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Ciencia y política pública

Por Felipe Harboe, senador por la Región del Biobío

2 de septiembre de 2016

Imagen foto_00000002En el marco de una reciente sesión de la comisión de Agricultura del Senado, tuve la oportunidad de escuchar las interesantes presentaciones de representantes de los institutos y núcleos Milenio. Alejados de todo debate pequeño, que hoy abundan, un grupo de científicos nos expuso el impacto de la Botrytis cinerea (que de seguro no la ha escuchado jamás) y de cómo ese hongo necrotrófico que puede afectar a los cultivos de uva, tomate, berries, kiwis o rosas está generando pérdidas económicas -solo en la industria de la uva- cercanas a los US$ 575 millones anuales, razón por la cual se encuentran investigando alternativas de control o al menos de disminución de su impacto en nuestros productos.

 

Luego escuchamos la presentación de otro Phd, quien nos ilustró con datos científicos sobre el verdadero impacto económico, social, territorial, medioambiental y productivo del controvertido DL 701 sobre subsidio a las plantaciones forestales. Con datos irrefutables fue exponiendo punto por punto los impactos de dicha política pública y su relación con la pobreza, reforestación o la migración campo ciudad.

 

Tuvimos, entonces, la oportunidad de conocer de primera fuente lo que la ciencia aplicada puede aportar al desarrollo de las políticas públicas, y todo ello realizado por investigadores nacionales.

 

Junto con agradecer la seriedad de la información entregada, me permití plantear la necesidad de suscribir un convenio de cooperación entre algunos de los institutos Milenio y la comisión de Agricultura del Senado de la República, a fin de dotar de mayores capacidades técnicas y científicas los debates de las regulaciones propuestas ante esta comisión.

 

La diferencia entre los países que logran el salto al desarrollo y los que quedan en el intento no está exclusivamente relacionada con los niveles de crecimiento, mas sí lo está respecto de su gobernanza y la calidad de sus políticas públicas. Por ello es que la vinculación ciencia-diseño y evaluación de políticas públicas podría resultar determinante a la hora de mejorar nuestra gobernanza y pasar de los voluntarismos o las creencias de algún iluminado o la alegría del aplauso fácil, a la elaboración de planes, programas y normas en base a la evidencia científica, con elementos de prueba y resultados medibles. Chile tiene científicos de gran nivel, cuyas investigaciones se empinan por sobre el 10% superior de impacto a nivel mundial, y la política pública en momentos de rediseño del pacto social no puede prescindir de este gran activo que puede marcar la diferencia entre el presente y un mejor futuro.

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