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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 28ª, en miércoles 19 de junio de 2019
Ordinaria
(De 16:21 a 19:49)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORA XIMENA ÓRDENES NEIRA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
Solicitud de extensión de Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas hasta el 2030 (Observaciones del Senador señor Insulza)
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Minería, señor Baldo Prokurica Prokurica, y del Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y el Subdirector de Presupuestos, señor Mauricio Villena Chamorro.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 24ª y 25ª, ordinarias, en 11 y 12 de junio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Informa su ausencia del territorio nacional desde el día 23 al 30 de junio de 2019, para dirigirse, en visita oficial, a los Estados de Israel y Palestina, y para participar en la Cumbre del G-20, en Osaka, Japón.
Hace presente que durante su ausencia será subrogado por el Ministro titular de la Cartera de Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1° de la ley N° 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículos 1°, 485 y 489 del Código del Trabajo.
-Artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud.
-Artículo 1° de la ley N° 18.216.
-Artículo 9° bis de la ley N° 17.635.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Subsecretario del Patrimonio Cultural:
Remite informe solicitado por el Honorable Senador señor De Urresti sobre un hallazgo arqueológico cerca de la Villa Galilea, comuna de Valdivia.
Del señor Intendente Regional de Los Ríos:
Adjunta antecedentes solicitados por el mismo señor Senador sobre el proyecto de electrificación rural para la localidad de Cutipay, Valdivia.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente (Boletín N° 12.156-11) (con urgencia calificada de "suma").
Certificado de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral (Boletín N° 11.780-04).
--Quedan para tabla.
Mociones
De la Honorable Senadora señora Allende, con la que inicia un proyecto de ley que deroga normas discriminatorias contra personas con discapacidad visual e introduce nuevas reglas para asegurar su consentimiento informado (Boletín Nº 12.715-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Honorable Senadora señora Allende, con la que inicia un proyecto de ley de fomento a emprendimientos realizados por personas con discapacidad visual por medio de menciones comerciales gratuitas en radioemisoras (Boletín Nº 12.716-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyectos de Acuerdo
De los Honorables Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón, y señores Araya, Castro, Chahuán, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria, por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva disponer la creación de un parque nacional para la Región Metropolitana en el predio fiscal Colorado-Olivares, asignar los fondos y ordenar los estudios necesarios para ello, así como establecer una mesa de trabajo, con participación de la ciudadanía, para velar por el desarrollo de esta iniciativa (Boletín N° S 2.074-12).
De los Honorables Senadores señoras Órdenes, Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Rincón, y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Galilea, García, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria, por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a trámite legislativo dos proyectos de ley: uno, que extienda los beneficios tributarios de la Ley de Donaciones con fines culturales a las donaciones efectuadas en favor de instituciones u organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto el cuidado del medioambiente, y, otro, sobre filantropía ambiental (Boletín N° S 2.075-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Solicitudes de permiso constitucional
Del Honorable Senador señor Sandoval, para ausentarse del país a contar del día 21 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.
Del Honorable Senador señor Ossandón, para ausentarse del país a contar del día 21 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha aprobado, con la enmienda que indica, el proyecto de ley que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias (boletín N° 12.325-05).
--Queda para tabla.
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, se acaba de dar cuenta de que la Cámara de Diputados aprobó -agrego que por 130 votos a favor y 2 abstenciones- el proyecto que regula la forma de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias.
Dicha Corporación introdujo solo una modificación, la que es muy simple: establece seis meses de plazo para que entre en funcionamiento el mecanismo que se diseñó para tal efecto.
Le sugiero, señor Presidente -a menos que alguien opine de manera distinta- que aprobemos sin debate (me comprometo a ello) la enmienda en comento, ya que el proyecto en que recae fue discutido ampliamente por esta Sala hace dos semanas.
Creo que esa sería una buena decisión.

El señor LETELIER.- ¿Sin debate?

El señor COLOMA.- Como dije, debatimos la iniciativa acá hace dos semanas y la Cámara de Diputados acaba de despacharla con una pequeña diferencia. La historia de la ley en proyecto está superbien reflejada en las distintas intervenciones que se hicieron.

El señor LETELIER.- ¡No lo reconozco, señor Senador...!
¡Sea consistente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Habría que ponderar su planteamiento, Senador señor Coloma, porque también hay una solicitud de la Comisión de Educación.
No sé si el Presidente de este órgano técnico, o las Senadoras señoras Provoste o Von Baer...

El señor COLOMA.- La iniciativa a la que me referí viene de la Cámara de Diputados.

El señor QUINTANA (Presidente).- Pero también hay que ver la otra petición, que se relaciona con una materia proveniente del Senado.
Vamos a considerar en su momento la proposición de Su Señoría.

El señor COLOMA.- ¿Cuándo?

El señor QUINTANA (Presidente).- Luego.

El señor COLOMA.- Entonces, ¡me está diciendo que no...!

El señor GIRARDI.- Pido la palabra.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Sobre la Cuenta?

El señor GIRARDI.- Solo quiero pedirle, señor Presidente, que recabe el acuerdo de la Sala para que la moción de los Senadores señor Sandoval, señora Ebensperger y señores Chahuán, Moreira y Prohens, que prohíbe en las oficinas públicas la utilización de envases que se extingan al primer uso (boletín N° 12.561-12), sea refundida con una serie de proyectos sobre la materia, los cuales se contienen en los boletines que le individualizaré a la Secretaría del Senado.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías acceder a tal solicitud?
--Así se acuerda.

El señor QUINTANA (Presidente).- Volviendo al punto anterior, solicito el acuerdo de la Sala para aprobar la proposición del Senador señor Coloma y para tratar y votar (se conversó al respecto con el Ejecutivo, y la idea es ver el asunto en el segundo lugar de la tabla) el proyecto que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral (boletín N° 11.780-04), despachado hoy por la Comisión de Educación.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, nosotros no tenemos problema para alterar el orden de la tabla, pero, sí, le reitero mi planteamiento en el sentido de que votemos primero, con escaso debate, los dos informes de Comisión Mixta (recaen en los proyectos relativos a creación del derecho a la atención preferente y a regulación del cierre de las faenas e instalaciones mineras), que son de muy fácil despacho.
Después podemos pronunciarnos sobre la iniciativa relacionada con los profesores, que, sin duda, tendrá una discusión un poco más larga.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder como señaló la Senadora señora Von Baer?

El señor COLOMA.- Sí, más la modificación de la Cámara de Diputados recaída en el proyecto atinente a los sobregiros.

El señor QUINTANA (Presidente).- Si fuera así, dicha enmienda podríamos aprobarla sin debate ahora mismo.
¿Están de acuerdo Sus Señorías?

La señora PROVOSTE.- Y en la misma lógica, el proyecto concerniente a los profesores.

El señor QUINTANA (Presidente).- Claro: el de los profesores, igual que el relativo a los sobregiros.

El señor LETELIER.- ¡No!

El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador señor Letelier no está de acuerdo con la aprobación propuesta.

El señor LETELIER.- Voy a seguir la misma política del colega Coloma.

El señor QUINTANA (Presidente).- Está bien, Su Señoría. Pero podemos aprobar ahora la modificación que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias.

El señor MONTES.- Aprobemos la proposición del Senador Coloma.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, con respecto a la aprobación de los informes de Comisiones Mixtas no tengo ningún problema.
Ahora bien, como Su Señoría dijo, existe acuerdo para despachar el proyecto sobre educación, que reviste una urgencia que todos entendemos muy bien.
Sin embargo, yo hago mía la "doctrina Coloma" en cuanto a que no debemos despachar los proyectos así nomás, sin discusión.
Por ende, no estoy de acuerdo en que la referida iniciativa se apruebe sin debate.
He dicho.

El señor COLOMA.- ¡Entonces, no aprobamos ninguno!

El señor QUINTANA (Presidente).- Tampoco habría acuerdo, por tanto, para despachar el proyecto sobre educación.

El señor COLOMA.- ¡Nada!

El señor QUINTANA (Presidente).- No ha contribuido mucho la última intervención del Senador señor Letelier.
¿No hay posibilidad de que Su Señoría revise su planteamiento?
Bien.
Voy a someter de nuevo a consideración de la Sala la proposición consistente en votar sin debate los proyectos relativos a sobregiros en las cuentas corrientes bancarias y a educación.

El señor COLOMA.- ¡El de educación, no!

El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, sin debate sobregiros en cuentas corrientes y con debate educación.
Acordado.
¡No había necesidad de hacer la vuelta tan larga...!
Gracias, Senador señor Coloma.
V. ORDEN DEL DÍA



REGULACIÓN DE FORMAS DE PAGO DE SOBREGIROS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Según lo recién acordado, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.325-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Coloma, señora Ebensperger y señores García-Huidobro, Pérez Varela y Sandoval):
En primer trámite: sesión 79ª, en 19 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 28ª, en 19 de junio de 2019.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 7ª, en 3 de abril de 2019.
Discusión:
Sesión 11ª, en 17 de abril de 2019 (se aprueba en general y en particular).

El señor QUINTANA (Presidente).- Conforme a lo resuelto por la Sala, debe votarse sin debate la única enmienda que introdujo la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.
¿Les parece a Sus Señorías aprobarla?
--Así se aprueba.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la sesión anterior se entendió que la Sala había acordado que el proyecto vinculado con el establecimiento de normas relativas al trabajo del adulto mayor (boletines Nºs 12.451-13 y 12.452-13, refundidos) fuera visto solo en general en el trámite de Comisión.
Solicito -conversé al respecto con los miembros de las dos Comisiones- que la referida iniciativa sea vista en general y particular por la Comisión Especial del Adulto Mayor y luego pase a la de Trabajo.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que en esto lo acompañan todos los miembros de las Comisiones, señor Senador.

El señor SANDOVAL.- Sí, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Accede la Sala a lo planteado por el Senador señor Sandoval?
Acordado.

El señor SANDOVAL.- Por último, señor Presidente, debo señalar que esta mañana estuvimos en la Comisión de Trabajo revisando normas laborales relacionadas con los proyectos sobre creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sernafor.
El 20 de marzo la Sala tomó el acuerdo de que la Comisión de Trabajo analizara la materia durante algún tiempo.
Al respecto, quiero solicitar que se avance en el referido tema, porque entiendo que solo queda una sesión para tratar lo tocante a trabajo.

El señor LETELIER.- ¡Quedan tres sesiones, señor Senador!

El señor SANDOVAL.- Sucede, señor Senador, que desde el 20 de marzo han transcurrido varios meses y que se encuentra en tramitación la institucionalidad ambiental vinculada con el proyecto sobre Biodiversidad.
Solo estoy pidiendo, señor Presidente, que se acelere la tramitación y se emita el informe pertinente.

El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador señor Sandoval ha hecho un llamado a los miembros de la Comisión de Trabajo, que imagino que ya habrán tomado nota.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en sesión de esta mañana, en la Comisión de Educación vimos el proyecto referido a la carrera docente, fundamentalmente en lo que respecta a la titularidad de las horas de extensión, y solo votamos la idea de legislar.
Por lo tanto, creo que ahora haremos lo mismo: vamos a pronunciarnos en general sobre dicha iniciativa.
Quería hacer esa precisión, Su Señoría.

El señor QUINTANA (Presidente).- Así es, señor Senador. Lo planteé hace algunos minutos, y la Senadora señora Von Baer lo reafirmó.
Ahora, en cuanto al orden, sugiero que se trate en el tercer lugar.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, hace pocos instantes se reunió la Comisión Mixta encargada de analizar el proyecto que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, el cual fue aprobado en los términos que señala el informe pertinente, que, para corregir la norma que rechazó el Senado la semana pasada, solo introdujo una palabra.
Por lo tanto, sugiero que votemos el informe sin debate, a los efectos de que pase a la Cámara de Diputados para su ratificación.

El señor QUINTANA (Presidente).- El informe aún no ha llegado a la Sala, señor Senador.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Como dije, solo se añadió una palabra.

El señor QUINTANA (Presidente).- Pero hay que informar acerca de esa palabra.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Únicamente se agrega "la empresa minera".

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Quién va a informar?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Imagino que el Presidente de la Comisión Mixta.

El señor QUINTANA (Presidente).- Le daré la palabra al señor Secretario General para que haga la relación del informe pertinente, después de la cual podrá intervenir el Presidente de la Comisión.

La señora PROVOSTE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que señala el Senador García-Huidobro, pero el informe no ha llegado a la Sala.
Entonces, si le parece a Su Señoría, pasemos al otro informe de Comisión Mixta, que sí está en nuestro poder, para luego votar sin discusión el asunto a que se refirió el colega García-Huidobro.

El señor QUINTANA (Presidente).- Para qué vamos a pasar al otro informe, si respecto del señalado por el Honorable señor García-Huidobro hay consenso, ya que solo se trata de agregar una palabra.

La señora PROVOSTE.- Son tres palabras, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- No está el Presidente de la Comisión.

La señora PROVOSTE.- Entonces, votemos.

El señor QUINTANA (Presidente).- Creo que es lo mejor.
Por lo tanto, votaremos el informe recaído en el proyecto sobre cierre de faenas mineras.



REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor QUINTANA (Presidente).- Según lo recién acordado, corresponde votar el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada durante la tramitación del proyecto de ley que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.324-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 79ª, en 19 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 24ª, en 11 de junio de 2019.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
Minería y Energía: sesión 25ª, en 12 de junio de 2019.
Mixta: sesión 28ª, en 19 de junio de 2019.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 3 de abril de 2019 (se aprueba en general y en particular); 25ª, en 12 de junio de 2019 (se rechaza una enmienda de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
El señor QUINTANA (Presidente).- En votación el informe.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Espero que los Senadores que integraron la Comisión Mixta se inscriban, para que al fundar su voto expliquen el cambio introducido mediante el informe, por mínimo que sea.
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en la página 8 del comparado figura la norma que fue introducida por la Cámara de Diputados y que el Senado rechazó. Se trata del inciso que dice: "El asegurador deberá indemnizar al Servicio la totalidad de los costos de las medidas y actividades que dejó de cumplir de acuerdo a la resolución que el Servicio dictó de conformidad con el artículo 44, hasta el monto asegurado que contemple el plan de cierre.".
Después de la palabra "cumplir", la Comisión Mixta agregó la expresión "la empresa minera". Ello, para que quede absolutamente claro el propósito perseguido por el legislador y a futuro no exista duda alguna sobre lo que estamos aprobando.
Eso resolvió hace unos instantes la Comisión Mixta por 9 votos a favor y una abstención.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Minería y Energía, Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la semana pasada debatimos este proyecto en tercer trámite constitucional, y hubo una diferencia entre lo que aprobaron el Senado y la Cámara de Diputados a propósito de la redacción del inciso atinente al incumplimiento en el caso del cierre de faenas, y, por tanto, al cobro a la aseguradora respectiva.
En tal sentido, se establece claramente que este incumplimiento se refiere a la empresa minera.
El inciso pertinente, en la forma como estaba redactado, generaba una duda, porque el sujeto del texto era el asegurador: hablaba de incumplimiento y después señalaba que se iba a proceder conforme lo establece la ley, a requerimiento del Servicio. Por tanto, se tenía que especificar que el incumplimiento, para proceder a la aplicación de la norma, correspondía a las empresas.
Se abordó este tema en la Comisión Mixta, cuya sesión fue bastante breve, pues había acuerdo en la materia.
El Ministro de Minería dio a conocer una nueva redacción propuesta por el Gobierno, la cual fue aprobada por 9 votos a favor y una abstención.
Por lo tanto, solicitamos formalmente a la Sala ratificar este proyecto tal como fue aprobado por la Comisión Mixta, que acaba de celebrar su sesión hace unos minutos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (30 votos a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Goic, Provoste y Rincón.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Montes y Soria y de abstención del Senador señor Navarro.

Tiene la palabra el señor Ministro de Minería.

El señor PROKURICA (Ministro de Minería).- Señor Presidente, quiero agradecer, en nombre del Presidente Piñera, el apoyo que este proyecto ha recibido, por sus efectos de carácter económico y por la liberación de recursos que hoy día pueden hacer las empresas que tienen boletas de garantía en la minería, las cuales alcanzan a 3 mil 300 millones de dólares, y que podrán ser reinvertidos en el sector.
Por otro lado, tal como han planteado muy bien las señoras Senadoras y los señores Senadores, el proyecto permite que aquellas empresas que no han garantizado los cierres de faena puedan hacerlo a través de la contratación de un seguro.
Creo que se trata de un tema simple, positivo, que va a generar desarrollo y empleo para muchos chilenos más.
Por lo tanto, agradezco nuevamente todo el apoyo del Senado.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Ministro, por su intervención.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento para que ingresen a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, y el Subdirector de la Diprés, señor Mauricio Villena.
¿Habría acuerdo al respecto?

El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muy bien.
Acordado.



CREACIÓN DE DERECHO DE ATENCIÓN PREFERENTE EN SALUD. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley N° 20.584 a fin de crear el derecho a la atención preferente, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.156-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Chahuán y Quinteros):
En primer trámite: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 21ª, en 4 de junio de 2019.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018.
Mixta: sesión 28ª, en 19 de junio de 2019.
Discusión:
Sesiones 93ª, en 23 de enero de 2019 (se aprueba en general y en particular); 24ª, en 11 de junio de 2019 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento derivan del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones de la iniciativa, la que acordó sobre la base de proposiciones formuladas en el seno de la Comisión por el Senador señor Quinteros y el Diputado señor Macaya.
El referido órgano técnico acordó dicha proposición por la unanimidad de sus miembros presentes.
En el comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe de ella.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en su momento hubo aprensiones respecto de la dilación en la tramitación de este proyecto y de las posibilidades de llegar a acuerdos, pese a que, según advertimos, existía un consenso amplio sobre los aspectos de fondo, especialmente en lo que dice relación con la necesidad de dar garantías a los adultos mayores y discapacitados para un trato más digno en los establecimientos de salud públicos y privados.
Recordemos que en el Senado hubo un arduo debate y que se acordó rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
En particular, en la Comisión Mixta hubo acuerdo en cuanto a que era atendible explicitar que esta priorización debía entenderse sin perjuicio de la condición de salud de emergencia o urgencia que, en todo caso, debe primar.
El acuerdo de la Comisión Mixta precisó este aspecto, siguiendo los términos utilizados en el decreto supremo N° 369, de 1985, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento del Régimen de Prestaciones de Salud, cuyo artículo 3° define lo que debe entenderse por "atención médica de emergencia o urgencia".
En general, la Comisión Mixta acordó, en el inciso primero del artículo 5o bis propuesto, establecer lo siguiente: "Toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tendrá derecho a ser atendida preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud, con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones, sin perjuicio de la priorización que corresponda aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes, de acuerdo al protocolo respectivo.".
Por lo dicho, y tal cual nos comprometimos en la última sesión en cuanto a un pronto despacho de esta iniciativa, solicitamos la aprobación de la Sala a la propuesta acordada unánimemente por la Comisión Mixta.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

La señora ALLENDE.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor SANDOVAL.- Sí, señor Presidente.
Solicitamos lo mismo.

El señor NAVARRO.- Pero manteniendo los tiempos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muy bien.
Si la parece a la Sala, se abrirá la votación en los términos solicitados.
Acordado.
En votación el informe de Comisión Mixta.
--(Durante la votación).

