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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 4ª, en miércoles 20 de marzo de 2019
Ordinaria
(De 16:22 a 19:39)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,
Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE
SECRETARIA, LA SEÑORA XIMENA BELMAR STEGMANN, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán, y Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren Silva.
Actuó de Secretaria General subrogante la señora Ximena Belmar Stegmann, y de Prosecretario subrogante, el señor Pedro Fadic Ruiz.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 20 señores Senadores.

El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 95ª, 1ª y 2ª, ordinarias, en 6, 12 y 13 de marzo de 2019, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor FADIC (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, por el que inicia un proyecto de ley que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (boletín N° 12.486-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha elegido como su Presidente al Diputado señor Iván Flores García; como Primera Vicepresidenta a la Diputada señora Loreto Carvajal Ambiado, y como Segundo Vicepresidente al Diputado señor Pepe Auth Stewart.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo informa que ha prestado su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto que modifica la ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín N° 9.233-01) (con urgencia calificada de "suma").
Con el tercero hace presente que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín N° 11.621-04) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículos 110, inciso segundo; 111; 318; 322; 351, inciso primero; 481; 485; 486, y 488, todos del Código de Procedimiento Penal.
-Artículo 78, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal, y artículo 5°, numeral 3°, del Código de Justicia Militar.
-Artículo 429, inciso primero, frase final, y artículo 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, todos, del Código del Trabajo.
-Artículo 418 del Código Procesal Penal.
-Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la ley Nº 18.290.
-Artículos 470, inciso primero, y 473, inciso final, del Código del Trabajo.
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 828 del Código Civil.
-Artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Absuelve consulta del Senador señor Durana relativa a la facultad de una autoridad superior de un servicio público para determinar el orden de subrogación de los cargos nombrados según el procedimiento de la Alta Dirección Pública.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Envía antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti respecto de la "guerra de la leche" en el mercado nacional.
Responde oficio del Senador señor Navarro sobre Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
Se refiere a políticas y programas impulsados por dicha Secretaría de Estado para personas mayores de la cuarta edad, cuestión planteada por el Senador señor Sandoval.
Remite información pedida por la Senadora señora Rincón respecto de exonerados políticos.
Comunica datos sobre beneficiadas por la ley N° 20.166 y denuncias por hostigamiento por amamantar en espacios públicos, requeridos por el Senador señor Navarro.
Informa requerimientos del Senador señor Navarro relativos a los siguientes asuntos:
-Diversas materias acerca de la Comisión Temática de implementación del Convenio sobre el trabajo marítimo de la OIT.
-Accidentes del trabajo ocurridos en la empresa que indica.
De la señora Ministra de Energía:
Remite antecedentes solicitados por el Senador señor De Urresti sobre la licitación de 125 taxis colectivos eléctricos y 200 buses eléctricos para la Región de Valparaíso.
Del señor Rector de la Universidad de Valparaíso:
Atiende inquietud del Senador señor Chahuán sobre las lesiones sufridas por una alumna de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios durante las manifestaciones realizadas por los trabajadores portuarios en Valparaíso en diciembre de 2018.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía:
Informa, a solicitud del Senador señor Bianchi, sobre el estado del proceso de fijación de tarifas del servicio de gas y afines en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Del Jefe del Departamento de Asistencia y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Seguridad Social:
Responde consulta del Senador señor De Urresti sobre el rechazo de licencias médicas y tramitación de una pensión de invalidez para una funcionaria de la Ilustre Municipalidad de La Unión.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que sustituye la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui (boletines N°s 10.685-07 y 10.692-07, refundidos) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 19, número 8°, de la Carta Fundamental, en materia de protección de plantas y animales (boletín N° 10.604-12).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas (boletín N° 10.324-07).
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletines N°s 11.704-21, 10.190-21, 11.642-21 y 7.926-03, refundidos).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de glaciares (boletín N° 11.876-12).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija el uso de diversos estándares UTC para regular la hora oficial en el territorio nacional (boletín N° 12.016-11).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas", firmado en Georgetown, República de Guyana, el 5 de julio de 2016 (boletín N° 11.614-10).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas, por parte de Familiares Dependientes de Miembros del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de sus Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales", suscrito en Hanói, el 9 de noviembre de 2017 (boletín N° 11.615-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Prohens, señora Aravena y señores Galilea, García y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que establece la obligación del asegurador de notificar al beneficiario (boletín N° 12.478-07).
De los Senadores señoras Ebensperger, Aravena y Von Baer y señores Galilea y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley que reemplaza la normativa referente a los corredores de comercio del Título III del Libro I del Código de Comercio (boletín N° 12.479-07).
De los Senadores señoras Ebensperger y Von Baer y señores Durana, Galilea y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley que norma los contratos de agencia, suministro y franquicia en el derecho privado nacional (boletín N° 12.480-07).
De los Senadores señoras Ebensperger, Aravena y Von Baer y señores Galilea y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley que incorpora la institución del establecimiento de comercio en la legislación mercantil (boletín N° 12.481-07).
De los Senadores señor Sandoval, señora Ebensperger y señores Castro, García-Huidobro y Prohens, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece como derecho fundamental el acceso al agua (boletín N° 12.482-07).
De los Senadores señor Chahuán, señora Órdenes y señores Bianchi, De Urresti y Durana, con el que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 48, 50 y 51 de la Constitución Política de la República respecto del requisito de domicilio electoral para ser elegido Diputado o Senador (boletín N° 12.483-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señor De Urresti, señora Órdenes y señores Chahuán, Girardi y Prohens, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas (boletín N° 12.484-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Latorre, señoras Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva ingresar a trámite legislativo una modificación a la Ley sobre Educación Superior que contemple la extensión de la obligación de las instituciones de otorgar estudios gratuitos más allá de la duración nominal del plan de estudios de la carrera o programa, por un máximo de tres, dos o un semestre académico, según se trate de carreras conducentes al grado de licenciado, a un título profesional o título técnico de nivel superior, respectivamente, cuando el estudiante lo solicite; y que el beneficio estatal cubra dicho plazo adicional (boletín N° S 2.054-12).
De los Senadores señor De Urresti, señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Araya, Bianchi, Chahuán, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana y Quinteros, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, del Medio Ambiente y de Educación para que respalden formalmente, en nombre de Chile, la postulación de la joven activista sueca Greta Thunberg al Premio Nobel de la Paz; la inviten a participar de la COP25 a realizarse en nuestro país, y se difunda en los colegios el sentido y alcance del movimiento en torno al calentamiento global, el cambio climático y su impacto en el futuro del planeta y la humanidad (boletín N° S 2.055-12).
De los Senadores señor Navarro, señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Bianchi, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro, Quintana y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas que indica y crear la Comisión de Verdad y Reparación de las niñas, niños y adolescentes privados de entorno familiar que se encuentren en centros residenciales de nuestro país, bajo control directo o indirecto del Sename, víctimas de violaciones de derechos humanos (boletín N° S 2.056-12).
De los Senadores señor Quintana, señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Bianchi, De Urresti, Durana, Elizalde, García, Galilea, Girardi, Guillier, Harboe, Montes, Moreira, Navarro y Quinteros, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a trámite legislativo una iniciativa con el objeto de fomentar y rescatar la artesanía en Chile (boletín N° S 2.057-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
Comunicaciones
De la Comisión de Seguridad Pública, por medio de la que informa que ha elegido como su Presidente al Senador señor Harboe.
De la Comisión de Educación y Cultura, con la que comunica que ha elegido como su Presidente al Senador señor Latorre.
--Se toma conocimiento.

El señor FADIC (Prosecretario subrogante).- En este momento, han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
De los Senadores señores Coloma y Letelier, con el que informan acerca de su participación en la Audiencia Parlamentaria, organizada por la Unión Interparlamentaria y Naciones Unidas, celebrada entre los días 21 y 22 de febrero recién pasado en la ciudad de Nueva York.
De la Comisión de Ética y Transparencia, con la que comunica que ha elegido como su Presidente al Senador señor Huenchumilla.
Del Comité Partido Socialista, con la que informa que, a contar de esta fecha, será representado por los Senadores señores Montes y Quinteros.
--Se toma conocimiento.

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, hemos tomado conocimiento del oficio de la Cámara de Diputados en el que se señala que aprobó la propuesta formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley miscelánea que mejora, entre otros, el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica varios cuerpos legales.
El día de ayer la Comisión Mixta se constituyó, sesionó, resolvió las divergencias y la Cámara aprobó su proposición.
Quisiera compartir algunos aspectos de esta ley miscelánea.
Recordemos que en ella se consagró el derecho a vacaciones para los trabajadores asistentes de la educación y se abordaron una serie de materias relativas a inclusión y mejoramientos vinculados a los temas de arriendos de establecimientos educacionales, a la postergación del reconocimiento oficial.
Sin embargo, se generaron divergencias relacionadas con una modificación al sistema de admisión único que permitía, a través de una indicación, que los colegios de alta exigencia académica mantuvieran este procedimiento y que se incorporara a aquellos que no son gratuitos.
Esta divergencia se aprobó por mayoría, al igual que la indicación referida a incluir tasadores independientes que estuvieran en el registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Las otras dos diferencias se relacionan con la titularidad docente...

El señor COLOMA.- ¡Estamos en la Cuenta, señora Senadora!

La señora PROVOSTE.- Me estoy refiriendo al informe.

El señor COLOMA.- No corresponde.

El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, señora Senadora, estamos ofreciendo la palabra sobre la Cuenta.
Su solicitud ha sido recogida.

La señora PROVOSTE.- Precisamente, lo mío se asocia al oficio del cual se dio cuenta hoy.
Pido que pongamos el informe de la Comisión Mixta en el primer lugar de la tabla.
La Cámara de Diputados aprobó las resoluciones de la Comisión Mixta. Por lo tanto, si le parece, señor Presidente, solicito que las votemos sin discusión.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo unánime de la Sala para acceder a lo solicitado?

La señora VON BAER.- Sí.

La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente.
--Se accede.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, quisiera solicitar a la Sala que los proyectos de ley que regulan el contrato y la jornada especial de trabajo del adulto mayor (boletines Nos 12.451-13 y 12.452-13), puedan ingresar a la Comisión Especial del Adulto Mayor, para lo cual contamos incluso con el acuerdo del Ministro del Trabajo.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Les parece acceder a lo solicitado?
--Se accede.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, el primer punto ya lo hizo la Senadora Provoste, a quien además le tocó presidir la Comisión Mixta el día de ayer. Hoy hicimos el cambio en la Presidencia de la Comisión de Educación. Quería reafirmar simplemente eso.
En segundo lugar, deseo solicitar que el proyecto sobre migraciones pueda también pasar por la Comisión de Derechos Humanos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Se accede.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, que presido, en sesión celebrada hoy en la tarde, acordó por la unanimidad de sus miembros presentes solicitar el acuerdo de la Sala para que se traslade a dicho órgano técnico el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Estatuto Chileno Antártico (boletín N° 9.256-27), actualmente radicado en la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
--Acordado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, quisiera solicitar la ampliación del plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional (boletín N° 7.678-02), hasta el lunes 8 de abril, a las 12.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Se accede.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, el acuerdo de Comités del día de ayer autorizó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para tratar, en lo concerniente a las materias laborales, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (boletín N° 11.175-01), que incide en los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal.
Pero existe otra iniciativa que también dice relación con aspectos laborales de los trabajadores de la Conaf, que es el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12), que figura en el octavo lugar del Orden del Día.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó hoy, por la unanimidad de sus integrantes, solicitar a la Sala que también autorice al referido órgano técnico para tratar dicha iniciativa en lo que dice relación con materias laborales, mediante un informe complementario.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señora Senadora, el día de ayer se acordó en la reunión de Comités que el proyecto pasara a la Comisión de Trabajo y en dos sesiones.
Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Señor Presidente, la señora Senadora está pidiendo que el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad vaya también a la Comisión de Trabajo. Tienen normas laborales en conjunto con las del Sernafor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Para unificar los criterios, creo que no habría inconveniente en que ambas iniciativas sean vistas por la Comisión de Trabajo, en lo posible, en las mismas dos sesiones.
¿Les parece acceder a lo solicitado?
--Se accede.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quisiera solicitar que en la eventualidad de que hoy no alcancemos a tratar el cuarto punto de la tabla, esto es, el proyecto que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, lo pudiéramos ver en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 2 de abril.
Lo pido porque dicha iniciativa va a ayudar mucho a destrabar diversas inversiones de la mediana minería y también posibilitará que Codelco pueda liberar más de mil millones de dólares que se requieren para inversión.
Reitero, señor Presidente: en la eventualidad de que no veamos el proyecto ahora, solicito que se coloque en el primer lugar de la tabla del martes 2 de abril.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, entiendo la pertinencia de la iniciativa a que se refiere, pero ya hemos establecido para dicha sesión la inclusión de distintos proyectos.
Creo que no habría inconveniente en dejar la propuesta legislativa que ha señalado para el miércoles 3 de abril, con el fin de no afectar lo que ya se ha dispuesto, sin perjuicio de que en la próxima reunión de Comités se plantee dar la prioridad que usted ha requerido.
Para el martes en cuestión ya se ha conformado una tabla con la incorporación de otras materias.
Si le parece a la Sala, procederemos en los términos indicados.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Quedaría para el primer lugar de la tabla?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Para el primer lugar de la tabla del miércoles 3 de abril.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA SOBRE SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- De conformidad con lo acordado por la Sala, corresponde ocuparse del informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.621-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
Comisión Mixta: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 55ª, en 2 de octubre de 2018.
Educación y Cultura (segundo): sesión 91ª, en 23 de enero de 2019.
Hacienda: sesión 91ª, en 23 de enero de 2019.
Mixta: sesión 4ª, en 20 de marzo de 2019.
Discusión:
Sesiones 56ª, en 3 de octubre de 2018 (se aprueba en general); 95ª, en 6 de marzo de 2019 (se aprueba en particular).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas legislativas derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de tres de las enmiendas efectuadas por el Senado, consistentes en el reemplazo del artículo 2; en modificaciones a los numerales 1) y 3) del artículo 8, y en la incorporación de un nuevo artículo 10.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la discrepancia entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en darles nuevas redacciones a los textos de los artículos 2, 8 y 10, la cual acordó con las votaciones que consigna en su informe.
Cabe hacer presente que la Cámara Baja, en sesión de hoy, miércoles 20 de marzo, aprobó el informe de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran la propuesta de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de acogerse tal planeamiento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (31 votos a favor y un pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Quinteros.
No votó, por estar pareado, el señor Araya.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor Chahuán.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO MEDIANTE INCLUSIÓN DE SOPORTE Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.882-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 58ª, en 10 de octubre de 2018.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Discusión:
Sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018 (se aprueba en general).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- La presente iniciativa fue aprobada en general en sesión de 16 de octubre del año pasado.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 1, numerales 10 y 12; artículo 4, numerales 2, 4, 5, 6 y 8, y las disposiciones transitorias primera y cuarta no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Dichas normas deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe dejar constancia del quorum respecto de los numerales 10 y 12 del artículo 1 y de la disposición primera transitoria, que son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación de 30 votos favorables.
--Se aprueban reglamentariamente, dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.


