REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 368ª

Sesión 142ª, en jueves 7 de enero de 2021

Especial

(Celebrada presencial y telemáticamente, de 12:24 a 15:21)

PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA,

Y SEÑOR RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron presencialmente las señoras y los señores:

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Ebensperger Orrego, Luz

--García Ruminot, José

--Girardi Lavín, Guido

--Harboe Bascuñán, Felipe

--Muñoz D´Albora, Adriana

--Pizarro Soto, Jorge

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Alvarado Andrade, Claudio

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Araya Guerrero, Pedro

--Bianchi Chelech, Carlos

--Castro Prieto, Juan

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Elizalde Soto, Álvaro

--Galilea Vial, Rodrigo

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Goic Boroevic, Carolina

--Guillier Álvarez, Alejandro

--Huenchumilla Jaramillo, Francisco

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Lagos Weber, Ricardo

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Montes Cisternas, Carlos

--Moreira Barros, Iván

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Prohens Espinosa, Rafael

--Quintana Leal, Jaime

--Quinteros Lara, Rabindranath

--Rincón González, Ximena

--Sabat Fernández, Marcela

--Sandoval Plaza, David

--Soria Quiroga, Jorge

Concurrieron, además, presencialmente, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado Mocarquer, y el Subsecretario General de la Presidencia, señor Máximo Pavez Cantillano.

Asimismo, se encontraban, telemáticamente, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbot Charme; el General Director de Carabineros de Chile, señor Ricardo Yáñez Reveco, acompañado del Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector señor Esteban Díaz Urbina, y del Director de Justicia, General (J) señor Jaime Elgueta Burgos; el Jefe Nacional de Gestión Estratégica de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto señor Pablo Contreras Cortés, acompañado del Comisario Marcelo Wong, Jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad, y del Comisario Randy Toro, Jefe subrogante del Centro Nacional de Análisis Criminal; el Director Nacional de Aduanas, señor José Ignacio Palma Sotomayor; el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de Talcahuano, señor Henry Campos Coa; y el Presidente del Directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile y Alcalde de Colina, señor Mario Olavarría Rodríguez, acompañado del Prosecretario, señor César Rojas Ríos, y de la Asesora Jurídica, señora Graciela Correa.

Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 12:24, en presencia de 23 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 129ª y 130ª, especiales, empalmadas, en 10 de diciembre de 2020, y 132ª, ordinaria, en 16 de diciembre de 2020, que no han sido observadas.

Las actas de las sesiones 133ª, especial, en 17 de diciembre de 2020, y 134ª, especial, y 135ª, extraordinaria, ambas en 21 de diciembre de 2020, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.

IV. ORDEN DEL DÍA

AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Damos inicio, entonces, a la sesión especial de la Corporación con la finalidad de tratar la agenda de seguridad pública.

Ofrezco la palabra al señor Secretario para que informe sobre la distribución de los tiempos que hemos designado desde la Mesa para esta sesión.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.

Como se ha indicado, esta sesión especial tiene por finalidad tratar el tema de la agenda de seguridad pública.

A tal efecto, se ha invitado al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública; al señor General Director de Carabineros de Chile; al señor Director General de la Policía de Investigaciones, quien excusó su asistencia y solicitó ser representado por el prefecto don Pablo Contreras Cortés; al señor Director Nacional de Aduanas, don José Ignacio Palma Sotomayor; al Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en cuya representación asistirá el señor Henry Campos Coa; al Presidente del Directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), señor Mario Olavarría, quien señala que asistirá acompañado de don César Rojas y doña Graciela Correa. Y se excusó de asistir también el Director Nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Gustavo Jordán.

La Mesa y la Presidenta han dispuesto la siguiente distribución de los tiempos: 60 minutos para los invitados, otorgando 10 minutos a cada uno de ellos, y 60 minutos para las Honorables señoras Senadoras y los Honorables señores Senadores, asignados conforme al procedimiento que se sigue en la hora de Incidentes.

En consecuencia, al Partido País Progresista e Independientes le corresponden 4 minutos; al partido Evópoli, 2 minutos; al Partido Unión Demócrata Independiente, 13 minutos; al Partido Revolución Democrática, 2 minutos; al Partido por la Democracia e Independientes, 11 minutos; al Partido Renovación Nacional e Independientes, 13 minutos; al Partido Socialista, 10 minutos, y al Partido Demócrata Cristiano, 7 minutos, debiendo informar a la Mesa los respectivos jefes de cada uno de estos Comités quiénes harán uso de la palabra y por cuánto tiempo.

Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.

Ha solicitado ingresar a la Sala el señor Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El señor Ministro está conectado telemáticamente. El Ministro del Interior está presente en la Sala.

Así es que solicito el acuerdo para que ingrese.

--Se accede.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Voy a otorgar la palabra, en primer lugar, a los Senadores que pidieron esta sesión especial, la Senadora Rincón y el Senador Insulza.

Entrego la palabra a la Senadora Rincón.

No está conectada en este momento.

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, Presidenta.

Es claro que esta sesión fue convocada por la alarma pública que provocaron en un momento determinado dos hechos.

El primero son los varios tiroteos que se dieron en distintos lugares de la Región Metropolitana y, después, en otras ciudades del país. En concreto, en mi región, Arica y Parinacota, se produjeron, en los primeros cuatro días del año, tres intercambios de tiros entre personas civiles, los que provocaron dos víctimas.

Entonces, en todo el país ha habido preocupación por el visible aumento de la delincuencia que eso significaba.

Y la segunda razón de alarma, francamente, Presidenta, o de preocupación fue una salida de las que habitualmente hace el Presidente de la República en el Palacio de La Moneda para acusar a la Oposición de no haberle aprobado sus proyectos de ley. Y la verdad es que, como muchos pensamos que esto no es solamente materia de proyectos de ley, y que en ello es el Ejecutivo el que está más en deuda, consideramos necesario realizar esta sesión.

Presidenta, la verdad es que yo quisiera que esta sesión tuviera más por objeto escuchar información que hacer nuevos análisis y decir nuevos discursos sobre lo importante que es la seguridad pública y lo mucho que estamos trabajando en ella. Yo creo que estamos todos aquí conscientes de que hay un problema grave de seguridad en el país. Basta decir que, según salió en la prensa ayer o hace un par de días, los homicidios han aumentado en 34 por ciento, y entiendo que los femicidios terminaron en 57 el año 2020.

Entonces, tenemos un problema, ciertamente, de aumento de la delincuencia, que algunos atribuyen solamente a "ajustes de cuentas". Ahora, el problema de los ajustes de cuentas es que matan inocentes, claro, por lo que consolarse con que son ajustes de cuentas no tiene mucho sentido, porque los delincuentes, cada vez con más armas, disparan por las calles y matan a quien está a su alrededor.

Nosotros quisiéramos conocer datos concretos, Presidenta. Y me permito, para no cansar a los colegas, señalar qué cosas quisiera saber.

Yo quiero saber de dónde salen todas las armas que hay en Chile. Eso no está en la ley. Y cuando alguien dice que son todas renegociadas en el país y que se pierden, y que se pasan por aquí y por allá, la pregunta mía es: ¿de dónde sacan los narcotraficantes las metralletas con las cuales disparan al aire en los funerales? Porque en realidad esas metralletas no se fabrican en Chile y no se importan a Chile tampoco, según he sabido.

Por tanto, el Director de Aduanas nos podría decir cuáles son los controles que existen, no solamente para evitar que entren cargamentos de armas por las aduanas, sino también, por ejemplo, en materia de couriers. Porque se dice mucho que la gente se compra un arma afuera y se la mandan por courier al país. Yo quisiera saber si eso es así o no es así.

Voy a terminar este tema con una propuesta concreta. Creo que estamos en situación de estudiar en la actual Ley de Armas una moratoria de la compra y venta de armas y municiones por los próximos dos años, al menos. Solamente enuncio el tema. Considero importante señalarlo; no podemos seguir con la cantidad de armas que tenemos.

Queremos saber también de drogas. ¿Por qué ha aumentado tanto el tráfico de drogas? ¿Quién controla a los narcotraficantes? Parece que los narcotraficantes controlan áreas importantes de nuestras ciudades. ¿Qué se sabe sobre eso?

Asimismo, queremos saber del crimen organizado. El Gobierno nos manda una propuesta sobre esto. Bueno, ¿cuáles son las áreas, fundamentalmente, en que trabaja el crimen organizado? ¿Qué relación tiene esto con las armas, con las drogas, con la piratería, con el tráfico de personas e, incluso, con actividades terroristas?

La verdad es que el principal problema que tenemos en el país para enfrentar este tema, ¡que todos queremos enfrentar juntos!, es que no compartimos la información y carecemos, al parecer, de la institucionalidad adecuada. Las fiscalías no investigan estos temas, les dedican más tiempo a otros asuntos; no nos pueden decir cuáles son los casos concretos de crimen organizado que están en sus regiones y, por consiguiente, no nos pueden decir si se trata de narcotraficantes, de traficantes de personas, etcétera. No tenemos información.

Se habla también mucho del tema de las reincidencias. ¿Es posible que, como se dice por ahí, haya gente que está cincuenta veces presa en el año y sale en libertad? ¿Qué problema tenemos ahí también?

Y, sobre la base de esa información, podemos hablar de leyes, podemos pedir un montón de leyes. Yo pienso que, por ejemplo, como se está discutiendo todavía la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia -no ha venido su Director a esta reunión, pero está el Ministro del Interior-, a lo mejor sería importante decir que la ANI existe para preocuparse, precisamente, del crimen organizado, y que debería dedicar su actividad de inteligencia a eso, porque está claro que hay otros servicios para averiguar cosas hacia el exterior y que esta agencia está dedicada a realizar actividades de inteligencia sobre chilenos y chilenas residentes en el país. Por tanto, lo menos que podemos decir es cuáles son sus límites y que se dedique a los temas del crimen organizado.

Toda esa información quisiéramos conocer, Presidenta, entre muchas otras cosas. La verdad es que yo no quiero abundar más. Queremos saber del tráfico de armas y de la forma en que se controla. Queremos plantear una moratoria sobre el tema de las armas. Queremos proponer una nueva forma de trabajo y una nueva dedicación para la ANI.

Y queremos también decir algo sobre drogas, porque, en una frase: la política de drogas no sirve. Llevamos más de veinticinco, treinta, cuarenta años practicando la misma política de drogas y los únicos que ganan son los narcotraficantes. Hay cada vez más drogas, cada vez más dinero, cada vez menos control y cada vez más ocupación de nuestros barrios por parte de los narcotraficantes.

Entonces, ¿vamos a seguir haciendo lo que ya hemos hecho durante cuarenta o cincuenta años? ¿Cuándo vamos a cambiar radicalmente la política en esta materia para entender que el consumo de drogas es una enfermedad, que se trata como una enfermedad, para lo cual requerimos servicios públicos mucho mejores, y que de esta enfermedad muere menos gente que la que muere en las batallas del narcotráfico, en los combates por el terreno del narcotráfico?

En consecuencia, ¿qué es lo que es peor: seguir con la política represiva que tenemos o atender finalmente a las causas del tráfico de drogas y adoptar políticas algo distintas? Ahora, ellas deben incluir, a mi juicio, un control, pero no una prohibición de determinadas drogas, que son las que se están llevando la mayor cantidad de plata e impidiendo que nos dediquemos realmente a las drogas más duras, como la heroína y la cocaína, que llegan cada vez más a nuestro país.

Eso es lo que quiero decir, Presidenta, porque la verdad es que esta situación es alarmante y nosotros queremos colaborar, queremos cooperar.

¡Hemos hecho una cantidad de agendas con todos! ¡No hay ningún Ministro del Interior que se haya escapado de la agenda! Lo hicimos con el Ministro Chadwick, lo hicimos con el Ministro Blumel, lo hicimos con el Ministro Pérez. Estamos esperando que el Ministro Delgado nos plantee una nueva agenda, pero llevamos tres años sin completar la agenda y en lugar de eso nos mandan leyes que no tienen nada que ver con la agenda que hemos acordado.

Así que esas son mis dudas, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Insulza.

Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.

Quiero suscribir las palabras de mi colega José Miguel Insulza. La verdad es que este espacio lo que pretende es escuchar, porque, tal como lo ha dicho José Miguel, es una práctica usual traspasar al Parlamento los problemas, y ocurre que son muchos más complejos que una ley.

Hoy día sería muy relevante, Presidenta -y creo que fue el tono y la conversación cuando acordamos realizar esta sesión especial-, poder escuchar cuál es la propuesta del Gobierno, porque leyes hay; el tema es que o no se cumplen, o no son suficientes, o no logran el objetivo.

Temas como los que ha abordado el Senador Insulza respecto al ingreso de armas, a la droga van acompañados de un problema que es tremendamente relevante: la pobreza y el abandono del territorio por parte del Estado.

Lo conversábamos el día que acordamos pedir esta sesión: ¿qué pasa con los recursos destinados a los municipios para enfrentar los programas de seguridad, programas que han ido en retirada en el territorio? Y si no entendemos que esto requiere no solo leyes, sino también recursos, acompañamiento, abordar el control de drogas; legalizar ciertas substancias para, al menos, el uso medicinal, que es un tema que está aún pendiente, vamos a seguir dando botes. Treinta, cuarenta años haciendo lo mismo demuestran que tenemos un problema.

Y el foco -por eso esta sesión especial- es saber cuál es la propuesta del Gobierno. Ahora, si el Gobierno cree que el problema se resuelve acusando al Parlamento de no tramitar leyes, estamos mal, ya que, según lo que señalaban los integrantes de la Comisión respectiva, está pendiente de mandar indicaciones. Por esa vía, nos vamos a pasar la responsabilidad entre unos y otros y no vamos a hacernos cargo de cuidar a nuestra ciudadanía. La ciudadanía quiere seguridad; la ciudadanía quiere que la acompañemos, pero no es traspasando culpas como lo vamos a lograr.

Entonces, el sentido de esta sesión, más que hablar nosotros, es saber cuál es la propuesta del Gobierno en estos temas, y que además rinda cuenta de lo que ha hecho en materia presupuestaria en los distintos programas de seguridad en el país.

Eso, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Vamos a entregar la palabra, entonces, al primero de nuestros invitados, al General Director de Carabineros de Chile, señor Ricardo Yáñez Reveco.

El señor YÁÑEZ (General Director de Carabineros de Chile).- Señora Presidenta, muy buenas tardes.

Me acompaña el Director Nacional de Orden y Seguridad y el Director de Justicia de la institución para esta sesión.

Solamente quiero hacer algunos alcances con relación a los temas que plantearon el Senador Insulza y la Senadora Rincón.

Primero, cabe decir que las policías solamente pueden hacer lo que las leyes facultan para que hagan, y actuamos conforme a la normativa vigente y de acuerdo a las actuales estructuras que permiten focalizar nuestros esfuerzos en materias investigativas para desbaratar las organizaciones criminales.

Hago presente que durante el año 2020 Carabineros detuvo a 587.288 personas por delitos, esto es, 67 detenidos por hora. Además, nosotros tuvimos a razón de 27 procedimientos por minuto, o sea, casi 15 millones de procedimientos en el año. Hubo 115.812 más detenidos que el año 2019. Realizamos cerca de 11.600 procedimientos solo en materia de orden público.

Eso obviamente desgasta la posibilidad de contar con recursos humanos para hacer funciones de prevención, labores comunitarias y tareas investigativas.

Entendemos que hoy día la prevención ya no es solamente la presencia policial; se requiere una presencia inteligente para poder fiscalizar y controlar, pero también investigar, a fin de sacar de circulación a las personas que conforman organizaciones tanto delictivas como criminales y que ponen en riesgo los territorios, generalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asimismo, se han incautado más de 22.000 armas durante el año 2020, las cuales no necesariamente figuran en los registros de las autoridades fiscalizadoras de la Dirección General de Movilización Nacional. Muchas de ellas han ingresado de forma clandestina.

Además, como lo he señalado, hay que poner mucha atención hoy día en las armas que están ingresando al país como armas a fogueo o de aire comprimido, pues son habilitadas muy fácilmente para transformarlas en armas de fuego, las cuales son utilizadas finalmente en los diferentes delitos.

La institución ha incautado cerca de 14 toneladas de drogas durante el presente año y ha recuperado más de 21.500 vehículos que fueron objeto de robos, ya sea en encerronas, en abordazos o en la vía pública.

También hemos desarticulado 953 organizaciones delictuales de diferente índole.

Por otra parte, hemos cumplido 51.527 órdenes judiciales. Esto equivale a 987 personas detenidas por semana, 141 por día y 6 por hora, solamente por mandatos judiciales que llegan a la institución. Ello implica que tenemos que estar destinando personal a cumplir este tipo de medidas, con lo cual esos efectivos dejan de hacer prevención, labores investigativas y controles de fiscalización.

Además, se detuvo a 359.670 personas por delitos contra la salud. Hoy día la pandemia ha generado que gran parte de nuestro personal esté abocado a medidas de control y fiscalización con motivo de la emergencia sanitaria, para controlar este virus que está afectando al mundo y a nuestro país fuertemente, y por el cual hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas importantes.

Respecto a las drogas, hay que darle otro enfoque.

Normalmente, las policías actúan sobre los efectos y no sobre las causas que provocan los delitos. El policiamiento o mayor cantidad de presencia policial no va a inhibir completamente al delincuente. Ya tenemos conciencia claramente de que el delincuente va cambiando su rutina, va cambiando sus temporalidades, va cambiando su modus operandi y va incorporando nuevos métodos, que son traídos desde afuera o copiados a través incluso de los medios de comunicación y de la televisión.

Por lo tanto, si consideramos la droga como un fenómeno que afecta la salud de las personas y se transforma en una enfermedad para los jóvenes, la mirada tiene que ser distinta. Nosotros hemos puesto a disposición del Sename a más de 80.000 mil menores a través del Programa 24 horas. Si no son intervenidos sus entornos y ellos directamente, claramente estos menores van a seguir en la rutina y en el camino de la droga y van a continuar generando situaciones de riesgo y de vulnerabilidad en las personas.

Tenemos una frontera extensa en el norte de nuestro país que nos hace ser vecinos de los mayores productores de cocaína en el mundo: Perú y Bolivia. Hoy día, al haber mayores restricciones y tener mayor presencia en la frontera, a raíz del ingreso de personas en forma ilegal al país, obviamente se ha transformado en una oportunidad entrar droga aprovechando estos grupos masivos de personas.

Por ello, estamos haciendo esfuerzos importantes en la zona norte, con mayores recursos por parte del personal especializado, para detectar no solamente en la primera línea de la frontera, sino también en la segunda línea de control (carreteras, caminos, rutas más importantes), el ingreso de drogas a través de los diversos mecanismos que utilizan estas personas para hacerlo.

Si creemos que no nos va a llegar droga, teniendo a los mayores productores como vecinos -Chile en algún minuto fue considerado solamente un país de tránsito para otros lugares-, yo creo que estamos equivocados. Hoy día Chile tiene un consumo importante de droga, y tenemos que enfocarnos en cómo disminuir esa demanda para evitar que exista oferta.

También debemos poner atención en el mar, en esa tremenda frontera, para establecer los resguardos necesarios para evitar que ingrese la droga por esa ruta y llegue a nuestros conos urbanos. Si ello ocurre, se hace mucho más complejo, ya que ahí se distribuye la droga y, posteriormente, se transforma en microtráficos en sectores vulnerables de población, que tanto daño y temor generan a las personas.

Debemos fortalecer claramente las herramientas que hoy día existen. ¿Hay leyes? Claro que sí, pero hay que ir adecuándolas conforme a los comportamientos delictivos que se van observando. Hoy día no sacamos nada con incautar 14 toneladas de droga si no somos capaces de afectar el patrimonio de estas organizaciones criminales y de requisar todos sus bienes para evitar que, posteriormente desde la cárcel, sigan manejando estas organizaciones y generando tráfico y microtráfico al interior de las ciudades.

Por lo tanto, el tema de la incautación del patrimonio es tremendamente relevante.

Hoy día existe una iniciativa de ley que se va a discutir relativa al crimen organizado. Nosotros entendemos que es tremendamente relevante. Creemos que, entre las facultades que entregará esta normativa a los organismos especializados de investigación de Carabineros y también de la PDI, deben considerarse herramientas para tener agentes reveladores, agentes encubiertos, entregas vigiladas, que permitan desbaratar organizaciones criminales.

Cuando nosotros atacamos y realizamos operaciones contra el microtráfico en las poblaciones, en realidad, lo que estamos haciendo es sacar un poco de mercancía del territorio. Pero al otro día nuevamente está operando el que sigue en la familia a cargo del negocio, y así, es una cadena. Finalmente, hay sectores que están de alguna u otra forma, no tomados, pero sí muy sectorizados en el tema del narcotráfico.

¿Qué podemos hacer? Atacar a las organizaciones que están ingresando droga para distribuirla en el país, potenciándonos, insisto, con esas herramientas.

Respecto a las armas, claramente tenemos que hacer un fortalecimiento a su regulación, toda vez que la droga incita a la formación de organizaciones criminales y las armas forman parte de ellas para defender sus territorios y asegurar este negocio que es tan rentable. ¡Es muy rentable!

Y para eso necesitamos tener un aparato sólido, que permita ir detrás del crimen organizado y entregar tranquilidad a las personas.

No basta con detener a los delincuentes y sacar de circulación a microtraficantes o consumidores. No vamos a solucionar el problema si no atacamos fuertemente al crimen organizado a través de buenas redes de interrelación, que las tenemos internacionalmente con nuestros países vecinos y con operaciones que han sido muy exitosa con Italia, Bélgica, España, naciones con las que tenemos buenas redes de contacto y de trabajo conjunto.

Eso sería, señora Presidenta, lo que podría acotar en esta sesión.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, General Director de Carabineros, señor Ricardo Yáñez Reveco.

Entrego la palabra ahora al Prefecto señor Paulo Contreras Cortés, Jefe Nacional de Gestión Estratégica, quien viene en representación del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela.

Tiene la palabra, señor Contreras.

El señor CONTRERAS (Jefe Nacional de Gestión Estratégica de la Policía de Investigaciones de Chile).- Señora Presidenta, Honorables Senadores.

¿Me escuchan en este momento?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se le escucha muy bien, señor Contreras.

El señor CONTRERAS (Jefe Nacional de Gestión Estratégica).- Gusto de saludarla, señora Presidenta, y por su intermedio, a los Honorables Senadores.

En primer lugar, como bien usted lo indica, le presento las excusas del señor Director General, quien en estos momentos se encuentra en la sala contigua monitoreando un procedimiento que se está realizando al interior de la comunidad de Temucuicui en la Novena Región. Es un procedimiento en desarrollo. Lo acompaña, además, el Subsecretario del Interior. Hay novedades que están saliendo continuamente; por eso está traspasando la información al nivel del Ministerio del Interior en forma inmediata.

Debido a ello, el señor Director General me insiste en que les presente sus excusas.

En segundo término, la Policía de Investigaciones, a través de nuestro Director General, presentó un balance de la gestión operativa del año 2020 hace un par de días en dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales.

En términos muy generales, se entregó la cantidad de droga incautada: hasta el momento llega, aproximadamente, a 23.752 kilos de droga, distribuidos entre clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis procesada.

De igual forma, se dio cuenta de una labor investigativa que asciende a 136.000 instrucciones particulares diligenciadas en este período y a 200.000 órdenes de investigar, en las cuales, en ambos aspectos, tenemos un 78 por ciento de efectividad.

En este mismo sentido, las fiscalizaciones que la institución ha desarrollado a raíz de la pandemia por COVID han permitido detener por infracción en este segmento a 7.963 personas, de las cuales cerca de 2.000 son extranjeras. Sin perjuicio de ello, en la labor investigativa se han detenido a 7.527 personas, de las cuales 785 son extranjeras.

Una de nuestras áreas de servicio es el control migratorio y la seguridad fronteriza a través de los pasos oficiales de ingreso a territorio nacional. En este ámbito, tenemos un movimiento de, aproximadamente, 3.465.000 personas entradas y 3.231.000 personas egresadas.

Bajo esta misma lógica, la cantidad de bandas criminales intervenidas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 asciende a 643.

Esta situación también ha permitido desarrollar labores focalizadas. Ello ha posibilitado a través de las investigaciones -porque no tenemos facultades fiscalizadoras- incautar una cantidad cercana a 1.213 armas de fuego. Destaco 309 escopetas, 24 fusiles, 544 pistolas y 273 revólveres, por mencionar aquellas de mayor volumen.

En el ámbito de la investigación criminal, nuestras concurrencias en primeras diligencias por delitos de robo, particularmente robo con intimidación, ascienden a 1.266, y las concurrencias a sitios del suceso por homicidios llegan a 806.

De la misma manera, la cantidad de atenciones de diligencias e investigaciones desarrolladas respecto a delitos sexuales suman 2.387 concurrencias.

Todo eso se ha logrado, señora Presidenta y Honorables Senadores, con los recursos institucionales y con la participación de 12.975 miembros de la institución, de los cuales 9.000, aproximadamente, son los que desarrollan labores operativas, entendiendo por tales la función crítica que cumplen los detectives y las tareas de los asistentes policiales, quienes coadyuvan en esas funciones.

También hemos sido objeto de actos delictuales en nuestros cuarteles: ha habido 20 instalaciones dañadas. Tenemos una cantidad de 168 cuarteles operativos en estos momentos.

Para ir siendo más específicos, señora Presidenta, la mayor cantidad de delitos durante 2020 fueron aquellos relacionados con medio ambiente, drogas y, en particular, delitos económicos.

Los detenidos principalmente, como indiqué antes, son de nacionalidad chilena, seguidos de otros de nacionalidades boliviana y peruana. El 23,77 por ciento de los detenidos se concentra en el rango etario de 22 a 27 años, y los menores de 18 años representan el 3,46 por ciento del total. En concreto, existe un aumento de 3 por ciento de detenidos extranjeros en comparación al año 2019.

En el caso de los delitos violentos, una vez que se hace cargo la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales, cabe señalar que el modus operandi principal que se ha dado es el denominado "portonazo", con 157 acciones; seguido de asaltos a camiones, con 66, y abordajes a personas una vez que salen de recintos bancarios, con 63.

Sin perjuicio de ello, la labor investigativa ha dado cuenta en este período de importantes acciones: la detención del octavo involucrado en el robo en el aeropuerto; la Operación Vulcano, que representó la neutralización de una banda criminal dedicada a los portonazos; la Operación Motoclock y la Operación Clon, en la cual se detiene a una banda dedicada a este mismo tipo de delito.

En la investigación de homicidios, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de noviembre, se registran 775 homicidios, 33 femicidios, 20 parricidios, 2 infanticidios, lo que totaliza 830 casos versus 657 que se dieron durante el año 2019, lo cual significa un aumento de 26 por ciento en este tipo de delitos.

Respecto a extranjeros víctimas de homicidio, se destaca la nacionalidad colombiana, que aumenta en 47 por ciento, variando de 17 a 25 casos, y la nacionalidad haitiana, que se eleva en 25 por ciento, variando de 8 a 10 casos registrados durante el año 2020.

Lo anterior, como ya dije, se complementa con la neutralización de 72 organizaciones criminales, entendiendo por tales las agrupaciones que comprenden transnacionalidad, actividad permanente en el tiempo, estructura, jerarquía, renovación de cuadros, corrupción y otros elementos que están mejor detallados en la Convención de Palermo.

Bajo esos criterios, insisto, se han desarticulado 72 agrupaciones, lo que significa una disminución de 41 por ciento respecto a lo que ocurrió en 2019. Esto hay que entenderlo en el marco de la pandemia que hemos estado experimentando, que ha significado restringir el desplazamiento normal de las personas durante prácticamente todo el año.

Expulsiones del territorio nacional relativas al movimiento migratorio: señora Presidenta, tenemos un total de 212 expulsiones durante 2020 versus 576 realizadas en 2019, lo que significa una variación de -65 por ciento. Y a su vez, en cuanto a las expulsiones judiciales -las anteriores son administrativas-, durante el 2020 se desarrollaron 1.268 acciones versus 1.656, que significan una disminución de 23 por ciento. En total, considerando expulsiones administrativas y expulsiones judiciales, tenemos una disminución cercana al 34 por ciento, lo que también se debe matizar con el contexto de la pandemia.

En cuanto a los informes periciales desarrollados por nuestra área criminalística, se da cuenta de una cantidad cercana a 31.736 informes policiales este año versus 37.594 que se desarrollaron en 2019. Respecto de concurrencia al sitio del suceso, ello es directamente proporcional a lo anterior: 14.405 este año versus 18.723 el año 2019. Esto impacta en una disminución de 15 por ciento de concurrencias en comparación al año 2019.

Se me hace especial hincapié por parte del señor Director General en destacar finalmente, señora Presidenta y Honorables Senadores, que la institución, atendiendo la contingencia de la pandemia y lo que significa el impacto criminógeno asociado al COVID y a partir de recomendaciones especiales que la Organización Internacional de Policía Criminal -Interpol- nos ha instruido, decidió transformar la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente en Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente, entendiendo que hay una cantidad significativa de delitos en este ámbito. Entre estos delitos tenemos, por ejemplo, la falsificación de insumos utilizados para mitigar el impacto del COVID, como es el caso del alcohol gel. Incluso, se ha llegado a supervisar la debida destrucción de los insumos utilizados para el proceso vacunatorio, toda vez que si no es supervisada la operación para que los contenedores de las vacunas sean bien eliminados, ellos pueden ser reutilizados eventualmente por alguna agrupación criminal que se dedique a este tipo de delitos, que es lo que se está dando en Europa. A partir de ello, Interpol hace la recomendación, y por eso la institución toma la decisión de cambiar esa unidad.

En materia de criminalidad organizada, creo que también es interesante señalar que nuestras antiguas Brigadas Antinarcóticos fueron transformadas desde el año pasado en Brigadas Antinarcóticos y Crimen Organizado, entendiendo que, si bien es el narcotráfico la mayor expresión de la criminalidad organizada, no nos podemos agotar en ello, pues existen otras expresiones delictuales que pueden estar en desarrollo y debemos ser capaces de anticipar esos escenarios adversos.

Esa es nuestra presentación en términos muy generales, señora Presidenta y Honorables Senadores. Y nos encontramos a vuestra disposición.

Valga el caso señalar que me acompañan el Comisario Marcelo Wong, Jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad, y el Comisario Randy Toro, Jefe subrogante del Centro Nacional de Análisis Criminal, por si hubiese alguna consulta específica relacionada tanto con la ciberseguridad como con el tratamiento de datos que la institución realiza para apoyar el análisis criminal.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, señor prefecto don Paulo Contreras Cortés, por su intervención.

Voy a entregar la palabra al Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). En representación de su Presidente, el alcalde de Puerto Natales, señor Fernando Paredes, que se ha excusado, intervendrá el señor Henry Campos Coa, Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Talcahuano.

Tiene la palabra, señor Campos.

El señor CAMPOS (Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades).- Muy buenas tardes, Presidenta.

Por su intermedio, saludo a todas las señoras y los señores Senadores, como también a los invitados que están conminados a exponer en esta sesión.

Estaba escuchando muy atentamente lo que señalaba tanto nuestra Senadora Ximena Rincón como nuestro Senador Insulza, y yo creo que todos sabemos cuál es la importancia que hoy día existe en materia de seguridad, y esa importancia radica principalmente en poder vivir tranquilos y poder vivir bien.

¿Cuál es el trabajo que tenemos como municipalidades, que hemos planteado en muchas otras reuniones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, referente a la seguridad? Principalmente, el de la prevención. En ese sentido, tenemos que abordar un tema muy importante y que hemos mencionado en reiteradas ocasiones: la función primordial de las municipalidades es preventiva. Pero acá tenemos que ir avanzando mucho más en este trabajo preventivo de las municipalidades, que hoy día en su mayoría carecen de recursos para llevar a cabo los planes de seguridad que se han encomendado por el Gobierno y para ejercer las atribuciones se han ido entregando por las propias leyes a nuestras administraciones locales.

Sin embargo, quiero centrarme no solo en eso, sino además en la gran preocupación que hoy día existe, a raíz principalmente de los hechos de delincuencia de alta connotación pública, particularmente estas últimas dos semanas: cerrando el año con las balaceras en Maipú o partiendo el año con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en San Pedro de la Paz, una comuna cercana a la de Talcahuano -donde yo vivo-, y en que resultan lesionadas una abuela con su nieta por heridas de bala. Y así sucesivamente podemos estar hablando de por lo menos más de diez casos de alta connotación pública que han estado afectando a nuestro país durante los últimos días.

Son casos de alta connotación pública que a lo mejor, en virtud de las estadísticas que puedan entregar Carabineros, la Policía de Investigaciones o el propio Ministerio Público, podríamos considerar como casos aislados; y eventualmente pueden ser casos aislados. Pero la alta connotación pública de esos delitos, la gravedad de ellos por la utilización de armas de fuego lo único que genera es una sensación de inseguridad en las personas. Y esto, en cualquier encuesta de percepción de seguridad, obviamente va a significar que las personas van a vivir mal en virtud de este problema que estamos sufriendo.

Este es un problema en que, como bien señalaban los intervinientes, tenemos varias aristas. Una de ellas es la arista de la drogadicción. Y en este aspecto se tocaba un punto muy importante: el problema de la drogadicción es porque hay alguien que consume. Entonces, mientras haya un consumidor, lógicamente habrá un traficante que estará dispuesto a internar drogas a nuestro país para poder venderlas.

Entonces, desde el punto de vista preventivo, que es el que nos importa a nosotros como municipalidades, ¿cuál es el trabajo que estamos desarrollando?

Yo no sé si ustedes conocen los cosam. Estos son centros ambulatorios de salud mental que trabajan mucho con personas que están en situación de drogas. Este es un trabajo importante. De acuerdo con la normativa, hoy día debería existir un cosam por cada 50 mil habitantes. En comunas como la mía, que tiene 160 mil habitantes, solo hay uno. Por lo tanto, hoy día debemos ir avanzando en una política de salud pública que implique atender a las personas que están sumidas en el consumo de alcohol y drogas para evitar también el tráfico, que es una arista.

Otro elemento es el tráfico que se está dando a través de nuestras fronteras. Alguien mencionaba muy bien que tenemos una situación muy pero muy particular: Chile no es un país productor; Chile no es un país que produzca drogas a gran escala; ¡pero Chile se ha transformado en el mayor exportador de drogas, a través de los puertos! Tenemos 4.500 kilómetros de costa, por lo que hay muchos puertos en donde se puede sacar drogas, ya sea en el norte o en el sur. Y eso hoy día también nos está colocando en una situación supercompleja, porque hay bandas criminales que están trabajando en nuestro territorio para poder sacar esa droga y para dejar su resto para el consumo nacional.

Entonces, yo creo que acá es muy importante entender que no basta solo con esta sesión o con el trabajo que pueda hacer el Gobierno, que creo que ha sido significativo, al presentar estos proyectos de ley, ya sea el que sanciona con penas y como delito el uso, la tenencia, el ingreso y la venta de fuegos artificiales; el que busca atacar el crimen organizado; o el... (falla de audio en transmisión telemática)... a las víctimas. Creo que son proyectos de ley importantes, pero que requieren un debate, una... (falla de audio en transmisión telemática)... con todos los actores en la mesa.

Digo lo anterior porque se ha mencionado el gran trabajo que están realizando la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile o el trabajo que tiene que hacer Aduanas en la fiscalización de la frontera, por los productos que están ingresando. Pero también tenemos que sentar en esta mesa a la Armada de Chile. Yo les quiero recordar que la Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, directamente tiene la función de policía marítima. Esa función es muy relevante para controlar los delitos que se cometen en alta mar y, eventualmente, fiscalizar a aquellas embarcaciones que pudieren estar internando ilegalmente drogas o mercancías ilícitas a nuestro país.

Por eso, estimada Presidenta, estimadas Senadoras y estimados Senadores, creo que es muy importante relevar el enfoque de la prevención, pero también pienso que hoy día tenemos que hacer algunas modificaciones dentro de la estructura de nuestras policías. Y lo planteo con mucha responsabilidad.

Hoy día tenemos que abordar una reforma a las policías, y particularmente a Carabineros de Chile, donde tenemos dos estructuras de ingreso. Una es a través de las escuelas de formación, en que preparamos a carabineros nueve meses y los sacamos a la calle, y la otra es a través de la Escuela de Suboficiales, que está en Macul, donde se perfeccionan cerca de dos años y, obviamente, tienen un grado mayor de instrucción y salen a la calle. Hoy día debemos unificar el ingreso, fortalecer y colocar recursos para que todos nuestros carabineros salgan con una formación estandarizada, a través de una escuela de formación o una escuela de suboficiales, en que cursen dos años y de ahí en adelante tengan un nivel de preparación y especificación del trabajo que ellos puedan desarrollar. Y la idea es que sea una policía enfocada a lo comunitario.

Y también hay que ver la situación de la Policía de Investigaciones, que hoy día hace un trabajo investigativo, pero, de alguna manera, hay voces que están tratando de hacer que la Policía de Investigaciones vaya a cumplir un rol preventivo, que es una tarea que le corresponde a Carabineros de Chile.

Entonces, yo creo que hay que separar muy bien las funciones, porque, de lo contrario, generamos una confusión en la ciudadanía y en los actores políticos referente a la seguridad.

Y, por otro lado, cuando estamos abordando atacar el crimen organizado, atacar el tráfico de drogas, creo que es muy importante comenzar a pensar en una institución que de alguna manera se dedique a enfrentar este tipo de acciones, como el contrabando. Porque déjenme decirles que lo que vimos en Año Nuevo y en Navidad es claramente un contrabando de fuegos artificiales, que no solo se ocuparon para dar un espectáculo, que en muchos casos y en muchas poblaciones eran espectáculos que a las municipalidades les cuestan entre 30 y 40 millones de pesos. Ese fue el nivel de inversión, y mucho más, en muchas municipalidades durante el 1º de enero.

Lo que quiero decir es que acá tenemos contrabando y, lamentablemente, organizaciones criminales que están operando en nuestro país y, por ejemplo, han ocupado los fuegos artificiales no solo para dar un espectáculo de entretención, sino muchas veces -y lo hemos visto- para conmemorar funerales de narcotraficantes o de personas ligadas al crimen organizado, para anunciar la llegada de drogas o para atacar a unidades policiales, porque son utilizados como armas de fuego.

Entonces, así como en Estados Unidos existe la DEA, que se dedica principalmente a verificar el tráfico, el lavado de activos, como una unidad mayor que articula la investigación, hoy día debemos pensar en nuestro país en contar con una institución así. Pero para eso, estimados Senadores, estimados asistentes a esta sesión especial, creo que es muy relevante entender que debemos hacerlo con mucha unidad, tenemos que escucharnos todos, debemos aportar todos y, si estamos equivocados -yo puedo estarlo, incluso, en mi planteamiento que estoy haciendo hoy día-, debemos ser capaces de tener una mirada mucho más amplia, mucho más holística, pensando en el futuro de nuestro país.

Así lo han hecho algunos alcaldes, que han presentado algunas medidas. Algunos las pueden estimar necesarias y otros, a lo mejor, no las consideran necesarias.

En tal sentido, el control de armas hoy día tiene que ser un elemento importante.

Hoy se ve una gran cantidad de armas en las poblaciones, producto de robos de ellas. Además, hay un registro que está anticuado, sobrepasado por la realidad, en donde, lamentablemente, una persona que tiene un arma se cambia de casa, pero no registra el cambio de domicilio de esa arma. Entonces, se va perdiendo la trazabilidad de esa arma de fuego y, lógicamente, cuando se extravía, cuando se roba y termina en un delito, no se sabe de dónde venía.

Yo creo que es muy relevante hoy día enfocarnos en los procesos legislativos que están pendientes. No les voy a pedir que trabajen, porque yo sé que trabajan, sé que hacen la pega. A veces nos cuesta mucho más, por las contingencias que hoy existen. Y, lógicamente, esta sesión es parte de la contingencia. Y, por eso, como municipio agradezco el hecho de haber sido escuchado.

Nosotros vivimos día a día con fuegos artificiales en nuestras poblaciones; vivimos día a día con personas que son víctimas de la delincuencia; vivimos día a día con situaciones complejas con el narcotráfico, y la verdad de las cosas es que a nosotros, como municipalidades, muchas veces nos faltan los recursos y nos tenemos que ingeniar para poder ayudar a muchos jóvenes a fin de sacarlos de la drogadicción y evitar que ellos caigan en la delincuencia.

Solo quiero mencionar eso.

Agradezco el espacio, estimada Presidenta, y a todos nuestros Senadores y nuestras Senadoras.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, señor alcalde don Henry Campos.

Ofrezco la palabra al Presidente del Directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), señor Mario Olavarría, alcalde de Colina.

Tiene la palabra, señor alcalde.

El señor OLAVARRÍA (Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile).- Muy buenas tardes.

¿Se escucha?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se escucha muy bien, señor alcalde.

El señor OLAVARRÍA (Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile).- Muchas gracias.

Muy buenas tardes, señora Presidenta, señores Senadores y autoridades convocadas a esta reunión.

La verdad es que este es un tema que nos preocupa a todos.

En Chile hay hechos que han ocurrido en las últimas semanas que realmente han causado mucha alarma, por ejemplo, balaceras que no veíamos. En nuestras comunas también. Yo soy alcalde de Colina y hemos tenido en las últimas semanas delitos en que se baja gente de un vehículo, está una persona parada en la esquina y se le ajusticia y la matan. Dos veces ya, en una semana. Entonces, esto, ha ido escalando y la verdad que nos tiene muy preocupados.

Yo, por razones de la comuna, me reuní hace un tiempo con el General Monrás, de Carabineros, y con el Ministro del Interior de la época, por diferentes temas que nos estaban preocupando.

Nos preocupa, por ejemplo, el tema de las encerronas, que es un delito que antes no estaba contemplado como tal, sino que a partir de marzo aparece en nuestras reuniones STOP. Y ya lo colocaron como un delito aparte; antes era un delito a la propiedad mezclado con otro y hoy día es un delito aparte y ha registrado un aumento bastante considerable. Yo estoy en una zona donde también hay barrios bastante acomodados y se producen estos hechos, vinculados permanentemente también a las autopistas. Y ojo con eso, porque sería bueno también involucrar a los privados en esto. Las autopistas tienen equipos de cámara, equipos de prevención, pero cada vez que uno les dice algo ellos señalan que están orientados a la seguridad vial, no están orientados -salvo ahora que me contó el Ministro del Interior que estaban en eso- a la seguridad de vecinos, de ciudadanos. Entonces, uno ve que en las entradas y salidas de autopistas -en mi comuna tengo varias- se producen estas encerronas, a la gente la dejan sin el auto, botada en la calle, con peligro, en fin, y las cámaras de las autopistas nunca tomaron eso porque no están enfocadas donde corresponde.

Son hechos que nos preocupan mucho y que están haciendo del sentirse inseguro algo que va calentando el ambiente. Y creo que eso es, obviamente, preocupación de las autoridades de Gobierno, pero también de los parlamentarios y, sin duda, de los alcaldes, que tenemos alguna función de colaboración con la seguridad ciudadana, pero es insuficiente.

Y los vecinos, cuando ocurre una de estas encerronas, a uno le dicen: "Alcalde, no ha hecho nada" o "Alcalde, por qué no lo hace como el alcalde tanto", que tiene más recursos, en fin. Y la verdad es que no es tan así.

Estos son delitos que han ido mutando bastante en los últimos años. Y me parece -yo llevo harto tiempo de alcalde- que durante muchos Gobiernos ha habido una mano bastante blanda respecto al narcotráfico. El narcotráfico está detrás de todo esto; esa es mi impresión. El narcotráfico financia, tiene mucho dinero para hacer esto. Los delitos de encerrona son cometidos muchas veces con autos robados, pero no siempre con autos robados, sino con autos comprados, de alta gama.

Por lo tanto, ahí hay una inversión: hay inversión logística para esconderlos; hay inversión para financiar soldados cuando venden la droga en las poblaciones; hay montones de financiamientos que requieren muchos recursos, los cuales no los provee la delincuencia común, sino el crimen organizado, el narcotráfico. Yo creo que ese es el gran tema de Chile en este momento. Esos recursos también son para comprar armamentos de muy buen nivel. Lo dijo el Senador Insulza al principio: aquí es necesario hacer algo para poder saber dónde está el armamento, quién tiene armamento. Y en verdad es bueno que de una vez por todas se sepa eso.

Hoy día en cualquier asalto a la gente la encañonan con pistolas, con revólveres, con metralletas incluso. Y no estoy hablando de situaciones como las de La Araucanía, que son especiales y que tienen otra connotación, sino de delitos que se producen en nuestras comunas, a 10 kilómetros del centro de Santiago.

Entonces, esas son variables que nos tienen muy preocupados.

Entiendo, por lo que hemos conversado con el Ministro del Interior, que hay varios proyectos que se están trabajando en el Congreso. Y sin perjuicio de que no creo que abarquen todos los problemas en este momento, por lo menos vamos colocando una agenda para que la gente sienta que todos estamos comprometidos.

Voy a dar un ejemplo.

Nosotros fuimos una de las primeras comunas que nos metimos en el modelo islandés para el control de drogas; incluso fui a Islandia. Y llevamos ya tres años de trabajo con sus creadores. ¿Qué hicieron ellos? Se dieron cuenta de que tenían un problema de consumo más o menos muy importante desde hacía treinta años y que estaba destruyendo su sociedad, y la verdad es que se pusieron de acuerdo desde el Presidente de la República para abajo en cuanto a que eso no podía ser, que debía haber un coto, un parelé. Y ello lo transformaron después en un modelo que ha sido exportado y que está siendo exitoso en muchas partes, con las debidas diferencias, obviamente. Nosotros no somos ni Islandia ni los países nórdicos, pero tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo para los efectos de implementarlo.

Así, ya por segundo año, vamos a la baja en el consumo, conforme a la encuesta que se hace relacionada con este modelo. ¡Vamos avanzando! Se pueden hacer cosas. Yo creo que, en el Senado, en el Poder Legislativo está radicada la forma de implementar una legislación que apunte al tema del control, de tenencia de armas -es muy importante- y que ataque fuertemente al crimen organizado, recurriendo a legislaciones de países que han vivido aquello mucho más fuerte que nosotros.

Creo que esto de alguna forma se destapó. Un periodista me preguntaba el otro día en un programa de radio qué opinaba de los funerales de narcos, que pasan a vista y paciencia de todo el mundo y donde todos tiran balas y carabineros mira desde lejos. La verdad es que le dije: "Mira, los funerales dan lo mismo; aquí lo relevante es lo que hay previo a ellos, el trabajo".

Con respecto a los fuegos artificiales, muchas comunas, por la pandemia, no los lanzamos para evitar aglomeraciones. Yo ayer vi unas imágenes que un amigo me mandó de Valparaíso, miradas desde el mar hacia los cerros. Parecían fuegos artificiales comprados por la municipalidad: ¡estaban todos los cerros con fuegos artificiales!

¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo entraron si se supone que están prohibidos?

Esas son cosas que uno se pregunta y dice quién fiscaliza aquello.

Y ahí vuelvo a la parte que sé que también les va a tocar a ustedes: a mi juicio, las policías en general, Carabineros e Investigaciones, hoy día están sobrepasados. No sé si sobrepasadas por los hechos o porque no tienen la capacidad legal, normativa para poder acometer y tomar medidas de prevención u otras. Porque la verdad es que uno ve que no se está haciendo la pega. La actuación es a posteriori. Para qué decir lo relativo al Ministerio Público. Yo estuve en una reunión el otro día con la fiscal que está viendo lo tocante a las bandas vinculadas con las encerronas. Llevan un año y medio estudiando las bandas; ellos saben dónde están; cuentan con un montón de información. Pero no han tomado preso a nadie, y han estado todo ese tiempo investigando.

Entonces, ese es el asunto. Y por eso como Asociación de Municipalidades queríamos ponerlo en el tapete.

En tal sentido, agradecemos mucho esta invitación, porque nos permite de alguna forma poder desahogarnos y decir lo que estamos viviendo en nuestras comunas, lo que está pasando ahí, lo que creemos que se necesita. Pero fundamentalmente ser requiere un acuerdo de país, en que ustedes sean parte muy importante para abordar esto.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, Alcalde señor Mario Olavarría.

A continuación, le ofrezco la palabra al Director Nacional de Aduanas, don José Ignacio Palma.

¿Se encuentra conectado?

El señor PALMA (Director Nacional de Aduanas).- Sí, señora Presidenta. Teníamos un problema técnico, pero ya lo hemos superado.

Muchas gracias por la invitación. Le presento mis saludos, y, por su intermedio, a todos los Honorables Senadores que participan de esta reunión, así como a las otras autoridades que se hallan siguiendo esta sesión.

En primer lugar, nos parece necesario entregar un contexto general, no menor, respecto de lo que es todo el proceso que da origen a una importación en materia de municiones, armas y fuegos artificiales. Desde este punto de vista, es del caso destacar que, de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley N° 17.798, del año 77, y sus posteriores modificaciones, la importación debe ser autorizada previamente a través de la Dirección General de Movilización Nacional. De manera tal que -y este es un elemento no menor- respecto de estas importaciones el Servicio Nacional de Aduanas, en las revisiones documentales y en las revisiones físicas a las que es sometida la mercancía que ingresa al país, debe requerir este tipo de autorización. Esto lo digo a propósito de que evidentemente el Servicio Nacional de Aduanas -y recogiendo incluso algunas de las expresiones que he escuchado en el desarrollo de esta reunión- no tiene facultades para impedir una importación de elementos que a nuestro juicio podrían ser peligrosos y que, sin embargo, en opinión de las autoridades que tienen competencia no lo son. Me refiero, por ejemplo, a aquellas armas que pueden ser calificadas de "réplicas", que ingresan como juguetes pero que en definitiva no son calificadas como tales, y, por lo tanto, su importación termina siendo permitida. De modo que nosotros no podemos detener el ingreso de esas armas-réplica, las que son adaptadas, como lo explicaba el General Director de Carabineros, y luego transformadas en armas de fuego propiamente tales.

Otro elemento de contexto, Presidenta, que también quiero destacar es que el Servicio Nacional de Aduanas por supuesto que ejerce sus funciones, particularmente en los puntos de control tanto marítimos y aéreos como terrestres. El 80 por ciento del comercio exterior de Chile se realiza a través de la vía marítima. Por consiguiente, nosotros permanentemente estamos reforzando no solo controles de acción en la línea, es decir, los funcionarios, los fiscalizadores que concurren a la revisión documental de procesos de importación y también de las mercancías que están ingresando: también estamos haciendo aquello a través de distintos otros puntos de control tanto aéreos como terrestres. Desde ese punto de vista, por supuesto que la mayor cantidad de hallazgos que vamos generando se producen por la vía marítima. Pero esto lo digo también a propósito de que, en definitiva, una vez que ingresa la mercancía lícitamente, legítimamente al territorio nacional, particularmente este tipo de mercancías, evidentemente las atribuciones del Servicio Nacional de Aduanas ya ceden en beneficio de otras instituciones que están investidas por la ley para acometer la labor que les es propia.

Y el otro elemento de contexto que también quiero mencionar, Presidenta, tiene que ver con que, a propósito de un estudio publicado en marzo del año 2020 y realizado por las Naciones Unidas, se detectó que no más del 10 por ciento de todas las incautaciones de armas se produce en frontera; el resto de los procesos de incautación son al interior del territorio nacional, lo que desde luego no descarta per se el fenómeno del contrabando o el ingreso ilegítimo, pero sí es un elemento a considerar desde el punto de vista además de lo que son nuestras estadísticas, a las que a continuación me voy a referir.

Desde esa mirada, Presidenta, debo destacar que nosotros hemos procurado construir una base comparativa considerando el período 2018-2020, en que se han registrado más de seis millones y medio de dólares por ingreso de mercancías consistentes fundamentalmente en revólveres, pistolas y distintos tipos de municiones. Y esto es representativo -insisto: más de 6,5 millones de dólares- de más de 150 mil unidades de distintos tipos de elementos que han ingresado legítima o lícitamente a nuestro país. Por supuesto que, como lo acaban de señalar otras autoridades que me han precedido en el uso de la palabra, el control de la trazabilidad posterior, a propósito de algunos otros hechos -por ejemplo, dar por perdida un arma; darla por hurtada; personas que se inscriben en clubes de tiro a las que la legislación les permite adquirir más de un arma-, evidentemente son elementos que escapan a nuestro control, a pesar de que tenemos opinión en torno al punto.