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, efectivamente, tal como señaló el Senador Rabindranath Quinteros, también miembro de la Comisión del Adulto Mayor, se generó toda una discusión en torno a algunos detalles relacionados con la urgencia de que los adultos mayores -ya son 3,5 millones de personas que superan los 60 años- tengan en los sistemas de salud una atención preferente, dados su particular condición de vulnerabilidad y especialmente el mayor requerimiento de atenciones médicas.
A ellos debemos sumar los que componen la cuarta edad, cerca de 430 mil chilenos y chilenas, quienes a su vez, por su condición de edad, tienen requerimientos aún mayores en materia de atención preferente.
Podemos señalar que las modificaciones indicadas mejoran las ideas originales del proyecto al incluir la atención ambulatoria dentro del contenido de la iniciativa e incorporan un criterio en consideración a la gravedad y la urgencia de la atención, lo cual no entra en colisión con las políticas y los protocolos propios que rigen para aquellos pacientes que, dada su gravedad, requieren una atención de urgencia.
Ese tema fue, por lo demás, el centro de la discusión que se desarrolló en aquella sesión. Con el Senador Moreira y la Senadora Ebensperger estuvimos conversando sobre las discrepancias que se plantearon en aquella ocasión y acerca de la necesidad que veíamos nosotros de que el proyecto simplemente se aprobara.
Pienso que estas modificaciones, particularmente la mejora que se incluyó en relación con la eliminación de la entrega de la receta médica dentro del marco de la ley, nos parecen absolutamente razonables, toda vez que perfeccionan evidentemente el proyecto, se hacen cargo del necesario protocolo que debe existir en materia de atención en los casos de urgencia. Y lo más importante es que con este proyecto los adultos mayores de nuestro país tendrán una ley que les dará prioridad en el ámbito de la atención.
Además, quiero destacar los mensajes que recibimos, por ejemplo, del Presidente de la Unión Nacional de Pensionados, don Francisco Iturriaga; de nuestros dirigentes regionales de los adultos mayores, entre ellos, la representante de la región más linda de Chile, la señora Eliana Contreras, quien siempre ha estado presente, al igual que muchos dirigentes a lo largo del país, que ven en la salud un tema absolutamente prioritario.
Creo que las tres mejoras, en definitiva, contribuyen a perfeccionar aún más el proyecto y, por cierto, llamamos a una aprobación sin mayores inconvenientes.
Esta iniciativa es una enorme y potente señal para los adultos mayores de nuestro país, especialmente para aquellos que requieren permanentemente atenciones de salud.
Hoy día se les da una atención preferente, una atención oportuna y, esperamos también, una atención de calidad.
Por lo tanto, votamos a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, creo que el trabajo realizado por la Comisión Mixta es bastante bueno y viene a hacerse cargo de una demanda muy sentida de los adultos mayores de nuestro país y también, por supuesto, de los de la Región de Antofagasta y de las comunas que me toca representar en el Senado.
Cada vez que los adultos mayores van a los centros asistenciales no tienen una atención preferente. Muchas veces dan vueltas por los distintos establecimientos de salud a fin de que se les indique la forma y el lugar donde tienen que ser atendidos.
A través de este proyecto de ley se corrigen estas situaciones y se hace justicia con las personas mayores, toda vez que, independiente de las normas que obviamente deben respetarse por la caracterización de los pacientes que entran en urgencia, los adultos mayores podrán ser objeto de una atención preferente en salud.
Además de ello, este proyecto regula también un tema que pareciera ser bastante obvio pero que no se cumple en muchos centros asistenciales. El solo hecho de imponer la obligación a estos establecimientos de colocar carteles visibles y entendibles por los adultos mayores para que puedan saber dónde tienen que realizar sus atenciones es un gran avance, porque va a ayudar a que ahorren tiempo.
Sin duda, el gran desafío que tiene este proyecto de ley será su implementación práctica, ver de qué forma los distintos servicios de salud y los centros asistenciales a lo largo del país van a responder a la forma en cómo se les entrega atención preferente a los adultos mayores y terminar con estas largas filas que muchas veces tienen que realizar cuando van a buscar una hora.
Hago especial mención y quiero destacar lo que el proyecto contempla cuando los adultos mayores van a una consulta y producto de esa atención médica necesitan una interconsulta con un especialista. En estos casos, la iniciativa establece que también habrá una priorización. Y aquí hay un tremendo desafío para el Ministerio de Salud, porque sabemos que parte importante de las falencias del sistema público de salud dice relación con las consultas de especialidades.
Yo espero que este proyecto, una vez que sea ley, constituya una herramienta eficaz para que nuestros adultos mayores tengan un acceso adecuado a la salud, donde efectivamente se les respete, se les trate con la dignidad que se necesita y en que reciban una atención rápida y oportuna a fin de atender sus dolencias.
Señor Presidente, felicito a los autores de esta moción.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, este proyecto es muy importante. Es una señal ante una demanda, una prioridad que han tenido los adultos mayores desde hace mucho tiempo.
Creo que la Comisión Mixta logró resolver, por sobre todo, en forma excelente la preocupación respecto de qué pasa en los servicios de urgencia y los protocolos que tienen quienes trabajan allí. Creo que se clarificó bien algo sobre lo cual algunas personas en el debate -no digo que intencionalmente- generaron una caricatura inadecuada, respecto a la importancia de dar una atención preferente a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
Voy a votar a favor.
Pero quiero mencionar algo que le señalé al Presidente de la Comisión de Salud. No era el momento para poner el tema, pero existe un grupo de personas en nuestro país que requieren un trato similar.
Presenté un proyecto esta semana relativo a los cuidadores, y por sobre todo a las cuidadoras. En su gran mayoría son mujeres las que atienden a los adultos mayores postrados, a los discapacitados que no son autovalentes. Se trata de miles de mujeres en todo nuestro país, quienes postergan sus vidas completas, se empobrecen por ser cuidadoras, y apenas tienen tiempo para salir de su casa a hacer sus propias cosas. No tienen a nadie más que pueda quedarse con el discapacitado o con la persona postrada. Es una entrega siete días a la semana, las veinticuatro horas del día.
Y si hay alguien a quien debemos reconocer como sujeto de derechos en nuestro país, junto con lo que se hace en la ley en proyecto, ellas son las cuidadoras, para que efectivamente puedan recibir también una consideración, en particular en esta área. Se enferman mucho, no tienen tiempo, se casi anulan como personas por entregar todo su tiempo a otros.
Por ello, quiero sensibilizar a la Sala para que consideremos lo que pasa con aquellas personas que cuidan a los adultos mayores postrados, a sus parientes discapacitados -hablo de discapacidades graves-. Necesitamos una política pública que las reconozca como sujetos de derechos y, a la vez, les dé atención preferente en particular en esta área, porque no tienen la posibilidad de estar cinco, seis horas esperando una atención, pues dejan a otra persona en una situación de abandono, lo que ninguno de nosotros, seguramente, quiere que ocurra.
Voto a favor, pues a través de este proyecto se establece un principio humanitario muy importante, que espero que este Congreso siga profundizando y afianzando.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, como uno de los autores de esta iniciativa, me siento particularmente honrado de que hayamos llegado a un acuerdo en la Comisión Mixta, conformada por miembros de las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado.
Y logramos, fundamentalmente, entender que acá hay un principio: la atención preferente para las personas mayores y con discapacidad. Ello, debido a que hemos visto las largas esperas para que personas mayores retiren los medicamentos en los servicios de salud. Hablamos de personas que esperan hasta por ocho horas.
En ese contexto, respecto de la redacción inicial planteada por los autores de la iniciativa, fueron mermadas ciertas facultades en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando pedimos que esta Sala rechazara las enmiendas para poder mejorar la iniciativa, hicimos lo correcto, pues logramos reinstalar las posibilidades para que las personas mayores y las personas con discapacidad tuvieran esa atención preferente que tanto reclamaban.
Y ello no se aplica solo a la atención ambulatoria, sino también a las urgencias, a lo que dice relación con la gestión de recetas médicas, con la necesidad de apurar el despacho de medicamentos.
Por tanto, logramos avanzar en forma sistemática en un principio que no tendría que ser definido por ley: esto debiera ser un criterio de las autoridades de salud.
Finalmente, logramos que este fuera un principio consagrado en nuestra legislación. Y en el Día del Buen Trato con las Personas Mayores la propia Primera Dama señalaba que este era uno de los proyectos emblemáticos de la Administración del Presidente Piñera, y que recogió muy bien.
En ese contexto, agradezco al Presidente Piñera, al Ministro Blumel, que hoy día se encuentra en la Sala, por la urgencia legislativa que se le dio a este proyecto.
Por otro lado, agradezco lo que ha sido una tónica: ser capaces de poner en el centro al paciente. En ese sentido, estamos avanzando para que exista un pilar necesario de una atención preferente a las personas mayores y a las personas con discapacidad.
Señor Presidente, pido que se apruebe por unanimidad el acuerdo de la Comisión Mixta. Esta iniciativa será un aporte significativo para la dignificación de las personas mayores y con discapacidad en la atención de salud.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, considero que este es tal vez uno de los proyectos más simbólicos. Es muy simple, y valoro que tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo hayan tramitado con la agilidad que se hizo.
Esta es una moción que presentamos los miembros de la Comisión de Salud.
¿Y por qué lo hicimos?
Primero, porque, lamentablemente, hay que regular esto por ley.
Yo considero que no debiera ser necesario que esto sea regulado por ley. No es posible que tengamos adultos y adultas mayores haciendo colas en hospitales públicos hasta seis, siete horas para que les den un medicamento. Hablo de personas de noventa años en hospitales como el Sótero del Río, por ejemplo, donde no tienen donde sentarse, en que a veces llegan a las ocho de la mañana y se van a las cinco de la tarde solo para ir a buscar un medicamento. Hay pacientes adultas mayores que se encuentran en largas listas de espera para realizarse un examen. Hablo de pacientes diabéticas, de ochenta años, con situaciones de hipoglicemia, que deben esperar seis horas y muchas veces -insisto- no tienen ni siquiera un lugar donde sentarse, con baños en malas condiciones, con ascensores que no funcionan. Esa es la realidad del día a día, pacientes que tienen que estar, a veces, cuarenta y ocho horas sentados en una silla, siendo adultos y adultas mayores, para que les den una atención de urgencia.
Tal vez debiera ser de sentido común que los directores de hospitales, de consultorios, de SAPU, de las urgencias establecieran algo que a mí me parece que tiene que ver con una ética básica de salud: que los adultos y las adultas mayores reciban una atención preferente. Lamentablemente, eso no es así, y hay que establecerlo por ley.
Y la ley en proyecto obligará a todos los centros de salud, públicos y privados, a incorporar esto en los informativos de la Ley de Derechos del Paciente, de la que también nosotros somos los autores. Conforme a esa legislación, es obligatorio que a la entrada de un centro de salud se indiquen los derechos y deberes del paciente. Y ahora se tendrán que agregar estos nuevos derechos para los pacientes adultos y adultas mayores, lo que me parece fundamental.
Además, todos los hospitales, consultorios, centros de salud deberán habilitar una fila especial para atender a los adultos y a las adultas mayores, y no se van a permitir estas largas listas de espera.
El problema es que la mayoría de las personas que van a los hospitales son adultos y adultas mayores, tienen más de 60 años, lo que va a obligar al sistema público de salud a reforzar su capacidad de atención. ¿Por qué? Porque a ello se aplican normas de sanciones a través de la Superintendencia, aspecto que nosotros vamos a hacer valer.
Es decir, si un hospital, un consultorio o una posta no habilita una fila especial para que los adultos y las adultas mayores se puedan atender y no entrega una contraprestación adecuada (o sea, si no hay una respuesta efectiva de los servicios de salud), vamos a exigir que se sancione a los directivos de ese hospital, a los directivos de esa posta, a los directivos de ese SAPU, a los directivos de ese consultorio, ¡porque es inaceptable lo que ocurre hoy día con los adultos y las adultas mayores!
Este proyecto es una suerte de AUGE del adulto mayor, pues busca establecer garantías y derechos mínimos. Insisto en que esta obligatoriedad no debería haber sido fijada por ley. Lamentablemente, tuvimos que llegar al extremo de presentar una iniciativa para regular algo que debería ser del más básico sentido común.
Lo mismo ocurre con el cáncer. Hoy día los pacientes oncológicos no tienen ninguna prioridad. Algunos están dos años esperando una cirugía, a pesar de padecer un cáncer en el cerebro. Otros esperan meses por un escáner, por una resonancia, o les toman un examen y pasan tres, cuatro, cinco meses para que les den el resultado.
¡Acaso vamos a tener que hacer una ley para eso!
¿Por qué? Ello debería corresponder al más obvio sentido común de la más básica gestión de un centro de salud que entiende que las personas con cáncer se juegan contra el tiempo la vida todos los días.
¡Eso no puede ser aceptado!
Por eso, señor Presidente, me parece que este proyecto va a tener un impacto muy importante. A través de una ley sencilla, que obligará a dar atención preferente y aplicará sanciones, los sistemas públicos y privados de salud -sobre todo, los públicos- garantizarán una atención de calidad digna, en un tiempo razonable, para todos los adultos y las adultas mayores de nuestro país.
Creo que es lo menos que se puede hacer por quienes llegan a un momento de la vida en que se sufre la mayor carga de enfermedades y, además, se carece de recursos suficientes, pues la mayoría recibe pensiones o jubilaciones muy bajas, con lo cual les resulta imposible enfrentar, con fondos propios, los problemas de salud que los aquejan.
Es cotidiano, es costumbre encontrar adultos mayores beneficiarios del sistema público de salud que, ante la pregunta de cómo se hicieron un escáner, responden: "Doctor, me lo tuve que realizar en forma privada. ¿Sabe por qué? Porque me dieron hora para un año más y debía atenderme con el especialista en seis meses; así que me vi obligado a juntar dinero con la familia, con los amigos, ya que si esperaba el resultado del examen en el sistema público, ya no lo iba a necesitar".
Y esa situación también ocurre al revés: pacientes que se toman el examen y tienen hora con un especialista en seis meses o en un año, y cuando el médico revisa el examen les dice que deberán tomárselo de nuevo porque ya no sirve, es viejo y necesita uno actual.
Con ese sistema lo único que se logra finalmente es agraviar a las personas; pero, además, se encarece y se hace mucho más dificultoso el propio sistema de salud, por la pérdida de recursos, producto de ese tipo de situaciones.
Agradezco el apoyo que ha tenido este proyecto de ley y la celeridad con que se ha tramitado. Ojalá reciba una aprobación unánime, por la importancia que reviste.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, voy a respaldar esta iniciativa y felicito a sus autores por haber omitido el término "adulto mayor" a lo largo de todo su articulado.
Una cosa es plantear que toda persona mayor de 60 años -una cifra arbitraria, pero parece bien- deba recibir atención preferente y otra distinta es relegarla nuevamente, como lo han hecho aquí los señores Senadores, distinguidos colegas, a la categoría de "adulto mayor", para después señalar que hay una especie de epidemia de adultos mayores, de gente que se encuentra en la última parte de su vida.
Creo que algún día tendremos que revisar tal concepto.
En nuestro país, la esperanza de vida está llegando a los 80 años, y mucho más allá todavía. Y quienes somos adultos mayores hace dieciséis años nos sentimos a veces un poquito mal cuando se nos categoriza como en una edad en que estamos necesitados de muchos apoyos, etcétera.
Repito: quien hizo este proyecto tuvo la sensibilidad de proponer la frase "toda persona mayor de 60 años", nunca dijo "todo adulto mayor". Esto último no es lo que corresponde en este caso.
Cuando reconozcamos plenamente el derecho de los adultos mayores, a lo mejor no vamos a necesitar categorizarlos de ninguna forma.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, me alegro de que tengamos esta votación unánime.
Es importante que quede constancia de algo que recordamos en la Comisión Mixta: eso que la mayor parte de los autores de la moción señalamos en la sesión pasada, cuando discutimos en esta Sala el proyecto, era cierto.
No había una diferencia de fondo entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de lo que nosotros planteábamos. Se buscó ir a Comisión Mixta, dentro de la tramitación legislativa, para perfeccionar el texto y despejar las dudas en cuanto a que lo propuesto no contraviene el sentido de una urgencia para todas las personas, lo que obviamente debe ser atendido con prioridad.
Pero, además, pudimos consagrar -aquí ya se ha señalado- que toda persona mayor de 60 años, sean adultos mayores o personas de la cuarta edad, respecto de las cuales hoy día se ha creado una categoría especial considerando las esperanzas de vida, recibirá efectivamente una atención preferente.
Además, dejamos en el proyecto de ley establecida la dictación de un reglamento, con un plazo definido, para normar la forma en que se implementará esto en muchas situaciones: una ventanilla única, una atención especial, un mesón; cómo se deberá proceder en la atención primaria, en un hospital; qué pasos se seguirán para la dispensación de medicamentos, para la entrega de horas médicas.
Esperamos que lo propuesto sea un incentivo para mejorar la gestión, centrándola en los adultos mayores, centrándola en las personas, en general.
Señor Presidente, hoy día uno se pregunta si es razonable que un adulto mayor, para conseguir un medicamento, tenga primero que hacer la fila para pedir número, ¡horas de espera solo para eso!, y luego más horas de espera para que le entreguen el remedio.
¡Qué sentido tiene eso!
Además, muchos de ellos son pacientes crónicos, que figuran en un listado. El centro de salud familiar respectivo tiene claro dónde viven.
Entonces, uno se pregunta por qué no ir un poquito más allá: entreguemos los medicamentos en el domicilio. Puede ser mucho más fácil. Incluso, estoy segura de que es más económico, desde el punto de vista de uso de los recursos, configurar una ruta a ese efecto, con lo cual se aprovecharía de visitar al adulto mayor.
También se podría invitar a esas personas no a hacer fila al consultorio, sino a realizar actividades de esparcimiento, de recreación, de entrenamiento de memoria, para que salga de su hogar, pero no a realizar un trámite administrativo que muchas veces no es digno para ellos.
Yo creo que aquí avanzamos, pues damos un paso importante en la consagración de un principio, en el establecimiento de la prioridad en la atención. Pero el desafío va a estar en la gestión.
Ojalá estos temas se resolvieran con una ley, como con una varita mágica, pero todos sabemos que no es así.
Es importante señalar que lo propuesto debe servir de herramienta para ayudar en la gestión de salud tanto ministerial como municipal, con el fin de permitir de verdad dignificar la atención, llegar a tiempo a nuestros adultos mayores y generar un mejor trato.
En consecuencia, solo me resta agradecer la disposición de todos para tramitar con celeridad esta moción que presentamos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero partir por felicitar a los integrantes de la Comisión de Salud, quienes hicieron posible la aprobación de este proyecto de ley y, también, al Congreso, en particular al Senado.
Algunos Senadores se han preguntado por qué esto tuvo que hacerse a través de una ley, cuando debió ser algo que estuviera siempre a disposición de las personas con alguna discapacidad o de los adultos mayores.
Tal reflexión no es menor, porque siento que lo que ha habido acá históricamente son actos de abuso. Pero, más que eso, se manifiesta la diferencia de quienes ven la salud desde lo económico y no desde la humanización que debiera haber en algo tan sensible como la salud, particularmente para nuestros adultos mayores.
Por lo tanto, uno nota que quien recibe atención de prioridad es quien tiene el dinero; quien logra una recuperación es quien tiene el dinero. Y quien no, queda postergado y se ve obligado a aguantar largas esperas, ¡meses, años de espera!, por ejemplo, para tomarse exámenes.
El proyecto que este Congreso ve hoy día, que aborda el problema que aqueja a nuestros adultos mayores en materia de salud, obviamente nos convoca a votarlo favorablemente y nos hace valorar este tipo de iniciativas, que buscan dar mínimas garantías para nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad, entendiendo lo que ellos viven día a día al momento de ir a retirar sus medicamentos, de ir a hacerse los exámenes, etcétera.
Por lo tanto, en lo personal, este proyecto me alegra profundamente.
Pero quiero recoger algo que dijo el Senador Letelier en algún momento respecto de las cuidadoras y los cuidadores. Son, fundamentalmente, mujeres.
Hay un asunto pendiente a ese respecto. Y me valgo de la presencia de los Ministros -por su intermedio, señor Presidente- para hacerles ver el problema sobre el estipendio en este caso. Llega a menos de 30 mil pesos, y se trata del cuidado permanente de personas con discapacidad, de personas postradas, de adultos mayores.
Esa es una enorme deuda que tiene el Estado chileno con miles de personas en nuestro país que entregan una dedicación absoluta al cuidado, a la recuperación y a la protección de familiares o de personas con discapacidad, postradas o adultos mayores.
Por lo tanto, valoro una vez más lo que hizo este Senado respecto a la tramitación de este proyecto de ley, al que obviamente el Gobierno le ha puesto la urgencia debida.
Esperemos que en adelante se dé cumplimiento a la prioridad en la atención de salud que deben recibir los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero felicitar, como ya lo hicimos en el tercer trámite, a los autores de la moción que dio origen a esta iniciativa y valorar el trabajo de la Comisión Mixta.
Considero muy importante y positivo que, en la definición del derecho a la atención preferente para las personas mayores de 60, como dijo el Senador Insulza -¡parece que él anda sensible con el tema de las edades...!-, se haya omitido la referencia a la atención ambulatoria .
Creo que eso era lo correcto. Muchos así lo manifestaron, y yo también, en el tercer trámite.
Asimismo, resulta esclarecedor que se haya precisado que dicha preferencia no afecta la priorización en razón a la condición de urgencia de los pacientes.
Sin lugar a duda, esa enmienda es tremendamente importante.
Señor Presidente, me llama la atención el siguiente punto.
El derecho establecido en el inciso primero del artículo 5º bis, que garantiza la atención preferente, se refiere a "acciones de salud" sin distinción; es decir, a acciones de salud normales o comunes y a consultas de urgencia . Pero ello se contradice con lo dispuesto en el inciso segundo del mismo artículo. Obviamente esta es una preocupación legítima y espero quede consignada en la historia de la ley, para que no se entienda que se trata solo de las urgencias.
Esto fue modificado en la Comisión Mixta. Se propone que la atención preferente se aplicará, si se tratare de una consulta de salud:
"a) En la entrega de número para la solicitud de día y hora de atención.
"b) En la asignación de día y hora para la atención.
"c) En la asignación prioritaria para la consulta de salud de urgencia .".
Esto último obviamente vuelve a restringir el sentido del derecho a la preferencia. Es muy importante que se esclarezca que la atención preferente no se exige solo para urgencia.
Señor Presidente, veamos la realidad de nuestros adultos mayores. Sin lugar a dudas, para muchos ir al consultorio no significa solamente buscar atención de salud. ¿Por qué? Porque están solos en sus casas. Ese es un lugar también de encuentro y de reunión para ellos.
Por eso, creo que es fundamental avanzar más allá de lo que estamos haciendo hoy día con este proyecto de ley. A mi juicio, contar con centros de atención diurna para nuestros adultos mayores como política de Estado en todo nuestro país, en cada comuna, es algo de verdad importante.
El otro día con el Senador Galilea escuchábamos en Talca que muchos adultos mayores, antes de tener ese espacio de encuentro...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Disculpe, señora Senadora.
Pido a la Sala guardar silencio, por favor. Está interviniendo una colega.
Senador señor García-Huidobro, por favor.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Perdón, señor Presidente!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias.
Continúe, Su Señoría.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
Como decía, estos centros de atención diurna les cambian la vida a nuestros adultos mayores.
Algunos nos relataban en esa oportunidad que antes estaban en sus casas sin ningún deseo de levantarse, de bañarse, de vestirse, de conversar, pero ahora no encontraban el minuto en la mañana en que los pasaran a buscar y los llevaran a estos centros para interactuar con sus pares, con personas con las que podían hablar.
Me parece que, sin lugar a duda, ese será el mejor remedio y el mejor aliciente para que las urgencias y las atenciones preferentes de nuestros adultos mayores en los centros de salud disminuyan. Así mejoraremos su calidad de vida.
Este es un tremendo paso, y creo que debemos ir por más.
Gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, quiero concordar con algunas de las Senadoras y algunos de los Senadores que han intervenido, en el sentido de que este es un proyecto relevante.
También coincido con quien ha expresado aquí que esta no debiera ser materia de ley, sino parte de la gestión de un centro de salud o de un hospital.
Pero, bueno, en los últimos veinte y tantos años se ha establecido un modo de gestión, una forma de llevar adelante los servicios de salud de nuestro país que nos tiene en esta situación. Y vemos en las urgencias, en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud -todos públicos, por cierto- que se entrega una atención extraordinariamente deficiente, una atención lenta, en el mejor de los casos.
Por lo tanto, me parece que establecer por ley que todas las personas mayores de 60 años van a tener derecho a atención preferente en cada una de las acciones de salud que aquí se señalan es un avance verdaderamente significativo.
Yo entiendo de una manera distinta la preocupación de la Senadora Rincón. Creo que si a un centro de salud, a un hospital o a una urgencia llega un adulto mayor, pero también alguien herido por un accidente y una persona que ha tenido un ataque, sin importar la edad, el personal de urgencia sin duda deberá discernir adecuadamente la prioridad al respecto, sin perjuicio de ponderar el hecho de que a un grupo se le ha expresado un derecho preferente de atención. En los hospitales y en los centros de salud deben atender las emergencias y las urgencias de una manera adecuada.
A mi juicio, eso quedó bien resuelto en la iniciativa. Fue uno de los debates que hubo en la Comisión Mixta.
Me parece que la atención preferente está bien distribuida en todas y cada una de las normas: primero, si se trata de una consulta de salud; segundo, si se trata de la prescripción y dispensación de medicamentos, y tercero, si se trata de toma de exámenes o procedimientos médicos más complejos. Es decir, el proyecto de ley establece una secuencia para indicar cuándo se aplica el derecho a atención preferente, cuándo el establecimiento de salud, ya sea privado o público, va a estar obligado a ello.
A mí me gustaría que la Comisión de Salud, los autores de la moción, precisaran con mayor claridad qué pasa o cómo se sanciona cuando este derecho no es respetado.
No hay duda de que toda persona mayor de 60 años, sea hombre o mujer, va a tener este derecho preferente y ello será obligatorio para los centros de salud. Es bueno precisar que lo relativo a su aplicación -si entiendo bien- va a quedar consignado en un reglamento. Se agrega un artículo transitorio, que dispone que se deberá dictar un reglamento, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley, para determinar "la forma en que se aplicará la atención preferente en cada establecimiento de salud.".
Por lo tanto, hemos dejado al reglamento el tema de las sanciones.
No sé si ha habido un debate sobre este punto, porque si no generamos una sanción que asegure el cumplimiento de la ley o si la sanción es mínima, inconducente o irrelevante, el derecho a la atención preferente que estamos consagrando en este proyecto se convertirá en una muy buena declaración de intenciones, pero no va a tener una aplicación práctica.
En realidad, lo que queremos hoy día, luego de escuchar a las Senadoras y a los Senadores en sus discursos, es que este derecho verdaderamente se aplique. Nosotros queremos y buscamos que nuestros adultos mayores o personas mayores de 60 años sean atendidos preferentemente en los establecimientos de salud, públicos y privados, para las consultas médicas, para la prescripción de medicamentos, para la toma de exámenes u otro tipo de procedimientos.
Por eso, la sanción, que va a estar radicada en el reglamento, juega un rol relevante. Desconozco las razones por las cuales no se quiso dejar en la ley una materia como esa, tan fundamental para el éxito de esta iniciativa, pero, de todas maneras, felicito tanto a los miembros de la Comisión como a los autores del proyecto.
Vamos a votar a favor, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el proyecto de ley establece la condición prioritaria de las personas mayores de 60 años. ¡Aquí hay un número importante de Senadores que son incumbentes en materia de edad para recibir esta prestación...!
Señor Presidente, deseo aclarar: se trata de atención preferente y oportuna si se trata de una consulta de salud; entrega de número, día y hora para la atención; asignación prioritaria para una consulta de salud de urgencia, teniendo muy claro el criterio médico -esto en nada viola el criterio médico que establece qué atención requiere mayor urgencia, para lo cual ya existe un protocolo-; evaluación de médicos especialistas; prescripción de medicamentos; emisión y gestión de receta médica; dispensa y entrega directa de medicamentos de farmacia. En el caso de los exámenes, lo mismo: número, día, hora y también posterior asignación para la realización de exámenes y procedimientos más complejos.
Está claro que tenemos que avanzar hacia una opción preferente, de más preocupación por los adultos mayores, criterio que ya existe en muchos centros hospitalarios. Se aplica de manera voluntaria, es una recomendación, y ahora va a quedar establecido en la ley.
Dos observaciones.
La primera es que esto no violenta el criterio médico de qué atención requiere mayor urgencia, sino que pretende implementar un procedimiento más expedito y adecuado. ¿Para qué obligar a ir a buscar los medicamentos a enfermos crónicos que deben trasladarse de una ciudad a otra? El hospital de Higueras, señor Presidente, y el hospital de Penco-Lirquén ya resolvieron este problema. Antes la gente de Penco y Lirquén tenía que ir todas las semanas a Higueras, Talcahuano, a buscar sus medicamentos. Se demoraban una hora y media, porque aún no existía la carretera interportuaria, Hoy los medicamentos los lleva un vehículo acreditado y se entregan directamente a los adultos mayores y enfermos crónicos de esas dos localidades.
Muchos de estos procedimientos ya han sido adoptados por los directivos de los centros de salud y de los hospitales. Hoy día se establece como una prioridad, para que este reclamo no sea visto ni como un pituto ni como la solicitud de un favor a algún directivo. ¡No! ¡Formará parte de la obligación de dar prioridad en los términos dispuestos por la ley!
El Senador Pérez Varela se preguntaba: y si aquello no se cumple, ¿dónde se reclama? Bueno, hay un centro de reclamos en cada establecimiento hospitalario. Está claro que no hay sanciones, porque la ley no las contempla; sin embargo, sí se aplican cuando se comprueba un mal proceder funcionario.
Creo que en esta materia debe actuarse con un criterio de buena fe y, progresivamente, cultural. Nadie debiera molestarse en una sala de espera cuando un adulto mayor sea atendido con preferencia para la entrega de medicamentos, por cuanto, claramente, los requiere con mayor urgencia. Y eso pasa por una cultura solidaria en el ámbito de la salud que debe ser instaurada en todos los niveles: educacional, familiar.
Hoy, señor Presidente, en el Metro y en muchos transportes públicos existe el "asiento preferente", pero nadie lo respeta. De hecho, en la Comisión de Transportes estábamos discutiendo una sanción para quienes no respeten el asiento para embarazadas o el asiento para personas con discapacidad o condiciones especiales. ¡Porque no se respetan! Y eso forma parte de una cultura. Yo he sido testigo de conflictos que han llegado incluso a la agresión física por representarle a una persona que tiene que cederle el asiento a una anciana que, de verdad, no puede sostenerse en pie, pues los buses del Transantiago son verdaderos camiones y, claramente, los adultos deben viajar sentados para no verse expuestos a un accidente. Creo que estamos frente a un proyecto bien inspirado, que espero que los funcionarios de la salud recojan en la forma en que se encuentra descrito. Ellos tienen que ser capacitados, al igual que cuando se aprobó la Ley sobre Violencia contra la Mujer. El Ministerio, los 27 Servicios de Salud, los hospitales, van a tener que capacitar a todos sus funcionarios para una correcta e igual atención en los establecimientos de salud del país, porque existe el riesgo de que la ley se entienda de manera distinta en cada uno de ellos a lo largo del territorio y comiencen a aparecer discriminaciones.
Por lo tanto, aquí hay una tarea pendiente del Ministerio. Las últimas declaraciones del Ministro Mañalich no son alentadoras en este sentido, pero tiene que haber una aplicación de buen criterio, de buen sentido, y esto debe partir por el Ministro y extenderse a todos los funcionarios del sector, que trabajan tanto y ganan tan poco, particularmente los que se desempeñan en los hospitales, en los Cesfam, en los SAR y en los consultorios.
Voto a favor.
¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor DE URRESTI (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, sin duda, un proyecto de esta naturaleza tiene aplicación práctica y se hace cargo de un drama diario. En efecto, todos los días miles de adultos mayores y personas con discapacidad tienen que ir a sacar número, a tempranas horas de la madrugada, para mendigar una asistencia médica en el sector público. Deben esperar semanas, meses, para una atención general, y meses o años, para la atención de un especialista. Y cuando no se dispone de un especialista o no se recibe atención oportuna, muchas veces las enfermedades, si no son prevenidas, se transforman en males incurables.
Lo que hacemos con este proyecto de ley, de aplicación práctica, es establecer, como un derecho, que toda persona mayor de 60 años o que tenga algún tipo de discapacidad debe ser atendida preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud. Es decir, en el mundo público o en el mundo privado, si una de estas personas requiere alguna atención, sea médica, sea para el retiro de medicamentos, sea para el otorgamiento de alguna receta, deberá ser atendida de manera preferente.
Por eso, es muy importante avanzar, ahora que estamos despachando esta iniciativa, en una campaña de difusión. Los derechos consignados en la ley, si no se conocen, son meras expectativas. Necesitamos que toda la gente, de Arica a Punta Arenas, tanto la que es atendida en el sector público como en el sector privado, sepa que este Parlamento ha aprobado una legislación que le consagra un nuevo derecho, el derecho a la atención preferente, y que, como consecuencia de ello, nace una obligación para todos los establecimientos de salud, públicos y privados.
En consecuencia, debe oficiarse a la Superintendencia de Salud, a fin de que lleve a cabo fiscalizaciones para determinar que todas las instituciones de salud, públicas y privadas, han creado un mecanismo de atención preferente.
Señor Presidente, esta ley puede parecer solo letras y palabras, pero se hace cargo de una tremenda realidad. ¿Cuántos adultos mayores se resignan, al final, porque no pueden levantarse a las 5 de la mañana y pasar frío para pedir una hora médica? ¿Cuántos adultos mayores o personas en situación de discapacidad no tienen la posibilidad de llegar primeros para quedar adelante en la fila y al final quedan últimos?
Lo que hacemos acá es poner a los adultos mayores y a las personas con discapacidad primeros en la fila: primeros en la fila de los consultorios, de los Cesfam, de los hospitales y también de las clínicas y centros privados de salud, porque esto no tiene que ver solo con la condición de pobreza, que ciertamente agrava la situación, sino también con la situación de vulnerabilidad a la que la edad naturalmente nos lleva.
Señor Presidente, creo que esta es una demostración práctica de lo que debiera ocurrir en nuestro país, no necesariamente como obligación legal, pero, ya que en este caso no ocurrió en el sector público ni en el sector privado, hemos tenido que establecerlo a través de esa vía.
Considero que esta es una tremenda iniciativa, que va a significar el mejoramiento de las condiciones de salud de muchos adultos mayores y de personas con discapacidad que no pueden levantarse en la madrugada a pedir una atención en un centro hospitalario.
Es de esperar que, así como este proyecto de ley beneficia a los adultos mayores, también tengamos la posibilidad de llevar a cabo una profunda reforma a nuestro sistema de salud para que nunca más un adulto mayor, un niño, una persona con alguna enfermedad y quienquiera que clame por una atención médica en el sector público tenga que esperar para ser atendido.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (39 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.

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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en el Senado se está tramitando un proyecto de ley sobre glaciares. Y nos encontramos con el boletín N° 4.205-12, sobre el mismo tema -presentado en su oportunidad por casi los mismos parlamentarios que patrocinaron la moción en actual tramitación, entre ellos el Senador Antonio Horvath- el cual se halla archivado en este minuto.
Lo hablé con el colega Girardi y otros miembros de la Comisión de Medio Ambiente, y solicito formalmente desarchivar ese proyecto para fusionarlo con el que actualmente está en trámite para darle valor testimonial al Senador Antonio Horvath, quien fue un permanente y activo luchador por los temas ambientales.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo?

El señor CHAHUÁN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, existe un compromiso por parte de este Parlamento de proceder de esa manera e incluso de darle al proyecto el nombre de "Ley Horvath".
Fue algo que discutimos ampliamente.

El señor BIANCHI.- ¡Eso fue para el net metering! ¡Y ya se hizo!

El señor CHAHUÁN.- ¡Perfecto!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- De todas maneras, le agradecemos su intervención, Senador Chahuán.
Entonces, ¿habría acuerdo para acoger la petición del Senador Sandoval?
Acordado.
--Se accede al desarchivo del boletín N° 4.205-12, el cual se fusiona con el N° 11.876-12, en actual tramitación.



MODIFICACIÓN DE ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN MATERIAS DE ORDEN LABORAL


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En conformidad a lo que se acordó al comienzo de esta sesión, corresponde analizar a continuación el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, con certificado de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.780-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 27ª, en 18 de junio de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura (certificado): sesión 28ª, en 19 de junio de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Los principales objetivos del proyecto son los siguientes: mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación dependientes de DAEM o corporaciones municipales, incorporando en sus contratos vigentes su calidad de titulares; determinar que los docentes puedan ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento, previo cumplimiento del requisito de estar inscritos en el Registro Público de Acciones Formativas del Centro; facilitar la prórroga de los contratos por los meses de enero y febrero, suprimiendo la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar, y establecer la exención del proceso de evaluación respecto de quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad de jubilar.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto solo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó con los votos favorables de los Senadores señoras Provoste y Órdenes y señor Latorre, y las abstenciones de los Senadores señora Von Baer y señor García.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en las páginas 2 y 3 del certificado de la Comisión de Educación y Cultura y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, Senador señor Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, simplemente deseo informar y complementar lo que ha dicho el señor Secretario.
Este es un proyecto de ley que ingresó ayer a la Corporación. Llegó aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados. Tanto en su Comisión de Educación como en la Sala obtuvo un apoyo transversal. Y, claramente motivados por el contexto de movilizaciones que se está dando ahora en el país, quisimos dar una señal y despacharlo en general el día de hoy.
En la Comisión de Educación del Senado llegamos al acuerdo de aprobar la idea de legislar con miras a que se pudiera hacer lo mismo aquí, en la Sala, para que, obviamente, se abra un período de indicaciones y vuelva a la Comisión para la discusión particular, donde tendremos la posibilidad de escuchar a distintos actores, como el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación, los sostenedores educacionales.
Se trata de un proyecto de artículo único, pero que está desagregado en varios numerales que abordan las siguientes materias:
-Titularidad docente. Se incorpora a los contratos de los titulares toda extensión horaria no comprendida en sus contratos, siempre que dichas actividades se hayan prolongado por tres años continuos o cuatro discontinuos.
-Aspectos de vacaciones de invierno. Se establece que los docentes solo podrán ser citados durante sus vacaciones para cumplir actividades registradas en el CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Docentes).
-Prórroga de contratos a los meses de enero y febrero, desde el 1° de diciembre pero no solo durante diciembre.
-Se exime del proceso de evaluación docente a quienes estén a tres años o menos de cumplir la edad legal para jubilar.
-Y se deroga la letra k) del artículo 72, que establece que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal dejan de pertenecer a ella por renuncia anticipada.
Insisto en que hubo un acuerdo de buena fe entre nuestra Comisión de Educación y el Ejecutivo en términos de aprobar el proyecto en general, a fin de dar una señal en el marco del proceso de movilizaciones que está en curso, para que después vuelva a la discusión particular en la Comisión de Educación y pase, enseguida, a la Comisión de Hacienda.
Gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tal como se ha dicho, esta es una iniciativa que modifica la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto Docente de los Profesionales de la Educación, particularmente en lo que dice relación con la extensión de la titularidad de las horas que no tienen dicho carácter.
Lo que ocurre es que el señor Contralor General de la República, en su exposición ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sostuvo que la normativa propuesta "incentiva la ampliación de la jornada de trabajo de los docentes contratados y no en calidad de titular. Por lo tanto, el problema de estabilidad, podría solucionarse por aplicación del principio de confianza legítima", doctrina que se ha venido aplicando en las últimas resoluciones dictadas a propósito de desvinculaciones producidas en el sector público. Y agregó: "Sin embargo, vulnera el artículo 25 de la ley 19.070, al exceptuar de concurso público este tipo de designación".
Por otra parte, el Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Maximiliano Ríos Galleguillos, se refirió a la extensión de las horas no titulares en los siguientes términos: "esta iniciativa implica un mayor costo para el empleador y por ende para el Fisco, lo cual convierte a la iniciativa en materia exclusiva del Presidente de la República y que de aprobarse incorporaría una obligación financiera adicional, complicando aún más las finanzas de los municipios. El mayor costo se explica, dado que las horas a contrata no tienen costo indemnizatorio, sin embargo, al convertirla en horas de titularidad sí lo tiene".
Además, otra norma que a mi entender genera mayor gasto público es aquella que extiende el beneficio del incentivo al retiro. En esta materia nosotros hemos establecido dos beneficios. Uno es la indemnización por años de servicio, cuyo costo es asumido por los municipios. Cuando el profesor se va, corresponde pagarle su indemnización por años de servicio. Y el otro beneficio, que es de cargo fiscal, es lo que llamamos el "incentivo al retiro", que corresponde a una cantidad de dinero determinada, establecida normalmente en unidades de fomento.
Hasta ahora, cuando el profesor presenta su renuncia para no someterse a evaluación docente, se entiende de inmediato que renuncia asimismo a la parte del incentivo al retiro. Al derogarse la norma pertinente, también mantenemos el derecho al incentivo al retiro, situación que puede tener mucho de justicia, pero que sin duda genera mayor gasto fiscal.
Entonces, señor Presidente, mi abstención de la mañana en la Comisión de Educación responde a eso. Y me alegra bastante que hayamos alcanzado un acuerdo en el sentido de votar solo la idea de legislar de la iniciativa. Necesitamos conversar con el Ejecutivo, necesitamos trabajar con el Gobierno, necesitamos poner recursos en aquellas normas que, en nuestra opinión, deben hallarse consideradas para darle eficacia a esta ley en proyecto, a los efectos de que, si estamos dando titularidad a las horas de extensión, bueno, que se realice conforme a toda la iniciativa, incluyendo la estimación de lo que podría significar en materia indemnizatoria el día de mañana.
Y lo mismo respecto de la norma sobre incentivo al retiro.
Tengo simpatía por el presente proyecto y por las normas establecidas, en particular por aquella referida a la titularidad por las horas que exceden a la jornada laboral docente -normalmente de 30 horas-, las cuales los profesores ya las tienen incorporadas a su contrato. A mí me parece que cuando los maestros llevan mucho tiempo sirviendo esas horas, es de toda justicia otorgarles la titularidad. Pero eso acarrea un efecto fiscal bien concreto. Por lo tanto, nos asiste la obligación de poder estimar los recursos que se van a necesitar para aquello.
Es verdad, señor Presidente, que en proyectos anteriores les concedimos la titularidad a los profesores respecto de sus horas a contrata. Pero como ya formaban parte del contrato de trabajo, disponían de la indemnización respectiva. Lo anterior no ocurre respecto de las horas de extensión docente, que muchas veces no son iguales año a año. A veces son 8 horas, otras veces 10, otras son 12 y hasta 14, porque su número también depende en gran medida de la matrícula y de las necesidades de cubrir los aspectos curriculares y pedagógicos de cada unidad educativa.
Por eso, considero que nos encontramos ante un proyecto de ley mediante el cual, si lo trabajamos bien, estoy seguro de que podremos alcanzar muy buenos acuerdos para favorecer a los profesores y que, de manera muy importante, también significará dar la seguridad, particularmente a los municipios, de que estamos sacando una iniciativa que cuenta con el financiamiento respectivo. Aquí es muy común que establezcamos normativas que fijen obligaciones financieras para los municipios sin acompañarlas de los recursos respectivos. Los alcaldes nos hacen llegar sus protestas y reclamos reiteradamente por ello.
De ahí que estimo tan importante alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, con la titular de Educación, con todo el Ministerio de Educación, por supuesto, pero también con el de Hacienda. Aquello resulta indispensable para legislar con rigurosidad.
Por esa razón, señor Presidente, porque sostengo que por lo menos dos a tres normas aquí contenidas necesitan presupuesto fiscal, recursos fiscales y, por lo tanto, solo pueden tener su origen en el Ejecutivo, aunque comparto el fondo del proyecto, anuncio que me abstendré.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ofrece la palabra a la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, no deja de llamar la atención que, a propósito de una discusión que busca avanzar en derechos laborales para nuestros profesores y profesoras, escuchemos argumentos, como que hoy día esto genera problemas a los municipios.
Yo quiero señalar en esta Sala que este mismo Parlamento se ha pronunciado, no en una, no en dos, sino en tres leyes de titularidad docente, todas las cuales se han iniciado en mociones parlamentarias -¡todas en mociones parlamentarias!-, los años 1999, 2015 y 2019.
Y la presente iniciativa, al igual que la normativa que aprobamos durante este año legislativo, termina con una situación abusiva en los establecimientos educacionales: que a los profesores y las profesoras se los someta a dobles contrataciones.
Lo que estamos disponiendo para alcanzar la titularidad de las horas de extensión sigue el mismo tratamiento que le hemos dado al resto de la titularidad docente; es decir, que usted imparta horas de extensión que se hayan prolongado por tres años continuos o cuatro años discontinuos, y que no correspondan a labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo.
Eso dice el texto del proyecto de ley.
Por lo tanto, está absolutamente cautelado el procedimiento.
Considero que aquí es mejor que sinceremos la discusión: ¿Queremos avanzar en más derechos laborales, queremos terminar con situaciones abusivas o queremos perpetuar la situación y hacer como que pasamos y no advertimos estos hechos?
No nos cabe ninguna duda de que este proyecto de ley (el día de ayer vimos cómo se realizaban intentos para que no se abordara en general y en particular, que, por cierto, han tenido cierto éxito) apunta a un solo tema: modificar el Estatuto de los Profesionales de la Educación, el Estatuto Docente.
¿Y qué propone la iniciativa? En su primer punto, un aspecto que es crucial: titularidad para las horas de extensión. Insisto: horas de extensión mantenidas durante tres años de forma continua, de la misma manera, o por cuatro años discontinuos, y que no formen parte de labores especiales.
Si lo contrario no es un abuso, que algunos quisieran perpetuar, no sé qué nombre se le puede dar.
Por lo tanto, frente a la misma disposición que hemos abordado respecto de titularidad docente, no hay ninguna excusa para no avanzar en la titularidad de las horas de extensión.
¿Qué otra modificación nos presenta la iniciativa? Algo en que ya los asistentes de la educación han avanzado: garantizar por ley el derecho a sus vacaciones de invierno. Eso hoy día no lo tienen los profesores. Sí lo tienen establecido los asistentes de la educación en su estatuto. Y lo que busca la modificación propuesta es poder compensar ese desequilibrio que nos queda en el sistema educacional.
¿Qué dispone además el proyecto? Que los profesores y las profesoras que estén a pocos años de jubilarse y que se acojan al beneficio (en la mañana aquí también parecía que había una duda o una confusión), tal como ya está garantizado en la ley, puedan eximirse de la evaluación docente. Lo que persigue la enmienda es algo que el mismo Senador García -por su intermedio, señor Presidente- suscribió en una moción: permitir que esos profesores, que no se van a someter a la evaluación docente, puedan renunciar y acogerse a su pensión mientras esperan la bonificación. Eso hace la disposición.
Además, establece algo que también ya normamos en el Estatuto de los Asistentes de la Educación: fijar el tiempo durante el cual se pueden realizar las horas de capacitación por parte del CPEIP: las tres primeras semanas del mes de enero.
Eso hace el proyecto de ley que nos ocupa.
Señor Presidente, nos hallamos ante un contexto complejo. Llevamos tres semanas de movilizaciones docentes, en donde uno de los puntos del pliego de peticiones del magisterio tiene que ver con terminar una situación abusiva, como lo es mantener a contrata las horas de extensión de su jornada que se han impartido por décadas.
¿Y qué responde el Gobierno al petitorio del magisterio? Que respecto de ese punto no tienen dificultades, pero que se está tratando en el Parlamento.
Sin embargo, ¿qué vemos acá? Intentos permanentes del Ejecutivo de entorpecer esta discusión, de ralentizarla, siendo que hoy día podría haber tenido generosidad para lograr un acuerdo con la Oposición a fin de sacar rápidamente este proyecto en el Parlamento, y de alguna forma establecer un mínimo compromiso con la educación pública de nuestro país.
Anuncio que votaré a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, quiero partir agradeciendo que hoy primara la sensatez por sobre la ganancia política pequeña y de corto plazo.
Hemos podido entrar a una discusión con mucha más calma, conversando y estudiando los temas a fondo. Eso significa que estamos enalteciendo la actividad pública, política: nuestra actividad.
Hoy, en la Comisión, dije que esperaba que no se infirieran intenciones no existentes de la abstención del Senador García y de la mía. Y lo hice porque, lamentablemente -y tuve razón-, sabía que en la Sala se iba a afirmar que nosotros no queríamos solucionar el problema.
Señor Presidente, sí queremos solucionarlo, pero de buena manera.
Vuelvo a decirlo porque me parece profundamente lamentable que nuevamente se supongan intenciones que no existen. Lo dijo el Senador García; lo dije yo en la mañana, y lo vuelvo a repetir: nosotros queremos resolver este problema.
No ayuda a la actividad política y pública que se digan cosas que no son verdad.
Lo que dijimos en la Comisión es que queremos solucionar el problema. Pero no nos gusta la forma. ¿Por qué? Porque creemos que el proyecto es inconstitucional, ya que se originó en una moción.
Señor Presidente, esta iniciativa hace cuatro cosas distintas.
Primero, genera la titularidad de las horas de extensión de los profesores.
Segundo, determina que los docentes solo puedan ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del CPEIP, durante las tres primeras semanas del mes de enero.
Tercero, dispone que los contratos deban prorrogarse por los meses de enero y febrero, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo empleador.
Y, cuarto, contempla que tendrán derecho al bono por retiro los profesores que se acojan a la eximición de la evaluación docente, sin tener que renunciar irrevocablemente al cumplir la edad legal para jubilar.
Esto último no es igual a lo que dice y genera el proyecto del Senador García, contrariamente a lo que expresó -por su intermedio, señor Presidente- la Senadora Provoste.
No es lo mismo; esto es una extensión del bono de incentivo al retiro. Eso es lo que es.
Entonces, nuevamente se plantea algo que no corresponde a la verdad.
Ahora quiero centrarme en los comentarios respecto a la inadmisibilidad.
Esta iniciativa originada en moción es, a mi juicio, inadmisible, en particular sus números 1 y 4, relativos a la extensión de la titularidad de las horas a contrata y a la eliminación de ciertos requisitos para la obtención del bono de incentivo al retiro.
En primer lugar, cabe señalar que, desde la implementación de la Jornada Escolar Completa Diurna, muchos profesores están sujetos a dos contratos respecto al mismo empleador. Esto, ya que, como práctica sistemática, los sostenedores han ido formalizando la "extensión horaria" (entre 8 a 14 horas) como horas a contrata, que se adicionan a las horas titulares (30, por regla general), pasando de esta manera los docentes a tener la calidad de titulares y a contrata para el mismo empleador. Por esto, el proyecto busca obligar a que toda extensión horaria deba incorporarse en los contratos en calidad de titulares.
Nosotros sostenemos -tal como lo dije al inicio, y también en la Comisión- que este es un problema que debemos solucionar. Y estamos por que así sea. Pero creemos que no es a través de una moción como se debe hacer. Por eso planteamos en la Comisión que esperábamos poder trabajar este tema con el Ejecutivo.
En este punto la Contraloría ha sido clara, pues señala que, al entregar la titularidad para las horas de contrata, la iniciativa está restringiendo la "facultad que la ley ha entregado de manera exclusiva a la autoridad municipal". En palabras del órgano contralor: "si bien el problema de estabilidad, podría solucionarse por ampliación del principio de confianza legítima. Sin embargo, la propuesta del proyecto vulnera el artículo 25 de la ley 19.070, al exceptuar de concurso público este tipo de designación".
El artículo 25 dice: "Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.
"Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.".
En lo personal -y lo dije- me parece positivo terminar con esta situación. Sin embargo, no podemos negar que se está determinando una nueva forma de designación de cargos municipales distinta al concurso público que establece nuestra legislación. Y, consecuentemente, nos estamos inmiscuyendo en las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, concretamente en las contenidas en el numeral 2º del artículo 65 de nuestra Carta Fundamental, que dice: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, fiscales", etcétera.
Respecto al punto 4, nuestra normativa actual contempla que, para que nuestros profesores puedan eximirse de la evaluación docente deben cumplir dos requisitos: faltarles tres años o menos para jubilar y renunciar anticipadamente a su cargo, lo cual se hace efectivo al cumplirse la edad de jubilación.
Esto es muy distinto a lo que hace el proyecto del Senador García.
¿Cuál es el problema con esa normativa?
En cuanto a los docentes dependientes del DAEM o del DEM, que se acogen a la eximición de evaluación y que continúan en sus funciones profesionales, la Contraloría General de la República ha sostenido que la relación laboral termina por el solo ministerio de la ley el día que cumplan la edad legal para jubilar; por lo que solo les asiste el derecho a indemnización por años de servicios hasta 11 meses, no pudiendo acceder al incentivo al retiro y al bono poslaboral.
Mientras que, tratándose de los trabajadores de corporaciones municipales, la Dirección del Trabajo ha dictaminado que solo pueden optar al incentivo al retiro vigente y al bono poslaboral si el empleador no entera el pago del cien por ciento de las indemnizaciones a la que tienen derecho; ya que solo en dicha hipótesis la relación laboral continúa vigente.
Efectivamente, en estos casos nuestros profesores, si optan por eximirse de la evaluación docente, quedan imposibilitados de elegir entre el incentivo al retiro y la indemnización respectiva.
Nuevamente, estimados colegas, esta nos parece una modificación positiva. Pero nadie razonablemente podría negar que estamos ante una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, a saber, la contenida en el numeral 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República, que dice: "Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones", etcétera.
Y esto es doblemente inadmisible, porque incide en materias de "la administración financiera o presupuestaria del Estado".
Señor Presidente, quisiera terminar con una reflexión.
Las instituciones constituyen las reglas que nos damos como sociedad, y que conducen y guían nuestra discusión política. Si no nos gustan, podemos discutir sobre ellas y proceder a cambiarlas democráticamente. Sin embargo, mientras nos rijan, debemos observarlas y respetarlas, ya que ese es el compromiso que asumimos y juramos al sentarnos en estos escaños.
Si comenzamos a desechar las normas que nos rigen como políticos en momentos actuales, ¿qué nos va a quedar cuando enfrentemos una crisis?
Hago el punto, señor Presidente, porque las instituciones debemos cuidarlas: no podemos darlas por sentadas. Nuestras normas, nuestros reglamentos y nuestro orden institucional no podemos darlos por regalados y seguros. Al contrario, es nuestro deber preservarlos en cada uno de los debates legislativos. Asimismo, tenemos que cuidarlos en la forma como nos referimos a nuestros adversarios políticos, en lo que decimos de ellos y en el tono con que hacemos las discusiones, ya que de lo contrario, cuando nos olvidemos de esto, será el día en que se empezará a debilitar nuestro orden institucional, del cual desde hace muchos años estamos muy orgullosos, pues es la base de la estabilidad política y social de nuestro país.
Por todo lo anterior, me voy a abstener. Porque, si bien comparto el fondo, no comparto la forma, la que no siempre es tal, sino, muchas veces, reflejo profundo de aquel.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me han solicitado abrir la votación.
¿Les parece a Sus Señorías?

El señor NAVARRO.- Manteniendo los tiempos, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Así procederemos.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El senador LATORRE.- Señor Presidente, en mi intervención anterior informé esta iniciativa en mi calidad de titular de la Comisión de Educación. Ahora quisiera dar mi opinión sobre los aspectos de fondo que ella contiene.
Las profesoras y los profesores han sido fundamentales durante la historia de nuestra república. Nuestro primer Premio Nobel de Literatura lo obtuvo Gabriela Mistral, quien fue profesora; una influyente defensora de los derechos de la mujer, Amanda Labarca, también era profesora. El profesor Pedro Aguirre Cerda, bajo el lema "Gobernar es educar", fue electo Presidente de la República.
Son innumerables los profesores que, reconocida o anónimamente, han asumido un claro rol de compromiso con nuestra nación, lo que se ha expresado en una defensa de la educación pública. A ellos debemos la formación tanto de nuestro país como de todas las generaciones que en él han habitado. Y es precisamente por eso que han de ser reconocidos y apoyados en sus justas demandas.
En las últimas semanas hemos observado cómo miles de profesores se han movilizado a lo largo de todo Chile exigiendo "mejores condiciones laborales para mejoras pedagógicas". Por medio de un llamado a paro nacional docente han expresado su disconformidad con la respuesta del Ministerio de Educación a sus legítimas demandas.
Exigen una reparación frente a la deuda histórica, consecuencia de la municipalización a la fuerza del sistema educativo durante el periodo dictatorial, la que fue reconocida, igualmente, por la Organización Internacional del Trabajo y por la actuación de diferentes gobiernos. Proponen una serie de medidas para disminuir el agobio laboral y fortalecer el sentido educativo de la labor docente. Solicitan que se cumpla el Estatuto Docente para avanzar en la estabilidad laboral de los profesionales, junto con requerir igualdad de trato a todos los profesionales de la educación. Asimismo, piden poner fin al doble proceso de evaluación y avanzar a una escuela democrática, profesional y especializada. Solicitan el envío de un proyecto de ley sobre carrera directiva e introducir ajustes que resuelvan las deficiencias de la carrera docente aprobada en el ciclo anterior. Todo ello, proponiendo soluciones a asuntos urgentes que aquejan al gremio.
Por otro lado, plantean la necesidad de avanzar en la superación de la educación estandarizada hacia concepciones educativas integrales y complejas, además de mejorar el diseño e implementación de la nueva educación pública. También llaman la atención con respecto al modo de producir el instrumento curricular, así como la falta de integración y equilibrio de principios curriculares esenciales.
En definitiva, expresan una profunda preocupación por la educación de nuestro país y presentan una serie de propuestas para avanzar en mejoras pedagógicas efectivas de acuerdo a los desafíos de la educación, junto con abordar los graves problemas de infraestructura que hay en los establecimientos de la educación pública.
Varios Senadores y Senadoras de Oposición y también Diputados apoyamos estas justas demandas y creemos que es imperativo que el Gobierno siga avanzando en un diálogo honesto con el Colegio de Profesores, basado en la colaboración y en la posibilidad de llegar a acuerdos.
En tal sentido, hacemos un llamado también a la Ministra de Educación, la principal responsable de esa Cartera, para que se reúna, para que se siente a la mesa con el Colegio de Profesores al objeto de buscar consensos.
El Parlamento, tanto la Cámara de Diputados como ahora el Senado, está dando señales de querer legislar con premura, con convicción para ir resolviendo estos problemas.
La Cámara Baja, de manera transversal, con acuerdo de todas las bancadas, aprobó este proyecto por unanimidad. Esperemos que en el Senado hagamos lo mismo y escuchemos a los distintos actores -ese fue el acuerdo de la Comisión de Educación-, tales como sostenedores municipales, Colegio de Profesores, Ministerio de Educación, para que logremos ser mediadores en la solución de este conflicto.
Consideramos fundamental que el paro llegue a buen término. Ya llevamos tres semanas en ello. Y este proyecto aborda algunos de los puntos importantes del petitorio de los profesores.
Por eso pensamos que es significativo dar una señal política desde el Senado y aprobar la idea de legislar respecto de esta iniciativa, para seguir con su tramitación oyendo a los docentes y a los distintos actores y buscando que las partes se pongan de acuerdo y puedan solucionar este conflicto.
Ya lo señalaron los Senadores de Gobierno, los Honorables señor García y señora Von Baer, acá se necesita voluntad política, el patrocinio del Ejecutivo. De esa manera sería mucho más fácil avanzar.
Esperamos que cambie la voluntad política del Gobierno, el cual no se vio hoy día con mucha convicción a la hora de discutir este proyecto en la Comisión de Educación. Ojalá que en las próximas semanas modifiquen su actitud y se sienten a la mesa con el Colegio de Profesores a fin de que podamos avanzar en la solución de este conflicto.
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Les debo advertir a quienes asisten a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, aquí estamos frente a un problema sustantivo muy serio y que ha afectado por mucho tiempo a una parte de los profesores. Me refiero al sistema de doble jornada, que permite operar con dos contratos y que a algunos alcaldes o directores de corporaciones les posibilita actuar con un grado muy alto de arbitrariedad. Por ejemplo, en algunos casos despiden a un docente, pero le mantienen el otro contrato.
Ello ha generado todo tipo de combinaciones y situaciones abusivas. Y es uno de los puntos principales por los que están paralizados los profesores.
Acá todos estamos de acuerdo en que hay que corregir esa situación y que debe buscarse la mejor solución para ello.
El Senador García propuso en la Comisión de Educación que discutiéramos y votáramos este proyecto en general y que nos diéramos tiempo para analizarlo en particular y trabajar en detalle cuestiones de procedimiento fundamentalmente a fin de mejorar el alcance de ciertas normas.
¿Por qué hablo de cuestiones de procedimiento? Porque, en verdad, cuando nos llega una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que fue analizada por la Comisión de Hacienda, la que nos dice que reúne los requisitos constitucionales pertinentes, no tenemos libertad plena para llegar y decir: "No corresponde lo que ha dicho esa Corporación".
Sin embargo, la solución fue aprobar el proyecto en general, sabiendo que acá se requiere un entendimiento con el Gobierno para que respalde medidas con respecto al punto que mencioné y a otros asuntos más. Porque, efectivamente, puede tener costos bajo ciertas condiciones; está en el límite.
Asimismo, quiero decirle a la Sala que hubo unanimidad en cuanto a que el problema sustantivo es real, que no puede seguir igual y que hay que resolverlo. Y el tema de procedimiento es debatible, pues existen distintas visiones y tenemos restricción reglamentaria producto de lo que acordó la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, sería muy importante que aprobáramos este proyecto y que en la discusión particular incorporáramos todas las observaciones reglamentarias y las resolviéramos.
Señor Presidente, aprovecho la presencia del Ministro Blumel para decirle que el ánimo es que durante el proceso de la discusión en particular corrijamos los problemas de procedimiento existentes y que nos llegan desde la otra Cámara, pues tenemos restricciones para cuestionarlos.
Por eso me parece buena la proposición del Senador García, ya que nos permite tomar una decisión ahora en esta Sala.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo tan pronto termine la votación.

