Control de identidad: esperan acotar las circunstancias en las que se podrá ejercer la medida preventiva

Con las opiniones de expertos, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento continuó con el análisis del proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo.

En la oportunidad, asistieron el Ministro de Interior, Andrés Chadwick; el Director de Justicia, General Juan Carlos Gutiérrez; del Instituto de Derechos Humanos, Luis Torres; y los profesores de derecho: Gonzalo Medina y Claudio Troncoso.

El presidente de la Comisión, senador Patricio Walker, señaló que “hubo una opinión mayoritaria que el proyecto como estaba es un proyecto ambiguo, amplio, no quedaba claro qué es lo que efectivamente se requería, porque los datos que nos dieron los penalistas y los informes que recibimos de la defensoría, es que el 99% de los casos en que los fiscales piden prisión preventiva, los jueces la decretan”.

A juicio del legislador “Ese dato es muy relevante tenerlo claro, y el senador Alberto Espina quedó de entregar algunos otros datos que quiere aportar y después de eso se va a tomar una decisión. La verdad es que hemos modificado muchas veces el tema de la prisión preventiva y hoy día, insisto, en el 99% de los casos se decreta la prisión preventiva, así que la sensación de que a todo el mundo le dan libertad es por algunos casos que han generado esa sensación, pero no son –al parecer- las cifras reales; entonces lo debemos considerar al momento de tomar una decisión”.

Al respecto, el miembro de la instancia parlamentaria, senador Hernán Larraín, precisó que “la norma busca funcionar adecuadamente, pero como reconoció el Ministro del Interior, es quizás demasiada amplia y por lo tanto, están dispuestos a buscar una manera de acotarla, de circunscribirla, para no dejar un tipo penal demasiado abierto  sujeto a la completa discrecionalidad del funcionario policial”.

“Actualmente, para que un funcionario policial pueda ejercer el control de identidad se requiere que hayan motivos fundados, en circunstancias específicas que le permitan pensar que alguien va a cometer un delito o que acaba de hacerlo y lo que produce es una dificultad enorme, porque es el funcionario policial el que tiene que fundamentar su juicio y el juez puede tener uno distinto, por lo tanto el funcionario, ante esa duda, prefiere no aplicar la norma y por eso es inefectivo”, explicó el senador Larraín.

Por su parte, la senadora Soledad Alvear hizo presente que “las opiniones de los profesores que se entregaron en esta sesión y también en una sesión anterior, son todas negativas y otros profesores y organizaciones que han sido invitados enviaron informes por escrito y todos son negativos al proyecto presentado por el Ejecutivo”.

“Especialmente se apunta a que el artículo N° 86 del actual Código de Procedimiento Penal contempla todas las hipótesis para la detención de las personas y que, en segundo lugar, hay un artículo que pretende ampliar esta detención en circunstancias ilimitadas; vale decir, se puede detener a cualquier persona que circule cerca de un edificio público, o sea todo el centro cívico de Santiago, o a las afueras de este Congreso, o cerca de hospitales o bancos, porque pueden ser lugares susceptibles de cometerse un delito; por lo tanto, tal cual está el proyecto merece reparos e imagino que el Ejecutivo se tomará un tiempo para reestudiarlo”, enfatizó la legisladora.

En tanto, el ministro Chadwick recalcó que “consideramos, desde el gobierno, muy importante el ampliar las facultades de Carabineros para realizar el control de identidad de las personas, como una función fundamentalmente preventiva; es decir, que cuando hayan personas que estén en lugares de riesgo de delitos, en horarios que puedan facilitar la acción de un delito, Carabineros tenga la atribución de poder pedir la identidad”.

Para el jefe de la cartera, “es muy importante esta acción para combatir la acción de la delincuencia común y la acción de los violentitas. (…) El ideal para el Ejecutivo es que en la propia Comisión, si podemos alcanzar un acuerdo sea reflejado a través de indicaciones, para que a la Sala pueda llegar un proyecto compartido”.

Cabe mencionar que la Comisión de Constitución también prosiguió con el estudio de las indicaciones del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y operativa del sistema de justicia penal (Boletín 8810-07).