja de manera formal; y, sin embargo, no recibe ningún beneficio por el impuesto que cancela.
Por el contrario -y aquí quiero retomar lo que decía recién el Senador Bianchi-, para otorgarles estos beneficios les estamos cobrando un impuesto adicional al que ya pagan por la vía del artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
No obstante, considero que la normativa en estudio ciertamente presenta beneficios.
En algún momento deberemos incorporar a todos los trabajadores a esos beneficios, sin que tengan que cancelar adicionalmente por ello, sobre todo cuando perciban rentas muy bajas.
El hecho de que -cómo se reconoce en el mismo mensaje del proyecto- la gente que podía pagar voluntariamente antes no lo estaba haciendo o lo hacía en una pequeña cantidad, nos muestra que realmente estamos ante personas muy necesitadas de apoyo en materia de sus servicios previsionales. Y creo que eso es un argumento a favor de una reforma mucho más profunda de nuestro sistema previsional que lo que ahora estamos aprobando.
No voy a entrar en los demás detalles, señor Presidente. Solamente considero importante señalar que entre los temas que es necesario corregir existe uno que beneficia a un número no menor de personas, pero que deberemos corregir posteriormente mediante indicaciones.
En la parte del texto referida al pago a las cotizaciones previsionales se señala que se van a cancelar con cargo a la devolución del impuesto a la renta que se declara cada año. Y este pago irá primero al seguro de invalidez y sobrevivencia; en segundo lugar, al seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; tercero, al seguro para el acompañamiento de niños y niñas; cuarto, a las cotizaciones de salud común; quinto, a las cotizaciones a la cuenta de capitalización individual y a la comisión a que tiene derecho la administradora de fondos de pensiones -ahí cobran su tajada las AFP, por cierto-, y sexto, a los saldos insolutos pendientes a que se refiere el orden inmediatamente anterior; o sea, si mantienen deudas con la AFP también tendrán que pagarse con cargo a esto.
Ahora, desgraciadamente, existe un punto no considerado ahí.
La ley N° 14.908, también denominada "Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias", autoriza a las personas que tienen derecho a cobrar pensiones a solicitar el pago de los alimentos que declaren los tribunales de justicia en favor de niños, niñas y adolescentes, entre otros posibles beneficiarios. Y una de las herramientas posibles y actualmente utilizadas es solicitar al tribunal que decrete la retención de las devoluciones de impuestos de personas alimentantes que se encuentren en mora en el pago de esta obligación.
Al excluir en la enumeración que leía con anterioridad a estas personas, ellas quedan sin la posibilidad de esa retención y de que sus pensiones sean pagadas con cargo a esta nueva normativa.
No estamos hablando de pocas personas; estamos hablando de algunos cientos, que equivalen a solo 373 millones de pesos pero del año 2018. Por lo tanto, creo que es importante reponer estos pagos de alimentos entre aquellos cobros que se pueden hacer a través de estas retenciones.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, según el Código del Trabajo, las cotizaciones previsionales son de cargo del trabajador. Respecto de los trabajadores a honorarios, el 10 por ciento de retención generalmente se devuelve con la declaración de renta.
Es así como el Estado de Chile, por medio de las municipalidades y los demás servicios públicos, es el principal vulnerador de los derechos laborales.
La Contraloría interpreta la ley administrativa y prohíbe a las municipalidades y servicios públicos, en general, contratar bajo la modalidad del Código del Trabajo. Sin embargo, en la práctica, los tribunales de justicia reconocen un vínculo laboral y obligan a estos servicios a realizar pagos como si se tratara de un contrato de trabajo.
Todos sabemos que en los servicios públicos y en las municipalidades los trabajadores a honorarios reciben órdenes, cumplen horarios y realizan funciones permanentes. Y también sabemos que cuando un trabajador a honorarios se enferma igual se le paga su remuneración y el servicio asume la pérdida. El Estado además debe asumir el costo de sus prestaciones de salud, y al final de la vida laboral está obligado a entregarles una pensión básica solidaria u otra prestación, como el pilar solidario.
Es decir, el Estado de Chile ha ayudado a que muchos trabajadores tengan una mala calidad de vida.
Este Congreso, el año 2008, aprobó un proyecto que se tradujo en la ley N° 20.255 y se dio el lujo de prorrogar la obligación de cotizar hasta el 2018. ¡Por lo tanto, este Poder del Estado también es responsable del daño a los trabajadores!
La Constitución, en su artículo 1°, dice que "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y el artículo 19, en su numeral 2°, reafirma esa idea señalando que "En Chile no hay persona ni grupo privilegiados".
Señor Presidente, tengo la convicción de que la solución es tan fácil que solo basta aplicar el sentido común y señalar que todo trabajador, y en especial los que laboran para el Estado, pues este es el que vulnera más sus derechos, debe gozar plenamente de la seguridad social y cumplir con sus obligaciones.
En este país nunca más deberíamos tener trabajadores de primera y segunda clase. Todos ellos tendrían que imponer en la actualidad de acuerdo a las leyes laborales, como lo exige hoy día el Código del Trabajo. De esa forma les daríamos solución a todos quienes se desempeñan en los servicios públicos, que trabajan para el Estado de Chile y que actualmente están a honorarios. Asimismo, deberían imponer todos aquellos que lo hacen de manera independiente.
Eso es fácil de trabajarlo, fácil de implementarlo. Solamente es un tema de voluntad que debe tener el Congreso.
He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos entrando en el debate para buscar una fórmula a fin de que puedan cotizar quienes están contratados a honorarios y deben boletear.
Y creo que de nuevo se está equivocando el rumbo, porque estamos simplemente tapando el sol con un dedo y pretendiendo regularizar una situación que es injusta, que se ha extendido, que se ha prolongado en este país, sin atacar el problema de fondo.
Nosotros tenemos en Chile un sistema de capitalización individual; sin embargo, no contamos con un sistema de seguridad social. Buscamos la fórmula de que el que ahorra más reciba mejores pensiones. Esto significa que si a una persona le fue bien, tuvo altas rentas, pudo cotizar, contó con empleo en forma permanente desde temprana edad, seguramente acumulará un fondo mayor. Y si, sumado a eso, las AFP tienen rentabilidad acertada y no cobran tantas comisiones, tendrá, por cierto, una pensión que vaya en ese camino.
Pero aquí, señor Presidente y Honorable Sala -y qué bueno que esté el Ministro del Trabajo acá-, estamos esperando ver cuál es la propuesta del sistema previsional en Chile y no algo que sea un simple maquillaje a las AFP.
Vemos las noticias en que se señala que las utilidades que obtienen las AFP son millonarias.
Quiero dar a conocer cifras de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) que se han publicado en estos días. Ellas dan cuenta de que, entre enero y agosto del año 2018, jubilaron 102 mil 481 chilenos, con una pensión promedio -sé que el Ministro está muy atento escuchando esta intervención- de 153 mil 742 pesos. Repito: ¡102 mil personas tuvieron en promedio una pensión de 153 mil pesos mensuales!
¡Es algo inadmisible, Ministro!
¿De qué sistema previsional estamos hablando en este país cuando alguien, después de trabajar toda su vida, de sacarse la mugre, de tener su trabajo, de descontársele lo que corresponde, de pagar su cotización, saca una pensión de 153 mil pesos?
Pensemos que, a los 65 años, un hombre debe pagar por lo menos unos 40 mil pesos en medicamentos; que se moviliza y gasta 30 mil pesos en pasajes; que tiene que comer algo. ¿Con qué vive ese jubilado? ¿Cuál es su vida plena? ¿Cuál es su capacidad de realización, de salir con sus nietos, de poder compartir con otros amigos, de participar en la sociedad? Simplemente, esa persona o no se jubila y trata de aferrarse a su empleo como sea, o bien, si obtiene su jubilación, ojalá que tenga un hijo, una hija, un yerno o algún pariente para ir a vivir en la piececita de atrás, bien arrumbado.
¡Porque ese es el sistema previsional hoy día, señor Ministro!
¡Y esa es la pelea política que vamos a dar en este período!
Por eso estamos esperando ver cuál es el proyecto previsional que el Gobierno dijo que enviaría: si implica maquillar y mejorar a las AFP, mejorar la eficiencia del sistema, o bien, avanzar hacia un proyecto de seguridad social.
Ahora bien, es del caso señalar que la iniciativa en debate da cuenta de los miles y miles de trabajadores que, estando contratados a honorarios y debiendo boletear, tienen o no que cotizar.
A este respecto, me pregunto, señor Presidente, qué ocurrirá con el trabajador de 55 años que ya no podrá acumular la plata para jubilar.
Siendo así, ¿esta propuesta permite inyectarle más dinero a las AFP o trata efectivamente de establecer un sistema previsional?
¿Qué le puedo decir a un trabajador -nos están escuchando y hay dirigentes en las tribunas-, a un funcionario público que tiene 54 años y lleva no sé cuántos años a honorarios? Es posible señalarle: "¿Sabe qué? Usted, en el 2020, además tendrá que cotizar". ¿Y para qué? ¿Cuál será el éxito? ¿Lo hará para obtener una pensión de 154 mil pesos? Porque así lo indica la estadística; no se trata de algo hipotético.
Ojalá alguno de los Senadores que están acá encuentre a una docena de jubilados de AFP que estén contentos y que digan: "¿Sabe? Yo coticé, trabajé, hice mi ahorro, puedo vivir tranquilo, puedo retirarme, puedo compartir con mis nietos, puedo disfrutar, puedo recrear mi vida". ¡Pero no es así! Quien se ha jubilado y le ha ido bien es porque logró comprar un bien raíz, porque tenía un arriendo, porque heredó algo de sus padres.
En definitiva, en Chile no tenemos un sistema previsional, salvo el de las Fuerzas Armadas, que no se ha querido tocar. Y hemos visto ahí los escándalos más brutales relacionados con las pensiones millonarias que se entregan.
Yo no critico ese sistema. Ojalá lo tuvieran todos los chilenos. ¿Pero por qué tenemos dos sistemas?
En ese caso existe un mecanismo en que la tasa de reemplazo -o sea, lo que se gana como activo versus lo que se obtiene como pasivo- alcanza el 70 o 60 por ciento, que es una cifra conforme a la cual uno entiende que la persona puede mantener sus condiciones de vida.
Sin embargo, el sistema de AFP es algo que esta sociedad no quiere entender. Nos hacemos los lesos, buscamos maquillajes y fórmulas simplemente para seguir asegurándoles el negocio a las administradoras de fondos de pensiones y meter más cotizantes, sean a honorarios o a contrata, conforme a un aporte del 10 por ciento o a otro porcentaje. Ello, solo para asegurar el flujo de dinero que tienen esas empresas.
Entonces, sistema previsional: ¡Ninguno!
Sistema solidario entre los que se encuentran activos y los que están pasivo: ¡Ninguno!
Sistema solidario sobre la base de que a los que les ha ido mejor ayuden a quienes no les ha ido tan bien: ¡Nada!
Participación del Estado: ¡Ninguna!, salvo que este debe estar contribuyendo permanentemente a aquellas pensiones más bajas a través del pilar solidario.
En consecuencia, el negocio es privado pero el costo es estatal. ¡El mejor de los mundos! ¡Por eso las AFP en este país gozan de buena salud, siguen haciendo un lobby tremendo y realizando campañas con frases como: "Cámbiese de AFP, esta sí le asegura tal pensión"!
No tengo por acá la publicación, pero recuerdo cuando nos decían que el año 2018 íbamos a jubilar con un cien por ciento de nuestro sueldo.
¡Ese era el eslogan!
¿Pero cuánto es la jubilación? ¡153 mil pesos mensuales!
Así que, señor Ministro, seamos serios, responsables y dejemos de mentirle a la población respecto de los beneficios que se entregan en estos casos.
Insisto: creo que en esta materia debe hacerse una profunda modificación. Esto es algo que se ha ido dilatando y es preciso regularizar las condiciones de los trabajadores a honorarios, especialmente en la Administración. Se trata de gente que recibe instrucciones, que está sujeta a mando y obediencia, a situaciones de esa naturaleza. Pero la cotización adicional en las AFP no nos asegura avanzar hacia un sistema previsional y de seguridad social que proteja a cualquier chileno o chilena que haya trabajado sus años para que, habiéndole ido bien o mal, pueda tener una vejez digna.
Por eso -y como sé que ha estado muy atento en esta intervención, incluso tomando notas permanentemente de lo que señalamos los Senadores-, esperamos una respuesta de parte del Ministro.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, acá tenemos la típica contradicción, que ya es habitual en esta materia -y esto es parte de la historia, no estoy responsabilizando a este Gobierno ni a ninguno en particular-, de que siempre uno tiene que votar por el mal menor, porque, si no lo hace, sería peor. Entonces, uno lo hace no porque sea una solución.
Cualquiera persona con sentido común sabe que hoy es mejor ahorrar e invertir por cuenta propia que recurrir al sistema previsional actual.
Me tocó entrevistar a quienes digitaron el proyecto del sistema de AFP hace 30 años. Y, como periodista, lo volví a hacer 25 años después respecto de lo que habían prometido. ¡Y manifestaron una capacidad de desdecirse horrorosa!
¡Decían que pagando menos iban a ganar más y que las tasas de reemplazo serían sobre el 70 por ciento! Como periodista registré y publiqué entrevistas a Ministros que fueron a Antofagasta a explicar aquello.
Hoy día, ellos mismos señalan que en realidad el sistema es bueno, pero que el problema está en que los sueldos son bajos y el empleo es inestable. Ese es el problema. Es decir, inventaron un sistema previsional que no era adecuado a la estructura laboral ni al mercado laboral chilenos.
¡Un engaño con todas las de la ley!
Ahora se pretende ingresar a dos millones 100 mil trabajadores independientes al mismo sistema previsional sin siquiera saber en qué va a consistir la modificación que se anunciará en algún tiempo más, ¡si es que se anuncia y si es que se hace!
Por consiguiente, las personas van a perder plata, porque, a cambio de voladeros de luces en el sentido de que van a tener derecho a seguro de accidentes del trabajo, a seguro de cesantía, les van a embolsar un porcentaje alto de su actual ingreso, que van a dejar de recibir porque tendrán que destinarlo a previsión.
¡Y qué les van a decir después! Si una persona que está adscrita a una AFP hace 40 años no llega a una jubilación equivalente al sueldo mínimo, ¿qué queda para el que tiene 15 o 10 años de permanencia?
¿Por qué no se desarrolla un plan de ahorro con fines previsionales, con beneficios especiales para las personas que están en este sistema y congelamos este debate hasta que tengamos la revisión del sistema previsional para ver si, efectivamente, será algo razonable?
Todo lo que sabemos es que el Estado va a inyectar recursos al sistema y que los trabajadores verán aprisionados sus ahorros. Es decir, ni siquiera vamos a poder recurrir a ellos.
Cualquier persona que ha tenido la capacidad -no todos pueden hacerlo- de ir ahorrando mensualmente un equivalente a lo que hoy día impone para fines previsionales o de salud se daría cuenta de que es mejor negocio comprar una propiedad raíz, porque no solo va a generar una renta al poner esa propiedad en arriendo, sino que, además, la deja en herencia a sus hijos.
En cambio, en el sistema previsional, con ese fondo del mismo valor no solo va a recibir menos mensualmente, sino que cuando llegue la hora de dejar herencia, ¡no va a dejar ninguna!
Además, cuando muere el marido o la mujer, su cónyuge recibe una pensión menor. ¿En virtud de qué? Los expertos en previsión nunca han sido capaces de explicarme por qué se produce esa arbitrariedad, por qué se beneficia la AFP con un porcentaje del ahorro de un trabajador o de una trabajadora en Chile.
Entonces, ¿qué favor les estamos haciendo a los trabajadores independientes en las actuales circunstancia y condiciones?
Obviamente, esto aqueja no solo a los trabajadores independientes en general, que según el Servicio de Impuestos Internos suman dos millones 100 mil trabajadores aproximadamente. ¡Vamos al sector público! ¡El Estado no se responsabiliza de sus propios trabajadores! ¡Trabajadores a honorarios que se desempeñan en distintas reparticiones públicas a lo largo de nuestro país, donde cumplen funciones con horario y bajo jerarquías y a los que, sin embargo, no se les reconoce el carácter de trabajadores del Estado!
En esas circunstancias, ¿con qué moral uno les dice a los chilenos que esto es una solución?
De verdad, no es ninguna solución. Esto es, simplemente, una reacción que lo único que va a provocar -y después van a sacar la cuenta los propios trabajadores- es que las personas tendrán menos ingresos mensuales, y cuando les corresponda pensionarse, les van a decir que el ahorro acumulado es tan bajo que no les alcanza para hacerlo. ¡Y capaz que hasta les devuelvan la plata!, pero con unos intereses bastante más bajos que los que tendrían si esa misma plata la invirtieran, por ejemplo, en bienes raíces.
La verdad es que se me genera un problema de conciencia. Yo sé que los trabajadores tienen expectativas de que, por lo menos, introduzcamos cierta gradualidad al proyecto que ya está corriendo y que entra a regir este año, pero de verdad es un engaño. No nos confundamos: ¡nos estamos engañando!
Voto en contra, aunque sea por testimonio.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto de ley tiene como objetivo establecer una gradualidad para que los trabajadores independientes coticen de manera íntegra en el sistema de seguridad social, incluyendo pensiones a través de las AFP, salud, seguro de accidentes del trabajo y seguro para el acompañamiento de niños y niñas, en el plazo de 9 años.
De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, en Chile existen alrededor de dos millones de chilenos y chilenas independientes, es decir, personas que no tienen empleador directo o que, si lo tienen, no cumplen con la ley.
De estas, una gran parte no cotiza en ningún sistema de seguridad social, menos en las administradoras de fondos de pensiones, pues es un sistema que no les da confianza, estimándose que solo un 6 por ciento de los independientes cotiza en él.
Claramente, hay mucha gente que desconfía al ver las bajas pensiones que reciben nuestros pensionados. Célebre fue una entrevista al actual Ministro de Economía que, en el año 2011, declaró que no cotizaba en el sistema de AFP por ser independiente y preferir otras formas de invertir su dinero. Es el mismo que recientemente también recomendaba invertir en el extranjero.
Nosotros, desde Revolución Democrática y el Frente Amplio, estamos por superar el sistema de AFP y crear un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones decentes, con aporte tripartito, reservas técnicas, para dar sostenibilidad financiera al sistema, y administración pública.
Decimos fuerte y claro: ¡No más AFP!
Aquí hay que distinguir dos situaciones.
En primer lugar, las empresas privadas que tienen a su cargo trabajadores bajo régimen de subordinación y dependencia, esto es, que reciben órdenes, que tienen que cumplir con una jornada laboral, asistir a un lugar de trabajo, entre otras condiciones, que no tienen contrato y a los que no se les pagan sus cotizaciones. Esto es ilegal, por lo que los trabajadores pueden ir y reclamar en tribunales o en la Inspección del Trabajo. Existen los mecanismos para exigir estos derechos.
Por otro lado, está el problema de los trabajadores a honorarios del Estado, que es un tema que se viene arrastrando hace muchos años y que aún no podemos solucionar.
De acuerdo con datos que maneja la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios, gremio que agrupa a muchos de ellos, podría haber más de 300 mil trabajadores en esta condición, pero no conocemos los datos a ciencia cierta. De hecho, en las municipalidades se estima que un 45 por ciento, es decir, casi la mitad de los trabajadores, está en esta situación, de acuerdo con cifras de la SUBDERE.
Lamentablemente, en teoría, estos trabajadores no pueden demandar al Estado para exigir lo que les corresponde, aun cuando existe jurisprudencia reciente que ha admitido este tipo de demandas.
Esto es especialmente grave porque es el Estado el mandatado a resguardar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, pero los incumple reiteradamente en su rol de empleador, siendo uno de los malos empleadores en nuestro país.
Muchas personas cumplen un horario, trabajan en oficinas públicas, realizan labores de funcionarios públicos, pero nadie se hace cargo de sus cotizaciones y, por ende, no tienen acceso a protección social, licencias, pre y posnatal y muchos otros derechos básicos.
Durante la última Administración se llevó adelante una política de traspaso de calidad jurídica de trabajadores de honorarios a contrata (régimen laboral que también es inestable), pero fue totalmente insuficiente. En la práctica, los trabajadores vieron disminuir sus remuneraciones líquidas y muchas veces los procesos no se llevaron adelante de la manera más transparente.
Yo quiero hacer un llamado al Gobierno actual para que dialogue con los trabajadores. La Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios tiene propuestas en estos temas y es necesario que el Estado se haga cargo de los derechos mínimos de los trabajadores, escuchando sus demandas. Ellos piden que se constituya una mesa de trabajo interministerial para poder dar solución a este problema y que no se les obligue a cotizar hasta el año 2020, esperando también que el debate sobre el sistema previsional asegure un verdadero sistema de seguridad social que no entregue ni un peso más a las AFP.
Además, con la ley actual, los trabajadores independientes tienen la obligación de cotizar a partir de este año, lo que se hará efectivo en la operación renta del año siguiente. Sin embargo, insisto en que debemos tratar de solucionar los problemas de fondo, que tienen que ver con nuestro sistema de seguridad social y el empleo precario, que crece en nuestro país.
Por lo dicho anteriormente, y esperando una solución más de fondo en una mesa de negociación por parte del Gobierno, también prefiero abstenerme en esta oportunidad.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, mi voto de abstención en el debate en general de este proyecto en la Comisión se debió a dos razones que voy a mantener y sostener acá, en la Sala.
La primera es de forma y dice relación con los datos y las cifras que se requiere tener nítidamente a la vista para tramitar una iniciativa de esta naturaleza.
Como señaló en su intervención el Senador Letelier, solicitamos cifras en relación con el número de funcionarios y funcionarias del sector público que están contratados a honorarios. Hace muy pocos días recibimos la información, pero de una manera tan agregada que nos resulta muy difícil analizarla y tomar decisiones importantes como las que reclama este proyecto.
Hoy día, señor Presidente, tenemos que adoptar, a través de nuestro voto, decisiones que van a impactar en la vida laboral y, sobre todo, remuneracional de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público. Los trabajadores del sector público están vinculados a través de un sistema contractual sumamente precario. Pese a aquello, tienen un conjunto de responsabilidades, de subordinación y dependencia con sus empleadores. A pesar de que trabajan a honorarios, deben cumplir horarios, marcar tarjeta, cumplir plazos y metas, y desarrollar las mismas funciones que llevan adelante las funcionarias y los funcionarios a contrata o de planta.
Por cierto, el proyecto afecta a estos funcionarios, porque la cotización se traduce en una merma económica inmediata. Como se señaló anteriormente, con estas cifras que hoy día tenemos tan agregadas no podemos deducir qué volumen de funcionarias y funcionarios se verá afectado en sus ingresos al promulgarse la ley en proyecto.
Por otro lado, señor Presidente, quiero señalar que faltó también en los antecedentes que solicitamos tener a la vista el procedimiento a través del cual se va a seguir con un compromiso gubernamental que existe -se asumió durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet- respecto del traspaso de funcionarios de honorarios a contrata. Se habían establecido unas cuotas, pero no se explicitó en el debate de este proyecto en la Comisión cuál va a ser ese procedimiento ni si existe un compromiso de la actual Administración de continuar con él.
Por otra parte, las razones de fondo de mi pronunciamiento son varias.
Una de ellas se señaló también anteriormente: este proyecto impacta en un universo muy diverso. No solo se afecta a funcionarios públicos, tanto del Estado, de la Administración Pública, como municipales, sino también a emprendedores independientes.
Entonces, la ley en proyecto aquí trata por igual, por parejo, homogéneamente a este universo, al que va a afectar, por cierto, de una manera compleja, en las distintas realidades.
Además, ello ocurrirá en un país donde los salarios son bajos -ya lo mencioné- y donde, como en pocas partes del mundo, los empresarios, los empleadores no cotizan: toda la cotización recae sobre las trabajadoras y los trabajadores.
Así las cosas, esta iniciativa puede llegar a provocar el efecto opuesto al que se busca y favorecer que se avance en el trabajo "a la negra", que los propios funcionarios y trabajadores decidan pedir que se los contrate de esa forma, para no tener esta merma salarial.
Señor Presidente, un proyecto de esta naturaleza, que se ha postergado justamente a solicitud de los propios funcionarios y trabajadores, hoy día busca llegar a la obligatoriedad de la cotización previsional sin que las condiciones que tuvimos a la vista para las prórrogas anteriores hayan cambiado.
Para abordar este tema, creo que debe tomarse en cuenta la convicción en torno a la necesidad de estimular la afiliación y la cotización a la seguridad social -respecto de la cual nadie tiene dudas-, pero también, con la misma convicción, estimo fundamental considerar por qué las chilenas y los chilenos cada vez tienen menos interés en cotizar en el sistema previsional actual.
Esto no es fruto de un capricho -aquí ya lo han señalado usted mismo, señor Presidente, y varios otros parlamentarios-, sino que es consecuencia de la desconfianza y de la percepción de inutilidad que se advierten con relación a destinar recursos a cotizar en las AFP.
La imagen que hoy existe -se ha dicho también; lo voy a enfatizar- es que se puede cotizar por largos años para obtener pensiones de 130 mil, 150 mil pesos, que no alcanzan ni siquiera para una subsistencia básica.
Sin superar este problema estructural, señor Presidente, este tipo de fórmulas son vistas como un parche o una imposición que favorece, en mi opinión, a las administradoras, porque no apuntan a solucionar el problema grave que enfrenta el sistema previsional chileno.
Como señalé, me abstendré en esta oportunidad, porque, pese a que estimo que el problema debe abordarse y que es imprescindible estimular la cotización previsional, estoy convencida de que esta propuesta no es la solución, ni en cuanto al contenido -por lo que ya he mencionado-, ni en cuanto a la oportunidad.
Creo que todo este debate debería ser posterior, o al menos complementario, a una reforma profunda al sistema de pensiones, que mejore su cobertura y beneficios, y principalmente que termine con la administración obligatoria por parte de las AFP. Porque sabemos que una pensión se construye sobre la base de dos pilares fundamentales: estabilidad y formalidad en el empleo. Y, por cierto, con solidaridad.
Con este proyecto lo que se está haciendo es maquillar la informalidad. Y, además, las AFP van a recibir nuevos y voluminosos capitales frescos, sin mejorar las pensiones.
Ahí está el principal factor, señor Presidente, de la desconfianza de los trabajadores en el régimen previsional actual.
Por todo lo dicho, insisto en mi abstención.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente: "Si me quitas el puñal, me matas, y si me lo dejas, me muero". Esa es la disyuntiva que tienen dos millones cien mil trabajadores en Chile. Cualquiera sea la salida, va a ser un grave perjuicio.
El Ministro Monckeberg, que nos acompaña en la Sala, señaló en la Comisión que si no se continúa la tramitación de este proyecto de ley, en el proceso de declaración de impuestos del 2019 a los trabajadores no se les va a hacer una devolución. Es más: van a quedar debiendo.
Esto es ponerlos entre la espada y la pared.
Señor Presidente, aquí se obvia un tema de fondo. Los beneficios que se ofrecen son la zanahoria: que van a tener acceso a prestaciones de seguro de accidentes del trabajo, de pensiones de invalidez. Pero la ley N° 16.744 -y pregúntenle a cualquier dirigente sindical en Chile, en cualquiera de las áreas productivas- está totalmente obsoleta. ¡Las COMPIN! ¡Las enfermedades profesionales no son reconocidas! ¡Vayan a pensionarse por una enfermedad profesional! ¡Ahí está la SUSESO, tramitando durante años y años, y no hay mecanismos!
Aquí hay Senadores que fueron superintendentes y más de alguna vez lo conversamos. ¡No es un beneficio, señor Presidente! La Superintendencia y las mutuales -estas últimas están con un "colmillo", al igual que las AFP, ansiosas de recibir estos dos millones cien mil trabajadores- no ofrecen garantías de cumplimiento en los beneficios para los actuales trabajadores y no están en condiciones de ofrecérselas a los que vienen. ¿Les van a pagar subsidio de cesantía? ¿Les van a pagar prestaciones?
Señor Presidente, tenemos un grave problema con la ley de AFP y con la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Entonces, yo leo a don Fernando Larraín, quien preside la Asociación de AFP, y él dice que los trabajadores van a cotizar sobre el 80 por ciento de la renta bruta -es decir, un 8 por ciento- y que van a tener menores tasas de reemplazo.
Señor Presidente, creo que el Gobierno no quiere negociar con las AFP y ha decidido enviar este proyecto dándoles a ellas el filete completo. Es decir, se opta por entregarles dos millones cien mil trabajadores, en circunstancias de que era un elemento de negociación potente.
¡Dos millones de personas marcharon en contra de las AFP! Las AFP son un sistema que engañó a los chilenos, que mantiene serias irregularidades: el goodwill.
Señor Presidente, tenemos a Cuprum y a Provida en los tribunales por nulidad de derecho público, pues crearon dos AFP fantasmas para ahorrarse 430 millones de dólares.
La finalidad de esos ejecutivos no es beneficiar a los afiliados. La finalidad de las mutuales no es beneficiar a los trabajadores.
Señor Presidente, como dijo el Senador De Urresti, tenemos un problema de fondo en nuestro sistema de seguridad social.
Pero cuando hay algo con lo que se puede negociar con el empresariado y con las AFP, ¡se lo damos gratis...!
Les pasamos 2 millones de afiliados para que coticen en un sistema que solo garantiza ¡pensiones miserables! Y les decimos a esas personas que tendrán garantías en un sistema de mutuales, en circunstancias de que allí se niega las prestaciones a muchas de ellas, como ocurre con las pensiones de invalidez.
A mi entender, el Gobierno debió haber buscado una modalidad que permitiera dar continuidad al ingreso de los trabajadores, pero en el marco de una negociación en que los sistemas previsional y de seguridad social fueran revisados.
¡Hoy día entregamos todos los trabajadores independientes en bandeja, sin ninguna posibilidad de negociar con actores poderosos para tratar de obtener mejores beneficios y mayor seguridad social!
En este caso, los 680 mil trabajadores estatales independientes se hallan en un serio problema: cuáles son los mecanismos para el traspaso desde honorarios a contrata y desde contrata a planta, conforme a un proceso progresivo que permita subsanar el menoscabo de ingresos que se registrará.
Antenoche escuché al Presidente de la República decir que la economía solo va a crecer; que hemos crecido 5,3 por ciento; que nuestra situación financiera es maravillosa. ¡Pero ni un solo anuncio en el sentido de que la riqueza se redistribuirá según un mecanismo que implique la dictación de leyes que favorezcan a los trabajadores y que el Estado deje de ser el peor empleador; que establezca un sistema seguro para el traspaso desde honorarios a contrata y desde contrata planta!
Aquello posibilita el ingreso por la puerta ancha.
La iniciativa que se nos plantea esta tarde significa entrar por la ventana, ingresar de rodillas a un sistema que no garantiza ni prestaciones ni seguridad sociales.
Anuncio mi voto en contra, señor Presidente.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Silencio, por favor.