El señor GALILEA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, aunque mi intervención signifique retrotraer lo dicho hace unos segundos, debo señalar que este proyecto recibió modificaciones tanto de la Comisión de Gobierno, casi todas unánimes, como de la de Hacienda, también aprobadas por unanimidad, pero no necesariamente compartidas por los integrantes del primer órgano técnico mencionado.
Entonces, antes de votar las enmiendas, sería bueno que el Presidente de la Comisión de Gobierno, el Senador Rabindranath Quinteros, hiciera su exposición para saber en qué normas hay total unanimidad entre ambas Comisiones y en cuáles detectamos que existen cosas que se podrían discutir.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, entonces, el Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, debido a que no estamos de acuerdo con algunas modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, quiero hacer un recuento del proyecto.
La iniciativa que se propone a la Sala tiene por objeto efectuar una transformación digital del Estado, incorporando el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos de la Administración del Estado y en la gestión documental.
En nuestro informe en general, se hizo presente que en la actualidad, aproximadamente, el 50 por ciento de los trámites del Gobierno central se pueden efectuar digitalmente, pero que ello está lejos de hacer efectivos los principios de servicialidad, eficiencia y eficacia en el actuar de los órganos de la Administración del Estado.
Con lo anterior en vista, las principales modificaciones del segundo informe fueron las siguientes:
Primero, exceptuar de todo o parte de la regulación contenida en esta ley, en cuanto al soporte de su tramitación, a los procedimientos administrativos regulados en normativas especiales cuyo soporte de tramitación se exprese a través de medios electrónicos, lo cual deberá hacerse mediante decreto supremo dictado conjuntamente por los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda, fundado en razones que digan relación con el funcionamiento de los sistemas informáticos, con una difícil interoperabilidad o con la necesidad de modificar los ya existentes, particularidades que hagan prever que para asegurar el cumplimiento de sus fines sea conveniente que dichos procedimientos especiales se sigan rigiendo en todo o en parte por sus respectivas leyes específicas. Ello también podrá basarse en otras razones de relevancia que lo justifiquen.
Segundo, establecer que en las comunicaciones entre órganos de la Administración que se practiquen en el marco de este nuevo procedimiento que se realizará por medios electrónicos, no solo debe dejarse constancia del órgano requirente, sino también del funcionario responsable que efectúe el requerimiento, su destinatario, el procedimiento a que corresponde, la gestión que se encarga y el plazo establecido para su realización.
Tercero, consagrar como principios generales relativos al soporte electrónico los siguientes puntos:
a) El principio de equivalencia funcional del soporte electrónico.
b) El principio de fidelidad del soporte electrónico.
c) El principio de actualización de los sistemas informáticos, y
d) El principio de cooperación.
Cuarto, considerar que en todo procedimiento administrativo, el órgano ante el cual se estuviere tramitando es quien debe requerir aquellos documentos o información pertinentes a otras dependencias de la Administración en los cuales estos se encuentren, no pudiendo excusarse el requerido. Para tales efectos, se faculta a la Administración para acceder a documentos o información que contengan datos de carácter personal, incluidos o no en bases de datos personales que estén en posesión de otros entes de la Administración.
Señor Presidente, me gustaría hacer especial énfasis en que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, al conocer las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, acordó informar a la Sala su desacuerdo con algunas de ellas.
Por lo anterior, se acordó solicitar la votación separada de las siguientes normas:
-Artículo 1, número 6, letra c), que reemplaza la letra d) del artículo 17 de la ley (página 10 del boletín comparado de la Comisión de Hacienda). Si bien se mantiene el principio, la redacción es
errónea.
-Artículo sexto transitorio nuevo (página 62): establece una excepción general por cinco años para que las personas puedan seguir tramitando en papel, pese a que la norma permanente que no modificó la Comisión de Hacienda solo permite dicha tramitación de manera excepcional y previa autorización.
Además, esa misma norma hace referencia en forma errónea al artículo 18, inciso quinto, como si este fuera la norma general, cuando precisamente establece una excepción, y al artículo 46, inciso segundo, que se refiere a las notificaciones y no al procedimiento, como supone la disposición de Hacienda.
La Comisión de Gobierno designó al Senador Galilea para que, llegado el momento de votar tales artículos, dé a conocer el porqué de nuestra posición.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador señor Quinteros.
Es un gran informe el que ha entregado Su Señoría.
A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que uno queda altamente preocupada después de escuchar la intervención del Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Yo no he estado participando ni en la Comisión de Hacienda ni en la de Gobierno. Pero, a raíz de las aprensiones manifestadas por los integrantes de esta última y por la responsabilidad que implica votar este tipo de materias, revisamos el presente proyecto.
Su objetivo es efectuar una transformación digital del Estado incorporando el soporte y la tramitación electrónicos en los procedimientos administrativos de la Administración del Estado y en la gestión documental.
No cabe ninguna duda de que tenemos que alivianarles la carga a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Queda claro que la iniciativa busca producir mejoras tecnológicas, simplificar los trámites, reducir los tiempos y, sobre todo, contribuir al ahorro fiscal.
Sin perjuicio de ello, surgen diversas inquietudes que conviene dejar sentadas con el fin de perseguir un perfeccionamiento del proyecto.
En primer lugar, no queda tan claro que el foco de todo el proceso esté puesto en facilitar la vida diaria de los ciudadanos, principalmente porque mucha gente puede quedar fuera o alejada del nuevo sistema por razones de edad, de aislamiento, de falta de recursos o de desconocimiento . El no tener acceso a la tecnología digital o no conocerla son factores que excluyen.
En cuanto a la integración de los adultos mayores a las nuevas tecnologías y a la alfabetización digital, el Gobierno reconoce que puede haber complejidades y argumenta que el proyecto contempla excepciones para los casos en que la tecnología no esté disponible o su uso sea precario .
Respecto del artículo 18 de la ley Nº 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos, la norma propuesta señala: "Aquella persona que carezca de los medios tecnológicos, no tenga acceso a medios electrónicos o sólo actuare excepcionalmente a través de ellos, podrá solicitar por medio de un formulario, ante el órgano respectivo, autorización para efectuar presentaciones dentro del procedimiento administrativo en soporte de papel. El órgano respectivo deberá pronunciarse dentro de tercero día, y deberá hacerlo de manera fundada en caso de denegar la solicitud.".
No se puede desatender el hecho de que un importante segmento de la población, el de gente de mayor edad o que está en vías de serlo, va a seguir demandando la realización de sus trámites a través del soporte de papel. El sistema, por tanto, debe estar preparado para ello, cuestión que no se condice con que, conforme al proyecto de ley, sea el funcionario público, y no el usuario, el encargado de determinar cuándo se permite el uso excepcional del papel, en circunstancias de que es este último el que necesita hacer el trámite.
En segundo lugar, hoy se presenta esta iniciativa sobre tramitación electrónica con suma urgencia, pero, en paralelo, se encuentra en el Senado el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, cuya tramitación está detenida desde mediados del año pasado, sin urgencia.
Todos sabemos que la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, se encuentra completamente superada, pues consagra un recurso de habeas data inaplicable; no incorpora los derechos modernos de las personas para proteger sus datos (derechos Arcop); no contempla normas sobre transferencia internacional; no regula de manera adecuada los datos comerciales, y tiene importantes vacíos en datos genéticos, tratamiento de datos de menores de edad, televigilancia, seguridad y privacidad, etcétera, todo lo cual no garantiza a los chilenos un estándar de adecuada protección.
En Chile, desde el 16 de junio de 2018 -lo conversé con nuestro colega Francisco Huenchumilla-, la protección de los datos personales tiene indudablemente un rango constitucional. Es un derecho constitucional en virtud de la publicación de la ley Nº 21.096, que lo consagra como un derecho autónomo, aunque relacionado al derecho a la intimidad, contemplado en el artículo 19, número 4º.
Este proyecto, cuyo aporte a la modernización del Estado es innegable, genera...

El señor QUINTANA (Presidente).- Se acabó su tiempo, señora Senadora.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solicito unos minutos más, por lo complejo y delicado que es el tratamiento de esta materia.

El señor QUINTANA (Presidente).- Los tiene, Su Señoría.

La señora RINCÓN.- Gracias.
Como señalaba, este proyecto genera un riesgo para la protección de los datos personales que se encuentran recogidos en los múltiples bancos de datos públicos, del cual la iniciativa no se hace cargo.
El artículo 17 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos establece los derechos de las personas ante la Administración Pública. Este proyecto modifica su letra d), incorporando un nuevo derecho. No leeré la norma ahora.
Sin embargo, la facultad que en el mismo artículo se entrega a la Administración, a mi juicio, no es adecuada. La norma indica: "estará facultado para acceder a documentos o información que aun cuando contengan datos de carácter personal, y estén incluidos o no en bases de datos personales, estén en posesión de otros órganos de la Administración.".
Tal disposición, señor Presidente, es excesivamente amplia e imprecisa.
El requerimiento de datos públicos para su transmisión a otro organismo público que se contempla en este proyecto de ley debe ser: acotado al fin que se persigue y acorde a las ideas matrices del proyecto, las cuales son facilitar la tramitación a los ciudadanos y hacer más eficiente al Estado.
Aquí se está consagrando una facultad general para todo servicio público -me parece bien- para solicitar datos -personales o no, sensibles o no- de los ciudadanos en la tramitación de todo procedimiento administrativo. Pero no se precisa:
1. Que debe ser dentro del procedimiento administrativo.
2. Que en él se hace uso de su derecho a no presentar por escrito documentos que la Administración ya tiene guardados. Ese es el acto por medio del cual el ciudadano está consintiendo que un servicio le pida información a otro.
3. Que la solicitud de la Administración debe ser solo respecto de datos específicos de una persona, la que hace la petición.
4. Que no corresponde hacerlo respecto de una base completa de datos.
5. Y que no puede ser cualquier dato.
Más grave aún, señor Presidente, no hay ninguna norma -no la hemos encontrado- que establezca cuál es la responsabilidad de los funcionarios con relación a los datos que se entregan. ¿Qué pasa si estos se pierden? ¡No se establece responsabilidad alguna!
Y si vamos a las normas generales, como han señalado varios colegas, notaremos que tampoco hay disposiciones en ese sentido. La ley sobre protección de datos personales, que opera actualmente, señala que se puede interponer un recurso judicial conocido como "habeas data", que obliga a las personas a realizar un trámite administrativo ante un tribunal civil. Esto hace que sea impracticable la responsabilidad del funcionario que incurre en la pérdida de datos.
Señor Presidente, considero que hay temas por resolver en el presente proyecto.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se recogerán los planteamientos que usted ha formulado, Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, deseo aclarar que yo voté a favor de la idea de legislar, pero en su oportunidad se plantearon observaciones acerca de los alcances de la iniciativa, lo cual debería ser rectificado en la discusión particular.
Por supuesto que estamos de acuerdo en los aspectos positivos del proyecto, como el uso de técnicas y medios electrónicos establecidos en la ley; la gratuidad en la obtención de documentos y procedentes, y la obtención de copias autorizadas de los expedientes por medios digitales.
Sin embargo, existe una serie de falencias. La Senadora Rincón ha mencionado algunas de ellas.
Quiero especificar de modo expreso la más grave: la iniciativa consagra una primera notificación del procedimiento administrativo mediante un correo electrónico, sobre la base de un registro único que manejaría el Servicio de Registro Civil e Identificación.
En ese sentido, la propuesta aprobada por la Comisión respectiva referente a la primera notificación del inicio de un procedimiento administrativo es claramente contraria a las normas del debido proceso, porque afectan derechos permanentes e, incluso, eventualmente podrían establecerse sanciones.
Por lo mismo, no es posible que la primera notificación no se realice de manera personal o, en último caso, por cédula, asegurándose de que el sujeto pasivo (el ciudadano) tome efectivo conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo.
Aclaro que recientemente se ha implementado la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. Pero jamás se ha afectado la primera notificación. ¿Por qué razón? Porque, cuando se notifica por correo electrónico en este procedimiento, no se asegura que la parte tome conocimiento de su inicio. Y perfectamente podría quedar sin ejercer sus derechos.
Más aún, a esta primera notificación vía correo electrónico -les pasa a todos los chilenos con las isapres y otros organismos que les cambian las reglas del juego sin que los ciudadanos siquiera se enteren- se la presume como notificación personal. ¿A cuántos candidatos, acá mismo, se les puede haber pasado un plazo en un procedimiento administrativo sancionador del Servicio Electoral porque no revisaron su correo electrónico, o porque estaba mal digitado, o simplemente porque no lo revisan regularmente?
Por lo tanto, hay que asegurar el cumplimiento de los derechos.
Además, estamos ante una normativa cuya implementación se entrega a un reglamento. No es posible que el procedimiento y particularmente la primera notificación que le da inicio sean entregados a un reglamento.
¿Qué pasa con los analfabetos digitales, qué pasa con los adultos mayores que no conocen estas tecnologías?
Por lo anterior, señor Presidente, hago expresa reserva de constitucionalidad respecto del artículo 46, inciso primero (aparece en la página 30 del comparado), propuesto por el proyecto de ley, en atención a la vulneración del debido proceso, al derecho a la defensa, a la discriminación arbitraria, y a la privacidad y tratamiento de los datos personales, en conformidad a lo que disponen los números 2°, 3° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Muchas gracias.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Saludo a la delegación de la Junta de Vecinos "Monte Rico" de la comuna de Chillán, Región de Ñuble, encabezada por su Presidenta, la señora María Cecilia Fuentes Jara, que nos acompaña hoy desde las tribunas gracias a una invitación cursada por el Senador señor Felipe Harboe.
¡Muy bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda también nos tocó conocer este proyecto, el cual busca modernizar y simplificar los procedimientos administrativos que deben seguir los ciudadanos frente a cualquier trámite, solicitud o formulario que tengan que llenar, para efectos de recabar un servicio determinado, un subsidio, un acto administrativo o un certificado, cualquiera sea la situación que se presente.
Lo primero que quiero decir es que resulta sumamente positivo que la Administración del Estado pueda modernizarse al máximo y hacer uso de lo que hoy día permite la tecnología y los medios electrónicos en cuanto a simplificar los trámites para hacerlos más rápidos, más expeditos, y entregar servicios de manera oportuna y, por supuesto, también mucho más baratos.
Es evidente que un cambio de esta naturaleza genera inquietudes, dudas. Y lo primero que uno se plantea es si los funcionarios que tendrán la responsabilidad de llevar adelante este procedimiento van a estar capacitados para ello.
La información que nos ha entregado el Gobierno es que este es un proceso que ya se ha iniciado. Hay experiencias piloto que incluso vienen del período anterior, las cuales se han aprovechado como ejemplos para plantear esta nueva legislación.
Todos entendemos que un proceso de cambio requiere adecuaciones legales y buscar solución a los problemas prácticos que vayan presentándose.
Uno de ellos es determinar de quién es la responsabilidad, una vez que un usuario ingresa un formulario digitalizado, para hacerle el seguimiento al interior de la Administración del Estado. Por supuesto, ella debería recaer en el funcionario competente, quien, tal como se establece en el texto, estará facultado para pedir los documentos, los certificados y la información que el Estado requiera para la gestión que se esté solicitando.
En tal sentido, la inquietud que se produce es de dos tipos: uno, respecto del uso de los datos personales que pueda hacer el funcionario, y dos, la responsabilidad que este debe tener si es que llega a hacer mal uso de ellos.
Ambos elementos fueron planteados en la Comisión de Hacienda como inquietud y entiendo que también en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y creemos que quedaron regulados en forma bastante razonable en la normativa.
La segunda inquietud que surgió es qué pasará con toda la gente que es analfabeta digital. Cada día nuestra población es mayor y las tecnologías van cambiando con demasiada rapidez. Es difícil adaptarse y, por lo tanto, la consulta es qué pasa con aquellos que no van a poder llenar un formulario o realizar un trámite de esta forma por no poseer los conocimientos necesarios, en este caso por condición de analfabetismo o por aislamiento, por ruralidad o por vivir en zonas donde ello no sea posible.
También buscamos alternativas para esas situaciones, y una de ellas es establecer el llamado "formulario de papel" como inicio del trámite, para que las personas que no tengan los conocimientos o la capacidad suficiente para hacer uso de las tecnologías modernas puedan comenzar el procedimiento de ese modo, para después continuar con el proceso digital.
Algo que nos llamó la atención es que los municipios no están contemplados en este esquema. Una cosa es la Administración Central del Estado, y otra, los municipios. Y hay una cantidad enorme de trámites que se realizan a partir de estos últimos. La idea, pienso yo, es incorporarlos y, junto con ello, dotarlos de la tecnología adecuada, con programas que puedan funcionar en red con la Administración del Estado. Para ello, se requiere que sus funcionarios reciban las capacitaciones correspondientes y, lo que es más importante, que se establezca una gradualidad en el tiempo que permita esa capacitación, en un ámbito donde habrá cambios profundos.
Paralelamente, sería necesario que, en el caso de las personas de la tercera edad y de los analfabetos digitales, que todavía son muchos en nuestro país, se instaurara una política permanente o de largo plazo con miras a la educación, capacitación y socialización del uso de las nuevas tecnologías que permitirán facilitar y digitalizar todos los procedimientos y documentos, de manera de solucionar el problema de la burocracia, de los tiempos de espera, de los costos, etcétera, etcétera.

El señor QUINTANA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un minuto adicional para que pueda terminar.

El señor PIZARRO.- Solo quiero agregar, señor Presidente, que este es un proceso que se está iniciando y que resulta importante asumirlo en términos positivos, por cuanto, sin duda, constituye un avance.
Creo que debemos ser capaces de recoger algunas de las inquietudes que se han manifestado, tal como lo hicimos con algunos temas en la Comisión de Hacienda, los cuales seguramente serán aclarados con mayor precisión por otros colegas.
Me parece importante avanzar en este proyecto, y es la razón por la cual lo vamos a votar a favor.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, por su intermedio, agradezco la presencia del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y del Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, por la relevancia de este proyecto. Si hay algo que es importante entender es la tremenda transformación digital, la sociedad digital segura que se está construyendo, no solo en Chile sino en el mundo entero.
De ahí la urgencia "suma" que se le ha puesto a esta iniciativa, que no busca otra cosa que transformar procesos. Hablar de procedimientos electrónicos significa, finalmente, retirar el computador como máquina de escribir y considerarlo parte de un sistema transaccional. Y cuando digo "parte de un sistema transaccional", me refiero a un sistema capaz de garantizarles, a todos quienes administran el Estado y a quienes ejercen el control democrático del Estado, que la información contenida en dicho sistema es auditable, que evitará la ocurrencia de problemas de probidad y que nos dará mucha transparencia.
Por lo tanto, quizás el primer beneficio cuando uno habla de procedimientos electrónicos sea precisamente la transparencia, la trazabilidad, lo que en el mundo europeo se conoce como "accountability".
Lo segundo, sin lugar a dudas, es el retiro del papel, que permitirá también ahorrar. Queremos tener comunidades que sean sensibles con el medio ambiente, con el ahorro de energía, con el cuidado de nuestros bosques, que no necesite producir celulosa.
Por lo tanto, el papel -y así está especificado en los procedimientos electrónicos- será un soporte excepcional. Y esto es quizás lo más trascendente: el papel deja de ser el medio con el cual el Estado se vincula con toda la ciudadanía y es reemplazado para tales efectos por sistemas transaccionales.
Sin embargo, aparecen las complejidades propias de la tecnología. No podemos avanzar en una transformación digital si esta no es una transformación segura. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra, Senadoras y Senadores, hicieron notar elementos que son esenciales: los datos personales. ¡Qué bueno haber logrado, el año pasado, un acuerdo para cambiar el artículo 19 de la Constitución y consagrar el derecho fundamental a la protección de los datos personales!
Los datos personales no solo los tienen que cuidar las empresas; también los tiene que cuidar el Estado. Y es por eso que en la discusión de la nueva ley que los va a proteger se debe analizar y considerar la necesidad de una agencia autónoma, independiente, que les garantice a todos que los datos, los que manejen tanto el Estado como las empresas privadas, van a estar bien custodiados.
Igualmente, se ha hablado -y el texto habla en particular de ellas- de las notificaciones electrónicas. ¿Cómo podrá darse por notificada una persona? Bueno, hoy los sistemas de mensajería electrónica reconocen y saben si alguien abrió y leyó un documento. Por lo tanto, el acto -léase- administrativo de abrir el correo electrónico y ver determinado documento constituirá notificación. Es lo que se reconoce a nivel mundial. Y hay que mantener esa calidad, para que la tecnología pueda estar a disposición.
Es necesario -repito- retirar el papel, pero esto tiene que llevarse a cabo con seguridad. La idea es que las personas que accedan al sistema no solamente lo deban hacer a través de la clave única, que es lo que hoy se propone como medida de protección; tiene que haber segundos factores de autentificación que permitan asegurar que efectivamente la persona que dice ser fue la que abrió el correo y la que pudo verlo. Por lo tanto, debemos avanzar en identidad digital. Si no contamos con identidades digitales, será imposible manejarse con sistemas transaccionales en línea.
Por último, hay que reconocer el domicilio electrónico, entender que en el ciberespacio es posible tener direcciones electrónicas reconocidas, para que esos domicilios sirvan incluso para impulsar la economía.
En tal sentido, creo que el Estado, al comprometerse con esta transformación, logrará dinamizar la economía, que es lo que se quiere, al posibilitar a las personas trámites fáciles, con protocolos sencillos, y, al mismo tiempo, cuidar nuestro medio ambiente y racionalizar el uso del papel, entendiendo que siempre existen riesgos asociados.
Por eso, felicito el esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Interior a través del Sistema Nacional de Ciberseguridad. Posteriormente le voy a entregar a cada Senadora y Senador el calendario que estoy mostrando, impreso por dicho Sistema, para recordarnos en el día a día, en nuestro quehacer diario, que debemos estar preocupados de cuidar el espacio digital que estamos construyendo.
Por todo lo anterior, creo que esta iniciativa del Gobierno del Presidente Piñera va en el rumbo correcto y a la velocidad adecuada, sin perjuicio de que tenemos que corregirles los detalles que muestra, para comprometernos, todos, a transformarnos en una sociedad digital segura.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, primero quiero respaldar y hacer mía buena parte de las expresiones señaladas por el Senador Jorge Pizarro, miembro de la Comisión de Hacienda.
Yo voy a ser mucho más sucinto, pero más directo.
Escuché las preocupaciones no de algunos sino de todos los miembros de la Comisión de Gobierno, que fueron expresadas de manera particularmente clara por el Senador Rabindranath Quinteros.
Al respecto, quiero señalar, en cuanto a un tema bien puntual -la referencia que se hace en la norma transitoria a la ley 19.880, que acabo de chequear con el Secretario de la Comisión de Hacienda-, que mantenemos nuestra apreciación de que la cita al referido cuerpo legal está bien hecha.
Dicho eso -que es bastante menor-, ¿qué se le hizo al proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, en lo grueso?
La iniciativa que llegó a dicho organismo establecía un plazo de cuatro años, en forma transitoria, durante el cual -si ustedes me permiten la expresión- los analfabetos digitales podrían pedir, de manera fundada y por escrito, una excepción al mecanismo digital, y el funcionario correspondiente tendría la facultad de aceptar o rechazar esa solicitud, también por escrito, precisándose que después de tal plazo, que ahora quedó en cinco años, todo sería digital.
Nosotros introdujimos dos flexibilidades, que son opinables ciertamente. La primera dice relación con la transitoriedad, al determinarse que en un período de cinco años los trámites podrán realizarse en papel, a través de un formulario, esto es, no simplemente solicitando por escrito y fundadamente por qué yo exijo un tratamiento distinto. Y la segunda consiste en que en esos cinco años ningún funcionario podrá negarse a ello, como sí estaba establecido en el texto que llegó a la Comisión de Hacienda, disponiéndose que en el período transitorio el funcionario público podía denegar la solicitud de efectuar una tramitación en papel.
Nosotros tratamos eso de manera distinta, ordenando que durante los primeros cinco años, contados desde la entrada en vigencia de la ley, todo aquel que lo solicite a través de un formulario -ya no solo por escrito- va a tener garantizado el derecho a gestionar un trámite en papel.
Después establecimos una segunda particularidad, que también es opinable -lo admito-, que señala que la excepción solicitada por los analfabetos digitales podrá ser rechazada por el funcionario público, pero de manera fundada.
Hago estas aclaraciones, señor Presidente, para ver en contexto el sentido de lo que se hizo en la Comisión de Hacienda.
Entiendo, y no escapa a mi mediana capacidad de entender las cosas -promedio nomás...

El señor BIANCHI.- ¡Promedio...!

El señor LAGOS.- ... justo en promedio-, que con la excepción de carácter permanente se establece la posibilidad de que un chileno, analfabeto digital, pueda pedir que sus trámites se efectúen en papel, pero dependerá del funcionario otorgarle o no esa posibilidad.
Admito que eso queda abierto, señor Presidente. Pero nos pareció que era una manera de salvaguardar a aquellos chilenos y chilenas que no tienen acceso o no tienen la capacidad para educarse digitalmente, los que creo que, con el paso del tiempo, van a ser cada vez menos.
Así que considero que hay que votar el texto tal como está. Está muy bien así.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto es muy relevante -no será el último que veamos sobre la materia-, porque las cosas de la vida nos irán llevando a que debamos perfeccionar nuestras prácticas.
Sin embargo, esto va a permitir modificar las bases de los procedimientos administrativos, que tienen como eje que todo quede escrito en papel, para que ahora todo quede consignado en medios electromagnéticos, digitales. Y creo que solo eso hace que valga la pena aprobar el proyecto.
Ahora, si a lo anterior se suma que el Estado no les pide a los ciudadanos papeles y antecedentes que él mismo tiene, estamos ante un tremendo avance para desburocratizar. Es muy curioso que en colegios públicos se solicite el certificado de nacimiento de un niño. O sea, el Ministerio de Educación pide antecedentes que están en el Registro Civil.
Uno puede citar varios ejemplos.
Cuando uno postula a un subsidio de vivienda, le piden una cantidad de documentos que en un 90 por ciento el Estado ya tiene.
Esa es una segunda razón para apoyar esta iniciativa.
Hay un debate respecto de quiénes son los actores involucrados: si es el Gobierno central, centralizado o descentralizado; si también están considerados los municipios. Esta es una duda que también se planteó. Nosotros entendemos que ellos sí están incorporados, por lo que no se va a requerir otro cuerpo legal sobre el particular, sino un trabajo con esas entidades, para los efectos de homologar sistemas y plataformas, homologar procedimientos, porque en los 345 municipios las cosas no se hacen de la misma forma.
Por eso, señor Presidente, tenemos motivos de sobra para aprobar y respaldar esta iniciativa.
En la Comisión de Hacienda se precisaron dos cosas: una, ya mencionada por los colegas Pizarro, Lagos y otros, se refiere a los analfabetos digitales. Es decir, aquí habrá una norma general, mediante la cual iremos todos a lo digital, pero existirán personas que no tendrán esa capacidad en el corto plazo y quizás algunas nunca la tengan. Con todo, se establece un procedimiento para garantizar el derecho de acceso a trámites, sin que una persona sea necesariamente alfabeta en esta materia.
Además, se hace una precisión respecto a los plazos: queríamos asegurar los momentos en que se tienen que dictar los reglamentos y qué procedimientos entrarán al calendario durante los próximos 4 y 5 años cuando se tenga que aplicar esta ley.
Por último, deseo plantear que la Senadora Rincón ha señalado que tiene una duda sobre qué ocurre con quienes tienen acceso a las bases de datos de las personas y hacen mal uso de la información existente en las bases abiertas. Tengo la convicción de que aquí hay una sanción para el funcionario público que hace mal uso de aquellas.
Esto se discutió mucho cuando se hablaba sobre a quién pertenece la ficha clínica, la ficha médica. Porque es en salud donde, quizás, se puede acceder a uno de los datos más sensibles -no es el único, pero es importante-, y se establece una tremenda sanción si alguien hace mal uso de tales datos.
Se han analizado normas sobre este ámbito que se encuentran en diferentes cuerpos legales. Además, sabemos que hay otro debate para aumentar las penas en un proyecto radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuya tramitación han estado siguiendo el Senador Felipe Harboe y otros colegas.
Sobre el particular, solo deseo consignar mi convicción de que eso sí está garantizado en otras legislaciones, y podremos hablar sobre la magnitud de la sanción que se aplicará.
En resumen, señor Presidente, al aprobar esta iniciativa que modifica la ley que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, que permite pasar en esta materia hacia documentos electrónicos, podremos ahorrar una enorme cantidad de recursos. Eso sí, va a significar un impacto en el empleo, y esperamos -lo hemos conversado con el Ejecutivo- encontrar la manera de garantizarles a los funcionarios que puedan verse afectados en sus empleos un proceso de recapacitación para mantenerlos activos...
Ya termino, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Senador.

El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
Estos procesos tendrán un impacto económico muy positivo: vamos a ahorrar, vamos a reducir la huella de carbono del Estado, lo cual es también muy importante. Pero se puede afectar el empleo de muchas personas. Algunas, quizás, deberían ser la primera opción para los programas de retiro en el futuro; habrá que cuantificarlas.
En ese sentido -por su intermedio, señor Presidente-, le pediría al Ministro de Hacienda un compromiso en particular, porque esta legislación sí va a causar impacto en el empleo, como sucede con todos los avances tecnológicos, y habrá que reciclar a los funcionarios en otras funciones. Porque a diversas bancadas nos preocupa su situación, por cuanto algunos trabajadores llevan años desempeñándose en archivos, en bodegas, llevando registros. Y, con esto, varios van a perder el empleo, y esperamos que puedan ser acogidos en otras labores.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, en la misma línea, por más que he revisado lo que planteó el Senador Quinteros, que es una cosa razonable, honestamente pienso que hay que leer esto de buena manera; porque creo que los temas están bien resueltos, tal como lo ha explicado el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Este proyecto lo trató la Comisión de Hacienda, ¡ojo! -para que nadie reclame-, porque son asuntos que le competen. No es que uno se haya metido a analizar materias ajenas: era lo que nos correspondía reglamentariamente.
Lo que plantea la iniciativa es superrazonable: si vamos a digitalizar y a modernizar, hay que hacerse cargo, con sentido de largo plazo, respecto a lo que ocurre con aquellas personas que viven en sectores distantes. Al igual que el Senador que mencioné, soy de una región donde no necesariamente están todos los servicios públicos bajo el dominio de lo digital, pues hay lugares en que cuesta más establecer los contactos por esta vía. En ese sentido hemos hecho una distinción.
En la Comisión de Gobierno se habló de que, como norma general, cada vez que una persona pidiera un documento escrito, físico, en vez de digital, tuviera que hacer una presentación fundada. Sin embargo, cuando en Derecho uno habla de "fundado", se precisa toda una explicación jurídica-técnica.
Entonces, a nosotros nos pareció que aquello no estaba en el espíritu de la iniciativa y que había que diseñar un formulario. Es decir, que si una persona no podía hacer un requerimiento de forma digital, bastara con que presentara un formulario. Así, la autoridad debería darle obligatoriamente ese camino. Esto no es algo político; aquí estamos todos de acuerdo en su sentido obvio.
Por tanto, establecimos en un artículo transitorio una norma superrazonable. Se fija un período de cinco años, y se otorga al funcionario la facultad de rechazar la petición en soporte de papel, fundadamente. Ello, a fin de que si sabe que alguien tuvo tiempo para aprender o que domina los medios tecnológicos y que simplemente pide la excepción porque sí, pueda rechazarla con fundamento, diciéndole: "Usted sabe utilizar internet, lo ha hecho en 20 trámites anteriores, así que proceda con los medios tecnológicos".
Honestamente, me parece que así está bien resuelto.
Respecto a otras dos inquietudes, que me preocupé de estudiar en el intertanto, porque son relevantes, las conversé con la Senadora Rincón.
Esta no es una ley de datos. Porque todo lo que tiene que ver con responsabilidades está en la Ley de Protección de Datos Personales. El proyecto en debate se limita a aplicar, simplemente -este Gobierno y el anterior concuerdan completamente en esto-, lo relativo a procedimientos. Obviamente, los datos personales están resguardados, pero no por la iniciativa que nos ocupa, sino por la ley a que me referí. Y esa es la clave, que la legislación no ha modificado, y que ha funcionado.
Ello me parece superimportante destacarlo.
Honestamente, me parece que esto se encuentra bien resuelto. Creo que las inquietudes son muy legítimas, porque son parte de la discusión. Pero no estamos haciendo una nueva Ley de Protección de Datos Personales, sino otra cosa muy diferente: estamos legislando para aplicar procedimientos más rápidos, mediante la digitalización, y se propone una buena fórmula para conseguirlo.
Asimismo, aquí hemos considerado particularmente la situación de las regiones más rurales, generando una norma marco de cinco años, para que sea un derecho ciudadano el pedir antecedentes por medio de un formulario cuando a la persona no le sea posible hacerlo de otra manera. Y al término de ese período podrá seguir solicitándolo; pero, en ese caso, el funcionario dispondrá de facultades para, fundadamente, sugerir: "Bueno, tratemos de hacerlo de otra forma, porque, si no, la ley nunca se va a implementar correctamente".
Así que, desde mi perspectiva, coincido con los Senadores de las bancadas del frente, en el sentido de que los temas están bien resueltos.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- El señor Ministro había pedido hacer uso de la palabra hace un momento.
Puede intervenir, señor Ministro.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, señor Presidente.
Pocas leyes o pocos proyectos tienen un impacto tan importante como el que, en este momento, estamos debatiendo.
Señor Presidente, voy a usar algo que es especialidad de la casa en el Ministerio de Hacienda: le pondré algunas cifras a la iniciativa.
Este proyecto, en régimen, permitiría ahorrar del orden de los 1.100 millones de dólares en tiempo de empleados públicos que, hoy día, están dedicados a atender gente en forma presencial. Y, como ha dicho el Senador Letelier, estos tiempos que se liberan podrán ser redestinados a otras funciones, para lo cual es posible que se requiera capacitación, a lo que evidentemente estamos dispuestos. Porque cualquier Gobierno tendrá la intención de proteger a esos trabajadores, pero también de progresar en estos procesos digitales.
En resumen, aquí tenemos la posibilidad de avanzar fuertemente, liberando tiempo de empleados públicos.
En segundo lugar, se estima que el ahorro en costos por los trámites que realiza la población chilena en el sistema público, si se acortara el tiempo de desplazamiento y se valorara el transporte físico a los servicios públicos, podría llegar a los 3.050 millones de dólares.
O sea, las cifras que involucra este proyecto son realmente cuantiosas.
Quiero aportar una cifra más. Se realizan del orden de 500 mil licitaciones públicas al año, las que son tramitadas en papel. Y se ha hecho una referencia a un ahorro significativo no solamente en recursos del Estado, sino también en la huella de carbono, en el papel. Este proyecto aporta beneficios importantes en términos medioambientales.
Por otra parte, quiero recalcar que en el sector público estamos haciendo algunos esfuerzos complementarios a lo que se está haciendo acá.
Por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) digitalizó hace poco, como lo dimos a conocer, todo el procedimiento de reclamaciones de licencias médicas y seguro laboral, reduciendo de más de cien a treinta días el tiempo de respuesta a los ciudadanos. Esta es una demostración concreta de cómo vamos aplicando la tecnología en beneficio de los usuarios, en beneficio de los chilenos.
Asimismo, quiero comentar que en la tramitación de este proyecto se han incorporado importantes espacios de gradualidad. Así, su texto original partía con tres años para su total aplicación, y ahora, como lo han comentado diversos Senadores, ese período se alargó a cinco años para llegar a la implementación plena.
De tal manera, y en eso concuerdo con los Senadores Coloma, Letelier y otros que me han antecedido, creo que varios aspectos de esta iniciativa están bien resueltos.
Finalmente, quiero señalar que esta propuesta legislativa posee además una característica muy especial. Tiene un costo, en términos de uso de recursos. Pero ¿sabe, señor Presidente? Lo increíble es que genera más ahorro, y no estoy pensando en el ahorro de tiempo, sino en el ahorro directo de costos al erario.
Si usted observa el informe financiero, se da cuenta de que durante el primer año el mayor gasto es inferior al ahorro directo. Por lo tanto, en todos los años se produce una contribución positiva: 3 mil 500 millones de pesos en el primer año; del orden de 7 mil 600 en 2021, y 4 mil 800 millones de pesos de contribución al erario en régimen.
Me parece que esto es un elemento notable. Y a nosotros nos emocionan estos proyectos que llegan con ahorro de costos en vez de uso de recursos. Y creo que, además de la contribución, un ahorro neto de recursos para el Estado es una conjunción que muy pocas iniciativas pueden aportar.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, el Comité PPD solicita segunda discusión para este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perfecto, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Comité País Progresista e Independientes iba a hacer la misma solicitud de segunda discusión.
¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Hace un tiempo, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, cuya fortuna asciende a 60,5 miles de millones de dólares, fue citado al Senado de los Estados Unidos a una comisión investigadora. Allí los senadores lo interrogaron, y la primera pregunta fue: "¿En qué hotel pernoctó anoche?". Y, además, "¿Quién lo acompañó en el hotel?".
Mark Zuckerberg se perturbó, y señaló (el video está en YouTube): "Esa pregunta no la puedo responder porque es parte de mi vida privada". Y los senadores le dijeron: "Exactamente, de eso se trata esta audiencia, de que usted permite en Facebook que los datos que libremente publican los ciudadanos sean asociados a otros usuarios y que para todos haya acceso a información privada, la misma que usted ahora no quiere entregar, defendiendo su derecho a la privacidad y haciendo uso de él".
Hay que tener presente que Twitter, Google, Facebook son de propiedad privada. Las plataformas no son una nube en el aire como muchos creen ¡no! Son un negocio controlado por intereses. Y hoy día en Facebook, al igual que en Twitter, se regula y restringe la rapidez de contenidos. La lucha entre Estados Unidos y Rusia por el dominio de esta nube está abierta.
Los contenidos progresistas y de Izquierda no fluyen en Facebook. ¡Tienen filtros!¡Fluyen más lento! ¡Hay materias vedadas!
Y aquí me dicen que la modernidad del Estado de Chile; nuestro Banco Central, el corazón de la economía del país, como lo ha planteado el Ministro Felipe Larraín; el Ministerio de Hacienda; todos los Ministerios depositarán en alguna parte la valiosísima información de los datos de todos los chilenos, con la cual el Estado actúa, camina, genera políticas públicas.
Mi primera pregunta es ¿quién resguarda esa información pública?
La segunda, similar a la del Senador Pugh, es ¿cómo nos protegemos de un blackout en materia informática para evitar que el Estado quede a ciegas? ¿Cómo nos protegemos de un ataque cibernético si el Banco de Chile, con todo el poder que ostenta Andrónico Luksic, fue objeto de un hackeo del que reconocen cien millones en pérdidas?
¡Cien a uno que fue mucho más dinero!
Entonces, ¿cuáles son los resguardos que este proyecto ofrece para que la confianza de la información pública y también privada de nuestro país esté a disposición de todos?
El Subsecretario señor Claudio Alvarado afirma (página 13 del informe) que "la División de Gobierno Digital ha tomado los resguardos técnicos necesarios para que las plataformas digitales que considera el proyecto de ley, no generen dependencia tecnológica del Estado. Dichos resguardos apuntan al desarrollo de softwares seguros, basados en estándares de desarrollo abierto, interoperables".
Señor Presidente, durante años he planteado en esta Corporación la necesidad del software libre. ¡Todos los Ministros de Hacienda se han negado!
Señor Felipe Larraín, si a usted le interesa ahorrar, apoye la política que en cada discusión del proyecto de Ley de Presupuestos he propuesto.
He tenido a Ministros de Hacienda y a todo su equipo técnico fuera para decirles ¡vamos al software libre! ¡Vamos al software de código abierto y no de código cerrado, que ha enriquecido a Microsoft! Porque por cada computador, en cada Ministerio, en cada escuela, en cada servicio público año a año hay que pagar la patente para utilizar esos programas. Y nos hemos endeudado. Ya vamos, Ministro, en 80 mil millones, ¡80 mil millones y sigue subiendo! ¡Y ese pago de patentes se duplicará en los próximos cinco años!
Entonces, señor Presidente, lo que debemos hacer es incorporar resguardos. Este proyecto no los tiene a la vista.
¡Bienvenidos los ahorros señalados por el Ministro Larraín! Pero quiero seguridad, privacidad, y que efectivamente esta modernización no termine en un desastre.
Ahora la seguridad no está garantizada en el proyecto, y por eso nos sumamos a la solicitud de segunda discusión. Necesitamos de verdad un debate respecto a la seguridad, porque ya son varios los ejemplos.
En Chile se utiliza un único RUT.
En Estados Unidos, y el Ministro lo sabe porque ha estudiado en ese país, la gente no tiene ese documento.
Aquí estamos todos "enrutados", lo saben todo de nosotros. Si uno compra una pasta de dientes en la farmacia, le piden el RUT; si uno compra calcetines, le piden el RUT; si uno compra un kilo de pan, le piden el RUT. Saben exactamente todo lo que hacemos y se ha instalado este único canal de información. ¡Y ahora me dicen que habrá un código único para que sepan todo lo que hago con el Estado!
Esa información ha de estar resguardada, señor Presidente, es valiosa, es estratégica, es privada y habrá acceso a realizar negocios con ella. Alguien podrá acceder a licitaciones públicas de miles de millones con esa información pues contará con la tecnología para hacerlo, porque no estamos incorporando un resguardo. Al menos en este proyecto yo no lo observo.
Reitero la petición de segunda discusión.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A pesar de que se ha solicitado segunda discusión, el Ministro señor Blumel ha pedido la palabra para presentar una propuesta sobre este proyecto.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, entendiendo la diferencia que surgió en la interpretación y en la redacción de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Hacienda, estuvimos conversando con los distintos Senadores y una alternativa que queremos proponer es consensuar una redacción de los puntos que producen diferencia, básicamente en el artículo sexto transitorio, para reincorporar lo que estableció la Comisión de Gobierno.
¿Sería posible discutir esta opción? Considerando, además, el plazo de la urgencia que está vigente, para que lo podamos revisar.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, el Comité del Partido Por la Democracia e Independientes mantiene la petición de segunda discusión.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, pasaríamos al siguiente punto de la tabla.

El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Comité del Partido País Progresista e Independientes también ratifica la solicitud de segunda discusión.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perfecto, Su Señoría.

--El proyecto queda para segunda discusión.


La señora PROVOSTE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, como se solicitó segunda discusión respecto de esta iniciativa, pido que cuando iniciemos nuevamente el debate tengamos la posibilidad de dar nuestra opinión haciendo uso del mismo tiempo que han empleado los colegas parlamentarios que intervinieron hoy día.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Conforme, señora Senadora.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Comunicación
Del Comité Partido Socialista, por la que informa que a contar de esta fecha será representado por los Senadores señores Montes y Quinteros.
--Se toma conocimiento.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren.
¿Les parece a Sus Señorías?

La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Acordado.



CREACIÓN DE CATASTRO NACIONAL DE MORTINATOS PARA FACILITAR SU INDIVIDUALIZACIÓN Y SEPULTACIÓN


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 4.808, que reforma la ley sobre Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.018-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- El objetivo principal de este proyecto es dignificar el trato que el ordenamiento jurídico otorga a los mortinatos y permitir que sus progenitores puedan vivir de mejor forma el duelo que sigue a su pérdida.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió la iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Muñoz y señores Kast y Latorre.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 21 a 23 del informe.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, voy a informar el proyecto
La iniciativa que nos ocupa se encuentra en segundo trámite constitucional; se inició en mensaje del Presidente de la República, y tiene por objeto dignificar el trato que nuestro ordenamiento jurídico otorga a los mortinatos y permitir que sus progenitores puedan vivir de mejor forma el duelo que sigue a su pérdida.
A las dos sesiones en que la Comisión se dedicó al estudio de este proyecto asistieron para exponer sus puntos de vista el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos; la Subsecretaria de Derechos Humanos; la abogada de la Corporación Humanas; las representantes de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), y las integrantes del Movimiento Mujeres Reivindica y de la Fundación Amparos.
Durante la discusión en general, la Comisión tuvo presente lo siguiente.
Que si bien en nuestro país existen normas legales y administrativas que permiten la inhumación de los mortinatos, ellas son insuficientes para permitir a sus progenitores vivir su duelo en reales condiciones de dignidad. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico existe una precaria regulación en torno a los restos de aquellas criaturas que fueron concebidas pero que no lograron nacer, lo que les impide a los padres individualizarlos con un nombre.
Actualmente, cuando los progenitores de un mortinato solicitan sus restos para proceder a su sepultación se enfrentan a una serie de problemas prácticos producto de este vacío normativo, como la imposibilidad de poder individualizarlos, lo que repercute al momento de la inhumación, ya que el mortinato para la ley chilena es un NN que, al momento de su sepultación, debe ser identificado en su tumba bajo esta fórmula o como "Hijo de...". Eso fue, justamente, lo que les tocó vivir a las madres que prestaron su testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
Que, por lo anterior, este proyecto de ley busca cambiar esta situación. Para ello, crea un Catastro de Mortinatos de inscripción voluntaria que permitirá a los padres individualizar a sus hijos mortinatos a fin de que tengan la posibilidad de identificarlos y así vivir su duelo en reales condiciones de dignidad.
Que, asimismo, se tuvo en consideración que para algunas organizaciones este proyecto se trataría de una ley antiaborto. Sobre este punto es dable considerar que en la Cámara de Diputados se aprobaron una serie de indicaciones de los Diputados señora Carmen Hertz y señor Miguel Crispi que tienen por objeto establecer expresamente que esta iniciativa no modifica, de forma alguna, materias sucesorias o patrimoniales, ni cuestiones relacionadas con el estado civil o el vínculo familiar. A su vez, se agregó un artículo que dice que esta ley no podrá interpretarse de manera que obstaculice el acceso de las mujeres y niñas a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que la ley lo autoriza.
Que también se les hizo presente que esta iniciativa debería incluir a las personas que utilizan el sistema de fertilización in vitro o asistida, puesto que con la definición de progenitor que recoge este proyecto hoy no pueden hacer uso de este derecho.
Por todo lo anterior, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Kast y Latorre y quien habla, aprobamos la idea de legislar en la materia, y como tal formulamos un llamado a la Sala para que acoja el proyecto en esos mismos términos.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, quiero comenzar señalando que simpatizo absolutamente con el tema planteado aquí. Es terrible el dolor de los padres cuando un hijo nace muerto. Es un hecho que, ciertamente, debe llamarnos a la reflexión y a la solidaridad.
No tengo nada en contra de que exista alguna forma de registro de esos casos. Pero, tal como viene el proyecto, tengo la impresión de que cuando discutamos en particular sus distintos artículos van a resurgir una cantidad importante de replanteamientos en torno a cuestiones que hemos debatido no hace mucho en el Congreso, como el momento del inicio de la vida y otros asuntos que revisten una profunda significación.
Confieso que no he tenido tiempo para conocer de modo suficiente esta iniciativa; tampoco hemos podido conversar con personas que entiendan esta materia, que la puedan explicar.
Francamente, creo que esta es una de aquellas iniciativas que no deberían venir con el carácter de "suma" urgencia que se le dio.
Por esa razón, solo para los efectos de poder reflexionar algo más este asunto; para discutirlo y formarnos una opinión adecuada al respecto, y, sobre todo, para plantear indicaciones tendientes a aliviar cualquier posibilidad de mala interpretación de su texto, me permito solicitar segunda discusión para este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se hallan inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señora Órdenes y señores Letelier y Latorre. Sin embargo, se ha solicitado segunda discusión para esta iniciativa. De modo que tendríamos que dejar el debate hasta acá y proseguir con la tabla.

La señora ÓRDENES.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor COLOMA.- Señor Presidente, ¿qué urgencia tiene el proyecto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, me sumo a lo señalado por el Honorable señor Insulza. Pero, además, nosotros solicitamos que este proyecto pase en la discusión particular a la Comisión de Constitución.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se han planteado dos requerimientos a la Mesa: primero, se ha solicitado segunda discusión para esta iniciativa, y, segundo, que ella pase a la Comisión de Constitución en la discusión particular.

La señora ÓRDENES.- Exacto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para que el proyecto pase en la discusión particular a la Comisión de Constitución?

El señor COLOMA.- No, señor Presidente.

El señor LETELIER.- Pido la palabra.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, esta materia no es simple. Porque hay una discusión respecto de aquellas mujeres cuyos embarazos no llegan a término, en que se quiere hacer un registro de esos casos.
Entonces, dependiendo de cómo se haga la discusión, eso puede significar un cambio sustantivo del Código Civil.
Ello es legítimo. Y también lo es que optemos, como Congreso Nacional, por no tocar en nada los alcances del referido Código.
Por eso es oportuno que se realice este debate no solo desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos, sino también teniendo en consideración el punto de vista de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Aquí, según entiendo -y la Subsecretaria que nos acompaña en la Sala podrá precisarlo-, no está en discusión cuándo parte la vida, ni cuándo se es persona. Por ende, el registro que se plantea presuntamente en nada puede afectar ese debate o el actual estado de las cosas. Pero habrá momentos en que es factible que lleguemos cerca de ello.
Ya se solicitó segunda discusión para esta iniciativa. Eso está bien. Sin embargo, creo que, antes de entrar a lo sustantivo y discutirla en general, deberíamos contar con un nuevo informe que contemple la opinión de la Comisión de Constitución. Y cuando tengamos esos dos informes podremos discutir el proyecto en la Sala.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, solo quiero precisar algunas cosas, pues me reservaré el argumento más de fondo para cuando volvamos a la discusión.
Una cuestión que en la Cámara de Diputados se debatió mucho y derivó en que se le introdujeran cambios al proyecto original con el fin de recoger una preocupación sobre todo del mundo feminista decía relación con que este proyecto no fuera a entrar en alguna contradicción con la ley que regula la despenalización del aborto en tres causales, cuya iniciativa se aprobó democráticamente en el Parlamento.
Esos cambios se hicieron en nuestro país. Incluso, pedimos a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio de legislación comparada que muestra que en países como España, Alemania o Austria coexisten una legislación sobre aborto seguro como un derecho de salud pública y un registro de mortinatos.
Esa posibilidad existe, por si el día de mañana nosotros, como sociedad, avanzamos, damos un paso más y no solo tenemos la despenalización del aborto en tres causales, sino que establecemos el aborto como un derecho en el sistema de salud público.
Señor Presidente, quería dejar planteado ese punto ahora.
Además, deseo connotar que estamos debatiendo en general esta iniciativa, por lo que también podremos introducirle indicaciones. Ello, para precisar aún más esos aspectos y que vayan por cuerdas separadas: el derecho de la mujer a decidir con respecto al aborto y el derecho de padres, madres, familias a vivir un duelo psicológico a partir de la pérdida de un embarazo en gestación y a contar con un registro de mortinatos.
Eso es todo lo que quería señalar, señor Presidente. Y le reitero que me reservo la argumentación más de fondo para cuando volvamos a discutir este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme al aspecto reglamentario. Y acá hago una sugerencia, que no debería ser tal, sino algo más: o vamos a cumplir con el Reglamento o no lo vamos a hacer.
Esa es una decisión que debe adoptar cualquier institución.
Yo soy partidario de cumplirlo.
En tal sentido, debo hacer presente que el artículo 129 del Reglamento señala, entre otras cosas, que no habrá lugar al derecho a pedir segunda discusión cuando su ejercicio pueda perjudicar el despacho del asunto dentro del plazo constitucional, legal o reglamentario establecido para su resolución.
Según entiendo, señor Presidente -esto no me lo va a poner en duda, porque usted mismo me lo dijo-, el plazo de la urgencia planteada vence el 27 del mes en curso. Sabemos que la próxima es semana regional y que no hay citación para sesionar mañana.
Entonces, si uno lee de buena fe nuestro Reglamento, debiera comprender que este proyecto tendría que ser despachado hoy día, pues la urgencia con que viene calificado así lo exige. De lo contrario, las urgencias van a ser poesía. Y yo pienso que las cosas deben tener un efecto real.
Por lo tanto, le pido, en primer lugar, que no haya lugar a la segunda discusión en función de lo que establece el artículo 129 del Reglamento, por cuanto el plazo para despachar esta iniciativa está por vencer y no se ha citado para una nueva sesión.
Con respecto a la solicitud para enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, debo decir que no estoy de acuerdo.
A uno podrá gustarle o no esta iniciativa. Siempre habrá espacio para la discusión. Pero aquello lo veo más bien como una fórmula para nunca solucionar el problema.
Se trata de un tema nuevo, moderno, en que podemos tener una opinión. Eso es de lo más legítimo.
Creo que el informe está bien diseñado, y soy partidario de resolver sobre el proyecto tal como viene despachado por la Comisión de Derechos Humanos. De modo que dejo a su criterio lo relativo a la solicitud de segunda discusión para esta iniciativa, a la luz de lo que señala el artículo 129 del Reglamento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, la vida, que de alguna manera se expresa en nuestra capacidad para regalar lo más importante que tenemos, la vida misma, adquiere toda su connotación cuando un feto tiene forma.
El mortinato es un asunto que afecta a todas las familias por igual.
El 27 por ciento de los primeros embarazos de las mujeres puede terminar en una pérdida. Es así de alto el porcentaje. Por lo tanto, al dar la vida también hay un riesgo inherente de que en el proceso de gestación ese embarazo no prospere.
Para quienes les ha tocado vivir eso es muy duro. Aquí cada uno tiene sus experiencias personales y vivencias acerca de lo que significa perder a un ser que tiene vida y que no pudo nacer.
Por lo tanto, el reconocerles ese hecho a las familias es tremendamente importante por lo siguiente.
Hay que entender que esa familia dio vida, la que debe ser reconocida. Puede que esa criatura no tenga RUT, pues no alcanzó a nacer. Pero sí posee algo propio, su ADN, que lo caracteriza y lo diferencia. Por ello tiene derecho a ser sepultado en forma digna.
Porque no es un tejido orgánico que se ha de incinerar, y tampoco se puede traficar con él, que son dos prácticas en que se incurre cuando las familias no son bien informadas.
Entonces, hay que respetar la vida y lo que ocurre en su entorno, y hay que darles a las familias la posibilidad de que sea reconocida para los efectos de que dispongan de ella de la manera más adecuada.
Eso hace un Estado que respeta la vida, que da cuenta de una sociedad que está a la altura de las circunstancias.
Esta iniciativa tiene esa característica, la de permitirles a los padres cuyos hijos mueren antes de nacer a vivir su duelo en condiciones de dignidad y como familia.
Invito a Sus Señorías a reflexionar sobre este proyecto y de lo que significa, y también con respecto a la forma en que podemos sacarlo adelante.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Debo señalarle a la Sala que nos hallamos ante un inconveniente.
Hay que recordar que estamos discutiendo en general este proyecto. Se ha solicitado segunda discusión. Y tenemos un problema de interpretación respecto del artículo 129 del Reglamento.
Conforme a la urgencia con que viene calificada esta iniciativa, habría que colocarla en tabla antes del 27 del mes en curso para despacharla en general.
Entonces, habiendo una natural discusión en el sentido de que exista también un informe de la Comisión de Constitución -porque así se solicitó-, si se retira, además, la petición de segunda discusión para no vernos enfrentados a citar a sesión para el 27 -entendiendo que el artículo 129 del Reglamento ha clarificado esa situación-, se ha planteado que el proyecto pase a la mencionada Comisión en la discusión particular.
¿Habría acuerdo para ello?

El señor COLOMA.- Yo no estoy de acuerdo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, someteremos a votación que el proyecto pase en la discusión particular a la Comisión de Constitución.

La señora VON BAER.- ¿Qué vamos a votar?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución en la discusión particular.

El señor LETELIER.- Pido la palabra.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a votar afirmativamente. Sin embargo, creo que solicitarle al Ministro Secretario General de la Presidencia que a un proyecto que es relevante, en cuyo debate la mayoría de los miembros de esta Corporación no ha tenido el tiempo de ser partícipes, se le retire la urgencia, para que se ponga en tabla la primera semana de abril, a fin de que se pueda despachar, en nada afecta el ritmo legislativo, pero sí contribuye a una convivencia razonable entre nosotros.
Este no es un tema indiferente. A mí el proyecto me atrae -conozco a gente que ha sufrido mucho al respecto-, pero no creo que sea un tema que se tenga que discutir a una velocidad innecesaria.
Por consiguiente, pido -por su intermedio, señor Presidente- que el Ejecutivo retire la urgencia, la reponga la próxima semana, lo que da para despachar el proyecto del Congreso la primera quincena de abril.

El señor COLOMA.- Punto de Reglamento, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ha hecho una propuesta por parte del Senador señor Letelier.
Antes de darle la palabra al señor Ministro, puede intervenir el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo entiendo el tema, si no soy burro. Nada más trato de que se aplique el Reglamento.
Entonces, propongo -siempre se puede llegar a acuerdos unánimes- que nos comprometamos a despachar el proyecto la primera semana de abril, para que su tramitación no se extienda para siempre. Y, acordado eso, votaremos si la iniciativa va o no a la Comisión de Constitución, que es un tema distinto, porque el acuerdo se puede dar igual, yendo o no a esa Comisión.
Si le parece, señor Presidente, se puede adoptar ese acuerdo unánime. Como los acuerdos unánimes pueden modificar el Reglamento, no tengo problema en dar ese espacio para que la iniciativa se despache en el mes de abril, sin perjuicio de lo cual la mayoría dirá si el proyecto se envía o no a la Comisión de Constitución, que es un tema de segunda naturaleza.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perfecto.
Se ha hecho una propuesta. La idea es pronunciarse respecto de lo planteado por el Senador señor Coloma.
Le daré la palabra al Senador señor Huenchumilla, para luego escuchar al señor Ministro.

El señor COLOMA.- ¡Que el proyecto se despache la primera semana de abril!

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, el Senador Coloma tiene razón en relación con el artículo 129 del Reglamento. Pero como este es un tema que estamos viendo recién, que es bastante importante, delicado, que tiene sus aristas, creo que lo más prudente es que lo dejemos para abril, por unanimidad. De esta manera, zanjamos la situación.
Ya veremos si después el proyecto pasa a la Comisión de Constitución -eso es otra cosa-. Pero dejémoslo para abril. A mi juicio, esa sería una solución. Pido que se recabe la unanimidad para ello, de acuerdo con lo que dice el Senador Coloma.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo acerca de lo planteado por el Senador señor Huenchumilla?

La señora PROVOSTE.- Sí.

La señora ARAVENA.- Sí.

El señor INSULZA.- Sí.

El señor COLOMA.- Y se despacha en abril.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, el proyecto se vería en abril; se tendría que retirar la urgencia por parte del Ejecutivo, y votaríamos en esa oportunidad si se envía o no a la Comisión de Constitución, con lo que quedaría sin efecto la votación que estaba en curso.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.

Agradezco a los Senadores señores Coloma y Huenchumilla por su ilustración.



ESTATUTO LABORAL PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.996-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 33ª, en 17 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- El objetivo principal del proyecto es incorporar al Código del Trabajo, mediante un capítulo nuevo, el contrato especial y alternativo con estudiantes trabajadores que, habiendo acreditado la calidad de alumno regular o en vías de titulación en una institución de educación superior, técnica o de nivelación de estudios, tengan entre 18 y 28 años de edad, inclusive.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor (Senadora señora Goic y Senadores señores Allamand y Durana) y 2 abstenciones (Senadora señora Muñoz y Senador señor Letelier).
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 65 a 69 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe para un punto de Reglamento.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, le solicito a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para fusionar el proyecto que sanciona penalmente a los mayores de edad que inciten a delinquir a niños, niñas y adolescentes o participen con estos en la comisión de delitos (boletín N° 11.966-07) con la iniciativa que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (boletín N° 11.958-07), que aprobamos ayer en general en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic, también para un punto de Reglamento.

La señora GOIC.- Señor Presidente, solicito que se amplíe el plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer. Podría ser una semana más.
Ustedes conocieron ayer la plataforma. En verdad, nos ha costado instalarla. En su momento, les traeré una evaluación respecto de cómo está.
El plazo vence el 1 de abril. Pero me parece que vale la pena dar un espacio mayor para una iniciativa así.

La señora RINCÓN.- Totalmente de acuerdo.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Cuál sería el plazo?

La señora GOIC.- Se fijó hasta el 1 de abril. Se podría extender por una semana más.

La señora RINCÓN.- Una semana, por lo menos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se ampliará el plazo hasta el lunes 8 de abril, a las 12.
Acordado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión en general el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, el texto que hoy día conoce la Sala es el que despachó la Cámara de Diputados, el que, a su vez, se originó en el mensaje que el año 2013 fue presentado por el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Como ya se mencionó, su objetivo principal es agregar un capítulo al Código del Trabajo para regular un nuevo contrato especial con estudiantes trabajadores que tengan entre 18 y 28 años de edad y que se encuentren cursando estudios regulares o en vías de titulación en alguna institución de educación superior universitaria o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios.
Cabe destacar que se excepcionan del rango superior de edad (28 años) aquellos estudiantes con discapacidad, conforme a lo dispuesto en la ley N° 21.015, que incentiva la inclusión en el mundo laboral de personas con discapacidad.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social escuchó a veinte representantes de entidades estudiantiles, de organizaciones sindicales, de asociaciones de funcionarios públicos, de instituciones académicas, de la Organización Internacional del Trabajo y de entidades privadas que se dedican a intermediar para emplear a jóvenes estudiantes.
De las personas recibidas se escucharon opiniones a favor y en contra.
Los invitados que se mostraron favorables a la iniciativa de ley manifestaron la necesidad de promover el ingreso de los estudiantes al mundo del trabajo y celebraron que se consigne una evaluación anual durante los primeros tres años de vigencia de la normativa por parte del Consejo Superior Laboral y que se facilite la compatibilización entre trabajo y estudio al permitir la discontinuidad de la jornada laboral.
Los invitados que opinaron en forma contraria al proyecto de ley, en los términos en que fue aprobado por la Cámara de Diputados, señalaron las siguientes observaciones:
1. La interrupción de la jornada en varias partes atenta contra la capacidad de estudio y el descanso de los jóvenes. La redacción del artículo 152 quáter D posibilitaría que el estudiante trabajador esté a disposición del empleador las 24 horas del día.
2. Vulneración de los descansos dominicales.
3. La cotización opcional de salud les impediría contar con licencia médica y, en el caso de las mujeres, además afectaría el pre y el posnatal.
4. Desigualdad al concederles gratuidad a los estudiantes que se acojan al contrato y no a otros estudiantes.
5. Con este contrato se provocaría el reemplazo de los trabajadores contratados por jornada completa.
6. Los jóvenes no tienen capacidad de negociación para discutir sus condiciones de trabajo.
7. El plazo que se fija para certificar la acreditación de la calidad de estudiante (120 días, que se pueden extender) va a posibilitar un fraude contractual porque trabajadores que no son estudiantes van a laborar en forma precaria, lo que redundará en mayor rentabilidad para los empleadores a costa de esos trabajadores.
8. El proyecto de ley solo buscaría crear mano de obra barata juvenil para los grandes centros comerciales.
Señor Presidente, el texto de la iniciativa que los colegas tienen a la vista agrega un capítulo nuevo al Código del Trabajo conformado por siete artículos dedicados a regular el contrato especial. Su discusión en particular va a cobrar gran relevancia tanto para los parlamentarios como para el Ejecutivo, con la finalidad de ajustar la legislación vigente a la necesidad de conciliar el trabajo de los jóvenes estudiantes y las actividades académicas.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, solicito segunda discusión respecto de este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, nos hallamos en la misma situación anterior, pues la iniciativa está con urgencia "suma".

El señor ALLAMAND.- No, con urgencia "simple", señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- La Secretaría me informa algo distinto.
¿Con qué urgencia está calificado el proyecto, señora Secretaria?

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Hasta el minuto, la iniciativa tiene urgencia "suma".

El señor ALLAMAND.- Ya viene el cambio de urgencia, señor Presidente. Así que, en ánimo de la buena fe, le solicito esperar algunos minutos, porque el Ejecutivo va a cambiarla.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Mientras tanto, le ofrezco la palabra a la Senadora señora Aravena, quien está inscrita.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, dada la situación que se está planteando, prefiero abstenerme y opinar cuando se dé la discusión.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que el Gobierno le ha puesto urgencia a esta iniciativa. Pero, con o sin urgencia, es bueno plantear este debate. Y si no se quiere votar ahora, dejamos para después la votación.
Hay un debate que es bueno explicitar.
La voluntad mayoritaria del Senado es que no exista un estatuto. Y tengo la convicción de que eso es lo que va a ocurrir al final del día en la discusión de esta iniciativa.
Esta temática es bastante más amplia que la situación de los estudiantes de educación superior y se relaciona con los ninis, aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian, y que tienen un tremendo problema de acceso al campo laboral. Ello debe ser una preocupación -y lo es- de todos los miembros de la Comisión de Trabajo.
En lo que respecta a su contenido, el proyecto aborda una materia más bien vinculada a la jornada de trabajo parcial. Y es ahí donde por lo menos el Ministro del Trabajo -entiendo que no está aquí porque pensaba que la iniciativa se vería la próxima semana- tiene un compromiso y entiende que el estatuto no va y que habrá más bien una propuesta para incluir materias del proyecto original en el Código del Trabajo, en el marco del trabajo de tiempo parcial.
En ese contexto vamos a discutir varios de los temas que indicó la Presidenta de la Comisión, Senadora Muñoz.
Todos estamos a favor y queremos garantizar que un joven que estudia en un centro de formación técnica, en un instituto, en una universidad no pierda el beneficio de la gratuidad por el hecho de trabajar. Eso lo apoyamos y lo vamos a aprobar.
A todos nos parece razonable que un joven que está en una transición hacia su autonomía económica -pero que no la tiene-, que es parte de un grupo familiar, que es dependiente en varios sentidos, por ejemplo, de los programas de salud del grupo familiar, pueda mantenerse en él, si le conviene. Y tendremos que analizar los mecanismos para que ese joven que trabaja y estudia cuente con otra cobertura importante en seguridad social, que no surja solo de la cotización del 7 por ciento para salud. Y eso lo vamos a resolver; no tengo la menor duda.
Sin embargo, señor Presidente, tenemos un debate sustantivo en lo relativo a la división de la jornada.
Otro tema que planteó la Senadora Muñoz se refiere a los plazos para la entrega de documentos. Creo que la mayoría de la Comisión está a favor de que los plazos sean más rigurosos, breves, mediatos. Para poder ser contratado, tiene que demostrar que es estudiante de inmediato. Si no es capaz de hacerlo, lo podrán contratar cuando tenga los papeles, antes no.
De la misma forma, habrá que analizar hasta qué edad abarca esta iniciativa. El proyecto original decía hasta los 24 años, y la Cámara de Diputados lo extendió hasta los 29. Eso se podrá ver. Mi opinión particular y la de otros es que resulta mejor reducir, acotar ese rango etario.
En cuanto al descanso dominical vamos a tener un problema, porque si este se incluye en la jornada de trabajo parcial, el primer límite que existe dice relación con cuántas horas a la semana se puede laborar. Pero el descanso dominical no está incluido allí, sino en la parte correspondiente al contrato de trabajo indefinido. Es un tema que se tendrá que evaluar en su mérito.
Como ya lo había adelantado, el principal problema es la división de la jornada, señor Presidente, ¡la división de la jornada!
¿Este proyecto va a permitir que jóvenes que estudian puedan trabajar sin perder ciertos derechos sociales? Es decir, ¿esta será una normativa inspirada esencialmente en apoyar al joven que estudia o va a incluir mecanismos de flexibilización del mercado laboral a tal punto que produzca la sustitución de trabajadores permanentes, los que serán reemplazados por estudiantes que van a estar particularmente en el retail laborando tres horas en la mañana y tres en la tarde, en horario punta? Así terminamos facilitando una adecuación a la industria más que incentivando a que esos jóvenes trabajen.
Sé que hay dos lados de la moneda en este debate. Pero, por lo mismo, es preciso ser cautelosos para ver cuál sería el impacto que puede provocar en materia de reemplazo. Para algunos de nosotros este se produce porque hay división en la jornada, y es algo que hemos planteado. Por eso no votamos a favor de la idea de legislar, pues tenemos nuestras dudas en este punto en particular. En cuanto a los otros aspectos, confiamos en que se pueden realizar modificaciones.
Algunos dirán: "El empleador igual puede hacerlo. En vez de contratar a un joven para que trabaje en la mañana y en la tarde, va a contratar a dos jóvenes y uno trabajará en la mañana y el otro, en la tarde". Y puede ser, señor Presidente, ¡puede ser!
Lo importante son los cambios que se están observando en el mercado laboral. Este es un debate respecto del cual en el Parlamento estamos medio retrasados. Con los procesos de robotización, con el uso de las plataformas, la realidad del mercado del trabajo está cambiando mucho.
Por tanto, debemos ser lo más responsables posible al momento de discutir este tema.
Por último, señor Presidente, no puedo dejar de formular una pregunta.
¿Qué pasa con esa persona que es trabajadora, que se casó, que no pudo estudiar cuando era joven y que ahora desea hacerlo, pero que no va a tener gratuidad porque trabaja y el Registro Social de Hogares lo dejará fuera del beneficio? Aquí vamos a potenciar que personas en cierta etapa de sus vidas puedan trabajar sin que ello tenga impacto en ese Registro, por lo que contarán con gratuidad en la educación superior, mientras que otras personas no accederán a ese beneficio.
Ese es un tema que quizás no tiene que ver con incentivar a que jóvenes que estudian trabajen, o con facilitarles la posibilidad de que lo hagan, pero sí con cuánto capital humano es el que queremos preparar en nuestro país para impulsar el desarrollo.
Quizás tenemos que combinar en esta iniciativa dicha reflexión, que también es importante.
Ahora bien, tal como se halla el proyecto, en tanto se llame "estatuto", en tanto no estén las indicaciones -y esta es la inquietud de fondo- y en tanto no se encuentre presente el Ministro, para algunos de nosotros es imposible votarlo a favor.
Si se habla de un estatuto en los términos en que está planteado, con división de jornada, es decir, si esa es la idea matriz, tenemos dificultad para apoyar la iniciativa. En cambio, si el proyecto se orienta a lo que se conversó en la Comisión, en el sentido de que no habrá estatuto y que todo irá al Código del Trabajo, al contrato de tiempo parcial, la votación sería distinta.
Por ello, señor Presidente, respaldo la petición del Senador Allamand, que pueda estar el Ministro aquí presente y que quizás incluso anuncie que la primera indicación le cambiará el título al proyecto de ley, para que no se genere ninguna confusión.
¡Un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior no va a haber! Lo que habrá serán adecuaciones al Código del Trabajo, al contrato de tiempo parcial, para asegurar que los jóvenes puedan tener ciertos derechos sociales que no perderán por el hecho de estar trabajando para mantenerse.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ha llegado el oficio del Ejecutivo que cambia la urgencia del proyecto.
Había solicitado la palabra la Senadora señora Goic.
Luego de escucharla, pasaremos al próximo proyecto de la tabla.
Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora GOIC.- Señor Presidente, seré muy breve.
Le agradezco la posibilidad de hacer uso de la palabra, porque no puedo compartir más la necesidad de que se lleve a cabo una segunda discusión que nos permita contar con la presencia del Ministro del ramo, quien nos acompañó hoy día en la mañana en la sesión de la Comisión y con quien sostuvimos un extenso debate sobre la iniciativa que nos ocupa.
Por ello, a mí me parece fundamental, tal como se ha manifestado acá, la voz del Ejecutivo para garantizar el ánimo con el que seguiremos discutiendo el proyecto.
Yo voté a favor de la idea de legislar en la Comisión y quiero tener acá la posibilidad de señalar brevemente el porqué.
Creo que si hay algo valioso en esta iniciativa es que deja de castigar a los jóvenes que estudian y trabajan en cuanto a los ingresos que generan y les permite la posibilidad de seguir estudiando.
Muchos jóvenes hoy día lo que hacen es trabajar "en negro" -como se dice coloquialmente-, pues, de lo contrario, pueden perder sus becas, pueden perder la gratuidad o pueden perder beneficios, porque aumentan sus puntajes y cambia el indicador de ingresos en el Registro Social de Hogares.
Por ende, algo que debiese ser premiado, no solo por el esfuerzo de salir adelante sino también como una alternativa para generar habilidades y destrezas que sirven para el trabajo, finalmente es castigado.
En seguida, confío en que la esencia del proyecto no será un estatuto laboral -se ha señalado ya que esta iniciativa va a cambiar su nombre y tiene que hacerlo-, pues la propuesta que hicimos desde el día uno fue que estas garantías deben estar dentro de nuestro Código del Trabajo, de nuestra actual legislación. Sin hacer ningún estatuto especial, se trata de establecer ciertas normas que se hagan cargo de la situación de los jóvenes que hoy día trabajan, para favorecer su inclusión laboral en un mundo que es cambiante, dentro del cual deberíamos tender a la educación dual y a procesos de formación permanentes que acompañen la vida del trabajador.
Eso me parece fundamental y allí radica la decisión de por qué debiéramos votar a favor del proyecto.
De otro lado, pienso que hay un tema del cual tenemos que hacernos cargo. Al contrario de como se había planteado inicialmente en el texto que se discutió en la Cámara de Diputados, esto no implica una precarización sino, al revés, resguardos.
Por eso quiero destacar -y ello quedó consignado en la Comisión del Trabajo- la solución que encontramos para la afiliación en el caso de aquellos jóvenes que están adscritos a seguros de salud privados.
Pienso que esa es una fórmula que se va a asentar en nuestra legislación a través de las indicaciones que se comprometió a presentar el Gobierno: la figura del joven cotizante (la carga cotizante) que aporta al plan familiar, en el caso de las isapres, y que también tiene derecho a licencias.
En consecuencia, me parece fundamental que el Ministro del Trabajo pueda señalar dichos aspectos en la Sala para que, después de la votación en particular, queden incorporados.
Hay otros detalles -no viene al caso referirse a ellos ahora- que también serán objeto de debate.
Sin embargo, a mí me parece que la idea matriz sobre la cual tenemos que avanzar en la discusión particular es el beneficio para los jóvenes que estudian y trabajan en nuestro país.
Creo que sobre ese tema tendría que avanzar la discusión.
Y eso no implica más que hacernos cargo de las observaciones que formularon muchas de las personas, muchas de las organizaciones, muchos representantes de los trabajadores que estuvieron en la discusión general del proyecto.
Solo quería plantear estos argumentos para justificar lo que será después mi voto favorable a la idea de legislar.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muy bien.
Dado que se solicitó segunda discusión, pasaremos al próximo punto de la tabla.

--El proyecto queda para segunda discusión.




FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde discutir en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, con informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.234-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 66ª, en 13 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- El principal objetivo del proyecto es introducir cambios al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) en cuanto a su organización y funcionamiento, de modo que sea integrado y funcional, con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad, fundamentalmente en lo que dice relación con la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar de la ciudadanía.
Los diversos actores deberán actuar preventiva, eficiente y coordinadamente ante amenazas externas e internas, y proveer información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que enfrenten.
Las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, discutieron el proyecto solamente en general y aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Allamand, Araya, Bianchi, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Pérez Varela y Pugh).
Cabe tener presente que las Comisiones unidas consignan que la letra d) del numeral 3); el numeral 4); el numeral 7), y la letra b) del numeral 10), todos del artículo único del proyecto, tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
Por su parte, la letra a) del número 6) y el numeral 18) son de quorum calificado y requieren 22 votos favorables para ser aprobados.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 44 a 51 del primer informe de las Comisiones unidas y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señora Secretaria.
En discusión general el proyecto.

Senador señor Allamand, ¿usted desea informar el proyecto?

El señor ALLAMAND.- No intervendré, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pedimos segunda discusión, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perfecto.
Como se ha solicitado segunda discusión y no tiene urgencia,...

El señor LETELIER.- Mejor aplace la votación, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ... pasaremos al próximo proyecto.

El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, lo único que quiero pedir es que se informe el proyecto.
Más que una segunda discusión, entiendo que la idea es aplazar la votación.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Está el informe de las Comisiones y el Senador señor García-Huidobro solicitó segunda discusión.
No sé qué les parece a Sus Señorías la proposición del Senador Coloma.
Me señalan que está el informe de la Comisión de Defensa. Se podría dar cuenta de él, sin perjuicio del tiempo que nos queda de sesión.

El señor ALLAMAND.- Mejor que quede para segunda discusión, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muy bien.
Entonces, continuaremos con el siguiente proyecto de la tabla.

--El proyecto queda para segunda discusión.




PRECISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE DE DESECHOS


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde proceder a la votación particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.139-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Navarro, García-Huidobro y Letelier):
En primer trámite: sesión 57ª, en 9 de octubre de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 83ª, en 2 de enero de 2019.
Discusión:
Sesiones 66ª, en 13 de noviembre de 2018 (se aprueba en general); 3ª, en 19 de marzo de 2019 (queda pendiente la discusión en particular).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Cabe recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señora Secretaria.
En la discusión particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en el día de ayer dio cuenta de este proyecto el Presidente de la Comisión y hubo varias intervenciones sobre la materia.
Por lo tanto, lo que falta es solo votar las modificaciones respectivas.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, habría que votar sin debate las enmiendas que fueron acogidas unánimemente en la Comisión.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Así es.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Todas fueron aprobadas unánimemente por la Comisión, señora Secretaria?

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muy bien.
En votación las enmiendas acogidas por unanimidad en la Comisión.
Solicito que se hagan sonar los timbres para que vuelvan los Senadores que están fuera del Hemiciclo.
Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas unánimes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones (16 votos a favor), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Aravena y Van Rysselberghe y los señores Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Prohens y Pugh.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.




TIPIFICACIÓN EN CÓDIGO PENAL DE DELITO DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, con segundo informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.606-07 y 9.936-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 10ª, en 13 de abril de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género: sesión 62ª, en 23 de octubre de 2018.
Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género (segundo): sesión 1ª, en 12 de marzo de 2019.
Discusión:
Sesión 63ª, en 24 de octubre de 2018 (se aprueba en general).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 24 de octubre de 2018.
La Comisión Especial deja constancia en su informe, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión Especial efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.

Vamos a votar sin debate las enmiendas de la Comisión Especial...

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿alguien podría informar el proyecto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, efectivamente, las modificaciones que se incorporaron a la iniciativa fueron aprobadas en forma unánime.
Esta propuesta legislativa viene a hacerse cargo de un tema bien complejo: el acoso sexual en espacios públicos, que tiene un porcentaje bastante alto a nivel nacional. La idea es pedirles a los Senadores presentes que contribuyan con su voto favorable, porque es una temática muy compleja.
Esto lo hemos trabajado con el Ejecutivo.
Quiero aclarar un punto que es bien importante.
En la redacción del texto, hemos podido aportar en dar mayor objetividad a la penalización en caso de que el delito constituya pena de cárcel y se diferencie de lo que son las faltas menos graves, que implican otro tipo de sanciones.
Lamentablemente, no tengo el detalle del proyecto en estos momentos, porque no teníamos la seguridad de que se viera hoy y la Presidenta no se encuentra ahora en la Sala.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, tal como lo ha señalado la Senadora Aravena, para nosotras también ha sido importante ser miembros de esta primera Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, que preside la Senadora Muñoz.
Nuestro propósito es que la legislación vaya avanzando con la celeridad que hoy día se requiere y con la fuerza que han puesto en esto los movimientos feministas de nuestro país.
Aprovecho de agradecer al Observatorio contra el Acoso Callejero, que fue el que nos planteó la necesidad de avanzar y tipificar una conducta que es absolutamente indeseada en nuestra sociedad, que se comenzó a naturalizar y a entender como parte de la forma de relacionarse en la calle.
Nos lo plantearon y, junto a un grupo de Diputadas en ese tiempo, presentamos esta iniciativa, que se encuentra ya en su segundo trámite y que esperamos sea prontamente ley de la república.
La semana pasada me reuní con el Jefe de Zona de Carabineros y acordamos generar talleres para que los agentes policiales puedan conocer en detalle esta legislación, con el propósito de garantizar que el espíritu que se ha tenido en este proyecto, que será pronto ley de la república, sea cumplido, sea conocido y se establezcan también los mecanismos de apoyo, de resguardo para que todas nuestras niñas y mujeres en Chile puedan caminar por las calles sin correr el riesgo de ser acosadas, hostigadas; de tener que recibir comentarios indeseados por su forma de vestir o de ser objeto de grabaciones sin su consentimiento.
Hoy día todo eso se encuentra tipificado en este proyecto de ley, que considera penas de cárcel y serias sanciones económicas.
Chile debe avanzar en esta materia porque entendemos que los cambios culturales son lentos y, mientras no se produzcan, la legislación tiene que ser capaz de proteger a quienes hoy día son víctimas de esta situación, que son mayoritariamente nuestras niñas y mujeres.
Por lo tanto, esta propuesta se enmarca en el propósito que el Parlamento, y particularmente este Senado, llevan adelante: revitalizar y agilizar una agenda de género que sintonice con la demanda ciudadana y nos permita enfrentar de manera seria, con sanciones, a aquellos que no entienden que las calles son para todos y todas. Por lo tanto, vestirse de una determinada forma no puede ser objeto de un hostigamiento, de un acoso.
Una iniciativa como esta lo que busca, sobre todo, es apoyar y proteger a nuestra niñas y mujeres en el espacio público.
Desde la Comisión Especial queremos solicitar, tal como lo ha señalado la Senadora Aravena -y sin duda nuestra Presidenta se va a referir a ello en detalle-, la aprobación unánime de esta iniciativa y pedirle al Ejecutivo no solo que promulgue la ley con rapidez, sino también que se abran muchísimos espacios para capacitar a los distintos agentes del Estado, de manera que conozcan esta legislación, para que podamos generar una forma distinta de relacionarnos en nuestros espacios públicos.
Voy a votar a favor.
¿Podría abrir la votación, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ha solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación particular el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en primer término, me parece positivo que comencemos a discutir todas aquellas materias que se relacionan con la violencia contra el otro en nuestro país, violencia que tiene una connotación de poder, muchas veces de carácter sexual.
Voy a hacer un comentario formal.
Creo que este proyecto es muy relevante. Sin embargo, sería importante que nos pudieran precisar algunos conceptos, porque aquí estamos avanzando en la tipificación de delitos.
Por ejemplo, cuando en el artículo 161-C se plantea que se castigará con una cierta pena "al que" -"o a la que": debería ser neutro en materia de género- "en lugares públicos o de libre acceso al público y que por cualquier medio capte, grabe, filme, o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo", me pregunto cómo se va a compatibilizar esto con el acoso cibernético.
Porque esta medida se refiere a quien filma, capte, o grabe; eso está bien. Pero, ¿qué sucede con la persona que tenía una foto íntima de alguien y la divulgó? No me queda claro que esa situación esté incluida.
Por eso hago la consulta, señor Presidente, porque el texto señala "capte, grabe, filme, o fotografíe": cualquier tipo de registro. No se encuentra incluido el delito de la divulgación de la misma forma. Por ende, me preocupa.
Hace poco celebramos el Día contra el Ciberacoso y creo que sería prudente asegurar que esté incluido ese delito. Espero que puedan aclararme el punto.
Entiendo que hay otras normas legales que agravan la pena cuando se actúa contra un menor. Tengo una confusión por la forma en que se halla redactada la norma. En la página 6 del boletín comparado se propone agregar un inciso tercero al artículo 366 del Código Penal. En dicha norma se plantea aplicar una pena más alta cuando la persona sea mayor de cierta edad, en vez de especificar, como ha sido la tradición legislativa hasta ahora, cuando la víctima sea menor de edad.
Pero voy al tema que constituye una de las partes fundamentales del proyecto: el artículo 494 ter -reitero que soy muy partidario de esta propuesta legislativa-, donde se plantea una definición de acoso sexual.
Entiendo que en otras iniciativas vamos a analizar el acoso sexual en el trabajo, en las universidades, en los establecimientos educacionales. Eso lo veremos después. El presente proyecto solo hace mención al acoso sexual en espacios públicos, aunque los colegios corresponden también a ese tipo de espacios. Quiero dejar manifestado ese punto únicamente como una inquietud.
Pues bien, dentro de las especificaciones del acoso sexual -y les pido a los integrantes de la Comisión que lo expliquen-, en el numeral 1 se mencionan los "actos de carácter verbal". ¿Cuál es el alcance final de tal precepto? Yo soy partidario de que lo establecido sea estricto, por cierto. Y aquí se incluye una segunda dimensión.
Las conductas que se mencionan en el numeral 2 me resultan obvias. Pero solicito que nos precisen a qué se refieren con los "actos de carácter verbal", considerando que debe ser una conducta de "significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante".
¿Qué pasaría si no fuera humillante u hostil?
Mis dudas recaen en los verbos rectores aquí. Deseo saber si se han quedado cortos o no.
Por último, en la Ley de Violencia Intrafamiliar se establecen multas contra quienes cometen actos de violencia contra una mujer o una persona de otro género. Y los dineros de esas multas van en favor de los gobiernos regionales y se destinan a financiar centros de acogida. En la presente iniciativa no se procede de igual modo.
En todo caso, no sé si el mecanismo mencionado funciona o no. Esa es otra discusión.
Si bien se fijan multas, no se precisa el destino ni quién se hará cargo de los dineros recaudados. Considero que ahí hay un tema por abordar. Quizá los miembros de la Comisión puedan explicarnos cómo se enfocó ese aspecto.
Mucha gente especialista en materia de género lo plantea como una cuestión relevante, en el sentido de que el pago de las multas debe ser muy fuerte.
Tampoco veo en el proyecto -no sé si se rige por la regla general- alguna disposición para sancionar a quien sea contumaz; vale decir, que repite la conducta. Algunos somos partidarios, en el caso de quienes violentan a otra persona físicamente de manera contumaz, reiterativa, de que se estudie la posibilidad de ponerles un brazalete para que no se acerquen más a la víctima cuando hay medidas precautorias. El 60 por ciento de los femicidios son cometidos por quienes están con medidas de prohibición para acercarse a la víctima.
Ahí tenemos temas pendientes.
Además, no sé cómo está abordada la reincidencia en la iniciativa.
Señor Presidente, voy a votar a favor de las normas propuestas, pero con la inquietud de que quizá estemos despachando un proyecto incompleto.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la aprobación de esta iniciativa constituye un hito muy relevante a efectos de dar la señal de que ciertas conductas, que por desgracia tienden a naturalizarse o a considerarse como admisibles, son francamente inaceptables en nuestra sociedad y de tal envergadura que merecen una sanción penal, ya sea por los delitos o las faltas que aquí se tipifican.
Ojalá esa señal permita generar una convivencia adecuada en los espacios públicos, al erradicar ese tipo de actos, y promover, por tanto, un profundo cambio cultural.
Respecto de las aprensiones que ha manifestado el Senador Letelier, efectivamente en la Comisión se debatió el tema de si era necesario abordar otras figuras, más allá de lo relacionado con el acoso callejero. Pues bien, resulta necesario precisar que este proyecto solo se refiere al acoso sexual en espacios públicos.
Otras iniciativas, que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, establecen sanciones y tipifican conductas cometidas en espacios íntimos, donde se graba a la víctima sin su autorización o se la graba con autorización y luego se divulgan las imágenes sin consentimiento.
Por cierto, en la presente propuesta legislativa se halla sancionada la hipótesis de la grabación en un espacio público y su difusión. Pero se tomó la decisión de acotar el proyecto al acoso sexual callejero, porque, en caso contrario, habría demorado mucho su tramitación y habríamos tenido que incorporar una serie de otras figuras que hoy día se contemplan en diversas iniciativas de ley que están siendo conocidas y tramitadas en este Congreso Nacional.
Creo que es muy importante dar una señal política en esta materia, al margen de la aprobación específica de las normas en particular. Y una muy buena señal política sería aprobar el proyecto por unanimidad.
Por cierto, tal como lo hice en la Comisión, voy a votar a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, la iniciativa de ley que hoy discutimos en particular y que busca la creación de tipos penales que sancionen el acoso sexual en espacios públicos incorpora indicaciones que formularon algunos Senadores y el suscrito al texto aprobado en general.
De esta forma, se crea, a través de la incorporación de un artículo 161-C del Código Penal, la sanción para el que a través de cualquier registro audiovisual capture imágenes de genitales u otra parte íntima del cuerpo con fines de significación sexual. La norma considera una sanción mayor para quien difunda esas imágenes y las agrava aún más cuando quien las graba es la misma persona que las difunde.
Lamentablemente, la Comisión no aprobó que esa sanción sea aún más grave en el caso de que la grabación o difusión de imágenes sea realizada con fines lucrativos.
Sin embargo, la creación de un tipo autónomo para este tipo de conductas constituye un avance que se enmarca en una adecuada política criminal.
Por su parte, el proyecto de ley incorpora una enmienda al artículo 366 del Código Penal para sancionar cualquier conducta sorpresiva u otra maniobra que contenga connotación sexual y que sea realizada sin consentimiento de la víctima mayor de catorce años.
Además, se agrega un artículo 494 ter, nuevo, mediante el cual se consideran elementos fundamentales de sanción los "actos de significación sexual" que sean capaces, en términos objetivos, de causar temor o sean manifiestamente hostiles o humillantes.
Asimismo, se sancionan los actos de carácter verbal o ejecutados a través de gestos y las conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, el exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito.
De esta forma las víctimas se verán efectivamente protegidas por el sistema normativo y tanto jueces como fiscales dispondrán de eficaces herramientas para castigar a quienes incurran en ese tipo de conductas.
Las disposiciones pertinentes forman parte de una política criminal que se hace cargo de aquellas situaciones que ocurren a diario en la más completa impunidad.
Por ello, manifiesto mi aprobación a los tres artículos propuestos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, como lo señalaron las Senadoras Provoste y Aravena al inicio de esta discusión particular, en la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas relacionadas con la mujer y la igualdad de género dedicamos siete sesiones a analizar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Por cierto, introdujimos modificaciones en tres sentidos bien importantes al texto despachado por las diputadas y los diputados.
A modo de introducción, quiero decir, de acuerdo con la intervención que hizo el Senador Letelier, que este proyecto no se hace cargo de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres. Esta iniciativa es muy específica: se refiere a los casos de violencia en los espacios públicos, al acoso sexual callejero; es decir, cuando una mujer se desplaza por la calle y recibe todo tipo de expresiones de violencia, ya sean verbales, físicas o a través de grabaciones y la difusión de estas.
Hay varios tipos de violencia que viven las mujeres. Uno de ellos es el acoso sexual.
Considero importante que en nuestra Comisión abordemos las conductas que denominamos "acoso sexual institucional", que es el que ocurre o en el Parlamento o en los órganos de gobierno o en las Fuerzas Armadas o en los establecimientos educacionales. Existe una iniciativa en esa materia que también empezaremos a tramitar en la Comisión.
Además, se requiere una ley más integral. Por eso estamos analizando un proyecto que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahí abordaremos integralmente todas las formas de violencia contra la mujer.
Algunas de ellas son la violencia física, psicológica y sexual, el acoso sexual (sea institucional o callejero) y el ciberacoso, que no lo hemos tipificado en la presente iniciativa.
Con la Senadora Provoste, planteamos esta última materia al Fiscal Nacional en una reunión. Empezaremos a trabajar en la Comisión Especial sobre mujer e igualdad de género, a partir de abril y con la presencia del señor Fiscal, una forma de abordar ese nuevo tipo de violencia contra las mujeres.
Pero, insisto, la iniciativa en estudio se acota solamente al espacio público.
Se propone establecer un sistema sancionatorio en dos niveles: el penal, con cárcel, y el de las faltas, con multas.
Me referiré a las tres modificaciones que introdujimos en la Comisión al texto aprobado por la Cámara de Diputados.
La primera es la incorporación, en el párrafo "De los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia" (Código Penal), de un artículo 161-C, que busca castigar con presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 541 días) y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales (de 241.765 a 483.530 pesos), "al que en lugares públicos o de libre acceso al público y que por cualquier medio capte, grabe, filme, o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento.".
A quien difunda tales imágenes o registros se le sancionará también con presidio menor en su grado mínimo, pero con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales (de 483.530 a 967.060 pesos).
Si el que perpetra los actos de obtención y divulgación de imágenes es la misma persona, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años) y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales (de 967.060 a 1.450.590 pesos).
Otra modificación que hicimos a la propuesta de la Cámara de Diputados se refiere al párrafo "Del estupro y otros delitos sexuales", al que se agrega un inciso tercero al artículo 366, relacionado con el delito de abuso sexual distinto al acceso carnal, para contemplar un tipo específico de abuso consistente en el empleo de sorpresa u otra maniobra que no suponga el consentimiento de la víctima mayor de catorce años.
Esta enmienda viene a resolver una serie de problemas interpretativos respecto de una acción sexual que se verifica por sorpresa y sin consentimiento de la víctima.
La sanción que se establece en este caso es presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es, de 61 días a 3 años.
La tercera modificación se refiere al LIBRO TERCERO, TÍTULO PRIMERO DE LAS FALTAS, del Código Penal. En dicha norma, la Comisión Especial sobre mujer e igualdad de género introdujo el artículo 494 ter, que define el acoso sexual como aquel que se realiza en lugares públicos o de libre acceso público, sin mediar el consentimiento de la víctima, y que consiste en un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante.
Dicha acción -lo precisamos- puede consistir:
-En actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos, lo que quedará sujeto a la imposición de una multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales (de 48.353 a 145.059 pesos).
-En conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, o en actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. En cualquiera de estos casos se impondrá la pena de prisión en su grado medio a máximo (de 21 a 60 días) y una multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales (de 241.765 a 483.530 pesos).
Los miembros de la Comisión, Senadoras Aravena, Provoste, Von Baer y quien habla y el Senador Elizalde (en reemplazo de la Senadora Allende), aprobamos las enmiendas referidas de forma unánime.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todas las iniciativas que persigan la protección de la dignidad de las personas y, particularmente, de las mujeres siempre son bienvenidas.
Pero a veces resulta complejo sacarlas adelante, porque en este tipo de proyectos de ley siempre hay detractores, por una parte, y gente que apoya, por otra.
Recuerdo cuando en la Cámara de Diputados nos tocó debatir sobre el acoso sexual laboral. Aquello pasó hace más de veinte años. Un sector de los parlamentarios puso un conjunto de objeciones al modo probatorio de dicho acoso.
Se debatió durante mucho tiempo, unos seis años -entonces la Senadora Adriana Muñoz era parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja-, y connotados Diputados daban una serie de argumentos en torno a por qué aquella iniciativa -sobre acoso sexual laboral- podía convertirse en un mecanismo que trajera más problemas en las relaciones de trabajo y se prestara para abusos.
En aquella discusión surgió un elemento esencial, que es la razón por la cual también votaré a favor en esta oportunidad: una ley es un disuasivo. Se debe buscar que la conducta no se produzca. Al haber una legislación sobre acoso sexual laboral, donde se tipifican delitos y se consagran el mecanismo de denuncia y las penas respectivas, cualquier acoso de jefe a subalterno, o de trabajador a trabajador, podrá ser denunciado de la forma que se ha establecido.
¡Y eso es un acto disuasivo!
Creo que la mencionada ley fue de enorme utilidad para disminuir ese tipo de acciones, que antes quedaban impunes. Es cierto que ahí no quedaron incluidas las universidades y otros espacios, donde ha habido situaciones que se han dado a conocer en el último tiempo.
Pero se reguló la materia, para que no se produjeran abusos y estuviera definido no solo el tipo penal, sino también el procedimiento para hacer la denuncia y calificar la conducta.
Con relación al proyecto en análisis, establece multas que irán, en promedio, desde 250 mil a 500 mil pesos. Hoy día la UTM está en 48.358 pesos.
Y las penas van de 61 días a 3 años, las que pueden ser remitidas y -aquí los abogados me asesorarán- no aplicar pena corporal y física cuando no haya antecedentes previos.
En mi opinión, en paralelo a esta futura ley, debiera hacerse capacitación a los funcionarios públicos.
Cuando comenzó a aplicarse la Ley de Violencia Intrafamiliar, muchas de las denuncias eran recogidas por carabineros, quienes solían decirles a las personas: "¿Por qué no se arreglan a la buena?". Y las denuncias no se concretaban. No existía la capacitación necesaria por parte de profesionales para hacer aquello.
Por lo tanto, ahora efectivamente se requiere hacer esa capacitación.
La iniciativa se refiere al acoso en espacios públicos. Estos son enormes. Frente a ello, son muy lamentables las denuncias de jóvenes universitarias y liceanas que han sufrido vejámenes al interior de los buses de Carabineros cuando son detenidas o en los cuarteles. ¿Esos son espacios públicos? Hay una reglamentación vigente, por cierto, para que ninguna estudiante sea sometida a actos deshonestos, de connotación sexual, en los buses o comisarías de Carabineros. ¡Pero tales actos han ocurrido!
Siento que esta ley en proyecto será disuasiva, ¡claramente disuasiva!
Me parece que el procedimiento para denunciar -lo he consultado con algunos colegas- debiera avanzar en claridad.
¿Qué hace una mujer cuando es acosada verbalmente en la calle? ¿Debe reunir métodos de prueba, grabar, tener testigos? ¿Cómo hace la denuncia? ¿Debe ir a Carabineros y dejar constancia de la denuncia? ¿Debe decir: "Fui acosada por este tipo y tengo la foto"? ¿O debe ir directamente al tribunal?
Considero que el mecanismo tiene que ser explícito y claro, para que la protección que hoy día pretendemos brindar frente a estos abusos -que lamentablemente existen- sea eficaz.
El proyecto habla de "acercamientos". El artículo 494 ter establece que el acoso puede consistir en "acercamientos o persecuciones, o actos de exhibicionismo obsceno". ¡Acercamientos! O sea, lo que ocurre en el Metro.
En Brasil hay Metro para mujeres, porque todos sabemos que al ir la gente como en una lata de sardinas esos acercamientos son inevitables. Actualmente, en Santiago hay numerosos elementos de acoso al interior de ese medio de transporte, como ha sido denunciado por muchas mujeres.
¿Qué hace una mujer acosada en el Metro: realiza una grabación, consigue testigos, denuncia el hecho a un guardia, acude a Carabineros? ¡El procedimiento debe estar claro para que la ley tenga efectividad, de tal manera que quienes practican estos abusos se inhiban o reciban una sanción! A una acosada no la podemos someter al doble castigo de tener que probar el hecho y además describirlo, como ha sucedido muchas veces con niños, sin que existan pruebas suficientes.
Siento que el proyecto está bien inspirado -yo voy a votarlo a favor-, pero hay que aclarar el mecanismo. Cuando a los ciudadanos les damos un derecho, también debemos darles un deber y un procedimiento claro a través del cual puedan realizar las denuncias.
Ha habido muchas bromas en Twitter respecto a qué tipo de piropo es considerado obsceno. ¿Lo será el típico piropo de los viejos de la construcción, el piropo obsceno que busca causar daño, preocupación e intimidación? A veces se toma para la risa un hecho que afecta a muchas mujeres, que las inhibe, que las estresa, y que debe tener una calidad muy concreta.
Creo que la descripción del mecanismo, del procedimiento, debe ser parte de esta ley, de tal manera que las mujeres sepan usarlo adecuadamente, y con éxito. Porque, si no tienen éxito, la ley va a ser letra muerta, y nosotros queremos que sea un elemento disuasivo frente al acoso sexual que se realiza en espacios públicos.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, quiero valorar esta iniciativa, trabajada y analizada en la Comisión Especial de la Mujer e Igualdad de Género, primero porque aborda un tema en el cual el Estado de Chile ya cuenta con un marco de referencia, constituido por la "Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" (CEDAW) y por la "Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".
El acoso sexual es una figura que se ha naturalizado mucho. Por lo tanto, a veces aparece como algo incomprensible en algunos sectores. Porque cuando hablamos de violencia contra la mujer ya hay, en mi opinión, un aprendizaje; se ha incorporado efectivamente la idea de que hay actos y conductas que deben tener sanción, como ha ocurrido en la legislación chilena. Creo que hemos experimentado avances importantes con la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) y con la tipificación del femicidio como la expresión más brutal de la violencia contra la mujer. Pero el acoso sexual aparece abordado más bien desde un punto de vista de actos administrativos, legislativos, como una figura que se da en el plano laboral. Existe un vacío enorme en los espacios públicos y también en el ámbito académico, con respecto a lo cual existe otro proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Educación del Senado.
Lo digo porque este es un tema de hegemonía patriarcal. Efectivamente, creo que acá tenemos que hablar de "poder", de "subordinación", porque se naturaliza ese tipo de conducta hegemónica. Por eso las preguntas de por qué podría molestar un piropo. Está tan naturalizado que muchas madres en Chile les trasmiten a sus hijas estrategias para sortear situaciones de acoso: "No camines muy tarde", "Si hay mucha gente o ves a un grupo de varones, cruza la calle". ¡Eso tiene que terminar!
Coincido con el Senador Navarro en cuanto a que debe haber un procedimiento claro, con sanciones bien establecidas. Pero lo que buscamos, en realidad, es un cambio cultural. Ese ha sido, creo, el gran aporte del conjunto de leyes que se han trabajado en nuestro Congreso Nacional.
Por eso valoro esta iniciativa, que voy a votar a favor.
Y permítanme otra reflexión.
Cuando en Chile se hablaba de seguridad pública y no había distinción de género, el tema de la violencia intrafamiliar quedaba fuera, siendo que el principal problema de seguridad pública que afecta a las mujeres en nuestro país está dentro de su casa, donde muchas veces el victimario -no quiero decir "un conocido"- es el mismo papá de los niños. Esta dimensión se abordó a través de la Ley VIF, que ha sido mejorada a través del tiempo.
Por eso pienso que ya, en pleno siglo XXI, es importante hablar de una situación que a ratos y en ciertos sectores aparece como no comprendida. Y precisamente lo que queremos con esta ley es desnaturalizar aquello y ponerlo como un tipo de violencia contra la mujer. En ese sentido, pienso que constituirá un gran aporte, no solo para el debate. Yo apuesto a que ella va en la lógica del necesario cambio cultural que requerimos, porque el acoso en Chile efectivamente es una conducta, no solo naturalizada, sino que afecta diariamente a muchísimas mujeres.
Así que valoro el trabajo que hizo la Comisión y voto a favor, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Se ofrece la palabra.
Se ofrece la palabra.
Antes de dar el resultado de la votación, quiero dejar constancia de que no he votado por encontrarme pareado con la Senadora Von Baer, quien me solicitó este pareo.
Tiene la palabra la señora Secretaria General.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto, con las modificaciones introducidas por la Comisión Especial (22 votos favorables y un pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Van Rysselberghe y los señores Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh y Soria.
No votó, por estar pareado, el señor De Urresti.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Felicitaciones a los y las autoras de la moción y a todos quienes intervinieron sobre el tema en la Sala.

Pasamos a la hora de Incidentes.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Subsecretario del Interior, solicitándole ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA A GRUPO DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE PUNTA ARENAS PARA OBTENER PENSIONES DE GRACIA.
A los señores Subsecretario de Educación y Secretario General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, requiriéndoles EXPLICACIÓN POR PUBLICACIÓN DE DOS LISTADOS DISTINTOS DE BENEFICIARIOS DE BONO DE INCENTIVO A RETIRO DOCENTE Y MEDIDAS PARA SOLUCIÓN DE CASOS COMO EL DEL PROFESOR OLIVERIO GARAY CÁRDENAS.
Al Concejo Comunal de Punta Arenas, consultándole acerca de EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES CONTENIDAS EN INFORME FINAL N° 757, DE 2018, DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Y al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, solicitándole ejercer ACCIONES FISCALIZADORAS ANTE COBRO ASOCIADO A MEDIDORES POR PARTE DE EMPRESA GASCO A VECINOS DE DISTINTAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor GUILLIER:
Al señor Ministro de Salud, solicitándole antecedentes detallados sobre ESTADÍSTICASDE INFORME "LISTA DE ESPERA DE GARANTÍAS DE OPORTUNIDADES GES RETRASADAS Y NO GES DEL MINISTERIO DE SALUD", QUE REVELA LA CIFRA DE 426 PERSONAS FALLECIDAS EN LISTA DE ESPERA EN EL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA EN 2018, INDICANDO DATOS DE 2019, MEDIDAS PARA REDUCCIÓN DE TALES LISTAS Y PLANES DE DIAGNÓSTICO PREVENTIVO CONSIDERADOS.
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Subsecretario de Redes Asistenciales, requiriéndole información respecto de IRREGULARIDADES EN COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Del señor SANDOVAL:
A la señora Ministra del Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Pesca, solicitándoles información acerca de INVOLUCRAMIENTO DE INDUSTRIA SALMONERA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO A PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES DETECTADOS, MANEJO DE CENTROS DE CULTIVO E INVERSIÓN Y PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN RELACIÓN CON CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Senador señor Pugh.


LANZAMIENTO DE TELEVISIÓN DIGITAL GRATUITA EN CHILE. OFICIOS

El señor PUGH.- Señor Presidente, quiero destacar tres situaciones: una de connotación nacional y dos que afectan en particular a la Región de Valparaíso.
La primera dice relación con el lanzamiento en Curarrehue, el viernes 29 de marzo, de la televisión digital satelital gratuita para todo Chile.
En la Comisión de Zonas Extremas, que presido, hemos tomado la decisión de acortar la brecha digital de las comunicaciones. Y, sin lugar a dudas, conectar a las familias que hacen patria en lugares remotos y fronterizos resulta fundamental, entendiendo que ellas se encuentran, algunas veces, aisladas. Se estima que cerca de un millón 800 mil chilenos y chilenas, de diferentes edades, viven en esas condiciones y no reciben señal abierta de televisión, quedando ajenos a lo que pasa en el país.
La Ley de Televisión Digital, aprobada el 2014, indica que en el 2020 -es decir, el próximo año- los canales deben iniciar esta transición digital.
Nosotros queremos iniciarla antes con los canales que ya están disponibles, que son las grandes señales nacionales, más los canales de la Cámara de Diputados y -muy importante- TV Senado. Los decodificadores, que ya se mandaron a construir a un valor bastante reducido, permitirán que los lugares más remotos reciban una señal y puedan informarse.
¿Por qué se eligió a Curarrehue? Es una comuna fronteriza, donde la calidad de la señal es baja, y es de La Araucanía, donde queremos expresar nuestra solidaridad a quienes viven ahí, para que estén informados y sepan lo que está ocurriendo en el país.
Además, la Comisión de Zonas Extremas ha tomado la decisión de que sean las Senadoras y los Senadores de las regiones donde se cumplen esas condiciones quienes nos indiquen qué comunas aisladas y remotas requieren el mismo apoyo.
Es un apoyo, entonces, al que el Estado puede concurrir. ¿Con qué? Con estos decodificadores, para permitirles a esas familias recibir, de forma gratuita, algo que está garantizado, especialmente en las grandes metrópolis y, por qué no decirlo, en Santiago. Incluso, en algunos lugares de la gran Región Metropolitana tampoco se recibe alguna señal. La ley ha dejado espacios a los que no se llega ni aun con la señal abierta.
Por lo tanto, partir con la televisión digital satelital es hacer realidad la ley y darles una alternativa a aquellos que no están considerados.
Ello permitirá entender también que el proceso de transformación de las señales de televisión en digitales es complejo. En Japón tomó once años. No veo cómo Chile podría hacer cosas a velocidades inalcanzables, por mucho que uno quisiera que así fuera.
Además, la tecnología que existía antes era completamente distinta de la que tenemos hoy. La tecnología va cambiando todos los años y en la actualidad el método de transmisión es muchísimo más eficiente y más barato que los que había. Estamos en el umbral del 5G, que va a permitir transmisiones multimedia incluso a velocidades mucho más altas que las que tienen consideradas los sistemas actuales.
Por lo tanto, debemos reflexionar y entender qué significa esta brecha que se ha producido por el gran salto tecnológico, considerando que es necesario informar y llegar con contenidos a las familias.
En tal sentido, como Presidente de la Comisión Especial de Zonas Extremas, acepté la invitación de Anatel y del Alcalde de Curarrehue para participar, junto al Presidente del Senado -representante de esa región-, en el inicio de esta transformación digital.
Debemos entender que vamos hacia una sociedad digital que debe ser segura y que, obviamente, debemos estimular. Lo que no queremos es que algunas familias chilenas queden fuera de su alcance.
Por eso, solicito que se oficie al Ministro de Desarrollo Social -cuya Cartera pronto se denominará "Ministerio de la Familia"- para que establezca un plan que permita dotar a las comunas aisladas, sin señal, de capacidad para recibir televisión digital satelital nacional gratuita.
Asimismo, pido que este oficio sea dirigido también al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, de tal manera que se pueda contemplar lo solicitado en los planes de asignación presupuestaria y el tema ser discutido este año a propósito de una glosa, para que todos aquellos que están haciendo patria en lugares aislados puedan disponer de esta capacidad.
Creo que eso es lo mínimo que debemos asegurar a quienes hoy no disponen de los mismos servicios. El camino más eficiente es el del satélite; mientras, tendremos que conformarnos con una señal arrendada a un satélite internacional, cuya pisada solo abarque el territorio continental chileno. A futuro espero que se pueda contar con un satélite nacional que ocupe el espacio reservado en el cinturón de Clarke -la órbita geoestacionaria- y así iluminar también el mar y llegar a nuestras islas oceánicas: Rapa Nui o Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.



HIDROPUERTO PARA LA CIUDAD DE VALPARAÍSO. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, el segundo punto se refiere al puerto de Valparaíso y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que por una iniciativa del Presidente de la República, Sebastián Piñera, decidieron hacer un concurso de ideas para dotar a la ciudadanía de un espacio que los comunique con el mar.
El proyecto del muelle Barón, "Paseo del mar", contempló algunos elementos y se lograron, efectivamente, buenas ideas. Una de ellas, la ganadora, se resume básicamente en un terminal oceánico de pasajeros y en un lugar de conocimiento y de ciencia.
Sin embargo, durante la semana se presentó al Gobierno Regional de Valparaíso, a los alcaldes de Valparaíso y Juan Fernández y a los parlamentarios de la zona un proyecto mediante el cual se pretende dotar de capacidad de vuelo, a través de hidroaviones, al puerto de Valparaíso, para conectarse con el archipiélago Juan Fernández, la isla Robinson Crusoe, en la bahía Cumberland.
Por lo tanto, se solicita enviar un oficio al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo para incluir, dentro de las ideas consideradas en el proyecto "Paseo del mar", la posibilidad de contemplar un hidropuerto, con la finalidad de dotar a Valparaíso del primer hidropuerto de América del Sur, que permita despegar de la bahía de Valparaíso y aterrizar en la bahía de Cumberland, acortando el vuelo a una hora y diez minutos, con la especificación de que en el borde costero existan las instalaciones necesarias como plataformas para que estas aeronaves además puedan ingresar a la playa, a la costa, y los pasajeros no tengan que embarcar y desembarcar por medio de botes.
Hago presente que estos antecedentes son, obviamente, genéricos, para que los equipos técnicos que disponga el Ministro puedan evaluar dicha alternativa, que le daría a Valparaíso, que es una ciudad oceánica, con un puerto de naves de carga, de transporte marítimo, la posibilidad de convertirse también en un aeropuerto en el mar, o sea, un hidropuerto, y, finalmente, en un puerto de datos, porque los datos de internet que entran y salen del país lo hacen a través de los cables de fibra óptica instalados en Valparaíso.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.



APOYO REGIONAL PARA JÓVENES INTEGRANTES DE EQUIPO DE ROBÓTICA DE COLEGIO PATRICIO LYNCH. OFICIO

El señor PUGH.- Finalmente, señor Presidente, quiero hacer un reconocimiento a lo más valioso que tiene una región como la de Valparaíso, que es la que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui a Los Andes. Su mayor riqueza son sus talentos, son los jóvenes, los niños y las niñas que a temprana edad comienzan a apasionarse y que después transforman esa pasión en sus oficios, en sus trabajos. Y la mayor pobreza de una región es la pérdida de esos talentos, cuando estos talentos deben abandonarla porque carecen de oportunidades y empleos.
En tal sentido, me he preocupado de impulsar, específicamente, la disminución de la brecha de género en mujeres respecto de tecnologías digitales, que alcanza un 10 por ciento. ¿Por qué en tecnologías digitales? Porque son las que dan la oportunidad de que todas tengan un futuro económico extraordinario en esta nueva sociedad digital segura, en esta economía digital a la que queremos llegar.
Por tal motivo, quiero felicitar al equipo de robótica del Colegio Patricio Lynch, que no solo obtuvo el primer lugar en el Campeonato de Robótica VEX, realizado aquí en Chile, sino que fue seleccionado para ir a representarnos a Colombia, donde ganó los premios más importantes: el de los jueces y el de estrategia.
Además, sus miembros quedaron seleccionados para asistir al Vex World Championship, el Campeonato Mundial de Robótica que se realizará en la ciudad de Louisville, Kentucky, en abril de este año (el próximo mes), el que, de acuerdo al Libro Guinness, es el más grande del mundo.
¡Tenemos que apoyarlos! Y por eso, señor Presidente, quiero solicitarle que se oficie al Intendente de la Región de Valparaíso para pedirle su apoyo, de tal manera que el Consejo Regional pueda evaluar la factibilidad de patrocinar la iniciativa de estos jóvenes talentos y, de esta manera, ellos puedan viajar y representar a Chile en el campeonato de robótica más importante del mundo, porque se lo merecen. ¡Se lo han ganado!
Creo que todos debemos hacer un esfuerzo, con los recursos de todos, que son administrados por el Gobierno Regional, para permitirles a estos jóvenes y a sus familias cumplir ese anhelo tan grande que tienen, poder demostrar sus talentos y, ojalá, traer un premio.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.


El señor DE URRESTI.- En el turno del Comité Partido Socialista, ningún señor Senador hará uso de su tiempo.
A continuación, en el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.


BALANCE Y AGRADECIMIENTOS COMO PRESIDENTA DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, hoy ha culminado mi labor, iniciada hace ya algún tiempo, como Presidenta de la Comisión del Senado encargada de la educación, la cultura y el deporte.
Por eso, deseo aprovechar este espacio para agradecer a mis colegas de Oposición: el Senador y Presidente del Senado, Jaime Quintana, y el Senador Juan Ignacio Latorre; y a mis colegas oficialistas: la Senadora Ena Von Baer y el Senador José García Ruminot, pues, a pesar de las diferencias en nuestras visiones sobre diversos proyectos, fuimos capaces de generar un trabajo serio y una discusión de fondo en cada una de las iniciativas que se tramitaron en esta Comisión.
Además, estamos convencidos de que es en este espacio, a través de un debate democrático y republicano, como el país lo espera, donde se pueden mejorar los distintos proyectos de ley.
Me correspondió, el 21 de marzo del año 2018, asumir la presidencia de la Comisión de Educación, un organismo en el cual considero realmente un privilegio poder participar, porque se estudian temáticas tan importantes para el desarrollo de la sociedad como la educación, la cultura y el deporte.
Durante este año de funcionamiento, y con el acuerdo de todos sus integrantes, multiplicamos por más de tres el número de sesiones que tradicionalmente llevaba a cabo esta Comisión, pasando de sesionar solo los días miércoles a hacerlo de manera regular también los lunes y los martes, además de llevar a cabo sesiones especiales, según la urgencia de determinados proyectos.
Esto nos permitió, durante este primer año, efectuar más de 80 sesiones y escuchar a más de 350 invitados en el proceso legislativo.
La cultura tuvo un espacio de privilegio, que estamos seguros seguirá teniendo. Solo el deporte, lamentablemente, quedó en un segundo plano, ciertamente no por nuestro deseo, sino por la total ausencia de una agenda legislativa para el sector.
Esas más de 80 sesiones celebradas dieron como resultado el despacho en general de 5 iniciativas, las cuales se encuentran a la espera de su votación en particular o están radicadas en otras Comisiones o aquí mismo en la Sala, y en general y en particular de otros 15 proyectos, de los que 7 ya fueron promulgados y publicados como leyes de la república.
Cuando somos elegidos para un cargo, como el de Senador o Senadora, al menos en mi particular visión, sin duda que la ciudadanía vota por lo que representa cada candidato y candidata y por las ideas con las que va a legislar.
Yo tengo una clara visión humanista, que considera que el acceso a la educación y a la cultura es un derecho social y no un bien de consumo; que el deporte forma parte de la formación integral de la ciudadanía y debe estar incorporado a la vida cotidiana porque mejora la calidad de vida de las personas y es complementario a las estrategias de desarrollo de los talentos del deporte profesional, y porque, sin duda, constituye un pilar protector fundamental en la existencia de cada uno de nosotros.
No creo en el discurso único que ha tratado de instalarse en cuanto a que la competencia es el único motor de crecimiento y a que el crecimiento y el mercado son sinónimos de desarrollo.
Por el contrario, estoy convencida de que la colaboración y no la competencia es capaz de lograr un desarrollo bastante mayor y que el desarrollo dista mucho de ser solo crecimiento.
Tenemos bastante trabajo por delante, y estoy convencida de que la presidencia de la Comisión, que hoy asume el Senador Juan Ignacio Latorre, mantendrá la misma lógica de avanzar en una educación de calidad y de profundizar que esta constituye un derecho social garantizado para todos los chilenos y las chilenas.
Tenemos una agenda importante por delante y esperamos que este Gobierno rectifique aquellos malos proyectos en tramitación. Como Oposición estaremos siempre abiertos a avanzar sobre la base del respeto, del diálogo y del debate serio y alejado del populismo legislativo que, lamentablemente, hemos observado durante el último año.
He dicho.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el turno del Comité Partido País Progresista e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro, a quien el Comité Partido Por la Democracia e Independientes le ha cedido su tiempo.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, antes intervendrá la Senadora Órdenes, quien después me cederá los minutos del PPD que le resten.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, lo dejamos pendiente, señor Senador.
En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia e Independientes, tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.


PREOCUPACIÓN POR FALTA DE RESONADOR MAGNÉTICO EN HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE. OFICIOS

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, yo diría que la condición de aislamiento de la Región de Aysén marca su identidad y es un hecho objetivo que también condiciona el acceso de sus habitantes a derechos tan esenciales como la salud.
El Hospital Regional de Coyhaique es el único centro hospitalario de alta complejidad de la red asistencial de mi Región.
Por eso, señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación porque este recinto hospitalario no cuente con un equipamiento especializado en la toma de exámenes, como es un resonador magnético.
Actualmente, las personas que requieren su utilización deben viajar a otras regiones del país para poder recibir diagnósticos de enfermedades y su posterior tratamiento.
Ese es el caso de la señora Fabiola Robles, coyhaiquina, quien en enero pasado viajó a Puerto Montt, Región de Los Lagos, para realizarse ese tipo de examen por sospecha de un cáncer al páncreas. Ello, debido a que el único equipo existente en la Región de Aysén, propiedad de un centro de salud privado, se encontraba en mal estado.
Es importante para todas las regiones no solo contar con especialistas en salud, sino también con equipos que permitan a los médicos realizar diagnósticos y tratamientos, sobre todo en patologías oncológicas, si tomamos en cuenta que el cáncer es la primera causa de muerte en nuestra Región y la segunda a nivel nacional.
Resulta esencial que tengamos los dispositivos médicos necesarios en regiones para poder dar solución a estos problemas a nivel local.
Por lo anterior, solicito -por su intermedio, señor Presidente- oficiar al Ministro de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas, y al Servicio de Salud de Aysén, a través de su Directora, la señora Rina Cares, con el objeto de que se sirvan informar respecto del estado actual de implementación del resonador magnético para el Hospital Regional de Coyhaique, Región de Aysén, el cual se espera desde hace por lo menos dos años, considerando que ya cuenta con financiamiento aprobado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pese a lo cual hasta la fecha no se ha ejecutado su implementación.
De esta forma entregaremos respuesta a nuestros habitantes que, como la señora Fabiola, necesitan una mayor tecnología en el ámbito de la salud y también la detección precoz de enfermedades mediante exámenes oportunos, evitando así desenlaces desfavorables.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el turno del Comité Partido País Progresista e Independientes más el tiempo que le ha cedido el Comité del PPD, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


NECESIDAD DE MEDIDAS ANTE GRAVE CONTAMINACIÓN DE COMUNA DE CORONEL POR EMISIONES DE TERMOELÉCTRICAS BOCAMINA I Y II, DE ENEL.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¡ha llegado la hora de los verdaderos regionalistas!
La multinacional ENEL, cuyo CEO es el italiano Francesco Starace, es una de las mayores empresas del mundo en su rubro: la generación y distribución de electricidad y gas natural en 30 países, con 60 millones de clientes. Más aún, es la 84a empresa más grande del mundo de acuerdo a sus ingresos, que alcanzaron a más de 70 billones de euros -¡70 billones de euros!-, el año pasado.
Esta multinacional es dueña de las termoeléctricas Bocamina I y Bocamina II, en la comuna de Coronel, Región del Biobío, situadas al lado de caleta Lo Rojas.
Coronel, como todos sabemos, es una de las comunas más contaminadas de Chile. Y dicha empresa mantiene en actividad ambas termoeléctricas, afectando a más de 110 mil personas, es decir, al total de los habitantes de la comuna.
Señor Presidente, hay mucho que hablar al respecto.
Solo quiero señalar que el año 2014, después de una ardua lucha jurídica y de movilización social, junto con los pescadores y algueras de la caleta Lo Rojas logramos ser recibidos por el entonces gerente general de Endesa, Mario Galindo, un español. Se trata de un matón, ¡un matón!, que durante tres años y medio se negó a recibir a las algueras, a los pescadores. Así, cuando concurríamos a la empresa, allí, al lado de la caleta, esperábamos cuatro a cinco horas debajo de la lluvia para ser recibidos solo por el jefe de los guardias, a quien entregábamos la carpeta en que pedíamos que se tomaran medidas contra el ruido, contra la contaminación y que se pusiera fin al vertedero de cenizas de carbón instalado en Coronel, ¡la única ciudad de Chile con un vertedero de cenizas en medio de ella!
Fueron tiempos de lucha junto a cientos y cientos de algueras, pescadores y comunidad en general.
En un momento de esa lucha, se avisó que venía a Chile Francesco Starace, nuevo CEO de ENEL, a cambiar las políticas respecto de Endesa España, empresa que tenía una actitud matonesca y agresiva no solo contra el medio ambiente, sino también contra la ciudadanía.
Y se generó una mesa de trabajo, que empezó a funcionar en el Estadio Italiano -como buenos italianos, en su estadio-, ubicado camino a Coronel.
En esa ocasión, se conversó sobre cómo llegar a acuerdos para dar compensación económica a los pescadores, para adoptar medidas de regulación y mitigación del daño al medio ambiente y para nuestra propuesta de poner fin a esta empresa, porque una empresa contaminante como esta no podía estar en el corazón de Coronel.
Señor Presidente, los ejecutivos de ENEL -porque ya se había producido el cambio- hicieron una propuesta miserable, ¡miserable!, y ofrecieron ¡migajas!, que no contemplaban ni siquiera acciones en beneficio de la comunidad para restituir el empleo de las algueras y de los pescadores artesanales.
Se entregaban algunos millones de dólares, un total de 7 millones de pesos para cada pescador y alguera, durante un período de cinco años.
Sin embargo, se les impuso un acuerdo no solo leonino, señor Presidente, sino inconstitucional, ilegal, con cláusulas abusivas, redactadas por la empresa, que negaron el apoyo jurídico y sacaron de la mesa a la entonces Diputada por Coronel Clemira Pacheco, al Senador Navarro, a los abogados.
Y el Alcalde de Coronel, Leonidas Romero, que hoy día es Diputado, firmó un acuerdo, avalado por la municipalidad, que, entre otras cosas -es bueno que la comunidad de Coronel lo sepa-, establece que, si hay acciones legales directas o indirectas, o a través de terceros, o del municipio de Coronel en contra de la empresa, esta puede tomar acciones judiciales para pedir la restitución del dinero. Y obliga a esta restricción, a esta atadura de manos, hasta que termine la vida útil de Bocamina II, hasta que termine la vida útil de la empresa, que se presupuesta para el 2052, y si hay modernizaciones, ¡para el 2080, para el 2090...!
Además, dentro de esas limitaciones se contemplaba que si a futuro -¡este es el acuerdo!- hubiera alguna compensación por acciones que pudieran desarrollar terceros, todo lo obrado en este caso sería considerado como un aporte a esa eventual futura indemnización o compensación.
Es decir, fue un acuerdo que violentó los derechos fundamentales no solo de los pescadores y algueras de Coronel, porque la empresa podía, como ha ocurrido, tener explosiones violentas, emitir ceniza al aire -también ha sucedido-, sin que nadie pudiera interponer una sola acción, pues a quienes lo hicieran directamente o a través de terceros no les pagarían.
Y cada vez que quisimos en los últimos cinco años presentar acciones por incumplimientos graves en el ámbito de la calificación ambiental (como quedó demostrado en enero del 2019, cuando el Tribunal Ambiental de Valdivia determinó que entre el año 2013 y el 2014 se produjeron emisiones ilegales que contaminaron gravemente el aire de Coronel) hubo inhibición, y los pescadores o las algueras nos decían: "Senador, si hacemos esto nos van a parar el pago, y nosotros necesitamos el dinero porque no hay algas y no hay pescados, y no podemos sobrevivir.".
Ese tipo de acuerdo fue el que suscribió el entonces Alcalde de Coronel, Leonidas Romero.
Lo digo con responsabilidad y con pena: ¡Romero vendió Coronel a ENEL por tres denarios! Leonidas Romero la vendió por tres denarios, firmando un acuerdo leonino, inconstitucional, abusivo, que esperamos echar abajo hoy, señor Presidente, para desatar las manos de la gente de Coronel a fin de que pueda luchar por derrotar la contaminación.
Dijimos entonces, y lo reiteramos hoy, señor Presidente, que esta comuna requiere un plan de recuperación ambiental, una moratoria ambiental, no más empresas contaminantes. Y, por cierto, una "ley Coronel", como lo hicimos con Arica.
Viajé dos veces a Suecia a denunciar a Bolliden, por haber traído miles de toneladas de -entre comillas- "barros metálicos", que no eran sino desechos de mercurio, plomo, cadmio, arsénico, los cuales contaminaron a miles de niños en Arica.
Señor Presidente, se necesita una "ley Coronel" para enfrentar no solo la contaminación de caleta Lo Rojas.
En el año 2014 presentamos una denuncia a los tribunales, y la fiscal Ana María Aldana inició una investigación respecto de la contaminación del mar, porque Endesa succionaba millones de metros cúbicos con especies hidrobiológicas, con fitoplancton, que arruinó completamente la bahía, y devolvía al mar el agua utilizada a más de 40 grados Celsius.
Y la fiscal Ana María Aldana estableció, además, un hecho inédito. En un informe de los laboratorios de la PDI se concluyó que todo Coronel estaba contaminado con metales pesados; que había mercurio, que había arsénico, que había cadmio en todo Coronel, en los techos y en los patios de las casas.
Y lo que es más grave, señor Presidente, es que el primer estudio que solicitamos oficialmente al Instituto de Salud Pública, a Ricardo Fábrega en su tiempo (después se le pidió a Alex Figueroa), arrojó que de un total de 285 niños a quienes se les midió la sangre para detectar metales pesados, 18 menores, de entre 4 y 15 años, presentaban porcentajes de cadmio, níquel, mercurio y arsénico muy por sobre la norma. Es decir, su sangre estaba envenenada por las emisiones que las termoeléctricas hicieron durante años sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de fiscalización.
En 1995, siendo Diputado y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, junto con el entonces Diputado Guido Girardi logramos que las chimeneas de estas instalaciones aumentaran su altura en 20 metros, para que las plumas fueran a dar más lejos, hacia el mar. Pero, durante años, 8 mil toneladas de emisión de cenizas cayeron sobre Coronel.
¿Y qué pasó, señor Presidente? La empresa firmó este acuerdo leonino, con cláusulas abusivas, que excluían todo tipo de compensación respecto de labores productivas, de desarrollo económico para pescadores y algueras, y que no incluían ni una sola letra sobre la contaminación por metales pesados de niños y adultos en todo Coronel. ¡No hay! ¡No existen!
De ahí que interpusimos diversas acciones en materia medioambiental, entre ellas las encabezadas por pescadores, algueras, por intermedio del abogado Lorenzo Soto, amigo desde hace muchos años, desde que era estudiante de tercer año de Derecho, y se llegó a un acuerdo llamado "quota litis", paralizándose Bocamina II. Porque -¡oh, gran sorpresa...!- no tenía permiso ambiental, estaba operando sin autorización. Carecía de la resolución de calificación ambiental y funcionaba de manera impune.
Se detuvo el proceso de Bocamina II. Perdió un millón de dólares al día durante trece meses, y solo en el séptimo y octavo mes, cuando venía el CEO de Italia, Francesco Starace, los altos ejecutivos dijeron: "Ahora nos sentamos a conversar, porque viene el jefe y nos pillará perdiendo millones de dólares pues no hemos tenido la capacidad de cumplir la ley chilena".
La actuación de esos ejecutivos de ENEL Italia, señor Presidente, les costó el ser formalizados en Chile. Lo logró una fiscal valiente: Ana María Aldana. Así, Mario Enero Bravo, David Poblete Pino y Pablo Arnés Poggi fueron formalizados por el serio daño a la contaminación del aire en Coronel.
Últimamente se ha llegado a un acuerdo, en que ofrecieron explicaciones y dijeron: "Nunca más lo haremos". Pero la ciudadanía no quiere que pidan perdón, sino que se descontamine la comuna en su integridad.
Recientemente, se ha concluido el último pago de este espurio y miserable acuerdo, estas migajas que se pactaron en 2014 con pescadores y algueras. Queda la última cuota. Así Coronel se libera.
Por lo tanto, hay que terminar con la corporación Corcoronel, que es una caja pagadora que se inventó para entregar los cheques, en la máxima politización de los arreglos ambientales que yo he conocido. Se le pasó la chequera al Alcalde de ese entonces, Leonidas Romero, para que pagara desde el municipio.
El actual Alcalde, Boris Chamorro, ha dicho públicamente que terminará con esa corporación, y yo lo apoyaré, porque necesitamos un organismo que defienda a las personas, a la salud y al medio ambiente.
Pero, ¡ojo!, se presentó una acción por los abogados para cobrar los honorarios pactados, pues la empresa jamás puso en ese acuerdo espurio lo relativo al pago íntegro de lo acordado. Solo se protegió ella. Impidió emprender acciones legales, pero siempre en su favor.
Cuando se presentaron...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene un minuto para terminar, señor Senador.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
Cuando se presentaron acciones en contra de algueras y pescadores no los protegió. Un abogado atisbó y después dijo que no se metía. Es decir, opera la ley del embudo: todo lo ancho para ENEL Italia y todo lo angosto para pescadores y algueras.
Señor Presidente, viajaré a Italia la próxima semana junto con la presidenta de la organización de las madres de los niños contaminados con metales pesados. Iremos al Parlamento italiano, hablaremos con los eurodiputados, pediremos reuniones con el Gobierno de Italia.
El Estado italiano es dueño del 60 por ciento de las acciones de ENEL (el 40 por ciento son chilenas). Por lo tanto, pediremos justicia para Coronel y nos comprometeremos a lo que debíamos haber hecho: cerrar ENEL Italia, Bocamina I y II, para parar de una vez la contaminación, la enfermedad y la muerte que ha traído esta empresa a esa comuna.
Eso es lo que haremos, señor Presidente, porque esta empresa no ha respetado las leyes chilenas, pero sí respeta las italianas.
¡No nos ofendan!
¡Esta empresa debe cumplir, y eso lo vamos a lograr!


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Habiendo llegado su hora de término, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:39.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante