REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 120ª, en miércoles 19 de enero de 2022
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:05 a 18:19)
PRESIDENCIA DE SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA,
Y SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrió, además, presencialmente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:05, en presencia de 24 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Las actas de las sesiones 113ª a 116ª, ordinarias, de enero de 2022, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras Senadoras y los señores Senadores, para su aprobación hasta la próxima sesión.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional
Remite resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-preceptos legales contenidos el Decreto Ley número 3538 que Crea la Comisión para el Mercado Financiero numerales 4, 7 y 9 del artículo 5 y también, los artículos 58 último inciso y 59 letra a) de la Ley 18.045 (Rol N° 12539-21 INA).
-artículo 2°, de la Ley N° 19.945; y 4°, inciso primero, segunda oración, de la Ley N° 19.886, y 495 del Código del Trabajo (Rol N° 12583-21 INA).
-artículo 4°, inciso quinto; de la frase "y dicha mención correspondiere a un determinado subsector de aprendizaje o nivel educativo", contenida en el artículo 5°, letra a), parte final; y de la frase "en un determinado subsector del aprendizaje o en un determinado nivel educativo", contenida en el artículo 6°, inciso primero, de la Ley N° 20.158 (Rol N° 12625-21 INA).
-artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y del artículo 31 bis de la Ley N° 19.300 (Rol N° 12612-21 INA).
-artículo 482, inciso cuarto, parte final, del Código del Trabajo (Rol N° 12569-21 INA; Rol N° 12613-21 INA; Rol N° 12743-22 INA).
-artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 (Rol N° 12749-22 INA; Rol N° 12708-22 INA; Rol N° 12753-22 INA; Rol N° 12733-22 INA; Rol N° 12515-21 INA; Rol N° 12732-22 INA; Rol N° 12744-22 INA).
-artículo 4°, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Rol N° 12542-21 INA).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Salud
Reitera respuesta a consulta del Honorable Senador señor Girardi, relativa a las fiscalizaciones efectuadas contra aplicaciones o plataformas tecnológicas dedicadas a la venta de productos asociados al tabaco.
Informa planteamiento de la Honorable Senadora señora Goic, acerca de los planes dispuestos para el manejo de la pandemia por Covid 19 y la forma en que se integrarán a los Gobiernos Regionales.
Responde inquietud de la Honorable Senadora señora Allende, respecto de la situación de salud de paciente que indica.
Atiende petición del Honorable Senador señor Navarro, relativa a la disponibilidad de camas UCI, ventiladores mecánicos y cupos disponibles en los recintos de las Fuerzas Armadas.
Del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile
Envía respuesta a inquietud del Honorable Senador señor De Urresti, en relación con requerimientos de personal para cubrir necesidades del Servicio en la región de Los Ríos.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
Informa solicitud del Honorable Senador señor Huenchumilla, acerca de una denuncia y recurso de protección interpuestos por tres comunidades mapuches de la zona de Quepe, en relación con la construcción de profundas fosas y canales en el fundo colindante "Huale", para la extracción de áridos.
Del señor Director Regional Zona Centro (S) del Servicio Nacional de Geología y Minería
Contesta requerimiento de la Honorable Senadora señora Allende, sobre procesos de fiscalización al funcionamiento de tres plantas de tratamiento y actividad minera en la comuna de Petorca, sector Chincolco-Los Comunes.
Del señor Ministro Titular Presidente del Tercer Tribunal Ambiental
Hace llegar Cuenta Pública del Tercer Tribunal Ambiental, correspondiente al ejercicio jurisdiccional y administrativo del año 2021.
--Se toma conocimiento y quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 29 de julio de cada año como el Día Nacional del Recolector y la Recolectora de Residuos Domiciliarios (Boletín Nº 14.751-06) (con urgencia calificada de "simple").
Certificado de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el Covid-19 (Boletín Nº 14.747-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios (Boletín Nº 13.496-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para Tabla.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Se ofrece la palabra.
¿Senador Pedro Araya?
El señor ARAYA.-
Presidenta, hoy está en segundo lugar de la tabla el proyecto de ley que aumenta las penas de los delitos económicos, correspondiente al boletín N° 13.233-07.
Le pido que solicite a la Sala que se retire de la tabla en atención a que la Comisión de Constitución está analizando en segundo trámite constitucional un proyecto de ley que modifica todos los delitos económicos. De forma tal de que dicho proyecto pueda ser tenido a la vista en la otra iniciativa, a fin de que sea concordante y no terminar aprobando uno y después otro que no guarde coherencia con el que se está discutiendo en este minuto en la Comisión.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Una pregunta, Senador, porque soy mocionante del que está en la tabla. ¿Qué pasaría si hay contradicciones? ¿Cómo lo conciliaremos?
Porque, entiendo -y me corrige si no es así, colega- que este lo vio la Comisión de Economía.
El señor ARAYA.-
Puede ser que lo haya visto dicha Comisión.
Lo que pasa es que nosotros recibimos una iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que modifica completamente los delitos económicos en forma integral.
Entonces, lo que queremos como Comisión es que este proyecto, que fue visto con antelación a que llegara la otra iniciativa, pueda ser tenido a la vista para que existan ciertos grados de concordancia respecto a lo que se está modificando.
Porque, además, en el nuevo proyecto que se está viendo en la Comisión de Constitución se plantea toda una estructura nueva respecto de las normas de aplicación de penas, que incidirán directamente en lo que se pueda aprobar en este proyecto.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Sí. Lo que me pasa es que al final vamos renunciando a nuestras facultades de legislar porque nos llegan siempre los proyectos de la Cámara. Y los que hemos logrado aprobar acá no avanzan. Me preocupa que ese sea el caso.
Este proyecto lleva mucho tiempo en estado de tabla, mucho. No se había logrado poner en tabla, lo logramos finalmente, y ahora que lo veremos, puede retroceder y avanzar el de la Cámara de Diputados, quedando este sin avance.
No sé si entiende mi preocupación.
El señor ARAYA.-
Entiendo su preocupación. Lo que pasa es que la Comisión de Constitución está pidiendo que se pueda ver.
Si se ve en la Sala, se votará y se tramitará el otro proyecto en paralelo en la Comisión y en la Sala.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Presidenta, el proyecto al que se refiere el señor Presidente de la Comisión de Constitución efectivamente es una moción del Senador Harboe y suya. Es una iniciativa que naturalmente está bien encaminada. Por lo tanto, no tenemos inconveniente al respecto.
Pero resulta que se presentó en la Cámara por un grupo de profesores de Derecho Penal un proyecto de reforma integral respecto de los delitos económicos.
Entonces, nuestro propósito es simplemente que el Senado pueda dictar una legislación coherente y no contradictoria. Por eso nos parece prudente tenerlo a la vista.
Eso es todo lo que nos motiva para pedir lo que está diciendo nuestro Presidente de la Comisión, en el mejor de los ánimos, con el propósito de que legislemos bien.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
No tengo inconveniente, colegas, en la medida en que el proyecto pueda ser revisado en paralelo con el otro y se despachen juntos a la Sala para que haya coherencia.
Nosotros lo revisamos con expertos, no solo penalistas, sino también de derecho comercial. Y me parece que es lo justo, a efectos de que no quede rezagado.
En ese entendido, ¿les parece que se vean en paralelo y que se despachen juntos a la Sala? Y mantiene la prerrogativa este sobre el otro, obviamente, en el orden de vista. Se remitiría a la Comisión de Constitución.
--Así se acuerda.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Carlos Montes, tiene la palabra.
El señor MONTES.-
Presidenta, pido la autorización de la Sala para que la Comisión de Hacienda pueda funcionar a las cinco de la tarde para seguir avanzando con audiencias, con el Ejecutivo, en materia de PGU.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, entonces, continuamos con las audiencias de PGU y financiamiento.
--Así se acuerda.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, colegas.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
No, no. Yo estaba inscrito para Fácil Despacho...
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Le daré inmediatamente la palabra, Senador.
Usted tiene que informar, de hecho, uno de los proyectos de Fácil Despacho.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Senador Girardi?
El señor GIRARDI.-
Presidenta, disculpe que yo reitere...
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Hable más fuerte, por favor.
El señor GIRARDI.-
Disculpe que yo reitere parte de la discusión que tuvimos ayer.
Me gustaría enviarles a todos los Senadores y las Senadoras la última minuta del Consejo Asesor de Expertos, que tiene el mayor nivel, yo diría, de competencia que hay en Chile, con los principales epidemiólogos, que son asesores del Presidente de la República, para enfrentar el COVID. El planteamiento que hace el Comité Asesor está escrito: es un elemento mandatorio para las políticas de Gobierno y me gustaría entregárselo a los Senadores con relación a la decisión que tomaron algunos colegas de no apoyar que se pudiera establecer la posibilidad de que personas que son de alto riesgo desarrollaran sus actividades a distancia.
Quiero leer la advertencia que hace este Consejo Asesor, muy brevemente, respecto a la gravedad del problema que estamos enfrentando y a la posibilidad de contagio masivo que vive el país.
Entre otras cosas, señala que va a ser muy difícil mantener las medidas de trazabilidad por la difusión comunitaria que tiene este virus y que puede generar graves consecuencias, particularmente en aquellas poblaciones que son las más expuestas a morir, que son las que tienen enfermedades concomitantes o que son personas de alto riesgo. Plantea en específico -y lo quiero leer textualmente- "Reducir los aforos en sitios de reunión cerrados (restaurantes, fiestas, discotecas)" -etcétera, etcétera- "en todo el país, de una vez". Y al mismo tiempo recomienda "Pasar a la modalidad de teletrabajo todo lo posible en todos los ámbitos a la brevedad, pues reducir el número de personas que se desplazan y que se juntan debe disminuir la transmisión".
O sea, no solo se advierte respecto al riesgo que tienen de morir aquellas personas, sino que se establece un mandato por lo menos de salud pública, que es -y lo quiero reiterar- pasar a la modalidad de teletrabajo todo lo posible, en todos los ámbitos, a la brevedad.
Yo solo quiero plantear esto por la decisión de ayer, Presidenta, y me gustaría que hubiera alguna posibilidad de que ella se reconsiderara de alguna manera.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Elizalde y luego el Senador García-Huidobro.
El señor ELIZALDE.-
Gracias, Presidenta.
Como usted sabe, yo no pude concurrir a la sesión de ayer porque estaba en cuarentena por ser contacto estrecho. Yo tengo asistencia de cien por ciento a las sesiones de Sala, así que estas van a ser las dos primeras inasistencias que voy a registrar, porque ayer se celebraron dos sesiones.
Y entiendo que tenía que quedarme en mi casa porque hay que ser empático. Existía el riesgo de que yo estuviera contagiado y, por tanto, de que yo contagiara.
Pero me parece que la forma en que se votó ayer da cuenta de una falta completa de empatía. Si no asumimos que estamos enfrentando una situación excepcional y no nos abrimos a una legislación, en este caso, una regulación adecuada, difícilmente vamos a actuar con los grados de solidaridad que se requieren en el contexto de la pandemia que nos ha afectado.
Presentamos junto a usted y otros Senadores este proyecto de reforma constitucional, que era mucho más simple: lo que exigía era un quorum alto de acuerdo a los Comités, para evitar que la regulación fuera de tal nivel casuística que la tuviéramos que reformar de nuevo. De hecho, esta es la tercera o cuarta reforma sobre esta materia que se discute en el Congreso Nacional.
Pero ello no fue posible porque no hubo voluntad en particular de una bancada y se tuvo que recurrir a esta fórmula con las tres causales explícitas, de las cuales se rechazó una causal que a mí me parece del todo relevante, cual es evitar que colegas nuestros arriesguen su vida viniendo a las sesiones de Sala. Así de simple.
Yo no pude ayer fundamentar mi voto. Estaba en mi casa; estuve en la sesión conectado. Pero no pude hablar -¡una cosa insólita!- porque aquí a los que no son Senadores se les da la palabra para que intervengan en sesiones de Sala y los que somos Senadores, porque estamos en cuarentena, no podemos intervenir por estar obligadamente en nuestras casas.
Pero este punto yo lo quería marcar, porque no me extrañaría que, incluso aprobándose esta reforma, en un par de semanas o meses tengamos que iniciar el debate por una nueva reforma que actualice otra vez esta regulación.
Así que solo quería expresar un llamado a los demás Senadores y Senadoras: tenemos que ser profundamente empáticos y solidarios en el contexto de la crisis y lo que estamos viviendo.
Y quiero citar otro caso concreto. El Senador García-Huidobro tuvo un accidente lamentable. Y estuvo postrado durante un buen tiempo y producto del voto telemático pudo pronunciarse. Pues bien, a mí me gustaría que esa fuera una norma permanente.
Por eso yo creo que hay que ir más allá de la pandemia, porque me parece insólito que, por un hecho azaroso, lamentable, se alteren las mayorías. Y en muchas legislaciones del mundo existe la posibilidad de participar y votar telemáticamente respecto de los parlamentarios que están enfermos.
Estamos hablando de una enfermedad transitoria, obviamente, pero que permite que su voz sea escuchada. Porque en el pasado fue un Senador de la UDI; el día de mañana podría ser un Senador de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD, da lo mismo. Lo concreto es que se altera la mayoría y la gracia de los sistemas democráticos, cuando hay sistemas proporcionales, es que el pueblo vota y elige a sus representantes, y eso no puede ser alterado por fuerza mayor, por una desgracia como la que vivió el propio Senador García-Huidobro, que podría haber sido cualquiera.
La Senadora Allende hizo expresa mención a la situación que a ella le afecta; para qué decir el Senador Soria. Por eso yo soy un convencido de que necesitamos una legislación moderna, que vele por la salud de los parlamentarios. Y en esto tengo una diferencia con la Senadora Ebensperger -por su intermedio, Presidenta-: no estamos hablando de salud incompatible con el cargo. Estamos hablando simplemente de personas que requieren un tratamiento especial debido a una situación que las ha afectado de manera personal.
Yo creo que hay que hacer un llamado para que ojalá tengamos una legislación a la altura de lo que se requiere y que garantice que la voz que los chilenos y las chilenas expresan en las urnas se exprese proporcionalmente en el Congreso Nacional, de manera que finalmente todos nuestros colegas puedan participar, independientemente de su situación personal vinculada a problemas de salud.
Es todo cuanto quería decir.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador.
Estamos, de hecho, haciendo las gestiones para que -y lo hemos conversado con unos colegas acá que conocen la lógica de la Cámara de Diputados- esto se pueda reponer en esa Corporación, lo podamos resolver aquí en el tercer trámite y sea ley. Ojalá nos vaya bien.
Vamos a dar la palabra al Senador García-Huidobro y pasamos a los proyectos de Fácil Despacho del día de hoy.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias, Presidenta.
No es por ese tema, porque eso ya quedó zanjado en el día de ayer.
Sin duda, yo utilicé el instrumento que tuvimos en ese momento, que nos permitió a todos quienes no podíamos concurrir a esta Sala ejercer nuestro derecho a voto, pero es muy distinto estar compartiendo aquí que estar compartiendo por Zoom; ustedes han sido testigo de eso.
Esa discusión se dio en el día ayer. Creo que fue bien interesante, pero en esto tenemos que tomar decisiones conforme a lo que son las votaciones en cada una de las Cámaras.
Presidente, solamente en el día de ayer estuvimos viendo la situación de la prórroga del mandato de las organizaciones sociales de nuestro país. Esto ya se vio, hay un certificado y viene aprobado de la Comisión de Gobierno de la misma forma como lo envió la Cámara. Y eso incluiría, igual como en el trámite anterior, a los partidos políticos. Por lo tanto, lo importante sería, ojalá, despacharlo de la misma forma para que pueda ser ley lo antes posible, para impedir un tercer trámite. Así que esa es la información que me entregó el Secretario de la Comisión con el fin de que podamos votarlo ahora
Solamente eso, Presidente. No sé si le parece.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bien, vamos a pasar, entonces, a la tabla de Fácil Despacho.
Una vez que llegue el certificado del proyecto en cuestión y tengamos la información, veremos qué hacemos.
Señor Secretario, entiendo que tenemos que ver un proyecto sobre tabla, como anunció usted en los acuerdos de Comités.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Así es, señor Presidente. Ese proyecto quedó en segundo lugar.
INTERPRETACIÓN DE LEY DE INDESPA EN LO RELATIVO A BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en Fácil Despacho, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Quinteros, Elizalde, Pugh y Sandoval, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.639-21) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley tiene por objeto interpretar las normas de la ley Nº 21.069, que crea Indespa, referida a los beneficiarios de la entidad, en el sentido de que la referencia a las organizaciones de pescadores artesanales incluye también a las organizaciones de base y de segundo y tercer nivel.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura hace presente que trató el proyecto en general y en particular en el presente trámite reglamentario de primer informe, por aplicación del artículo 127 del Reglamento del Senado, y propone a la Sala que sea considerado del mismo modo.
La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó el proyecto de ley en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 7 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
El Presidente de la Comisión, Senador Rabindranath Quinteros, tiene la palabra para rendir el informe.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidente.
Tal como lo señaló el Secretario, el presente proyecto corresponde a una moción presentada por el suscrito y los Honorables Senadores señores Elizalde, Pugh y Sandoval.
Su objetivo es interpretar el artículo 11 de la ley Nº 21.069, que crea Indespa, respecto de los beneficiarios de la entidad, en el sentido de que la referencia a las organizaciones de pescadores artesanales incluye a las organizaciones de base y de segundo y tercer nivel o grado.
Esta moción surgió a partir de una interpretación restrictiva que ha hecho Indespa respecto del alcance de los beneficiarios de sus programas y que se traduce en la exclusión de organizaciones de pescadores artesanales de segundo o tercer grado, vale decir, federaciones o confederaciones, considerando solo como eventuales beneficiarios a las entidades de base, como son los sindicatos.
Cabe señalar que la ley que creó Indespa traspasó a esta entidad la administración de una serie de fondos que antes gestionaban Subpesca o Sernapesca, sin que existiera la intención de modificar a los destinatarios de estos fondos que tradicionalmente han incluido a las entidades de segundo y tercer nivel.
Sin embargo, el artículo 11 de dicha ley estableció que solo podrán ser beneficiarios de las acciones o prestaciones de Indespa los pescadores artesanales con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal, los acuicultores de pequeña escala con inscripción vigente en el Registro que llevará Sernapesca y las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala y legalmente constituidas.
En la historia de la ley N° 21.069 queda claro que el sentido de la norma que se refiere a organizaciones conformadas -abro comillas- "exclusivamente" por pescadores artesanales era excluir a personas de actividades diferentes no inscritas en los registros pesqueros respectivos y no descartar a organizaciones de pescadores artesanales de segundo y tercer grado, que tienen como socios a otras organizaciones de base y que siempre han sido beneficiarias de estos programas.
En virtud de lo anterior se propone la interpretación auténtica del artículo 11, en el sentido de que la referencia a las organizaciones de pescadores artesanales incluye a las organizaciones de base y de segundo y tercer nivel. Esta norma permitirá destrabar la dictación del reglamento respectivo de Indespa y la participación de las entidades de segundo y tercer grado en los fondos que administra este servicio, tal como ha sido la práctica en este sector.
El Ejecutivo ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, la que también ha sido respaldada por las organizaciones de pescadores artesanales.
La Comisión procedió a votarla en general y en particular, y fue aprobada por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval, y se solicita a esta Sala aprobarla de la misma forma.
Es cuanto puedo informar, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador.
¿Habría acuerdo para aprobarla de forma unánime?
--Así se acuerda.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Despachado el proyecto, Senador Quinteros.
Correspondería ir al segundo proyecto en Fácil Despacho, iniciado en moción de los señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de la Comisión del Mercado Financiero de dar cuenta pública anual al Senado.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Ese quedó afuera.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
¿Quedó afuera?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Ese es el que reemplazamos.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bueno.
Vamos, entonces, al número 3.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
No, Presidente.
Lo cambiamos por el de las mujeres embarazadas y teletrabajo. Ese es el número 2, y viene ahora.
El señor COLOMA.-
¿Qué pasó con el segundo proyecto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Lo sacaron de tabla las Comisiones.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Conforme a los acuerdos de Comités del día de hoy, de los cuales se dio cuenta en Sala, el proyecto sobre el mercado financiero, en segundo lugar de la tabla de Fácil Despacho, fue reemplazado por el siguiente.
MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA PARA MUJERES EMBARAZADAS EN CASO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR CALAMIDAD PÚBLICA O DE ALERTA SANITARIA
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de las Honorables Senadoras señoras Sabat, Allende, Goic, Muñoz y Rincón, que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo, para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de alerta sanitaria decretado por la autoridad competente, por causas del COVID-19.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.611-13) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Este proyecto de ley tiene por objetivo modificar el Código del Trabajo para resguardar la salud de las mujeres trabajadoras que estén embarazadas, en caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, en el territorio que se haya determinado, disponiendo la obligación del empleador de ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un proyecto de artículo único; y acordó, unánimemente, proponer a la señora Presidenta que en la Sala sea considerada del mismo modo.
La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Galilea, Letelier y Navarro. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y votación que consigna en su informe.
Asimismo, la Comisión propone a la Sala el cambio del nombre administrativo de la iniciativa por el siguiente: "Proyecto de ley que modifica el artículo 202 del Código del Trabajo, para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una alerta sanitaria por causa de una epidemia o pandemia".
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 6 y 7 del informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias.
Senadora Goic, tiene la palabra brevemente para entregar el informe, e ir despachando los proyectos, ya que tenemos muchos en la tabla de hoy.
La señora GOIC.-
Gracias, Presidente.
Este proyecto de ley inició su tramitación legislativa el 28 de septiembre del 2021, el año pasado, mediante una moción -tal cual como se ha señalado- de la Senadora Sabat y de las Senadoras Allende, Muñoz, Rincón y quien habla, con la finalidad de ocuparse de la situación que están enfrentando las mujeres trabajadoras embarazadas, una vez que se ha puesto término al estado de excepción constitucional.
Al respecto, corresponde recordar que la ley N° 21.260 reguló en el inciso final del artículo 202 del Código del Trabajo el caso de las trabajadoras embarazadas en un estado de excepción constitucional de catástrofe, estableciendo la posibilidad del trabajo a distancia o teletrabajo para ellas.
Pero el estado de excepción finalizó y solo existe una alerta sanitaria, de modo que es necesario reformular el inciso final del artículo 202 del Código del Trabajo, con la finalidad de darle protección a la salud de las mujeres trabajadoras que estén embarazadas, tanto en caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, como también en caso de declararse una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.
En consecuencia, el artículo 202 del Código del Trabajo, que se preocupa de la salud y bienestar de la trabajadora embarazada, se complementa con una norma general, aplicable a la realidad actual como a la que pueda suceder en el futuro, disponiendo una obligación para el empleador de ofrecer a la trabajadora, en los casos de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o de una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de sus remuneraciones.
Asimismo, se introduce el concepto del territorio en el que la autoridad haya determinado la aplicación de las medidas, lo que permite delimitar el alcance territorial de los efectos de la declaración de estado de excepción o de alerta sanitaria, pues estas pueden ser declaradas en una zona específica del país, de modo que el beneficio que propone el proyecto sea ejercido por las trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en la respectiva región.
Señora Presidenta, llamo a los colegas y las colegas a votar en forma favorable esta iniciativa de ley, al igual que lo hicimos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social los Senadores Galilea, Letelier, Navarro y quien les habla, respecto de la idea de legislar, y Senadores Guillier y Letelier y quien habla en la votación en particular, atendiendo el bien jurídico de protección de la maternidad y de las mujeres trabajadoras embarazadas que, indudablemente, compromete e incumbe a toda nuestra sociedad.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Goic.
¿Habría acuerdo para aprobarlo de manera unánime?
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Pasamos al siguiente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
AUTORIZACIÓN A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En tercer lugar de la tabla de Fácil Despacho, la señora Presidenta pone en discusión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional, desde el 25 al 28 de enero de 2022, conforme al itinerario que señala, en la República de Colombia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República.
--A la tramitación legislativa de este oficio (boletín S 2.236-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
De acuerdo a la referida solicitud, el itinerario considera la salida del Primer Mandatario desde Santiago con destino a la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el 25 de enero de 2022, para participar en las Cumbres de Presidentes y Ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico y Prosur, que se realizarán en las ciudades de Buenaventura y Cartagena de Indias, respectivamente. Su regreso está previsto para el 28 de enero en curso.
Del mismo modo, se informa que durante su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública.
La Sala del Senado, en sesión de 11 de enero de 2022, remitió dicha solicitud para su conocimiento por la Comisión de Relaciones Exteriores, instancia que, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Chahuán, Letelier, Moreira y Pizarro, acordaron recomendar a la Sala otorgar su aprobación a la solicitud de autorización en trámite.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Le daremos la palabra al Senador Jorge Pizarro, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor PIZARRO.-
Gracias, Presidenta.
Brevemente, para agregar a lo manifestado por nuestro Secretario, aparte de los antecedentes legales, que el artículo 25, incisos tercero y cuarto de la Constitución, dispone que "El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de treinta días ni a contar del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado". ¿Cuál es ese? El que establece que el Presidente debe solicitar la autorización del Senado para los efectos de salir del país en visita oficial.
Dentro del informe que entregó en la Comisión el señor Canciller, don Andrés Allamand, se señala que el motivo de la visita a Colombia es la reunión anual que tiene la Alianza del Pacífico, iniciativa con la que nuestro país se encuentra comprometido por ser uno de sus fundadores, y que hasta el día de hoy ha tenido importantes avances en materia de acuerdos comerciales con Asia Pacífico.
Fundamentalmente partió con México, Colombia, Perú y Chile, y se han ido incorporando otros países, incluso desde la propia Europa.
Junto con eso, informó, además, que coincide con una reunión de Prosur, que es el día jueves 27 de enero, en Colombia.
El señor Canciller dio a conocer que el Presidente, en la práctica, va a estar solo un día fuera del país, y que el resto de la solicitud tiene que ver con el tiempo que toman los desplazamientos.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad la solicitud y acordó recomendar a la Sala otorgar la autorización.
Es lo que puedo informar a Sus Señorías.
Muchas Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
¿Si le parece a la Sala?
Gracias.
--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República para ausentarse del país en el período indicado.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Me han pedido la palabra el Senador García-Huidobro y la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
No.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿No?
Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador García-Huidobro
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Presidenta, es solo para reiterar la posibilidad de que veamos en Fácil Despacho el certificado que llegó de la Comisión de Gobierno respecto a la postergación de los mandatos de las organizaciones vecinales.
Quisiera señalar que la duda que teníamos ayer, que planteó el Senador Prohens, quedó aclarada en el sentido de que se incluye a todas las organizaciones.
Por lo tanto, resuelto anterior, sería importante despacharlo, tal como lo hizo la Cámara de Diputados.
Esa es la petición, para que podamos hacerlo ley lo antes posible, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Según lo que me dijo el colega, incluye a todas las organizaciones y es voluntario el acogerse o no.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Así es.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, tomaríamos el acuerdo para verlo en Fácil Despacho, incorporándolo en la tabla.
La señora ALLENDE.-
¿Cuál era?
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Es el proyecto que prórroga la vigencia de las organizaciones sociales en el mandato.
¿Se acuerdan que ayer teníamos una duda?
Si hubiera acuerdo, tendríamos que pedir que se rindiera el informe.
Acordado.
PRÓRROGA DE MANDATO DE JUNTAS DE VECINOS Y OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEBIDO A PANDEMIA POR COVID-19
La señora RINCÓN (Presidenta).-
¿Senador Insulza?
El señor INSULZA.-
Se han cumplido todos los requisitos, incluso el informe del señor Secretario y del señor Presidente de la Comisión, que es lo que probablemente habría resuelto el problema ayer, si hubiera sido de otra manera.
Gracias, Presidenta.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.747-06) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Buenas tardes a todas y todos.
Presidenta, como ayer la Mesa del Senado pidió que el proyecto volviera a la Comisión de Gobierno, esta lo vio hoy día y lo votó de manera unánime.
Lo que hicimos, Presidenta, fue votar el proyecto tal como venía, porque, de lo contrario, estaríamos obligados a un tercer trámite, lo que efectivamente haría mucho más complejo abordar el tema.
Entonces, quiero sugerir que veamos esto y que ojalá fuera sancionado, porque ya fue votado unánimemente en la Comisión. Hay acuerdo absoluto no solo para colocarlo hoy día en tabla, sino para sancionarlo y de esta manera permitir que estas organizaciones sociales puedan ver el beneficio ahora ya, porque está todo el proceso detenido y se requiere que esto se aplique de manera urgente.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
Entonces, habiendo acuerdo de la Sala, pido la unanimidad para que quede en tabla y se apruebe, para ambas cosas.
¿Si le parece a la Sala?
Gracias.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Pasamos, entonces, al Orden del Día.
Señor Secretario.
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO, AUMENTO DE ESTÁNDARES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCCIÓN DE PRINCIPIO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN COMPRAS DEL ESTADO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En el primer lugar de la tabla del Orden del Día, la señora Presidenta pone en discusión en general el proyecto, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley Nº 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.137-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Esta iniciativa tiene por objetivo profundizar y desarrollar el proceso de modernización del gasto público que el Estado ha emprendido desde la creación del Sistema de Compras Públicas, elevando sus estándares de probidad y transparencia, mejorando la eficiencia e incorporando la innovación, el análisis de necesidad y los principios de economía circular, como también perfeccionando el funcionamiento del Tribunal de Compras y Contratación Pública y las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública en el Sistema de Compras Públicas, y finalmente, promoviendo la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de contratación pública.
La Comisión de Economía hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, discutió solamente en general esta iniciativa de ley, aprobando la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Aravena y señores Durana, Elizalde y Pizarro.
Asimismo, hace presente que los numerales 2; 26, letras a), b) y c); 27; 30; 33, respecto del inciso segundo del artículo 25 ter; 35, respecto de los artículos 26 quinquies y 26 sexies que se proponen, todos numerales del artículo 1º; y los artículos 3º y 8º permanentes del proyecto, requieren de 25 votos favorables para su aprobación por tratarse de normas orgánicas constitucionales.
Por su parte, el numeral 23, letra b), del artículo 1º de la iniciativa requiere de 22 votos a favor para su aprobación por tratarse de una norma de quorum calificado.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 115 y siguientes del informe de la Comisión de Economía, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Gracias, Presidenta.
Voy a dar lectura al informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la ley Nº 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.
La Comisión de Economía tiene el agrado de informar este proyecto de ley iniciado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de "suma".
Se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus integrantes presentes (4x0).
El proyecto tiene como objetivo lo que se destaca en el mensaje: profundizar y desarrollar el proceso de modernización del gasto público que el Estado ha emprendido desde la creación del Sistema de Compras Públicas, elevando sus estándares de probidad y transparencia, mejorando la eficiencia e incorporando la innovación, el análisis de necesidad y los principios de la economía circular.
También, perfecciona el funcionamiento del Tribunal de Compras y Contratación Pública y las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública en el Sistema de Compras Públicas.
Finalmente, promueve la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública.
La Comisión celebró diversas audiencias para escuchar los planteamientos de los representantes del Ejecutivo y de otros numerosos invitados, los que están señalados en el informe respectivo.
Luego, la Comisión recogió los aspectos centrales de los distintos puntos de vista planteados y, en el entendido de que el proyecto debía modificarse en diversos aspectos, se formularon propuestas de indicaciones con el objeto de hacerlas llegar al Ejecutivo, dado que muchas materias son propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Para lograr estos acuerdos, se formó una mesa de trabajo en conjunto con representantes del Gobierno.
Uno de los invitados fue el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, cuya presentación marcó el debate, dado que abordó de manera crítica cinco aspectos del proyecto, a saber:
Primero, ámbito de aplicación del proyecto de ley. Respecto a los órganos administrativos, se extiende el ámbito de aplicación de la ley a corporaciones, fundaciones y asociaciones de participación municipal y regional, y fundaciones en las que participe la Presidencia de la República. Lo anterior constituye un avance, pero se excluyen otras corporaciones y fundaciones que no dependen de la Presidencia de la República, como los Institutos Tecnológicos del Estado: Infor, Ciren, INN y otros.
Es decir, la incorporación de estas instituciones a la normativa de esta ley es insuficiente.
El inciso quinto del artículo 1º establece que solo será aplicable el Capítulo VII de la ley a los organismos del Estado no incluidos en los incisos anteriores, tales como el Banco Central, las empresas creadas por ley o las sociedades en que el Estado tenga participación. Al respecto, no queda claro cuáles son los "organismos del Estado no incluidos". No se advierte fundamento que explique el establecimiento de un régimen diferenciado para el Banco Central, en circunstancias de que se establece un régimen para órganos especiales.
Se crean regímenes paralelos que excepcionan a los órganos de las normas aplicables, o incluso siéndoles aplicables un capítulo en el mismo se van estableciendo excepciones específicas, por entidad o tipo de contrato.
Lo anterior, hace difícil la determinación de las reglas aplicables a la contratación para los organismos compradores.
El Contralor enumeró las consecuencias de aplicar esta norma respecto de distintos ámbitos: primero, para la Administración del Estado, en que señala que queda igual a como está hoy; segundo, para las corporaciones y fundaciones municipales y regionales, en que se avanza en la aplicación de la ley de compras; en tercer lugar, para los otros Poderes del Estado, en que se establece un sometimiento voluntario a la ley, y, en cuarto lugar, para las empresas públicas creadas por ley, que son excluidas del proyecto, a excepción de algunas normas de probidad, que en realidad tampoco se les aplican.
En conclusión, las normas sobre el ámbito de aplicación contenidas en el proyecto son claramente insuficientes y van en contra de la tendencia comparada y de las recomendaciones de todos los organismos internacionales.
Segundo, procedimientos de compra.
El proyecto potencia a las pymes sobre el supuesto de que el procedimiento de adjudicación sea la licitación pública. Sin embargo, todos los procedimientos de contratación están puestos en igualdad de condiciones, con las siguientes consecuencias de aplicar estas normas:
1.-
El proyecto deja en el mismo nivel la licitación pública con los demás procedimientos de contratación.
2.-
Además, exige fundar la decisión de licitación pública.
3.-
Lo anterior contraviene el artículo 9° de Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece la licitación pública como regla general.
4.-
El proyecto en la práctica previsiblemente afectará de manera negativa a la libre competencia y a las pymes.
5.-
No se avanza en limitar las causales de trato directo. Sobre el particular, señaló ejemplos de mal uso de la causal de emergencia como causal de trato directo.
6.-
La compra ágil, la compra por cotización y el convenio marco son en realidad formas de trato directo.
En conclusión, las normas sobre procedimientos de contratación contenidas en el proyecto de ley favorecen el trato directo y los procedimientos especiales de contratación, lo que contraviene el principio de probidad y la libre competencia.
Tercero, control en la decisión de compra.
El problema de la compra viene dado por la decisión de compra, y el proyecto no establece incentivos ni mecanismos para su control. Es necesario dotar de mayor densidad normativa y control al proceso de decisión y preparación de la contratación administrativa
El informe del artículo 13 ter del Reglamento de Compras debiese tener rango legal y definir criterios para determinar qué contratos revisten gran complejidad y establecer el monto respecto del cual se va a exigir el informe.
Sobre la base de lo anterior, formuló las siguientes sugerencias:
a) Evaluar la decisión de compra en función con el Plan Anual de Compras.
b) Evaluar los costos financieros en el corto y largo plazos, considerando el ciclo de vida útil del bien a adquirir: por ejemplo, vehículos y software.
c) Las compras cuantiosas debiesen estar ancladas a un plan estratégico de desarrollo de la institución.
d) La decisión de compra debiese ser fiscalizable.
A modo de conclusión señaló que el proyecto de ley no avanza en un aspecto tan esencial del proceso de licitación como es el de decisión de compra.
Cuarto, institucionalidad en materia de compras.
El proyecto contempla a lo largo de su articulado una serie de infracciones, supuestamente sancionables; sin embargo, no señala quién tiene esta potestad y su procedimiento de aplicación.
Asimismo, considera la remisión y/o denuncia ante la Contraloría General de la República; pero esta carece de potestades sancionadoras. La Dirección de Compras debiese actuar coordinadamente con la Contraloría General de la República.
En tal sentido, propone una norma de cierre con el Tribunal de Contratación Pública, con una clara definición entre lo administrativo (probidad) y lo que corresponde a la sede judicial (contractual). Sugirió evaluar un procedimiento previo de agotamiento de la vía administrativa. La judicialización excesiva afecta los costos de transacción de las pymes.
Quinto, el Contralor se refirió a las reglas de probidad, transparencia y conflicto de intereses.
A su juicio, el modo de regulación tiene errores de forma y fondo.
Como errores de fondo profundizó lo siguiente.
El actual artículo 4° prohíbe a los órganos de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que este tenga participación, suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -prohíbe hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad-, ni con sociedades de personas de las que aquellos o estas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
El proyecto de ley establece una norma general para todo el Estado, el artículo 35 quater: "Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con funcionarios del mismo organismo cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas a aquellos por los vínculos de parentesco en primer grado de consanguinidad o afinidad ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que dichos funcionarios formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones", y otras.
Es decir, se extiende a todos los funcionarios del organismo, pero respecto de sus parientes solo hasta el primer grado, lo que representa un retroceso en cuanto a la regulación actual.
Con relación a las empresas públicas, Banco Central y MOP, el artículo 35 quater, inciso segundo, indica: "A los organismos señalados en el inciso quinto del artículo 1° y a los contratos del Ministerio de Obras Públicas señalados en el artículo 3°, letra e), la prohibición señalada en el inciso anterior solo se les aplicará respecto de sus funcionarios directivos, sus cónyuges o conviviente civil, y a las personas jurídicas de las que forme parte, bajo las condiciones señaladas en dicho inciso.".
Es decir, limita la prohibición a los funcionarios directivos solo respecto de su cónyuge o conviviente civil, y a las personas jurídicas de que formen parte. Por tanto, en una empresa del Estado, o en el Banco Central, o en un contrato de obra pública será lícito contratar con el hermano, el padre o madre, el cuñado, el suegro, etcétera.
En consecuencia, sus comentarios finales fueron los siguientes.
Las compras públicas son "el elemento clave" para el cuidado y buen uso de los recursos públicos, y, por ende, para la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La modernización de la legislación de compras públicas reviste gran importancia debido a la ley Nº 19.886, que data de 2003.
El estudio de la Radiografía de la Corrupción en Chile da cuenta de que las compras públicas son el principal foco de corrupción; por lo tanto, es relevante fortalecer la integridad en este sector.
En realidad, la legislación debiese ser obligatoria para todas las compras realizadas con fondos públicos, poniendo el foco en el origen de los recursos y no en la entidad que compra.
La OCDE recomendó simplificar el sistema de contratación pública y su marco institucional, y no al revés.
Es necesario dotar de mayor densidad normativa y control al proceso de decisión y preparación de la contratación administrativa; y el proyecto retrocede, por tanto, en las exigencias de probidad respecto de las empresas del Estado.
Antes de la votación en general, la Comisión escuchó nuevamente al Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Weber, quien comunicó el acuerdo de trabajar conjuntamente en modificaciones al proyecto de ley que moderniza el sistema de compras públicas en las siguientes materias:
-Ámbito de aplicación de la Ley de Compras Públicas.
-Procedimientos de compra.
-Normas de probidad y transparencia.
-Medidas en favor de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales, y
-Otras medidas.
Expuesto lo anterior, y dada la visión muy crítica que se formó la Comisión en cuanto a este proyecto de ley, sin embargo, fue aprobado en general por la unanimidad de los integrantes presentes (4x0), Senadores señora Aravena y señores Durana, Pizarro y quien habla, con el compromiso explícito del Gobierno de patrocinar las indicaciones que se presentaron en el contexto de la mesa de trabajo.
En síntesis, siendo muy críticos acerca del contenido específico del proyecto, pero compartiendo su objetivo general, y con el compromiso de presentar un número significativo de indicaciones para su perfeccionamiento, el cual fue adquirido con los representantes del Ministerio de Hacienda, la Comisión finalmente decidió votar a favor en general esta iniciativa, y es lo que sugiere a la Sala.
Es todo cuanto puedo informar, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Elizalde.
La Senadora Goic me ha pedido la palabra.
El señor PIZARRO.-
¡Presidenta!
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Es por reglamento, Senador Pizarro.
Luego le daré la palabra a usted.
La señora GOIC.-
Presidenta, le pido abrir la votación altiro, por favor.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, abriremos la votación, manteniendo los tiempos.
Acordado.
En votación.
(Durante la votación).
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Senador Pizarro, tiene la palabra.
La Senadora Provoste también se inscribió para intervenir después del Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Efectivamente, tal como informó el Presidente de la Comisión, Senador Elizalde, la necesidad de modernizar el sistema de compras públicas ha sido parte del debate de los últimos años en las diversas leyes de Presupuestos. No hay que olvidar que el 20 por ciento del presupuesto fiscal se destina a compras públicas, y, por lo tanto, requiere especial atención y mayor transparencia, probidad, y un objetivo fundamental es que constituya, además, un buen apoyo para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las regiones.
A nosotros nos llamó la atención que en la Cámara de Diputados el proyecto tuviera un trámite sumamente rápido, y cuando llegó al Senado fue visto por la Comisión de Economía y también en parte por la de Hacienda, y en el proceso de diálogo con distintas organizaciones en audiencias públicas pedimos opiniones de instituciones como la Contraloría General de la República; la Fiscalía Nacional Económica; de expertos; de instituciones de la sociedad civil, como Espacio Público, la Fundación Observatorio Fiscal; de diversos gremios de pymes, quienes coincidieron en la debilidad del proyecto de ley en materia de respeto a las normas de probidad, especialmente respecto de aquellos que toman las decisiones de compras públicas en las diversas entidades. Ello hacía necesario ampliar el ámbito de la ley a las corporaciones municipales; definir mejores políticas propymes; incentivar planes anuales de compras públicas; reforzar el Tribunal de Contratación Pública, entre otras materias que fueron cuestionadas fuertemente en relación con la iniciativa del Ejecutivo.
Las críticas del señor Contralor acerca del debilitamiento de las normas sobre probidad del proyecto original del Gobierno gatillaron la decisión unánime de la Comisión de Economía, a inicios del mes de noviembre, de emplazar al Ejecutivo para demostrar una voluntad política de modificar la iniciativa primitiva en la línea de fortalecer la probidad, la transparencia y una política propymes.
Se conformó una mesa de trabajo técnico, con asesores nuestros de la Comisión, con dirigentes de las pequeñas y medianas empresas, con expertos, con representantes de Hacienda y ChileCompra, quienes durante varias sesiones buscaron concordar un acta de cambios para introducir en el proyecto de ley mayor modernización, lo cual permitió aprobarlo en general por unanimidad en dicha instancia.
También se pide, por parte de la Comisión de Economía, la aprobación en general ahora en la Sala sobre la base del compromiso de Hacienda de cumplir esta acta de acuerdos, que se traduce en indicaciones para que sea votado en particular en ella y luego en la Sala.
En cuanto a esta acta con los acuerdos para aprobar en general la modernización de compras públicas, es necesario destacar lo siguiente.
Luego de reunirse los asesores de la Comisión de Economía del Senado, se acordó trabajar conjuntamente en las siguientes modificaciones al proyecto de ley:
En el ámbito de aplicación de la Ley de Compras Públicas:
-Ampliar la aplicación de la Ley de Compras Públicas de manera obligatoria a las corporaciones o fundaciones municipales y aquellas de las que participen organismos de la Administración del Estado, señaladas en el reglamento.
-Establecer que los organismos con autonomía constitucional indicados en esta ley deberán a la entrada en vigencia de ella realizar sus compras y adquisiciones a través del sistema de compras públicas, salvo en casos fundados.
Respecto de los procedimientos de compras se propone:
1.-
Reforzar el carácter de regla general de la licitación pública, eliminando la necesidad de fundamentar su aplicación.
2.-
Reformular el actual procedimiento de trato directo de la siguiente forma:
-Cambiar su denominación a "Contratación de proveedor particular con publicidad" u otra que exprese que se trata de un procedimiento no competitivo y excepcional.
-Limitar sus causales a la contratación de bienes y servicios en situaciones de urgencia o emergencia, cuando se realicen contrataciones en el extranjero; cuando exista un único proveedor del bien o servicio que se quiere adquirir, y aquellas señaladas en el reglamento.
-Precisar la causal de contratación de bienes y servicios en circunstancias de emergencia, para evitar que se generen abusos en su implementación.
También se busca modificar las definiciones de procedimientos especiales de contratación, fijando sus objetivos; cambiar el concepto de "plan anual de compras" y permitir a ChileCompra exigir su modificación a los organismos de la Administración cuando se vulnere la Ley de Compras Públicas, sin que ello implique inmiscuirse en el mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones de compra de las entidades compradoras.
Además, se persigue aumentar el umbral establecido para utilizar el procedimiento de compra ágil, centrándolo en los proveedores de menor tamaño.
En cuanto a las normas sobre probidad y transparencia, busca determinar de manera uniforme para la Administración del Estado, los órganos con autonomía constitucional, el Banco Central y las empresas públicas, la prohibición de contratar para sus directivos, las sociedades de las que ellos participen directamente o como beneficiarios finales, o sus parientes hasta el tercer grado, con la entidad de la que formen parte, por el período en que trabajen en ella, y hasta seis meses desde su desvinculación.
Asimismo, se pretende establecer la prohibición para contratar con el organismo en que trabajan, para los funcionarios que participen en los procesos de compra, las sociedades en que estos participen directamente o como beneficiario final, y sus parientes hasta el segundo de consanguinidad o afinidad.
De igual modo, se busca incorporar a los funcionarios señalados en el párrafo anterior y a los funcionarios directivos de la Dirección de Compras y Contratación Pública al listado de personas fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero.
Se persigue ampliar la inhabilidad para contratar con el Estado a los condenados por cohecho, para aquellas empresas condenadas por este delito en el extranjero; extender a agentes públicos la obligación de declaración jurada de ausencia de conflictos de intereses; perfeccionar el Registro de Proveedores, incorporando información sobre sus beneficiarios finales, utilizando la información existente en los demás organismos del Estado.
Por último, se busca establecer que ChileCompra deberá monitorear el desarrollo de este procedimiento de contratación, y dictar circulares vinculantes para los organismos de la Administración a fin de velar por su correcta aplicación.
Con respecto a las medidas en favor de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales, se acuerda:
-Crear un título VIII sobre promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y proveedores locales en el sistema de compras públicas.
-Establecer como función de ChileCompra promover la participación de las pymes, en coordinación con Corfo y el Ministerio de Economía.
-Determinar que no solo ChileCompra, sino que todos los órganos del Estado deberán promover la participación de empresas de menor tamaño y los proveedores locales en el mercado público, y la desconcentración en montos o cantidades de bienes o servicios a adquirir en las adjudicaciones que realicen.
-Fijar un procedimiento de compra ágil que será realizado con preferencia para empresas de menor tamaño y proveedores locales.
-Facilitar la incorporación de empresas de menor tamaño en el Registro de Proveedores, para lo cual los distintos organismos públicos que mantengan dicha información, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y la Tesorería General de la República, deberán entregar la información necesaria a la Dirección de Compras y Contratación Pública.
-Realizar una consulta pública de toda instrucción de ChileCompra que pueda afectar a las empresas de menor tamaño.
-Aumentar el umbral para la exigencia de garantías de seriedad y fiel cumplimiento, y regular el pago oportuno a proveedores.
Se busca, entre otras medidas, también, aumentar número de jueces del Tribunal de Contratación Pública, de tres a seis.
-Mejorar la regulación de la subcontratación.
-Suprimir el capítulo VIII que propone el proyecto de ley, sobre el Consejo Asesor de ChileCompra.
-Establecer que la Contraloría General de la República emitirá anualmente un informe en el cual califique el ejercicio de las facultades normativas de ChileCompra y la facultad de suspender procesos, pudiendo dictar recomendaciones para su correcto ejercicio.
-Regular la aplicación de multas y otras medidas a proveedores, estableciendo principios de tipicidad, proporcionalidad, contradictoriedad y debido proceso.
Esta acta de acuerdo es un compromiso común entre el Ministerio de Hacienda -fue ratificado por Subsecretario Weber- y los Senadores para presentar indicaciones comunes en esta dirección. Eso permitió destrabar el proyecto en la Comisión de Economía del Senado en noviembre pasado, el cual fue aprobado en general, y los equipos técnicos han seguido trabajando para traducir en indicaciones los temas del acta en el debate particular.
Nuestro llamado al Ejecutivo, Presidenta, es que se cumpla el acta de acuerdo, lo que facilitará la tramitación en general ahora y en particular en las próximas semanas.
Existe consenso en este Senado en que un sistema de compras públicas que transa el 20 por ciento del presupuesto fiscal -estamos hablando de alrededor de 15 mil millones de dólares- requiere más transparencia, más probidad y también apoyar a las pequeñas empresas, especialmente en regiones. Y aquí se abre la oportunidad de seguir avanzando en esa dirección con las indicaciones que se están trabajando.
Esa es la razón, Presidenta, por la cual los miembros de la Comisión de Economía pedimos a la Sala aprobar en general este proyecto, fijando plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 28 de febrero, a las 12, en la Secretaría de la Comisión.
He dicho, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senador Jorge Pizarro.
Tiene la palabra la Senadora Provoste, y luego se la daré a las Senadoras Aravena y Órdenes y los Senadores Kast y Durana.
La señora PROVOSTE.-
Modernizar la Ley de Compras Públicas dándole énfasis a promover a las pequeñas y medianas empresas, a reducir los tratos directos, a evitar los actos de corrupción en las grandes compras públicas ha sido una materia que ha estado en la conversación ciudadana en los últimos años, especialmente cuando hemos debatido las últimas Leyes de Presupuestos.
Los diversos gremios de pequeñas y medianas empresas -y aprovecho de hacerles un reconocimiento muy especial, en particular a Unapyme y Convergencia Pymes- han reclamado que las compras públicas debieran ser un sistema donde exista una política para desarrollar a los proveedores pymes, específicamente en regiones, y no solo adjudicar, de manera centralizada y por menor precio, pues ello siempre termina favoreciendo a las grandes empresas de Santiago.
Este no es un tema menor -lo decía el Senador Pizarro-, ya que el 20 por ciento del presupuesto fiscal se destina a las compras públicas, y por lo tanto es imperativo y urgente actualizar la legislación ante los problemas que han surgido en los últimos años.
El proyecto original del Gobierno sobre compras públicas, aprobado por la Cámara de Diputados en junio recién pasado, era un mal proyecto. Claramente, no resolvía estos temas, e incluso el Contralor Bermúdez señaló en las audiencias públicas de la Comisión de Economía del Senado que debilitaba las licitaciones públicas y que también significaba un retroceso en las normas de probidad. Además, no incluía políticas propymes y tampoco colocaba cortapisas a los tratos directos.
Por eso se estructuró un consenso amplio en cuanto a que el proyecto original del Gobierno era un mal proyecto, y yo felicito este espíritu transversal de exigir rectificaciones a los Ministerios de Economía y de Hacienda.
De manera unánime la Comisión de Economía del Senado respaldó los planteamientos críticos del Contralor General de la República, así como la voz de las pymes y de los diversos actores sociales que reclamaron cambiar la propuesta del Gobierno.
El acta de acuerdo de dicha Comisión con el Ministerio de Hacienda, de noviembre del año recién pasado, enumera un conjunto de cambios que requiere la Ley de Compras Públicas, y es una buena señal que haya sido exigida transversalmente al Gobierno.
Tenemos que ser capaces de aumentar los controles sobre un sistema que mueve una cantidad muy importante de recursos del presupuesto fiscal. Esto exige transparencia y probidad en el manejo.
Yo espero que Hacienda cumpla el acta de acuerdo y presente indicaciones orientadas a favorecer a las pequeñas y medianas empresas y a establecer más controles respecto de quienes toman decisiones en las compras públicas en las instituciones reguladas por la ley.
Las empresas de menor tamaño han planteado que se debe reforzar el protagonismo de las pymes -se lo hemos escuchado permanentemente a Gianina Figueroa, presidenta de uno de los gremios más importantes- en el Sistema de Compras Públicas; que el mecanismo de Compra Ágil, hasta 100 UTM, debe ser solo para las pequeñas empresas proveedoras, y que debe haber apoyo para las pymes regionales.
También es destacable que en el acta de acuerdo se haya coincidido en disminuir los tratos directos, que según diversos informes de Contraloría son fuente de corrupción, como ha ocurrido en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, en Subsecretarías como la de Prevención del Delito, y como ocurrió, en algunas regiones, con la compra de las cajas de alimentos durante la pandemia.
Otro avance importante es que se hayan recogido las advertencias de la Contraloría en orden a reforzar las normas de probidad y los controles a las personas que toman decisiones en materia de compras públicas, como la actualización semestral de la declaración de intereses y patrimonio de los encargados de compras públicas de los servicios públicos y el hecho de que también sean sujetos de control de la Unidad de Análisis Financiero.
Que tengamos un registro de los beneficiaros finales de los proveedores del Estado, que se refuerce la denuncia por conflictos de interés, que se refuerce la licitación pública como mecanismo de adjudicación, son medidas que siempre hemos propuesto para que vaya disminuyendo la corrupción en el Sistema de Compras Públicas, con el objeto de eliminarla definitivamente.
Son diversas las denuncias del organismo contralor sobre irregularidades en el referido Sistema que debemos sancionar y erradicar.
Hace pocas semanas se conoció un caso en este Gobierno en que el ex Delegado Presidencial adjudicaba una obra pública a la empresa de su hermano. Estas malas prácticas de corrupción y conflictos de interés deben quedar claramente sancionadas en el proyecto de ley en debate.
La mencionada acta de acuerdo extiende de manera obligatoria la aplicación de la Ley de Compras Públicas a las corporaciones y fundaciones municipales, lo mismo que a aquellas en que participen organismos de la Administración del Estado, como los institutos tecnológicos del Ministerio de Agricultura.
Espero que dicha acta de acuerdo se cumpla y el Ministerio de Hacienda honre lo conversado con la Comisión de Economía del Senado, de manera de tener indicaciones que generen una ley nueva que signifique mejorar la participación de las pequeñas empresas en el Sistema de Compras Públicas, pero que también demos un paso en combatir, sancionar y erradicar la corrupción surgida en el referido Sistema y que hemos visto en estos últimos años.
Aunque sea en las postrimerías de este mal Gobierno, confío en que coincidiremos en aquellas indicaciones que apunten a reforzar la probidad de las compras públicas, por un lado, y a darles más protagonismo en el mercado público a las pequeñas empresas proveedoras, por el otro. Así podremos tener un debate en particular que termine siendo una buena noticia para el país.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra la Senadora Aravena; luego se la daré a la Senadora Órdenes.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidenta.
Siendo integrante de la Comisión de Economía, la verdad es que para mí es una alegría ver cómo nos pusimos de acuerdo y cómo también fuimos conociendo en detalle los distintos puntos de vista de muchos de los invitados que, al igual que nosotros y tal como lo dijo el Senador Pizarro, pensaron que estaban ante un proyecto muy breve, pero terminaron dándose cuenta de que era un tremendo proyecto, un proyecto gigante.
Lo que estamos analizando hoy es de enorme trascendencia para el Senado y para el país. Partimos trabajando en el mes de agosto y, después de más de ocho sesiones con distintos sectores de la sociedad civil, la Fiscalía Nacional Económica, la Contraloría, entre otras entidades, nos fuimos percatando de que la Ley de Compras Públicas es, efectivamente, una ley que debe ser modificada.
Dictada el 2003, significó, para Chile y para quienes trabajamos con ella durante varios años, un tremendo paso a nivel internacional y nacional en materia de licitaciones públicas y de igualdad en el acceso a las compras públicas, pero, sin duda, y en la práctica, requiere muchas mejoras.
Después de dieciocho años, hoy es posible afirmar que cumplió la mayoría de edad y que necesita con urgencia reformas en varios ámbitos. En tal sentido, lo que pretendemos ahora no es una pequeña sino una gran reforma, que incluya gran parte de las propuestas que nos hizo la Contraloría en torno a las distintas fiscalizaciones que le ha hecho al sector público y la aplicación de la normativa, la que, efectivamente, requiere mejoras.
Debo decir que son muchísimas las materias que hay que reformular, aunque, evidentemente, no hay tiempo para poder verlas todas en detalle. Solo me voy a detener en dos de ellas.
La primera dice relación con el adecuado equilibrio entre la eficiencia del gasto público y los correctos incentivos para el desarrollo de las pymes. Muchos de quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con la micro y pequeña empresa hemos fomentado, a través de políticas públicas, el acceso al mercado público, pero, en la práctica, hoy día se requiere mejorar este acceso para que sea realmente equitativo.
Los 12 mil millones de dólares que utilizamos en el año deben servir para aumentar y mejorar las herramientas con miras a que este gasto también se encauce hacia el crecimiento y desarrollo de las pymes, así como a las regiones. En esto todavía tenemos un camino que andar. Si las compras públicas se orientan bien, efectivamente se transformarán, como siempre se ha querido, en el motor del desarrollo y el emprendimiento del país.
En muchos países del mundo hay ciertas normativas que aplican una cierta discriminación positiva hacia las micro y pequeñas empresas a las que les resulta más difícil contratar servicios.
Por otro lado, me quiero detener en el tema de las mipymes y el Tribunal de Contratación Pública. En mi opinión, es el momento de evolucionar desde un tribunal de precontratación pública hacia uno que derechamente tenga competencia en la contratación pública. Dicho aumento de competencia necesita ir aparejado de un incremento de personal y de jueces -lo conversamos con estos últimos-, debiendo pasar de los actuales tres titulares a al menos seis jueces con, además, dedicación exclusiva. Hoy simplemente están contratados a honorarios para temas muy particulares.
Podremos hacer enormes cambios en la regulación de las compras públicas, pero lamentablemente, si no tenemos un tribunal que esté a la altura en materia de recursos y de personal y pueda dar cumplimiento a las leyes, el sistema caerá, transformándose en una mera ilusión.
Esas son, en mi opinión, las dos principales orientaciones: cómo nos hacemos cargo de incorporar al sistema a más micro y pequeñas empresas, y cómo le damos un carácter distinto, fortaleciéndolo e institucionalizándolo, al Tribunal de Contratación Pública. Para mí, ambos temas son muy importantes.
También lo es, a mi juicio, el campo de aplicación de la Ley de Compras Públicas a otros organismos públicos. Se habló mucho de las corporaciones municipales. Probablemente hay bastante angustia y preocupación en quienes están escuchando esta sesión desde sus casas o desde sus instituciones, pero es necesario ir ampliando este rango. Con todas las problemáticas y asuntos judiciales que hemos visto en televisión, consideramos muy necesario que las corporaciones también se incorporen a esta obligatoriedad de trabajar con el mercado público.
Así que estoy muy muy agradada de poder aprobar este proyecto, y reitero la importancia de presentar indicaciones para mejorarlo y sacarlo lo antes posible.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senadora Aravena.
Vamos a dejar con la palabra a la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Muchas gracias, Presidente.
El año 2003 se publicó la ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, que creó el Sistema de Compras Públicas, con normas comunes para todos los organismos del Estado y la Dirección de Compras y Contratación Pública, conocida como "ChileCompra", para llevar adelante su operación. En ese momento, la pionera legislación fue impulsada para aumentar los estándares de transparencia y probidad en las contrataciones públicas, un aspecto muy relevante que siempre debe ser fortalecido, tal como lo hace el proyecto que estamos votando al ampliar el ámbito de aplicación de esta normativa; mejorar la información existente en el Registro de Proveedores, de manera de clarificar los entramados societarios que pudieran esconder conflictos de interés de determinadas empresas con el Estado, y transparentar la información sobre la gestión y ejecución de los contratos.
Pero este proyecto va más allá, porque en pleno año 2022 hemos tomado conciencia del tremendo poder del Estado como comprador, pudiendo, en base a sus criterios y decisiones de compra, inclinar la balanza a favor de uno u otro tipo de proveedores; de la concentración o desconcentración de los mercados; del incentivo a las nuevas tecnologías e innovaciones, y de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Las cifras son elocuentes, señor Presidente. De acuerdo con la última cuenta pública de ChileCompra, en 2020 se movilizaron más de 12 mil millones de dólares en transacciones para ochocientos cincuenta organismos públicos, mediante 1.600.000 órdenes de compra.
Las pymes, si bien representan el 95 por ciento de los proveedores del sistema, solo se adjudican un poco más de la mitad de los recursos transados. Ahí hay una apuesta que se debe fortalecer: el Estado tiene que ser el mejor aliado de las pymes, dando el ejemplo con las contrataciones públicas.
Durante la pandemia, y por presión insistente del Congreso, hemos avanzado en el sistema de compras ágiles, que beneficia a las empresas de menor tamaño al disminuir la burocracia para las compras de montos iguales o inferiores a 30 UTM. Pero aún es insuficiente.
Algunos gremios ya han expresado su preocupación ante el aumento de exigencias que incorpora este proyecto que podrían significar un incremento en la brecha de asignaciones entre las pymes y las grandes empresas, algo que, a mi juicio, debe revisarse en la discusión particular.
Esta tremenda dimensión de recursos movilizados también puede ayudar a incentivar una economía verde, libre de emisiones y residuos, anhelo que sigue estando muy lejos de la realidad, pero que este proyecto viene a corregir en parte.
Todos quienes hemos trabajado en la Administración Pública sabemos que gran parte de los bienes muebles adquiridos por el Estado terminan apilados en bodegas una vez que se ha estimado que cumplieron con su vida útil, o incluso mucho antes, cuando por alguna decisión administrativa se procede a un recambio de implementos en determinados organismos. Con ello se está desaprovechando la posibilidad de darles un uso sustentable y circular, reutilizándolos reciclándolos antes que simplemente apilarlos o desecharlos.
Esta iniciativa viene a incorporar una ley sobre principios de economía circular en los organismos públicos, la que establece una prelación de usos sustentables para los bienes muebles que dejen de ser utilizados, partiendo por la posibilidad de transferirlos a otros organismos del Estado. Si no existen interesados, se abrirá la opción de venderlos al público en general a través de la Dirección General del Crédito Prendario, y si esto tampoco resultase, se procederá a donarlos a alguna institución sin fines de lucro debidamente registrada.
En definitiva, el proyecto cambia completamente el paradigma en la utilización de los bienes en las reparticiones públicas: hoy día se compran, se usan y se desechan; en cambio, una vez que este proyecto de ley sea aprobado, se buscará la forma de valorizarlos después de haberlos usado mediante la reutilización, el reciclaje o, en último término, la valorización energética.
En el mundo que nos toca enfrentar en pleno siglo XXI, con una emergencia climática amenazando la propia existencia de nuestra especie, tenemos que empezar a hacernos la idea de que los residuos deben dejar de existir. De eso se trata la economía circular, para lo cual desde la etapa de diseño de un producto se debe pensar en cómo sus materiales pueden ser valorizados para otras funciones luego de su función original. La Ley REP, de aplicación progresiva, ha venido a hacer avanzar, aún lentamente, a la industria privada en ese propósito; sin embargo, el Estado sigue estando muy ausente en esta discusión y por eso esta ley resulta tan interesante.
Con esta legislación se comienza a tomar en cuenta el ciclo de vida de los bienes del Estado, porque hay otros criterios, además del precio, que resultan fundamentales a la hora de decidir qué se compra, entre ellos las externalidades negativas para el medio ambiente. Países como Dinamarca, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos han avanzado en esa dirección.
Voy a votar a favor porque el Estado de Chile, como principal comprador del país, puede hacer mucho más para apuntar a un nuevo modelo de desarrollo, con gran participación de las pequeñas empresas y con acciones decididas a favor de la sostenibilidad. Espero que en la discusión particular se puedan fortalecer ambos enfoques.
He dicho, Presidente, muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senadora Órdenes.
Vamos a dejar con el uso de la palabra, para fundamentar el voto, al Senador Felipe Kast.
El señor KAST.-
Gracias, Presidente.
Sumándome a lo que han dicho varios colegas, este avance en modernizar el Estado, por muy menor que se vea, es, sin lugar a dudas, un elemento estructural para poder construir una sociedad más justa.
Muchas veces se argumenta que la modernización del Estado es una reforma más bien tecnócrata, de burocracia, de administración, y la verdad es que si hay algo que debiera permitirnos unir a quienes tal vez tenemos un pensamiento distinto, sean personas más bien de Centroderecha o de Centroizquierda, es justamente la necesidad de contar con un Estado eficiente, moderno, que permita utilizar en buena forma cada uno de los recursos aportados, mes a mes, por emprendedores y por personas de esfuerzo y que el aparato estatal se los quita a través de los impuestos. Por eso existe la obligación moral de que el Estado funcione de buena manera.
Obviamente, a uno le encantaría que esta reforma fuera mucho más allá de extender el sistema de compras, de mejorarlo y de hacerlo más transparente, cuestión que resulta muy positiva. Hay una serie de elementos que necesitamos mejorar. Hoy día salió una noticia donde se dice que la mitad de los municipios se encuentran investigados por casos de corrupción, ¡la mitad de los municipios de nuestro país!, lo que es muy doloroso porque, al final del día, ellos son claves.
Yo soy de aquellos que creen que los municipios debieran manejar una proporción de recursos públicos mucho mayor. Por lo tanto, la reforma al Estado debiera incluir también el poder confiar más en los municipios, pero con más transparencia, pues la gracia que tienen los gobiernos locales es que, independiente del color político de los alcaldes o de las alcaldesas, permite flexibilizar la presencia del Estado, porque la pobreza que existe en Alto Hospicio no es igual a la pobreza en Carahue; la pobreza que tenemos en La Pintana no es igual a la de Magallanes o de Arica.
Entonces, el gobierno local, el municipio es un actor clave. Y el localismo permite que los recursos aportados por los emprendedores se ocupen de mejor manera.
No es casualidad, a pesar de lo que acabo de decir sobre la corrupción que existe en los municipios, que los alcaldes sean los mejores evaluados dentro del mundo político. ¿Por qué? Porque ellos enfrentan día a día distintas demandas sociales, distintas necesidades sociales, y en forma bastante más ágil de lo que se pueda hacer desde el centralismo existente en nuestro Gobierno.
Y espero, de hecho, que la eventual nueva Constitución incluya una reforma importante del Estado, porque de lo contrario será letra muerta. Muchos de los derechos sociales que se puedan escribir ahí serán letra muerta si no incorporamos el músculo de la eficiencia para poder avanzar efectivamente en esa dimensión.
Por eso valoro este proyecto de ley. Y no solo felicito a todos los que han estado detrás, sino que ojalá lo pudiéramos hacer también extensivo a otras áreas.
En tal sentido, quiero aprovechar de felicitar al actual Subsecretario de Hacienda, quien ha venido trabajando desde que estuvo a cargo del Servicio Civil en la modernización del Sistema de Alta Dirección Pública, porque si hay algo que necesitamos con mucha fuerza es que ojalá la meritocracia y la transparencia funcionen en todos los servicios públicos, a fin de que efectivamente la educación, la salud no dependan del gobierno de turno. Si es un absurdo que cada vez que cambiamos un gobierno, se reemplace casi al 80 por ciento de los directores de hospitales. ¿Qué culpa tienen los enfermos de que no exista profesionalismo en el sector público?
Así que voto a favor, Presidente.
Y si usted me permite, quiero hacer uso del artículo 114 del Reglamento, a fin de que, una vez terminada mi intervención, me autorice a responderle al Senador Navarro, así lo permite tal precepto, ya que supe que se refirió a mi persona cuando no me encontraba en la Sala, pues estaba votando en la Comisión Mixta el proyecto sobre datos personales junto con el Senador Insulza, quien es el Presidente de dicho órgano técnico.
Según el Reglamento, dispongo de diez minutos para responder a quien me interpeló.
Entonces, quiero decirle al Senador Navarro...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Perdón, perdón, perdón.
Termine la argumentación, señor Senador.
El señor KAST.-
Ya la terminé. Y acabo de pedirle hacer uso del Reglamento.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En cuanto terminemos la votación le voy a dar los diez minutos que le corresponden por Reglamento, porque durante su desarrollo no podemos tratar otra materia.
El señor KAST.-
De acuerdo, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Le agradezco.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Durana.
El señor OSSANDÓN.-
Presidente, ¿me permite un punto de reglamento?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Estamos en votación, señor Senador, no le puedo dar la palabra para otro tema. Si quiere argumentar, se inscribe.
El señor OSSANDÓN.-
No, Presidente. Es precisamente en relación con la votación. Es una cuestión absolutamente reglamentaria.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Lo que terminemos la votación vemos todos los otros temas reglamentarios.
El señor OSSANDÓN.-
¡No! Es por la votación precisamente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Es que, Senador...
El señor OSSANDÓN.-
Pero le estoy diciendo que es reglamentario.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Sí. Senador, si le doy la palabra a usted, tendría que dársela al Senador Kast. Entonces, al término les doy la palabra a todos.
Senador Durana, por favor, tiene la palabra.
El señor DURANA.-
¡De acuerdo al Reglamento, pido diez minutos adicionales...!
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Dispone de diez minutos, porque ese es el acuerdo que se tomó: abrir la votación y mantener el tiempo.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidente.
Este proyecto de ley que hoy votamos en general tiene por objeto, en primer término, incorporar la exigencia de que las compras del Estado tengan como objetivo concreto y específico el satisfacer las necesidades públicas. De esta forma, la austeridad en el sistema de compras del Estado se constituye en un valor que debe inspirar toda la legislación y la reglamentación en esta materia.
Por otra parte, la aplicación de esta normativa a todos los órganos de la Administración del Estado significa un avance en materia de probidad y transparencia para toda nuestra legislación, con facultades regulatorias al sistema de ChileCompra, al sistema estructurado de planificación y la ampliación de las competencias al Tribunal de Contratación Pública.
No obstante lo anterior, la normativa propuesta establece su aplicación supletoria a lo determinado en sus propias normas orgánicas constitucionales, como es el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros. Por ello, es menester hacer presente la necesidad de que la normativa de compras públicas, dependiente del Poder Ejecutivo, sea absolutamente respetuosa del principio de separación de poderes del Estado y no se constituya en un mecanismo de intervención y alteración de la necesaria autonomía de estas entidades.
Es importante destacar que el proyecto de ley establece que los organismos del Estado, al momento de contratar, deberán garantizar la igualdad de los oferentes, la libre competencia, la desconcentración de adjudicaciones y, asimismo, promover la participación de la micro, pequeña y mediana empresas en los procesos de licitación.
Además, yo quiero destacar la facilitación del comercio electrónico por parte de los organismos de la Administración, en particular mediante la incorporación de dos incisos al artículo 11, que permiten omitir la obligación establecida para los proveedores de garantizar el cien por ciento de los pagos anticipados cuando se trate de contrataciones por montos menores a 1.000 UTM, celebradas a través de medios electrónicos y utilizando tarjetas de crédito u otros medios similares. Por tanto, esta modificación permitirá anticipar el pago, lo que resultará en un importante beneficio para las pymes.
Además, se establece, con carácter facultativo, que en las compras que realice el Estado se pueda considerar, entre otros factores, el ciclo completo de vida del bien, servicio u obra y su sustentabilidad ambiental.
Con esto se propone la creación de una nueva ley, con el objeto de regular el tratamiento de los bienes muebles en desuso de los organismos del Estado y la utilización de servicios compartidos, de modo que se pueda insertar la economía circular en el proceso de compra pública.
El objetivo es obligar a los organismos de la Administración del Estado a que pongan a disposición de otros órganos o terceros los bienes muebles en posesión de ellos y que se encuentren en desuso, a fin de generar un mercado interno de bienes muebles reutilizados, que obviamente permita utilizar de mejor manera los recursos públicos, evitar la adquisición de bienes que no sean necesarios y que producen un costo ambiental y económico evitable.
En la Comisión de Economía hubo presentaciones muy interesantes y que dejaron puntos por evaluar, que esperamos plantear en la discusión en particular a través de indicaciones que permitan generar un mercado sobre la base de que efectivamente puedan participar los pequeños y medianos empresarios, en donde se transparente, fundamentalmente, la participación de los municipios, que son los que llegan efectivamente al territorio, lo que constituiría la base para que logremos construir un mercado de ChileCompra o un mercado de contratación pública mucho más transparente.
Voto a favor del proyecto en su discusión en general.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador Durana.
Vamos a dejar con la palabra al Senador Guillier.
No está en este momento en la Sala.
Senador Kenneth Pugh, tiene la palabra.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Sin lugar a dudas, el sistema de compras públicas que posee Chile es un ejemplo. En agosto del próximo año va a cumplir veinte años.
Es un sistema basado en las tecnologías digitales, que fue pionero, pero que debe ser mejorado. Hoy el mundo avanza a una sociedad totalmente digitalizada, y la modernización del Estado va de la mano de la ley N° 21.180, que aprobamos en este Parlamento y que ya entró en vigencia: la Ley de Transformación Digital del Estado.
¿Qué se requiere, entonces, señor Presidente? Que este proyecto de ley que estamos discutiendo en general contenga, mediante indicaciones, precisamente todos los nuevos criterios que son propios de procesos de selección difíciles.
¡Qué más difícil que elegir al proveedor adecuado! Más aún cuando se cambian los criterios de selección de la compra. Eso fue lo que vimos cuando se licitó el sistema de pasaportes, por ejemplo, cuando se bajaron los criterios técnicos y de seguridad por los criterios económicos.
¿Quién define, entonces, a aquel que va a decidir lo importante?
Hoy la protección de los datos personales es un tema relevante. Y me gustaría que en todos aquellos sistemas que se compren y que tengan estos tratamientos, al menos un 65 por ciento de los criterios tiendan a reforzar propuestas que privilegien lo técnico y la seguridad.
Esas son las cuestiones de fondo a discutir si queremos realmente disponer de buenos sistemas.
Lo segundo, señor Presidente, es que este mecanismo de compra permite a los más pequeños participar, y especialmente de regiones, pero necesitan una cancha lo más pareja posible. Hoy la cancha no está pareja, pero las tecnologías digitales sí permiten generarla, porque con más data y menos guata se va a poder resolver de mejor forma.
Entra, entonces, un nuevo elemento: la inteligencia artificial.
Esta semana hemos inaugurado el Congreso del Futuro, donde se constituye en un tema relevante. La inteligencia artificial está afectando todos los campos de acción que conocemos: cómo nos comunicamos, conversamos, decidimos; cómo amamos; cómo nos relacionamos. Esa realidad se debe enfrentar de una manera distinta. Y quienes son pioneros en este ámbito pertenecen a una universidad de la zona, que partió aquí, en la Región de Valparaíso: la Universidad Adolfo Ibáñez, con el laboratorio de innovación pública de su Escuela de Gobierno. Ellos, junto con el Consejo para la Transparencia, han sacado adelante el primer observatorio del uso de inteligencia artificial en sistemas del Estado. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que una inteligencia artificial empiece a tomar decisiones, que es propio de estos sistemas que ya están instalados.
Uno de los expositores que tuvimos ayer en Valparaíso, Nicolás Miailhe, preside The Future Society, la ONG que está monitoreando a nivel mundial cómo estos efectos nos están generando problemas. El mundo digital trae cosas muy buenas, pero si esa tecnología no se usa adecuadamente conlleva grandes problemas.
¿Dónde está la ética de los algoritmos? ¿Dónde está la ética de la inteligencia artificial? De tales problemáticas también se tiene que hacer cargo el presente proyecto, porque los sistemas ya se están usando.
Los invito a ver el sitio web que habla de todos los temas que estamos tratando, de cómo se está usando la inteligencia artificial para los procesos de toma de decisiones, y cómo dichos sistemas están ejecutando acciones que ni siquiera habríamos imaginado.
No solo importa, entonces, la probidad de las personas, virtud que debemos mejorar y garantizar, sino también la probidad de los algoritmos para decidir de forma correcta.
Finalmente, todo esto está inmerso en un gran sistema, en una gran nube que tiene que contar con ciberseguridad. Los criterios de ciberseguridad también han de ser aplicados en los procesos de compra.
Señor Presidente, me alegra mucho que estemos discutiendo cómo mejorar nuestro Estado, usando modelos de mejor competencia, emparejar la cancha, darles más oportunidades a todos, especialmente a los pequeños, pero debemos entender que también aparecen nuevos riesgos y amenazas, como los que he descrito. Tenemos que monitorear el empleo de la inteligencia artificial en los mecanismos de decisión del Estado, crear criterios lógicos y verificar las ponderaciones para que finalmente las adjudicaciones sean las correctas.
Por eso voto a favor, y espero que se abra un plazo de indicaciones para presentar algunas que vayan en tal sentido, y así contribuir a que nuestra política pública vaya a la vanguardia, tal como ocurrió con ChileCompra casi veinte años atrás.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador Pugh.
Tiene la palabra el Senador Navarro para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidente, por concederme todo el tiempo correspondiente a la discusión en general de un proyecto.
Existe un antes y un después en la discusión de este proyecto de ley luego de la intervención del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, quien en una sesión de la Comisión señaló: "Si el concepto es favorecer a las grandes empresas, es favorecer el trato directo, tal vez sería mejor declararlo así, expresamente"; o sea, el señor Contralor dice claramente que este proyecto tiene un sesgo.
Luego, un conjunto de dirigentes, entre ellos Marcos Illesca, Gerente General de la Asociación de Exportadores y Manufacturas de Chile A.G. (Asexma), y también Roberto Fantuzzi plantearon la interrogante de si realmente la presente iniciativa representa una modernización de las compras públicas o si en realidad mantiene lo que hoy existe, o lo empeora.
Ante esta interrogante, los gremios de las pymes han señalado diversas inquietudes. ¿Este proyecto dota de transparencia y de eficiencia a las compras que realiza el Estado? ¿Facilita la participación competitiva de las empresas de menor tamaño para acceder al mercado público? ¿Elimina barreras de entrada que implican la participación de mipymes como proveedoras del Estado? ¿Homogeniza la compra de los distintos organismos públicos del sistema?
En el corto plazo, señala Marcos Illesca, esperarían que sea un motor de la activación de las mipymes pospandemia y que facilite la sobrevivencia de empresas afectadas por el COVID-19.
¿Y qué hay en realidad? La verdad es que el proyecto genera bastante expectación, porque siempre se refiere a la licitación pública como el principal instrumento de compra. Es efectivo. Sin embargo, el mundo cada vez más converge hacia otras formas y a otros mecanismos de compra, y no solamente la licitación pública.
Luego, al entrar al análisis de la Compra Ágil, Marcos Illesca señaló que cuando se creó apuntaba en la dirección correcta. Y propuso estudiar la posibilidad de aumentar su umbral hasta las 100 UTM y que su uso, más que "preferentemente" enfocado a las pymes, sea "exclusivamente" enfocado en ellas.
Estimó que falta incorporar mecanismos de control, de limitación de adjudicaciones por RUT (caso Prisa), para evitar que este instrumento, que incentiva la participación de empresas de menor tamaño, sea utilizado por grandes operadores a vista y paciencia de la Dirección de Compras Públicas.
Luego se pronunció acerca de los convenios marco, donde explicó que hay que "asegurar la máxima competencia, sin limitar cantidad de proveedores, porque uno de los componentes clave de la competencia perfecta es la presencia de muchos actores en el mercado".
Dice que se debe diseñar un sistema moderno.
Señala además que se debe asegurar que el licitante entregue productos de origen y marca iguales a los ofertados, y que, en el caso de no cumplirse, haya sanciones efectivas: cinco años de suspensión en todas las acciones de compra que pueda realizar.
El arrendar o facilitar a un RUT distinto un convenio marco debe ser sancionado también.
Expuso muchos ejemplos interesantes de convenios marco donde las descripciones no son genéricas, sino que se exige una marca comercial determinada.
Además, criticó que el proyecto no es propyme, aunque lo mencione. ¡Este no es un proyecto propyme, y lo señalan las propias pymes!
En cuanto a la Subasta Inversa Electrónica, expresa que es aplicable solo a commodities de lista positiva y explícita. Atentan contra la competitividad, la calidad de los productos y eventualmente podrían licitarse productos con precio bajo, al costo, con el fin de sacar empresas del mercado. No agrega competitividad, aunque el proyecto lo diga.
Abordó luego el trato directo, respecto del cual señaló que el 58 por ciento de los tratos directos no son adecuadamente justificados, según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica.
Repito: ¡el 58 por ciento de los tratos directos no son adecuadamente justificados!
El trato directo debería limitarse -agrega- a situaciones imprevistas, a emergencias. La compra pública debería regirse por una planificación anual de servicios. Los planes anuales de compra (que están en el Capítulo X del Reglamento) no se hacen, no se fiscalizan, no se cumplen y no se publican.
Luego trató las causales en que equivocadamente se justifica la posibilidad de trato directo. El presupuesto... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Explicitó sus críticas a la justificación del trato directo, al que se recurre por un presupuesto limitado, donde cuestiona que la propuesta seleccionada ofrezca servicios o equipos adicionales que no se requerían en las bases de licitación; argumenta que a veces hay menos de tres ofertas o propuestas que cumplen el requerimiento y después de la evaluación se concluye que el precio ofrecido no se ajusta a los valores de mercado.
Si se trata de una contratación directa a un proveedor único, situación indeseable y anticompetitiva, el sistema debe incentivar e incorporar proveedores de rubros con uno o más oferentes.
En cuanto a la compra coordinada, señaló: "esta debería limitarse, ya que se trata de un potencial foco de concentración de mercado, no hay mecanismos que aseguren una compra eficiente y las mipymes no tienen ninguna posibilidad de acceder a ella". Respecto a esto expuso un cuadro comparativo de toda la historia... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Presidente, deme los diez minutos que me corresponden.
Y así, en una larga intervención, señaló que ChileCompra debe convertirse en un motor de reactivación de las pymes. Ese es el compromiso que hemos asumido en una sesión especial convocada durante la pandemia en este Senado. Y todos los Gobiernos señalan que van a apoyar a las pymes y presentan proyectos que son criticados por las propias pymes.
Por su parte, el Presidente del Consejo para la Sociedad Civil (COSOC) de ChileCompra, señor Luis Solís, señala que se debe abrir el mercado hacia organismos públicos que hoy día no licitan con las mipymes, como Obras Públicas, Codelco y el Ministerio de Defensa.
Por otra parte, dice que se deben desarrollar plataformas electrónicas que resguarden la transparencia y posibiliten que las pymes puedan participar efectivamente en las compras públicas.
El señor Solís pidió también aumentar la innovación. En este sentido, debiese crearse un fondo administrado por ChileCompra, que permita que la ciudadanía, en particular las pymes organizadas, puedan proponer innovación en materia de compras públicas.
Además, consideró que se debiera disminuir progresivamente la participación de las grandes empresas en las compras públicas y, de ser necesarias estas, deben generarse encadenamientos productivos y comerciales, con participación de las pymes y también de la gran empresa.
Por último, el señor Luis Solís solicitó que el proyecto sea rechazado y profundamente revisado.
Yo me sumo a las palabras de Asexma Chile en el sentido de que el proyecto tiene que ser revisado, a la luz de las críticas de aquellos que dice beneficiar. Si hacemos este procedimiento, el Estado no estará al servicio de las grandes empresas y, si lo está, esto debe ser corregido.
Tenemos un motor económico en el Estado y este debe conducirse hacia una mayor competitividad. Hay falencias extraordinariamente grandes, como lo señalan la Fiscalía Nacional Económica y el Contralor General de la República.
Con esos dos datos, este Senado no puede aprobar, de sí y para sí, sin una revisión profunda, este proyecto de ley, porque adolece de falencias en cuanto a lo que dice que va a servir.
Las pymes han sido extremadamente críticas, razón por la cual yo me voy a abstener en general, y espero presentar las indicaciones que perfeccionen, de la mano de ellas, este proyecto de ley para que cumpla su objetivo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
¡Tierra para los mapuche!
Me abstengo, Presidente.
He dicho.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador.
Tenemos inscrito al Senador Guillier, quien en este momento no se encuentra en la Sala.
También está inscrito el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Presidente, es solo para hacer una aclaración con respecto a lo que dijo el Senador Kast, pues yo estoy a favor de este proyecto.
Yo analicé la noticia relativa al 52 por ciento de los municipios que están investigados por corrupción.
Y me parece que el Presidente del Consejo de Defensa del Estado realizó una aseveración absolutamente irresponsable, porque muchas de las investigaciones que hace la Contraloría General de la República en los municipios son de rutina, por actos administrativos o por reclamos de algún vecino.
No se trata de diligencias solo por corrupción, porque si el 52 por ciento de los municipios de Chile estuvieran siendo investigados por corrupción, estaríamos realmente reventados.
Y eso no es así.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senador.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la idea de legislar (33 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional exigido.
Votaron a favor las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y los señores Alvarado, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
En consecuencia, queda aprobado en general el proyecto y vuelve a la Comisión.
En cuanto a la solicitud de plazo de indicaciones, yo había manifestado el día 28 de febrero al mediodía, pero me dicen de la Secretaría que lo más práctico es el 3 de marzo, a las 12 horas.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
DERECHO A VINDICACIÓN DE SENADOR SEÑOR FELIPE KAST FRENTE A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR ALEJANDRO NAVARRO
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Ahora dejaré con el uso de la palabra al Senador Felipe Kast, quien aludió al artículo reglamentario que le permite la posibilidad de contestar algunas afirmaciones que se hicieron sobre su persona.
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente, entiendo que hay una solicitud del Senador Galilea para antes de que yo intervenga, tal como me acaba de informar el Ministro Ossa.
Entonces, quiero darle esa posibilidad antes de que...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador, el que dirige la sesión soy yo.
El señor KAST.-
Perdón, era una sugerencia nomás, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
No, está bien.
Usted solicitó hacer uso de su derecho.
Le pido que haga uso de la palabra y después seguimos con la sesión, las cuentas y las peticiones de los distintos actores del Poder Legislativo.
Tiene la palabra, Senador.
El señor KAST.-
Muy bien, Presidente.
Haré uso del artículo 114 del Reglamento, porque se me informó -pedí la versión, así que pude leerlo- que el Senador Navarro, cuando yo estaba en la Comisión Mixta, se refirió a mi persona.
Y me da mucha tristeza que el Senador se haya escapado de la Sala, porque la verdad es que yo le comuniqué que iba a hablar, por lo que me gustaría pedirle al Senador -por su intermedio, Presidente- que esté presente en la Sala, dado que él no tuvo la deferencia de haberme avisado que iba a hablar de mí.
Sin embargo, como no puedo obligarlo a que esté acá, voy a responderle al Senador para que pueda, ojalá, leer lo que le contesté.
Primero, Presidente, quiero decir que acá ocurrió algo muy grave: se rompió un acuerdo del Senado.
Y entiendo, al igual que algunos Senadores que llevan más tiempo que yo, que nunca antes, desde el retorno a la democracia, había ocurrido que un acuerdo de Comités del Senado dejara de honrarse.
Y esto sucedió, además, de una forma bastante curiosa, porque el argumento que se dio para no cumplir con el acuerdo del Senado, según el cual le correspondía a la UDI presidir la Comisión de Derechos Humanos durante el 2021, era que supuestamente dicho partido político o el Oficialismo no tenía la autoridad moral para dirigir Derechos Humanos ese año.
Ese es el argumento.
El Senador Moreira, que era a quien le correspondía ese derecho, tuvo una deferencia política muy importante -todos sabemos que estamos en un contexto político- y finalmente dijo: "¿Saben qué? Para no generar una incomodidad en esta materia, voy a dar un paso al costado". Y el Oficialismo, en un gesto tendiente a buscar generar las condiciones para que la Comisión de Derechos Humanos funcionara bien, designó al Senador Francisco Chahuán para presidir dicho órgano durante el año 2021.
Paradójicamente, el argumento que se nos dio para no hacerlo e incumplir el acuerdo fue que el Oficialismo no tenía la autoridad moral para presidir Derechos Humanos.
Lo curioso, Presidente, es que bajo ese argumento eligieron al Senador Navarro para encabezar la Comisión de Derechos Humanos. ¡El único Senador en Chile que defiende las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba!
Entonces, es realmente impresionante que el Diputado Latorre -por su intermedio, Presidente- argumente que Chile Vamos no tiene la autoridad para presidir Derechos Humanos, mientras el Diputado Latorre votó a favor del Senador Navarro, ¡el gran amigo de Maduro!
Entonces, yo le pregunto al Presidente electo, Diputado Boric, y lo emplazo: ¿Usted, Diputado Boric, está de acuerdo con el comportamiento de sus parlamentarios aquí? ¿Usted, Diputado Boric, Presidente electo, está de acuerdo con que sus parlamentarios designen al Senador Navarro, defensor de Maduro, defensor de Fidel Castro, defensor de Raúl Castro, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado?
¡Si esto es muy grave, Presidente!
Secretario, por favor, tengo diez minutos y me pusieron solo cinco para que corrija mi tiempo.
Y creo que es muy importante esta materia, porque constituye una deshonra para este Senado que tengamos ese Presidente en la Comisión de Derechos Humanos.
¡Esa es la verdad!
Y lo creería si no hubiese otra alternativa, pero aquí existía efectivamente un acuerdo político mediante el cual le correspondía al Oficialismo presidir esta Comisión.
También -por su intermedio, Presidente- el Senador Navarro dice: "No. Lo que pasa es que el Senador Kast ha impedido el funcionamiento de la Comisión"
¡Por favor!
¡Si el Senador Navarro lleva dos meses arrancado como Presidente de la Comisión porque no ha citado! ¡No se atreve a citar! ¿Saben por qué? Porque sabe que está incumpliendo el acuerdo. No se atreve a citar, ¿saben por qué? Porque sabe que lo van a censurar.
Entonces, ¿a qué nos ha obligado? A que todos los viernes, cuando se celebra reunión de Comités, tengamos que volver a tratar el tema. ¿Y qué es lo que hacemos? "Por favor, Presidenta ocupe la facultad que tiene para citar a la Comisión de Derechos Humanos".
Adicionalmente, quiero recordar que la bancada del PPD se comprometió públicamente, dado que el Senador Latorre, del Frente Amplio, no quiso cumplir el acuerdo, a pesar de que él se benefició del mismo, porque tiene todas las opciones de participar en las Comisiones, gracias al acuerdo que firmó con la Nueva Mayoría en el pasado.
Pero, bueno, el Senador Latorre desconoció el acuerdo, y para qué decir el Senador Navarro, a quien le dio exactamente lo mismo y se cree con la autoridad moral para decir que Chile Vamos no puede presidir Derechos Humanos.
Entonces, ¿qué ha ocurrido, Presidente? Que simplemente estamos pidiendo que el Senador Navarro cite, porque no lo ha hecho en los últimos dos meses.
Por lo tanto, el que está trancando el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos ha sido justamente el Senador Navarro y no quien habla, porque yo no voy a pertenecer -y por eso renuncié en su minuto- a una Comisión de Derechos Humanos mientras el defensor de un dictador esté en su presidencia.
Eso es inmoral y una falta de respeto con miles de víctimas, que incluso están en Chile.
Hoy día tenemos en nuestro país 500 mil venezolanos que han sido desplazados. Muchos abandonaron a sus familias y sufrieron persecución política. Están acá y nos miran todos los días. Y nos miran con indolencia, porque tenemos al Senador Navarro como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Por eso valoro su gesto, Presidente; el de la Senadora Ximena Rincón, Presidenta de la Corporación, y el de todos los Comités, incluso el del Partido Socialista, que ha sido completamente consecuente -¡para qué decir la Democracia Cristiana!-, con un principio básico: el que para respetar la democracia hay que cumplir los acuerdos.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A usted, Senador.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a una Cuenta agregada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados
Con el que comunica que, en sesión del día de hoy, aprobó la observación número 2), que recae en el inciso segundo del artículo 34 del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia (Boletín N° 10.315-18) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--
Queda para tabla.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En Comités tomamos el acuerdo de tramitar este veto sobre tabla, si nos llegaba la aprobación de parte de la Cámara, cosa que ocurrió.
Por lo tanto, solicito el acuerdo para que podamos despacharlo inmediatamente sobre la base de la resolución que adoptamos en Comités.
¿Les parece?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario para hacer la relación de la observación del Presidente de la República.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GARANTÍAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ. VETO
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Conforme al acuerdo adoptado recientemente por la Sala, el señor Presidente pone en discusión el informe de la Cámara de Diputados, que se pronuncia sobre el veto del Presidente de la República al proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 10.315-18) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe hacer presente que mediante oficio N° 16.713, de 25 de junio de 2021, la Cámara de Diputados comunicó a Su Excelencia el Presidente de la República el texto del proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez.
En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 73 de la Carta Fundamental, el Presidente de la República, mediante oficio N° 138-369, de 21 de julio, formuló observaciones a dicho proyecto.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado despacharon las observaciones que formulara Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, declarándolas ambas Corporaciones inadmisibles en su totalidad.
La Cámara de Diputados, por oficio N° 16.882, de septiembre del 2021, remitió el texto al Excelentísimo Tribunal Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, número 1º, de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control preventivo y de constitucionalidad el inciso segundo del artículo 41, el inciso segundo del artículo 42, el párrafo final de la letra f) del artículo 66, y los artículos 74 y 84 del proyecto de ley.
Por su parte, mediante oficio N° 202/2021, de octubre del 2021, el Excelentísimo Tribunal Constitucional remitió a la Cámara de Diputados copia de la sentencia dictada por esa magistratura, en proceso N° 11.820-21 del Tribunal Constitucional, sobre requerimiento de inconstitucionalidad, presentado con fecha 6 de septiembre del 2021 por el señor Vicepresidente de la República, respecto de las declaraciones de inadmisibilidad aprobadas por la Cámara de Diputados y por el Senado, las cuales recaen en las siete observaciones del Presidente de la República formuladas al proyecto referido en que se acoge el requerimiento deducido y se declara la inconstitucionalidad de tales declaraciones de inadmisibilidad.
Mediante oficio N° 471-369, del 18 de enero del presente año, el Presidente de la República retiró de tramitación las observaciones al proyecto de ley número 1), al artículo 5; número 3), al artículo 38; número 4), al artículo 49; número 5), letras a) y b), al artículo 50; número 6), al artículo 72, y número 7), al artículo 88.
En consecuencia, la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó la observación N° 2), que recae en el inciso segundo del artículo 34 del proyecto de ley.
Dicha disposición incorpora en el inciso segundo del artículo 34 el siguiente texto: "Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, corresponde a los padres y/o madres, representantes legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado, la protección de la intimidad y propia imagen de sus hijos si su edad y grado de madurez así lo requiriesen, debiendo escuchar siempre la opinión del niño, niña o adolescente y atendiendo su interés superior, y corresponde al Estado respetar este rol.".
Esta observación, que es la número 2), fue aprobada por la Cámara de Diputados, y corresponde que el Senado se pronuncie respecto de ella.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Me ha pedido la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
Senador, puede intervenir.
El señor LATORRE.-
Gracias, Presidente.
Dos cosas.
Primero, justamente iba a solicitar que pusiéramos sobre tabla el veto recaído en el proyecto que establece un sistema de garantías de la niñez, que se aprobó en la Cámara de Diputados, pues me parece muy importante que lo podamos despachar.
Lo otro es que fui aludido por el Senador Felipe Kast, quien en dos ocasiones me llamó el "Diputado Latorre".
No me interesa escalar el conflicto. Creo que no vale la pena.
Solo quiero llamar a mi colega a la calma, pues está muy agresivo. ¡Se está pareciendo mucho a su tío...!
Y sería muy desagradable, durante estos cuatro años, tener la imagen de su tío, José Antonio Kast, acá en el Senado.
Entonces, prefiero no entrar en la discusión.
El Senador Kast me aludió en dos ocasiones como el "Diputado Latorre", pero lo voy a dejar ahí.
Gracias, Presidente.
El señor KAST.-
Pido la palabra, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
A ver.
Si les parece, podemos...
El señor KAST.-
¡Fui aludido, Presidente!
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senador, después le doy la palabra. Sé que ha sido aludido. Déjeme terminar primero.
Tratemos de hacer lo que nos corresponde.
Solicito el acuerdo de la Sala para dar por aprobada la observación formulada por el Ejecutivo, en los términos planteados en el informe que ha dado la Secretaría.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
--Por unanimidad, se aprueba la observación número 2) formulada por el Presidente de la República.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Queda despachado el veto del Ejecutivo.
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La señora RINCÓN (Presidenta).-
Con relación al proyecto que figura en el número 2 del Orden del Día, que aumenta las penas para los delitos económicos, el Senador Araya solicitó que lo pudiéramos aprobar en general para que vaya a la Comisión de Constitución, donde lo revisarán para que su contenido no sea inconsistente con la otra iniciativa que ellos están viendo.
Tendríamos que aprobarlo en general, con acuerdo de la Sala, y fijar plazo de indicaciones.
Senador Araya, habíamos pensado en la primera semana de marzo, de tal manera que la Comisión pueda revisarlo con tranquilidad.
¿Le parece a la Sala proceder en esos términos?
Acordado.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muy bien.
Entonces, Sus Señorías, les doy el siguiente aviso.
Vamos a proceder a tratar el proyecto signado con el número 2, pero necesitamos que, apenas el señor Secretario haga la relación y la Comisión correspondiente, que es la de Constitución, entregue el informe respectivo, podamos abrir la votación.
El proyecto es de quorum especial, por lo que les pido, por favor, que estén presentes en la Sala.
Ahora le daré la palabra nuevamente al Senador Kast para que se refiera el tema en cuestión.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Antes de que hable el Senador Kast, acordaremos el viernes 4 de marzo como plazo para formular indicaciones al proyecto señalado.
¿Le parece, Senador Araya?
El señor ARAYA.-
Sí, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).-
Okay.
)------------(
DERECHO A VINDICACIÓN DE SENADOR SEÑOR FELIPE KAST FRENTE A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR JUAN IGNACIO LATORRE
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.
El señor KAST.-
Gracias, señor Presidente.
Para no alargar esta discusión, quiero decirle al Senador Latorre -por su intermedio, Presidente- que efectivamente hay cosas que me apasionan. Y una de ellas es justamente la defensa de los derechos humanos.
Por lo tanto, la inconsecuencia de algunos, que dicen proteger los derechos humanos pero que al momento de votar eligen a una persona que defiende a una dictadura, es algo que me indigna.
Creo que la hipocresía es realmente muy grave, sobre todo cuando se suponía que el Frente Amplio había evolucionado. Es verdad que en el pasado dicho conglomerado defendió Cuba, defendió Venezuela. Y todos esperábamos que en su minuto eso cambiara.
De hecho, el Gobierno que acaba de ser electo y que ganó, con Camila Vallejo y Karol Cariola del Partido Comunista, sigue defendiéndolos.
Sin embargo, yo tenía la esperanza de que ustedes, particularmente usted, tuviesen un mínimo de consistencia.
Y venir a acusar que alguien del Oficialismo, como el Senador Chahuán, tiene menos autoridad moral para presidir Derechos Humanos que el Senador por el cual usted votó, la verdad es que me parece una inconsecuencia tremenda.
Por lo tanto, si a usted le molesta que me apasione, que me tome esto en serio, es su problema, pero lo voy a seguir haciendo.
Y sobre el parecido que tengo o no con José Antonio Kast, si en esto me parezco, qué bueno que sea así, a mucha honra. Hay muchas cosas en las cuales tengo diferencias, y las he hecho públicas. Pero si en lo que se señala tenemos coincidencia, ojalá que sean muchas más, y espero que algún día usted tenga esa misma consistencia.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bien.
Ahora entraremos al tratamiento del proyecto para el que estamos convocados, que es el que figura en el segundo lugar del Orden del Día.
AUMENTO DE PENAS PARA DELITOS ECONÓMICOS, AUTORIZACIÓN DE TÉCNICAS ESPECIALES PARA SU INVESTIGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA RECURSO DE NULIDAD EN JUICIOS COMPLEJOS
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Se trata de una moción de la Senadora Rincón y del ex Senador Harboe, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación. Para su estudio se cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.233-07) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tal como se acordó por la Sala, se va a entregar el informe y luego se abrirá inmediatamente la votación.
Como la iniciativa es de quorum de ley orgánica constitucional, les pido a los colegas que están participando en las distintas Comisiones que estén atentos para que puedan ejercer su voto.
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente somete a discusión en general el proyecto de ley que ha individualizado, el cual persigue, en el marco de una revisión del catálogo de delitos en que se afectan bienes jurídicos relativos a delitos económicos y los alcances de su punibilidad, aumentar las penas tratándose de ilícitos económicos establecidos en el Código Penal y en leyes especiales de grave trascendencia social, como también autorizar la utilización de técnicas especiales de investigación para delitos de esta índole y ampliar el plazo relacionado con el recurso de nulidad en el caso de juicios complejos.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general, y en su sesión de 3 de marzo del 2020 aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los presentes, Honorables Senadores señores De Urresti y Huenchumilla y ex Senadores señores Harboe y Pérez Varela.
Asimismo, el referido órgano técnico deja constancia de que los numerales 4) del artículo 1° y 2) del artículo 2° de esta iniciativa legal tienen rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación de 25 votos a favor.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 10 y siguientes del primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Senador Araya, ¿usted tenía algo que agregar o abrimos la votación?
El señor ARAYA.-
Presidente, el Secretario ha hecho una buena relación, pero, a fin de que puedan llegar los colegas que están en las Comisiones, voy a rendir el informe de la Comisión de Constitución. Pero se puede autorizar que se abra inmediatamente la votación.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Se abrirá la votación y usted, Senador, podrá rendir el respectivo informe.
En votación el proyecto.
Solicito tocar los timbres para que los colegas concurran a votar.
(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Araya.
El señor ARAYA.-
Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar acerca del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación, signado con el boletín N° 13.233-07 y que se iniciara en moción del entonces Senador señor Felipe Harboe Bascuñán y de la Honorable Senadora señora Ximena Rincón González.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en la sesión celebrada el 29 de enero del 2020, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cabe consignar que esta iniciativa legal se discutió solo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.
El análisis de este asunto por parte de la Comisión contó con la participación del Subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela; del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, en compañía del Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, señor Mauricio Fernández, y del abogado asesor señor Andrés Salazar.
En el marco de una revisión del catálogo de delitos que afectan bienes jurídicos relativos a delitos económicos y los alcances de su punibilidad, la iniciativa persigue aumentar las penas tratándose de delitos económicos establecidos en el Código Penal y en leyes especiales de grave trascendencia social; autorizar la utilización de técnicas especiales de investigación para los ilícitos de esta índole, y ampliar el plazo para el recurso de nulidad en caso de juicios complejos.
Se hace presente que los numerales 4) del artículo 1o y 2) del artículo 2° ostentan el rango de orgánico constitucional, de conformidad con lo prescrito en el artículo 84 de la Carta Fundamental, por lo que para su aprobación requieren del voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 del mismo Texto Constitucional.
La iniciativa consta de seis artículos permanentes que introducen diversas enmiendas en los siguientes cuerpos normativos: Código Penal; Código Procesal Penal; ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores; ley N° 17.322, sobre Cobranza Judicial de Cotizaciones; decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, y Ley General de Bancos.
En este contexto, las modificaciones más relevantes son las siguientes:
-En la escala general del artículo 21 del Código Penal, respecto de simples delitos, se incorpora la inhabilitación especial temporal para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a la fiscalización de una Superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero.
-La pena de inhabilitación especial temporal para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de una Superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero, produce:
1o. La privación de todos los cargos mencionados en el inciso anterior, por el tiempo que dure la condena.
2°. La incapacidad para obtener los cargos mencionados en el inciso anterior, por el tiempo que dure la condena.
-En materia de crímenes y simples delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas públicas, se aumentará la pena en un grado en los casos establecidos especialmente graves. Se entenderán estos casos por los siguientes:
1°. Si el hecho se refiere a una ventaja de grandes proporciones.
2°. Si el autor ha actuado prevaleciéndose de su condición profesional o como parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinadas a cometer los hechos punibles a que se refieren los artículos 287 bis y 287 ter, siempre que esta o aquella no constituyere una asociación ilícita.
-En el caso de los delitos cometidos por veedores o liquidadores, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá denunciarlos y el Ministerio Público siempre podrá iniciar investigaciones de oficio en esta materia.
-Cuando la defraudación recayere en intereses patrimoniales del Estado o en fondos de pensiones, se aplicará la pena contemplada para la estafa, aumentada en un grado.
-En materia de técnicas especiales de investigación, se agrega a su procedencia los delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y en la Ley General de Bancos. Asimismo, se incorporan los delitos cometidos por funcionarios públicos, como violación de secreto, cohecho y cohecho a funcionario público extranjero.
-Se establece el agente encubierto y agente revelador para los delitos en los cuales se autorizan técnicas especiales de investigación.
-Las sanciones de la Ley de Mercado de Valores se aumentan de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, a presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio.
-Se dispone que el empleador que, habiendo descontado de la remuneración del trabajador el valor de las cotizaciones previsionales o de seguridad social de cargo de este, no las entere en la respectiva institución previsional, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo. Sin embargo, quedará exento de responsabilidad penal aquel que regularice su situación de pago frente a la respectiva institución previsional antes del inicio del procedimiento penal.
-Se aumenta la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio a presidio menor en sus grados medio a máximo para quienes, con el fin de dificultar, desviar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, oculten información que les haya sido solicitada por la Fiscalía o le proporcionen información falsa, e incurrirán en la pena que se señala. Para la aplicación de dichas penas, el Fiscal Nacional Económico remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Ofrezco la palabra a quien desee fundamentar el voto en este proyecto.
Se está llamando a los colegas que se encuentran en las Comisiones para que vengan a votar.
Senadora Rincón, usted, que es autora del proyecto, ¿quiere hacer uso de la palabra mientras los colegas bajan de las Comisiones a votar?
Tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidente.
La verdad es que este es un proyecto que va en la línea de lo correcto, vale decir, apunta a aquellos que usan la institucionalidad en beneficio propio y no ayudan al buen comportamiento.
Nos hemos quejado muchas veces de que este tipo de situaciones quedan en la impunidad.
El Senador Araya hacía una intervención, primero, dando cuenta de la importancia de que las legislaciones sean coherentes, considerando que el proyecto que se había aprobado en la Cámara de Diputados en esta línea era mucho más integral y amplio.
Este, siendo específico, señor Presidente, tal como lo han relatado el Secretario en su Cuenta y el Senador Araya en su intervención, busca aumentar las penas de quienes incurren en delitos económicos y, además, no dejar en la impunidad situaciones que hemos visto tantas veces que quedan así.
Lo hemos conversado con distintos colegas. Se había avanzado en la Comisión de Hacienda en un proyecto de autoría de usted, de los Senadores Lagos y Montes, en materia de información del Servicio de Impuestos Internos. Pero de qué sirve tener información si al final del día no existen sanciones para una serie de delitos que se conocen o de prácticas que existen en nuestro país.
La idea de este proyecto de ley es avanzar en esa línea.
Les pediría a nuestros colegas, incluso a aquellos que se han abstenido en la votación, pronunciarse a favor de la idea de legislar, para que podamos avanzar, entendiendo que hay una revisión integral de la Comisión.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Bien.
No tengo a nadie más inscrito.
Vamos a dar por terminada la votación.
La señora EBENSPERGER.-
Presidente...
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Senadora Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidente.
Yo me voy a abstener en este proyecto, no porque no esté de acuerdo con él, sino porque hoy día en la Comisión de Constitución habíamos llegado a un acuerdo -no estaba el Presidente en la mañana, pero sí lo hicimos con el Senador Huenchumilla- para pedir que volviera a la Comisión. Reitero: no porque no estemos de acuerdo con él, sino porque contiene normas que son contradictorias desde el punto de vista procesal con el otro proyecto que estamos discutiendo.
Al estar en distintas etapas del trámite legislativo, tampoco podíamos pedir que se refundieran; tenemos que tramitarlos en forma paralela.
Lo que habíamos acordado en la mañana era pedir que volviera a la Comisión para un nuevo primer informe, a fin de arreglar ahí esas normas probablemente, y ver cómo lo podíamos tramitar paralelamente con el otro. Y no aprobar una ley que al poco tiempo sea modificada por otra, mandando señales erradas.
Vuelvo a decir: estoy de acuerdo con lo que busca este proyecto, de la misma manera que estoy de acuerdo con el fondo que persigue el otro proyecto actualmente en revisión y estudio en la Comisión.
Por eso, simplemente porque quiero respetar el acuerdo al que llegué hoy día en la mañana con el Senador Huenchumilla en la Comisión, me voy a abstener, Presidente. Y porque, además, ya están los votos para que sea aprobado.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, Senadora.
Vamos, entonces, a dar por cerrada la votación.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se reunió el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Goic, Órdenes y Rincón y los señores Araya, Castro, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvo la señora Ebensperger.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Bien.
El acuerdo es que va a la Comisión de Constitución para su análisis en particular.
Corresponde ahora, terminado el Orden del Día, pasar a la hora de Incidentes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)--------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Delegado Presidencial de la Región de Valparaíso, al Seremi de Obras Públicas, al Seremi de Bienes Nacionales y al Municipio de Valparaíso, consultándoles por ACCIONES, PLANES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN A CABO CON EL PROPÓSITO DE RESOVER LAS DIFICULTADES QUE AFECTAN A VECINOS DEL SECTOR LAGUNA VERDE PARA ACCEDER A SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA.
Del señor ARAYA:
Al Ministro de Defensa Nacional y al Ministro de Bienes Nacionales, para que informen sobre TIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA PLAYA LOS HORNITOS DE LA CIUDAD DE MEJILLONES, e indiquen MODALIDAD DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL SE OTORGÓ ESE TERRENO, DESDE CUÁNDO, DURANTE CUÁNTO TIEMPO Y A QUIÉN, ASÍ COMO DETALLE DE CONCESIONES OTORGADAS EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN ESA PLAYA, SEA DE ARRIENDO, VENTA O USO DE TERRENOS.
Al Delegado Presidencial de la Región de Antofagasta, solicitando información sobre PETICIÓN DE COMUNIDAD MANUEL RODRÍGUEZ PARA REALIZACIÓN DE FISCALIZACIÓN A CENTRO DE EVENTOS DE ESA COMUNA, POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID.
Al Alcalde de la Municipalidad de Antofagasta, pidiendo información acerca de PATENTES COMERCIALES Y DE ALCOHOLES OTORGADAS A CENTRO DE EVENTOS DE ESA COMUNA Y FISCALIZACIONES A ESTE SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS, y solicitándole VISITA INSPECTIVA A SECTOR LOS ARENALES 4 ANTE DENUNCIA REALIZADA POR ACUMULACIÓN PERMANENTE DE BASURA EN ALREDEDORES DE LICEO LOS ARENALES, UBICADO EN CALLE CAMAR CON JULIO MONTT SALAMANCA.
A la Superintendenta del Medio Ambiente, requiriendo información sobre ESTADO DE CINCO DENUNCIAS POR RUIDOS MOLESTOS PRESENTADAS POR COMUNIDAD MANUEL RODRÍGUEZ, DE ANTOFAGASTA, EN CONTRA DE CENTRO DE EVENTOS DE ESA COMUNA.
Al Jefe de la Segunda Zona de Carabineros de Antofagasta, pidiendo FISCALIZACIÓN A CENTRO DE EVENTOS DE ESA COMUNA SOBRE CUMPLIMIENTO DE AFOROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA COVID Y NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS.
Y al Superintendente de Pensiones, pidiéndole revisar antecedentes que se indican a fin de determinar procedencia de BONO DE RECONOCIMIENTO PARA DON CARLOS NÚÑEZ MOLINA A TRAVÉS DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA.
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El señor PIZARRO (Vicepresidente).-
En Incidentes, ofrezco la palabra al Partido Revolución Democrática, al Partido Por la Democracia, al Partido Renovación Nacional, al Partido Socialista, al Partido Demócrata Cristiano, al Comité de Independientes, al Partido Evópoli, al Partido Unión Demócrata Independiente.
Nadie intervendrá.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:19.
Mario Inostroza Sepúlveda
Jefe de la Redacción suplente