El señor NAVARRO.- ¡Las personas que pifian en las tribunas me hacen recordar a los tripulantes a los que, mientras le decíamos "no" a la Ley de Pesca,...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Silencio!
... se les comprobó que estaban vendidos completamente a las empresas pesqueras!
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NAVARRO.- ¡Voto en contra con total convicción!
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Silencio!
Señor Ministro, usted pidió la palabra, pero estamos en votación.
Está inscrito en seguida el Senador señor Chahuán, quien no se encuentra en la Sala.
¿Habría acuerdo para que intervenga el señor Ministro del Trabajo antes de cerrar la votación?
Acordado.
Con el asentimiento de la Sala, tiene la palabra, señor Ministro.

El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Muchas gracias, Honorables Senadores.
Primero, señor Presidente, nobleza obliga.
Quiero dar testimonio de que tempranamente, a comienzos de este año, usted nos presentó en esta materia una propuesta muy en la línea de lo que ahora ha estado en discusión.
También valoro la preocupación de varios otros parlamentarios, Senadores y Diputados, que han presentado y aprobado proyectos de acuerdo sobre la materia, pues se trata de un problema real del que debemos hacernos cargo.
Lo más importante de esta iniciativa es que corrige una situación existente en la actualidad. Y lo hace por la vía de darles protección a los trabajadores independientes.
Nos asiste la convicción de que no podemos tener trabajadores de primera y de segunda categorías.
Ahora, aquí se han dado ciertas cifras, y yo quisiera contextualizarlas.
¿A quién afecta el proyecto que se está votando?
Según datos oficiales del Servicio de Impuestos Internos, esta iniciativa establece una obligación gradual para todos los trabajadores a honorarios menores de 55 años, en el caso de los hombres, y menores de 50, en el de las mujeres, cuyos honorarios anuales totales sean iguales o superiores a cinco ingresos mínimos mensuales; es decir, 1.380.000 pesos.
¿A cuántos trabajadores afecta? A 649 mil 958.
¿Quiénes son? En organismos públicos laboran 189 mil 280 personas. De estas, en instituciones fiscales, 95 mil; en el sector municipal, 86 mil, y en el sector privado, exactamente la diferencia.
Como podemos ver, de los 649 mil 958 trabajadores a honorarios a los que esta iniciativa les permite el cumplimiento gradual de la obligación, 70 por ciento pertenece al sector privado y 30 por ciento al sector público.
Ahora, señor Presidente, si no hacemos nada y sencillamente nos cruzamos de brazos, ello no significará que nosotros estemos provocando ciertas consecuencias.
En efecto, la ley promulgada en 2008 dispone que a partir de este año se debe cotizar por el 100 por ciento. Pero sucede que con la retención del 10 por ciento los ingresos no alcanzarán.
En consecuencia, si no hacemos nada, en abril esos trabajadores a honorarios no solo no van a recibir ni un peso por concepto de devolución de impuestos; además, quedarán endeudados. Y ello, no porque lo digamos nosotros, sino por lo dispuesto en ley que el Congreso Nacional despachó en 2008.
Eso es lo que debemos corregir. Y estamos corrigiéndolo, pues, no queremos, primero, que los trabajadores que no puedan hacerlo deban cotizar por el 100 por ciento desde el día uno; segundo -menos todavía-, que queden endeudados, y tercero -esto es muy importante-, que paguen por algo que no tendrá cobertura, porque la ley actual establece el pago por coberturas ya pasadas.
¿Terminó mi tiempo, señor Presidente?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No, señor Ministro.
Por favor, prosiga.

El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, nuestra modificación plantea que las cotizaciones den cobertura hacia el futuro.
El propósito que perseguimos es que, en materia de prestaciones (seguros de invalidez, de sobrevivencia, de accidentes del trabajo), lo cotizado en abril cubra el resto del año.
Ese cambio es tremendamente significativo. Y lo pidieron los propios funcionarios, con quienes nos reunimos en varias oportunidades.
Señor Presidente, considero muy relevante que este proyecto corrija la situación actual y permita tener un mecanismo gradual que no afecte bruscamente el bolsillo de los trabajadores.
Por eso la gradualidad se establece en el plazo de diez años. De ese modo nunca supera el 2 por ciento marginal, que muchas veces irá empalmado con los reajustes del sector público.
Por último, señor Presidente, es sobremanera importante que yo clarifique un punto sobre el que he recibido preguntas de varios Senadores (la Honorable señora Muñoz me consultó al respecto en la Comisión).
Si hay algo que hemos hecho bien en el último tiempo es la política de traspaso de trabajadores desde honorarios a contrata.
En este gráfico se puede observar cómo en el último tiempo ha ido cayendo el número de trabajadores a honorarios en el sector público.
Esa política, que en el último Presupuesto, el vigente hoy, estableció 8 mil cupos para traspasos, se va a mantener intacta.
Como Sus Señorías verán dentro de pocos días durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, conservaremos los mismos cupos y seguiremos la política de traspaso de funcionarios desde honorarios a contrata aplicada en el último tiempo y que nos tocó heredar.
Gracias, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en primer lugar, creemos que hay que aprobar la idea de legislar. Y esperamos que se reúnan los votos necesarios para alcanzar ese objetivo.
Nosotros le hemos planteado al Ministerio del Trabajo, y específicamente al Ministro Nicolás Monckeberg, la situación dramática que viven actualmente los servidores del Estado que trabajan a honorarios.
Aquello sucede porque, básicamente, ningún servicio público cumple la antigua regla del 80/20, que se ha ido reformulando, lo cual implica que se halle bastante engrosada la cifra de trabajadores cuya relación laboral con el Estado es precaria.
Por supuesto, es indispensable tomar una decisión.
A esas personas no se las puede castigar doblemente. Primero, porque, en su condición de trabajadores a honorarios, no tienen asegurado un régimen previsional. Y segundo, porque no gozan del beneficio de las vacaciones. Pero, adicionalmente, se las castiga en términos de su futura pensión.
Por eso, creemos que en la discusión particular deben realizarse esfuerzos para resolver el problema.
Me parece que la fórmula propuesta va en la dirección correcta en términos de impedir que la cotización determinada afecte la actual renta líquida de los trabajadores a honorarios del Estado, y en particular de los municipios, cuyo número es bastante significativo.
Por eso, señor Presidente, hacemos un llamado no solo a aprobar la idea de legislar, sino además a buscar durante la discusión particular una fórmula que permita aliviar la carga que va a implicar el hecho de que los trabajadores a honorarios, especialmente los de los municipios y los del Estado, deban cotizar y, a raíz de ello, percibir una renta líquida menor.
Es indispensable hacerse cargo de tal situación.
En ese mismo contexto, señor Presidente, hacemos un llamado al Ministro del Trabajo para que se busque otra fórmula.
Si bien la que se ha propuesto hasta ahora establece una gradualidad de diez años y la tasa de cotización es menor que el incremento, consideramos necesario buscar la fórmula más consensuada posible para impedir que la cotización termine siendo a costa de la renta líquida de trabajadores a honorarios del Estado, el cual no ha cumplido, entre otras cosas, la obligación de aplicar en las plantas la regla del 80/20.
Hoy día nos acompañan los trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Viña del Mar que se hallan en la situación descrita, al igual que los de tantos otros municipios y del Estado en general.
¿Cuánto tiempo me resta, señor Presidente?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Desea agregar algo más, Su Señoría?

El señor CHAHUÁN.- Así es.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede hacerlo.

El señor CHAHUÁN.- Solo esperamos, señor Presidente, que los Senadores entiendan la importancia de este proyecto de ley.
La discusión particular será la instancia en que podremos trabajar para buscar una fórmula que beneficie de mejor manera a los trabajadores en comento. Sin embargo, para llegar a ella debe reunirse el quorum requerido para aprobar la idea de legislar.
Entonces, confío en que Sus Señorías comprendan que debemos evitar que se afecten las pensiones de los trabajadores independientes.
Por eso, llamo a quienes se abstuvieron o votaron en contra a que cambien de opinión, en el entendido de que en la discusión particular podremos negociar para mejorar la fórmula planteada y, en definitiva, velar por una pensión más adecuada para los trabajadores a honorarios de los municipios y del Estado.
Confiamos, pues, en tener los votos necesarios para aprobar en general este proyecto de ley, que reviste gran importancia para los trabajadores chilenos, especialmente para aquellos que han sido abusados y castigados por el Estado y la Administración Pública al recibir pensiones que no se condicen con el trabajo que realizado.
--(Aplausos en tribunas).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Letelier, Montes, Quintana, Quinteros y Soria.
--(Aplausos en tribunas).

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala fijar el jueves 18 de octubre como plazo para presentar indicaciones?
--Así se acuerda.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor DURANA:
A la señora Directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a fin de que informe respecto de ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTE SITUACIÓN DE SEÑORES SERGIO GUARACHE GÓMEZ Y LAUTARO MORALES MARINO. Y a la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, al objeto de requerirle antecedentes acerca de DICTAMEN SOBRE SUBROGACIÓN DE DIRECTIVOS DE PRIMER NIVEL JERÁRQUICO.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de solicitarle que señale TOTAL DE HOMICIDIOS EN ÚLTIMOS 15 AÑOS, CON INDICACION DE SEXO DE VÍCTIMAS, Y DE FEMICIDIOS EN IGUAL LAPSO; DESTINATARIOS Y MONTOS DE CADA PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN CENTRO DE TRATAMIENTO CONTRA DROGAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO, y NÚMERO DE DENUNCIAS POR ABIGEATO DURANTE DOS ÚLTIMAS DÉCADAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO, POR AÑO Y POR COMUNA.
Al señor Ministro de Hacienda, requiriéndole señalar VALOR TOPE DE ACTUAL PARTIDA ARANCELARIA 00.26 DE LEY N° 20.997.
A la señora Ministra de Educación, para consultar por CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO VIDENTES EN SISTEMA PÚBLICO Y APOYO MINISTERIAL.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se proporcionen antecedentes acerca de PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES Y PUENTES EN ÚLTIMO LUSTRO, EN EJECUCIÓN Y PRESUPUESTADOS.
Al señor Ministro de Salud, para pedirle que efectúe precisiones sobre lo siguiente: CANTIDAD DE LUDÓPATAS CON ATENCIÓN EN SISTEMA PÚBLICO Y TRATAMIENTO; REQUISITOS DE CAMBIO DE UNA COMUNA A POBRE O NO POBRE PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN ATENCIÓN PRIMARIA; MEDICAMENTOS PARA TERAPIA ONCOLÓGICA, VALOR DE COMPRA Y PROVEEDORES; MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN SISTEMA PÚBLICO, VALORES DE COMPRA Y PROVEEDORES; GRADO DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS PARA FACILITACIÓN DE IMPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS A PARTICULARES; PORCENTAJE DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA DE SALUD EN ISAPRE Y FONASA Y NÚMERO DE AFILIADOS EN AMBOS SISTEMAS; CANTIDAD Y PORCENTAJE TOTAL DE FONDOS GES USADOS EN SECTOR PRIVADO, E IDENTIFICACIÓN, CUANTÍA Y PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR CENABAST Y POR COMPRA DIRECTA, POR CADA HOSPITAL DE CHILE; DESTINATARIOS Y MONTOS INVOLUCRADOS EN CADA PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN Y EN CENTROS DE TRATAMIENTO CONTRA DROGAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, e IMPACTO EN SALUD CIUDADANA POR DISMINUCIÓN EN 20 POR CIENTO DE APORTES A MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES.
Al señor Ministro de Agricultura, para que indique CANTIDAD DE BRIGADISTAS FORESTALES MUERTOS EN ÚLTIMAS TRES DÉCADAS, POR CADA AÑO Y POR CADA REGIÓN.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que detalle ALZAS EN PRECIOS DE PASAJES EN ÚLTIMO DECENIO, POR CADA RECORRIDO, Y MECANISMO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA MICROS DE TRANSPORTE URBANO EN GRAN VALPARAÍSO.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, solicitándole informar acerca de CANTIDAD DE PARTES CURSADOS DESDE 2013 A ALMACENES CON PATENTE DE ALCOHOLES QUE TIENEN PUERTA CONECTADA A UNA VIVIENDA, POR CADA REGIÓN Y POR CADA COMUNA DE REGIÓN DEL BIOBÍO, y PROMEDIO ANUAL, SEMANAL Y DE DÍAS VIERNES Y SÁBADO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ÚLTIMA DÉCADA EN CONCEPCIÓN.
Al señor Intendente del Biobío, pidiéndole antecedentes acerca de DESTINATARIOS, FECHAS Y MONTOS DE ENTREGA CONTENIDOS EN REGLAMENTO DE PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REMUNERADO.
Al señor Alcalde de Quellón, solicitándole información en cuanto a ENTIDAD ENCARGADA DE SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO EN MOLULCO; FRECUENCIA SEMANAL DE RECOLECCIÓN, y NÚMERO DE PERSONAS DESTINADAS A ESTAS LABORES Y DE CONTENEDORES.
Al señor Alcalde de Chillán, requiriéndole antecedentes referidos a FORMA DE FINANCIAMIENTO DE METODOLOGÍA CRACKING USADA EN COMUNIDAD DE DESAGÜE DE POBLACIÓN ROSITA O'HIGGINS.
Al señor Director del Servicio Nacional del Consumidor, requiriéndole información sobre RECLAMOS ANTE FALTA DE ASIENTOS POR SOBREVENTA DE PASAJES AÉREOS EN ÚLTIMO DECENIO.
Al señor Director del Servicio de Impuestos Internos, pidiéndole antecedentes relativos a NÚMERO DE PATENTES PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS OTORGADAS EN CHILE Y DE PARTES CURSADOS POR VIOLACIÓN DE ARTÍCULO 14 DE LEY N° 19.925.
Al señor Director del Servicio Nacional de Aduanas subrogante, solicitándole información respecto de IMPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS DIFERENTES CON RELACIÓN A PARTIDA ARANCELARIA Nº 00.26, DE 2018.
Al señor Director del Trabajo, consultándole por CANTIDAD DE DENUNCIAS Y SANCIONES CONTRA COMERCIAL OLIMPO LIMITADA y requiriéndole ANTECEDENTES SOBRE EMPRESA SKORPIOS EN MATERIA DE NÚMERO DE TRABAJADORES, RÉGIMEN HORARIO Y DENUNCIAS Y SANCIONES EN ÚLTIMOS QUINCE AÑOS.
Y a cada Municipalidad de las Regiones del Biobío y del Maule, consultándoles por CANTIDAD DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN, MEJORA DE CAMINOS RURALES Y DE PUENTES EN ÚLTIMO LUSTRO, DESAGREGADOS POR AÑO.
Del señor SANDOVAL:
A la señora Intendenta de Aisén y al señor Encargado de Unidad Regional SUBDERE, solicitándoles antecedentes en cuanto a PLAN DE DESARROLLO PREVISTO POR ACTUAL ADMINISTRACIÓN PARA REGIÓN DE AISÉN.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ante todo, invito a Sus Señorías a escuchar lo relacionado con el fallo de La Haya el próximo lunes, a las 10, en el Salón de los Presidentes del antiguo Congreso Nacional, en Santiago.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido País Progresista e Independientes, tiene de la palabra por cuatro minutos el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!


INQUIETUD ANTE REBAJA DE RECURSOS MUNICIPALES PARA SALUD RURAL, SOBRE TODO EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, existe preocupación ante el anuncio del Ministerio de Salud en el sentido de que se disminuirán en 20 por ciento los recursos entregados a 13 municipios de todo Chile.
Se trata de dineros asignados a comunas rurales con gran cantidad de habitantes.
En el caso de la Región del Biobío se afecta a comunas como la de Los Ángeles (capital de la provincia de Biobío) y las de Tomé y Hualqui (provincia de Concepción).
Desde el Ministerio se indicó que habrá una rebaja del per cápita, que es la principal fuente de financiamiento para que funcionen todos los establecimientos de atención primaria de salud.
En el caso de Los Ángeles la situación es muy grave.
¿Qué va a pasar?

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Excúseme, Su Señoría!
Lo interrumpo solo para pedir el acuerdo de la Sala a fin de que presida el Honorable señor Quintana.

El señor NAVARRO.- ¡Encantado, señor Presidente!
Y me restituye el tiempo correspondiente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Por supuesto!
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Quintana, en calidad de Presidente accidental.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Puede continuar, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, decía que la situación gravísima de disminución del per cápita va a afectar a la comuna de Los Ángeles, pues 40 mil personas se atienden en sectores rurales del Gran Biobío.
Muchos creen que la ciudad de Los Ángeles no tiene zonas rurales.
Señor Presidente, el promedio de ruralidad en Chile no supera el 15 por ciento. En la Región del Biobío alcanza a 17 por ciento. En la provincia de Biobío el índice de ruralidad llega a 27 por ciento, y en su capital, Los Ángeles, a 25 por ciento.
El Gobierno ha dicho que las comunas que no cumplen con 30 por ciento de ruralidad tendrán una rebaja del 20 por ciento en sus recursos para la atención de salud rural.
¡Grave, señor Presidente! Sin ninguna duda, ¡gravísimo!
Los Ángeles ha recibido el cien por ciento de los recursos durante las últimas dos décadas, ya que, si bien su población rural no llega al 30 por ciento, está muy cerca de este porcentaje.
Reitero: 25 por ciento. Es decir, una cantidad enorme de angelinos vive en sectores rurales.
Sin duda, se trata de una verdadera catástrofe, que puede llevar al despido de muchos trabajadores.
En 2018 Los Ángeles recibió 16 mil millones de pesos. En 2019 solo dispondrá de casi 13 mil millones. O sea, 2 mil 800 millones de pesos dejarán de ingresar a las arcas municipales.
Yo pregunto: ¿Qué sucederá con los funcionarios? ¿Habrá que despedir a 600, a 800 trabajadores cuyo empleo depende de tales dineros?
Aún más: ¿Qué ocurrirá con los más de 40 mil usuarios provenientes de sectores rurales?
Hay lugares que están a 30 o más kilómetros del centro de Los Ángeles -por ejemplo, San Carlos de Purén-, pero siguen siendo parte de dicha comuna.
Reitero: en Los Ángeles existen decenas de sectores rurales altamente habitados, como Chacayal Sur, El Peral, Santa Fe, Salto del Laja, Tres Arroyos de Rarinco, Las Gredas, El Ciprés, Las Delicias, Plaza San Marcos, Arrayán, Las Violetas, Pata de Gallina, Humán y Ciruelo Norte. De ellos, varios se hallan catalogados como urbanos, pese a estar en condición de ruralidad.
Más todavía: 88,66 por ciento de la población de Los Ángeles es beneficiaria de los CESFAM. Por lo tanto, constituye una obligación de las redes de salud locales otorgar continuidad al servicio.
Señor Presidente, los usuarios y los pacientes están preocupados, tanto como los trabajadores municipales.
No logramos entender por qué comunas como la de Los Ángeles (provincia de Biobío) y las de Hualqui y Tomé (provincia de Concepción) tendrán que ceder recursos "porque ha bajado la ruralidad".
La obligación de la prestación de servicios es exactamente la misma a través de las postas, de los CESFAM, de los SAR, de los consultorios.
Existen en Los Ángeles excelentes indicadores de salud y metas sanitarias, como en el cumplimiento de la ley de las GES, y un modelo de salud familiar desarrollado, por lo que la comuna debería ser premiada por ello.
No vamos a aceptar una rebaja tan grande, pues los objetivos sanitarios del país y de cada comuna dicen relación con el mejoramiento de la atención. ¡Eso significa más recursos! ¡Cabe recompensar la eficiencia!
Los Ángeles ha registrado un buen tratamiento en salud. Tomé y Hualqui, también. Ello se refleja en los usuarios. Entonces, quiero saber cuál es la estrategia del Gobierno y, particularmente, del titular de la Cartera.
Estimo que existe buena intención en el Ministro, señor Emilio Santelices, pero la medida va en contra de mi percepción. Se afectará -reitero- el trabajo de cientos de funcionarios y la salud de miles de personas.
Lo irrisorio de todo ello es que el mismo Presidente Piñera dijo que iba a fortalecer la salud primaria. ¡Y la primera medida ha sido debilitarla!
No se logra comprender cómo se robustecerá la salud pública si desde el Ministerio pretenden quitarle recursos.
Solicito que se oficie al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda para que puedan explicar e informar respecto de esta acción inusual, arbitraria, perversa.
Si tendrá lugar una disminución, debemos saberlo, porque reaccionarán los usuarios, los alcaldes. ¡No vamos a aceptarla!
¡El titular de Hacienda no tiene mayoría en la Sala! ¡Les hago presente a los Senadores de sectores rurales la conveniencia de revisar su per cápita!
Si partimos afirmando que vamos a preocuparnos de los más pobres y rebajamos los recursos en salud para sectores rurales, estamos afectando la salud de los primeros.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Salud, señor Emilio Santelices, y al Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, para que se pueda detallar cuál es el criterio relativo a estos centros urbanos que han bajado su ruralidad, entre comillas.
La gente va y viene. En invierno se traslada a sitios urbanos, porque llueve mucho y los caminos se tornan intransitables, y después vuelve. Trae a los hijos a la ciudad y luego regresa al campo. Ahí está la mayor parte del año. Es una migración transitoria. Lo hace precisamente porque en la ciudad hay establecimientos de atención en salud, como los centros de salud familiar (CESFAM) y los servicios de atención primaria de urgencia de alta resolución (SAR), una amplia creación de la Presidenta Michelle Bachelet y que se construyeron en todo Chile.
Por lo tanto, quiero, exijo, pido una explicación coherente a la brevedad.
Todos los gobiernos, sin excepción, responden a la presión social. ¿Es necesaria una movilización? ¿Es necesaria una marcha a Santiago? ¿Es necesario amenazar con omitirnos en las votaciones?
La representación en esta Corporación es también de carácter rural. De sus 43 integrantes en ejercicio -incluido el Senador señor Quintana, quien preside en este momento-, 39 son de regiones distintas de la Metropolitana, a la que corresponden solo cuatro. Y esta es una medida que afecta especialmente al ámbito regional.
Pido y exijo -repito- que se nos informe en detalle de la decisión, que es errónea y tiene que ser revertida.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independientes, puede intervenir el Honorable señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, deseo someter tres asuntos a la consideración de la Sala, para solicitar posteriormente el envío de oficios.


MAPA DE INTEGRACIÓN DE RIESGOS DE COMUNAS DE QUINTERO Y DE PUCHUNCAVÍ. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, como es de todos sabido, se está viviendo una grave situación en las comunas de Quintero y de Puchuncaví, con una alerta sanitaria y un decreto próximo a poder implementarse.
El problema radica en que esas zonas, que son productivas peligrosas, no integran totalmente los riesgos. Esta es, quizás, la mayor experiencia obtenida al analizar el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), en donde cada una de ellas se contempla con un espacio físico, pero sin que se declaren ni incluyan tales contingencias.
Hoy, la gestión de riesgos es fundamental para lograr comunidades sostenibles, capaces de vivir en lo económico, vale decir, con la generación de los ingresos necesarios; en lo social, para hacerse cargo de los más débiles y desprotegidos, y en lo medioambiental, que resulta básico: el aire que respiramos, el agua que se ocupa para los cultivos, el mar que rodea a las comunas.
Porque la característica es precisamente que se trata de la interfaz natural del país para recibir todos los combustibles fósiles que necesita el país. Chile -y Santiago, en particular- no podría sobrevivir si no llegaran esos productos, tan necesarios.
Pero surgen otras instalaciones que hacen uso de estos espacios. Cada una de ellas dice relación con planes propios y, para poder ceñirse a las normas internacionales, debe cumplir con una acreditación sobre la base de una matriz que considera básicamente dos aspectos: por un lado, el daño que puede generar la letalidad -o sea, a qué puede afectar-, y, por el otro, el porcentaje de ocurrencia.
¿Por qué? Porque no todos los riesgos se materializan de la misma forma. Algunos de ellos son de alta probabilidad, pero pueden generar un impacto muy bajo, por lo que se deben ponderar de cierta manera, distinta de la correspondiente a otros que si bien pueden presentar una muy baja probabilidad, provocan un altísimo impacto.
Eso estamos viendo ahora.
Nos falta, entonces, poder integrar la gestión por riesgo en la política pública; poder considerar cómo puede ser mitigado, no individualmente, en cada una de las empresas, sino colectivamente.
En ese sentido, solicito que se oficie al Ministerio del Interior para que pueda remitir el mapa de riesgos integrados de las comunas de Quintero y de Puchuncaví, y, si no existiera, para que dispusiese crearlo, a fin de poder contar, desde el punto de vista de las emergencias nacionales, con un instrumento que contribuya a la planificación regional.
La integración de riesgos es la única manera de poder conversar con una comunidad, que se ve expuesta a situaciones no imaginables. Por lo tanto, el mapa se debe construir con ella, para que se pueda determinar cada contingencia por la probabilidad de ocurrencia o por lo que ya ha sido posible medir y por los impactos observables. ¿Para qué? Para lograr mitigarlos.
Cada caso se puede aminorar con un plan, que es distinto por la naturaleza del riesgo. Y puede que algunas empresas compartan este último. Entonces, el programa puede ser común y más efectivo cuando se prepara en forma coordinada. Pero otros riesgos son particulares, de la naturaleza de cada proceso productivo.
Solicito específicamente el mapa de riesgos integrados de las comunas de Quintero y de Puchuncaví, y, de no existir, que se disponga su ejecución para ser remitido al Senado.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Pugh, conforme al Reglamento.


REGLAMENTO PARA PERMANENCIA EN ISLA DE PASCUA. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, los connacionales continentales están viviendo una situación particular producto de no existir aún un reglamento que regule su residencia o permanencia en Isla de Pascua o Rapa Nui. Habiendo llegado por algún vínculo familiar o a trabajar, enfrentan en este momento una realidad que se desconoce completamente al no contarse con la dictación de la normativa.
En consecuencia, solicito -por su intermedio, señor Presidente- que se oficie al Ministro del Interior para que dé instrucciones precisas a la Policía de Investigaciones, de tal manera de facilitar el proceso no solo en la habilitación que debe hacer la gobernación para reconocer la condición de cada una de estas personas, sino también en proporcionar la disponibilidad para que incluso puedan invitar a familiares. Porque hoy día ni siquiera se sabe si ello puede hacerse con las personas más cercanas para que acompañen durante un período.
Se requieren reglas claras, entonces, que permitan habilitar el proceso para todos los connacionales continentales en la Isla de Pascua, el cual termina el 1° de febrero, y que estén plenamente vigentes para dar cumplimiento a la ley.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Pugh, conforme al Reglamento.


MES DE CIBERSEGURIDAD NACIONAL. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, en la Comisión de Defensa de esta Corporación nació una iniciativa para designar a octubre Mes de la Ciberseguridad Nacional, a fin de crear conciencia al respecto, pero también -lo que es más importante- de poder generar ejercicios nacionales en ese ámbito.
El proyecto de ley ya cumplió todas sus etapas legislativas y está próximo a ser promulgado por el Presidente Sebastián Piñera.
Pero el Senado se adelantó para el próximo lunes 1° de octubre, fecha emblemática, porque coincidirá con el día en que escucharemos la sentencia del Tribunal de La Haya. Lo habíamos organizado antes: en el Salón de Honor, en Valparaíso, se celebrará el Primer Congreso Internacional en la materia, con invitados nacionales e internacionales.
Ello ha sido posible gracias al apoyo de la Brigada de Ciberdelitos de la Policía de Investigaciones de la Quinta Región y a la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, que prepara especialistas en la materia, desde el nivel técnico hasta el universitario e, incluso, con posgrados.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Director General de la PDI, señor Héctor Espinosa, para transmitirle el agradecimiento por haber posibilitado las coordinaciones que le permitirán a esta Corporación iniciar el lunes 1° de octubre -aquí, en Valparaíso- las actividades del Mes de la Ciberseguridad Nacional.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Pugh, conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor De Urresti.


TARDANZA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON SUBSIDIO RURAL. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, deseo solicitar que se envíe un oficio al Ministerio de Vivienda.
Resulta paradójico que se hayan entregado hace largo tiempo subsidios conforme al decreto supremo N° 10, de 2015, respecto de un programa de habitabilidad rural muy importante que se implementó por la Administración de la Presidenta Bachelet y que ha favorecido a distintas localidades, y que hayan transcurrido meses y meses sin que empiecen las obras.
Me tocó estar la semana pasada en la localidad de Riñihue, comuna de Los Lagos -allí se encuentra el comité de vivienda más antiguo de la Región, con veintitantos años de espera-, donde se entregó el terreno en uno de los proyectos: 32 viviendas, en las que ya empezó a trabajar la empresa constructora.
Pero, en esa misma instancia, las dirigentes del comité de vivienda de Choroico, comuna de La Unión, y las del comité de vivienda de Nontuelá, comuna de Futrono -hubo comunicación telefónica con las del comité de vivienda de Ignao, comuna de Lago Ranco-, manifestaban a las propias autoridades de Vivienda y al intendente su incertidumbre por no haber comenzado las obras.
Usted sabe, señor Presidente, así como quienes representamos en el Congreso a la zona sur, que si en el verano no se inician la construcción, la entrega de terrenos y la habilitación de espacios, se pierden el año y meses fundamentales, prácticamente.
De manera clara, pido que el Ministro de Vivienda informe lo que sucede con los comités de vivienda de Ignao, comuna de Lago Ranco; de Nontuelá, comuna de Futrono, y de Choroico, comuna de La Unión, todas ellas de la Región de Los Ríos.
Asimismo, solicito que el señor intendente informe cuáles son las gestiones realizadas para apurar estas iniciativas. Delante de las dirigentes se comprometió a hacerlo.
Creo que no es posible que, producto de la descoordinación de los servicios, no se lleven adelante proyectos tan importantes, donde hay terreno asignado y subsidios entregados hace meses.
Solicito, además, que se envíe a las dirigentes copia de mi intervención.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor De Urresti, conforme al Reglamento.


INCERTIDUMBRE POR NO FIRMA DE ACUERDO DE ESCAZÚ. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido que se oficie a la Cancillería y al Ministerio del Medio Ambiente.
El 6 de septiembre realizamos en Santiago un seminario sobre el Acuerdo de Escazú, para poder abordar la importancia de que Chile llevara adelante una iniciativa inédita.
Concurrieron distintos actores y dirigentes sociales, centros académicos, la Universidad de Chile y representantes de la Universidad Católica, para celebrar una tremenda idea en materia medioambiental, de aseguramiento de la participación de la comunidad en procesos de esa índole.
Ello lo lideró Chile. Y lo digo porque se venía trabajando en ello en Administraciones anteriores. Nuestro país formuló la proposición en 2012, presidió la etapa preparatoria, copresidió la negociación e involucró a países e instituciones internacionales para el buen éxito del proceso.
El acuerdo se tenía que firmar esta semana y precisamente esperábamos que lo hiciera el Presidente de la República, en viaje al exterior en estos días. Incluso vinieron delegaciones de la sociedad civil, del mundo ambiental.
No se trata de la problemática de una defensa de tal o cual proyecto o en contra de uno de ellos: es un procedimiento llevado adelante, desde el año 2012, por la Cancillería y los Gobiernos Bachelet I, Piñera I, Bachelet II y Piñera II.
Nos hemos enterado, entonces, de una manera absolutamente no informada, que nuestro país no va a suscribir el convenio. Creo que la situación le hace mal no solo al mundo ambiental, al de las organizaciones, al de quienes están detrás de estos acuerdos, sino también a la credibilidad internacional. Chile embarcó. Chile lideró. Chile había sido señero en la materia, como una política de Estado.
A mi juicio, es importante que la Cancillería y el Ministerio del Medio Ambiente informen oficialmente cuáles son los motivos. Si desconocemos algunos, bien. Pero me parece que no es bueno para la opinión pública quedar en la incertidumbre.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor De Urresti, conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, puede intervenir la Senadora señora Provoste.


DEMORA EN PAGO DE INCENTIVO A RETIRO A ASISTENTES DE EDUCACIÓN. OFICIOS

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, los asistentes de la educación se encuentran hoy movilizados ante una situación de absoluta injusticia, que los afecta en sus derechos como trabajadores.
Me refiero a la promulgación de la ley N° 20.964, de 29 de octubre de 2016, que otorga un incentivo por retiro voluntario y un bono adicional a los asistentes de la educación del sistema municipal.
En el primer período postularon dos mil 716 personas, con 60 años o más, en el caso de las mujeres, o 65 o más, si eran hombres, al 30 de junio de 2014. A ellos se les considera rezagados de los cuerpos legales anteriores. También postularon los que cumplían la edad en el período que se indicaba.
De los primeros 878 beneficiados, 130 se encuentran en el rango de 76 a 92 años, y un total de 331, entre 70 y 75 años. Muchos de ellos presentan un deterioro físico considerable y otros se hallan con licencias médicas prolongadas y ante el evidente riesgo de ser desvinculados.
A nueve meses de asignados los beneficiarios aún no han sido transferidos los fondos, lo que ha impedido recibir la bonificación y hacer efectivo el derecho al retiro que consagra la ley.
A la fecha, una decena de personas ya han fallecido, lamentablemente, esperando el pago del beneficio.
Debo señalar que desde el Senado he solicitado en dos ocasiones, mediante oficios, que se informe respecto del pago del bono del incentivo al retiro de los trabajadores.
La primera vez lo hice el 13 de junio, ante lo cual el Ministerio de Educación nos respondió diciendo que se encontraban en tramitación los actos administrativos para realizarlo. Nada le ha llegado aún a los asistentes de la educación.
Luego, el 18 de julio nuevamente intervine en la Sala pidiendo información y la gestión pertinente. Aún no hay respuesta por parte del Ministerio.
No pido que la señora Ministra nos responda a nosotros, sino a los trabajadores, para garantizarles el derecho al pago del incentivo al retiro que la ley ha consagrado.
El Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile ha levantado nuevamente esta preocupación. Demandan en su petitorio el pago inmediato del bono de incentivo al retiro para los asistentes beneficiados en el primer proceso, sobre todo para aquellos que tienen avanzada edad y presentan alguna enfermedad que les impide desarrollar de manera normal sus labores.
Por lo anterior, solicito que se oficie nuevamente a la Ministra de Educación y a la Dirección de Presupuestos, a fin de que informen cuándo se iniciará el pago del referido bono, así como del correspondiente a los profesores y las profesoras que ya cuentan con un cupo asignado para impetrar el beneficio. Asimismo, pido que remitan antecedentes respecto de los plazos de postulación y fecha de pago para los nuevos cupos que se deben asignar el presente año.
Finalizo mi intervención saludando por adelantado a los miles de asistentes de la educación que el próximo 1 de octubre celebrarán su día y esperando que cuanto antes el Gobierno promulgue el estatuto que durante tantos años han anhelado, a fin de que a la brevedad se dicte el reglamento de dicha ley, lo que va a permitir que se entreguen los beneficios que este Congreso Nacional ha establecido y que las disposiciones contempladas puedan ser exigidas.
Así mejorarán las condiciones de trabajo de los y las asistentes de la educación.
Señor Presidente, confío en que los recursos para el pago del incentivo al retiro de los asistentes de la educación y de los docentes lleguen al destino que la ley ha garantizado.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Somos testigos de que Su Señoría, en reiteradas ocasiones, ha solicitado el envío de oficios al Ministerio de Educación, a través de la Comisión respectiva, para requerir información respecto al pago del incentivo al retiro en los casos mencionados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la Senadora señora Provoste, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores De Urresti, Latorre, Soria, Sandoval y Quintana.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- El Comité Partido Evópoli no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el Senador señor Latorre.


RECHAZO A POSTERGACIÓN POR ACTUAL GOBIERNO DE FIRMA DE ACUERDO DE ESCAZÚ Y LLAMADO A SUSCRIPCIÓN. OFICIO

El señor LATORRE.- Señor Presidente, en Chile el término "zonas de sacrificio" describe aquellos territorios devastados ambientalmente debido al desarrollo industrial irresponsable.
Las implicancias de estas verdaderas catástrofes ambientales constituyen una afectación directa al ejercicio de los derechos fundamentales de sus habitantes: derecho a la vida, a la salud, a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Las comunidades han visto durante décadas cómo el daño ambiental los ha ido dejando en una situación de vulnerabilidad y empobrecimiento.
En la Región de Valparaíso, desde la década del 60, se ha ido constituyendo año a año, de manera gradual, una zona de sacrificio en la bahía de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, en la medida en que se han ido instalando más de 17 empresas en su cordón industrial.
Pero los territorios nacionales afectados y sacrificados ambientalmente son más: comunas de Tocopilla y Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Coronel (Región del Biobío), Tiltil (Región Metropolitana). Así lo han indicado informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por lo tanto, se trata de un problema de país.
La catástrofe sanitaria que hoy enfrentan los habitantes de la bahía de Quintero y Puchuncaví hizo evidente que, desde la perspectiva regulatoria, resulta necesario dictar y modificar normas de calidad ambiental; elaborar un plan de descontaminación para la zona afectada -¡hoy, no en tres meses más!-; modificar y revisar normas de emisión de termoeléctricas y de fundiciones, y homologar la normativa nacional a las disposiciones ambientales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
Es evidente la deficiencia en materia de evaluación de impacto ambiental de las instalaciones en la zona, ya sea porque son anteriores a la implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea porque la mayor parte de lo que sí se ha evaluado ha sido a través de una Declaración de Impacto Ambiental y no de un estudio propiamente tal. Ello implica no hacerse cargo de problemas ambientales significativos, acumulativos y sinérgicos. También significa que la fiscalización correspondiente está limitada a los instrumentos de gestión que existen, los que, por cierto, no son suficientes.
Todo lo anterior contribuye a una situación de distribución desproporcionada de las cargas ambientales en la población de la zona, lo cual, junto con la ausencia de poder político de las comunidades del lugar y la invisibilización de su realidad, ha contribuido a generar la situación de injusticia ambiental allí existente.
En tal sentido, hemos manifestado abiertamente y de manera categórica, junto a otros parlamentarios, nuestro rechazo a la decisión del actual Gobierno de postergar la firma del Acuerdo de Escazú, en la ceremonia oficial que se llevará a cabo mañana, jueves 27 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas.
Quisiera preguntarle a la Ministra del Medio Ambiente qué criterio político o técnico fue utilizado para tomar esa decisión tan contradictoria.
El Acuerdo de Escazú fue propuesto y liderado desde el año 2012 por nuestro país, en el marco de las negociaciones regionales para avanzar hacia una real democracia ambiental en nuestro continente.
El Gobierno de Chile debe manifestar una clara voluntad de firmar dicho Tratado, lo que garantiza que los futuros conflictos ambientales sean abordados desde un nuevo modelo de desarrollo, donde se plasme el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados y de dar voz a aquellos que no la tienen.
Hago un llamado al Gobierno de Chile para que revierta esa decisión y firme el Acuerdo de Escazú, confirmando el interés nacional de avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Señor Presidente, adhiero a los oficios que el Senador De Urresti solicitó que se enviaran a la Cancillería sobre esta materia y espero que mañana no se haga un papelón internacional al no firmar el referido Acuerdo. Ojalá se pueda revertir tal decisión en el corto plazo.
¡NO MÁS ZONAS DE SACRIFICIO!
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Sandoval.


PREOCUPACIÓN POR CONECTIVIDAD VIAL Y NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE PLAN DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA REGIÓN DE AISÉN. OFICIO

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas, con copia al Director Nacional de Vialidad, a la Intendenta y al Seremi de Obras Públicas de Aisén.
Para dicha Región, la infraestructura de los caminos rurales constituye una altísima prioridad, dadas las falencias, los déficits o la precariedad en la conectividad de muchas comunidades de la zona.
Por tal motivo, solicito que a través del oficio correspondiente se nos informe sobre los avances contemplados, los estudios que se van a llevar a cabo, los plazos fijados y los calendarios de desarrollo de los proyectos que a continuación paso a indicar.
El primero es el camino Chile Chico-Jeinimeni-Valle Chacabuco, que permite una conexión intercomunal en un área con gran sensibilidad desde el punto de vista turístico, histórico y, fundamentalmente, de conectividad de comunidades fronterizas.
También está el camino Lago Verde-Villa La Tapera, el cual constituye un anhelo de más de 40 años para las comunidades, cuyos habitantes, al no existir una vía directa, están obligados a transitar 70 kilómetros entre ambos lugares para llegar a sus respectivas comunidades. Se generó una intercomunicación directa entre ambos puntos, gracias al esfuerzo realizado en su minuto por la Municipalidad de Lago Verde. Su Alcalde, Nelson Opazo, nos invitó hace un par de años a participar de la apertura de ese proyecto vial.
Se trata de un tramo de solo 57 kilómetros, de los cuales prácticamente 40 se hallan construidos. Falta terminar 17 y realizar las obras de mejoramiento y una vía de interconexión comunitaria de carácter fronterizo en la comuna de Lago Verde, Región de Aisén.
Requiero lo mismo respecto del camino del sector Palena norte (área ubicada en el extremo norte de nuestra Región, cerca de La Junta). La inexistencia de una vía obliga a las comunidades a realizar un gran esfuerzo y a correr un alto riesgo al tener que transitar a través del río Palena, que es bastante caudaloso.
Por eso, señor Presidente, solicito que se realicen los requerimientos formales para que se informe acerca de los tres proyectos viales que he señalado.
Y pido que en el mismo oficio se informe sobre la ejecución de un plan de infraestructura rural. En la Región de Aisén son muchas las necesidades en materia de caminos rurales, tanto de mejoramiento como de cambios de estándar.
Un plan como el mencionado debería hacerse cargo de numerosas demandas existentes a lo largo de toda la Región, a efectos de concluir obras de conectividad -en especial para comunidades rurales-, las cuales evidentemente adquieren un especial sentido y necesidad desde el punto de vista del desarrollo local.
Por intermedio del Honorable Senado, pido que se curse el oficio pertinente en los términos señalados.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente accidental).- El Comité Partido por la Democracia e Independientes no hará uso de su tiempo.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:4.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción