Avanzar hacia tribunales de cumplimiento de penas

La Comisión de Derechos Humanos acaba de evacuar un informe sobre la situación carcelaria de nuestro país. Es evidente que los informes anuales que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos tienden a ser coincidentes con el informe que elaboramos y que conocerá la Sala. Tenemos un problema dramático en el país, de una sobrepoblación carcelaria. Tenemos lo que algunos a veces han calificado una "escuela de delincuencia" al interior de las cárceles. Personas que son primerizas se contaminan. Los que tienen menos compromisos delictuales se contaminan con quienes tienen más compromiso delictual.

En ese sentido, todo lo que permita transformar las políticas del país, en política carcelaria, en mecanismos de sanción, son relevantes.

Es por eso que aprobamos hace poco todo lo que significa un marco legal para facilitar el uso de mecanismos tecnológicos para que personas puedan estar extramuros, con brazalete o con elementos georreferenciados para ubicar dónde están esas personas.

Y la norma que aprobamos apunta en la misma dirección: que los mecanismos de sanción frente a acciones que la sociedad rechaza, puedan aplicarse de diferente manera.

Este es un proyecto que apunta en la dirección correcta, pero tiene un déficit que no puedo dejar de mencionar y que dice relación con que no tenemos un sistema para evaluar efectivamente lo que es el trabajo comunitario. Suena bien, pero no tenemos la institucionalidad adecuada para aquello.

Tenemos ciertos vacíos, creo que va a haber dificultades, en momentos que algunos van a querer acusar al señor Ministro de Justicia, presente o a otro colega de él a futuro, porque alguien que está cumpliendo su pena en forma de trabajo comunitario comete alguna acción negativa, reprobable. Quiero decir de antemano que ese es un riesgo que entiendo que este Congreso Nacional asume. No podemos mañana hacernos los desentendidos. Este tipo de acciones, este tipo de política, que busca la rehabilitación, la reinserción, va a tener un porcentaje de fracasos. Y lo tenemos que entender que es parte de las consecuencias naturales de estas acciones.

Pero, de la misma forma, va a generar la oportunidad para que no pasen casos como el que le ocurrió hace pocos días a un joven de 18 años en una comunidad rural que estaba con un grupo de amigos menores de edad, que se vieron metidos en una pelea apuño donde uno de ellos pierde el celular. Lo curioso es que a ese joven de 18 años lo condenan a 15 años de presidio. No asesinó a nadie, no hubo lesiones graves, sino porque una fiscal tuvo la comprensión de que esa pelea de un joven de 18 años se podía llegar a calificar como robo con violencia e intimidación.

Espero que el Ministro de Justicia pueda, junto con la tremenda innovación que están haciendo en otras materias  de esa cartera, pensar cómo generamos tribunales de sentencia o de cumplimiento de penas, para que se puedan ir revaluando las sanciones a las que se someten a las personas, para que uno pueda revisar situaciones en forma más permanente, para evitar un sobrepoblamiento en las cárceles o una estadía excesiva de personas en las cárceles, que, además de serle caro al país, y de no necesariamente garantizar la rehabilitación, genera sin duda daños que no son lo que la sociedad quiere y no podríamos evitar que alguno de estos temas termine en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos o de organismos internacionales por una política carcelaria excesiva o poco adecuada.

Van a haber dificultades, pero yo creo que son riesgos que bien vale la pena si a través de esta política logramos la rehabilitación de muchos jóvenes en particular.