El señor NAVARRO.- Pido la palabra.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones de las Senadoras Provoste y Von Baer. Y, en verdad, no logro comprender el criterio. Porque si efectivamente coincidimos en que hay que darles a los profesores este derecho, que es de toda justicia y que colabora para el proceso de jubilación y de ordenamiento de su jornada laboral -reconocimiento que hoy tienen los asistentes de la educación y, paradojalmente, los profesores no-, por qué no aprueban este proyecto.
Los Senadores de Derecha están en el Gobierno.
El Ministro Blumel está en la Sala.
Entonces, a qué se reúnen los lunes el Presidente con su gabinete y el Ministro del Interior sino a discutir cuando se presentan este tipo de problemas, en que sus Senadores, conscientes, responsables, solidarios con los profesores, los comprenden, ¡pero en la Sala solo hacen una observación de carácter constitucional...!
¡Sobran constitucionalistas! ¡Lo que falta es una nueva Constitución, de verdad, señor Presidente!
Sobran los constitucionalistas para decirnos que van a recurrir a esta vetusta, maloliente y acabada Constitución; para decirnos que esta les impide defender los derechos de los profesores y que no pueden votar a favor de una iniciativa que le trae justicia al profesorado.
Muchos de ellos estudiaron en la educación pública -me consta-: lo han dicho una y mil veces en la Sala.
Muchos de ellos tienen amigos profesores.
Muchos profesores militan en la Derecha y votan por ella.
Muchos profesores votaron por Piñera en castigo a la Nueva Mayoría, en castigo a la Concertación cuando gobernó.
Entonces, no logro comprender, si se coincide en que la normativa es justa, necesaria y urgente, que digan en la Sala que se abstienen porque difieren de la forma, pero concuerdan con el fondo.
Yo los llamo a votar por la forma y a pedirle a su Gobierno que dé la Constitución, que dé la forma y que dé el patrocinio que ahora se necesita.
Esa es la firma del Presidente y de la Ministra de Educación.
Porque todo parece indicar que no se quiere conceder un punto de ventaja a los parlamentarios de Oposición que suscribieron el proyecto y que están ayudando a resolver el conflicto con los profesores. Porque llevamos tres semanas de paro y la Ministra Cubillos se niega a dialogar.
Entonces, ¡quién manda en la Moneda!
El Presidente todos los días nos dice que quiere dialogar. Expresa: "Vamos a tomar definiciones y pasaremos a la acción. Atrás los tiempos mejores; ahora vienen los tiempos de acción".
Claro: la economía se desploma, el desempleo crece.
Y con respecto al diálogo, bueno, hoy día escuchamos al Ministro Mañalich, quien les dijo a varias Senadoras y Senadores que están en la Sala que eran unos ignorantes.
El Ministro Mañalich sabe mucho de su área, ¡pero es incontenible en materia verbal...! No puede retenerse. Es como el Presidente, ¡quien es incontenible en el ámbito financiero...!
El Ministro Blumel, aquí presente, todos los días nos expresa que quiere dialogar; que este es un Gobierno abierto; que desea trabajar por todos los chilenos.
Yo no asistí a la Cuenta Pública del Presidente Piñera. Pero entiendo que los retó y presionó ahí mismo. A todos los que asistieron el sábado en la noche les dijo que ahora sí iban a trabajar de verdad.
Bueno, Presidente, aquí los Senadores quieren trabajar y están haciendo la pega que el Gobierno y los Senadores de Derecha no hacen: crear proyectos que beneficien y den solución a los problemas sociales. Porque la iniciativa que ahora estamos votando contribuye a resolver en parte la huelga de los profesores, que lleva ya tres semanas, con las dificultades que ello trae para los niños.
A esto se suma la tozudez de la Ministra, quien no quiere dialogar. Se dedica a mandar miles de correos y WhatsApp, ¡pero no puede dialogar con los profesores...!
Hay una asimetría, una contradicción entre lo que dice el Presidente de la República y lo que señala la Ministra, y más aún con los Senadores, a quienes conocemos.
Con la Senadora Von Baer, experta en educación, hemos sostenido muchas discusiones, al igual que con el resto de los colegas.
Sin embargo, hay una contradicción.
Si de verdad la Derecha, que está a mi "derecha", y sus Senadores creen en los profesores y están de acuerdo con el fondo de esta iniciativa, bueno, levántense de sus asientos, caminen unos pasos y acérquense al Ministro Blumel para decirle al oído: "Ministro, necesitamos el patrocinio para este proyecto, por el bien de la patria, de los profesores y de la credibilidad de nuestro Presidente y del Gobierno".
Porque, si no lo hacen, debo decir que se está faltando a la verdad; que se está buscando una excusa para no apoyar una iniciativa que nace de la Oposición y que resuelve un problema grave, histórico de nuestros profesores.
Espero que el Ejecutivo le dé su patrocinio, porque la otra medida es que lo declaren inconstitucional y recurran al Tribunal Constitucional para echar abajo la pega que hoy día está haciendo la Oposición.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Algunos Senadores ya se están levantando de sus asientos para ir a hablar con el Ministro Blumel...!
Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que ahora estamos votando ingresó en mayo del año pasado a la Cámara de Diputados.

El señor NAVARRO.- ¡Por favor!

El señor GARCÍA.- Estoy fundando mi voto, haciendo uso de los cinco minutos de que dispongo para ello.
Esta iniciativa estuvo un año en la Cámara Baja. Ayer se dio cuenta de ella en la Sala. En menos de 24 horas nos estamos pronunciando acerca de la idea de legislar. Además, se trata de un proyecto transversal, pues viene firmado también por dos Diputados de Chile Vamos.
Por intermedio de la Mesa, quiero decirle a quien me precedió en el uso de la palabra: ¡créame, señor Senador, que hacemos la pega!
Ahora bien, tenemos admiración por el trabajo de los profesores; reconocemos sinceramente su labor. Pero las cosas hay que hacerlas con la rigurosidad que corresponde.
Este proyecto, en lo concreto, necesita financiamiento, por las razones que hemos señalado. Y no lo tiene.
Esta iniciativa fue a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados; pero -según entiendo- no hubo informe por otras razones. Dicho órgano técnico no se pronunció.
Entonces, necesitamos, además, cumplir el trámite de la Comisión de Hacienda aquí, en el Senado.

El señor LAGOS.- ¡Sí, señor!

El señor GARCÍA.- Y yo espero que logremos los acuerdos parlamentarios, los acuerdos políticos, los acuerdos con el Ejecutivo, los acuerdos con la Ministra Marcela Cubillos, los acuerdos con el Ministro de Hacienda, los acuerdos con el Ministro Blumel al objeto de que dispongamos de los recursos necesarios para que este proyecto sea eficaz, para que estén los cálculos y el informe pertinente de la Dirección de Presupuestos.
Eso es lo que necesitamos.
Esto es lo que queremos.
A ello nos obliga nuestro ordenamiento constitucional.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en la misma línea planteada por quien me precedió, debo señalar que hay que ser serios y responsables y pedirle patrocinio al Gobierno.
Ciertamente, este proyecto no tuvo informe financiero en la Cámara de Diputados, y debiéramos contar con el informe respectivo de la Comisión de Hacienda del Senado para saber cuánto cuesta.
Yo he empujado iniciativas que permitieron que los profesores a contrata pasaran a las plantas, pues logramos acreditar que no irrogaban gasto financiero para el Estado. Y conseguimos traspasar a las plantas pertinentes a 30 mil profesores que estaban a contrata.
Eso lo hicimos con el Diputado Rodrigo González. Yo presenté el proyecto sobre la materia en el Senado y Su Señoría en la Cámara de Diputados. En nuestra Corporación había sido rechazada su admisibilidad. Fuimos a Hacienda y logramos acreditar que no había gasto para el Estado. Y finalmente se votó.
En este caso no hay informe financiero.
Por tanto, lo que estamos esperando respecto de un proyecto transversal, que también surgió de Diputados de Chile Vamos, es que, en primer término, haya informe financiero por parte de la Comisión de Hacienda, y en segundo término, que exista la posibilidad de que el Gobierno lo patrocine, una vez que se conozca cuánto es el costo de la iniciativa.
Por tanto, nosotros nos vamos a abstener, esperando ese informe financiero, para actuar responsablemente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la discusión de esta iniciativa avanza en la dignificación de nuestros profesores y de la educación.
Esta moción del Diputado Rodrigo González, de las Diputadas Cristina Girardi, Marcela Hernando, Camila Rojas, Camila Vallejo y los Diputados Sergio Bobadilla, Manuel Monsalve, Luis Pardo, Raúl Soto y Gonzalo Winter se hace cargo de una serie de demandas planteadas por los docentes.
Se modifican cinco disposiciones del Estatuto de los Profesionales de la Educación, las que tratan sobre:
1. La titularidad en las horas de extensión.
2. Lo que ocurre con los docentes convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), durante las primeras semanas del mes de enero.
3. Las normas relativas a que los contratos deben prorrogarse por los meses de enero y febrero, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación municipal.
4. El derecho al bono por retiro de los profesionales de la educación que se acojan a la eximición de la evaluación docente, suprimiendo la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar.
5. Y, finalmente, el establecimiento de manera expresa de las vacaciones de invierno para los profesionales de la educación.
Sin lugar a dudas, ninguna de estas cinco modificaciones puede contravenir el espíritu de las discusiones que hemos tenido en el pasado en este Parlamento.
Creo también, señor Presidente, que es de toda justicia reconocer que hemos sido incapaces de resolver estas situaciones a través de iniciativas del Ejecutivo, de este o del anterior. Por lo tanto, creo que es necesario que los parlamentarios nos enfrenten a la discusión de estas materias, más allá del análisis de la constitucionalidad o no de la norma, de si es competencia exclusiva o no del Presidente de la República.
Al final del día, considero sabia la decisión de votar en esta oportunidad en general el proyecto, para dar espacio a que exista una reflexión respecto de la necesidad de asumir que estos son temas que les debemos a los profesores.
Señor Presidente, todos decimos que los niños son importantes para el futuro del país.
¿Y dónde los formamos? En la escuela.
¿Quiénes están a cargo de hacerlo? Los profesores.
Y lo digo, señor Presidente, como hija y como madre de una profesora: ¡O entendemos que los profesores requieren dignidad, que tenemos que hacernos cargo de sus demandas y dejar de chutearlas hacia delante, o vamos a seguir estancados en un desarrollo que no llega!
Nuestros niños requieren buenos profesores. Pero para tener buenos profesores debemos motivarlos.
Tenemos que asumir demandas que aún no somos capaces de resolver.
Por eso, voto a favor del proyecto.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más inscritos.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (20 votos favorables y 11 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros y Soria.
Se abstuvieron las señoras Aravena y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, García, Pérez Varela, Pugh y Sandoval.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Pizarro.
Existe una solicitud por parte del Presidente de la Comisión de Educación, el Senador señor Latorre, para fijar plazo para presentar indicaciones. Se propone el lunes 1 de julio a las 12 horas.

La señora VON BAER.- ¿Junio, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Julio, señora Senadora, al mediodía.

El señor COLOMA.- ¡Señor Presidente, extendámoslo un poquito más!

El señor QUINTANA (Presidente).- Una semana más: el 8 de julio.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 8 de julio, a las 12.


El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, en las intervenciones de los Senadores y las Senadoras, que escuché atentamente, se habló en reiteradas ocasiones del concepto "justicia". Se dijo que este es un proyecto que se impulsa por razones de justicia, de distinta naturaleza, pero, fundamentalmente, por razones de justicia.
Creo que el tema de fondo no tiene que ver tanto con los fines que persigue -pueden ser deseables, incluso-, sino con la forma a través de la cual se está legislando en una materia que -como les señalo- puede tener fines absolutamente deseables. Pero, a veces, los medios se vuelven fines.
En el caso de este proyecto se da precisamente esa situación, porque contiene normas que inciden directamente en materias que, de acuerdo con la Constitución en cuanto al proceso de formación de la ley, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. De hecho, en el debate se hicieron planteamientos que precisamente abordan este punto.
Por ejemplo, el primer beneficio, relativo a la titularidad de las horas de extensión de la jornada, incide, sin duda, en el artículo 65 de la Constitución, números 2° y 6°, que se refieren a la administración financiera o presupuestaria del Estado y también a las normas de seguridad social. Lo mismo ocurre con el tercer beneficio, sobre prórroga del contrato a profesionales de la educación que estén contratados hasta el 1 de diciembre.
De hecho, señor Presidente, quisiera hacer referencia a algunas de las intervenciones de los Senadores y las Senadoras.
El Senador Latorre planteó que este es un proyecto que requiere el patrocinio del Ejecutivo para avanzar, ¡lo que da cuenta, en definitiva, de que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República!
La Senadora Von Baer lo señaló claramente. Dio buenas razones y fundamentos muy sólidos, haciendo el punto.
El Senador Navarro en su intervención -quería plantearme algunas cosas al oído- también reconoció que este es un tema que requiere patrocinio. Por lo tanto, estamos hablando de una materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
El Senador Montes se refirió a problemas reglamentarios que deben ser subsanados.
Entonces, nosotros creemos que este es un proyecto que tiene un serio problema de admisibilidad, de constitucionalidad.
Mi deber como Ministro de la Secretaría General de la Presidencia es hacer el punto en la Sala y pedirle al Senado que revise esta situación. Por eso, nos parece una buena idea que vaya a la Comisión de Hacienda para que se pronuncie sobre esta materia en la discusión en particular.
Además, quiero hacer una reserva de constitucionalidad, porque con su formato actual creemos que el proyecto es inadmisible e inconstitucional. Por ende, nos parece razonable que después de ser analizado por la Comisión de Educación sea visto por la de Hacienda, que se revise esta materia, pues considero que en todos estos asuntos debemos ser muy cuidadosos.
El Presidente Piñera nos ha pedido impulsar un acuerdo, que lo está liderando el Ministro Chadwick, para fortalecer nuestras principales instituciones democráticas. Y no hay duda alguna de que el Ejecutivo y el Parlamento son dos de las más importantes.
Por eso, coincido con el llamado que hace la Senadora Von Baer a cuidar las facultades y las atribuciones que poseen las distintas instituciones que forman parte de los órganos del Estado.
El respeto a las reglas es la base de la democracia y del progreso. Es nuestro deber como Ejecutivo y también el del Parlamento apegarnos muy estrictamente a las normas y a los marcos institucionales.
Para terminar, hago referencia a un principio aristotélico, a propósito de la justicia, que señala que "la legalidad implica justicia". Las leyes son las que introducen el orden, las que hacen posible la convivencia y en definitiva la vida buena, que es la esencia de una sociedad basada en la justicia.
Por lo tanto, por razones de justicia, nos parece que este proyecto debe ser revisado, porque el marco institucional establece que este tipo de propuestas legislativas son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por eso, me parece importante hacer el punto.
Señor Presidente, me acompaña el Subdirector de la Diprés, para poder dar una mayor claridad respecto de esta materia que nos preocupa como Ejecutivo. Si usted lo estima conveniente, él puede precisarla un poco más.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Hizo varias citas de expresiones de los Senadores. ¡En el caso del Senador señor Navarro, parece que no tomó todo lo que dijo...!
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, escuché la intervención del Ministro, que ha planteado un tema de carácter procedimental en el sentido de si es o no un proyecto admisible, dado su origen parlamentario -es una moción-, y de que eventualmente hay materias propias de mensaje, o sea, que debieran ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Y ha planteado, por tanto, que se realice la revisión por la Comisión de Hacienda.
Yo quiero hacer una petición en el sentido contrario.
Al margen del debate procedimental, este es un proyecto que ha contado con un amplio nivel de apoyo. Por tanto, si el Gobierno considera que existen materias que son inadmisibles, entonces, que evalúe la posibilidad de patrocinarlo. Pienso que el Ejecutivo debiera hacer una revisión en esa materia.
Esa es la petición formal que hago, a través de usted, señor Presidente, al Ministro de la Segprés, quien hoy nos acompaña.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.

El señor COLOMA.- ¡Eso no es reglamentario ni nada, Presidente! ¡Es una reflexión!

El señor QUINTANA (Presidente).- Respecto de la petición que hizo el Ministro en el sentido de que el proyecto vaya a Hacienda...

El señor LETELIER.- ¡Nosotros no podemos hacer nada con lo que la Cámara aprobó!

El señor COLOMA.- Sí podemos, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso.

El señor QUINTANA (Presidente).- ..., ya se acordó que así va a ser.
Si le parece a la Sala, escucharemos al señor Subdirector de Presupuestos.
Muy bien.
Tiene la palabra el señor Subdirector de Presupuestos.

El señor VILLENA (Subdirector de Presupuestos).- Gracias, señor Presidente.
Solo quiero complementar un poco lo que dijo el Ministro Blumel.
El punto uno, de titularidad respecto de extensión horaria por jornada completa, es claramente inadmisible. Se crean horas titulares que no requieren el concurso público consagrado actualmente en la ley. Y eso es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme al artículo 65, inciso cuarto, número 2º, de la Constitución, que dice: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados".
De la misma forma, las horas a contrata que pasan a ser titulares deberán indemnizarse. De nuevo, inciso tercero del artículo 65 e inciso cuarto, número 6º, del mismo artículo. Es solo leer lo que dice la Constitución: "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.".
Entonces, para nosotros en la Dirección de Presupuestos esto es inadmisible, pues tiene un claro costo fiscal.
Ese es nomás el punto que quise hacer presente, para complementar lo que dijo el Ministro Blumel.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señor Subdirector de Presupuestos.
Me ha pedido la palabra la Senadora señora Provoste.
Puede hacer uso de ella, señora Senadora.

La señora VON BAER.- ¡No, pues, Presidente!

El señor LETELIER.- ¿Vamos a abrir el debate?

El señor QUINTANA (Presidente).- Solo esta intervención y pasamos al siguiente proyecto.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, ocurre que lo que no puede quedar aquí es la idea de que estamos creando nuevos empleos o nuevas horas.
Yo invito al Ejecutivo a leer el proyecto de ley.
Esto es exactamente lo mismo que se ha aprobado ya a partir de tres mociones parlamentarias, todas las cuales han sido declaradas admisibles.
Me parece francamente impresentable que, siendo este uno de los puntos que tiene a miles de profesores movilizados, el Ejecutivo hoy día venga a plantear situaciones de esta naturaleza acá, en la Sala, más todavía tratándose de una cuestión en que la Comisión es soberana.
Además, señor Presidente, quiero insistir en el profundo error en que ha incurrido el Subdirector de Presupuestos, pues con este proyecto no se están creando nuevas horas. Estas son las horas que ya tienen los profesores: las han tenido durante tres, cuatro o cinco años de manera continua, y durante cuatro o cinco años de forma discontinua.
Entonces, digamos que no queremos avanzar en terminar con situaciones abusivas que hoy día ocurren a raíz de los dobles contratos.
¡Digámoslo!
¡Sinceremos este debate!

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que este debate ya lo hicimos. Podemos insistir y tratar de inferir quién quiere y quién no quiere avanzar.
A mi juicio, eso no ayuda mucho.
Nosotros hemos sido bastante claros y creo que hoy ha primado la sensatez.
Entonces, está claro. Vamos a discutir el proyecto en la Comisión de Educación. Nosotros, como Senadores de Gobierno, ya dijimos -lo hicimos hoy en la mañana, lo repito ahora- que queremos trabajar con el Ejecutivo en este tema.
Por lo tanto, insistir en decir que aquí hay unos que quieren y otros que no quieren me parece que no ayuda a nadie, menos a los profesores.
Y vuelvo a decirles a los profesores -porque la Senadora Provoste decía que nos están escuchando- que nosotros, desde el Congreso, estamos muy dispuestos a trabajar para solucionar esta problemática, pero mediante la forma correcta, en conjunto con el Ejecutivo para obtener el financiamiento necesario.
El señor QUINTANA (Presidente).- Lo que está claro es que habrá un arduo debate tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Educación durante la discusión particular.
)------------(

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Certificado de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, mediante el cual informa que tomó conocimiento del oficio enviado por la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre el reemplazante de la Consejera señora Carolina Carrera Ferrer (boletín S 2.073-13).
--Queda para tabla.



FUNCIONALIDAD DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA MEJORAMIENTO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O CATÁSTROFE


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde a continuación discutir en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Órdenes y Provoste y señores Chahuán, Insulza y Soria, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión al objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.277-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Órdenes y Provoste y señores Chahuán, Insulza y Soria):
En primer trámite: sesión 75ª, en 11 de diciembre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 20ª, en 22 de mayo de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- El objetivo principal del proyecto es establecer la obligación de los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones de mantener disponibles las funciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en los equipos terminales móviles que sean comercializados y que presenten tal tecnología.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia de que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió solo en general y acordó proponer a la Sala que adopte igual decisión con el propósito de introducir los perfeccionamientos que sean necesarios durante la discusión particular.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Órdenes y señores Chahuán, García-Huidobro y Pizarro.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 20 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, al titular de la Comisión de Transportes le gustaría intervenir antes.

El señor QUINTANA (Presidente).- Conforme.
Entonces, le ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, agradezco al Senador Letelier y pido la apertura de la votación para...

El señor COLOMA.- No, señor Presidente. El informe primero.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay acuerdo para abrir la votación, señor Senador.
Puede continuar.

El señor CHAHUÁN.- Okay.
Informaré el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión al objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe.
El objetivo perseguido por el proyecto es establecer la obligación de los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones de mantener disponibles las funciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en los equipos terminales móviles que sean comercializados y que presenten tal tecnología, esto es, que sea posible acceder a tal tecnología sin que se requiera tráfico de datos para ello.
De ese modo, la iniciativa se estructura sobre la base de un artículo único, que modifica el artículo 3º de la Ley General de Telecomunicaciones en los siguientes términos.
Se incorporan dos nuevos incisos finales a dicha disposición legal para establecer, en primer lugar, que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben mantener en los equipos móviles que comercialicen, sea en sus locales o agencias autorizadas, la funcionalidad del servicio de radiodifusión sonora de frecuencia modulada cuando tales dispositivos cuenten con dicha tecnología (primer inciso agregado).
Posteriormente, se dispone que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mediante resolución exenta, determinará las condiciones de reportabilidad, registro y demás elementos necesarios para dar cumplimiento a la obligación antes referida (segundo inciso agregado).
Por su parte, cabe resaltar que el fundamento de la moción radica en el hecho de que la radio es un medio de difusión masivo que goza de un alto nivel de confiabilidad ciudadana, que genera un vínculo en forma personal con el auditor y que alcanza el mayor grado de cobertura territorial. Asimismo, la radio establece un cierto nivel de participación en el acontecimiento o la noticia que se está transmitiendo, debido a la alta posibilidad de interacción que se produce gracias a la inmediatez del contacto con las audiencias.
Lo anterior resulta de gran importancia a la hora de transmitir información en situaciones de emergencia o catástrofes, debido a que en nuestro país existe una infraestructura de transmisión y de emisión en el sistema radiofónico que no sufre mayor afectación ante el acaecimiento de siniestros y que logra conservar su operatividad.
Ello posibilita mantener conectada a la mayor parte del país, especialmente a las personas que viven en zonas apartadas, extremas, de difícil acceso o fuera de las áreas de cobertura móvil, lo que permite que la población pueda recibir información, noticias y orientaciones por parte de la autoridad, haciendo de la radio un medio de comunicación fundamental.
En virtud de lo precedentemente expuesto, y en consideración a la importancia de este medio de comunicación, particularmente en los casos de catástrofes, se ha estimado necesario establecer la obligación para las empresas de telefonía móvil de comercializar equipos que cuenten con receptores de radio FM habilitados. Ello no representa una gran complejidad, considerando que el 97 por ciento de los celulares que se fabrican en el mundo cuenta con el chip receptor para tales efectos, sin perjuicio de que solo un 34 por ciento de ellos se encuentra operativo.
En esa línea, debido al bloqueo del chip en cuestión, en caso de que los usuarios utilicen sus teléfonos celulares para acceder a este medio de comunicación, solo se aumenta el consumo de datos móviles y se descarga una aplicación para escuchar radio, lo que imposibilita su acceso a personas de menos recursos y a comunidades que están fuera del área de cobertura de las empresas móviles, además del consumo intensivo de la batería del celular.
De este modo, el acceso a la radiodifusión sonora de frecuencia modulada a través de un celular es la única función que no necesita datos móviles para su funcionamiento, por tanto, es gratuita, y presenta un impacto mínimo en el consumo de batería de los equipos.
En este orden de cosas, el no contar con dicha funcionalidad disponible solo afecta negativamente al ciudadano al impedirle acceder a este importante medio de comunicación, lo que obliga a consumir datos y a agotar sus planes mensuales para poder acceder a radios vía streaming.
Por otra parte, se destaca que la iniciativa fue discutida durante tres sesiones en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, en las cuales se recibieron las opiniones de la Senadora señora Órdenes, en su calidad de principal autora del proyecto; de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt; de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Gidi, y del Presidente Ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil.
Tales autoridades y personeros del sector se manifestaron a favor de regular el particular, sin perjuicio de las precisiones técnicas que la moción requiere para alcanzar de mejor forma las finalidades por ella perseguidas.
También se pronunció favorablemente a este proyecto la Archi, que señaló que es un poderoso instrumento para facilitar la comunicación en caso de sismos y catástrofes.
Vuelvo a agradecer a la Senadora Órdenes por ser la principal impulsora de esta iniciativa, que nos ha permitido avanzar sustantivamente en términos de contar con herramientas de comunicación en los referidos casos.
Por último, se destaca que el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Chahuán (Presidente), Letelier, señora Órdenes (en reemplazo del Senador señor Soria) y señor Pizarro.
Finalmente, se consigna que, si bien la iniciativa se estructura en un artículo único, la Comisión acordó informarla solo en general, a fin de que, durante el debate en particular, se realicen las mejoras técnicas necesarias que requiere su texto.
Hay plena disposición por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para generar todas y cada una de las indicaciones que sean pertinentes para que el proyecto se apruebe con todo el rigor técnico que precisa esta materia.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Ofrezco la palabra a la Senadora señora Órdenes, una de las autoras de la moción.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, la iniciativa de la cual soy autora, junto con los Senadores señores Chahuán, Montes, señora Provoste y señor Soria, y que hoy se pone en votación en general en esta Sala es de vital importancia para mantenernos comunicados a lo largo y ancho del país en situaciones de catástrofe o de emergencia, las que, lamentablemente, son cada vez más frecuentes en Chile.
¿Cómo logramos eso? A través de la radio.
La radio es uno de los medios actualmente más confiables, de mayor cobertura y nos acompaña en muchas situaciones de emergencia, alertándonos de réplicas en caso de terremotos, indicando vías de evacuación en caso de tsunamis, lugares de refugios, información de autoridades, albergues, fuentes de agua potable, en fin, tantas situaciones que en momentos complejos vulneran la vida de muchas familias chilenas y de muchos territorios también.
En ese sentido, a través de la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, planteamos la obligatoriedad -es el propósito que persigue esta iniciativa de ley- de que las empresas de telecomunicaciones habiliten la función de radio FM en los equipos móviles que comercializan y que posean en fábrica, lo que es tremendamente relevante.
Hoy día los teléfonos inteligentes tienen una cobertura muy importante. La gran mayoría de los chilenos disponen de uno de estos dispositivos.
Y en caso de emergencias -basta recordar el 27F-, la radio ha demostrado ser mucho más resiliente.
Por eso digo que no solo es un medio de comunicación confiable y masivo, sino que, frente a situaciones de emergencia, opera como una red mucho más robusta que la de datos o de internet.
Hoy día esta funcionalidad existe en los teléfonos inteligentes, pero, lamentablemente, las empresas la deshabilitan. Eso es lo que ocurre.
Con la obligación de que tal función no sea deshabilitada, estamos garantizando que, en caso de emergencia, cada dispositivo se transforme en nuestra radio, aprovechando una red que efectivamente ha mostrado ser muy eficiente y resiliente en dichas situaciones.
Varios países ya han profundizado en esta materia (México, Argentina, Brasil), algunos dictaron leyes y otros están discutiendo proyectos.
En el ámbito exterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas y encargado de regular las telecomunicaciones a nivel mundial entre las distintas administraciones y empresas operadoras, el año 2017 emitió una recomendación para promover la recepción de radio FM en teléfonos celulares o smartphones , considerando que muchos de estos dispositivos traen incorporada esta tecnología, pero está deshabilitada.
Algunos se preguntarán por qué no se ha habilitado. Probablemente, una de las amenazas posibles de observar desde el mundo de las telecomunicaciones tiene que ver con que parte de ese negocio se sustenta en el uso de los datos, en la transmisión o bajada de datos, porque efectivamente existen aplicaciones para escuchar radio.
Pero no se requiere el uso de la señal digital, sino el de la otra red para garantizar que las radios funcionen.
Para ser honestos, hoy día los datos se bajan de Netflix, de otras plataformas. Escuchar o no radio a partir del dispositivo móvil no es lo que genera el negocio.
Le quiero agradecer especialmente a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones por el apoyo y la celeridad que le han dado a este proyecto de ley.
Efectivamente los escenarios actuales por el cambio climático -insisto- son un desafío global, y ello nos va a afectar como país.
Históricamente, hemos enfrentado emergencias, pero hoy día están ocurriendo con mayor frecuencia. Chile está comprometido en cumplir las metas para enfrentar los efectos del cambio climático y el objetivo de desarrollo sostenible al 2030, pero también somos uno de los países más vulnerables frente a los escenarios de calentamiento global y cambio climático.
La Asociación de Radiodifusores de Chile también ha puesto en la agenda este tema. Son muchos los actores que se han manifestado con muy buena disposición.
Quiero reconocer también el trabajo y los aportes que ha hecho el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Por lo mismo, hemos propuesto aprobar la iniciativa solo en general. Durante la discusión en particular buscaremos mejorar aspectos técnicos. Por eso invito a la Sala a aprobar la idea de legislar de esta modificación a la Ley General de Telecomunicaciones.
En casos de emergencia, estoy segura de que vamos a recordar este proyecto. Basta recordar la mala experiencia a raíz del 27F. Cuando hay catástrofes, cuando hay emergencias, el problema son los espacios de silencio, ese lapso en que la autoridad no puede comunicar información oficial y clara a la comunidad, sobre todo para enfrentar las consecuencias posteriores a un evento sísmico, como fue el de esa fecha.
Ahora podremos tomar mejores decisiones y, por tanto, generar mayores y mejores medidas de protección civil.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Agradecemos a la Senadora señora Órdenes, autora de la moción, por la completa relación que ha hecho del proyecto.
También se encuentran en la Sala otros autores de esta moción: la Senadora señora Provoste y los Senadores señores Chahuán, Insulza y Soria.
Me han pedido abrir la votación. ¿Habría acuerdo?

El señor COLOMA.- No.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay acuerdo.
Senador señor Letelier, tiene la palabra.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estamos en la discusión en general.
Quiero agradecerle a la Senadora Órdenes por traer este debate a la Sala, junto con otros colegas.
En verdad, esta ha sido una demanda que desde hace un buen tiempo ha manifestado la Archi, entidad que se ha articulado en esta materia entendiendo que en los momentos de desastre y urgencia el medio de comunicación más confiable -lo indican todas las encuestas- es la radio, donde hoy tenemos una capacidad ociosa.
Me imagino que muchas de las Senadoras y los Senadores en la Sala no saben que muchos de los teléfonos inteligentes -no todos- están habilitados para ser receptores de radio, sin ninguna inversión adicional.

La señora RINCÓN.- Así es.

El señor LETELIER.- La gran mayoría de los celulares tiene la posibilidad de ser receptor radial. El punto es que quienes comercializan estos aparatos no desbloquean esa función.
Las empresas de telecomunicaciones están totalmente de acuerdo con este proyecto. Participaron todas; estuvo Atelmo. ¡Felices! Lo apoyan plenamente, porque en un momento de emergencia no van a estar preocupadas de si ganan monedas o no, menos aun cuando de lo que se trata es de habilitar dichos dispositivos para que sean receptores de radio.
Lo curioso es que en nuestro país, dado que no existe una norma al respecto, no están obligados quienes comercializan estos productos, quienes los importan, a activar o desbloquear dicha función.
Ese es el sentido de fondo.
Es cierto que mucha gente posee teléfonos que no tienen tal posibilidad. Pero hay un porcentaje muy grande que sí.
En nuestro país, dados los efectos del cambio climático -al respecto, estamos dentro de las diez naciones que sufren mayores catástrofes y dificultades, realidad que, por desgracia, no parece que vaya a cambiar-, es muy importante que se usen todos los medios disponibles, más aun por nuestra geografía, para permitir que la ciudadanía esté informada de las situaciones límites, difíciles, que, lamentablemente, son muchas.
Algunos hablan del 27F; otros, de los tsunamis; otros, de los aluviones; otros, de los megaincendios. Por desgracia, debido al cambio climático, vamos a seguir -aunque algunos lo niegan- padeciendo problemas.
Vuelvo a agradecerles a las Senadoras y a los Senadores que trajeron este proyecto a la Sala, que recoge una demanda de los radiodifusores y en el que la industria está de acuerdo.
Además, la Subtel ha estado disponible para revisar un reglamento que asegure que quienes importan y comercializan estos aparatos desbloqueen dicha función, tan básica y fundamental para nuestro país.
Se trata de una excelente iniciativa ciudadana, señor Presidente.
Nuevamente agradezco a la Senadora Órdenes, quien fue consistente en sus conversaciones con la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para que el asunto se pusiera en tabla y se votara oportunamente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se me ha solicitado de nuevo abrir la votación.
¿Habría acuerdo?

La señora RINCÓN.- Sí.

El señor QUINTANA (Presidente).- Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, nuestros teléfonos celulares son mucho más que una radio; son un computador, una cámara fotográfica, un dispositivo que nos permite estar conectados de forma increíble. Por eso tenemos que tratar de sacar el máximo provecho de ellos.
Me gustaría recordar que las radios FM están entre los 88 y los 108 megahertz. Ahí funcionan. Y nuestros teléfonos celulares, que también operan como radios, tienen una radio definida por software (SDR, software defined radio); o sea, son programables. Por eso pueden estar en frecuencias más altas, que es donde se hallan las de la telefonía celular.
El problema es que, entre los 108 megas y las frecuencias en las que están los dispositivos móviles (700, 800 o 900 megahertz), hay frecuencias que podrían ser afectadas por estos aparatos si se programaran incorrectamente.
Ahí está la necesidad de que exista programación segura en los dispositivos. Quizás esa haya sido la norma tenida en cuenta por las compañías fabricantes de teléfonos para decidir dejar inhabilitada la funcionalidad de la radio definida por software, y no tanto por el hecho de que se tenga que usar la bolsa de datos disponibles para bajar la aplicación respectiva.
Sin embargo, concuerdo en que esta es una gran oportunidad, usando la tecnología, para juntar los dos mundos: el análogo, en caso de emergencias, con el de la radio FM, que utiliza transmisores estándares y que seguirá funcionando porque Chile se ha preparado para eso.
Las radios son los medios que más se han preocupado de ser resilientes, con la mantención de sus generadores, de sus antenas, y con su capacidad para mantener informada a la población en cualquier lugar.
Por lo tanto, esta es una extraordinaria iniciativa y felicito a la Senadora Órdenes -por su intermedio, señor Presidente- por darnos esta oportunidad de discutir una política pública que puede otorgar solución a problemas importantes.
Eso sí, se debe hacer la prevención de que los dispositivos a futuro pueden migrar.
Con el 5G los teléfonos van a cambiar, y probablemente las radios ya no cubran los anchos de banda donde se ubicaban las emisoras análogas. Por lo tanto, no pretendamos que esta normativa sea permanente, que siempre se vaya a ocupar.
En ese sentido, la tecnología nos lleva a entenderla, a usarla al máximo, para tratar de tener una sociedad mejor.
En Chile, existe gente innovadora que está disponible y dispuesta. Deseo recalcar que la capacidad para generar talento, que es algo que está en todas las regiones, se demuestra en los actos de las personas.
En el caso puntual de las emergencias radiales, quiero mencionar la situación particular de Barbarita Lara, una joven menor de 35 años, que fue elegida como una de las líderes del mundo en innovación. ¿Y qué propuso? Precisamente un sistema de información de emergencias para teléfonos celulares usando mensajería de texto, que opera incluso cuando se caen todos los sistemas de internet de las distintas compañías.
Por lo tanto, no solo debemos contar con la capacidad de la radio, sino también creer en los talentos regionales, en la capacidad de las personas para emprender y entregar información.
En consecuencia, se requiere la integración de todo. Esa es la verdadera estrategia nacional.
La futura Agencia Nacional de Emergencia debiera tomar esas iniciativas, hacerlas propias, y así entregarle conocimiento a la ciudadanía para que active sus teléfonos celulares y para que estén atentos a las recomendaciones, ya sea a través de las radios FM o de la mensajería de texto que podría llegar por otro tipo de ondas, no necesariamente las tradicionales, sin costo, postevento. Así esto queda totalmente cubierto.
¿Qué se requiere, entonces? Tener la capacidad para analizar la situación en forma permanente, ojalá no teniendo que ir, como lo debió hacer la Senadora Órdenes, a buscar espacio en una Comisión. Debe existir un órgano técnico que se preocupe de la transformación digital segura, entendiendo que no solo hay que enfrentar los riesgos que implican las catástrofes, ante lo cual usaríamos las radios FM, sino también los desastres causados por los ciberataques.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor de la iniciativa en general.

El señor QUINTANA (Presidente).- Valoramos los aportes que ha hecho el Senador señor Pugh a la discusión de este proyecto, que ha liderado la Senadora señora Órdenes.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Quiero pedir la anuencia de la Sala para que la Honorable señora Órdenes me reemplace en la testera por un rato, porque debo ir a la Comisión Mixta que analiza el proyecto que declara imprescriptible los delitos sexuales contra menores, que se reunirá a continuación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Le ofrezco la palabra a otra de las autoras de la moción, la Senadora señora Provoste.
--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Órdenes, en calidad de Presidenta accidental.
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La señora PROVOSTE.- Gracias, señor Presidente.
Aprovecho de saludar a quien acaba de asumir como Presidenta en esta sesión, a la Senadora Ximena Órdenes, quien es la autora principal de este proyecto de ley.
Considero importante percibir que, en cada oportunidad en la que nuestro país se ve afectado por algún tipo de emergencia o catástrofe natural, las comunicaciones fallan.
El 40 por ciento de la actividad sísmica mundial se concentra en nuestro país, lo que nos plantea el desafío de robustecer el sistema de comunicaciones para situaciones de emergencia y catástrofe.
Tal como se advierte en las conversaciones que la propia Senadora Órdenes ha sostenido con la Archi, las radios constituyen un vehículo muy importante en la transmisión del conocimiento. Por el alto grado de valoración que tiene en la comunidad, su información es rápidamente procesada por cada una de las familias y, por tanto, juega un rol central en mantener informada a la comunidad en situaciones complejas, como las que se viven producto de las catástrofes.
La falta de comunicación causa estragos en la población. La falta de orientación de lo que debemos hacer en una situación determinada de urgencia, la información que requerimos todos para saber de las afectaciones producidas por una catástrofe hacen que las experiencias en este tipo de circunstancias no sean las mejores respecto de la efectividad de las comunicaciones con nuestros seres queridos y con los medios de comunicación.
En tal sentido, la radio FM, por historia, se ha constituido en un medio de comunicación con un alto nivel de confiabilidad, que le permite la generación de un vínculo casi personal con la audiencia, y establece un grado de participación en el acontecimiento o la noticia que está transmitiendo.
La iniciativa que discutimos en el día de hoy para su aprobación en general apunta correctamente a los avances que debemos realizar para la construcción de un sistema de comunicaciones orientado a situaciones de emergencia. Ello, porque propone que todos los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones deban mantener disponible la funcionalidad del servicio de radiodifusión sonora de frecuencia modulada (radio FM) en los equipos móviles, empleados en la prestación de sus servicios, que la posean y sean comercializados.
Se establece expresamente que las compañías deberán contar, en todos sus equipos móviles, con el servicio de radio FM, a fin de permitir, a aquellas personas que no tienen acceso a internet móvil o se encuentran en zonas alejadas, acceder, en situaciones de catástrofe o emergencia, a información oportuna, creíble y clara respecto de la situación acontecida.
Consideramos que esta aprobación general es muy importante y constituye un paso -insisto- para generar un sistema que permita robustecer las comunicaciones en situaciones de emergencia y catástrofe.
Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Nuestro representante en dicha instancia, el Senador Jorge Pizarro, la ha apoyado con gran entusiasmo, lo mismo que la Senadora Ximena Rincón.
Reitero que el desafío que nos plantea este proyecto de ley es robustecer aún más nuestro sistema de comunicaciones en situaciones de emergencia y catástrofe y, por consiguiente, valoramos la iniciativa de su autora principal, la Senadora Ximena Órdenes, quien ha logrado congregar alrededor de ella a otros colegas, entre los cuales me incluyo, para un apoyo decidido a través de una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones.
He dicho.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Muchas gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, en el Maule hemos vivido situaciones de este tipo, al igual que otras regiones, como la Octava y la Sexta, en forma particularmente dura a propósito del famoso 27F. Estuvimos ahí, tratando de comunicarnos con el celular, y efectivamente era un drama. Claro, cuando uno lograba la conexión, era otra cosa con respecto a muchos elementos: familiares, seguridad, conocimiento, advertencias. Pero a ratos se cortaba la comunicación y ello generaba bastante angustia.
Entonces, este proyecto, en una primera aproximación, y si existen las condiciones, que es lo que nos señala la Comisión, es superbienvenido. Ahora bien, dentro del entusiasmo que uno tiene, lo socialicé con las personas que están más vinculadas a situaciones de emergencia en mi región, quienes me hicieron presentes algunas inquietudes que quiero compartir aquí. Afortunadamente, estamos en la discusión general del proyecto, de manera que podremos verlas con mayor detalle durante el debate en particular.
Básicamente, la preocupación se centra en cómo podemos armonizar esto, que no es un derecho, sino más bien una obligación de las compañías en cuanto a prestar determinadas condiciones de operatividad, versus dos realidades que se producen simultáneamente: el colapso de las capacidades objetivas de la red, y la necesidad de privilegiar la comunicación entre las unidades de emergencia o servicios estatales. No vaya a ser cosa que, por buscar un bien, se genere una debilidad en otro bien, como es la comunicación entre servicios estatales o de emergencia, que, justamente en casos de emergencia o catástrofe, es objetivamente superior. Por tanto, este es un punto que deberemos desarrollar de buena manera.
Pongámonos en una situación un poco más específica (porque oí a mis colegas, y por eso es bueno debatir, por eso es bueno escuchar, y por eso me cargan estas aperturas de votaciones exprés que se generan acá, que no dan ninguna posibilidad de intercambiar ideas).
Presté particular interés a un comentario en el que se indicó que existe un muy alto porcentaje de sistemas que tienen estas condiciones especiales de operatividad. Se habló del 97 por ciento. Bueno, pero si ese 97 por ciento de celulares, que son como 20 millones, se pusiera simultáneamente a funcionar frente a una situación de emergencia y esta fuera una obligación, tengo claro que ninguna de las redes actuales podría llegar a tal cobertura. Voces más conocedoras del tema señalan que con la tecnología 5G esto se resolvería por sí mismo. ¡Fantástico! Pero no disponemos todavía de ese desarrollo tecnológico y debemos arreglarnos con lo que tenemos ahora.
Entonces, en un escenario donde obligatoriamente, por vía legal, tenga que funcionar el 97 por ciento de las líneas celulares, yo les aseguro que aquello resulta física o técnicamente imposible y, sobre todo, puede generar un eventual colapso de las comunicaciones entre las unidades de emergencia o servicios estatales.
Por eso, considero que aquí hay que establecer, de alguna manera, una prioridad. ¿Qué es más relevante en una emergencia? Para mí, la conexión entre los equipos de emergencia. Eso lo aprendimos todos. Claro, hay muchas situaciones humanas, de angustia, que uno vive, pero quienes están a cargo de la situación tienen otras funciones mucho más relevantes, que es la de salvar vidas humanas, o de llegar con la ayuda oportuna en el caso de un incendio. Esto lo vivimos todos. Yo escuchaba mensajes de comunicaciones que decían: "El viento ahora va para allá y, por tanto, las brigadas tienen que cambiar de posición".
En consecuencia, si de alguna manera eso llega a colapsar con este derecho, vinculado a una obligación, se nos producirá un problema adicional, sobre todo considerando -insisto- un hecho que parece evidente: que hay un máximo de tráfico. Si no lo hubiera, no habría inconveniente, pero tengo claridad de que hay un máximo de tráfico.
Por lo tanto, señora Presidenta, valoro el proyecto, que apunta a una situación que hay que abordar. Me parece correcto que se plantee primero solo en discusión general, porque en la discusión particular trataremos de aportar en determinar bien qué entendemos por jerarquía en materia de derechos. Asegurado el funcionamiento de los equipos de emergencia, garantizado el contacto entre los servicios del Estado, creo que hay un amplio campo para asegurar también derechos, pero no podemos, a propósito de lo segundo, poner en riesgo lo primero.
Por eso, señora Presidenta, aprobamos la idea de legislar, con este llamado a la Comisión a que aborde, ojalá de buena manera, estas inquietudes.
He dicho.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señora Presidenta, el proyecto de ley en estudio tiene como propósito establecer la obligación de los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones de mantener disponibles las funciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en los equipos terminales móviles que sean comercializados y que presenten tal tecnología.
Resulta de gran importancia transmitir información en situaciones de emergencia o catástrofe a través de este medio, debido a que este sistema -se ha comprobado- no sufre alteraciones cuando ocurren siniestros, conservando la calidad y operatividad del servicio.
Sin embargo, al introducir esta modificación se podría producir la prohibición de la circulación de algunos de los equipos celulares que actualmente se comercializan. Por ende, hay que verificar aspectos técnicos y escuchar a quienes entregan este servicio al público.
Al imponer a las empresas de telecomunicaciones que habiliten la opción de radio FM en los equipos móviles que se comercialicen, es decir, que estos equipos posean de fábrica esta funcionalidad, se pueden generar problemas, ya que tengo entendido que los teléfonos que poseen esta función son cada vez menos en el retail, por lo que, de mantenerse el texto actual, se podría afectar tanto a fabricantes y proveedores como a concesionarios de servicio público de telecomunicaciones. La obligación debiera existir solo para aquellos equipos que tengan la funcionalidad de contar con radio.
Votaré a favor de la idea de legislar, con el objeto de que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones pueda discutir las modificaciones necesarias que hagan viable el proyecto de ley.
He dicho.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, está claro que un debate de esta naturaleza permitirá contar con mayores opciones al momento de enfrentar una emergencia nacional o un desastre natural.
Las empresas debieran contribuir a aquello, aun cuando, claramente, esto puede ser una exigencia del cliente. O sea, "yo solo voy a comprar equipos que tengan esta función" y, como el mercado reacciona de manera rápida, expedita y oportuna a la demanda de consumo, yo diría que lo que hay que hacer es crear conciencia en los usuarios de celulares -hay 20 millones de estos aparatos en Chile- para que demanden esta funcionalidad de sus respectivas compañías. Seguro que muchas de ellas reaccionarán de manera inmediata. Un punto relevante en el mercado -lo ha probado WOM- es que la diferencia, la alternativa, es la que marca, de tal manera que, siendo así, lo van a hacer.
Sin embargo, una obligación de esta naturaleza establecida por ley va a contribuir a aquello.
Quiero recordar que el 27F también cayeron las antenas de celulares. No había comunicación entre estos aparatos. Las que sobrevivieron fueron las radios. Por tanto, un mecanismo que asegure el apoyo a las radios, especialmente a las radios comunitarias, en situaciones de fuerza mayor, para que pasen a formar parte de la red nacional de emergencias nacionales, es igualmente deseable y financiable.
Pedirle a la gente que tenga celular, ¡bien! Todos tienen celular, y cada día más pequeños. Porque la publicidad está destinada a los niños, de modo que la adquisición de un móvil se produce incluso más tempranamente que el fumar. A los 7 u 8 años, en 8° básico, y antes, los niños ya tienen uno de estos aparatos.
La normativa en estudio obligará a las compañías a tener garantizado aquel servicio de manera permanente -esto es lo positivo-, en coordinación, por cierto, con la radiotelefonía, con la radiodifusión, que fue fundamental en el 27F, por lo menos en la Región del Biobío, donde el tsunami pegó fuerte y arrasó con vastos sectores de la costa.
Yo, señora Presidenta, soy un convencido de que Chile requiere un Ministerio de Emergencias Nacionales y Desastres Naturales. Presentamos un proyecto de ley sobre la materia que está en la Comisión de Defensa del Senado. De hecho, el debate sobre un Servicio Nacional de Emergencia está detenido. Hubo consenso entre los miembros de dicho organismo, del que fui parte, incluyendo a los Senadores Pérez Varela y Alejandro Guillier, en cuanto a que la propuesta del Ejecutivo resultaba insuficiente.
Hoy día, la Onemi tiene severas dificultades para responder de manera oportuna.
Hace dos años, en los incendios forestales que arrasaron la Región del Biobío durante todo febrero -los incendios forestales más grandes en la historia de Chile-, el agua, que tenía que ser embotellada para los brigadistas, era traída desde Santiago y demoraba tres días. Existiendo proveedores regionales de agua envasada, no había órdenes de compra. Y esto ocurrió hace dos años. ¡El 27F fue el 2010!
La Onemi no ha logrado superar un proceso de modernización. Y es lo que Chile requiere, dado que es un país con erupciones volcánicas -posee 500 volcanes, de los cuales al menos 150 registran actividad en los últimos cien años-; desbordes de ríos; aludes cordilleranos; incendios forestales. Tenemos para ofrecerle al mundo lo que quiera. Todo lo que sea imaginable en materia de desastres naturales está presente en Chile de manera permanente. Nos golpean a tal punto, que el país gasta el 1,2 por ciento del PIB -más que Japón- en reconstrucción por dicha causa.
Por tanto, aquí debe darse un debate sobre la institucionalidad. Usted conoce bien la situación, señora Presidenta. En su región hubo un alud volcánico que generó la destrucción de Chaitén. Y la discusión que se dio entonces fue si había que correr o no el pueblo. ¡Y ahí sigue! No hubo posibilidad de trasladarlo. La cultura, el arraigo, pueden más.
Yo estuve presente en el lugar, en terreno, nueve días después. Tuve la posibilidad de vivir allí casi un año y medio. Conozco a mucha de su gente, por lo que puedo decir que lo que esperan los habitantes de Chaitén y de las zonas barridas por desastres naturales es una respuesta coordinada e institucional, de manera permanente: un Ministro que se pone en igualdad de condiciones frente a todos los demás para permear todo el sistema de gobierno público en torno a la prevención, que es la clave.
Por eso, señora Presidenta, voto a favor de este proyecto de ley. Es una contribución, pero creo que podemos hacer más, necesitamos hacer más y es un deber hacer más.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.


La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Corresponde pasar a la hora de Incidentes.
VI.INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Obras Públicas, al Intendente de Los Ríos y al Director Nacional de Obras Hidráulicas, pidiéndoles información sobre FACTIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL HUECHUL, COMUNA DE LOS RÍOS, PARA FINANCIAMIENTO DE DISEÑO DE INGENIERÍA.
Y al Ministro de Energía, solicitándole remitir antecedentes acerca de FORMA Y CRONOGRAMA EN QUE SE IMPLEMENTARÁ Y EJECUTARÁ PROGRAMA "RUTA DE LA LUZ" EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
De la señora PROVOSTE:
Al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Energía, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Dirección General de Concesiones, pidiéndoles MEDIDAS PARA MANTENER APAGADAS LUMINARIAS DE RUTA 5, CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE ECLIPSE TOTAL DE SOL DE 2 DE JULIO EN ZONA SUR DE REGIÓN DE ATACAMA Y NORTE DE REGIÓN DE COQUIMBO.
Del señor QUINTEROS:
Al Ministro de Salud, para que informe diversos pormenores relacionados con el DESARROLLO DEL HOSPITAL DIGITAL.
Y al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, solicitándole analizar VIABILIDAD DE FINANCIAMIENTO, A TRAVÉS DE FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, PARA ORGANIZACIONES DE MAULLÍN Y ANCUD DEDICADAS A CULTIVO Y REPOBLAMIENTO DE PELILLO Y MODIFICACIÓN A LEY DE REPOBLAMIENTO Y CULTIVO DE ALGAS.
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La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- En Incidentes, en el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Durana.


DENUNCIA CONTRA ABOGADO JEFE DE CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE ARICA. OFICIO

El señor DURANA.- Señora Presidenta, a través de la Sala quiero denunciar públicamente que el Abogado Jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica, señor Mauricio Vega Mora, emitió un documento de carácter oficial sin serlo: una declaración, con fecha 1 de octubre de 2018, haciendo uso del logo institucional y en representación de la Corporación de Asistencia Judicial y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, para ser presentada ante una corte norteamericana en la ciudad de Santa Cruz, Estado de California, sin contar con autorización ni visación para ello, afectando al ciudadano ariqueño Osvaldo Javier Vergara Astorga, a quien despojaron de sus hijos mellizos que había criado desde su nacimiento.
La importancia del referido documento radica en que fue empleado en un proceso judicial ventilado ante tribunales de justicia de los Estados Unidos y considerado documento oficial emanado del Estado de Chile, por lo que no fue cuestionado y, peor aún, influyó en la decisión adoptada por dichos tribunales que se tradujo en la pérdida del juicio por el ciudadano chileno y en la imposibilidad de visitar a sus hijos, que él había criado, de manera esforzada, desde pequeños, tanto en Estados Unidos como en Chile.
Además de tomarse el nombre del Estado chileno para elaborar el referido documento, el abogado ariqueño Mauricio Vega dijo que para materializar la entrega de los menores ante el Juzgado de Familia de Arica se utilizó un vehículo fiscal del Ministerio de Justicia, describiendo detalladamente la forma en que se llevó a cabo el proceso, lo cual fue descartado cuando se revisaron las bitácoras de los autos de propiedad de la Corporación.
Realizada la denuncia por el señor Vergara Astorga al Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, se solicitaron explicaciones al abogado Mauricio Vega, quien, mediante oficio, respondió que la madre de los menores, señora Tara Synder, le había informado que los niños habían sido secuestrados por el padre. Sin embargo, existe prueba de que Vergara Astorga crió desde pequeños a sus hijos en ambos países, sin perder nunca el contacto con la madre.
Ante la eventual comisión de un delito sobre la base de los hechos denunciados, la Directora General de la Corporación de Asistencia Judicial, Carolina Fernández, junto al Director Regional del organismo, Rodrigo Fuentes, colocaron los antecedentes a disposición del Ministerio Público, el que los envió a la Fiscal Regional a objeto de que se esclarecieran los hechos.
Señora Presidenta, el funcionario mencionado continúa en el ejercicio de sus funciones, con el peligro que ello conlleva. Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Justicia y Derechos Humanos a objeto de que me informe por qué no ha sido apartado de sus labores mientras se esclarecen los gravísimos hechos que perjudicaron a un padre de familia que lo único que hizo todos estos años fue cuidar de sus dos pequeños hijos.
Adjunto el oficio enviado al Ministerio Público con la denuncia en contra del Abogado Jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- El Comité Partido Por la Democracia e Independientes no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Pugh.


HOMENAJE A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE EN SU OCTOGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO. OFICIO

El señor PUGH.- Señora Presidenta, hoy, 19 de junio, se conmemora un nuevo aniversario de la Policía de Investigaciones, nuestra PDI. Son 86 años en que ella ha estado sirviendo en todo aquello que es perseguir el delito, el que incluso ahora se confunde en el ciberespacio como ciberdelito.
Este día, su Director General, don Héctor Espinosa, ha manifestado que nuestra Policía de Investigaciones tiene capacidades para investigar cualquier tipo de delito. Y qué bueno que sea así, porque queremos tener un Estado fuerte, que sea capaz de imponer el Estado de Derecho.
Para lograr ese objetivo se requiere contar con policías especializadas que sean capaces, a través de los fiscales, de conducir investigaciones precisas, que entreguen evidencia y que hagan posible que se persigan y condenen los delitos.
La Policía de Investigaciones merece, entonces, todo nuestro respeto, y así lo refleja la ciudadanía mediante el reconocimiento que se le da en las encuestas, que revelan que se encuentra dentro de las instituciones mejor valoradas de Chile, en cada uno de los rincones donde se sitúa.
Muchas comunas querrían tener más cuarteles de la PDI. Pero es un grupo selecto que está dedicado a investigar y se ocupa de tareas bien específicas, entre las cuales se encuentra el control migratorio. Así, son quienes deben estar en las diferentes fronteras, vigilando y velando para que el ingreso y la salida de los connacionales queden registrados, así como asegurando que todos los migrantes cumplan las condiciones necesarias para ingresar a Chile.
Además, se encuentran en las brigadas medioambientales brindando protección e investigando los delitos en ese ámbito, incluso en los temas patrimoniales.
Y también están presentes en el ciberespacio. En tal sentido, deseo reconocer el esfuerzo que están haciendo para tener no solo tres, sino más brigadas de cibercrimen.
Nuestro país no tiene tantos hombres y mujeres dedicados a estas funciones, y no hay presupuesto. Porque, finalmente, son los últimos cuando hay que asignar recursos.
En la Región de Valparaíso, en particular, el gran anhelo es lograr que exista un edificio institucional para ellos. Y lo están buscando en un inmueble emblemático en la Plaza Sotomayor, frente al Monumento a los Héroes de Iquique.
Espero que lo consigan porque se lo merecen.
La PDI, con su logo tan característico en amarillo, que se asemeja mucho al del FBI norteamericano, tiene un estándar ético que debemos reconocer.
Y lo más importante es destacar que es una institución que ha sabido incorporar a la mujer. El 46 por ciento de quienes ingresan a la PDI, de los miles de personas que postulan, son mujeres. Y no se discrimina a nadie; ellas ingresan por su mérito. Por lo tanto, están demostrando que con políticas públicas claras todos pueden acceder a servir en diferentes condiciones a nuestro país.
La Policía de Investigaciones merece nuestro reconocimiento en el día de hoy, y debemos instarlos a que sigan avanzando, a que sigan por el camino que van para que así Chile pueda ser cada vez mejor.
Señora Presidenta, solicito a la Mesa que se envíe una copia de mi intervención al señor Director General de la Policía de Investigaciones, como un reconocimiento al trabajo que ellos realizan.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN BONO DE ZONAS EXTREMAS PARA FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES. OFICIOS

El señor PUGH.- El segundo punto que deseo abordar, señora Presidenta, se refiere al bono de zonas extremas para funcionarios de universidades estatales.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, quiero hacer presente que el artículo 12 de la Ley N° 20.374 estableció, a contar del 1 de enero de 2009, una bonificación especial trimestral a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos que se desempeñen en las universidades estatales de Tarapacá, Arturo Prat, Antofagasta y Magallanes, siempre que laboren en las Regiones Primera, Décimo Quinta, Segunda o Duodécima (esas eran las denominaciones antiguas), y mientras se desempeñen en ellas.
Dicho artículo contempla, además, que el Fisco contribuirá al financiamiento de tal bonificación incluyendo en la Ley de Presupuestos de cada año los montos de los recursos a transferir, actualizándolos anualmente según el reajuste del sector público.
Uno de los problemas que se ha producido, señora Presidenta, dice relación con el aumento de las dotaciones funcionarias de dichos planteles, puesto que la disposición legal citada establece un monto en términos globales, expresado en miles de pesos transferidos desde el Fisco hacia las universidades. Y, por ello, lo que le corresponde percibir a cada funcionario varía según el aumento o la disminución de la cantidad o número de beneficiarios.
De ahí que en el mes de abril del presente año, en la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, se ofició a los Ministerios de Educación y de Hacienda, y a la Dirección de Presupuestos, para que dichos organismos adopten las medidas necesarias a fin de aumentar el aporte global a las universidades estatales mencionadas, estableciendo a la vez un mecanismo que impida que el aumento de funcionarios se traduzca en una permanente disminución de aquel.
Considerando lo anterior, señora Presidenta, creo que es relevante conocer las cifras actuales respecto al número concreto de beneficiarios que a la fecha reciben el bono.
Por ello, solicito por su intermedio, señora Presidenta, que se oficie a la Universidad de Tarapacá, a la Universidad Arturo Prat, a la Universidad de Antofagasta y a la Universidad de Magallanes, para que informen el número preciso de beneficiarios que actualmente reciben el bono por cada uno de dichos planteles, y los montos totales asociados.
Esto último, señora Presidenta, sin perjuicio de iniciar todas las acciones tendientes a que a la Universidad de Aysén se le pueda reconocer el mismo tratamiento.
He dicho.

El señor NAVARRO.- Deseo adherir a la solicitud del Senador señor Pugh.

La señora PROVOSTE.- Que cuente con nuestra adhesión.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Se incorporarán las adhesiones de la Senadora señora Provoste, del Senador señor Navarro y también la mía.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Pugh, conforme al Reglamento, con las adhesiones del Honorable señor Navarro y de las Senadoras señoras Órdenes y Provoste.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.


INQUIETUD POR FALTA DE CENTRO DE DIÁLISIS EN COMUNA DE CHAÑARAL. OFICIOS

La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, se han comunicado conmigo muchos habitantes de la comuna de Chañaral y también medios de comunicación, como la Radio Cobremar, para reiterar una inquietud que los aqueja, referida a la falta de un centro de diálisis en dicha comuna.
En nuestro país son más de 17 mil los pacientes que se dializan. Y es una realidad que también golpea fuertemente a muchos vecinos y vecinas de la comuna de Chañaral.
Menciono esta cifra porque cuando uno mira los datos desde 1990, y posteriormente desde el año 2002, se observa que en los últimos años hemos tenido un crecimiento exponencial. Hay una cantidad siete veces mayor de pacientes que requieren diálisis en cada uno de los rincones de Chile.
Por cierto, las situaciones muy dolorosas que vivimos tras los aluviones de 2015 y, posteriormente, en 2017 desnudaron una serie de dificultades. Entre ellas, la falta de una oferta pública para que los vecinos y las vecinas pudieran dializarse.
Cuando los caminos estaban cortados la dificultad era cómo garantizar que los pacientes que requerían diálisis no terminaran abruptamente sus tratamientos, con todos los riesgos para la salud que esa situación implica.
Ellos deben viajar 166 kilómetros para ir a Copiapó y 166 kilómetros para regresar por una carretera de una sola vía, un camino sinuoso, con riesgos, para acceder al tratamiento de diálisis. Esto no es justo y tampoco ayuda a la recuperación de la salud de las personas.
El día 23 de mayo, mediante una gran caravana en la comuna, los chañaralinos y las chañaralinas salieron a las calles para pedirle al Gobierno que los escuche en este importante anhelo. Ellos reclaman que, así como Diego de Almagro hoy tiene su centro de diálisis, la comuna de Chañaral también debe contar con uno. Sin embargo, la solicitud no ha tenido la acogida que cada uno de nosotros hubiese esperado.
Nos han comunicado que muchas de las personas que actualmente se dializan han tenido que optar por trasladarse de ciudad, alejándose de sus núcleos familiares, generando dificultades serias en la familia, empobreciendo aún más su realidad. Ello, porque han tenido que arrendar piezas en Copiapó para poder estar cerca del centro de diálisis.
Otro de los problemas que nos señalan es la categoría del Hospital de Chañaral. Por su ubicación geográfica, se debe estudiar a la brevedad su cambio para que pase de ser un hospital de baja complejidad a uno de mediana o alta complejidad. Aquel recinto hospitalario hoy día no está preparado para hacer frente a emergencias graves, como heridos por accidentes carreteros en que el traslado a Copiapó o a Antofagasta toma una gran cantidad de tiempo y no ayuda en nada a enfrentar urgencias.
Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, para que se realicen estudios a fin de analizar la posibilidad de aumentar la complejidad del Hospital de Chañaral y así tener un centro de mediana o alta complejidad, un anhelo largamente esperado por los habitantes de la comuna.
De la misma forma, solicito que se oficie al Ministro de Salud para pedir que, a la brevedad, se implemente un centro de diálisis para la comuna de Chañaral, asociado al hospital o al consultorio, pero que de alguna forma sus habitantes reciban una respuesta para poder dializarse en su lugar de residencia y no debamos enfrentar la realidad de que tantos vecinos y vecinas hayan decidido trasladarse de ciudad, precarizando aún más sus condiciones de salud y con los problemas afectivos que eso implica, para poder acceder al tratamiento respectivo.
De la misma forma, solicito que se oficie al Ministro de Salud a los efectos de que indique cuál es la razón para que al día de hoy no dispongamos de oferta pública de diálisis en la Región de Atacama, dado que el Hospital de Vallenar, centro de salud referencial de la provincia del Huasco, y el Hospital de Copiapó, que es cabecera regional, actualmente no tienen en funcionamiento sus centros de diálisis y toda la derivación se realiza a establecimientos privados.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- En los tiempos de los Comités Partido País Progresista e Independientes y Partido por la Democracia e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


CONSECUENCIAS DE BLOQUEO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS CONTRA VENEZUELA

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, hoy se inicia en Caracas, Venezuela, la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Serán tres días de estadía en dicho país.
La jornada se inició hoy miércoles con una reunión en Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, con el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
Mañana jueves, la Alta Comisionada estará, a partir de las 8 de la mañana, en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A las 9:30 se reunirá con el Defensor del Pueblo, las autoridades del Ministerio de Defensa, del Interior, del Servicio Penitenciario y el Fiscal General Tarek William Saab; luego, irá al Tribunal Supremo de Justicia, que preside Maikel Moreno.
La jornada continuará con un encuentro con miembros de la sociedad civil y estudiantes del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, y terminará con la participación en una reunión de la ONG llamada "Foro Penal".
El día viernes, que ha sido calificado como el más importante de la visita, la Alta Comisionada se dirigirá a la opositora Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo, para reunirse con Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional. Luego, se dirigirá a la Asamblea Constituyente, presidida por Diosdado Cabello.
Del mismo modo, habrá reuniones con dirigentes, actores sociales; y un encuentro con víctimas de violaciones de derechos humanos, en la sede del PNUD de Caracas.
Y, al final de su jornada, la Alta Comisionada se dirigirá al Palacio Miraflores, sede del Ejecutivo, donde se reunirá con el Presidente Nicolás Maduro, para dejar territorio venezolano alrededor de las 22:40 horas.
Esta visita se realiza en el marco de reiteradas invitaciones que el Presidente Nicolás Maduro y el Canciller Jorge Arreaza han cursado durante los años 2018 y 2019 para que Michelle Bachelet visite Venezuela, a fin de que pueda constatar la realidad de esa nación con sus propios ojos.
Y en eso hay que ser muy claros: esta visita ha sido pedida de manera formal, directa, por el Presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades.
Espero que la visita sirva para poder establecer la mayor cantidad de verdad posible sobre Venezuela. Y parte de esta verdad es que el bloqueo criminal que asedia a este país, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), ha generado pérdidas para el país por 350 mil millones de dólares en producción de bienes y servicios, entre el 2013 y el 2017.
El mencionado centro de estudios establece que Venezuela padece el agobio y el asedio de un boicot económico.
Y, por cierto, se ha hecho un montaje político-comunicacional, liderado por los Estados Unidos, presentando hoy día que la falta de medicamentos -¡faltan medicamentos!-; la falta de alimentos -¡faltan alimentos!-, es por problemas de gestión del Gobierno.
Señora Presidenta, espero que la visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, pueda determinar claramente la realidad, que es la que yo y muchos en Chile y en el mundo señalan. Pero lo mencionado anteriormente se repite por los medios de comunicación, sin alternativa a una opinión distinta. Y la verdad es que hay problemas en Venezuela.
Yo invito -y lo he hecho permanentemente- a que auscultemos la causalidad. La realidad es esa: faltan alimentos, faltan medicamentos. ¿Y la causalidad, el porqué?
El bloqueo, algo absolutamente comprobado, ha significado pérdidas en Venezuela que han superado los 350 mil millones de dólares; pero, asimismo, ha impuesto un régimen en donde a Venezuela se le impide comprar alimentos.
El bloqueo es criminal.
Desde que asumió la Presidencia el Comandante Chávez, Estados Unidos se impuso la tarea del golpe de Estado, de aplicar todos los mecanismos para borrar la experiencia de la revolución bolivariana.
El objetivo del bloqueo era ahogar la economía de Venezuela, ayudar sistemáticamente a que las carencias de la población se agudizaran. Y en esta vía, todo lo han probado: intentos de golpe de Estado, guerra civil, sublevación militar.
El bloqueo económico comienza tempranamente, en 2013, cuando Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, corta el flujo de financiamiento externo hacia Venezuela, acude a las calificadoras de riesgo y, por medio de una sistemática campaña, señala que Venezuela es un país de alto riesgo. Por tanto, calificadoras como S&P, Moody's, Fitch elevan el nivel de riesgo y hacen que los créditos para Venezuela, que normalmente el mercado financiero establece entre el 5 y el 9 por ciento, se eleven al 35 por ciento, obligando a un endeudamiento mayor en la consecución de créditos para importaciones.
En el 2014 se hace pública la primera serie de sanciones contra Venezuela, firmada, por cierto, por Donald Trump, quien llama a una defensa de la democracia en Venezuela e interpone sanciones a personeros del Gobierno y a líderes de empresas claves para la economía, impidiendo la realización de negocios o acciones diplomáticas.
El 2015 marca el recrudecimiento de las sanciones, pues Estados Unidos impone restricciones de visados a funcionarios del Gobierno venezolano. Y, en ese año, Estados Unidos declara -y esto es increíble- que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria.
¡Amenaza inusual y extraordinaria!
Señora Presidenta, ¿qué amenaza puede constituir Venezuela para Estados Unidos? En verdad, la única amenaza para la paz mundial radica en el poderío militar de Estados Unidos y en unas Fuerzas Armadas distribuidas en centenares de bases militares en todo el mundo.
Siete, nueve bases militares de Estados Unidos hay en Colombia. ¡Se encargaron de boicotear el plebiscito para la paz en Colombia!
Y, en el marco del bloqueo, en 2017 el Tesoro norteamericano congela todos los activos venezolanos sujetos a la jurisdicción norteamericana, confisca bienes físicos y de capital del Gobierno bolivariano.
Lo anterior da paso a que el mismo año 2017 se publicara la orden ejecutiva 13808 que prohíbe al Gobierno de Venezuela y a PDVSA-CITGO, la petrolera estatal, adquirir deudas de mediano y de largo plazo, y particularmente comprar acciones de la filial.
El 2018 Trump firma el decreto que prohíbe a norteamericanos y personas del territorio de Estados Unidos hacer transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por el Gobierno de Venezuela, liquidando la iniciativa del petro; o sea, Venezuela había buscado la autonomía económica, creando la moneda digital, el petro, y se sanciona a las empresas asociadas a las familias de funcionarios y se prohíbe a toda la banca internacional negociar a través de dicho expediente.
La Unión Europea, lamentablemente, también se hace parte de esta escalada terrorista económica en contra de Venezuela y sanciona a funcionarios a lo largo de toda Europa.
El 2019 la situación cambia y se radicaliza. Las sanciones aumentan. Y surge Hollywood, ¡Hollywood!, el patriotismo como elemento central, y se establece la performance de un invento, de un Presidente de ficción: Juan Guaidó.
A la vez, se impide que 23 empresas claves en la economía de Venezuela, incluyendo a Globovisión, puedan realizar todo tipo de transacción económica, limitando la acción fuera del territorio de Venezuela.
El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro determinan la detención de las órdenes de compra de PDVSA y el embargo de las cuentas bancarias de la filial CITGO, de propiedad venezolana, imposibilitando con ello el regreso de los fondos pertinentes, que ponen a disposición -¡esto es increíble en el "país de las libertades"!- del equipo de Juan Guaidó. Es decir, saquean a PDVSA y las arcas y activos de Venezuela.
El impacto del bloqueo indica claramente que en 2016 se obligó a este país a cancelar el 25 por ciento de interés anual de deuda por encima de lo que pagan los bonos del tesoro de los Estados Unidos.
Venezuela ha cumplido fielmente todos sus pagos internacionales, para no caer en default.
Es por eso, señora Presidenta, que hemos denunciado -y esta vez lo quiero hacer aquí- tales hechos, ocurridos en una nación que tiene problemas serios de salud pública, con hospitales colapsados, en fin.
En Estados Unidos, las acciones para bloquear la compra de medicamentos dirigidos a los niños de Venezuela han pasado por los hechos criminales de detener la llegada de 300 mil dosis de insulina; de parar mil 650 millones de dólares, los que fueron secuestrados por Euroclear, destinados a alimentos y medicina.
En el sistema financiero internacional se bloquearon 23 operaciones con el objeto de impedir la compra de alimentos y medicamentos.
Los bloqueos han variado en sus cifras, pero siguen teniendo la consecuencia que he señalado.
¡Aquellos hechos son escandalosos! Es inimaginable que en Venezuela los niños mueran por la imposibilidad de operarlos.
¡Se están violando los derechos humanos de los niños venezolanos mediante un bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos y secundado por Europa y la banca internacional!
Las transacciones comerciales han incluido aun el bloqueo a las navieras. Se ha denunciado que el país del norte sancionó a 10 de las 12 que llevan alimentos a Venezuela, a donde todo llega por mar y por vía aérea.
Señora Presidenta, tengo en mis manos el listado terrible de los niños fallecidos. Por ejemplo, se ha denunciado que Robert Labrador, de 7 años, quien padecía de leucemia, falleció por falta de medicamentos y que Erik Altuve, de 11 años, afectado por un cáncer de médula, murió a la espera de un trasplante.
¡El accionar de Estados Unidos es criminal!
Yo confío en que la presencia en Venezuela de la ex Presidenta Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contribuya a la verdad.
No esperen de ella soluciones. Es deber de los venezolanos, sin intervención de ningún tipo, ni militar, ni política, ni social, solucionar los problemas que afectan a su país.
Chile debe colaborar para la obtención de la paz en Venezuela.
Yo espero que la presencia de la Alta Comisionada contribuya a lograrla, mediante la entrega del informe respectivo, el que será dado a conocer en pocos días por la ONU.
La paz es necesaria en Venezuela, a donde la muerte ha llegado de la mano de Estados Unidos.
¡No a la violación de los derechos humanos de los niños en Venezuela!
He dicho.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Insulza.


SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS HASTA EL 2030

El señor INSULZA.- Señora Presidenta, quiero referirme hoy a la situación provocada en la región que represento por la no aplicación efectiva del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
El referido Plan, en el caso de Arica y Parinacota, nace de las demandas y aspiraciones ciudadanas luego de casi 40 años de espera, en un lugar que ha sido marcado desde su incorporación al territorio nacional como una zona limítrofe, que tuvo una época en que fue impulsada durante 20 años, desde 1953 a 1973, para luego sufrir las consecuencias del abandono en el período de la dictadura militar.
Creada la Región de Arica y Parinacota y establecida la necesidad de contar con un nuevo impulso que permitiera promover su desarrollo, el proceso de elaboración de este Plan fue articulado a través de actividades de participación ciudadana en las que intervinieron más de 2 mil líderes regionales a inicios del 2014.
El referido Plan es participativo: se construye a través de la participación ciudadana; es colaborativo: contempla la acción coordinada público y privada; es sistémico: cuenta con una matriz de proyectos, de responsables, de plazos, de programación financiera que es controlada periódicamente por todos los actores; es descentralizado: lo lidera la intendenta, y es priorizado por la sociedad regional.
Su marco legal es el decreto N° 1.233, de 2014, que lo estableció, y el decreto N° 1.012, de 2016, que lo extendió hasta el año 2020.
Además de los recursos aportados por el FNDR y los sectores, el mencionado Plan cuenta con un presupuesto especial adicional administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través de una Asignación especial denominada "Zonas Extremas" (Programa 06), el cual es establecido previa solicitud y verificación de proyectos aprobados, lo que también genera control y eficacia en el uso de recursos.
El impulso del Plan mediante inversiones tendientes a reducir la brecha de infraestructura e incentivo al desarrollo; el reconocimiento del rezago de la región, y la equidad territorial forman parte de una política de Estado basada en principios.
La evaluación por mínimo costo de los proyectos ha permitido desarrollar soluciones técnicas de ingeniería que le dan sustento y valor público a su propuesta, lo que ha posibilitado apalancar recursos del FNDR y sectoriales y no solo generar alto impacto en los indicadores de inversión en la región en los últimos cinco años, sino también dinamizar su economía, como se observa en las cifras de crecimiento que se acompañan en esta presentación.
El certificado del Core 482/2017 aprobó la Estrategia Regional de Desarrollo, e incorporó en forma íntegra el Plan de Zonas Extremas como parte esencial de esa estrategia, junto con la batería de instrumentos e incentivos especiales que existen en la región.
La continuidad del Programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas se sostiene en la aprobación de la Estrategia Regional de Desarrollo 2017-2030 que concordaron todos los sectores.
Señora Presidenta, luego de que la Administración Piñera en enero del 2019 lanzara el Plan de Gobierno 2018-2022, en forma constante se ha estado relativizando la importancia e impacto del Plan Especial de Zonas Extremas; es más, hoy se visualiza la intención de no darle continuidad o de sumergirlo, con un nombre distinto, bajo otro programa financiero.
El riesgo es que si no hay voluntad explícita de extenderlo (según la información de que dispongo, vence el 11 de julio de 2020, aunque el Subsecretario de Desarrollo Regional ha dicho que estará vigente todo ese año), lo más probable es que la Dipres limite en la discusión relacionada con el presupuesto exploratorio del 2020 los fondos de convergencia para los años siguientes de este Plan.
Se suma a lo anterior la nula gestión con respecto al Plan por parte del Gobierno regional y los servicios públicos involucrados, ya que están preocupados solamente del plan gubernamental lanzado este año.
Cabe advertir que el Plan de Gobierno 2018-2022 no ha sido expuesto a los consejeros regionales ni consultado con la comunidad, como sí sucedió con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
El Plan de Zonas Extremas aún contiene iniciativas que constituyen desafíos para implementar (entre ellas, aparte las que se están realizando, se hallan el embalse Livilcar, la ruta Andina, la piscina olímpica, la caleta pesquera, por nombrar algunas) y otras que se encuentran en etapa de diseño y que requieren financiamiento para su etapa de obras a futuro. De esta forma, se arriesga un enorme capital en esta indefinición, ya que esos proyectos volverán a competir con otras iniciativas en zonas más desarrolladas, desplazándola nuevamente de su vía al desarrollo.
Por ello, creo que Senadores, Diputados y Consejeros de las zonas extremas (y aquí incluyo también a Magallanes, Aysén y Palena, junto con Arica y Parinacota) deben solicitar la extensión del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas hasta el 2030 por lo menos en el caso de Arica y Parinacota, porque así lo indica nuestra Estrategia de Desarrollo Regional; que se mantengan los fondos de convergencia para las zonas extremas como una provisión específica, sin diluir los recursos en el resto de las regiones o de zonas rezagadas -como se ha señalado-, eliminando de hecho la existencia de este programa.
He dicho.

La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Me sumo a la solicitud de Su Señoría en lo que respecta a la extensión del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas al año 2030.
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La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:49.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante