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Evalúan fijar en 60 días el pago efectivo por bienes y servicios a todo tipo de empresas

La Asociación de Emprendedores de Chile comentó la potencial discriminación que podrían sufrir si se obliga a los compradores a cancelar las facturas en menores plazos de los que se dan en la actualidad.

20 de septiembre de 2016

Imagen foto_00000015La primera semana de octubre, los integrantes de la Comisión de Economía podrían proceder a votar la idea de legislar del proyecto que fija normas especiales  para las empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.

 

La norma en primer trámite ya comenzó a ser analizada en una sesión anterior. En la última jornada se escuchó al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; y al representante de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Tomás Sánchez.

 

Dentro de las materias analizadas estuvo el fijar en 60 días, el pago para las micro y pequeñas empresas, idea que podría ampliarse a emprendimiento de cualquier tamaño. Hoy el proyecto contempla como regla general 30 días, no obstante, las partes podrían acordar un plazo superior de hasta 45 días. También se estudió la posibilidad de traspasar el pago del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) y hacer efectiva la cancelación de toda la factura.

 

En la próxima sesión harían uso de la palabra Chilecompra, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la comunidad empresarial Propyme. Con ello se daría por concluida la ronda de audiencias, tras lo cual los legisladores deberían someter a votación las ideas matrices.

 

EXPOSICIONES

 

El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes reconoció que existe una necesidad particular de incrementar la productividad de este tipo de empresas. En esa línea admitió que se están implementando medidas para mejorar el acceso al crédito, considerando que este sector tiene dificultades para conseguir fondos y una vez que lo hace, la tasa de interés es alta.

 

“En el marco de la agenda ad hoc, hemos impulsado políticas de financiamiento, mejoras a la competitividad y democratización del emprendimiento e innovación. Por ejemplo, hemos dispuesto líneas de crédito para intermediarios financieros no bancarios, quienes ofrecen fondos a menores costos de interés”, describió.

 

La autoridad recordó un dato mencionado en la sesión anterior que es que “a la fecha, 260 mil de estas empresas se han acogido al régimen de tributación simplificada”. Asimismo enumeró una serie de programas que van en favor de estos emprendedores, por ejemplo, el proyecto que creará una plataforma digital de trámites (hoy iniciar y mantener un negocio requiere a lo menos mil trámites) y el que fomenta la exportación que da lugar a canastas más diversificadas.

 

En cuanto al proyecto en análisis, el ministro Céspedes calificó como restrictivos los plazos que se estipulan para hacer efectivos los pagos a la luz de la legislación comparada, junto con advertir la necesidad de mirar los ciclos productivos de las industrias y la gradualidad de las medidas.

 

RIESGO DE DISCRIMINACIÓN

 

Tomás Sánchez de la ASECH agradeció el debate y las propuestas impulsadas por el Ministerio. En cuanto a la moción, se mostró a favor de acortar los plazos de pago pensando en los flujos de caja, pero reconoció que “vemos el riesgo de discriminación frente a un beneficio. Por ejemplo, si tenemos por ley una condición de pago distinta, las pymes vamos a tener que disfrazarnos o de lo contrario, veremos rechazada la compra por parte de una gran empresa”.

 

El dirigente hizo ver la posibilidad que se genere un mercado negro para no emitir la factura. “Lo primero debería venir del gobierno es decir, que el Ejecutivo sea el primer pagador”, planteó proponiendo que deberían generarse prototipos para ver como operaría la ley, apuntando a la gradualidad.

 

En cuanto al IVA, manifestó el interés que este impuesto lo pague el comprador, a la luz de la realidad. “Las pymes se ven acogotadas por este pago, por lo que traspasar el IVA sería la única solución para permitir que el sector surja en verdad”, afirmó.

 

SENADORES PREGUNTAN

 

El senador Eugenio Tuma hizo ver la pertinencia de esta exposición. “Parece que este proyecto debería apuntar a la economía de todos los contratos, tal como lo hace Gran Bretaña. En cuanto al IVA, ampliar el plazo de 30 a 60 días es un paso significativo, pero nos preocupa el total de la factura, no solo el IVA. Si logramos que se cumplan los plazos, tendremos un margen para hacer efectivo el pago de todos los servicios”, comentó.

 

El senador Jorge Pizarro confirmó que “en la práctica se producen discriminaciones. En el caso de los chicos, los clientes grandes no saben si la empresa va a cumplir con lo que prometen, y por otro lado, está el financiamiento porque necesitan que se les pague antes. Esto los deja fuera de competencia”. En otro tema, pidió tener antecedentes respecto a cómo ha funcionado el caso de Inglaterra donde el pago se fijó en 60 días para todo tipo de empresas.

 

La senadora Lily Pérez San Martín valoró la exposición del secretario de Estado asegurando que hay una mirada inclusiva en favor de las pymes. “Me gustaría que explicaran la idea del Ministerio de incluir al Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que me imagino debería ingresar como una indicación sustitutiva”, planteó. En cuanto a ASECH, aplaudió la conversación que permite conocer los problemas que se dan en la práctica.

 

 

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