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Inquieta brecha entre cantidad de denuncias por abuso sexual de menores y la cifra de condenas por esos delitos

La Comisión de Constitución solicitó más antecedentes para establecer por qué sólo cerca de un 10% de las denuncias terminan con sentencia condenatoria. Ello, en el marco del estudio del proyecto que regula las entrevistas grabadas en video a menores que han sido víctimas.

14 de abril de 2015

Imagen foto_00000003Una serie de antecedentes a distintos organismos especializados en la persecución de delitos sexuales contra menores, solicitaron los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado con el objeto de establecer por qué sólo cerca de un 10% de las denuncias por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes termina en condena.

 

Así lo manifestó el presidente de esa instancia legislativa, senador Alfonso De Urresti, al término de la sesión en que escucharon la opinión de diversos actores vinculados al tema. Ello, en el marco del estudio, en primer trámite, del proyecto que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, con el objeto de reducir el impacto negativo que importa el proceso penal para un menor de edad.

 

“Sorprendió a todos los senadores la diferencia entre esa gran cantidad de denuncias que existen en  nuestro país en delitos de abuso sexual y la cantidad de condena que es aproximadamente un 8% o un10%”, dijo el parlamentario. (Vea aquí su intervención)

 

Agregó que “hemos solicitado al Ministerio Público, a las unidades especializadas y también a la PDI mayor información respecto de qué ocurre en el lapso y por qué no se llega a condena, si es porque muchas veces se retractan o no continúan adelante los propios denunciantes, los familiares, los padres o a veces las propias víctimas para  no exponerlas a situaciones. Ahí vamos a poner el acento para ver de qué manera esa diferencia se reduce o poder clarificar a qué se debe”.

 

En tal sentido, dijo que para la próxima sesión acordaron invitar a las unidades especializadas del Ministerio Público y particularmente al Servicio Médico Legal y a los servicios  de salud para ver cuál es la amplitud de la atención que tienen estos servicios para atender a víctimas de este tipo de delitos.

 

Durante la sesión los senadores Felipe Harboe (vea aquí su segunda intervención) y Hernán Larraín también manifestaron su inquietud por el tema.

 

EXPOSITORES

En la sesión de esta mañana, que fue transmitida en directo por TV Senado, la Comisión de Constitución escuchó las opiniones de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz (revise acá su segunda intervención); de la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, Marcela Labraña; de la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Dhayana Guzmán; de la gerente general de la Fundación Amparo y Justicia, Paulina Leiva; de la presidenta y fundadora de la Organización "No más abuso sexual infantil," Claudia Guerrero; de la directora de la unidad especializada de delitos sexuales del Ministerio Público, Patricia Muñoz y del Ministro de Justicia José Antonio Gómez.

 

A juicio de la representante del Consejo Nacional de la Infancia, esta iniciativa se basa en proteger los derechos de los niños “para evitar una doble victimización, y es un avance significativo que se enmarca en una ley de garantía de derechos que el gobierno presentará en los próximo meses”.

 

Consultada respecto de la falta de especialistas en los distintas etapas del proceso que involucra a niños, dijo que “es un gran desafío que tenemos que enfrentar. Sin lugar a dudas, no solo tiene que ver con la falta de especialistas  en cuanto a las entrevistas en las distintas partes del proceso judicial, sino que también desde el punto de vista de la administración pública”.

 

Agregó que “se trata de avanzar, que la gente se atreva a denunciar y que el Estado en  su conjunto, desde el punto de vista de las normas y de la gestión administrativa y los recursos presupuestarios, lo pueda enfrentar garantizándole a los niños y niñas una atención oportuna y pertinente que signifique en avanzar en respetar todos los derechos que ellos tienen”.

 

Por su parte Claudia Guerrero, señaló que el proyecto va en la línea correcta, aún cuando es necesario hacerle algunas modificaciones. “Si se llega a un acuerdo en lo primordial que es disminuir las veces que los niños son revictimizados, vamos a tener un avance gigante en ayuda para las víctimas de abuso sexual infantil. Las veces que el niño debe ser interrogado tiene que bajar de una vez por todas, no pueden ser siete veces, no podemos revictimizar a un niño que sufrió un daño tremendo en su esfera sexual, ya sea violación o abuso”.

 

Agregó que de acuerdo a la información que manejan, diariamente en Chile hay un mínimo de 60 niños que son abusados.

 

Por su parte, la directora del Sename entregó una serie de antecedentes respecto de la cantidad de menores que son agredidos sexualmente y cuantas denuncias terminan en sentencias condenatorias. Al mismo tiempo, entregó una serie de propuestas para ir corrigiendo la forma en que se aborda a los niños que han sido víctimas.

 

En tanto, la Fiscalía explicó que el principal problema para llegar a una sentencia condenatoria tiene que ver con la naturaleza del delito, pues muchas veces se trata de tocaciones que no dejan huellas para periciar. Asimismo, también indicó que el sistema per se es más exigente con las pruebas que se requieren para acreditar un delito de carácter sexual. Agregó que es fundamental que existan especialistas en cada una de las etapas del proceso en que participan niños, sobre todo en las primeras pericias ante el Servicio Médico Legal.

 

A su turno, Paulina Leiva valoró los alcances de la iniciativa señalando que con ella, se podrá tener mejor evidencia y los jueces tendrán mayores certezas al momento de fallar, lo que permitirá cambiar las cifras actuales.

 

 

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