En materia de importación de fuegos de artificio, señora Presidenta, que ha sido una cuestión recurrentemente citada en el trascurso de esta exposición, debo destacar que en el período previsto entre los años 2018 y 2020 se han importado legítimamente al país más de trecientas ochenta y ocho toneladas de fuegos artificiales.

Nosotros destacamos esto porque en definitiva esta cantidad de elementos de fuegos de artificio finalmente puede representar -no tenemos ninguna duda respecto de ello- una mala utilización, un uso ilegítimo. Como acabo de señalar, el control de la trazabilidad, ahora dado por lo que es el control del inventario de estos elementos que se debería efectuar a sus importadores, evidentemente también corresponde a una función ya más colaborativa, interinstitucional y a un trabajo que debe ser profundizado, pero sobre lo cual -insisto- el Servicio Nacional de Aduanas tiene atribuciones bastante más acotadas y limitadas, pues no podemos acometer esta tarea estrictamente con nuestros propios recursos y solo actuando bajo la esfera de nuestras atribuciones.

En lo tocante a las incautaciones, Presidenta, siempre en el período 2018-2020, hemos incautado entre armas de fuego, municiones y fuegos de artificio más de un millón de unidades. Tenemos, por supuesto, los datos de la incautación aduana por aduana, siendo las más relevantes desde el punto de vista de dónde se producen estas incautaciones las aduanas del centro del país: entre ellas, Los Andes, San Antonio y Valparaíso; y, en menor medida, las aduanas del norte de Chile: Arica, Iquique y Antofagasta. Hacia la zona sur la verdad es que el número de incautaciones es bastante menor, es marginal frente a este más de un millón de unidades que hemos incautado en este período.

También hemos puesto el acento y el foco en la incautación de otro tipo de elementos que, si bien no están considerados estrictamente como armas de fuego, estimamos, sin embargo, que son elementos peligrosos y que afectan la seguridad de la población: entre estos, cuchillos; otros tipos de armas blancas; bastones de electroshock; bastones retráctiles; estrellas ninjas, que también son elementos cortopunzantes. En definitiva, casi diecisiete mil unidades incautadas en el período que acabo de expresar.

En materia de drogas, y yendo al concepto de lo que es la droga tradicional, es decir, cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana, es preciso destacar, Presidenta, que en el período 2018-2019 registramos casi ocho toneladas de incautaciones en procedimientos aplicados estrictamente por el Servicio Nacional de Aduanas a través de los distintos puntos de control marítimos, aéreos y terrestres. Hay que relevar que el Servicio ha estructurado ya desde hace bastante tiempo unidades de análisis de riesgo y unidades de drogas, que están presentes a lo largo de todas las aduanas del país. Son dieciséis aduanas en Chile; tenemos dos mil cien funcionarios, pero contamos con más de cien puntos de control y una larga frontera, como se ha señalado.

Sin embargo, creemos que en cuanto a incautaciones de este tipo de drogas tradicionales el trabajo ha sido exitoso. Por supuesto, siempre es necesario tener la vista, la visión puesta en hacer más efectiva, más eficiente nuestra labor.

En lo que respecta a drogas sintéticas, que es algo que también nos ha preocupado en el período 2018-2020, hemos incautado más de ciento cincuenta kilos de drogas sintéticas en más de doscientos procedimientos, y esto aplicado especialmente en lo que es como punto de ingreso el aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez.

Asimismo, quiero destacar, Presidenta, nuestra labor en materia de incautación de cigarrillos ¿Por qué razón? No se ha citado el fenómeno de contrabando de cigarrillos; pero desde el punto de vista de la experiencia y de la información que como Servicio manejamos, el contrabando de cigarrillos también es ejecutado particularmente en la zona norte del país por carteles de individuos que se dedican a cometer diversos tipos de delitos, apalancando entre ellos también el tráfico de drogas, y, por supuesto, el de armas y el de fuegos artificiales.

Desde este punto de vista, cabe destacar que en el período 2015-2020 hemos incautado más de sesenta y siete millones de cajetillas de cigarrillos, lo que significa una evasión controlada de aproximadamente 267 millones de dólares. Ese es el trabajo que hemos desarrollado en lo tocante a la protección de las fronteras del país respecto del contrabando de cigarrillos.

Paralelamente, Presidenta, deseo connotar que el Servicio está empeñado en abordar distintas tareas: entre ellas, el fortalecimiento del trabajo interinstitucional. Formamos parte de distintas mesas de trabajo, entre las cuales hay una que ha sido recientemente instalada por el Ministerio del Interior y que persigue fundamentalmente abordar un tema que señaló un Honorable Senador que hizo uso de la palabra con anterioridad y que tiene que ver con compartir información.

Nosotros creemos firmemente que el trabajo colaborativo en cuanto a compartir información fortalece la labor analítica, y nos permitiría anticipar acciones para poder marcar más contenedores y someterlos a más revisión intrusiva; es decir, lo que queremos es ser particularmente asertivos en la revisión en el aforo de contenedores, pero también cuidando cierto equilibrio que debemos conservar en cuanto a la rapidez del despacho de las mercancías. Porque si somos muy lentos y marcamos demasiados contenedores, evidentemente vamos a producir un encolamiento y afectaremos la logística portuaria, encareciendo además el costo de las operaciones de importación.

De allí que destaco la importancia de poder compartir información, como lo comentábamos el día de ayer en una reunión sostenida con el Director General de la Policía de Investigaciones, en que también hemos acordado profundizar el trabajo colaborativo; pero, al margen de lo que es esta mesa de trabajo interinstitucional, relevo la trascendencia de compartir bases de información.

Hay información a la que nosotros como Servicio Nacional de Aduanas no accedemos, lo que nos resulta particularmente complejo, y probablemente llegamos a destiempo en el cruce de información producto de que no tenemos, por ejemplo, datos referidos a integraciones de personas que pueden estar constituyendo sociedades para efectuar operaciones de importación; personas que ya registran antecedentes penales y que están siendo sujetos de investigación o bien policiales o bien por parte del Ministerio Público.

Compartir este tipo de información -lo cito solo a modo de ejemplo- nos permitiría profundizar el trabajo de inteligencia aduanera para poder -insisto- detectar en la línea de entrada contenedores que traen mercancía de ingreso prohibido, como armas, municiones y fuegos de artificio.

En definitiva, Presidenta y Honorables Senadores, debo señalar que el Servicio está en estos momentos estrechando sus filtros de selectividad para los efectos de marcar más operaciones sospechosas o riesgosas, y estamos también, desde el punto de vista de la importación de armas, municiones y fuegos de artificio, sometiendo a un cien por ciento de aforo físico todos estos contenedores, particularmente en las aduanas que he mencionado: Los Andes, San Antonio y Valparaíso.

Gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, señor Director de Aduanas.

Le ofrezco la palabra al Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott.

El señor ABBOTT (Fiscal Nacional del Ministerio Público).- Muchas gracias, señora Presidenta; saludo por su intermedio a todas las señoras Senadoras y a todos los señores Senadores presentes, así como a los demás invitados.

Simplemente, deseo hacer una relación de la participación del Ministerio Público en la tramitación de diversos proyectos de ley que a nuestro juicio son de especial relevancia para abordar las materias objeto de la presente sesión.

En primer lugar, debo destacar el proyecto que amplía la ley sobre control de armas, respecto de la cual ya los anteriores exponentes han planteado la imperiosa necesidad de endurecer la persecución penal de este tipo de delitos; de eliminar algunas lagunas de impunidad que tiene la legislación actualmente vigente, en que también vemos en forma muy positiva que se reconozca el acceso directo de la Fiscalía a los registros de armas, situación que hoy día no existe. Tenemos ahí un serio obstáculo investigativo en términos de no poder acceder directamente a los registros de armas, de donde provienen muchas armas que finalmente son usadas en delitos comunes, puesto que las adquieren personas que no tienen antecedentes y que luego se transfieren a quienes las usan en actos que son constitutivos de delito.

También vemos con interés en ese proyecto de ley la incorporación de la PDI a la fiscalización tanto de los registros de armas como de estas propiamente tales.

Creemos que ambas policías deben tener idénticas facultades para abordar de forma adecuada la tenencia de este tipo de instrumentos, que hoy día están generando tanta inseguridad en nuestra población y haciendo que la gravedad y la violencia de los delitos hayan aumentado de manera significativa. Y ello se ha expresado de cierto modo en el aumento sostenido de la tasa de homicidios. Chile, históricamente, se caracterizaba por tener una tasa relativamente baja de homicidios. Sin embargo, eso hoy día ha ido cambiando por el uso de armas de fuego, lo cual requiere una fiscalización e investigación particularmente dedicada.

Asimismo, vemos en esa iniciativa de ley como muy positivo que se haya incorporado la cooperación eficaz para aquellas personas que, habiendo tenido participación en este tipo de ilícitos, puedan tener acceso a los beneficios de la ley 18.216, entre otros aspectos.

Esperamos que ese proyecto sea prontamente despachado con el objeto de mejorar en esa materia.

Cabe destacar que el Ministerio Público, dentro de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que originalmente estaban pensadas para delitos contra la propiedad, ha ampliado el ámbito de acción de esas unidades investigativas, incorporando el tema de las armas, y de esa forma tenemos focos declarados tanto en el área Metropolitana como en la Quinta Región, donde hemos destinado equipos especiales que están trabajando en esta materia.

También debo señalar -y este es un punto que han abordado quienes me han antecedido en la palabra- la necesidad de reformar la ley de drogas, con especial énfasis en lo que dice relación con lo patrimonial.

Hay ahí una laguna importante, porque, en verdad, nada sacamos con incautar cientos de kilos o toneladas de drogas si no tenemos la capacidad de ir por las organizaciones que están detrás no solo del tráfico de drogas, sino también del fenómeno de las armas y de otras situaciones de carácter delictual, puesto que ellas usan muchas veces el delito de oportunidad, tal como lo vimos producto del estallido social, donde parte importante de los saqueos que se produjeron a los supermercados tuvieron su origen en estas organizaciones criminales.

Entonces, allí lo fundamental tiene que ver con cómo afectar el régimen o el patrimonio de estas organizaciones. Bien lo decía el General Director de Carabineros. Tenemos que ir tras los recursos de estas agrupaciones, pero nos encontramos hoy día con muchas dificultades para incautar sus bienes, y luego para poder ejecutarlos y enajenarlos. De ese modo, vemos cómo bienes que están incautados en ocasiones siguen siendo usados por estas mismas organizaciones criminales.

Creemos que debemos avanzar muy significativamente en esta materia, y a lo mejor empezar a mirar experiencias de otros países.

En otras partes ya hay algún proyecto de ley en actual trámite destinado a la extinción de dominio, que probablemente para nuestra cultura jurídica sea muy extraña. Pero en verdad la extinción de dominio en otros países, tales como Colombia y otros que han sido afectados por organizaciones criminales, ha sido bastante exitosa para restar los recursos que mantienen estos grupos delictivos, a pesar de obtener penas para sus integrantes, porque muchas veces obtenemos condenas de personas que siguen dirigiendo estas organizaciones desde los establecimientos carcelarios, porque no se ve afectada su capacidad para comprar, para intermediar la droga.

En consecuencia, hay ahí una tarea importante.

También este proyecto de ley lo hemos trabajado durante bastantes años en la Mesa Interinstitucional de Ejecución de Bienes, y hemos hecho algunos aportes muy importantes, entre ellos la incorporación del Consejo de Defensa del Estado para la ejecución de condenas en materia de comiso de bienes en favor del Fisco, además de otras medidas como la posibilidad de purgar hipotecas, situaciones que son tan simples, pero que en definitiva dificultan al Estado hacerse de los bienes que tienen estas organizaciones.

Igualmente, otro mecanismo que nos parece interesante es el decretar el comiso de bienes por valor equivalente, es decir, no solo tener el comiso del bien que ha sido utilizado en el delito, sino que los tribunales de justicia, a petición del Ministerio Público, puedan decretar el comiso por valor equivalente.

En materia de drogas, a raíz de la importancia del fenómeno, también hemos ampliado el marco de acción de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, y tenemos declarados puntos a lo largo del país, donde estamos trabajando fundamentalmente en la macrozona norte, labor que hacemos juntamente con las cuatro primeras regiones del país, una macrozona en la que también interactuamos directamente con ambas policías y además con el Gobierno.

Por otro lado, nos parece importante el proyecto de ley que dice relación con la incorporación de nuevos tipos penales y técnicas especiales de investigación referidas a asociaciones ilícitas. Esta es una iniciativa reciente, pero de particular relevancia para poder atacar la criminalidad organizada, que no solo se expresa en materia de drogas, sino también en tráfico de personas y en otras materias.

Por último, en cuanto a proyectos que están en actual tramitación en el Congreso, como el que dice relación con las modificaciones al cibercrimen, mediante el cual estamos asumiendo especialmente los compromisos que tenemos como país en la Convención de Budapest, nos encontramos asistiendo en forma permanente a su discusión.

Pensamos que incorporando estas modificaciones se podrán facilitar, sin duda, las investigaciones en este tipo de delitos, particularmente en los de mayor gravedad y en los que se han señalado.

Creo que todos hemos coincidido en cuanto a que el problema de las drogas y de las armas es el punto central que hay que abordar, y el trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado es fundamental.

Ya hemos sostenido muchas veces que aquí hay una cadena que debe funcionar adecuadamente, fortaleciéndose en todos sus eslabones. No es posible tener instituciones que no compartan información, que no trabajen mancomunadamente en pos de aclarar y buscar la sanción de las personas responsables.

Otro tema, por último, altamente preocupante es el aumento, como decía al principio, de los homicidios, particularmente el incremento del número de imputados desconocidos que cometen este tipo de delitos. Históricamente, cuando se cometía un homicidio, se sabía rápidamente quién era el responsable, porque ocurría en un contexto muy distinto del que hoy día existe, en que se realizan por bandas... (falla de audio en transmisión telemática)... dificulta el investigar,... (falla de audio en transmisión telemática)... un tema que es de especial preocupación para el Ministerio Público, y un desafío para el trabajo que en conjunto tenemos que desarrollar con ambas policías y con otros órganos del Estado que están trabajando simultáneamente en la investigación y la persecución penal.

Y estamos disponibles, señora Presidenta, para entregar la información que se nos pueda pedir en términos de...(falla de audio en transmisión telemática)...

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A usted, señor Fiscal Nacional del Ministerio Público.

Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar la sesión por una hora.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Muy bien.

Voy a entregar la palabra, entonces, a la Senadora Luz Ebensperger por tres minutos.

La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.

No cabe duda de que el tema de la seguridad es absolutamente relevante y me parece muy bien esta sesión si como conclusión de ella logramos avanzar.

Si uno revisa cualquier encuesta en pandemia, antes de ella pandemia o con estallido social, siempre el tema de la seguridad para los ciudadanos ha estado dentro de sus primeras inquietudes.

Creo que, además, el problema ha evolucionado.

Hoy día tenemos delitos distintos, delitos nuevos de acuerdo con la nueva tecnología, que no conocíamos antes y que hoy día, sobre todo en la zona norte, se viven diariamente.

No conocíamos el sicariato y hoy existe.

No conocíamos el préstamo gota a gota. Hoy existe. El 80 por ciento del comercio detallista de Iquique, que no tiene acceso a la formalización de los bancos, está sujeto a este sistema informal, a estos "préstamos gota a gota". Y cuando los comerciantes no son capaces de pagar no es que les rematen algún bien, sino que van y los amenazan tanto a ellos como a sus familias, incluso con armas de fuego.

El resguardo de las fronteras.

Tenemos una ley migratoria que increíblemente ahora está en el Tribunal Constitucional, y continúa el ingreso clandestino por no cuidar adecuadamente las fronteras, debido a la falta de una normativa. Es ahí, en las fronteras, donde están el contrabando, la trata de personas y los migrantes clandestinos que ingresan al país, algunos probablemente por necesidad, pero una gran mayoría con malas intenciones.

Una vez se criticó mucho a un Ministro por decir que la migración ilegal influía en la delincuencia, y yo eso lo puedo aseverar -¡lo puedo aseverar!-, porque en la Región de Tarapacá el 20 por ciento de la población es migrante y, por tanto, estoy en condiciones de afirmar que, en mi región, proporcionalmente al número de población, el 50 por ciento de los delincuentes son migrantes.

En fin.

Creo que la seguridad es como una cadena que está formada por eslabones.

Presidenta, le voy a pedir un minuto más para concluir.

Decía que la seguridad es como una cadena formada por eslabones. Y esos eslabones son, por cierto, el Ministerio Público, las policías, los tribunales de justicia y nosotros, el Parlamento. Y todos tenemos que funcionar bien y en forma concordada, porque, si falla un eslabón, falla todo el sistema.

Hoy día tenemos una legislación en materia de seguridad, pero a mi juicio está muy arcaica y no dice relación con la modernidad.

Hay una gran cantidad de proyectos pendientes en el Congreso y no se han respetado las urgencias. Se dice que hay mucha premura, pero efectivamente las urgencias se van acumulando cuando vemos que a algunos de esos proyectos se les ha renovado cuarenta y cinco veces la urgencia, como ocurre, por ejemplo, con el proyecto que fortalece la gestión de las policías, el que combate el crimen organizado, etcétera.

Tenemos también como Congreso que hacer un mea culpa, darles prioridad a las materias de seguridad y actuar en conjunto porque, vuelvo a decirlo, si un eslabón de esta cadena no funciona, falla todo, y cuando falla la seguridad se afecta la calidad de vida de las personas, como lo vemos diariamente.

Tenemos en La Araucanía una nueva víctima. Acaba de morir hace algunos minutos en la zona un agricultor, una persona que iba a ser candidato a concejal por el partido que yo represento.

En fin.

Creo que esta es una materia absolutamente urgente y prioritaria, y no es bueno echarnos la responsabilidad...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Ebensperger.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador Felipe Kast, hasta por cinco minutos.

El señor KAST.- Muchas gracias, Presidenta.

En primer lugar, quiero valorar esta sesión, pues al escuchar a los responsables de las distintas organizaciones nos damos cuenta de la gravedad del problema que estamos viviendo.

Estamos viendo asesinatos a manos de imputados desconocidos, cosa que no existía antes.

Quiero pedir, además, señora Presidenta, que en esta sesión podamos rendir un minuto de silencio por Orwal Casanova, quien acaba de fallecer en La Araucanía pocas horas atrás tras recibir un disparo.

Eso habla de una falla total del sistema y espero que ojalá tengamos el espíritu en materia de seguridad, así como lo tenemos en otras materias -relaciones exteriores, por ejemplo-, y que, en vez de dedicarnos a echarnos la culpa unos a otros, asumamos que hemos fracasado. Y eso significa asumir que el Congreso también ha fracasado, que hemos sido lentos, que no hemos estado a la altura y que a veces nos hemos enfrascado en discusiones absurdas, como ocurrió cuando se rechazó el proyecto sobre robo de madera, que volvió a rechazarse el día de ayer en la Cámara de Diputados, crimen organizado que mueve más de 20 millones de dólares al año, documentado por distintos organismos; o como cuando vemos que, en vez de celebrar que el Gobierno proponga un proyecto contra el crimen organizado para permitir la delación compensada y, de esa forma, desbaratar estos verdaderos negocios, estas verdaderas industrias del crimen organizado, algunos se enfrascan en buscar culpables.

Hemos visto también cómo hemos dilatado y con el Senador Insulza hemos pedido hace mucho rato que un proyecto tan importante como el que sanciona a los adultos que utilicen a menores en crímenes o delitos, podamos aprobarlo.

Esa iniciativa de ley ya la aprobamos hace mucho rato en la Comisión de Seguridad Pública y sigue esperando.

Otro proyecto de ley que también está esperando para ser votado en esta Sala es el que busca sancionar a quienes ingresen celulares a las cárceles, porque, como bien decían distintas autoridades, hoy día el crimen organizado sigue funcionando desde los recintos penitenciarios.

Entonces, estamos ante un problema estructural que atenta contra nuestra democracia y que ojalá sea un tema de Izquierda, de Derecha, de todos los colores políticos, para que realmente tengamos una agenda de largo plazo.

Yo valoro que se haya implementado una unidad coordinadora para reformar a Carabineros, pero claramente no es lo único.

Que todavía sigamos esperando que se apruebe en la Cámara de Diputados la ley de inteligencia es realmente inaceptable.

Yo celebro el tono que ha tenido la Presidenta del Senado y que, después del sentido de urgencia que ha puesto el Ejecutivo a las materias de seguridad, se haya sentado a conversar junto al Gobierno para buscar una agenda en conjunto.

Espero también que el Ministerio Público y las policías -Carabineros y la PDI- sean parte de la discusión y que puedan hacer propuestas activas en esta mesa para coordinar las leyes que necesitamos impulsar al objeto de que su trabajo funcione mejor.

Lo decía muy bien el Fiscal Nacional. Hoy día se toman detenidos o se incautan muchos elementos destinados al crimen, pero finalmente ocurre que las bandas siguen operando igual, porque no tenemos herramientas para desbaratar la máquina de dinero que hay detrás, que es la misma máquina de dinero que hay detrás en La Araucanía.

De hecho, celebro que el día de hoy la PDI haya realizado allanamientos en ciertos lugares de La Araucanía para enfrentar el problema de la droga, que está muy vinculado.

Y termino pidiéndoles a los colegas que, por favor, no mezclemos el crimen y el delito con otros problemas en los cuales tenemos que avanzar, pues a veces terminamos confundiéndonos y siendo tibios para enfrentar el crimen y la violencia cuando, en el fondo, implícitamente se justifican, cosa que es inaceptable.

Y pongo el caso de La Araucanía.

Muchos justifican la violencia, el crimen organizado y asesinatos cobardes, como los ocurridos hoy día o el de Juan Barrios, y los mezclan con el pueblo mapuche en circunstancias de que no existe ninguna relación.

El pueblo mapuche es tremendamente pacífico, tiene demandas muy importantes, logramos sacar un acuerdo por escaños reservados. Hay una agenda indígena. Pero esa hay que llevarla en cuerdas separadas de la agenda de seguridad, porque nunca -¡nunca!- la violencia es aceptable.

Por eso, Presidenta, espero que este clima de trabajo serio, responsable lo podamos finalmente tomar y que pongamos en votación proyectos de ley que están esperando ser votados en la Sala y que tal vez, por la múltiple agenda, van quedando para atrás.

Sin embargo, creo que la agenda de seguridad no puede quedar al final de la cola ni ser una prioridad que vayamos postergando.

Celebro, por último, la propuesta legal acerca de la defensoría de las víctimas. Es inaceptable que en nuestro país quienes cometen delitos tienen más protección que las mismas víctimas.

Y, obviamente, lamento que un grupo de parlamentarios busque derogar la Ley Antibarricadas, que claramente ha permitido restablecer el orden público.

Gracias, Presidenta, y agradezco a todos los invitados por participar el día de hoy.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, Senador Felipe Kast.

Tiene la palabra, hasta por seis minutos, en representación de la bancada del PPD, el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Muchas gracias, Presidenta.

Nos hemos convocado el día de hoy para analizar la agenda de seguridad pública y particularmente las últimas informaciones, que dan cuenta de un aumento exponencial en el delito de homicidios, así como de la organización o crimen organizado. Hemos escuchado interesantes exposiciones de las personas que dirigen las instituciones que, de una forma u otra, cumplen un rol relevante en una parte del fenómeno delictual. Pero, lamentablemente, seguimos reduciendo la discusión en materia de seguridad pública al último eslabón de la cuestión, relacionado con el control y la sanción.

Es evidente que son muy importantes, pero una estrategia de seguridad pública supone entender que se trata de un fenómeno multicausal y, por tanto, que las formas de reaccionar deben ser también multiagenciales.

Tenemos que hacernos cargo de la prevención social, de cómo evitamos que nuevos actores, y particularmente jóvenes, ingresen en la carrera delictual; de la prevención situacional: hacernos cargo del abandono del Estado de un conjunto de barrios que no tienen equipamiento urbano, que no tienen posibilidad de integración, donde existen altos niveles de conflictividad producto de la precariedad de las viviendas; de los barrios abandonados.

Hay que hacerse cargo, asimismo, de la prevención policial, es decir, entender que el Plan Cuadrante, que funcionó en algún minuto, hoy día no es la herramienta adecuada, porque ha crecido la ciudad, porque ha crecido la densidad poblacional. Donde antes había una casa con cuatro personas, ahora hay un edificio con cuarenta, cincuenta, sesenta familias. Y la policía no da abasto. Por lo tanto, lo que se requiere es establecer una estrategia de prevención policial basada en la policía comunitaria, distinta de la que tenemos hoy día. Chile no es el mismo de los años noventa, cuando se diseñaron otras estrategias.

Igualmente, junto con la prevención social, situacional y policial, se necesitan políticas de control mucho más eficaces y eficientes. Aquí resulta indispensable un trabajo interinstitucional, no por voluntad de sus organizaciones y particularmente de quienes las dirigen; aquí se requiere avanzar en una modificación que establezca que el sistema de seguridad debe -no "puede": "debe"- actuar en conjunto, de manera que la información que tenga Aduanas sea complementaria de la que posee la Policía de Investigaciones, la de Carabineros, la del Ministerio del Interior.

No es posible que los pasos fronterizos, que dependen de esta Cartera, estén integrados por cuatro o cinco instituciones. Cuando uno conversa con miembros de los organismos que han estado en pasos fronterizos, muchos de ellos nos dicen: "Mire, yo me preocupo de la zona primaria; que nadie se meta aquí, dentro de mis competencias. Yo tengo una carrera para ver quién incauta más". Y en realidad debieran trabajar colaborativamente, con mucha mayor colaboración.

Debemos tener mecanismos para evitar el ingreso de armas. En Chile hoy día existen armas como no las habíamos visto en los últimos treinta años. La pregunta es: ¿de dónde salen?

Cada vez que hay una investigación por un homicidio, por un robo con fuerza en lugar habitado, ¿qué ocurre? Se persigue legítimamente el delito, y se condena, eventualmente, a los responsables. ¿Pero quién investiga el origen del arma que usaron los delincuentes?

Lo que nosotros debemos lograr es contar con una unidad especializada, de modo que toda la información del país, de donde se hayan cometido ilícitos con armas, sea enviada a ella, para que comience a investigar el origen de estas últimas.

¿Hay importación ilegal? ¿Están entrando por comercio electrónico, por pasos habilitados, por pasos no habilitados, por el mar? ¿Corresponden a fugas de las instituciones? ¡No lo sabemos! Pero está claro que hoy día hay muchas más armas en la calle y que la gente vive atemorizada. Las balas locas -que ya no son "locas", son balas "asesinas"- ¡están matando niños y niñas!

Hace unas semanas recorrí una población y una señora, orgullosa, me contaba que había gastado el "10 por ciento" en reparar el techo de su vivienda. Era de zinc, y las balas podían entrar y matar a sus hijos. Había comprado madera con el "10 por ciento".

¡No es posible! ¡No es justo que Chile siga viviendo con estos niveles de temor!

Hay que orientarse al resultado. Hay que hacerse cargo de la rehabilitación. No sacamos nada con tener cárceles más y más llenas si no disponemos de programas de rehabilitación. No rinde políticamente, porque los presos no votan. Pero es un tema ético. Llegó el minuto en que hay que sentarse y decir: "A ver, esto no nos está resultando; hay que hacerse cargo de este fenómeno".

¿Cuál es el rol de la escuela? ¡La formación! Porque al interior de los establecimientos se producen situaciones de abuso, pero también hay elementos de violencia.

Creo que falta una visión de Estado con políticas públicas de corto, mediano y largo plazo; que terminemos con esta cantinela de que el gobierno que viene borra con el codo lo que hizo el anterior y parte de cero.

Eso no es de un país serio. Y hoy día se requieren resultados.

Señora Presidenta, hay que establecer políticas públicas enfocadas en resultados, diferenciadas. No es lo mismo enfrentar el fenómeno del delito que el fenómeno del temor o el miedo. Son políticas distintas, con especialistas distintos. No es lo mismo la delincuencia común que las incivilidades o el crimen organizado.

Y respecto del último punto, Presidenta, déjeme decir que creo que la pandemia y particularmente los niveles de pobreza que se han alcanzado en el último tiempo están abriendo un espacio fecundo para que el narcotráfico, el crimen organizado, realice en los territorios la narcoayuda social que tanto degrada a las sociedades.

Por eso es tan importante que no sigamos tratando de disminuir la gravedad de la situación. Sin ser alarmistas, hoy día hay que ponerse a tomar decisiones para ayudar a la gente, a la gran mayoría de la gente honesta que vive con miedo al delito y a las balas que andan dando vueltas.

Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A usted, Senador Harboe.

Ofrezco la palabra al Senador Carlos Montes, hasta por cinco minutos, en representación de la bancada del Partido Socialista.

El señor MONTES.- Gracias, Presidenta.

Oír a las policías, a los invitados, es lo que nos propusieron la Senadora Rincón y el Senador Insulza. Yo lo comparto. Se nos pide que no discurseemos, que hablemos más al hueso. Hemos escuchado intervenciones muy valiosas que describen lo que hacen las distintas instituciones, que es bastante, sin lugar a dudas.

Poco sabemos sobre el diagnóstico actual y perspectivo de lo que está ocurriendo: cuáles son las tendencias y los problemas principales; en una sociedad tan desigual y con descrédito de las instituciones, qué está ocurriendo, qué está generándose, qué está creciendo. Esto que se habla de que los carteles mexicanos están en Chile, ¿es verdad? ¿Es cierto que las drogas químicas están adquiriendo un peso específico muy grande? ¿Y qué significa, en todo esto, la pérdida de confianza de la ciudadanía en las policías, particularmente en Carabineros?

Yo creo que uno se puede hacer muchas preguntas. Esto no lo podemos politizar; eso lo comparto. Aquí lo fundamental tampoco es cuántos proyectos de ley se han aprobado, cuántos están en tabla, o qué cantidad de actividades se realizan. Aquí debemos tener un diseño, y seguirlo, para enfrentar la actual realidad en el corto y el mediano plazo. Esto requiere una visión de conjunto.

No me voy a referir a eso, porque aquí hay especialistas, hay gente que ha trabajado. Pero me parece que falta una discusión de esa naturaleza.

Yo voy a señalar cuatro puntos parciales.

En primer lugar, el tema de las armas.

En mayo de 2016 cuatro Senadores, Adriana Muñoz, Jorge Pizarro, Juan Pablo Letelier y el que habla, propusimos a este Senado suspender por tres años el comercio de armas y municiones. El objetivo era darse tiempo para reorganizar el sistema, dando todas las alternativas para los casos especiales en que se requiriera contar con municiones, por su actividad. Esto lo iniciamos con Juan Bustos. En la época de Jorge Burgos como Subsecretario del Interior planteamos una reforma, porque veíamos cómo crecían las armas hechizas.

Hoy día el problema no son las armas hechizas. Hay cifras que indican que estamos acercándonos a los dos millones de armas en el país. ¡Dos millones! Y hay no solo propiedad sino también arriendo de pertrechos.

Un container con un arsenal pasó por la aduana de Iquique hacia Bolivia. Todavía no conocemos el resultado de la investigación.

Está claro que las armas se guardan en las casas; no están en depósitos. Las personas que las tienen las guardan en sus hogares.

Esto lo hemos hablado con todos los Ministros del Interior -bueno, casi todos, porque ha habido muchos en el último tiempo-, para ver cómo avanzar.

Yo creo que debemos tomar el control de la situación por esta vía; terminar con el comercio indiscriminado, abierto, y controlar.

En segundo lugar, debemos tomar en serio el tema de la seguridad privada.

La seguridad privada es el triple de la policía, el triple de carabineros. Esta industria mueve más de 2.500 millones de dólares al año. Y hay que reorganizarla para controlarla y para que aporte de distintas maneras.

Aquello fue muy trabajado en la Cámara de Diputados. Se aprobó un proyecto, que ahora está en el Senado. Lo que yo digo es que avancemos en esa iniciativa, porque permitiría repotenciar y además controlar a un sector que a veces es fuente de muchos problemas.

El Gobierno tiene un especialista, que es el Subsecretario Galli. ¡Con él se trabajó en Interior! Es el que más sabe de este tema. Y perfectamente puede sacar ese proyecto, que podría ayudar bastante en distintos tipos de situación. ¡No puede ser que la policía pierda el tiempo que pierde en los malls, en muchos lugares que son privados y requieren la organización de otro ente!

En tercer lugar, quiero referirme a Carabineros.

A mí me gustó mucho cuando el actual General Director partió diciendo que la institución requiere una reforma, no solo una modernización. Creo que el marco democratizador que está empujando la sociedad chilena a partir del estallido, de la Convención Constituyente y todo lo demás resulta fundamental para replantear la relación con la ciudadanía.

La fuerza no es lo mismo que la autoridad. Se requieren cambios en la misión principal, en la doctrina de Carabineros, para producir confianza, clave para contribuir a la cohesión social y al orden en el país. Hay que reformar la doctrina y la formación desde ya. ¿Cuánto demora esto? Por lo menos diez años, pero hay que partir de una vez. No nos quedemos solo en una modernización de corto plazo; también asumamos esto otro.

Debemos pensar a la policía, a Carabineros, de una manera distinta. No es solamente un aparato para restablecer el orden y combatir la delincuencia; es, ante todo, una institución al servicio de la comunidad, una institución clave de la democracia. Y reitero: se requiere otra doctrina, desmilitarizar, y que realmente haya muchos más vínculos con la ciudadanía.

Paralelamente a esto hay que normalizar. No voy a hablar de qué hay que normalizar y asumir los grandes problemas de ahora; solo diré que, en el trabajo de los concejos comunales, en los consejos regionales y también a nivel nacional -lo decía ya el Senador Harboe- deben tener mayor intensidad los organismos de la seguridad pública.

Otros son los organismos para la prevención, que se deben coordinar, porque no se coordinan. Y las comunas de más de 50 mil habitantes deben trabajar con un solo plan. Si uno suma toda la plata que tienen, todos los recursos en autos, en personal, verá que son inmensos. El problema es que cada una lo hace por su cuenta, compiten entre ellas, etcétera.

Finalmente, una breve referencia al tema de la droga.

Por lo menos hay que pensar en el problema de la marihuana de otra manera. Tenemos que repensar el autocultivo y repensar la marihuana medicinal. Está bastante generalizado el autocultivo y el consumo. ¡Asumámoslo! Y hagamos que la policía se concentre en otras cosas. ¡Aquí nos está comiendo la droga, estimados colegas! Si es verdad lo de las mafias mexicanas, quiere decir que esto del agua negativa subirá mucho, y tenemos que enfrentarlo a tiempo. No podemos seguir en la inercia.

Termino mis palabras expresando que ojalá en nuestro diálogo logremos más audacia, más capacidad de innovar y más capacidad de ir adelante en el marco de estrategias consistentes, coherentes, integrales, de corto y mediano plazo.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A usted, Senador Montes.

Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma, hasta por cuatro minutos, de acuerdo con el tiempo otorgado por su bancada.

El señor COLOMA.- Muchas gracias, Presidenta.

Es duro y creo que todos tenemos un especial sentimiento de urgencia y de angustia cuando enfrentamos esta sesión, vinculada al tema de la seguridad, en circunstancias de que, casi simultáneamente en La Araucanía, un ciudadano chileno, a quien conocía, es asesinado por medios violentos. Esto revela un estado de situación que nosotros no podemos dejar pasar y, por tanto, me parece bien planteada esta sesión especial.

En los cuatro minutos que tengo quiero hacer una reflexión, pensando justamente en este caso particular. Los liderazgos de hoy son muy horizontales y considero bueno que se haya escuchado a los actores más importantes y con mayor responsabilidad en la forma en que el Estado chileno enfrenta el violentismo. He visto un tono en el que nadie parece sentirse acreedor del otro, sino en el cual, de alguna manera, se percibe que hay muchas cosas que tenemos que enmendar para enfrentar el mundo nuevo que estamos viviendo.

Y creo que usted, Presidenta, tiene un rol, igual que todos quienes poseen ejercicios de autoridad, en el sentido de ser capaces de identificar, en lo que a cada uno corresponde, dónde debe contribuir a este nuevo escenario que hay que instalar para que los chilenos vivamos con seguridad. Porque hoy día no nos sentimos seguros.

Se ha hecho referencia a sistemas de inteligencia. No puede ser que llevemos esperando cincuenta y cinco semanas para que la Cámara de Diputados adopte una resolución. No es un asunto nuestro, pero algo podremos hacer.

La persecución efectiva del narcotráfico.

Creo que si hay un tema asociado a todas las reflexiones es que el narcotráfico está matando la calidad de vida y la vida de las familias chilenas. Y habiendo propuestas concretas de distintos gobiernos, no puede ser que lleven veinticuatro semanas esperando.

En el tema de la sustracción de madera creo que existe una responsabilidad del Senado. Tuvimos una discrepancia, pero no puede ser que aún no se pueda resolver.

En cuanto a nosotros mismos, en materia de terrorismo, hay un proyecto con un catálogo de delitos donde hay que usar técnicas especiales de identificación. Llevamos cincuenta y una semanas con distintas "discusiones inmediatas" sin que se haya resuelto y haya habido acción en esa área.

La tenencia responsable de armas, ¡cuarenta y cinco semanas! Ahí ha habido un avance mayor; ha habido indicaciones mutuas que se han ido perfeccionando.

La protección de policías, ¡treinta semanas! Todavía estamos en la etapa de audiencias.

La Ley Juan Barrios -yo soy autor de una de las normativas que después se reunieron y que muestran el dramatismo de personas, en este caso de camioneros, cuyas familias mueren incendiadas dentro de un lugar sin que haya una agravante en la penalidad- ¡lleva dieciocho "discusiones inmediatas"!

El programa STOP, que podemos mejorar, de despliegue focalizado y combinado de fuerzas policiacas, ¡con muchas urgencias postergadas!

En el cuidado de la infraestructura crítica, tenemos una Comisión Mixta. Y me parece evidente que, después de veintiocho semanas, tenemos que resolver cómo enfrentar la nueva exigencia que el violentismo, bajo sus distintas formas (el narcotráfico, el terrorismo, las bandas organizadas), está causando en Chile.

¿Me da un minuto más, Presidenta?

Creo que el tono aquí ha sido importante y ha sido bien de corazón, porque todos estamos afectados. Yo no veo un festival de acusaciones. Esta es una reflexión común -lo planteó así un Senador que me antecedió en el uso de la palabra- acerca de cómo enfrentamos los problemas, cómo asumimos las nuevas realidades, que no pueden seguir pasando sin que uno reaccione, aunque de repente algunos parecen decir "es culpa de este". Tampoco me gusta la lógica de que todos son igualmente responsables, porque eso nunca fija quién tiene la responsabilidad final. Y hay responsabilidades finales.

Mi reflexión y mi aporte en esta materia es hacer un esfuerzo por avanzar en lo que a nosotros nos corresponde, que es la legislación surtida, que este Gobierno y algo también el anterior han planteado desde la mejor de las perspectivas. Podemos mejorarla, pero no podemos no tener sentido de urgencia, porque el flagelo de la violencia en Chile no resiste más dilaciones.

Invito a resolver este tema, que depende de nosotros.

He dicho, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Coloma.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Antes de entregarle la palabra a la Senadora Provoste, se la voy a dar al Senador Harboe para un asunto de reglamento.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FUNCIONARIO DEL SENADO SEÑOR PATRICIO FUENZALIDA ESPINOSA

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, hemos sido informados del fallecimiento de un compañero de trabajo, Patricio Fuenzalida, joven abogado que se desempeñó durante muchos años como abogado ayudante en la Comisión de Constitución, afectado de un cáncer.

Me tocó compartir con él durante bastante tiempo en dicho organismo. Era un hombre muy joven y su partida fue muy repentina.

Como parte de la familia del Senado, le pido si es posible que la Sala guarde un minuto de silencio en su memoria.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.

Solicito a Sus Señorías un minuto de silencio por Patricio Fuenzalida, fallecido recién esta mañana.

--La Sala, con los Senadores y demás asistentes de pie, guarda un minuto de silencio.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste, hasta por siete minutos, de acuerdo con lo otorgado por su bancada.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidenta.

Adherimos a las condolencias para la familia de Patricio.

Quiero saludar a todos nuestros invitados, tanto aquellos que participan telemáticamente como al Ministro del Interior, quien está físicamente, al igual que el Subsecretario General de la Presidencia, en esta sesión.

La seguridad ciudadana es desde hace mucho tiempo una de las principales preocupaciones de las personas y de las familias. Hablamos de un problema multidimensional y complejo, que frecuentemente intenta enfrentarse de una manera simple, muchas veces populista y repitiendo fórmulas fracasadas.

Ha sido utilizado también como tema central de campañas presidenciales, con eslóganes que después se han transformado en grandes fracasos: el "fin a la puerta giratoria", el "se les acabó la fiesta" deben de ser algunos de los más recordados.

En las últimas semanas se han conocido diversos hechos de violencia que creíamos alejados de nuestro país. Escuchábamos al alcalde Olavarría en su intervención: baleos en las calles, enfrentamientos entre bandas. La opinión pública no puede normalizar estas situaciones. El miedo se ha ido apoderando de barrios completos. La alarma pública ha puesto este tema nuevamente en el debate.

¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno? Sorprendernos una vez más con improvisaciones legislativas que repiten las mismas fórmulas. Y cuando acá, Presidenta, se habla casi de un catálogo de iniciativas y se establecen las semanas que llevan en tramitación, quiero solo colocar un ejemplo, que lo señaló quien me antecedió en el uso la palabra, el Senador Juan Antonio Coloma -por su intermedio-: el proyecto del robo de la madera. Es bueno señalar que era un mal proyecto, que fue rechazado en la Sala del Senado y luego en la Cámara. Por lo tanto, está archivado.

Entonces, es necesario que hablemos en profundidad de este tema, que sin duda es uno de aquellos que requieren consensos amplios -lo señalaban tanto el Senador Montes como el Senador Felipe Harboe-, políticas integrales y sostenidas en el tiempo. Todo lo contrario al populismo penal, a los anuncios grandilocuentes y a las improvisaciones a las que tan acostumbrados nos tiene este Gobierno, y qué decir de los llamados que hace a aprobar proyectos de los cuales ni siquiera se conocen sus contenidos.

Como esto no ocurre mucho en comunas de altos ingresos, no es materia de debate político y público, ni tampoco es una preocupación constante en los medios de comunicación. Y yo quiero en esto felicitar la iniciativa que han tenido la Mesa y los Senadores señor Insulza y señora Rincón de solicitar esta sesión especial, para que puedan concurrir miradas distintas, del Ministerio Público, de nuestras Policías, de la Aduana, de quienes están en el territorio, del Ejecutivo, del Parlamento, porque hoy día estamos enfrentando una situación compleja.

La pandemia también ha facilitado que algunas bandas de narcos fueran muy ágiles para llegar con ayuda a las familias que no tenían ingresos, frente a la lentitud del Gobierno. Son territorios en donde no hay presencia estatal. Carabineros no está desplegado en esos barrios, porque la dotación policial en las comunas de la zona sur de la Región Metropolitana o en algunas comunas de regiones es bajísima.

El día 25 de diciembre nos llamaban vecinos de la comuna de Huasco frente a situaciones que estaban viviendo, y lo conversamos con el propio Ministro del Interior el día 26 de diciembre, cosa que agradezco. La realidad era que Huasco ese día contaba, para toda la comuna, con tres efectivos policiales, de los cuales dos andaban en un procedimiento en el litoral, fuera, y solo se encontraba un carabinero de guardia.

Esta realidad se extiende y sigue siendo muy lacerante. En las comunas populares hay un carabinero por más de mil habitantes, según el informe del año 2019, y eso no ha cambiado, mientras que, en las comunas de altos ingresos, como en Las Condes, tenemos un carabinero cada quinientos habitantes, y son comunas en las que, además, existe un despliegue de seguridad municipal muy alto.

Tampoco se sabe de trabajo de inteligencia policial para desbaratar la influencia de estas bandas en la vida local. No hay inversión gubernamental ni municipal para prevenir el consumo de drogas en los jóvenes mediante acciones deportivas, culturales, de mejor educación pública, de atención en salud mental que eviten la caída en este circuito infernal que es la drogadicción en el mundo popular y de la clase media. No hay inversiones en recuperar espacios públicos en esos territorios, en aumentar luminarias, en recuperar sitios eriazos y convertirlos en infraestructura deportiva y cultural.

En noviembre de 2020, durante la discusión del Presupuesto para el presente año, dimos una larga batalla a fin de evitar los recortes en cultura, pero no hay interés en fomentar acciones culturales en los barrios riesgosos. La ausencia de inversión pública en materia educacional es realmente una preocupación.

Lo señalaba al comienzo: la delincuencia es hoy día un problema multidimensional que tiene que ver con situaciones sociales y temas educacionales. Hoy día esta pandemia lo hace mucho más crítico en el tema educacional. Ya lo veíamos el año 2019 frente a la denuncia que hacía el Hogar de Cristo respecto de los miles y miles de jóvenes que se encontraban fuera del sistema escolar. La respuesta del Gobierno en ese momento fue debatir con ellos las cifras, en lugar de entrar al fondo y ver cuáles son efectivamente las herramientas para evitar que niños y niñas que no están hoy día en el sistema escolar caigan en las redes del narcotráfico, la delincuencia y la drogadicción.

El Ministerio de Educación no ha desplegado una oferta educativa pertinente que asegure el reingreso de estudiantes para hacer efectivamente una política pública importante. Cerca del 70 por ciento de los estudiantes que desertan del sistema escolar provienen de las familias del primer y segundo quintil de ingresos. Un porcentaje importante de ellos son mujeres, y antes de finalizar un año en que han desertado se han convertido ya en madres adolescentes. Por lo tanto, es necesario que realmente se entienda que esto es un fenómeno multidimensional y que se requiere...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Un minuto, Senadora.

La señora PROVOSTE.- ... que se requiere abordarlo en un escenario en esa perspectiva. Y es deber del Estado actuar de manera conjunta, con un diseño integral, sobre la base de un debate alejado de los prejuicios, que incorpore como un elemento central el enfoque preventivo, la planificación territorial, la construcción de nuestras ciudades, y que requiere también terminar de una vez por todas con esta lógica de segregación que ha impuesto el modelo neoliberal, la que alcanza también a la definición, que es estructural, respecto de las dotaciones, inclusive.

Nosotros queremos valorar el esfuerzo que ha hecho el Senador Francisco Huenchumilla, miembro de nuestra bancada, en la Comisión de Seguridad Ciudadana para entender que aquí no es solo represión, no es solo la militarización de nuestras policías, sino que es abordar estas dimensiones sociales lo que nos permitirá resolver el problema. Por cierto, nuestra bancada tiene toda la disposición a colaborar, porque creemos que hoy día se le ha dado un espacio al narcotráfico, del cual, Presidenta, tenemos que hacernos cargo con políticas de Estado de largo plazo.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.

Tiene la palabra el Senador Pugh hasta por cuatro minutos, de acuerdo con su bancada.

El señor PUGH.- Muchas gracias, señora Presidenta.

Por su intermedio, saludo al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien se encuentra presente en la Sala, y también a todos los expositores que nos han ilustrado sobre los respectivos quehaceres.

Durante los últimos veinte años legislativos -eso es cinco Gobiernos-, todas las encuestas responsables y serias de opinión pública han considerado que la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de toda nuestra población. Pero ¿qué es lo que nos ha ocurrido? -y eso es lo que estamos viendo ahora-: que todo este esfuerzo parece que ha sido en vano, porque o estamos igual o estamos peor. Entonces, es el minuto de plantearnos la pregunta correcta: ¿tenemos bien definido el problema? Creo que la respuesta es no, y eso se debe en gran parte a que no tenemos un responsable integral del tema.

Cuando hablamos de problemas complejos, no estructurables, únicos para cada país, y donde las distintas variables interactúan de forma dinámica, necesitamos una visión holística, integral, multidisciplinaria y multisectorial.

Pero otro factor también muy relevante es la aproximación ideológica al problema.

Es aquí, en este Congreso Nacional, donde debemos discutir sobre las causas y efectos de las normas que rigen nuestra convivencia; si un sistema garantista de administración de justicia es lo adecuado para el país; si los derechos humanos -todos los derechos humanos- son para todos o para algunos, o si hay humanos que no tienen derechos; si una vulneración al derecho humano a la vida o a la propiedad es una falta, un delito o una violación de derechos.

Es aquí donde tenemos que discutir si un delincuente es producto de una sociedad y de un sistema, por lo que queda eximido de culpa, o si el ser humano, por la esencia de su naturaleza, es sujeto que toma decisiones y, por lo tanto, imputable por los daños que genera.

Es aquí donde se tiene que discutir si las policías deben ser disuasivas contra la delincuencia, y qué requisitos deben cumplir para serlo.

Aquí es donde debemos discutir el concepto de la libertad vigilada para un delincuente, y si es justificable ante la sociedad que alguien en esa condición vuelva a matar o a robar.

Ninguno de estos temas es fácil, y lo más complejo es que están todos íntimamente relacionados. Es por esta razón que los grandes esfuerzos que el Estado ha hecho durante los últimos cinco gobiernos han fracasado.

Por lo tanto, creo que un punto de partida para resolver este problema debe ser la creación de un Ministerio especializado y consolidador de los temas de seguridad pública; alguien que unifique criterios desde la educación temprana, en los escolares, respecto al cumplimiento de las leyes, del respeto al resto de los deberes, y también las obligaciones de los ciudadanos, hasta la coordinación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia en materias de su responsabilidad.

Para esta inmensa tarea y su relevancia no basta con una Subsecretaría; se requiere un Ministerio con responsabilidad política mayor y, por supuesto, avanzar en nuestra agenda de seguridad, que ya está definida, pero con reformas profundas, tanto a Carabineros como al sistema nacional de inteligencia, donde se requiere una reforma integral, no cosmética como la de ahora, que le dé mejores agentes, inteligencia humana que evitaría tener una DEA, y también capacidad técnica, de Sigint.

No nos olvidemos, además, del ciberdelito. Necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad en ciberseguridad.

En fin, señora Presidenta, son muchos los elementos que tenemos que considerar. Valoro esta iniciativa, pero creo, sinceramente, que, si no definimos correctamente el problema y no tenemos a una autoridad integral a cargo de él, vamos a seguir cometiendo los mismos errores.

De ahí la necesidad de un Ministerio de Seguridad Pública.

He dicho, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Pugh.

Tiene la palabra en el tiempo de la bancada socialista el Senador Juan Pablo Letelier, hasta por 5 minutos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador, si puede activar su micrófono desde allá...

El señor LETELIER.- Ahí sí.

Muchas gracias.

Disculpe, Presidenta.

La seguridad es un tema fundamental para el ser humano. Vivir tranquilos es una aspiración. Es responsabilidad del Estado garantizar este derecho a la seguridad.

Uno de sus componentes, sin duda -y es propio de las democracias-, es que el poder de uso de las armas, el poder de uso del fuego se establece en forma monopólica para los agentes del Estado. En esa materia, hay un debate pendiente, porque a pesar de que tenemos esa afirmación común a las democracias, no somos capaces en verdad de establecer una garantía de que no va a haber armas en manos de los ciudadanos. Porque hay quienes creen que, teniendo armas, están más seguros. No se dan cuenta de que la actual ley de control de armas en nuestro país es parte del problema, en particular por el acceso a las municiones.

Aquí hemos escuchado a varios de los invitados que nos han dado criterios y nos han informado de sus políticas, pero lo concreto es que hoy hay más armas en nuestra sociedad que antes, hay más armas que no están inscritas legalmente que antes, hoy es más fácil acceder a las municiones que antes. Por ende, debemos tomar acciones que no son únicamente legislativas. Este no es un problema solo de leyes; es un problema de una decisión política que se reflejará en una ley, que tiene que ver con una suspensión o una moratoria en la venta de armas y municiones en el país por varios años.

De la misma forma, para garantizar la seguridad necesitamos tomar acciones frente a temas como la droga, que aquí han mencionado algunos. Es evidente en el siglo XXI -y doy solo un ejemplo- que la persecución al consumo de la marihuana o al autocultivo es una mala inversión económica, social y política. Se deben destinar esos recursos a perseguir las drogas duras: la pasta base, la cocaína, la heroína y los componentes que se usan para producir esas drogas. Debemos ahí concentrar nuestra preocupación, porque es ahí donde está el verdadero crimen organizado.

Pero yo me quiero referir en particular, Presidenta, a otro tema. Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra lo planteó. También lo planteé durante la discusión de la Ley de Presupuestos. Tiene que ver con la cantidad de recursos que destinamos efectivamente a crear ciudades seguras, al uso de la información y la tecnología.

Me explico: en nuestro país después de la creación del Plan Cuadrante, que evidentemente ya ha terminado su ciclo fundamental, se fue incorporando tecnología de diversos tipos: muchas cámaras de vigilancia, sea por temas de transporte, sea por planes de los municipios en coordinación con Carabineros, sea por el Ministerio de Transportes en coordinación con Carabineros, los UOCT. Ha habido incorporación de tecnología por la PDI, sea en la frontera, en fin; por el Registro Civil y también por los privados o las empresas estatales: el Metro, los bancos. Pero no existe, señora Presidenta, ninguna integración del conjunto de tecnología disponible para que tengamos un uso a través de la inteligencia artificial, en lo que es crear condiciones para una ciudad segura. No es posible hacer esfuerzos solo aislados de una comuna que puede usar parcialmente esta tecnología. Necesitamos crear una unidad, un centro de desarrollo, probablemente alojado en la PDI, en conjunto con un trabajo con el Ministerio de Ciencia en esta materia, generando las condiciones para reunir toda la información, homologar la tecnología, procesar en particular reconocimientos faciales.

Esto va a permitir no solo crear las condiciones de seguridad cuando una persona pueda estar extraviada, o no solo seguir el cumplimiento de otras normas de convivencia social, sino también acumular información, inteligencia, para combatir el crimen organizado. No estoy pensando puntualmente en un portonazo en cuya investigación, a veces, algunas cámaras que se revisan de manera aislada permiten avanzar, sino en tener una red integrada completamente. Si la tuviéramos, se podría hacer otro tipo de inteligencia.

Yo siento que este es un problema que no es legislativo, es un problema de presupuesto y de prioridades. Yo le otorgo la máxima importancia a este tema, Presidenta. Países como Inglaterra, que han avanzado mucho en reconocimiento facial, han demostrado capacidad para combatir el crimen organizado y crear ciudades más seguras. Creo...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Un minuto, Senador Letelier.

Active su micrófono, por favor.

El señor LETELIER.- Gracias, Presidenta.

Decía que algunos países han avanzado mucho en materia de seguridad.

De la misma forma, el uso de tecnología, como lo planteó una Senadora del norte, para controlar el flujo del ingreso ilegal a nuestro país es fundamental, pero no basta con tener una cámara que analice fenómenos de presencia térmica a varios kilómetros, sino la integración de la información.

Presidenta, esta es una sesión importante.

Yo lamento la actitud del Presidente Piñera, quien trató de culpar al Congreso Nacional de los problemas en seguridad, por cuanto este no es un problema legislativo ni algo que se deba politizar, sino un asunto de prioridades presupuestarias que debemos construir entre todos, usando tecnología, usando nuevas políticas.

Espero que logremos coordinar una nueva política de seguridad para las ciudades, a fin de que el derecho a la seguridad se logre respetar en nuestro país.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Letelier.

Y aprovecho de saludarlo en el día de su cumpleaños, en representación de todos los colegas del Senado.

¡Y su bancada me pidió que le recuerde que cambia de folio, que pasa de los cincuenta a los sesenta...!

¡No lo digo yo, lo dice su bancada...!

Un gran abrazo, Senador Letelier, muchas felicidades.

Ofrezco la palabra al Senador Alvarado por los tres minutos que le ha otorgado su bancada.

No se halla conectado en este momento.

Tiene la palabra el Senador Quintana, hasta por cinco minutos.

El señor QUINTANA.- Presidenta, en primer lugar, quiero condenar el horrendo asesinato ocurrido esta mañana de don Orwal Casanova, un agricultor de la zona de Victoria. Esperamos que las instituciones encargadas de la persecución criminal y las policías, aquí representadas, no permitan que este hecho, así como otros donde han sido asesinadas personas de origen mapuche también, quede en la impunidad.

Hemos escuchado con mucha atención a nuestros invitados en el día de hoy.

Drogas, armas, aumento en la tasa de homicidios claramente son los temas centrales que han sido puestos sobre la mesa respecto de los cuales habrá que actuar: ¡todos! También este Congreso.

"Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos" (todos queremos eso, ¿cierto?): así se titulaba el capítulo de Seguridad Pública del Programa de Gobierno del Presidente Piñera. Acto seguido, el mismo texto señalaba que brindarles "a los ciudadanos la posibilidad de vivir con seguridad y paz es la tarea más esencial del Estado". Para ello, se proponía fomentar la postulación a la Escuela de Carabineros; intervenir en barrios de alta complejidad; crear una academia nacional de capacitación municipal de seguridad pública, y un comité de inteligencia, bajo la dependencia de la Presidencia de la República, entre otras cosas.

A casi un año del fin del mandato presidencial, esta es una buena instancia, Presidenta, para intentar hacer un balance:

-Las postulaciones a Carabineros bajaron un 71 por ciento durante el 2020. La confianza en la institución cayó en cuatro años desde el puesto número 3 al 159, según el índice de marcas Icreo de la consultora Almabrands.

-El narcotráfico y las balaceras campean en los barrios de alta complejidad.

-De la academia municipal, no supimos nada.

-Y respecto a la inteligencia, iniciado el Gobierno, se priorizaron (esto está documentado) los operadores políticos por sobre los funcionarios de carrera en la ANI. Tal vez, algo de eso tenga que ver con que todavía no sepamos quiénes incendiaron veinticinco estaciones del Metro el 18 de octubre de 2019.

Basta estar en el territorio para darse cuenta de que la crisis de Carabineros, provocada por decisiones políticas de este Gobierno, ha tenido como consecuencia el abandono de los barrios y el reinado de la ley de la selva en muchos sectores, lo cual es caldo de cultivo perfecto para el narco y el crimen organizado.

Pongo solo un ejemplo, que tal vez en los sectores acomodados de Santiago no se vivió: en casi todas las ciudades fue notoria la expansión del uso de fuegos artificiales ilegales y peligrosos durante la madrugada del Año Nuevo.

Basta conversar con amigos de distintos orígenes sociales, también con empresarios, para darse cuenta de que la promesa de un Chile seguro y en paz simplemente no se cumplió. Y nadie se siente más seguro que en marzo de 2018.

Todo lo contrario, predominan hoy la incertidumbre y la sensación de abandono a todo nivel.

Por supuesto, no podemos desconocer que se han sucedido eventos que no estaban previstos en ninguna agenda oficial, especialmente respecto a la pandemia del COVID-19. Pero, en relación con el estallido social, soy un convencido de que el Gobierno podría haber hecho las cosas de un modo distinto y haber propiciado desde un inicio el diálogo, en vez de declararle la guerra a una parte de la ciudadanía.

Pero gobernar se trata de eso: de asumir que hay múltiples situaciones inesperadas que pueden ocurrir y de intentar dar seguridades, independiente del contexto.

A nadie le sirve que no se respete la ley y nadie quiere tener una policía deslegitimada. Pero ello implica asumir la necesidad de una completa reestructuración, como lo han señalado muchos colegas hoy, para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Lo quiero decir con toda claridad: el Gobierno utilizó a los carabineros para solucionar con represión un estallido que era político. Eso produjo la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura y la caída más abrupta de toda la institución de Carabineros. Hasta hoy no hemos visto ninguna intención verdadera de enmendar el rumbo e iniciar una reforma de fondo que dé paso a una nueva etapa.

Hay que devolver la seguridad a las poblaciones y a los barrios. Eso se hace con coordinación, con trabajo riguroso, con horas de dedicación y no interpelando al Congreso Nacional cada vez que se produce un acto delictual de alto impacto. Eso es puro show mediático, digámoslo por su nombre, el mismo con el que se ha tratado la delicada situación de la Región de La Araucanía.

Después de la balacera en la plaza de Maipú, la Subsecretaria Martorell volvió a cuestionar al Parlamento, culpándolo por el retraso en las modificaciones a la Ley de Armas.

¿Acaso no le da vergüenza responder así frente a la ciudadanía?

El Gobierno tiene muchas herramientas, en algunas áreas de sobra, para combatir la delincuencia. Y si no lo hace, es por ineptitud y negligencia. Es más, quiero recordar, como todos los señores Senadores lo saben, que pocos días antes del estallido, el 16 de octubre del 2019, suscribimos un protocolo para modernizar la legislación de tenencia de armas, aumentando los requisitos y creando un sistema de identificación balística. De las indicaciones prometidas por el Gobierno, nunca supimos.

De hecho, hoy día varios candidatos presidenciales de Chile Vamos están levantando un discurso pro liberalización de la tenencia de armas. Cuando llegamos a este extremo, es porque se está reconociendo el fracaso absoluto del Estado, en particular de este Gobierno, en el control de la delincuencia: a confesión de parte, relevo de pruebas.

Tampoco creo que, como Oposición, debamos lavarnos las manos y pensar que con puro buenismo las personas van a estar más seguras. No creo en la agenda que han levantado algunos Diputados, consistente básicamente en derogar leyes de seguridad. Las leyes que tenemos, usémoslas bien y no de forma discrecional y arbitraria, como lo ha hecho el Ejecutivo.

Asimismo, tampoco estuve de acuerdo cuando, a finales de noviembre de 2019, buena parte de mi sector se restó a firmar la Declaración por la Paz, los Derechos Humanos y el Orden Público. ¡El orden público sí importa! Demostrémosles a los chilenos que aquí hay una mirada integral sobre seguridad; que queremos devolverles a las calles una política confiable, trabajando con la comunidad, dialogando y relegitimando la seguridad ciudadana.

Al Gobierno le pido, en lo poco que le queda, que actúe con responsabilidad. El legado que está heredando a Chile es muy dañino. Creo que aún hay tiempo para que no termine en una catástrofe.

Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Quintana.

Tiene la palabra el Senador José García, hasta por cuatro minutos.

El señor GARCÍA.- Muchas gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, deseo expresar mis condolencias a la familia del agricultor de la comuna de Victoria don Orwal Casanova, asesinado de manera brutal durante esta mañana.

Mis condolencias las hago extensivas a todos los agricultores del país, particularmente a los pequeños y medianos agricultores de nuestra Región de La Araucanía, que desde hace ya demasiado tiempo, ¡demasiado tiempo!, viven en la más completa inseguridad.

No puede ser que en Chile salir a trabajar, salir a defender la fuente de trabajo, salir a producir, salir a generar ingresos para pagar los impuestos con que funciona el Estado signifique tener que exponer la vida, como ha ocurrido con muchos otros antes que con Orwal Casanova, a quien le sucedió esta mañana.

La Araucanía está una vez más profundamente herida.

La Araucanía está una vez más profundamente triste.

Nosotros esperamos que esta muerte no sea en vano, que esta muerte, como lo acaba de decir el Senador Jaime Quintana, no quede en la impunidad, y que de una vez por todas sepamos quiénes son estas personas, quién financia estos grupos, qué motivaciones hay detrás como para disparar en el rostro de un agricultor que simplemente estaba trabajando y defendiendo su fuente de trabajo. Lo digo con el mayor sentimiento y el mayor dolor.

La Araucanía se siente abandonada por el Estado.

Los distintos órganos públicos debieran garantizar el Estado de derecho y asegurar que las personas puedan desplazarse de un lugar a otro sin correr riesgos, puedan producir, laborar y cumplir con la obligación que todos tenemos: trabajar y salir adelante con nuestras familias. ¡No puede ser que la seguridad para concretar todo ello esté ausente en muchos lugares de La Araucanía!

Y como no es un hecho casual ni esporádico, sino una situación que se repite a través del tiempo, levantamos la voz con la mayor fuerza y solicitamos al Gobierno -¡a mi Gobierno!-, al Presidente Piñera, al Ministro del Interior, quien está con nosotros en la Sala, y al señor Fiscal Nacional, que es el encargado de llevar adelante las investigaciones, que de una vez por todas se haga respetar el Estado de derecho en La Araucanía y que se nos devuelva la paz y la tranquilidad para seguir cumpliendo con nuestra misión en la vida.

No pedimos ni más ni menos.

Discúlpeme, señora Presidenta, yo sé cuál es el motivo de esta sesión y lo comparto plenamente. Por supuesto que el tema de la seguridad nos preocupa a todos, pero no podía intervenir de manera distinta luego del dolor que tenemos en nuestros corazones por la muerte del agricultor Orwal Casanova esta mañana en Selva Oscura, comuna de Victoria.

Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, Senador García.

Tiene la palabra el Senador Durana, hasta por tres minutos.

El señor DURANA.- Gracias, Presidenta.

Durante el último mes, nuestro país ha sido testigo de una serie de situaciones graves. Ha habido hechos de sangre en la vía pública en Arica y Parinacota: dos asesinatos, dos heridos de bala y ayer un matrimonio fue acuchillado, encontrándose ambos gravemente heridos.

Es evidente que vivimos una época en que la seguridad ciudadana se encuentra altamente cuestionada, y este fenómeno, que nos afecta profundamente y socava las bases de la convivencia en nuestra comunidad, es complejo, puesto que genera un legítimo temor y una sensación de inseguridad en los ciudadanos que exigen mayor protección.

El fenómeno migratorio descontrolado que enfrentamos tiene una arista que, lamentablemente, también afecta a la seguridad ciudadana. Es fundamental dotar de mayores recursos para que el Plan de Seguridad Frontera Norte sea efectivo y entregue resultados.

Todas las instituciones tenemos un rol que cumplir. Se debe establecer una política integral mediante una reforma de nuestra política criminal en su conjunto, lo cual involucra la revisión de nuestro procedimiento penal, de la celeridad con que se tramitan las denuncias y procesos penales, de la política de aplicación de medidas cautelares, de las condiciones de hacinamiento de nuestras cárceles, del fenómeno de la reincidencia penal y de las reales posibilidades que otorga nuestro sistema penal para que las personas se reinserten en la sociedad.

Creo que es necesario sincerar que tenemos un problema político.

Esta semana algunos sectores de la Oposición presentaron la llamada "agenda antirrepresión", proyecto que busca derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado y la ley antibarricadas. Se trata de una agenda que genera impunidad y fomenta la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la violencia.

Por otro lado, nos encontramos con esfuerzos de algunos parlamentarios para avalar situaciones de violencia que han tenido lugar durante el último tiempo en nuestro país.

Tales ideas, que causan impunidad o buscan calificar de "presos políticos" a delincuentes que han suscitado la violencia en las calles, no son más que una actitud que genera percepción de inseguridad en los chilenos.

Finalmente, hago presente que esta semana el Gobierno ha ingresado al Parlamento proyectos que buscan sancionar la delincuencia organizada, establecer técnicas especiales para investigación y crear la Defensoría de las Víctimas.

Ojalá, después de esta sesión especial, tengamos todas las alternativas disponibles, sumadas a iniciativas que están paralizadas hace más de un año, para formar parte de una agenda legislativa urgente que entregue una solución concreta y real -todos juntos, todas las instituciones- en beneficio de la seguridad que nos demandan chilenos y chilenas.

Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, Senador Durana.

Tiene la palabra el Senador Chahuán, hasta por cuatro minutos.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, acá estamos frente a un desafío colectivo: cómo somos capaces, de manera sistémica, de hacernos cargo de los proyectos de seguridad pública.

Y quiero sincerar la discusión. Durante este Gobierno ha habido una buena disposición para generar una agenda de seguridad pública. Pero ¿qué ha ocurrido? Los proyectos no se ponen en tabla, no se ponen en discusión; las urgencias legislativas que presenta el Gobierno finalmente no se cumplen.

Tenemos la iniciativa que modifica la Ley sobre Control de Armas en la Comisión de Constitución del Senado. Me gustaría emplazar al Presidente de dicha Comisión, Alfonso de Urresti -por su intermedio, señora Presidenta-, a poner en tabla esa materia.

Asimismo, me gustaría que el proyecto de ley que dice relación con el sistema integrado de inteligencia, que fue calificado con urgencia "suma" y que, incluso, le costó una censura a la Presidenta de una Comisión legislativa en la Cámara de Diputados, finalmente se ponga en tabla.

Nos habría gustado también que, en el proyecto relativo al combate contra las bandas organizadas, se hubiera podido incorporar otras figuras.

Con todo, espero que se pongan en discusión esas iniciativas y se entienda que este tema no debe ser enfocado desde una perspectiva de trinchera ideológica, sino, más bien, desde un esfuerzo colectivo.

Ojalá esta sesión nos permita generar una estrategia para abordar sistémicamente el tema del avance del narcotráfico en nuestras poblaciones, lo que se relaciona con la necesidad de contar con más policías.

Por de pronto, ha sido el propio Ministerio del Interior de este Gobierno el que ha empujado el proyecto de modernización de las policías y el estatuto de las fuerzas de orden.

Entonces, pido que sinceremos el debate.

En definitiva, no tenemos las herramientas necesarias y no se ha abordado sistémicamente las materias que dicen relación, por ejemplo, con la posesión de armas ilegales. ¡Todos sabemos lo que costó sacar adelante el proyecto de ley relativo al uso de fuegos de artificio!

Les quiero pedir que abordemos esto más allá de la trinchera ideológica. Los asuntos de seguridad pública no son un tema de debate ideológico. Perdón, sí lo es para algunos Diputados que presentan una agenda que genera impunidad.Hay que decirlo por su nombre: parlamentarios de este Congreso Nacional, miembros de la Cámara Baja, han presentado una iniciativa para derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado, la ley antibarricadas y la ley relativa al control preventivo de identidad.

Tenemos un problema si no somos capaces de abordar aquello ni de condenar la violencia, como lo ocurrido hoy día en La Araucanía, donde un agricultor fue ultimado a balazos.

Entonces, acá se requiere que enfrentemos el tema de la seguridad pública con honestidad.

Yo les pido, además, que seamos capaces de fijar dentro de los proyectos de ley que están en tramitación un compromiso del Parlamento de sacarlos adelante.

Yo soy autor también del proyecto Juan Barrios, que se fusionó con una iniciativa del Ejecutivo y que busca apuntar a aquello.

Quiero destacar, además, que el Ministro del Interior está presente en la Sala del Senado. Se trata de un Ministro del Interior que está en el Parlamento y que quiere trabajar con nosotros...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene un minuto, Senador.

El señor CHAHUÁN.- Gracias.

Como decía, un Ministro del Interior que ha dicho que está siempre disponible para trabajar con el Congreso en una estrategia común.

Acá no se trata de la estrategia de un Gobierno en particular y de un signo político en particular: se trata de cómo somos capaces de trabajar unidos para generar paz social.

¿A dónde tenemos que apuntar? Primero, a las dotaciones policiales. Segundo, a la modernización de las policías. Tercero, a la necesidad de generar nuevos sistemas de ingreso a las policías. Ello, sobre todo pensando en los 60 mil hombres y mujeres que trabajan en Carabineros, que realizan una labor extraordinariamente potente y que hoy día están profundamente golpeados desde el punto de vista de la opinión pública, pero también porque ha habido opiniones generadas por parlamentarios que los golpean permanentemente. Dignifiquemos también la función de aquellos que hoy laboran para generar seguridad pública...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Chahuán.

Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier en el tiempo de la bancada independiente, hasta por dos minutos.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, quiero hacer dos observaciones.

Es difícil aprobar proyectos de ley cuando se trata de darles más atribuciones y facultades a organismos del Estado que están sumidos en una crisis ética profunda y en una crisis operativa salvaje. Porque ya hemos visto lo que ha pasado con Carabineros de Chile y no necesito redundar.

Además, los vamos a poner en primera línea para combatir el crimen organizado, que tiene mucho dinero, mucho poder de fuego y mucha influencia en los territorios. Primer punto que observar.

En segundo lugar, la crisis no se maneja solo con leyes con el objeto de investigar y sancionar. Ya aumentar las penas es un chiste, porque primero hay que pillarlos y demostrar la culpabilidad.

La crisis de la pandemia de salud y además la crisis económica que está viviendo el país han permitido la expansión de los grupos del crimen organizado, cuyo origen está en la droga pero que se ha ampliado a otro tipo de negocios. Por ejemplo, los "gota a gota", que hace seis años eran una novedad en Antofagasta, hoy día están muy generalizados. Porque, como la banca no le presta a la micropyme, esa gente queda fuera de toda protección del Estado y cae en manos de quien cubre esa necesidad no satisfecha, que es el crimen organizado.

En consecuencia, debemos tener una visión no solo policíaca. Necesitamos un conjunto de políticas y de leyes que vayan confluyendo hacia garantizar derechos mínimos a la población, sobre todo a la más vulnerable. Pero se hacen las cosas al revés.

Entonces, ¡también asuman la responsabilidad de las políticas equivocadas, pues! No se trata solo de criticar porque no les aprueban los proyectos como el Gobierno de turno quiere, sobre todo si uno ve que van camino al desastre y que es más demagogia que de verdad compromiso por resolver el problema.

Y si estamos llamando a todos a hacer un esfuerzo nacional, no tratemos de sacar dividendos partidarios personales, porque entonces es totalmente contradictorio lo que se está diciendo con lo que se está haciendo.

Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Guillier.

Por último, entrego la palabra al señor Ministro del Interior para que intervenga en esta Sala y en este debate.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Gracias, Presidenta.

Por su intermedio, por supuesto, quiero saludar a la Mesa y a todos los Senadores y las Senadoras que están presentes.

Por supuesto, también hago un reconocimiento a lo que ya se ha señalado en esta Sala con respecto al asesinato del agricultor Orwal Casanova. Hemos recibido la noticia durante esta sesión. Y es, evidentemente, un hecho lamentable que nos debe llamar a la reflexión, tal como se ha dicho, con respecto no solo a lo que está ocurriendo en La Araucanía, sino que también conectándolo con el sentido de esta sesión, de lo que estamos viviendo a nivel nacional, en cuanto a algo que tiene que ver con el diagnóstico.

He tomado nota y he escuchado con mucha atención las intervenciones de Senadores, de Senadoras y por supuesto las de los invitados.

El diagnóstico me parece que está claro con respecto a que hay una condena transversal a la resolución violenta de conflictos o la resolución violenta que muchas veces genera situaciones complejas para millones de chilenos y chilenas en distintos grados, desde la pérdida de vidas hasta la pérdida de un bien, con lo que eso implica no solo en materia económica, sino también en cuanto a la salud mental. Respecto de esto último, vemos en nuestro Programa de Apoyo a Víctimas cómo habitualmente las personas afectadas por hechos violentos no se ven afectadas solo ese día o esa tarde -dependiendo del hecho, por supuesto-, sino que también son personas o familias que quedan marcadas por muchos años, si es que no para toda la vida.

El diagnóstico también uno lo recoge cuando conversa con la gente de a pie, cuando va a las poblaciones, a las villas, a las comunas; cuando habla con los alcaldes, con las alcaldesas. Es un diagnóstico que creo que lo compartimos. El tema está en cómo le damos sentido a esta discusión.

Esa es la invitación. Y por eso la verdad es que valoro el tono en general que se ha dado en esta sesión, porque es un tono propositivo, que invita a seguir avanzando en políticas de Estado.

Yo comparto que esto no puede ser solamente la política de un gobierno de turno, sino que tiene que ser una política de Estado. Pero para que haya una política de Estado debemos, por lo menos, sentar las bases del diagnóstico. Y considero que esta discusión ayuda a aquello.

Alguien lo dijo por ahí. Todas las encuestas, todos los estudios dan cuenta de la necesidad de las personas con respecto a que los gobiernos, el Estado avancen rápidamente en solucionar los temas de seguridad y de orden público.

Por eso al comienzo de este Gobierno se llamó al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, del cual emanaron 150 medidas. Ustedes las recordarán porque participaron transversalmente parlamentarios, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y distintos actores relevantes en la materia.

Por lo tanto, hay una estrategia de base. Lo que pasa es que, por supuesto, han ocurrido cosas en estos años. Y la contingencia nos ha ido llevando a generar en esta agenda distintas consideraciones. Pero hay cinco iniciativas que surgen justamente de las 150 medidas de ese Acuerdo Nacional: modernización de las policías, especialización de las policías, ley STOP, sistema de inteligencia, control de armas.

Yo he escuchado que muchos de los invitados han dado cuenta de distintas estadísticas. Otros parlamentarios y parlamentarias han puesto el énfasis en la inequidad territorial, social. Otros han puesto el énfasis en los presupuestos o en la dotación policial.

Pero mucho de esto lo resume un concepto que para mí es muy importante, y que en mi experiencia previa también lo sentí y lo palpé en los territorios, que tiene que ver con la modernización del Estado.

Creo que este es un problema tan complejo que no podemos tomarlo como una lista de supermercado. No me refiero solamente a la agenda, pues ocurre generalmente en todos los temas, donde vamos haciéndole check a cada uno en la medida en que vamos avanzando. Lo señalo porque este es un problema complejo, y los problemas complejos no se resuelven con una lista de supermercado, sino que se solucionan entendiendo efectivamente la multicausalidad.

Por eso valoro el enfoque de algunos Senadores y Senadoras que han hablado de la multicausalidad, de las distintas causas para tener los efectos que estamos viviendo.

Por eso, esa multicausalidad debemos enfrentarla como política de Estado, cruzando fronteras, llegando a acuerdos y, por supuesto, legislando a favor de la gente, que es la que nos demanda y nos exige este tipo de iniciativas.

Y por supuesto que una de las cosas que por lo menos quiero destacar -la verdad es que ha sido una sesión bastante larga; no voy a redundar en cosas que ya se han tocado- es que la agenda de seguridad hoy día es prioridad para el Gobierno. Y cuando digo "hoy día" tampoco quiero descartar que en el pasado lo haya sido. Estoy hablando, por supuesto, de los dos meses que llevo en el cargo. Para mí ha sido una prioridad; para el Presidente es una prioridad, así me lo ha manifestado desde el primer día. Y revisando lo que ha sido el Acuerdo Nacional en adelante, alguien se refería por ahí a la reforma a Carabineros. Debo señalar que la reforma de las policías se está trabajando intensamente, desde el principio de este Gobierno. Le estoy poniendo mucho énfasis a esta agenda.

Y yo comparto cuando, por ejemplo, el Senador Insulza pregunta: "¿Y dónde está la estrategia?". Efectivamente, tenemos una agenda que en este tiempo hemos ido trabajando, la que hemos subdividido internamente para dar más eficiencia al trabajo. Y si uno toma los aproximadamente treinta proyectos que componen esta agenda, tenemos una subagenda ciudadana, una subagenda de reforma institucional y una subagenda del combate al crimen organizado. ¿Por qué lo hemos hecho así? Justamente para poder determinar acciones concretas en cada una de estas subagendas.

Y hay criterios fundamentales para poder avanzar en la agenda. Ustedes me piden cosas concretas, bueno, hay criterios concretos.

Primero, comparto también -alguien por ahí también lo mencionó- que las prioridades deben estar justamente en aquellas legislaciones, en aquellos cuerpos legales en que haya que avanzar y donde el Estado esté perdiendo fuerza en los territorios. Por mi experiencia previa, comparto esa afirmación: cuando el Estado pierde fuerza en un territorio determinado es una oportunidad, lamentablemente, para las bandas criminales, para el delito, para las personas u organizaciones que quieren suplantar el Estado en esos lugares.

Entonces, el énfasis debe estar en esta agenda de seguridad en aquellas legislaciones que nos permitan fortalecer el Estado en los territorios.

Pero, claramente, no basta solo con eso. Por ello, cuando yo apelo a la modernización del Estado también digo que los servicios que entrega el Estado en esos territorios deben ser oportunos. O sea, no necesariamente con más policías en un territorio vamos a ganar esta batalla. Efectivamente, tiene que haber más policías en ese territorio, pero también debe haber una coordinación mayor con los municipios, con servicios más ágiles de parte del Estado. Por eso yo hablo de la modernización del Estado en general. Y creo que ahí tenemos un tremendo desafío que, como es algo que se asocia al largo plazo, al largo aliento, muchas veces no se prioriza.

Yo creo que cuando hablamos de actividad delictual, de seguridad pública, de seguridad ciudadana, de orden público, debiésemos hablar a la par de la modernización del Estado, porque lo que la gente necesita es más seguridad, pero aparejada de más y mejores servicios, de más y mejores oportunidades para esas familias.

También comparto que el segundo criterio, además de la ausencia-presencia del Estado en distintos territorios -ahí debiésemos poner el énfasis-, tiene que ver con la inequidad territorial, que muchas veces fomenta, lamentablemente, que nuestros niños y nuestros jóvenes no cuenten con todas las oportunidades que todos quisiéramos.

Lo he dicho varias veces; lo señalé como alcalde; lo he dicho como Ministro. Me encantaría que hubiese menos drogas en las calles no solo porque hay más operativos antidrogas, no solo porque tenemos más decomisos -el año pasado llegaron a cerca de treinta toneladas entre la sumatoria de ambas policías-, sino porque hay menos gente que necesita consumir drogas; porque tenemos niños y jóvenes con objetivos en la vida distintos de consumir drogas; porque tenemos niños y jóvenes cuyos objetivos son diferentes de trabajar para una organización criminal.

Es lamentable cuando uno conversa con niños y jóvenes y su aspiración en la vida es ingresar a la organización criminal más conocida en el territorio. ¿Cómo vamos a querer eso para su futuro? Cómo vamos a querer que cuando los municipios le entregan un beneficio a un niño y los padres consumen drogas, eso mismos padres les roban esos beneficios a los niños, les roban los zapatos de fútbol, les roban el computador para venderlo. Eso pasa.

Entonces, efectivamente, este es un tema que tiene múltiples causales, no solo una. Y debemos entender que la política de Estado en esta materia es fundamental, y por eso hemos subdividido la agenda.

Por lo tanto, el primer criterio se refiere a la debilidad del Estado en algunos territorios y el segundo criterio tiene que ver con la inequidad.

Y un tercer criterio, por supuesto, el rol del Estado, pero también el rol de la familia. Es algo fundamental.

Cuando revisamos el enfoque de la resiliencia nos damos cuenta de lo que son los factores protectores: la familia es fundamental; también lo es un buen profesor; también es fundamental un municipio que haga actividades, por supuesto, como un buen monitor deportivo, un monitor cultural, un profesor de música. Son factores protectores que, por supuesto, debemos ver y revisar.

Por lo tanto, el llamado es a trabajar en conjunto en esta agenda.

Podemos determinar, como decían por ahí, responsabilidades más, responsabilidades menos, pero la invitación es a trabajar en conjunto, y por eso...

¿Ya no tengo tiempo, no?

Voy a tratar de no abusar de él.

Por eso lo manifesté ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde estábamos revisando el proyecto de asociación ilícita, y agradezco el tono al menos de la Comisión respecto de ese proyecto. Y hemos hablado con distintos parlamentarios, de diferentes bancadas, para retomar la Comisión Bicameral en materia de seguridad. Y me he comprometido a retomarla, al menos, en este mes de enero. Creo que es una muy buena instancia. Lo conversé también con la Presidenta hace algunas horas, y creo que va a ser una muy buena instancia para que desde esa Comisión Bicameral se pueda avanzar de manera prelegislativa en ciertos acuerdos, en ciertas miradas, en ciertos enfoques que nos ayuden a conseguir esto.

Porque la gente lo que necesita cuando prende la televisión o lee los diarios es que nos vean unidos en esto. Obviamente, tenemos matices, algunos enfoques y miradas distintas, pero lo medular es que compartimos el diagnóstico -creo que transversal y mayoritariamente- en este Congreso y, lo más importante, el diagnóstico con la gente.

Estaba el Fiscal Nacional dentro de los invitados. He conversado con él también acerca de la importancia de avanzar. Y le agradezco al Fiscal porque hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de contar con algunos fiscales en los territorios, de hacer un trabajo colaborativo, con fiscales de foco, con fiscales preferentes para algunos hechos delictuales. Ello siempre es muy importante. Y también compartimos el diagnóstico de que el delito hoy día es distinto. Por eso saco a colación lo ocurrido ayer en la Comisión de la Cámara, con respecto a crimen organizado, a asociación ilícita. No es lo mismo el crimen que se ve hoy al que veíamos, tal vez, hace un par de décadas. Y por eso esto es un trabajo en equipo. Y acá bien lo saben...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Un minuto, señor Ministro.

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- ¿Perdón?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Un minuto.

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- ¡Ah!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ya estamos en el término de la hora.

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Tenía tiempo. Me dijeron que ya no tenía tiempo.

Solamente para redondear.

Dentro de la agenda por supuesto que hay un enfoque ciudadano. Y acá, por ejemplo, hay leyes que son importantes para la gente: cierre de calles y pasajes; fuegos artificiales, que está a punto de ser promulgada, espero; carreras clandestinas, la defensoría de las víctimas. Esa es la agenda ciudadana. También di cuenta de la iniciativa contra el crimen organizado. Y está la agenda institucional, tal vez la más emblemática de todas, además de la modernización de las policías, la reforma de Carabineros.

Finalmente, solo quiero plantear la necesidad de avanzar en recuperar lo que era la policía de proximidad. Lo he hablado también con el General Director: el Plan Cuadrante. Y para eso tenemos que trabajar en una mejor y más moderna policía, con foco, por supuesto, en la reforma de Carabineros, tan necesaria para todos y todas, en la que, por supuesto, están trabajando muchos actores.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, señor Ministro.

Antes de levantar la sesión, quisiera solicitar a la Sala, como resultado de esta sesión, que pudiésemos asumir lo que habíamos conversado con el señor Ministro antes del inicio de esta sesión especial, en el sentido de retomar la agenda de seguridad a través de la Comisión Bicameral.

Sería muy importante que asumiéramos como Senado, desde la Comisión de Seguridad, impulsar esta coordinación de las dos Cámaras y dar el incentivo necesario para llevar adelante la referida agenda, que por cierto para nosotros como Senado también es muy importante desarrollar.

El nivel de conflictividad, en verdad, no lo hemos buscado nosotros acá, en el Parlamento; estamos disponibles completamente a trabajar, como lo hemos venido haciendo, para establecer desde la ley medidas para combatir el crimen organizado.

Así que a los Senadores de la Comisión de Seguridad presentes les solicito coordinarse a la brevedad con la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y que las dos Mesas, por cierto, retomen con fuerza estas Comisiones bicamerales.

No sé si habría acuerdo para transmitirle al Presidente Paulsen nuestra total disposición a que ambas Comisiones organicen a la brevedad este trabajo.

¿Habría acuerdo para ello, como resultado final de esta sesión?

Acordado.

Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión.

--Se levantó a las 15:21.

Claudia Zumelzu Cornejo

Jefa de la Redacción suplente