Seguridad Ciudadana: Anuncian cambios para mejorar la institucionalidad

La necesidad de realizar cambios  profundos en materia de institucionalidad para la rehabilitación de menores infractores de la ley, reinserción de presos, reformas al Código Penal, fortalecimiento del servicio de inteligencia, así como medidas de mayor coordinación fueron algunos de los temas que surgieron en el marco de la jornada de análisis que realiza la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana,  que se realizó en la Sala de Sesiones del Senado, en el ex Congreso Nacional, durante todo el día de ayer.

En la oportunidad expusieron sus distintos puntos de vista los ministros de Justicia, José Antonio Gómez y del Interior, Rodrigo Peñailillo; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán y el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Cabe señalar que el mandato de esta Comisión especializada del Senado es realizar un análisis profundo de la situación de seguridad ciudadana y presentar propuestas de reformas legislativas y administrativas en el área a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Así lo dio a conocer el senador Felipe Harboe, presidente de la instancia quien explicó que “hemos hecho esta convocatoria para escuchar de primera fuente a todos los organismos vinculados, cuáles son sus diagnósticos y propuestas de modificaciones. Luego, vamos a realizar una jornada de trabajo interno y entregaremos a la Presidenta de la República un aporte a la política pública”.

Agregó que “la idea es proponer al gobierno y a las diferentes instituciones un conjunto de modificaciones institucionales, administrativas, de coordinación y legislativas. Ha llegado el minuto de abordar con medidas de corto plazo los problemas más urgentes que la gente está esperando pero también una estrategia de mediano y largo plazo”.

En el marco de las exposiciones, el senador Harboe destacó el anuncio del ministro de Justicia en el sentido que ingresará “una propuesta legal para modificar el Servicio Nacional de Menores, porque sabemos que hay un alto porcentaje de victimarios que son jóvenes infractores de la ley y también hay muchos menores vulnerados”.

Asimismo mencionó que “el Fiscal Nacional ha señalado que se requiere un nuevo Código Penal, pues hay sanciones a delitos de corrupción graves que son irrisorias y otras sanciones muy altas para delitos que son menores”. Además “ha señalado la necesidad de contar con nuevas herramientas para fortalecer el Ministerio Público”.

A su vez, el presidente de la Corte Suprema “ha planteado una reflexión profunda sobre el rol de la institución en materia de seguridad ciudadana pero también ha planteado un sistema que no está actuando coordinadamente”, dijo el senador Harboe.

Por su parte, el senador, Hernán Larraín, integrante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, advirtió que no existe un sistema de seguridad que permita prevenir y anticiparse a los hechos delictuales. Creo que nuestro sistema de prevención de seguridad en general ostenta debilidades muy profundas, una de ellas es la falta de inteligencia. Llevamos años con situaciones de hechos organizados en la Araucanía que no se prevén, los mismos bombazos se han incrementado en forma sistemática en los últimos años.  Dónde está la inteligencia que pueda advertir, estudiar y tener información sobre estos hechos. No pareciera existir, no hay prevención”, indicó.

Afirmó también  que “existen áreas en donde no existe una política de seguridad, como por ejemplo,  en el ámbito de la rehabilitación. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo integral de resolver estos temas. Aquí hay temas delicados pendientes que debemos afrontar y espero que el Senado, en este debate abierto, saque los temas a la mesa y coloque el eje de los cambios sin temor”.

Recalcó además  la necesidad de “enfrentar con crudeza, con realismo los problemas que tiene nuestro país en materia de seguridad y si hay que tomar medidas drásticas de cambiar fuertemente los sistemas de inteligencia o de mejorar las políticas de prevención o de tener real rehabilitación, hay que hacerlo”, expresó.

Añadió que  actualmente, “las cárceles parecieran ser escuelas del delito, más que lugares de rehabilitación. Aquí hay que ponerse con todo si queremos realmente cambiar la situación de seguridad en Chile”

Respecto de los últimos casos de instalación de bombas, dijo que  los errores están en la investigación. “Se advierte ahí que no solamente fallamos en la inteligencia y en la prevención, sino que la investigación de los hechos no nos permite llegar a una conclusión. Son muchos los casos que el Ministerio Público debe archivar. No creo que sea un problema de plazos sino que de mayores atribuciones para las policías, de mayor coordinación en su accionar y de mayores técnicas y tecnologías que permitan, aprendiendo de experiencias extranjeras,  ver cómo podemos resolver estos asuntos”, dijo.

A su turno, del senador Alberto Espina, integrante de la instancia  señalo que “no se puede negar que el número de asaltos y delitos en propiedades y hacia las personas son altísimos. Por lo tanto, no podemos esconder la cabeza pero hasta ahora, todos los gobiernos -con mayores o menores avances- han fracasado en materia de seguridad ciudadana. Es una deuda que el país tiene y no podemos eludirla pues, en los últimos 15 años todas las encuentras hechas por distintas instituciones reflejan que la peor evaluación del gobierno es en materia de seguridad ciudadana”.

En esa línea precisó que se inscribe el trabajo de esta Comisión ya que “lo que nosotros tenemos que hacer -sin complejos y ningún tipo de limitaciones dentro del Estado de Derecho- y una vez escuchadas todas las autoridades es proponer medidas concretas para prevenir y perseguir eficazmente los delitos, de modo de evitar que se sigan poniendo bombas y que los delincuentes sigan reincidiendo libremente sin sanciones y sin que existan medidas de rehabilitación y reinserción”.

Agregó que “este es un tema que requiere una política de estado y no debemos echarnos la culpa -cuando gobierna uno u otro- porque el resultado es que somos grandes diagnosticadores y malos solucionadores”. En ese sentido, indicó la necesidad de mejorar toda la coordinación y la fiscalización de todos los organismos involucrados.

También recalcó la necesidad de apoyar al Ministerio del Interior porque “tenemos obviamente, tremendas debilidades en materia de inteligencia. Es inaceptable que no exista la figura del agente encubierto para los casos vinculados a bombas donde se podría aplicar la ley antiterrorista o que existan facultades tan limitadas para la investigación”.

Puntualizó  que “me extraña que haya parlamentarios que quieren que se luche contra delincuencia y se tenga éxito pero están amarrándole las manos  a las autoridades en materia de prevención y para realizar bien su trabajo. No se puede tener ese doble estándar porque eso es lo que hace que la gente termine por desconfiar y pensar que se está haciendo muy poco”.

El senador Antonio Horvath expresó su preocupación por lo que denominó “la regionalización de la delincuencia” debido al traslado de reos desde Santiago a provincia, lo que conlleva una serie de problemas a comunidades tradicionalmente con bajos índices de delincuencia.

Por eso manifestó la urgencia de “apurar la construcción de nuevos penales y paralelamente, lo que plantea esta Comisión Especial es hacer una mejor aplicación de justicia. No todos los que están adentro tendría que estar y no todos los que están libres debieran estarlo”.

Puntualizó que “lo hay que evitar es llevar a regiones a las personas que están privadas de libertad porque junto con ellos se va toda su red vinculada y tienden a generar nuevas redes de delincuencia y ese es un tema relevante que debemos abordar en esta estrategia de seguridad ciudadana”, dijo.

En la misma línea, su par, el senador Alfonso De Urresti hizo notar su postura contraria a organizaciones y estructuras centralizadas que carecen de conexión con las distintas realidades locales.

En ese sentido, a modo de ejemplo mencionó que “ojala los aumentos de plazas de  funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros vayan en relación a las regiones”.

Detalló además su preocupación pues en sectores rurales la situación de inseguridad es enorme debido a que se identifica a nivel central los núcleos que ameritan focalización en medidas de seguridad ciudadana, pero “muchas veces sabemos que las denuncias por robos y diversos delitos no se hacer simplemente porque en el campo hay sectores que no tienen acceso a un retén policial”.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo dio a conocer en su intervención que en los próximos días la Presidenta Bachelet lanzará el Plan Nacional de Seguridad Pública, “Seguridad para Todos”, que abordará las directrices centrales y plan de acción del trabajo en esta área para los próximos años.

Destacó que  “desde el punto de vista estadístico, las cifras en Chile son bastante mejores que las de países vecinos. Sin embargo, hay materias que son preocupantes, como el delito contra la propiedad, que ha aumentado desde 2005 a la fecha en casi 25 por ciento, también que 2.800 armas al año son extraviadas o robadas y que terminan en manos de delincuentes. Hay elementos que tenemos que perfeccionar y trabajar en conjunto”.

Ante las consultas por posibles cambios a la legislación, el secretario de Estado aclaró que “vamos a hacer en un proyecto de ley que va a permitir que todas las comunas tengan un Consejo de Seguridad. Qué quiere decir esto, que las instituciones ligadas al tema, Carabineros, PDI, el municipio, Aduana, SII, la comunidad organizada, entre otras instituciones, trabajen coordinadamente y puedan, entre todos, contribuir al combate contra la delincuencia”.

Asimismo recordó que “la Ley de Inteligencia y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fueron hechas post dictadura, por lo tanto, muchos elementos fueron pensados en ese sentido. Hoy el país ha cambiado, estamos en otro contexto político, en otra problemática y esta legislación requiere ser modernizada, requiere que los organismos de inteligencia tengan mejores atribuciones. Un ejemplo, la Ley 20.000 (sobre drogas) contempla atribuciones que no tiene el resto, equiparar a lo menos eso es un esfuerzo que como país tenemos que hacer, entre otras materias técnicas, que detallaremos en su momento”.

Respecto a los últimos artefactos explosivos y avisos de bomba ocurridos en el país, señaló que “como Gobierno no nos interesa minimizar la gravedad de los atentados con artefactos explosivos e incendiarios, ni las falsas alarmas que se han registrado. Se trata de acciones que merecen nuestro más absoluto repudio y ante las cuales no escatimaremos ningún recurso para dar con los responsables y sancionarlos”.

En esta materia, el secretario de Estado destacó la modificación de la Ley Antiterrorista, la modificación de la Ley 20.000 para perseguir el tráfico de drogas y delitos asociados, así como una mejor regulación de eventos masivos, de manera que se incremente la seguridad en estos recintos a través de modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios y la Ley de Espectáculos Públicos.

Por su parte, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que “tenemos claridad que quien comete un delito va a cumplir una pena y finalmente va a salir en libertad y que, por lo tanto, el procedimiento interno requiere de un trabajo muy intenso en rehabilitación y reinserción, tanto al interior del recinto como hacia el exterior, precisó.

Agregó que actualmente hay cerca de 48 mil personas que cumplen condena en régimen cerrado, y que hay una cantidad similar de condenados en el sistema abierto. “Vamos a poner un acento especial en potenciar las capacidades, que podamos desarrollar, de quienes están al interior de los recintos penales. Estamos desarrollando un programa de inclusión con mujeres condenadas; la participación directa del empresarios que estén interesados en entregar trabajo; la vinculación con los municipios, y programas con el Ministerio de Salud para potenciar los tratamientos para paliar adicciones a la drogas entre la población penal”, puntualizó.

Respecto de la construcción de cárceles anunció que se avanza en cuatro recintos penales en Copiapó, Calama, Talca y una cuarta en la Región del Biobío donde todavía se busca un terreno que cumpla con las condiciones requeridas.

En el ámbito de las reformas legales, Gómez informó que hay diversas iniciativas que están pendientes, como lo son el Código Penal; las reformas a la Reforma Procesal Penal y a la Ley Penal Adolescente; la estructuración de dos organismos nuevos, uno que vele por los jóvenes vulnerados en sus derechos, y otro que se encargue de los jóvenes infractores de ley; además de modificaciones a algunos programas actualmente en ejecución, como los tribunales de tratamientos de drogas y la justicia vecinal.

El ministro también se mostró partidario de fortalecer el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia “hoy estamos en democracia, por lo tanto entregar mayores herramientas a un órgano de inteligencia para evitar la comisión de delitos que puedan afectar la vida de personas inocentes es una situación que debe ser debatida; y si se presenta el proyecto de ley, haremos los esfuerzos para que sea aprobada. Ya no estamos en dictadura, es una época distinta y tenemos la obligación de defender a las chilenas y chilenos. Y, por lo tanto, si ese es un camino que se va abordar habrá que convencer a los parlamentarios de lo importante de esta iniciativa”.